Qué dice el nuevo DNU que extiende la cuarentena
Coronavirus en Argentina: Las reuniones sociales, suspendidas en todo el país
La medida alcanza a todo el país e implica un cambio importante en las regiones donde rige el Distanciamiento Social. Será por un período de 15 días. La decisión se encuadra en la nueva etapa de la cuarentena y busca frenar al aumento de contagios y de la tasa de mortalidad por coronavirus.
La viceministra de Salud, Carla Vizzotti, adelantó que por el aumento de casos de coronavirus en las provincias que han pasado del Aislamientos Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) al Distanciamiento Preventivo y Obligatorio (DISPO) quedarán prohibidas desde este lunes y por un período de 15 días las reuniones sociales en todo el territorio nacional. La decisión se encuadra en la nueva etapa de cuarentena que, desde mañana y hasta el 16 de este mes, continuará sin cambios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida, será oficializada mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que ya firmó el presidente Alberto Fernández.
"El aumento (de casos) que se ve en las provincias que han pasado de ASPO a DISPO es importante, y es por eso que en el nuevo DNU, en esta nueva normativa y por estos 15 días, hasta el 16 de agosto, se van a suspender las reuniones sociales en todo el territorio nacional", adelantó la viceministra.
Un tope al brote
Esta nueva prohibición, explicó Vizzotti, está pensada "para que allí donde hay brotes se puedan controlar y para que allí donde no hay brote podamos minimizar la posibilidad de tenerlo".
En sintonía con lo que anunció el presidente el viernes pasado, cuando advirtió que quienes incurrieran en la violación del aislamiento estricto en las casas deberán enfrentar consecuencias penales por "favorecer la transmisión de una enfermedad", Vizzotti insistió: "El riesgo aumenta en las reuniones sociales tanto en los lugares donde está autorizado hacerlas como donde no está autorizado y se realizan igual".
Las medidas generales como lavarse las manos, usar tapabocas, ventilar los ambientes, lavar las superficies, toser o estornudar tapándose con el pliegue del codo y mantener dos metros de distancia, advirtió la viceministra, "son las más fáciles y a las vez las mas difíciles de cumplir en un contexto de cercanía".
En ese sentido, también advirtió sobre los momentos de comida o de descanso dentro del ámbito laboral como potenciales focos de contagio porque "nos sacamos el tapabocas para comer" y los espacios donde se llevan a cabo suelen ser "ambientes cerrados".
En ese sentido, también advirtió sobre los momentos de comida o de descanso dentro del ámbito laboral como potenciales focos de contagio porque "nos sacamos el tapabocas para comer" y los espacios donde se llevan a cabo suelen ser "ambientes cerrados".
La ciudad de Buenos Aires y la provincia habían retornado el 18 de julio último a la fase 3 de la cuarentena, con un esquema de apertura escalonada de actividades en los dos distritos y restricciones en la circulación. Sin embargo, este viernes, Fernández anunció que la cuarentena continuaría sin flexibilizaciones hasta el 16 de agosto debido al aumento de contagios y de la tasa de mortalidad en el AMBA. En el resto del país, en tanto, han ido creciendo los casos de COVID-19, principalmente en Córdoba, Mendoza, Jujuy, Chaco y el sur de Santa Fe.
El nuevo DNU para extender la cuarentena
En el nuevo decreto el Gobierno oficializó el período de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus hasta el 16 de agosto inclusive, según corresponda en cada región del país, en lo que implica la novena extensión de la cuarentena que rige desde el 20 de marzo pasado.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 641, que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso la renovación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio desde el 3 de agosto hasta el 16 del mismo mes.
El DNU se dictó con el "objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del Estado nacional en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con fecha 11 de marzo de 2020, y de la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones del país con relación al Covid-19", dice el texto.
Mientras el ASPO alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Jujuy y algunos departamentos de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el distanciamiento social, que implica mayores flexibilizaciones, rige en el resto del país y en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires.
El distanciamiento social fue dispuesto en los "aglomerados urbanos, departamentos o partidos" de provincias que cumplan las condiciones de "no estar definidos por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen 'transmisión comunitaria' sostenida del virus", además de que "el tiempo de duplicación de casos confirmados no debe ser inferior a 15 días".
Como parte de las restricciones dispuestas por el ese distanciamiento, el Gobierno ratificó que quedan prohibidos los "eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas", además de los "eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente".
La infracción a esa última norma "deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal", añade el DNU.
También está prohibida la "práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los participantes", del mismo modo que los cines, teatros, clubes y centros culturales.
Además, el DNU ratifica la limitación del servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional sólo para los "casos" de actividades esenciales, y se sostiene la restricción para el turismo.
Para las zonas alcanzadas por el ASPO, en tanto, queda prohibido también el "dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades", además de "eventos públicos y privados, sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas", y "centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios y clubes".
Las restricciones del ASPO alcanzan asimismo al servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, con excepción de los trabajadores esenciales, y las actividades turísticas.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 641, que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso la renovación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio desde el 3 de agosto hasta el 16 del mismo mes.
El DNU se dictó con el "objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del Estado nacional en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con fecha 11 de marzo de 2020, y de la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones del país con relación al Covid-19", dice el texto.
Mientras el ASPO alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Jujuy y algunos departamentos de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el distanciamiento social, que implica mayores flexibilizaciones, rige en el resto del país y en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires.
El distanciamiento social fue dispuesto en los "aglomerados urbanos, departamentos o partidos" de provincias que cumplan las condiciones de "no estar definidos por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen 'transmisión comunitaria' sostenida del virus", además de que "el tiempo de duplicación de casos confirmados no debe ser inferior a 15 días".
Como parte de las restricciones dispuestas por el ese distanciamiento, el Gobierno ratificó que quedan prohibidos los "eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas", además de los "eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente".
La infracción a esa última norma "deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal", añade el DNU.
También está prohibida la "práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los participantes", del mismo modo que los cines, teatros, clubes y centros culturales.
Además, el DNU ratifica la limitación del servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional sólo para los "casos" de actividades esenciales, y se sostiene la restricción para el turismo.
Para las zonas alcanzadas por el ASPO, en tanto, queda prohibido también el "dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades", además de "eventos públicos y privados, sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas", y "centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios y clubes".
Las restricciones del ASPO alcanzan asimismo al servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, con excepción de los trabajadores esenciales, y las actividades turísticas.
03 de agosto de 2020
Ocho de cada diez argentinos sostienen que la cuarentena cumplió su objetivo
Un apoyo mayoritario a la medida de aislamiento
El argumento es que el ASPO evitó muertes, sirvió para preparar el sistema de salud y evitó un descontrol de casos. Crece el temor al contagio. Una encuesta de CEOP.
Por Raúl Kollmann
Los datos surgen de una encuesta, especial para Página/12 realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) que lidera Roberto Bacman. En total se entrevistaron 1646 personas de todo el país, respetándose las proporciones por edad, sexo, lugar de residencia y nivel económicosocial. Las entrevistas se hicieron por teléfono.
Ruidos
En el último mes, fogoneados por el ala más dura del macrismo, se repitieron marchas y cacerolazos por distintos motivos, pero cuando se entrevistaba a los participantes, el discurso se centraba en el rechazo a la cuarentena. El propio Mauricio Macri, al llegar a su dorado ¿exilio? de Paris, dijo que allí "se respira libertad", oponiendo lo que se hizo en Francia a lo que se hizo en la Argentina. En tierras galas hubo hasta ayer 30.268 fallecidos frente a los 3600 de nuestro país. En cualquier caso, lo que se demuestra es que su discurso no impacta en la gente y que la oposición a la cuarentena es muy minoritaria.
"Si existe un verdadero protagonista entre los resultados obtenidos en esta encuesta --señala Bacman--, sin lugar a dudas es el concluyente éxito de la cuarentena. Así lo entiende la mayor parte de los entrevistados (para ser más precisos algo más de 8 de cada 10) y tira por tierra, y de manera más que contundente, cualquier especulación al respecto. Desde el 20 de marzo que el presidente decretó por primera vez el aislamiento, esa medida fue ampliada en nueve ocasiones. Mucho tiempo, más de cuatro meses; pero los argentinos siguen firmes en el convencimiento de que es el único modo de combatirla, hasta que aparezca un medicamento o vacuna".
Ideas
Desde el vamos, el macrismo duro a nivel local y la corriente internacional liderada por Donald Trump y Jair Bolsonaro se lanzaron a una furiosa campaña anticuarentena argumentando que el aislamiento no servía para nada y que lo fundamental era cuidar la economía. En esa estrategia fueron acompañados por los grandes medios y los grandes grupos económicos.
El discurso parece que no consiguió adeptos en la Argentina. Bacman lo explica así: "Cuando se le pregunta a los ciudadanos en qué vieron la efectividad de la cuarentena, las respuestas dejan al descubierto tres cuestiones que, en partes prácticamente iguales, representan a tres conceptos. Ante todo evitar un mayor número de muertes. Luego, el hecho de mejorar la infraestructura del sistema de salud en las regiones más críticas de nuestro país, y de este modo impedir su colapso y finalmente lograr que no se produzca un descontrolado aumento en la cantidad de contagiados. Ahí están las bases del éxito".
Temor
Los datos de la encuesta del Ceop indican que en la sociedad va creciendo el temor al contagio: en los últimos dos meses subió del 46 por ciento que dijo tener mucho o bastante temor al contagio, a esta medición en que el porcentaje superó el 62 por ciento. En la misma medida bajaron los que tienen poco o no nada de temor. "El miedo al contagio de coronavirus es muy alto; con una tendencia al crecimiento muy marcada en relación a encuestas anteriores. Es más que evidente que existe una relación directamente proporcional entre el aumento de los casos positivos y el miedo que esto produce en nuestra sociedad. Desde una perspectiva sociodemográfica, el miedo es mayor entre los entrevistados de edades intermedias, los de nivel económico bajo, y, naturalmente, entre quienes residen en el área metropolitana de Buenos Aires", afirma Bacman.
Desgaste
La cercanía que hoy casi cualquier ciudadano tiene con algún contagiado hace que se refuerce el respaldo a la cuarentena, pero también hay un cierto desgaste por el que la opinión mayoritaria es de apoyo a las medidas de flexibilización. El 70 por ciento está de acuerdo en avanzar, pero hay un porcentaje elevado, el 28 por ciento que se inclina por mantener una cuarentena estricta.
Este cuadro de situación fue percibido por el presidente, el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: al unísono mantuvieron los grados de apertura establecidos hasta ahora, pero no dieron pasos hacia más flexibilizaciones. Lo indicaban los números de la pandemia y el sistema de salud, pero también el estado de la opinión pública.
Gestión
Pese a los ruidos de los grupitos anticuarentena, la aprobación de la gestión del presidente Alberto Fernández sigue estando en niveles altísimos. "Desde el punto de vista estructural --explica el titular del Ceop--, la gente reconoce la decisión y actitud del presidente de establecer la cuarentena y todas las medidas iniciales, aun frente a la campaña en contra. Eso decanta en una alta aceptación de su gestión al frente de la lucha contra la pandemia, donde redondea un 70 por ciento de aprobación. Los que en mayor medida impulsan esta aprobación son los que tienen entre 16 y 24 años, los pertenecientes al nivel socioeconómico bajo y obviamente los residentes en la región más golpeada por la pandemia: el área metropolitana de Buenos Aires, compuesta por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense".
Parece evidente que se ponderan los niveles de consenso que logró el mandatario con los gobernadores y los resultados muy diferentes, por ejemplo, a los de Brasil, país con el que se suelen hacer casi todas las comparaciones. Hasta ayer, en la administración Bolsonaro se registraron 93.000 fallecidos y todo indica que superarán los 100.000 muertos en la semana que comienza, 33 veces más que la Argentina. El 17 de marzo, Brasil y la Argentina tenían, los dos países, un fallecido, o sea que partieron del mismo número.
En ese marco, el 70 por ciento de aprobación de Alberto Fernández indica que consigue la opinión positiva de muchos votantes de Juntos por el Cambio ya que en las elecciones la fórmula Fernández-Fernández obtuvo el 48 por ciento y ahora suma 22 puntos más. Eso significa que retiene a los adherentes del Frente de Todos y suma una parte importante de quienes votaron a Mauricio Macri.
Creer
El Ceop también preguntó sobre los niveles de credibilidad de la información sobre la covid-19. Es evidente que existe un gigantesco aumento de la valoración de la ciencia, tan golpeada por la gestión del macrismo. Incluso hubo una ofensiva centrada en insólitas afirmaciones como "es el gobierno de los infectólogos" o los asombrosos cuestionamientos al doctor Pedro Cahn. Nada de eso caló en la sociedad sino que ocurrió todo lo contrario: la información más valorada es la de los médicos-especialistas.
En segundo lugar, relativamente cerca de los científicos, aparecen los mensajes del presidente. Seguramente se aprecian las explicaciones cuidadosas, muy al estilo de sus años como profesor universitario, en cada oportunidad en que se anunció una nueva etapa de la cuarentena. "Se supo rodear de profesionales idóneos a los que escuchó y aceptó sus consejos. Eso le dio credibilidad a sus comunicaciones, ya sea en las conferencias de prensa o en las apariciones en los medios", redondea Bacman.
Muy pero muy lejos quedaron, en materia de credibilidad, las redes sociales, los medios escritos y, en último lugar, los comentaristas de radio y televisión.
Pese al hostigamiento de los grandes medios y el macrismo contra la cuarentena y el gobierno, el ciudadano común ve razonable todo lo que se hizo, valora los resultados, y la encuesta del Ceop demuestra que los que hacen ruido expresan a unos pocos, hoy referenciados en el líder de Paris.
Cómo encara el Gobierno este tramo del canje
Deuda: la última oferta y el mensaje de Martín Guzmán
Las nuevas conversaciones con BlackRock. Siguen los regateos sobre el monto. Los motivos de Alberto Fernández para no aceptar cambios en las cláusulas.
Por Mario Wainfeld
La diferencia entre lo que ofrece Argentina y lo que piden los acreedores externos representa apenas tres dólares, comentan los voceros de los bonistas. Mienten en los números mientras esconden otras variables.
Imagen: NA
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La diferencia entre lo que ofrece Argentina y lo que piden los acreedores externos representa apenas tres dólares, comentan los voceros de los bonistas. Mienten en los números mientras esconden otras variables. Los tres dólares por cada bono equivalen a un total aproximado de 3000 millones. No es lo mismo.
Además, ocultan que están sobre la mesa de discusión condiciones legales del acuerdo. Los acreedores, con el Fondo de inversión BlackRock como adalid, son maestros en el arte de correr el arco. Imponer nuevas reglas.
El Gobierno nacional regatea la plata y pulsea por las reglas contractuales. En ese lapso mejoró su reputación internacional; un avance inimaginable hace ocho meses, importante aunque no suficiente. El abanico de aliados de Argentina trasciende al Papa Francisco. Sumó a presidentes de la Unión Europea. Se granjeó a pulso el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), el G-6 y la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, gravitante en el mundo financiero. Aval jamás absoluto, condicionado.
El tándem indivisible formado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán, aparte de defender el patrimonio nacional, tiene que ceñirse a reglas consensuadas con esos grandes jugadores. El FMI espera su turno para negociar. Argentina debe cuidar sus recursos para tramitar prórrogas y, quien sabe, acaso algún crédito para tramitar la malaria.
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Plazos móviles, planteo firme: Hoy vence el enésimo plazo de las intrincadas tratativas. Como tantos “dead line” previos, puede prorrogarse con manierismos técnicos. Es altamente probable que así sea y pase hasta fin de mes. Nada es seguro hasta el momento mismo del anuncio.
Guzmán se plantó a su modo, firme sin resignar el tono amable, en el reportaje publicado en PáginaI12 . “No podemos ofrecer más a los acreedores y, si no hay acuerdo, avanzaremos con el FMI en un nuevo programa y con el sector privado volveremos a hablar en seis u ocho meses, pero con una propuesta de reestructuración más profunda”. Repitió casi textual a AF, como contaremos líneas abajo. El orden de los factores, en este caso, cambiaría el producto.
Guzmán habla todos los días con emisarios de BlackRock. Una labor insalubre que completa informando a Fernández de volea. El ministro conversa con el FMI y con capitostes del sistema financiero mundial.
Funcionarios de primer nivel chimentan que en los zooms de este week end BlackRock se mostró dispuesto a bajar un dólar el valor presente de los bonos. La diferencia quedaría onda dos dólares, según los fabuladores de la City. O dos mil millones de palos verdes dicho en criollo. No hay corroboración oficial del dato. Sshh.
Ni la palabra de BlackRock es, precisamente, una garantía.
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La letra grande: Las cláusulas de acción colectiva constituyen otra de las claves. Los negociadores argentinos deben precaverse de peligros futuros en tribunales extranjeros. Reglas laxas en esos pactos pueden significar que una minoría de fondos haga detonar el pacto en cualquier momento, aún en los primeros años de gracia. Otro riesgo simétrico acecha: que una minoría consistente vete un cierre razonable. Retroceder un milímetro en las condiciones puede frustrar un pasable cierre financiero.
Los grandes Fondos de Inversión pugnan por rectificar la letra de los contratos y Argentina carece de margen para retroceder. Tal vez, opina este cronista, todavía menos margen que para retocar unos centavos su oferta. Y nula voluntad de aflojar.
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Ecuador, el contraejemplo: “Aprendan de Ecuador” argumentaban los perdonavidas de derecha, días atrás. El presidente Lenin Moreno (quien traicionó hasta a su nombre de pila) suscribió un acuerdo express con acreedores externos. Con un país quebrado, récord de muertos por coronavirus, cadáveres en las calles, cuesta tomarlo como ejemplo. Los gurúes de la City lo ensalzaban. Guzmán, en sus chats al presidente, explicaba que Ecuador había cerrado con plazos de vencimiento muy breves y a una tasa de interés más elevada que la ya reconocida por las contrapartes a nuestro país.
Durante este fin de semana se empiojó la negociación de Ecuador. Un par de Fondos de inversión rehusaron el pliego de condiciones de BlackRock que Moreno firmó al pie.
La negociación pende de un hilo, el riesgo país de Ecuador supera la alta marca argentina. Tal vez hoy se defina según informa la prensa especializada. Cualquier desenlace reafirmará que estas tratativas son complejas, inciertas, plagadas de vicisitudes.
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Resumen ejecutivo: Desde que Fernández ganó las elecciones sostuvo:
• Que le interesa salir del default que le legó el ex presidente Mauricio Macri. Aspira a llegar a un acuerdo con los acreedores externos pero no al costo de sacrificar el futuro de los argentinos. Malo el default, peor llevar a la quiebra al Estado.
• La fórmula es crecer para pagar. Néstor Kirchner puro. El orden de esos factores altera el producto.
· En el itinerario, Fernández- Guzmán restauraron el mercado interno de capitales en pesos. Lograron el respeto de figuras políticas de primer nivel, instalaron en “el mundo” que son la parte que negocia de buena fe.
• A Dios rogando y regateando mejoraron la oferta dineraria. Las cláusulas se movieron menos porque son una trampa y están sometida al escrutinio de actores poderosos.
• Cuando “la República” presentó su última y máxima oferta (enmienda) Economía publicó un comunicado, puesto en vitrina mundial. El párrafo final lo redactó AF de puño y letra, por así decir. Expresaba “Argentina tiene la plena intención de llegar a un acuerdo sostenible que no someta a su pueblo a más sufrimientos y angustias. Sobre la base de esas premisas, el gobierno argentino manifestó que la propuesta del 6 de julio es la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener. Con esa convicción, nuestro país alienta a la comunidad de acreedores a aceptarla, sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina”.
Lo mismo que les comentó Guzmán a los colegas de este diario. Concuerdan en que hay en juego mucho más que tres dólares. O dos, quién sabe. Saben a quiénes representan en esta historia que continuará.
03 de agosto de 2020
El procurador interino no presenta la documentación requerida, pero sigue trabajando
Eduardo Casal en la mira del Congreso por "conductas evasivas" y pedidos de juicio político
El funcionario se escuda en la pandemia para no hacer llegar la documentación que se le requiere. Este lunes volverá a reunirse la Comisión Bicameral que se ocupa del Control y Seguimiento del Ministerio Público y Fiscal .
"Queremos que los que manosearon el Poder Judicial en favor de un gobierno de turno vayan al Congreso a dar explicaciones", señaló a PáginaI12 el diputado del Frente de Todos (FdT), Nicolás Rodríguez Saá.
Imagen: NA
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"Queremos que los que manosearon el Poder Judicial en favor de un gobierno de turno vayan al Congreso a dar explicaciones", señaló a PáginaI12 el diputado del Frente de Todos (FdT), Nicolás Rodríguez Saá. El legislador anticipó la posición que llevará al Parlamento este lunes, cuando los integrantes de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público Fiscal analicen, a partir de las 14, el desempeño del Procurador General, Eduardo Casal. El funcionario evadió la semana pasada presentar informes que le solicitaron los parlamentarios excusándose detrás de la pandemia de covid-19, pero a la par inició sumarios contra fiscales que fallaron contra algunas iniciativas que tocaban intereses del macrismo durante la presidencia de Mauricio Macri.
"Vamos a utilizar todas las herramientas para intensificar la investigación que le solicitó el Congreso a la que no está respondiendo Casal", aseguró Rodríguez Saá, vicepresidente de la Comisión de Juicio Político en la cámara de Diputados e integrante de la Bicameral. "Creemos que el Procurador fue una pieza clave del Law Fare que impulsó el macrismo", explicó el legislador nacional por Buenos Aires aludiendo a la presunta persecución judicial denunciada por integrantes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo a la ex presidenta.
"Casal respondió con prácticas dilatorias a los requerimientos del Congreso, pero no tuvo problemas para avanzar contra fiscales que trabajaron en casos que tocaban intereses el gobierno anterior", explicó Rodríguez Saá haciendo foco en los sumarios que Casal impulsó contra la fiscal Gabriela Boquín, que en 2017 frenó el intento de licuar la millonaria deuda del grupo Macri por el Correo Argentino. El Procurador avanzó contra la fiscal luego de que frenara la maniobra del macrismo, y tras dos años profundizó dos acusaciones por supuesto maltrato laboral presentadas contra Boquín. "Desde el Congreso queremos que den explicaciones todos los actores que manosearon el Poder Judicial en favor de un gobierno de turno", afirmó Rodriguez Saá.
La semana pasada Casal también impulsó sumarios contra dos fiscales más: Enrique Senestrari de Córdoba y Enrique García Lois de Tierra el Fuego. Ambos son acusados por Juntos por el Cambio como kirchneristas. A contracara de la actitud de Casal ante el pedido de informes la defensora oficial, Stella Maris Martínez, presentó sin dilaciones toda la información y documentación requerida por la Bicameral en tiempo y forma.
Casal quedó a cargo de manera interina del ministerio Público Fiscal una vez que Alejandra Gils Carbó solicitó licencia en 2017. La ley indica que el fiscal ante la Corte Suprema con mayor antigüedad asumiera el cargo, y una vez que Gils Carbó presentó su renuncia no se impulsó un reemplazo, por lo que el funcionario continuó ejerciendo como Procurador. Desde la Bicameral le solicitaron al funcionario informes sobre los movimientos del presupuesto del área durante su gestión. También acerca de las designaciones y los traslados de fiscales. La semana pasada Casal evadió responder amparándose en la pandemia de la Covid-19.
"Hay cerca de veinte pedidos de juicio político contra Casal presentados por asociaciones civiles que queremos revisar. Entendemos que hay distintas acciones de su parte en el trato con los fiscales. Por ejemplo, amparó a (el fiscal Carlos) Stornelli cuando incurrió en rebeldía frente al requerimiento de la justicia", apuntó el diputado y agregó que "tuvo la misma actitud con los fiscales de las escuchas ilegales", realizadas clandestinamente durante el macrismo a dirigentes políticos y sindicales.
Por su parte, el presidente de la Bicameral, el senador del FdT, Martín Doñate, destacó que no iban “a permitir que Casal atropelle a la República burlándose de Congreso de la Nación”. El legislador destacó que el Procurador argumentaba que “la pandemia vigente le impide brindar la información que le solicitáramos cuando, hasta el momento, lleva realizadas 367 resoluciones, dispuso subrogancias, interinatos, designaciones de magistrados coadyudantes, habilitó auxiliares fiscales, oficializó ascensos”. El titular de la comisión explicó que “la tarea de la procuración es esencial y hay muchísimos fiscales trabajando de manera presencial y/o remota. No existe ninguna excusa para no presentar la información que le pedimos desde la Comisión Bicameral”.
Doñate recordó que “Casal ocupa el interinato más largo de la historia de la procuración. Llegó a su cargo de manera irregular tras una enorme presión del Gobierno de Mauricio Macri y de los medios de comunicación para desplazar a su predecesora”. El rionegrino apuntó que el Procurador “ha sido fundamental en el modelo de persecución judicial y en el armado de causas; en la presentación de testigos truchos y en la protección de fiscales que desempeñaron sus funciones con actuaciones delictivas”.
Fuente:Pagina12
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