Resumen Latinoamericano, 30 de agosto de 2020.-
FOTOREPORTAJE de Resumen Latinoamericano
Otra vez el Frente Cultural Che Adelita realizó -cumpliendo con todos los protocolos exigidos-una actividad en la calle, o mejor dicho en ese gigantesco espacio que es Parque Centenario, en la Capital. El motivo de esta nueva actividad fue convocada con la consigna “por territorio y libertad”, visibilizando un tema tan duro como vigente que es la batalla que dan en las cárceles de distintos países miles de luchadores y luchadoras. Así, entre banderas mapuche, palestinas, vascas, de los Sin tierra de Brasil y wilphalas, junto a carteles alusivos a lo que significa pelear por la autodeterminación, el centro de la acción fue puesta en el pueblo Mapuche. Primero porque allí, “a ambos lados de la cordillera, hay comuneros y comuneras que reivindican su pertenencia a ese territorio que le arrebataron ambos estados, el chileno y argentino”, como se señaló en el comienzo, para dar paso a una integrante del Frente, que emocionó con la potencia de su voz y la convicción que solo se pone al defender las causas justas. Lo demostró con creces al decir un monólogo alusivo a esa Nación rebelde que hoy tiene a 26 de sus luchadores cumpliendo una huelga de hambre y sed que los pone al borde de la muerte.
Enseguida sonó el penetrante sonido de la trutruca, y saltó a la escena la rapera mapuche Urraca Negra, quien no sólo explicó en mapudugún el porqué de su presencia sino que rapeó con toda la fuerza de sus ancestras un tema reivindicativo e identitario. Allí, brotaron del público los primeros gritos de “Marici Weu”, saludando el encuentro y abriendo paso a recordar que en las cárceles chilenas hay miles de presos y presas de la revuelta contra la dictadura de Sebastián Piñera. Una integrante del Cabildo de Chilenes en Argentina, no solo habló de esa difícil situación que se vive en las prisiones, sino que también recordó que allí está preso sin causa alguna, el argentino Agustín Maril.
Luego le tocó el turno al recuerdo de las y los presos palestinos, ya que 6.500 de ellos se encuentran padeciendo el horror de las cárceles sionistas, mientras los aviones israelíes siguen bombardeando Gaza día tras día. La lucha de ese pueblo subió al escenario (el simbólico cajón de frutas con que Che Adelita irrumpe en las calles) de la mano de un joven actor que recitó un poema”Razones”, del palestino Yasser Jamil Fayad.
Enseguida se habló de las y los presos bolivianos, sometidos a todo tipo de violencias por los golpistas de Añez, y hubo un recuerdo especial para el comunicador popular argentino Facundo Molares, detenido y maltratado por los esbirros de la dictadura desde los primeros días del golpe de Estado.
El canto y la poesía de la trovadora Carolina Wagnerman iluminó aún más la tarde soleada y generó una rápida empatía con quienes se acercaron a la actividad.
Después le tocó el turno a evocar la lucha del pueblo vasco y de sus cientos de presos y presas. Una integrante del Frente Cultural planteó que al igual que los Mapuche y los palestinos, en Euskal Herria hay una lucha por la independencia, y terminó cantando un tema en euskera, dedicado a las y los presos.
No podía faltar tampoco en esta actividad nítidamente internacionalista, la voz de una luchadora afrodescendiente, que puso al racismo en la mira de sus palabras y reivindicó la identidad rebelde de sus antepasados.
Por último, se dio información y amplio apoyo a la lucha que hace un mes vienen librando las 2.500 familias que recuperaron tierras en Guernica, con la intención de poder tener una vivienda y salir de la situación de calle adonde expulsa el capitalismo a los más humildes.
El encuentro terminó a pura música “a capella” con Urraca Negra y Carolina, y la consigna pertinente para este momento: “Liberar a las y los presos por luchar”, coreado por todes.
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2020.
El Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), institución pública dedicada hace casi 40 años a generar conocimiento sobre los diversos socioecosistemas de la provincia, detalla las causas que han llevado a los incendios registrados en los últimos días en la provincia de Córdoba, los de mayor magnitud de los últimos 12 años (en cuanto al área quemada en un solo evento).
Manifiesto del IMBIV ante los incendios en la provincia de Córdoba
Córdoba, 26 de agosto de 2020
Ante la emergencia socioambiental evidenciada nuevamente por los incendios registrados en los últimos días en la provincia de Córdoba, considerando que somos una institución pública dedicada hace casi 40 años a generar conocimiento sobre los diversos socioecosistemas de la provincia, con gran énfasis en el análisis de cómo las distintas actividades humanas impactan sobre éstos, sus beneficios ecosistémicos y los bienes comunes implicados; y entendiendo que preservarlos es parte de cuidar en todas sus dimensiones a la actual comunidad cordobesa y a futuras generaciones, como trabajadorxs del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (UNC-CONICET) queremos manifestar nuestra preocupación respecto a:
1) Las declaraciones que se han realizado desde el gobierno provincial respecto a que los incendios se explican por las condiciones climáticas. Tales declaraciones evidencian un desconocimiento alarmante respecto a las causas del inicio de la mayoría de los incendios registrados en la provincia de Córdoba, determinadas como humanas e intencionales en la mayoría de los casos (como se desprende de los informes de Defensa Civil e información de prensa). Si bien los ambientes del centro y norte de Córdoba presentan históricamente un patrón estacional en las precipitaciones, con un invierno seco y ventoso altamente favorable para la propagación del fuego, tal vez agudizado por el cambio climático, resulta inadmisible atribuir los presentes incendios a causas naturales como, por ejemplo, la caída de un rayo. En este sentido, preocupa la inacción de todo el arco político y judicial para determinar quiénes son los responsables materiales e intelectuales de estos incendios que constituyen delitos socioambientales gravísimos en contra de la sociedad.
2) La falta de instrumentación de políticas socioambientales. En particular, la actualización de la planificación asociada a la ley provincial de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), que ya lleva 5 años vencida y que no vislumbra ningún tipo de acción asociada a propiciar la instancia participativa necesaria para que se concrete. En este mismo sentido y como ya ha sido señalado por diversas organizaciones y asambleas socioambientales, nos preocupa la falta de instrumentación de distintas áreas protegidas de la provincia, lo cual inhabilita que las mismas cuenten con el apoyo económico y el personal adecuado para cuidar de los bienes comunes de todxs lxs cordobesxs. Este punto resulta de suma importancia si tenemos en cuenta que las áreas quemadas corresponden básicamente a zonas de alta prioridad de conservación.
3) La desinversión respecto al Plan de Manejo del Fuego. La eliminación del porcentaje del impuesto provincial de rentas destinado al financiamiento de dicho plan, esencial para la prevención de incendios, ha llevado a que no exista un sistema de alerta temprana adecuado y a la gran falta de medios económicos y materiales para combatir la propagación de dichos fuegos.
Entendiendo que los incendios registrados en los últimos días en la provincia de Córdoba se encuentran entre los de mayor magnitud de los últimos 12 años (en cuanto al área quemada en un solo evento), considerando que estamos ante una emergencia socioambiental causada principalmente por el avance de las distintas actividades socioproductivas asociadas a un sistema extractivista, de las cuales los incendios intencionales son parte, teniendo la justicia ambiental como horizonte y siendo parte de la sociedad afectada, exhortamos:
1) Que los estados municipales, provincial y nacional se hagan responsables de propiciar, financiar e implementar las medidas necesarias para restaurar las áreas degradadas por los incendios, teniendo en cuenta que lxs dueñxs de las áreas particulares quemadas se encuentran obligados por ley a restaurar y que el uso y destino de las superficies de bosque nativo que fueron afectadas por los incendios no pueden cambiar respecto al que tenían antes de producirse los mismos, debiendo mantener la categoría de conservación asignada por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente (ARTÍCULO 22b bis, ley 27.353).
2) Que los estados municipales, provincial y nacional se hagan responsables de propiciar, financiar e implementar medidas de prevención y alerta temprana de incendios, involucrando a la ciudadanía en su conjunto y articulando con las carteras de educación y salud.
3) Que el estado provincial convoque al proceso participativo necesario para discutir la actualización de la planificación de la ley provincial de OTBN (en función a lo normado en el artículo 6 ley 26.331).
4) Que los estados municipales, provincial y nacional garanticen a toda la ciudadanía el acceso a la información que surgiese de la implementación de cualquier plan de manejo del fuego que se derive en el futuro, sus costes y sus vías de implementación.
Desde nuestro instituto, hemos producido junto con colegas de otras instituciones públicas numerosos estudios técnicos sobre el fuego en los ecosistemas de la provincia. Algunos de estos son:
Argañaraz J.P., et al. 2015. Fire regime, climate, and vegetation in the Sierras de Córdoba, Argentina. Fire Ecology 11: 55-73. Acceso.
Carbone L.M., et al. 2017. Cambios florísticos inducidos por la frecuencia de fuego en el Chaco Serrano. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 52 (4):753-78. Acceso.
Carbone L.M., et al. 2020. El fuego en los ecosistemas argentinos. Folium 3: 27-48. Acceso.
Giorgis M.A., et al. 2013. El efecto del fuego y las características topográficas sobre la vegetación y las propiedades del suelo en la zona de transición entre bosques y pastizales de las sierras de Córdoba, Argentina. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 48: 493-513. Acceso.
Marcora P.I., et al. 2018. Context dependent effects of fire and browsing on woody alien invasion in mountain ecosystems. Oecologia 188: 479-490. Acceso.
Piedrabuena J., et al. 2019. Recomendaciones para la restauración ecológica de ambientes serranos afectados por incendios. Ecosistemas Argentinos. A.C. Acceso.
Rodriguez J.M. 2009. Recuperación post-fuego de la comunidad de líquenes epifitos en la provincia de Córdoba, Argentina. Acta Bot. Bras. 23: 854-859. Acceso.
Kowaljow E., et al. 2019. A 55‐year‐old natural experiment gives evidence of the effects of changes in fire frequency on ecosystem properties in a seasonal subtropical dry forest. Land Degradation & Development 30: 266-277. Acceso. Acceso 2
Torres R.C. et al. 2015. Supervivencia y crecimiento de especies con distinta estrategia de vida en plantaciones de áreas quemadas y no quemadas: un estudio de caso con dos especies leñosas en el Chaco Serrano, Argentina. Ecología Austral 25: 135-143. Acceso.
Fuente: RedEco
Quiénes son los dirigentes y los sectores que buscan frenar la ley de humedales
Por Melisa Molina y Agustín Alvarez Rey, Resumen Latinoamericano, 30 agosto 2020.
El Congreso busca avanzar con una norma que ponga freno a los incendios intencionales. Los empresarios que se benefician con el ecocidio recorren despachos de gobernadores, diputados y funcionarios para evitar el debate.
Imagen: Gentileza Guillermo Galliano
Las asociaciones empresarias que nuclean a las arroceras, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, grandes productores agropecuarios, empresas agroexportadoras y mineras juegan fuerte para evitar la sanción de una ley de presupuestos mínimos para resguardar a los humedales. El lobby de los sectores interesados en frenar el debate de la norma no es novedad. La ley fue frustrada dos veces en los últimos años por la acción de corporaciones que tienen intereses sobre esos territorios. Desde las distintas organizaciones que reclaman por la preservación de los ecosistemas humedos no dudan en señalar que los dirigentes y empresarios que recorren los pasillos del Congreso para hacer naufragar el debate, son responsables de los incendios intencionales que desde hace semanas arrasan con las reservas naturales.
Los incendios de los últimos meses en el Delta del Paraná volvieron a poner en el centro de la escena la urgencia de sancionar una ley que regule las actividades en los humedales, pero al mismo tiempo dejaron expuestos a los sectores que utilizan el fuego como el primer engranaje para poner en marcha sus negocios. Muchos de los denunciados e investigadas por daños ambientales tienen vínculos directos con empresas que militan en contra la cualquier norma que ponga limites al ecocidio. En ese marco, las cámaras empresarias plantean un falso dilema entre la aprobación de una ley que proteja el medio ambiente y la actividad productiva. En algunos casos, el poder político provincial hace suya la postura de las corporaciones y repite los argumentos en reuniones con autoridades y funcionarios.
En Argentina el área de humedales alcanza cerca de 21,5 por ciento del territorio nacional, según la organizaciones ambientales. En ellos se llevan a cabo plantaciones de arroz, la extracción de litio, la ganadería –que ha aumentado sus proporciones en una escala desmedida por la expansión de la soja– y también se construyen countries, motivo por el cuál también existe lobby, aunque en una proporción menor, por parte de distintas empresas inmobiliarias.
Para regular la actividad en estos territorios que cuentan con ecosistemas de gran biodiversidad, que son capaces de regular el caudal de agua, absorber y atenuar inundaciones, se impulsaron leyes en 2013 y 2016. En ambas ocasiones fueron bloqueadas. En julio de este año se presentaron seis proyectos, de los cuáles el impulsado por el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, es el que más avanzó. Sin embargo, más rápido que la ley, crece el lobby de las grandes corporaciones y el fuego en los humedales.
Dentro del Congreso, el proyecto divide las aguas dentro de los bloques. La disciplina partidaria no logra, por ahora, romper la lógica territorial que impera en el debate. En ese marco, como cada vez que se discute una norma que enfrenta el lobby de un sector poderoso, la desición política del Poder Ejecutivo resulta determinante. Ante ese escenario, Grosso se mostró optimista y afirmó ante Página/12 que «hay un compromiso de todo el arco político a que se generen los consensos necesarios para sancionar la ley», y agregó: «Estamos haciendo un esfuerzo grande para tener la mejor ley posible. Tenemos la decisión política de avanzar por muchas que sean las resistencias, porque lo que el Estado no regula el mercado lo está destruyendo».
En las distintas provincias las presiones para que no avance proyecto, son variadas. Corrientes es uno de los ejemplos más significativos. Hace unas semanas, la Coordinadora de Entidades Productivas de dicha provincia –de la que forman parte, entre otras, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA)– lanzaron una declaración en contra del proyecto, ya que consideran “preocupantes los efectos que tendría sobre el bienestar humano, así como sobre el futuro desarrollo económico de la Provincia, y de una gran extensión de la Argentina”. En el mismo escrito, estas entidades señalaron que los proyectos que se debaten en el Congreso “poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades; encarecen y amenazan la puesta en marcha de proyectos y podrían limitar el desarrollo de represas para riego y obras de regulación y desagüe”.
Producto de estas presiones, el Senado de la provincia de Corrientes rechazó la normativa que pretende regular la actividad y sus representantes afirmaron que tendrá «implicancias negativas hacia el sistema productivo» del nordeste del país.
Chirstian Jetter es uno de los voceros de los empresarios que se oponen a la ley. Es integrante de ACPA y gerente de la empresa Copra S.A, una firma dedicada al arroz y ,en menor medida, a la ganadería. Jetter afirmó: “en nuestra provincia no vemos un problema ambiental real. El problema se da en las islas del delta y algunas regiones de Buenos Aires, pero no en la provincia de Corrientes”. A su vez, el gerente de Copra consideró que los proyectos de ley podrían “restringir actividades o poner exagerados controles” sobre las actividades agropecuarias tradicionales. Los hermanos de Chirstian son Ingrid Jetter, diputada por Corrientes de Juntos por el Cambio, y Martín Jetter, intendente del municipio correntino de Riachuelo en donde, hasta el momento, se quemaron unas tres mil hectáreas.
Por su parte, José Antonio Aranda, presidente de Copra, posee tierras en Corrientes y es uno de los productores más grandes de arroz del país. En 2011, junto a la empresa Adecoagro, se unieron para intentar realizar un proyecto que consistía en represar el arroyo Ayuí, destruyendo así las selvas ribereñas y humedales, y haciendo desaparecer un arroyo público para convertirlo en un reservorio de agua para fines privados. Si bien ese proyecto logró ser frenado, el empresario continuó expandiendo sus plantaciones de arroz sobre las reservas acuíferas, y hoy Copra es una fuerte detractora de la ley.
Según explicó en diálogo con Página/12 Adriana Arzolin, licenciada en química con un posgrado en impactos ambientales y miembro de la Fundación Humedales, “el proceso de sojización y de la expansión de su frontera hizo que el ganado fuera a parar a tierras que antes eran marginales, principalmente al Delta. Ahí siempre hubo cría de ganado, pero en cantidades mucho menores, el problema es que el aumento desmedido». «Lo que hacen, entonces, es prender fuego los terrenos en los que ahora están los animales para renovar los pastos que son su alimento”, aseguró la especialista.
Otro empresario poderoso que está imputado por la justicia federal de Paraná por estar detrás de las quemas es Rufino Baggio, descendiente del socio fundador de RBP S.A, la firma que controla la famosa empresa de Jugos Baggio. El empresario tiene 35 hectáreas en el Delta y miles más en la provincia de Entre Ríos. Por otra parte, en la provincia mesopotámica también fueron imputados otros productores y empresarios como Enzo Federico Vignales; Raúl Álvaro Morist y Rachinsky; Esteban Ricardo Morist y Rachinsky; Julián Marcelo Luraschi; Amelia Marta Barinotto y José María Vicenti, cuyas causas se tramitan en el Juzgado Federal N°4 a cargo de El juez federal Marcelo Bailaque. Por su parte, en la provincia de Santa Fe, el fiscal Jorge Onel imputó a seis personas acusadas de “provocación dolosa de incendios, con peligro para los bienes”.
Según Arzolin “es importante desmontar es ese discurso que quiere hacerle creer a la gente que si sale una ley de humedales no se va a poder hacer nada. Eso es lo que vienen agitando ciertos sectores que no quieren ningún tipo de regulación. El objetivo de la ley es ordenar y ver la aptitud que tiene cada uno de los suelos para la producción. Ahora se está haciendo cualquier cosa y la prueba son los fuegos incontrolables”. “Lo que puede hacer una ley es determinar la capacidad de carga del ecosistema, qué actividad y con qué intensidad se puede usar cada humedal. Obviamente habrá algunos muy frágiles en los que no se podrá hacer nada y otros que podrán seguir siendo usados en condiciones ordenadas y bajo ciertas normativas”, explicó.
Con respecto a los debates en el Congreso, la experta indicó que “hay un lobby muy poderoso, pero lo que tienen que entender los empresarios es que los humedales contienen agua que son un bien común. Las reservas naturales son de todos, no de un puñado de gente y con este desmadre que hay son pocos los que ganan y muchos los que nos perjudicamos». Luego Arzolin agregó que «por supuesto que luego habrá que hacer cumplir la ley, sabemos que no nos dará una solución absoluta, pero será una herramienta más que es sumamente necesaria».
Megaoperativo policial en una firma de Vicentin /El gremio aceitero convocó huelga general zonal
Por Juan Carlos Tizziani, Resumen Latinoamericano, 29 agosto 2020.
Se movilizaron unos 200 efectivos, inclusive desde Rosario. Diputados rechazó la medida y recordó que es un conflicto laboral.
Un batallón de 200 policías –reforzado con efectivos de Santa Fe y Rosario– que operaba en decenas de patrulleros y carros de asalto rodeó ayer a las trabajadores de la Algodonera Avellaneda en el parque industrial de Reconquista y los expulsó de un acampe que sostuvieron durante 70 días de huelga. El operativo se cumplió en la oscuridad, a las 5 de la madrugada, por pedido del fiscal Alejandro Rodriguez y la orden del juez penal de Reconquista Santiago Banega, quien justificó el desalojo en el “derecho de propiedad” del grupo Vicentin, pero no en el mismo derecho de los obreros y obreras que no cobran los salarios retenidos por la empresa, desde el 5 de junio. “Indignación, bronca, impotencia”, fue el sentimiento que transmitió la delegada gremial Sonia Zanel cuando los uniformados los empujaron fuera del perímetro del parque a punta de bastones, ostentación de escudos y armas y la amenaza de más violencia institucional. Uno de los trabajadores intentó reaccionar ante el abuso y el atropello, pero sus compañeros lo sosegaron para evitar que terminara maniatado y preso. “Ante la represión dispuesta por el grupo Vicentin” y ejecutada por sus “gestores judiciales” (el juez Banega y el fiscal Rodríguez) los trabajadores y trabajadoras aceiteros y desmotadores de algodón de la Argentina advirtieron que “no se quedarán de brazos cruzados” ante la criminalización del derecho de huelga.
Ayer, la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados alertó sobre la escalada del conflicto. “El desalojo de trabajadoras y trabajadores en pleno ejercicio del derecho constitucional de reclamar por sus derechos no tiene nada que ver con la repetida frase de cuidar la paz social. Rechazamos la medida”, dijo. Y exhortó al gobierno de Omar Perotti a “retomar el diálogo” con los trabajadores afectados por la “intransigencia de una patronal que jamás quiso solucionar el problema. Es imprescindible ubicar el conflicto como lo que es: laboral, no penal”.
La comisión parlamentaria le pidió a “todos los actores institucionales” que hagan “los esfuerzos necesarios para garantizar el derecho a la protesta y exigirle al Ministerio de Trabajo que utilice todas las herramientas legales con las que dispone para que la empresa, sindicatos y las trabajadoras y los trabajadores recuperen la ya mencionada paz social en Reconquista y Avellaneda”. Y se alarmó porque «operadores del Poder Judicial» -como llamó al fiscal Rodríguez y al juez Banega- modificaron «su manera de comprender el conflicto». “Rechazamos cualquier intento de violencia institucional y pedimos retomar el diálogo en Algodonera Avellaneda”. La declaración tiene la firma de las diputadas Lucila De Ponti, Lionella Cattalini, María Laura Corgniali, Paola Bravo, Silvana Di Stéfano y sus colegas Sergio Basile, Ariel Bermúdez, Fabrán Palo Oliver, Carlos del Frade y Bettina Fiorito.
En 70 días de huelga, los trabajadores de Algonera sufrieron una persecución judicial constante, con acosos y vigilancias. El hecho más grave ocurrió el 18 de agosto, “cuando una patota comandada por el abogado de Vicentin y parte de la familia, Héctor Vizcay, agredió a dos obreras de la fábrica, que tuvieron que ser hospitalizadas, ante la pasividad policial”, apuntó la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Aldogón y Afines de la Argentina. Una de las heridas fue Sonia Zanel. Y hoy, «mientras ese hecho continúa impune, el Poder Judicial actúa con pasmosa celeridad para criminalizar y amenazar con más violencia a quienes hace más de 70 días reclaman un aumento para los salarios de miseria que paga la empresa, utilizando a la Policía de Santa Fe como seguridad privada” del grupo Vicentin.
El dispositivo de represión policial –sin antecedentes en el norte- no sólo se desplegó en el desalojo del acampe en Algodonera Avellaneda, sino que otros diez patrulleros se apostaron en las demás empresas del grupo: cinco en el acceso a la aceitera Vicentin en Avellaneda, y otros cinco ante la planta de Buyanor, en la misma ciudad. “Todo el aparato de la Policía de Santa Fe en la región, comandado por el juez Banega y el fiscal Rodríguez, al servicio del Grupo Vicentin en sus tres plantas de la zona”.
“Estamos indignados”, dijo Zanel a Rosario/12. “La Justicia persigue a los trabajadores y hace la vista gorda con el poder económico. Somos trabajadores, peleamos por un plato de comida, no por un imperio como lo hacen ellos. Es la doble vara”, agregó. “Es una vergüenza que a los trabajadores nos traten como delincuentes cuando los que tienen que rendir cuentas ante la Justicia es el grupo Vicentin”.
Zanel puso como ejemplo de esa «doble vara» la audiencia del jueves pasado en la que el juez Banega ordenó el desalojo del acampe que ejecutó ayer el Ministerio de Seguridad. Los trabajadores de la Algodonera fueron representados por el abogado Iván Bordón. En tanto, la delegada gremial consideró que «por el lado patronal operaron» el fiscal Rodríguez, dos abogados del grupo (Vizcay y Javier Cabral), otros dos de los sindicatos textiles, más los jefes sindicales de estos gremios, Rubén Lemos y Hugo Imoff. Uno contra siete. O contra ocho, si se cuenta al juez Banega.
Huelga General Regional ante la represión a la Huelga en la Algodonera Avellaneda
Ante los graves hechos de público conocimiento, represivos y violatorios de la libertad sindical y del derecho de huelga que ocurrieron en la madrugada del día de la fecha en el establecimiento de la empresa Algodonera Avellaneda SA, en la cual esta organización gremial viene desarrollando un conflicto colectivo hace más de un mes, nos pronunciamos:
En el día de la fecha el acampe permanente de los trabajadores y trabajadoras en conflicto con la Algodonera Avellaneda en Reconquista fue desalojado por más de 200 policías, como así también se militarizaron las plantas de Vicentin y Buyanor, también parte del mismo grupo empresario Vicentin en la localidad de Avellaneda, en horas de la madrugada.
El Poder Judicial se ha puesto a disposición de los intereses empresarios y busca criminalizar la huelga, y romper la misma con el ingreso de esquiroles que pretenden reemplazar a los huelguistas, accionar que se encuentra prohibido por los convenios internacionales de la Organización Internacional de Trabajo.
Todo esto en el marco de la absoluta negativa patronal a negociar con los trabajadores, que se suma a las repetidas ausencias en las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, el cual había convocado a una nueva audiencia para el día martes 1 de septiembre.
Esta nuevo accionar antisindical de la patronal y de las fuerzas represivas del estado ha llevado al Sindicato a decidir el inicio de un plan de lucha gremial, comenzando con una HUELGA GENERAL REGIONAL que se iniciará el lunes 31 de agosto.
Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier
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