14 de octubre de 2020
Bonos de cancelación de deuda por 700 millones de pesos
En manos del Concejo Municipal
El Concejo tratará mañana el pedido del intendente Pablo Javkin para emitir bonos de cancelación de deuda anteriores al 31 de diciembre de 2019 por 700 millones de pesos. Con la autorización del legislativo local, los bonos se podrán utilizar para cancelar deudas con el municipio (TGI, Drei, multas) y para su depósito en garantía para contrataciones cuando llama a licitación. Entre las modificaciones al mensaje enviado por la intendencia, una de las más relevantes fue la que planteó el bloque Ciudad Futura-FSP para que se excluyeran expresamente de la autorización las deudas por contribuciones compensatorias urbanísticas y convenios urbanísticos. "El Ejecutivo pudo hacer el uso de una herramienta que fue autorizada en diciembre para consolidar deuda que nosotros no tomamos, y que necesitamos poder encontrar otra forma de pagarla para hacer más sostenible la deuda municipal ya existente y que el intendente se encontró cuando asumió", señaló el concejal Fabrizio Fiatti (Creo).
El articulo segundo de la ordenanza que tuvo despacho ayer en las comisiones de Presupuesto y Gobierno, y que se discutirá mañana en el recinto, establece que el destino de los bonos será para la cancelación de las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 31 de diciembre del 2019. La autorización, que representa un alivio financiero para las arcas del municipio, cuya recaudación sufrió una baja considerable por la pandemia, es para emitir bonos de cancelación hasta 700 millones de pesos. Pero en una primera etapa, y para ver cómo funciona el mecanismo, la secretaría de Hacienda emitirá bonos por 200 millones de pesos.
"Se trata de un proceso de consolidación de deuda, no de emisión de deuda. La discusión que se dio es que si era deuda el Concejo lo tenía que autorizar, y lo que estamos haciendo es uso de una herramienta que el cuerpo autorizó en diciembre pasado cuando adhirió a la ley provincial de Presupuesto, que en su artículo 54 creaba una herramienta para que los ejecutivos puedan consolidar la deuda existente a diciembre al 2019", explicó el concejal Fiatti.
"Entre esas herramientas estaba utilizar medios alternativos de pago, y estos bonos no son equivalentes a una letra o bonos de deuda pública, si no que permiten pagar una deuda como si fuera un cheque o un pagaré. El rol del Concejo es brindarle la posibilidad al que es acreedor de la Municipalidad; para que recibiendo ese bono, si tiene deudas contra el Municipio, las pueda usar para cancelarlas. Se pueden pagar tributos municipales, se pueden ofrecer como garantía en una licitación, pero lo que no se puede hacer es pagar compensaciones urbanísticas", agregó el edil oficialista.
Por su parte, la titular de la Comisión de Presupuesto, Lorena Carbajal (PS), señaló que son instrumentos de cancelación de deuda ya existente que pueden recibir los proveedores y todos aquellos que tengan derechos de cobro contra la Municipalidad. "Entre sus condiciones, el bono de cancelación tiene la posibilidad de pagar un interés, aparte de la devolución del importe adeudado. Los recibe un proveedor o un acreedor del municipio pero luego los puede transferir, son como obligaciones negociables que pueden circular como medios de pago, se pueden transferir a terceros", apuntó la edila.
La ordenanza refiere que el Ejecutivo deberá comunicar semestralmente al Concejo Municipal la evolución del Programa, con el detalle de los términos y condiciones de los bonos emitidos especificados en el artículo 1º del presente decreto; así como los montos de bonos utilizados como garantía de los procesos de licitación y en concepto de cancelación de deudas tributarias y no tributarias según artículo 4º del presente decreto, especificando los tributos y obligaciones para las cuales han sido utilizados.
María Florencia Gómez Pouillastrou era referente de géneros de la FJC
Conmoción en Santa Fe por
el femicidio de una militante feminista
El fiscal Carlos Zoppegni, que entiende en la causa, confirmó que la carátula de la causa es violación seguida de femicidio, y que esperan el resultado de la autopsia para tener mayores elementos. Desmintió que haya habido algún detenido por el caso. "Tenemos que esperar la confirmación del informe preliminar de la autopsia, no obstante eso, de acuerdo al informe de la legista, estaríamos hablando de traumatismo de cráneo, producto de un golpe con un objeto contundente, no cortopunzante, sino una piedra de gran tamaño y un hierro, que hizo que le destrozara el cráneo y falleciera en el acto. Seguiremos avanzando con las medidas, prima facie se calificó como femicidio, violación seguida de muerte, por mediar violencia de género", indicó el funcionario judicial. "De acuerdo a la primera inspección ocular del médico policial, se habla de un ataque sexual, conforme fue hallada la víctima y la escena del hecho. Luego confirmaremos si hubo acceso carnal", agregó.
En cuanto a la ex pareja de Flor, como le decían, puntualizó que "el joven ha colaborado desde el inicio, ha aportado información. Incluso se le solicitó el teléfono celular y lo entregó. Hasta este momento es una persona que está a disposición de la justicia y no tengo ninguna observación ni cuestionamientos que formular".
Aldana todavía habla en presente de su compañera. "Las dos somos militantes de la Federación Juvenil Comunista de San Jorge, nos conocimos en este plano de militancia, somos activistas, feministas, luchadoras por lo mismo. Hace poco más de un año Flor asumió el cargo de responsable de género a nivel provincial, ella era nuestra mayor referenta, la persona que estuvo incansablemente capacitándose en la Ley Micaela, y estaba a disposición de toda aquella persona que necesitase de una primera instancia de apoyo, acompañamiento. Más que nada nuestro proyecto principal era la capacitación sobre ley Micaela a funcionarias locales, que veíamos trabajando hace un tiempo, afianzando, capacitándonos", dice la joven militante sobre las actividades que compartían.
Respecto a lo ocurrido el lunes, rememora que "Flor salió a caminar, por lo que nosotros sabemos, al mediodía y después tenía que encontrarse con una determinada persona en un momento específico, una peluquera con la que ella trabajaba. Cuando Flor no llegaba ni atendía el teléfono, esa persona lo primero que hizo fue llamar al ex compañero de Flor y empezaron a buscarla. Era una situación muy extraña, porque Flor era una persona que siempre atendía cuando la llamaban. Este suceso ocurrió alrededor de la una y media de la tarde. Hasta que no llegue la autopsia no tenemos un horario fijo, pero fue en ese lapso de tiempo, en el que ese tipo que no sabemos quien es, a quien no le podemos poner nombre ni cara, la asesinó". Aldana fue muy clara al decir que "esto fue un femicidio. Tiene que quedar clarísimo, en muchas redes o medios, estuvo el titular de 'hallaron muerta', pero no es así, este fue un femicidio y lo tenemos que tener clarísimo".
Como Florencia era "una compañera inigualable, fuerte, firme", la conmoción social se hizo patente en toda la ciudad. "A raíz de toda esta situación se armó una manifestación fuera de fiscalía, donde vecinas y vecines se autoconvocaron. Estamos inmensamente agradecidos a los vecinos que se acercaron", dijo Aldana, en vísperas de la movilización que ayer contó con las familias de Flor, de Lisandro y toda la militancia, además de buena parte de la ciudad.
Silvina Cravero fue fundadora de la agrupación feminista Las Chuecas, en octubre de 2016, junto a Flor, que luego se abocó completamente a la militancia partidaria. "Florencia siguió militando a través del PC, militaba por la causa de los niños y también por las cuestiones de género. El año pasado me invitó a participar, a coordinar unas rondas de mujeres, que se llamó mujeres de luna y fuego, una actividad que estuvimos coordinando con cada luna llena hasta la pandemia. Tenía múltiples intereses, siempre de tipo social, siempre desde la izquierda. También era una artista, ella bailaba, pertenecía a un grupo que se llamaba Cumelén, de Carlos Pellegini", relató. También le cuesta asimilar el femicidio, y habla en presente. "Las últimas veces que me la encontré fue en talleres de folklore, pero cuando aparecieron casos de covid en la localidad se suspendieron, por eso la dejé de ver, hará tres semanas".
Silvina expresa el desconcierto: "Lo que pasó con respecto al hecho en sí, la verdad es que no sabemos. No tenemos la menor idea del horror. Estoy bastante en shock". El femicidio de Florencia será un hito en San Jorge. "Hay un montón de gente que está escuchando este grito porque mataron a Florencia, que es de acá y la conocían".
Flor, María Florencia, "va a seguir presente por la vida, por la militancia que llevaba, por los compañeros, por la forma en que se movía. Va a ser una bandera", considera Silvina. Y pide, ruega, "poder implementar la ESI". "Trabajo en Educación y estamos ansiosas por trabajar con las masculinidades para que este mandato de masculinidad con el que cargan pueda estar aflojándose un poco, que no necesiten estar matando para reafirmar sus masculinidades, no puede ser eso más".
Baclini se reunió con diputados provinciales
Promesa de mayor control a fiscales
Imagen: Sebastián Joel Vargas
El Fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini confirmó ayer ante un grupo de legisladores provinciales que se van a reforzar las estructuras de control sobre los fiscales santafesinos. Lo hizo en la reunión ante la Comisión de información y seguimiento de las causas contra los ex-funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, para evaluar medidas dentro de la justicia que ayuden a prevenir hechos de corrupción.
El jefe de todos los fiscales aseguró que el hecho por el que están procesados Serjal, Ponce Asahad y Nelson Ugolini ( empleado) “fue sorpresivo e inesperado” y consideró “muy difícil detectar este tipo de situaciones cuando están involucradas personas que están en niveles tan altos de la organización”, pero llamó a “ser autocríticos” dentro del organismo que conduce.
En ese marco, sostuvo que es “muy importante fortalecer la Auditoría General de Gestión porque es la dependencia que lleva a cabo todo lo que es la investigación del control de desempeño de los fiscales. Eso nos va a dar un estándar diferente al actual y permitirá monitorear las resoluciones de los fiscales”.
“Para nosotros -señaló- es muy importante a analizar con los legisladores la situación actual del Ministerio Público, la Auditoría, y el Organismo de Investigación, y pensar situaciones que ameriten un control específico porque nos va a permitir generar investigaciones diferentes a partir del personal que vamos capacitando”.
Según argumentó al termino del encuentro su presencia se debió a que los legisladores "querían conocer la dinámica de la investigación y lo que más les interesaba era la proyección de la organización del Ministerio Público, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”.
El Fiscal General admitió que las acusaciones por corrupción que pesan sobre Serjal y Ponce Asahad fue algo “muy sorpresivo” e inesperado, mientas que aclaró que todavía no se definió si le prorrogarán la prisión preventiva a los ex-funcionarios del MPA.
Baclini destacó la importancia de “establecer un adecuado control sobre el órgano” y aseguró que “en la provincia tenemos una cantidad de fiscales que tiende a ser satisfactoria, pero faltan empleados”.
En esa línea también se expresó ante Rosario/12 la diputada provincial Matilde Bruera, quien forma parte de la Comisión. "El propio Baclini nos reconoció que la auditora fiscal María Cecilia Vranicich tiene dos o tres pasantes como todo personal para investigar. Por eso se comprometió a fortalecer ese órgano de control".
Bruera también aprovechó el contacto con este diario para remarcar que a partir de la reunión de ayer se cambió de actitud en el seno de la Comisión. "Luego de una queja pública que hice la última semana se comenzaron a hacer grabaciones de cada uno de los entrevistados. Esto aporta claridad y seriedad en el seno de una comisión que tendrá que elevar un informe, ya que varias veces se dijeron cosas en la prensa con posterioridad a los encuentros, a los que nadie podía verificar si eran ciertos porque no existía registro. Pero ahora eso cambió " destacó la legisladora.
Tras el encuentro, el diputado Joaquín Blanco (FPCyS-Socialistas), destacó la “buena predisposición” del funcionario y señaló que hubo coincidencia en cuanto a reforzar las estructuras del MPA.
A los accionistas
Carlos del Frade
¿Les explicarán las y los accionistas de Vicentin al pueblo argentino el destino de los 136 millones de dólares de la venta de Renova, un día antes de la cesación de pagos, a Glencore y el de los 200 millones de dólares de la venta de FRIAR a capitales holandeses?
¿Les explicarán las y los accionistas de Vicentin al pueblo argentino por qué los balances de sumas y saldos mensuales le dan una ganancia de 846 millones de dólares durante 2019, cuando el balance presentado en septiembre de 2020 habla de pérdidas por 52 mil millones de pesos?
¿Les explicarán las y los accionistas de Vicentin al pueblo argentino por qué un empresa con más de noventa años de historia decide sepultar su filosofía de producción y apostar la rentabilidad financiera, abriendo off shore, vaciando empresas, inventando otras y lavando dinero en paraísos fiscales?
¿Alguna vez les explicaron a las y los accionistas de Vicentin el rol verdadero del ex presidente Mauricio Macri en cada uno de estos delitos económicos?
¿Qué pasaría si las y los accionistas de Vicentin se indignan ante estos manejos de fondos que llevan a la empresa al borde de la quiebra y denuncian que fueron usados al servicio de una verdadera asociación ilícita entre algunos de sus directivos y los principales funcionarios del ex gobierno nacional, pasando por las autoridades del Banco Central, el Banco Nación y el propio ingeniero Macri?
¿Qué explicarán las y los accionistas de Vicentin si la empresa termina convirtiéndose en una multinacional más y produciendo un destino incierto para su miles de trabajadoras y trabajadores?
El jueves 15 de octubre, cada una de estas preguntas pueden ser tenidas en cuenta o ignoradas. El problema es que en el medio hay una fenomenal estafa al pueblo argentino. Las y los accionistas de Vicentin tienen la palabra.
Los acusados faltaron al juicio por la represión a un pañuelazo
Mejores para pegar que para
ir a la Justicia
Desde Santa Fe
Ayer debía comenzar el juicio a cuatro imputados por la represión a jóvenes y adolescentes que participaron en un pañuelazo verde frente a la Catedral Metropolitana, el 7 de agosto de 2018. Dos de ellos son activistas del partido de Alejandro Biondini que ahora se llama Frente Patriota; la tercera es una docente de un colegio privado y la cuarta una ex contratada del Ministerio de Seguridad. La audiencia previa estaba prevista para las 8.30, pero el banquillo quedó vacío porque ni los amigos de Biondini, ni las dos mujeres se presentaron. Y encima, el abogado defensor de los cuatro, José Mohamad, anunció su renuncia al cargo porque dijo que sus clientes no le atendían el teléfono. “Ninguno me responde. Entonces, ¿qué puedo decidir yo si nadie se comunica conmigo?”, se disculpó ante la fiscal que investiga la causa, Jorgelina Moser Ferro, de la unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual. El juez Leandro Lazzarini dispuso entonces un cuarto intermedio hasta que se defina la asistencia a los acusados, si los defenderá otro abogado particular o la Defensa Pública.
La represión al pañuelazo del 7 de agosto –protagonizado en su mayoría por adolescentes- tuvo tanta resonancia que de inmediato se viralizaron las pruebas y videos en las redes. Una de las víctimas y referentes del acto fue la líder del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)-Nueva Izquierda, Jimena Sosa.
La audiencia imputativa se realizó el 30 de agosto de 2018. En ese entonces, la investigación estaba a cargo de la fiscal Mariela Jiménez, que hoy integra la unidad de Delitos Complejos. Los dos seguidores de Biodini y la ex contratada del Ministerio de Seguridad fueron imputados por supuestas “lesiones leves, agresión con arma y amenazas, todo en concurso real y agravado por tratarse de un hecho discriminatorio conforme lo establece la ley 23.592” y la docente como presunta “partícipe secundaria” de los mismos hechos, más “encubrimiento agravado”, en “concurso real y agravado por tratarse de un hecho discriminatorio”.
Pero desde entonces, transcurrieron dos años. La causa estuvo a punto de prescribir, pero eso no sucedió por la acción de Moser Ferro, que recién juró como fiscal en noviembre de 2019 y se incorporó a la unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual. El plazo de prescripción era el 30 de agosto de 2020, pero unos días antes, la fiscal formalizó la acusación y ofreció pruebas. Así se llegó a la audiencia de ayer.
Ante el faltazo de los imputados y la renuncia del defensor, el juez Lazzarini ordenó un cuarto intermedio hasta que se regularice la asistencia a los imputados. Mohamad comentó a Moser Ferro que no se podía comunicar con sus clientes. “Ninguno me atiende. Entonces, yo no puedo decidir nada, si nadie se comunica conmigo”, se disculpó. El penalista presentó su renuncia el viernes 9 de octubre, antes del feriado largo, y el juez se la aceptó ayer.
Pero antes de dejar el caso, el abogado deslizó la posibilidad cerrar el litigio con una disculpa pública de los imputados y una probation, pero la fiscal y las denunciantes, entre ellas Jimena Sosa, rechazaron esa alternativa. Las otras son el proceso abreviado y si los denunciados no lo aceptan, el juicio oral y público.
En la audiencia imputativa de 2018, la fiscal Jiménez acusó a los amigos de Biodini de “agredir a las manifestantes mediante golpes de puño y mordidas, ocasionándole lesiones leves a una de las víctimas”. “Esgrimieron baristones en forma amenazante, tomaron de los cabellos a una de las personas que estaban en la plaza de Mayo y también les dijeron frases intimidatorias con el objetivo de amedrentarlas”. “Los ilícitos cometidos alentaron el odio contra el grupo de personas que estaba manifestándose en un espacio público –entre las que había menores de edad–, por lo cual debe enmarcarse en la ley 23.592 de actos discriminatorios”, explicó.
Ayer, Jimena Sosa dijo que “a dos años del brutal ataque de este grupo organizado de ultraderecha, porque son militantes del partido de Biondini, queremos que la justicia los castigue como corresponde”. “Por eso iniciaremos el juicio”.
Sosa recordó que después de la represión “la marea verde se reunió para abrazar a las compañeras agredidas" y repudiar a "estos antiderechos y dogmáticos. Eso es justamente lo que pone nerviosos a estos reaccionarios, afines a sectores de la Iglesia Católica y antiderechos”. “Exigiremos castigo a los culpables de estos ataques para que haya justicia y que no se habilite, con impunidad, a que otros anti-derechos sigan golpeando a las chicas. Además, no pueden ser legales partidos que actúan contra los derechos elementales de las mujeres y la población”.
La abogada Fernanda Gutiérrez –que patrocina a las denunciantes- reveló que después del ataque en la Catedral del 7 de agosto de 2018, “estos personajes siniestros” siguieron con “amenazas telefónicas, acciones intimidatorias y pegativas alusivas a la dictadura en casas de militantes feministas”. “·Que Biondini y todos los anti-derechos sepan que no van a amedrentarnos. Miles de mujeres estamos por el aborto legal y así vamos a seguir, con pañuelazos, marchas y denunciando a quienes pretenden tapar con violencia, la fuerza de la ola verde. Por eso, no vamos a permitir que la justicia no les aplique un castigo. Esta ola feminista y disidente llegó para quedarse, y más que nunca el puño en alto por el aborto legal y el Estado laico. Ni un paso atrás: ¡Castigo a los culpables!”.
Fuente:Rosario12
Ante la pandemia
El plenario de secretarias y secretarios generales de Ctera rechazó este martes por
unanimidad el retorno a las aulas presenciales, tal como lo aprobó la semana pasada
el Consejo Federal de Educación. Exigen “a las autoridades que respeten los parámetros
sanitarios e epidemiológicos establecidos, a saber nula o baja circulación del virus,
los protocolos correspondientes, las condiciones de salud y seguridad de trabajadores/as
y estudiantes, las condiciones de infraestructura adecuadas y el consenso necesario en
cada jurisdicción”.
Ya la semana pasada, y apenas conocida la decisión de las ministras y los ministros de
Educación de todo el país de aprobar un retorno progresivo a las actividades presenciales,
la Ctera había manifestado públicamente su alerta ante ese acuerdo. Ahora el plenario
realizado ayer aprobó en forma unánime el rechazo a esa definición oficial que
“establece nuevos indicadores, denominado ‘semáforo’ a los efectos de considerar la
posible vuelta a la presencialidad”. La Ctera consideró que “adolece de criterios
sanitarios y epidemiológicos precisos que garanticen y prioricen el cuidado de la vida y
de la salud de la comunidad educativa”.
Para asegurar la continuidad de la enseñanza y aprendizajes, la Ctera demanda
“a los Gobiernos Nacional y Provinciales la provisión urgente de conectividad y
equipamiento tecnológicos a estudiantes y docentes para garantizar la continuidad
de los procesos de enseñanza aprendizaje”.
“Garantizar el derecho a la educación hoy, es garantizar la provisión de los recursos
para hacerlo posible”, declara el documento aprobado por Ctera, donde también se
remarca su “preocupación por la saturación de los sistemas de salud en el interior
del país al no contar con los recursos humanos y técnicos sanitarios en este contexto
de pandemia”.
La resolución de Ctera
Las entidades de base de todo el país que conforman la Ctera se reunieron este martes
para analizar la situación nacional educativa en el marco de la pandemia y cómo
impacta en los procesos de enseñanza aprendizaje y en las condiciones de trabajo
del magisterio. En ese encuentro ratificaron la posición de “considerar que para la
vuelta a la presencialidad es necesario que las condiciones sanitarias y epidemiológicas
lo permitan, por el riesgo que implica la circulación comunitaria del virus”.
En ese marco de debate la Ctera aprobó –en forma unánime- una serie de puntos.
El texto completo –lleva las firmas de la secretaria general Sonia Alesso y del secretario
general adjunto Roberto Baradel- con lo resuelto expresa:
Ante todo lo analizado el plenario resolvió por unanimidad:
1) Somos los docentes y las familias los que estamos sosteniendo desde marzo los
procesos de enseñanza aprendizaje que no se han detenido un solo día, aun con las
escuelas como espacio físico, cerradas.
Fuimos y somos las y los docentes los que pagamos teléfonos, conectividad y exceso
de sobrecarga laboral.
2) Sobre la vuelta a la presencialidad expresamos que dependerá de las condiciones
sanitarias y epidemiológicas adecuadas, esto implica nula o baja circulación del virus, y
junto con ello, que se garanticen las condiciones de infraestructura, distanciamiento,
provisión de materiales de bioseguridad y todo lo previsto en el protocolo elaborado
por el Consejo Asesor del Ministerio de Educación de Nación que integramos.
3) En relación a la última Resolución del Consejo Federal de Educación que establece
nuevos indicadores, denominado «semáforo» a los efectos de considerar la posible
vuelta a la presencialidad, Ctera considera que el mismo adolece de criterios sanitarios
y epidemiológicos precisos que garanticen y prioricen el cuidado de la vida y de la
salud de la comunidad educativa.
4) Que dicha resolución deja librada a cada una de las jurisdicciones, en base a los
nuevos indicadores, la vuelta a la presencialidad, descentralizando decisiones qué
debería tomar conjuntamente el Consejo Federal de Educación junto al Ministerio de
Salud de la Nación y los Ministerios de Salud provinciales, permitiendo que las
decisiones que primen en cada jurisdicción sean de carácter político coyuntural
secundarizando a las de carácter político sanitario, pedagógico y educativo en general.
5) Que dicha resolución modifica la hoja de ruta trazada en agosto y los consensos
alcanzados en el marco del mismo Consejo Federal con todas las organizaciones
gremiales, priorizando la salud y la educación.
6) Que la vuelta a la presencialidad requiere condiciones sanitarias y epidemiológicas para preservar la salud de niños, niñas, jóvenes, docentes y auxiliares.
7) Que las experiencias en el mundo muestran que la apertura de escuelas en
contexto de pandemia con determinadas circulación del virus, han multiplicado l
os contagios y favorecieron un nuevo brote en los países donde habían definido la
vuelta a la escuelas en forma presencial .
También que en dichos países se tuvo que retroceder y cerrar escuelas con el riesgo
que eso significa para la salud y el costo socio sanitario para la población en general.
8) Qué en consecuencia el Plenario de Secretarixs Generales de Ctera rechaza la
implementación de dicha resolución y exige a las autoridades que respeten los
parámetros sanitarios e epidemiológicos establecidos, a saber nula o baja circulación
del virus, los protocolos correspondientes, las condiciones de salud y seguridad de
trabajadores/as y estudiantes, las condiciones de infraestructura adecuadas y el
consenso necesario en cada jurisdicción.
9) Ctera exige a los Gobiernos Nacional y Provinciales la provisión urgente de
conectividad y equipamiento tecnológicos a estudiantes y docentes para garantizar
la continuidad de los procesos de enseñanza aprendizaje.
Garantizar el derecho a la educación hoy, es garantizar la provisión de los recursos
para hacerlo posible.
10) Ctera expresa una genuina preocupación por la saturación de los sistemas de salud
en el interior del país al no contar con los recursos humanos y técnicos sanitarios en
este contexto de pandemia.
11) Reclamamos la adecuación y fortalecimiento del sistema de riesgos de trabajo,
ya que el que existe en nuestro país no genera condiciones de prevención y promoción
de la salud de los trabajadores de la educación en este contexto de crisis sanitaria.
12) Acompañar los reclamos de las provincias y exigir junto a cada entidad de base,
en aquellas jurisdicciones que no se ha concretado, la reapertura de Paritarias para dar
tratamiento urgentemente a la recomposición de nuestros salarios que no registraron
aumentos durante este año.
Solidaridad con los docentes y estatales de la provincia de Chubut. Desprocesamiento
de Santiago Goodman y de todos los dirigentes de Atech procesados.
Exigimos el pago de los salarios en tiempo y forma y el pago de lo de adeudado con
carácter de urgente.
Estimaciones del Ministerio
El secretario de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, se refirió este miércoles
por la mañana al conflicto de los trabajadores municipales en el territorio provincial.
El funcionario, consideró que “la responsabilidad de la resolución del conflicto es
básicamente de intendentes y de los sindicatos que
representan a los empleados”.
En ese sentido, Pusineri aclaró en diálogo con la emisora radial LT8 que “la provincia
no es empleadora de los empleados municipales”, pero que, sin embargo, el gobierno
de Santa Fe hace “todo lo que tiene a su alcance”. Y sumó: “Lo que ha hecho la
provincia hasta el momento es brindar el ámbito paritario que está establecido por
ley, inclusive intentamos en el Ministerio de Trabajo
lograr un ámbito de conciliación”.
Sobre la situación laboral de la región, el secretario de Trabajo provincial comentó
que “a medida que se fueron poniendo en marcha las actividades el panorama del
segundo trimestre fue cambiando” y que las tres habilitaciones claves para aliviar la
situación fueron las de los rubros de la construcción, la gastronomía y la ampliación
en el comercio.
“Cuando conozcamos los datos del tercer trimestre vamos a ver una mejoría en lo
que hace a los números del empleo”, valoró Pusineri. Y aclaró: “Sin embargo, hasta
que no tengamos un panorama de previsibilidad va a ser complicado”, dado que
“nosotros apostamos a que esa previsibilidad la pueda dar la resolución de la
cuestión sanitaria y que ya la curva empiece a levantarse a
partir del año que viene”.
Sobre las posibles cifras que demuestren mejoras, el funcionario detalló que
“en su momento la provincia llegó a tener 180 mil trabajadores con salarios a la baja”
y que “allí estaban comprendidos estos rubros de construcción, comercio y gastronomía”, pero
que “hoy esos números ya son diferentes porque a medida que se pone en marcha
la actividad no está habilitada la reducción de salario”. “Nosotros estamos estimando
que hoy en determinados sectores esas cantidades se han reducido a la mitad”,
estimó.
“También llegamos a registrar 40 mil empleos menos en la provincia de Santa Fe y
hoy también eso estaría reducido a la mitad producto de la puesta en marcha de las
actividades”, concluyó.
Fuente:RedaccionRosario
AMOR CON
DISTANCIA
Caruana y el Día de la
Madre: "No se puede hacer
lo que uno
quiere"
MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020
El próximo domingo se celebrará el Día de la Madre, una de las jornadas en las que
habitualmente las reuniones se hacen inevitables. Desde el municipio se apuraron en
pedir un poco más de prudencias y evitar los encuentros.
El secretario de Salud Pública municipal Leonardo Caruana advirtió de cara a un
domingo que deberá transcurrir con recaudos. "Hoy las reuniones no están permitidas",
recordó.
“Tenemos el indicador que en el sistema de salud son los adultos mayores los internados
en camas críticas, muchos de ellos se contagiaron por sus familiares. Escuchamos ese
lamento, y escuchamos también sobre la dificultad de no poder abrazar a nuestros seres
queridos”, aseguró el funcionario a Ariel Bulsicco en Sí 98.9.
A siete meses del inicio de la cuarentena y su posterior fase de aislamiento, y ante el
cansancio de muchos sectores, Caruana reconoció que “la sociedad atraviesa por
tensiones, cansancio y malestar, y las naturalizaciones de la nueva habitualidad con el
‘yo hago lo que quiero’. Pero hay que tomar esta nueva habitualidad de forma distinta.
No se puede volver al día de la madre del año pasado, es otro tipo de festejo, porque
aún no salimos de esto”.
De esta forma el secretario de Salud llamó a “no hacer lo que uno quiere sino hacer las
cosas de forma distinta. No es hacer lo que la autonomía dicta en nombre de la libertad
individual, porque aún no hay indicador que hable de inmunidad de rebaño, ni de
vacunas, ni de tratamiento específico. Los sectores relacionados al PAMI son la mayor
cantidad de personas internadas en camas críticas y fallecen”.
De esta manera instó: “Debemos encontrar una forma de estar distanciados de nuestros
padres y abuelos, no aislados, pero tratar de cuidarlos. Hay que pensar el cuidado como
algo colectivo, no individual. Se entiende que es muy difícil sostenerlo a lo largo del
tiempo, pero el riesgo sigue siendo alto”.
Recordó además que continúa una cantidad de casos muy alta en el país: “Es una
cantidad que se mantiene, solo ha cambiado la distribución territorial, y Santa Fe tiene
una alta ocupación de camas, aunque hay una disminución a días anteriores”.
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