23 de octubre de 2020
Patrones rurales ofrecen “salvoconductos” como si fueran dueños del país
Quieren usar el caso Etchevehere como otra 125
Imagen: Juan C Aranguiz
Como ocurrió con el caso Vicentin, la política infiltrada en grupos rurales y la oposición
histórica al peronismo de los productores de la zona núcleo, está llevando un conflicto privado
y de nexos familiares a una batalla contra el Gobierno Nacional. En el marco de de una
denuncia de Dolores Etchevehere contra su hermano, el ex ministro de Agricultura de
Cambiemos, Luis Miguel Etchevehere, por presuntos delitos económicos, estafa, falsificación
de firmas y vaciamiento de compañías de la familia, se inició una campaña para vincular al
Ejecutivo que conduce Alberto Fernández a una supuesta maniobra de aval a la ocupación de
tierras. Además de armar una épica para una “nueva 125, más dura que la del 2008”.
“Vienen por todo, a quedarse con lo nuestro, hay que defender la propiedad privada”,
escribió un dirigente rural en el grupo de Whatsapp Gurú Ganadero, que nuclea a
empresarios, terratenientes y ex funcionarios del PRO. Se le pegó otro criador de
ganado, quien agitó “una nueva 125, más dura que la del 2008”. El tono del mensaje
fue unánime en ese grupo y en los que tienen las Sociedades Rurales de todo el
país. Los más entusiastas llamaron incluso a un banderazo el 8 de noviembre,
aprovechando la próxima protesta de Juntos por el Cambio contra el Gobierno
Nacional.
Este jueves, de madrugada, Dolores recibió un extraño recado de parte de uno de
los movilizados en respaldo del ex ministro macrista. Le ofreció un “salvoconducto”
para “tratar de salir de la provincia sin ningún problema, sin que nadie los toque ni
nada”. El negociador voluntario le explicó en tono amenazante que “yo puedo estar
muy tranquilo, pero no todos están tranquilos acá”, tras lo cual le informó que ya
había hablado con la Policía para que “se puedan ir sin problemas”.
No fue la única amenaza recibida por el grupo. La diputada cordobesa de Juntos por
el Cambio Patricia De Ferrari se preguntó, en su cuenta de twitter, “Falta mucho
para que aparezcan los falcon verde para impartir justicia a la medida de Grabois y
compañía?”, en clara alusión a los vehiculos usados en la última dictadura para
“desaparecer” personas. Ante la catarata de repudios, la legisladora retiró el tuit
señalando que su intención no había sido amenazar al dirigente social y abogado
con su desaparición.
Poco sirvieron las gestiones de la política para encausar la situación. En algunas
estuvo al frente el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en contacto con los
ruralistas de la zona de Santa Elena, localidad en la que está el campo en cuestión.
El dirigente, incluso, sondeó con la Jefatura de Gabinete nacional el asunto de fondo,
pero no hubo definiciones sobre un tema que el Ejecutivo observa sin jugar cartas.
Recapitulando, Dolores Etchevehere presentó a inicios de la semana una denuncia
contra sus hermanos por delitos cometidos en la provincia de Entre Ríos. Según la
hermana del ex ministro, eso la llevó a alejarse y ceder el 40 por ciento de su
herencia al Proyecto Artigas, un modelo de producción agraria sostenible, libre de
agrotóxicos y explotación, que funcionaría en el terreno en disputa. En la denuncia
de Dolores hay delitos que van desde usurpación de tierras fiscales y “actos
aberrantes contra la integridad física”, hasta vaciamiento de sociedades de la familia
y diferentes niveles de fraude al Estado.
Naturalmente, el agro tiene lecturas simplistas de los conflictos, entendibles en el
marco de la contienda histórica con el peronismo y de relaciones tormentosas con el
poder. La primera, que como el dirigente social Juan Grabois es abogado de la
hermana de Etchevehere, la Nación está jugando. La segunda, que la presencia de
Gabriela Carpineti, funcionaria del Ministerio de Justicia, fue una intromisión del
Ejecutivo. Y la tercera, un mito que estalló en los chats: que la titular del Inadi,
Victoria Donda, había dormido en el campo con los presuntos ocupantes, una
versión luego desmentida. “Si la metieron a Victoria Donda, para mi la hermana es
una oKupa más!. Por los hechos te conocereis, escribió otro dirigente del campo
sobre Donda.
Ingeniería en conflictos
En esa línea, la agrupación Campo más Ciudad, organizadora de la marcha por
Vicentin y la armadora de las que ocurren todos los feriados contra las medidas del
Gobierno, elaboró un flyer que circuló en redes y celulares. Se ve una toma área de
tractores y camionetas en la entrada de la chacra de Etchevehere, con la frase:
“Resistan entrerrianos, resistan. Todo el país está con ustedes”. En paralelo,
convocaron a sumar el asunto a las consignas de la marcha del 8N. Este caso llegó
a alinear, incluso, a los que desprecian a Etchevehere por haberles subido las
retenciones al campo durante el Gobierno de Mauricio Macri.
Ese conglomerado de Campo más Ciudad, activo en Twitter y redes de Whatsapp,
concentra al establishment agropecuario, a ex funcionarios de Cambiemos y a
financistas de las campañas de los principales dirigentes del PRO. Casi un think
tank de Etchevehere y David Lacroze, el ex Sociedad Rural que saltó a la fama por
increpar a la entonces presidenta Cristina Fernández y financia al partido de Macri
desde su génesis.
En ese sector conocen de primera mano la historia de conflictos en la familia
Etchevehere y hasta muchos le dan la razón a la hermana. Fuentes de Campo más
Ciudad admitieron ante este diario que “es todo producto de un enfrentamiento de
hermanos, que viene de larga data”. Algunos, de hecho, hasta conocen al dedillo
que la sucesión de esa familia fue un caso que duró 10 años y recuerdan las
disputas entre hermanos que generó el vaciamiento del Diario de Paraná, donde
también colisionaron Dolores y Luis Miguel. “Hay que subirse igual, este gobierno
nos está haciendo la vida imposible y se va a poner peor”, expresó la misma fuente,
mencionando al caso como un hito aprovechable políticamente en plena guerra
incipiente con el Ejecutivo.
La mano del partido
El scrum para nacionalizar desde la ruralidad el conflicto de Etchevehere sumó una
pata política fuerte. Los legisladores de Cambiemos por Entre Ríos emitieron un
comunicado calificando de “pandemia nacional” la toma de tierras y exigiéndole que
intervenga en el asunto. Firmaron, entre otros, el mellizo Alfredo De Ángeli, uno de
los nexos entre Cambiemos y el campo ultra. El “Melli, uno de los que saltó a la
política tras la disputa por las retenciones móviles, es uno de los alfiles rurales de la
titular del PRO, Patricia Bullrich, y tiene mucho predicamento en las entidades del
sector de la provincia. Esa influencia se vio reflejada en comunicados masivos de
algunas organizaciones.
El temor de que este caso sea un avance sobre la propiedad privada también
aglutinó a las Sociedades Rurales, que salieron a jugar fuerte. “Si la Justicia no nos
protege, si la Ministra de Seguridad no nos protege, si las fuerzas policiales y de
seguridad no nos protegen, no nos quedará más remedio que protegernos solos,
unidos y organizados, a estos nos están llevando”, redactó la Comisión Directiva de
la Sociedad Rural de Gualeguay. Y remató: “Si la reacción de los ciudadanos no les
resultó demostrativa en el año 2008, esta vez tendrá que ser aún más contundente,
aún más demostrativa del malestar que nos aqueja, pues esta vez no nos quieren
robar la producción, esta vez nos están robando nuestras propiedades, directamente
”.
También sentó posición la Mesa de Enlace de Santa Fe, que pidió al gobierno
garantizar la propiedad privada. Según supo este diario, la Mesa de Enlace nacional,
aún enfrentada con Etchevehere, banca la idea de que el caso de los campos de la
familia en Entre Ríos reviste gravedad institucional.
El juez volvió a postergar la decisión "por falta de documentación"
Caso Etchevehere: Pese al
apriete, no hubo desalojo
La audiencia del miércoles, de la que además del juez y el fiscal Oscar Sobko
participaron Rubén Paliotto, el abogado de la familia como querellante, y Facundo
Taboada por videoconferencia, como denunciado, duró cinco horas. A las nueve de
la noche el fiscal decidió, "atento a la complejidad del caso", pasar a un cuarto
intermedio para que las partes aporten la prueba que ofrecieron en la audiencia o
incorporar algo que no se haya mencionado. El plazo venció este jueves a las 12
horas, momento en el que el juez volvió a postergar una resolución a falta de la
documentación.
Desde el equipo de abogados que defiende a Dolores Etchevehere declararon a
Página 12 que "el juez está evaluando qué resolverá. No decidió nada aún, y
nuestra linea es que hay que esperar y dejarlo trabajar". La parte querellante
dejó entrever que la situación se resolvería este viernes. De acuerdo al Código
Procesal Penal de Entre Ríos, el juez cuenta con tres días hábiles como plazo a
partir de la audiencia del miércoles.
En tanto, hubo novedades en uno de los juzgados en Buenos Aires. El fiscal federal
Federico Delgado citó a Dolores Etchevehere para el próximo lunes 26 de
octubre a las 10hs de forma virtual para escuchar su declaración testimonial, en el
marco de la denuncia por violencia económica y extorsión que presentó su
defensa y está cursando en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 a cargo del Dr.
Rafecas . La denuncia está encuadrada en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y pide, entre otras cosas, que se investigue la validez de los documentos donde la firma
Dolores Etchevehere fue falsificada u obtenida bajo el ejercicio de violencia por parte de Luis Miguel Etchevehere.
Las pruebas
La complejidad del caso se encuentra en que, de acuerdo al Juzgado Civil número 7,
donde se encuentra el juicio sucesorio de Luis Félix Etchevehere, asegura que
no hay partición de la herencia y que tampoco hay inventario. Según el documento
emitido por el juzgado, el inventario está aprobado parcialmente y no en su totalidad
porque "las partes no han adjuntado los títulos de propiedad de todos los inmuebles"
. Agrega que los expedientes donde se llevaron a cabo subastas que pueden servir
de títulos de algunos inmuebles de la familia en el juzgado CC4 de Paraná se
quemaron.
En ese caso, Dolores parece ser tan dueña como sus hermanos de una cuarta
parte del acervo hereditario. "Luis Miguel Etchevehere miente descaradamente.
Las Margaritas S.A. es parte del acervo hereditario. Para dividir la herencia,
primero hay que inventariar, saber cuánto hay. ¿Cuánto hay? Los Etchevehere
tendrán que rendir cuentas. Vamos a investigar para encontrar todo el patrimonio
que tienen escondido", comunicaron desde el Proyecto Artigas.
En tanto, Luis Miguel Etchevehere insiste en que Dolores Etchevehere no tiene
acciones ni derecho sobre la sociedad Las Margaritas S.A., propietaria de la
Estancia Casa Nueva. En declaraciones radiales, afirmó que no entiende cómo la
justicia está tardando tanto: "De este lado hay papeles y del otro lado solamente
hay un relato".
"Inventaron que ella había vendido las acciones, cuando no se pueden vender
acciones de una sociedad indivisa. Hicieron todo trucho. Son unos sinvergüenzas.
Quisieron estafar a su hermana. Enfermos de ambición", le contestó Juan Grabois,
el abogado de Dolores Etchevehere.
Una diputada de Juntos por el Cambio amenazó al dirigente social
Un "Falcon verde" para
Juan Grabois
"Falta mucho para que aparezcan los falcon verdes (sic) para impartir la justicia a
la medida ideológica de Grabois y compañía?", se preguntó en su cuenta de Twitter
la legisladora.
La vicepresidenta del Comité Central de la UCR de Córdoba, invocó el vehículo
símbolo de la última dictadura cívico militar, que remite a la desaparición forzada
de personas, para criticar a Juan Grabois, quien ejerce la defensa de Dolores
Etchevehere, hermana del exministro de Agroindustria de Mauricio Macri.
Tras una catarata de las críticas, De Ferrari tuvo que eliminar la publicación.
Horas más tarde, la diputada dijo que su intención "no era del sentido que se le
atribuye". Y pidió disculpas por no ser "clara" en la redacción.
Por su parte, el Frente Patria Grande, que integra Grabois, repudió la publicación
de la diputada radical. "Repudiamos las declaraciones de la Legisladora Provincial
de Córdoba de Juntos por el Cambio Patricia De Ferrari que hizo una apología al
terrorismo de estado amenazando al compañero Juan Grabois", manifestó a
través de un comunicado.
"Este discurso fascista no es tolerable en democracia y debe ser ampliamente
rechazado", concluyó.
El conflicto familiar entre Dolores y Luis Miguel Etchevehere tomó estado público
la semana pasada, con el lanzamiento del Proyecto Artigas, emprendimiento de
diferentes organizaciones sociales y ambientales, campesinos sin tierra, cuyo
objetivo es promover un modelo agrario sostenible en tierras donadas por Dolores.
Mientras tanto continúan su curso diferentes acciones legales simultáneas contra la
familia del extitular de la Sociedad Rural, acusada de corrupción y violencia
económica, que incluyen falsificación de firmas, administración fraudulenta,
evasión fiscal por cuentas en el exterior no declaradas, lavado de dinero,
explotación laboral, acceso a tierras fiscales a precios viles.
Grandes fondos de inversión aprovechan las tensiones cambiarias para pasarle factura
al ministro Guzmán
Grupos de acreedores
salieron con los tapones de
punta
El mercado financiero registró otra jornada de fuerte especulación cambiaria. El dólar blue
marcó un nuevo pico de 190 pesos y un incremento de 7 pesos en la jornada. El precio del
contado con liquidación subió a un record de 181,06 pesos y registró un avance de 6
pesos. La brecha cambiaria se ubica en el 132 por ciento.
Dos de los grupos de inversores extranjeros que reestructuraron su deuda
difundieron este jueves un comunicado en el que aseguran que las medidas del
Gobierno tras el canje de bonos agravaron los problemas de la crisis argentina.
El mensaje no es casual: busca sumar presión a la pulseada entre el Gobierno y
el mercado por la devaluación. El principal pedido fue que el Fondo Monetario y la
Argentina alcancen un acuerdo pronto.
“Las preocupaciones de los acreedores han demostrado ser correctas. Las
autoridades económicas de la Argentina no solo no han logrado restablecer la
confianza, sino que las medidas políticas adoptadas inmediatamente después de la
reestructuración de la deuda han empeorado drásticamente la crisis económica del
país”, indicaron Exchange Bonholders y el Comité de Acreedores, los cuales
agrupan a un conjunto de 20 fondos de inversión.
“Las autoridades argentinas han alarmado a muchos acreedores cuando
transmitieron el mensaje de que incluso las deudas sostenibles (del sector privado)
no se reembolsarán”, apuntaron. Para agregar que “los acreedores se preguntan
si el sacrificio para proporcionar una estructura de deuda que Argentina es capaz
de atender fue esencialmente insignificante frente a un prestatario que
simplemente puede no estar dispuesto a pagar”.
Presiones cambiarias
El equipo económico tiene puesto el foco de atención en las presiones
cambiarias y evalúan nuevas medidas. Los anuncios de esta semana del
Ministerio de Economía para incrementar el volumen de operaciones en el
mercado de contado con liquidación y reducir su volatilidad por el momento no
consiguieron un efecto favorable.
El mensaje del Fondo Monetario Internacional en el que destaca el compromiso
argentino para alcanzar un acuerdo tampoco fue efectivo para moderar
expectativas. El desgaste de las reservas internacionales es uno de los
principales problemas para calmar la tensión cambiaria. Este jueves las reservas
bajaron 152 millones por cambios de cotización del oro y el yuan.
En el mercado estimaron que la autoridad monetaria había intervenido vendiendo
50 millones de dólares. Pero fuentes oficiales aseguraron que el saldo no fue de
venta sino de compra por 5 millones de dólares. En las últimas jornadas la
entidad alternó días compradores y vendedores aunque en el acumulado del mes
ofreció cerca de 650 millones de dólares para evitar mayores subas del tipo de
cambio mayorista.
La cotización del dólar comercial utilizada por importadores y exportadores cerró
en 78,08 pesos y anotó un incremento de 33 centavos. El dólar ahorro -con el
recargo del impuesto País y el 35 por ciento a cuenta de Ganancias- finalizó en 137,
36 pesos.
La diferencia entre el dólar mayorista y el financiero supera el 130 por ciento
provocando dificultades para el funcionamiento normal de la economía. Esta
brecha cambiaria era del 35 por ciento antes de la pandemia.
Bonos y acciones
En el mercado de bonos hubo un rebote luego de varias jornadas con fuertes
caídas. Se destacaron las subas del 2,7 por ciento de los títulos con vencimiento
en 2038. El riesgo país cerró en 1442 puntos con una baja de 10 puntos.
Las acciones también marcaron un repunte. En la bolsa porteña aumentaron
3,2 por ciento y las empresas que cotizan en Nueva York llegaron a incrementarse
hasta el 5 por ciento.
“La incertidumbre aún se mantiene latente, y los rebotes tienen más que ver
con parámetros técnicos que con fundamentales o buenas noticias. Las
noticias que llegan siguen siendo muy negativas, con un mercado de cambios muy
desequilibrado y la brecha en aumento”, indicaron en Portfolio Personal sobre el
rebote de los activos.
Eduardo Casal quedó en el ojo de la tormenta por su protección a Carlos Stornelli
Procurador: El Congreso
abre el debate sobre la
duración en el cargo y las
formas de remoción
Imagen: NA
Un día después de las críticas que el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla le dedicó
al procurador general interino Eduardo Casal por sus miramientos frente a la rebeldía del
fiscal Carlos Stornelli, la cuestión de la duración en el cargo y las formas de remoción del
titular del Ministerio Público vuelve a estar en discusión. Este viernes, a partir de las 16.30,
se reunirá por Zoom la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside
Oscar Parrilli, para tratar tres proyectos que presentaron el año pasado distintos sectores de
Juntos por el Cambio. La agenda seguirá el lunes con una nueva reunión de la Bicameral
del Ministerio Público, que acumula varios casos contra el procurador interino, entre los que
se cuentan nuevos cruces por la persecución a la fiscala del caso Correo Argentino, Gabriela
Boquín.
La comisión que preside Parrilli tratará dos proyectos presentados el año pasado
por la senadora Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) y otro introducido
por Martín Lousteau (Unión Cívica Radical) junto con otros 17 senadores. Las dos
iniciativas limitan el mandato del procurador --que en la actualidad no tiene
límite más que el de los 75 años de edad--, aunque no alteran los dos tercios
necesarios para su designación. En el caso del proyecto de Crexell, se establece
que el procurador dura cinco años en el cargo con una única posibilidad de
renovación. En el caso de Lousteau, el mandato se prolonga por seis años y puede
renovar una vez. Lousteau también sugiere que, en caso de vacancia o licencia,
quien reemplace al titular del Ministerio Público sea un fiscal coordinador de distrito
(como lo establece la ley orgánica actual) o, en su defecto, el funcionario de mayor
antigüedad.
Después de una campaña para forzar a renunciar a la procuradora Alejandra Gils
Carbó, su cargo quedó ocupado desde fines de 2017 por Eduardo Casal, el
procurador fiscal ante la Corte de mayor antigüedad --que no pasó por el acuerdo
del Senado--. Mauricio Macri logró que Gils Carbó renunciara, pero no pudo
conseguir el apoyo para su candidata, la jueza Inés Weinberg de Roca. El
candidato de Alberto Fernández para la Procuración General es el juez federal
Daniel Rafecas, cuyo pliego ingresó en el Senado antes de que comenzara la
pandemia. El oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para designarlo
sin el apoyo de sectores de la oposición, que se muestran intransigentes y en los
últimos tiempos han dado señales de encolumnarse en la defensa y el
sostenimiento del procurador interino. Casal, mientras tanto, dictamina en cada
oportunidad que tiene contra el oficialismo, como lo hizo en el caso de los tres
jueces trasladados durante el macrismo que resisten el regreso a sus tribunales de
origen.
Rafecas ya ha dicho que está de acuerdo con que se limite temporalmente el
mandato del procurador, como ocurre en las provincias y en otros países de la
región. Pero no está de acuerdo en que se quite el requisito de los dos tercios
para la designación del titular del Ministerio Público. Hay algunos juristas que
entienden que ese requisito puede atenuarse si el cargo deja de ser vitalicio. Este
tema está siendo discutido actualmente en el consejo consultivo que deberá
presentarle para el 18 de noviembre próximo una propuesta de reforma al
Presidente en organismos claves de la Justicia, como la Corte Suprema, el
Consejo de la Magistratura o el propio Ministerio Público. Según fuentes del
consejo, aun no hay una mayoría sobre cuáles serían los criterios de designación
para el procurador.
Una pata del lawfare
El lunes, se reunirá la Comisión Bicameral del Ministerio Público que preside el
senador Martín Doñate (Frente de Todos), quien ha sido muy crítico de Casal, al
que definió como una de las patas del lawfare. La comisión tendrá en agenda los
concursos que motorizó en los últimos días el procurador interino para designar
fiscales después de una parálisis de más de un año. Una de las sorpresas que
circuló en los chats de los judiciales es que el fiscal Stornelli estaba como
evaluador en uno de los concursos para elegir fiscales generales ante los
tribunales orales del fuero Penal Económico de la Capital Federal. El miércoles,
Ramos Padilla le recordó la cobertura que la Procuración le había dado a Stornelli
para estar en rebeldía durante nueve meses. Lo paradójico es que Stornelli,
procesado por ser parte de una asociación ilícita paraestatal con espías,
pueda funcionar como evaluador de otros fiscales.
La contracara del caso Stornelli es lo que sucede con la fiscala Gabriela Boquín, a
quien Macri ha mencionado en cuanta entrevista dio en los últimos días como
quien persigue a su familia por pretender que pague la deuda del Correo Argentino.
Casal apuró un sumario contra la fiscala por supuestos malos tratos laborales
, que los dos gremios de trabajadores judiciales desmienten y tildan como un
armado. Boquín ya expuso largamente ante la Bicameral. Casal mandó una carta
para desmentirla. Quería decir que ella, en realidad, se había opuesto al traslado
de un empleado, pero la fiscala le mandó copias a Doñate de mails que intercambió con altos funcionarios de la Procuración que dejan en claro que el rechazo venía de Casal.
Ese traslado se desbloqueó cuando el empleado testimonió contra Boquín.
La situación de Boquín volverá a estar en agenda de la Bicameral del Ministerio
Público. Es probable también que le requieran información a Casal para saber si
los fiscales cumplieron con lo que establece la ley del arrepentido en cuanto al
registro de las declaraciones para ser contrastadas a posteriori. Ya se sabe que las
grabaciones de los arrepentidos del caso de los cuadernos, que estuvo a
cargo de Stornelli, no están.
Alberto Fernández conversó con los gobernadores con más casos
Las provincias seguirán con
las restricciones
Con la pandemia cada vez más diseminada por el interior del país, el presidente Alberto
Fernández resolvió ayer con los gobernadores de ocho de las provincias más afectadas
prorrogar las medidas de restricción por otras dos semanas. En verdad, cada uno resolverá
cuánto tiempo y qué medidas tomará, pero hubo consenso en que es necesario sostener el aislamiento. "Lo único que ordena el cuadro es que la gente circule menos", insistió el Presidente en zoom desde la
Casa Rosada. Es muy probable que Fernández haga el anuncio hoy durante su visita a
Misiones, curiosamente una de las provincias con menos problemas por la pandemia.
La nueva situación se corrobora día a día con cada nuevo parte. Luego de varios
meses en que los contagios estaban centrados casi con exclusividad en el AMBA,
el virus se expandió y hoy la mayoría de los casos se producen en el interior. Ayer
se registraron 16.325 casos y 438 fallecidos en todo el país. Pero mientras la
ciudad de Buenos Aires tuvo 566 casos, en Santa Fe se registraron 2.536, en
Córdoba 1.857, en Tucumán 1.417 y en Mendoza 936 casos.
"En Córdoba y Santa Fe vemos una meseta alta", detalló el Presidente sobre el
panorama de los últimos días. Insistió en marcar el ejemplo de Jujuy, como una
provincia que no tuvo casos durante más de tres meses en los que abrió muchas
actividades. Después ingresó el virus y sólo pudo contener su expansión cuando
-a punto de llegar a la saturación del sistema sanitario- resolvió cerrar todo por 21
días. También repasó lo que está sucediendo en Europa, donde muchos países se
vieron obligados a retomar las restricciones. "Macron me explicó que tuvo que
disponer el toque de queda por la noche", comentó sobre la comunicación de días
atrás con el presidente de Francia.
Fernández mantuvo ayer un encuentro virtual con los gobernadores de las
provincias que concentran el 55 por ciento de los casos: Juan Schiaretti (Córdoba),
Arabela Carreras (Río Negro), Rodolfo Suárez (Mendoza), Alberto Rodríguez Saá
(San Luis), Omar Gutiérrez (Neuquén), Mariano Arcioni (Chubut), Omar Perotti
(Santa Fe) y Juan Manzur (Tucumán). Junto al Presidente se sentaron el jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Salud, Ginés González García, y el
secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.
"Las medidas que se tomaron hace 14 días fueron oportunas", intervino Ginés. "Se
debe continuar por este camino porque hay lugares que el cumplimiento no es
efectivo", agregó. Indicó que el camino es prevenir y acelerar la puesta en práctica
del plan Detectar Federal que va en busca de los infectados. "El Detectar es clave",
avisó, repasando la experiencia de estos meses en el área metropolitana. Ginés
explicó que repite estas mismas directivas en los encuentros del consejo que reúne
a todos los ministros de Salud del país, el Cofesa, que debido a la pandemia es
convocado de manera semanal.
Manzur adelantó que en Tucumán la decisión será mantener las restricciones por
otras dos semanas. "La ciudad de San Miguel de Tucumán continúa en la fase de
aislamiento y hemos bloqueado la circulación entre los municipios para evitar más
contagios. Nuestro sistema de salud continúa con camas disponibles y
cuadruplicamos los testeos a la población", contó. Tucumán entre miércoles y
jueves promedió los 1.500 casos diarios, muchos para su población. "Hemos
llegado al peor momento de la pandemia", afirmó Rodríguez Saá, quien advirtió
sobre lo acertado que había sido el análisis del Presidente cuando anunció la
última prórroga y advirtió lo que venía.
Perotti aseguró que en las últimas horas habían registrado "una pequeña señal de
mejora" en Santa Fe, pero que continuarán con el mismo esquema de medidas por
otros 14 días. "Más allá del cansancio de todos vamos a seguir con las restricciones
de movilidad a partir de las 20 horas", adelantó. Schiaretti también informó que
seguirá con las medidas restrictivas en el horario nocturno. El gobernador de
Mendoza también definió el estado de su provincia como de "meseta alta" y que en
el Gran Mendoza la ocupación de camas llegaba al 92 por ciento.
Los gobernadores de Río Negro, Neuquén y Chubut mostraron un cuadro más
complejo aún. "Queremos continuar en el ASPO y sumar a Viedma y Dina Huapi",
adelantó Arabela Carreras. Arcioni contó que en Chubut hay casos hasta en
poblaciones pequeñas de 300 habitantes. "Hay localidades con ocupación UTI muy
altas", advirtió. Gutiérrez explicó que en Neuquén necesitaban "más médicos y hacer más testeos".
La Casa Rosada hizo su propio "poroteo"
Aborto: Ante un escenario ajustado, el Ejecutivo mide
los tiempos para enviar le
proyecto
Imagen: Gustavo Molfino
Las alarmas se encendieron en la Casa Rosada. El gobierno hizo un primer recuento de
votos y se encontró con un escenario más ajustado del esperado de cara al debate en
Diputados del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Por eso, esperarán a
tener un panorama más favorable para enviar el proyecto, aunque insisten que será este año.
En paralelo, diputadas de distintos bloques ya comienzan a pensar la estrategia para que el
aborto sea ley en 2020. Buscarán un debate más corto que el de 2018, con hincapié en la
salud pública, y una fuerte apuesta para que el Ejecutivo consiga abstenciones o ausencias
de los que hasta hoy se manifiestan como indecisos.
A su vez en la Cámara baja, por donde entraría el proyecto, también llevan un
poroteo propio con actualización permanente. En el ala verde cuentan un empate:
120 a favor, la misma cifra en contra y 15 indecisos. Pero señalan que en el
comienzo del debate parlamentario varios de estos se alinearán a la postura del
Gobierno, que es a favor. "Entre la presentación del proyecto, el tratamiento y la
llegada al recinto hay un tiempo para tratar de conseguir esos votos", deslizó a
Página/12 una diputada del Frente de Todos que será clave para que salga la ley.
Los poroteos que se hacen dentro del Palacio Legislativo y los del Gobierno dan a
Juntos por el Cambios como el sector que aportaría la mayor cantidad de
votos en contra. "Algunos lo hacen porque tienen una convicción en contra a este
derecho, otros por las presiones que recién en sus provincias y otros simplemente
para no darle un logro al Gobierno", explicaron fuentes parlamentarias. Pero
para revertir esta situación la secretaria parlamentaria del PRO, Silvia Lospennato,
trabaja dentro del bloque.
En la Casa Rosada son más cautos que en el Congreso respecto a los tiempos.
Tienen dos premisas claras: la postura es unánime a favor de la legalización y
que los tiempos los dirige Alberto Fernández, según él considere "el mejor
momento" para mandar el proyecto. También buscarán tener un piso de votos
afirmativos que, al menos en Diputados, garantice la aprobación. "Queremos
mandarlo con medio camino hecho", explicaron desde Balcarce 50 a Página/12.
La titular de la comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, subrayó:
"Siento que no hay margen para que el Congreso no sancione la ley: hay
una demanda del colectivo de mujeres que se han organizado. No hay margen
para no acompañar este proyecto. Cuando decimos 'Ni una Menos' lo decimos
para el aborto clandestino también". "La decisión política está y eso es lo
importante, hay intención de que salga, hay un Presidente que no mira para
el costado. Es clave que nos comprometamos a darle sanción al proyecto", resaltó.
Los distintos sectores que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo
(IVE) tienen un solo objetivo: que salga la ley. "Esta vez no nos podemos
conformar con llevar el debate al Congreso o tener una media sanción. No.
Tenemos que ir por más. Hay que aprovechar que en el Ejecutivo hay un
Gobierno que empuja a favor y en ambas cámaras hay presidentes que tienen
la misma intención", argumentó una diputada oficialismo. Por su parte, otra
legisladora que también está a favor, pero que forma parte de la oposición señaló:
"el oficialismo acompañó la política del Gobierno, hasta ahora, de que el tema no
sería 'prioridad' y no armaron muchos espacios para debatir el tema".
Los pañuelos verdes saben que los debates largos, como el de 2018, les dan
tiempo a los sectores que se oponen a la legalización para organizarse y
alinear sus tropas con aprietes y escraches, como sucedió la última vez en algunos
distritos del país. "Hay provincias muy conservadoras, donde las Iglesias
Evangélicas hacen lo que sea para que los legisladores voten como ellos
quieren. Se hace muy desgastante así", contó a este diario una fuente del Frente
de Todos.
A pesar de esto, los más optimistas sobre la posibilidad de que la ley salga este
año entienden que la clara posición a favor de la legalización que tomó el
Gobierno va a ser clave para que algunos de los indecisos del Frente de
Todos voten a favor, se abstengan o se ausenten. "Va a tener la misma épica que
le Ley de Matrimonio Igualitario, cuando Néstor y Cristina coordinaban viajes
para algunos legisladores", enfatizó otra diputada del oficialismo.
Con la posibilidad de que el aborto sea ley en 2020, la Iglesia Católica no pierde
el tiempo. Las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ya se
expresaron en un documento: "Las últimas noticias sobre la inminente introducción
del proyecto de ley de aborto al Congreso Nacional nos sorprenden tristemente
porque desalientan la búsqueda del encuentro fraterno e imprescindible
entre los argentinos". "La situación general de la salud pública, planteada por
esta dolorosa coyuntura, hace insostenible e inoportuno cualquier intento de
presentar y discutir una ley de estas características", señalaron para justificar su
postura. Pero desde el Gobierno salieron a contestarles en defensa de la
legalización. "Nadie se puede sorprender, no estamos escondiendo nada
debajo del poncho y eso facilita el diálogo. La idea no es romper ni cortar los
puentes", remarcó el secretario de Culto, Guillermo Oliveri.
Frente a los argumentos del "costo de los abortos para la salud pública", los
sectores que defienden la legalización sostienen que "un aborto bien practicado,
con métodos como el misoprostol o sencillas intervenciones ambulatorias, es más
económico que una internación quirúrgica por una aborto clandestino. Estos
en muchos casos se complican y necesitan camas de terapia intensiva".
"Mi miedo es que grupos anti derechos generen un clima violento con la discusión
del aborto cuando en realidad esto tiene que ser tratado con alegría, con mística
militante", dijo la vice jefa del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau. "No
sería una locura tratar el proyecto de aborto legal en extraordinarias, no lo descarto".
"El Congreso va a seguir funcionando aunque les pese a muchos hasta que lo
necesite el Poder Ejecutivo", agregó la dirigenta que en todo momento insistió para
que no termine este año sin que se trate este proyecto.
Informe: Antonio Riccobene
"La finalidad es apoyar el diseño que hagan las autoridades", aseguró Werner
El FMI busca respaldar el
plan argentino
Imagen: NA
“El gobierno argentino está trabajando en el proceso de formulación de un plan integral que
pueda ser apoyado por un programa financiero del FMI. La finalidad es apoyar el diseño
que hagan las autoridades de un programa que encuentre un balance apropiado entre seguir
apoyando a las familias más necesitadas durante la pandemia y a la recuperación de la
economía argentina en los próximos meses junto al establecimiento de las bases para
regresar a la estabilidad macroeconómica”, dijo este jueves Alejandro Werner, director del
Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
Werner consideró que “el equipo técnico del Fondo está trabajando muy de cerca
con las autoridades argentinas” y confirmó que en noviembre habrá una nueva
visita al país. Las últimas reuniones entre los funcionarios del FMI y las autoridades
del gobierno nacional tuvieron lugar hace dos semanas en Buenos Aires. En esa
ocasión, los representantes del organismo internacional también se reunieron con
representantes del Congreso, del sector privado, los sindicatos y la sociedad civil
“para discutir los desafíos multifacéticos que enfrenta el país e intercambiar
opiniones sobre la mejor manera de abordarlos".
El Fondo publicó la actualización de su informe semestral de la economía de
América latina, presentado por Werner. Naturalmente, el eje de la conferencia fue el
impacto de la pandemia. “América latina apeló el confinamiento temprano, cuando
los casos totales seguían siendo bajos. Las medidas fueron estrictas y la movilidad
se desplomó durante un tiempo. Sin embargo, el confinamiento en América latina
no fue del todo efectivo y la movilidad comenzó a aumentar incluso antes de
la relajación de las restricciones y cuando los nuevos casos y muertes
seguían aumentando. Con eso, el número de muertes aumentó gradualmente, lo
que resultó en un patrón
de crecimiento lento, en contraste con la rápida explosión de infecciones que
ocurrió en Europa. Factores estructurales, como el alto grado de pobreza e
informalidad, la
aglomeración urbana, baja capacidad estatal y falta de recursos fiscales,
sistemas
de salud débiles y falta de pruebas y rastreo han contribuido a agrandar las
dificultades y continúan representando desafíos para la reapertura”, indica el
informe del FMI.
El organismo prevé que la economía argentina caiga este año un 11,8 por ciento,
por encima de la baja prevista para Brasil (-5,8 por ciento), Chile (-6 por ciento),
Colombia (-8,2), Ecuador (-11 por ciento), Bolivia (-7,9) y Uruguay (-4,5) y mejor que
el desempeño de Perú (-13,9). Las perspectivas para 2021 marcan una recuperación
parcial del 4,9 por ciento para la Argentina, en la línea de Chile, Uruguay, Ecuador y
Colombia, algo mejor que Brasil y peor que Perú y Bolivia.
La negociación con Argentina
El gobierno argentino está en plena negociación con el FMI para conseguir un
nuevo paquete de financiamiento que permita repagar el megacrédito de 44
mil millones de dólares que apenas permitió estirar la agonía de los últimos meses
de la economía macrista. “El fracaso pasado no tiene por qué ser determinante de
los resultados futuros. Es importante generar un consenso amplio en la sociedad
de la necesidad de aplicar estas medidas. Por eso debe ser un programa
técnicamente sólido y gozar de un apoyo amplio en su implementación”, dijo Werner.
Si bien “el fracaso pasado no tiene por qué ser determinante”, según Werner, lo
cierto es que algunos puntos ya no van a estar en discusión en esta nueva etapa.
Por ejemplo, la idea del Fondo, sobre la cual coincidían varios de los referentes
económicos del macrismo, de que el dólar debía flotar libremente como si se
tratara de cualquier otro mercado, lo cual trajo consecuencias nefastas para la
economía, como una serie de corridas cambiarias que dispararon la cotización, la
inflación consiguiente y la pauperización social.
Sin embargo, no está clara cuál será la postura del Fondo en relación a temas
clásicos de sus recetas de ajuste, como las jubilaciones y la reforma laboral.
Werner dijo que “en la medida en que se llegue a una visión común sobre este
programa que presente el gobierno argentino, en la medida en que sea conducente
a la estabilidad y al crecimiento será apoyado con un programa financiero del Fondo.
Debe ser un programa que continúe apoyando la recuperación pero al mismo
tiempo siente las bases para la sostenibilidad macroeconómica”.
Por otro lado, Werner evaluó que “Argentina se vio, como todos los países, afectada
de manera severa por la pandemia, pero con muchas menos herramientas
disponibles para contrarrestar los efectos”. Resaltó que “han habido avances
como la reestructuración de la deuda privada, es un hito importante y es una
parte central del futuro programa económico”. También hizo referencia a las
“recientes medidas para tratar de controlar la volatilidad n el mercado cambiario”.
Reclamo del Ministerio Público Fiscal para poder avanzar en la identificación de víctimas de la dictadura
Corte Suprema y derechos humanos: los daños
colaterales de la pachorra de
Sus Señorías
Los tiempos cansinos de la Corte Suprema de Justicia no sólo se traducen en demoras para
confirmar condenas de represores. También afectan a los procesos de restitución de
identidad de hombres y mujeres apropiados durante el terrorismo de Estado. A más de
nueve años del pedido original del Ministerio Público Fiscal, su Unidad Especial para Casos de
Apropiaciones reiteró la solicitud al tribunal que preside Carlos Rosenkrantz para que habilite
con urgencia al Cuerpo Médico Forense (CMF) a colaborar en las exhumaciones a fin de
obtener las muestras de las que luego el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)
extrae, almacena y analiza información genética. La unidad que conduce el fiscal general
Pablo Parenti precisó que son aproximadamente 260 las exhumaciones de familiares de
víctimas requeridas por el Banco (que carece de los recursos materiales y humanos necesarios)
para poder contrastar perfiles genéticos, a los que se suman los de jóvenes fallecidos que
podrían haber sido víctimas del plan sistemático de apropiaciones implementado por Videla,
Massera & Cía.
El origen del problema data de 2010, un año después de que el Congreso
sancionara la ley 26.448 que erigió al Banco como único organismo habilitado para
obtener, almacenar y analizar información genética en las causas de lesa humanidad.
La Unidad que encabezaba el fiscal general Jorge Auat, con Parenti como
coordinador, instó entonces a la Corte a adecuar la actuación del CMF a la nueva ley,
ya que muchos juzgados le encargaban peritajes que por falta de medios o de
capacidad delegaba en laboratorios públicos o privados con criterios dispares.
En diciembre de aquel año, mediante la resolución 4102/2010, el tribunal presidido
por Ricardo Lorenzetti fue mucho más allá del pedido. En lugar de limitarse a
ordenarle al CMF que se abstuviera de intervenir en el procesamiento y la
comparación de muestras de ADN, le prohibió todo tipo de intervención en
causas que investigaban apropiaciones. Ya a mediados de 2011 Auat y Parenti le
advirtieron al tribunal el conflicto que había generado esa resolución y la falta de
recursos del Banco para extraer ese tipo de muestras de cuerpos sin vida.
Nueve años más tarde el pedido sigue esperando respuesta aunque el problema
se agravó “ya que con el correr de los años se han incrementado
sensiblemente los casos de personas fallecidas sobre quienes es necesario
obtener muestras para extracción posterior de ADN”, advierte Parenti.
La Unidad destaca que “se registran aproximadamente 260 exhumaciones de
familiares cuya incorporación es requerida por el Banco Nacional de Datos
Genéticos, a las que se suman otra cantidad de jóvenes fallecidos cuya identidad
se sospecha y donde se demanda el mismo procedimiento”. “Estos últimos revisten
la singularidad de que en su mayoría fallecieron hace pocos años, por lo cual sus
restos aún se encuentran en estado cadavérico y requieren la intervención antes
mencionada de profesionales especializados. Esta circunstancia también se
extiende a los familiares, quienes con el paso de los años y debido a su avanzada
edad murieron en el último tiempo sin recuperar a su ser querido desaparecido/a”,
remarca.
La resolución de 2010 que también firmaron Carlos Maqueda y Elena Highton “se
convirtió hoy en un obstáculo para la concreción de medidas de prueba que
justamente las leyes y el Código Procesal Penal de la Nación establecen” y que
“es necesario sea removido” ya que “se encuentran pendientes cientos de
exhumaciones en trámite en diversas causas judiciales que incluyen tanto
a familiares de personas detenidas desaparecidas como a jóvenes
sospechados de su verdadero origen, donde sería de gran utilidad la
colaboración y trabajo mancomunado entre el Cuerpo Médico Forense y el BNDG”,
se explica en el pedido dirigido a Javier López Calderón, secretario de la Unidad de Superintendencia de Delitos de Lesa Humanidad del máximo tribunal.
Se puso en marcha la Mesa Sectorial Automotriz
Un acuerdo tripartito para
producir y exportar más
Imagen: EFE
1 comentario:
Buenos dias
Disculpe por esta forma de contactarlo, pero el tiempo no me deja otra opción. Sé que este mensaje te sorprenderá, ya que no nos conocíamos, pero la gracia de Dios me dirigió a ti y me gustaría que leyeras mi mensaje cuidadosamente.
En resumen, mi nombre es Alex Maria GÉRALDINE de origen italiano y vivo en Francia. Sufro una enfermedad grave que me condena a una muerte segura, es un cáncer de garganta, tengo una suma de 60,000 euros que me gustaría hacer una donación a una persona honesta y confiable para deja que lo use bien.
Soy propietario de un negocio de venta de vehículos usados y hace 3 años perdí a mi esposo, lo que me afectó mucho y no he podido volver a casarme hasta este día, no tuvimos hijos.
Me gustaría donar esta cantidad antes de mi muerte ya que mis días están contados por falta de esta enfermedad para la que no tenía cura. No me gustaría saber si puede beneficiarse de esta donación.
Te llevé a contestarme directamente en mi correo privado.
Correo electrónico:geraldinemaria65@gmail.com
Porque no suelo conectarme a blog
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