En defensa de Laura Villalba, detenida
y criminalizada por el gobierno
paraguayo
Resumen Latinoamericano, 24 de diciembre de 2020.
Comunicado de la Coordinadora Barrial Resistencia
(adhiere la OLP-Resistir y Luchar)
Los revolucionarios, por definición, no disponen de barrios exclusivos en donde dejar a sus familias cuando van al combate. Los pueblos atacados por el imperialismo y las oligarquías burguesas deben defenderse y pelear en cada momento y en cada ámbito en que desarrollan su vida: en la casa, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, de día y de noche. El inmenso poder al que se enfrentan dispone de la posibilidad de rotar sus mercenarios y mantenerlos en las mejores condiciones para el combate.
A los pueblos se les impone una guerra que atraviesa toda su existencia, que se convierte incluso en el eje alrededor del cual gira toda su existencia. Algunos de sus hijos asumen tempranamente esa dura realidad. Cuando el conjunto de un pueblo la asume, no hay fuerza que pueda derrotarlo. Así ocurrió en Vietnam, en China, en Cuba, en Nicaragua, en el África en pie de guerra contra las potencias coloniales.
Los revolucionarios conocen la crueldad y la barbarie terrorista con que los poderosos defienden a sangre y fuego sus privilegios y su saqueo. Y saben que, como el enfrentamiento, al que se ven empujados por esa barbarie y por su propia dignidad, es integral; el enemigo de los pueblos tampoco respeta a la familia de los insurgentes. Al contrario, el núcleo familiar de los insurgentes es un objetivo prioritario de sus ataques. Los militantes revolucionarios tienen familia, claro, aunque haya algunos a los que eso les parezca antinatural.Así lo vivimos durante las dictaduras de los 60 y 70 en Argentina; y así volvemos a verlo ahora, en distintos lugares de nuestra América en dónde los pueblos y sus vanguardias se alzan. Ocurre en Colombia y también en Paraguay, por ejemplo.Desde que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se alzó en armas el ataque de los distintos gobiernos a las familias de los combatientes ha sido permanente y sistemático.
El relato de las agresiones y crímenes que el Estado paraguayo ha cometido contra ellas es imposible en un corto espacio; baste recordar el crimen más reciente: la ejecución de Lilian y María Carmen Villalba, niñas de 11 años, hijas de guerrilleros.Ahora han capturado, cuando intentaba regresar a su hogar, en Argentina, donde vive desde hace más de 10 años, a la mamá y tía de esas niñas, hermana de Osvaldo, Liliana y Carmen, militantes del EPP.Laura Villalba no es combatiente; quedó atrapada, primero por la pandemia y luego por el cerco que las Fuerzas Armadas paraguayas y sus “asesores” colombianos y yanquis, tendieron alrededor de la zona en donde detectaron que estaban los familiares atrapados.Lo anunciaron recientemente: iban por las familias; sabían que allí no estaban solamente los combatientes y eso les permitiría mostrar “éxitos”, atacando a los no combatientes.
Ahora, la injusticia institucionalizada del poder judicial paraguayo caerá sobre ella; los medios ya están creando una imagen de Laura que no responde ni a veracidad ni a racionalidad.Laura no es una víctima, ni siquiera es inocente. Al poder que somete el Paraguay no le importa lo que hizo o dejó de hacer; y a nosotros tampoco. Ella eligió acompañar la lucha de sus hermanos, de sus amores; ella asumió el riesgo de estar allí. Sólo los idiotas piensan la realidad en términos del Código Penal. No se trata de si ella violó o no leyes; se trata de que, aun sin haberlo hecho, para la oligarquía paraguaya y sus sicarios ella es una criminal; y para nosotros, simplemente, una mujer de absoluta dignidad y entereza, una heroína –otra heroína–. Para nosotros, es una compañera ejemplar.
¡Libertad a Laura Villalba!
¡Libertad a todos las presas y presos políticos del Paraguay!
La justa protesta de la COOPI volvió
a la calle en Villa Carlos Paz //
Solicitaron la suspensión del
traspaso del agua hasta tanto se
garantice la continuidad de todos
los puestos de trabajo
Resumen Latinoamericano, 24 de diciembre de 2020.
La tercera jornada de recorridos de la comitiva municipal terminó con una nueva protesta de la COOPI en la municipalidad y en el Concejo de Representantes.
Inicialmente lxs trabajadorxs de la Cooperativa Integral se reunieron en el Centro Operativo de calle Paraguay para compartir vivencias y emociones sobre lo que había sucedido el día anterior cuando los funcionarios municipales lograron ingresar a las plantas potabilizadoras de Cuesta Blanca y de barrio La Quinta en Villa Carlos Paz.
La asamblea se hizo allí porque si bien no estaba determinado en el decreto 534 como un lugar a ser recorrido ese día, los funcionarios municipales habían afirmado el día anterior que intentarían ingresar considerando que el miércoles no pudieron hacerlo.
A media mañana llegó la confirmación que la comitiva no se dirigía allí sino a los lugares ya indicados en el decreto. Esto es: estaciones de bombeo y tanques de reserva.
El presidente de la Cooperativa Integral, Adolfo Mena, junto al coordinador general de los servicios de agua y cloacas José Ipólito y al asesor letrado Juan Carlos Antonino fueron los encargados de seguir a la comitiva que en esta oportunidad estuvo integrada por los abogados Darío Pérez y Ramón Montenegro, el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental Gustavo García Setti y el director de Obras Públicas, Luis Piñero en representación de la municipalidad.
El primer punto de encuentro era la estación de bombeo de calle Maipú. Allí hubo un desencuentro. Los municipales llegaron primero y comenzaron a labrar el acta sin la presencia de ningún representante de la COOPI. Cuando se encontraron en la estación de bombeo de calle Tokio, se recriminaron actitudes. Allí los representantes de la Cooperativa consultaron a los municipales si tenían a orden judicial (ya se había dejado en claro que sin esa documentación no ingresarían puesto que la COOPI objetó cada día el procedimiento municipal por considerar que hay plazos procesales que no se están respetando). https://archive.org/embed/jose-ipolito-18-12-2020
“Estamos a disposición. Si tienen la orden correspondiente, les habilitaremos el ingreso para que vean qué hay y que todo está funcionando”, expresó José Ipólito.
Los municipales no tenían la orden judicial, por ende se tuvieron que ir sin poder ingresar a las estaciones de bombeo. No obstante siguieron el recorrido por los tanques de reserva barrial de calle Matacos (en barrio Costa Azul) y de barrio La Quinta. En este caso como se trata de predios que son de acceso público, hicieron la inspección sin presencia de representantes de la Cooperativa Integral.
Tras conseguir la orden judicial una vez más emanada por el fiscal Ricardo Mazzuchi, pasado el mediodía volvieron a la estación de bombeo de calle Maipú para poder ingresar y ver los detalles técnicos de las bombas y tableros eléctricos que hay en el lugar. Esta vez, la comitiva vino acompañada por agentes de la policía de Córdoba y de la Guardia de Infantería. Es que la notificación de fiscalía decía –como sucedió en los días anteriores- que de existir alguna negativa se haría uso de la fuerza pública.
Al finalizar el recorrido, VillaNos Radio pudo dialogar con el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Gustavo García Setti quien dijo que se pudo constatar que las dos estaciones de bombeo “funcionan de manera correcta”. https://archive.org/embed/gustavo-garcia-setti-18-12-2020
“Pude sacarle foto a los motores para ver as características, las válvulas de presión. Pude observar y ver el estado de funcionamiento correcto”, insistió.
En cuanto a los tanques de reserva, el funcionario detalló que primero fueron a la cisterna de calle Matacos en la cual detectaron algunas “cuestiones estructurales”. Y aclaró: “Yo no estuve en la construcción de esa cisterna y me resulta difícil poder apreciar si hay deficiencias o no. Ha tenido perdidas y en la mayoría se han subsanado. Hay dos paredes que han sufrido, probablemente por una carga excesiva de agua y a lo mejor por alguna cuestión estructural. Pero insisto, desconozco porque yo no estuve en la construcción. Pero si, hay un movimiento de dos paredes que se ven desde arriba. Se ve un desplazamiento. Hay que hacer un estudio para ver si es necesario algún tipo de resguardo”, dijo.
Vale recordar que la construcción de esa cisterna fue otorgada a una empresa privada (X-Diseño –Yael Pérez Machado). La COOPI se había presentado a la misma licitación.
En cuanto al tanque de barrio La Quinta, el funcionario dijo que pudieron y comprobar que “el funcionamiento es el adecuado” y que hay alguno detalles menores como el cerco perimetral en mal estado. Vale mencionar que la construcción del tanque de barrio La Quinta también fue hecha durante la gestión de Carlos Paz Unido. En este caso, los trabajos se le otorgaron a otra empresa privada (Carlos Martínez Construcciones).
Consultado sobre cómo sigue la cuestión, el funcionario dijo que “quedó pendiente ir a los talleres de Paraguay”. “Los abogados indicarán en qué momento les parecerá mejor a ellos. Obviamente tendrán que tener la orden de fiscalía para poder ingresar. Me interesa ir ahí para ver los sistemas de telemedición”, dijo.
Explicó además que el jueves no pudo ir a la planta potabilizadora de Cuesta Blanca por motivos personales. Afirmó que desde hace tiempos quiere ir y que no ha podido “por pertenecer a la municipalidad”. No obstante, desde la COOPI aclararon que el profesional no ha pedido en ningún momento recorrer el lugar.
“Para mí, como ingeniero, me resulta interesante porque es la base del sistema de agua. Estar verificando que el sistema funciona correctamente me resulta muy importante. Veremos que nos indican los abogados para ver cómo seguir con el procedimiento”, afirmó.
Manifestación en la municipalidad y en el Concejo. Cuando se confirmó que la comitiva municipal finalmente no iría al Centro Operativo Paraguay, lxs trabajadores de la COOPI decidieron en asamblea volver a expresar su rechazo a la decisión que pretende ejecutar el gobierno de Carlos Paz Unido.
El planteo fundamental es que el servicio de agua que brinda la COOPI es de calidad, de modo que no hay razones para plantear el traspaso a la esfera municipal. A esto se suma que hasta el momento el municipio no ha especificado que sucederá con las fuentes de trabajo que hoy sostiene la cooperativa.
Solicitaron la suspensión del traspaso del agua hasta tanto se garantice la continuidad de todos los puestos de trabajo
Más de cuatro horas se extendió la audiencia concretada este lunes en la sede del Ministerio de Trabajo, en el marco de conflicto por el servicio de agua.
En representación de la municipalidad estuvieron los abogados Darío Pérez y Marcelo Di Pietro; en representación de la COOPI el gerente general Rodolfo Frizza y el asesor letrado Aníbal Martínez; por el SIPOS estuvieron el secretario general Gustavo Valdez y el responsable de Prensa y Comunicación del gremio Jorge Boido.
En la audiencia el municipio dijo que enviaría al Concejo de Representantes un “instrumento” para absorber a lxs trabajadorxs de la COOPI, aunque no precisó de qué se trata y qué tipo de tratamiento requerirá para abrirse paso en el cuerpo legislativo.
“La situación es complicada. Cuando parece que logramos avanzar un poquito, no en grandes decisiones y definiciones sino que entiendan de que se trata dejar cientos de trabajadores en la calle. Cuando parece que avanzamos, aparece alguna actitud o planteo y volvemos a foja cero. No entienden nada, no les interesa nada”, dijo Valdez en asamblea al terminar la reunión.
Sostuvo que “lo novedoso” es que los representantes municipales dijeron que la absorción de lxs trabajadorxs se haría a través de la sanción de una ordenanza. “En la propuesta va implícito reconocer que no es el intendente quien puede resolver incorporar a los trabajadores de la COOPI en las condiciones de legalidad y con respeto en sus derechos laborales adquiridos”, manifestó el gremialista. https://archive.org/embed/gustavo-valdez-21-12-2020
Además detalló que se le ha solicitado al Ministerio de Trabajo que intime al municipio para que suspenda el proceso de traspaso del servicio hasta tanto no traigan el proyecto donde se detalle cómo van a resolver la continuidad de los puestos de trabajo.
“Seguimos sosteniendo que tienen que incorporar a todos y todas las trabajadoras. Hasta que no tengan la ordenanza, no pueden seguir avanzado en el proceso de toma del servicio”, dijo y remarcó: “No hay 26 de febrero, no hay recepción provisoria sino está resuelta la situación de todas y todos los trabajadores”.
La postura de la COOPI fue en la línea de cuestionar todo el proceso y enfatizó: “La única prestadora capaz de sostener la cantidad y calidad de puestos de trabajo es la cooperativa. No hay otra alternativa”.
En cuanto a los cuestionamientos de la municipalidad sobre la cantidad de trabajadorxs que hoy tiene la institución, Frizza contestó que es un orgullo seguir generando trabajo y que eso no puede ser un cuestionamiento. Y agregó: “Tenemos una ciudad que crece promedio un 3% anual. Cada año se incorporan más conexiones, más usuarios, más servicios. También crecen los reclamos porque sigue la obsolescencia de la cañería, merced a que ellos siguen sin aprobar los planes directores”.
La COOPI también planteó en la audiencia que en función de la presentación hecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cesen con todo el proceso. “Esta presentación tiene que ver con el avasallamiento de los derechos humanos. Les dijimos que no pongan en riesgo las responsabilidades del Estado municipal, provincial y nacional”, dijo Frizza. https://archive.org/embed/frizza-y-martinez-21-12-2020
También se le solicitó al Ministerio de Trabajo que interceda para generar una instancia de diálogo. “El proceso de diálogo ni siquiera está comenzado. Lejos está de estar agotado”, subrayó recordando la cantidad de veces que lxs sucesivxs presidentes de la COOPI (Edith Manera, Alicia Clerico y hoy Adolfo Mena), solicitaron ser recibidos.
Por su parte, el abogado Aníbal Martínez dijo que todo el traspaso del servicio de agua a manos municipales fue tildado de nulo e ilegal.
Sostuvo también que la propuesta de la que habló el municipio en la audiencia es lo mismo que vienen diciendo desde el 2016, sin embargo el “instrumento” no aparece. “Hoy ha sido una demostración vaga. Lo único que manifestaron es tener la voluntad política de llevar al Concejo un proyecto para la incorporación de todos los trabajadores, aunque eso también hay que ponerlo en tela de juicio porque se sigue hablando de cifras muy inferiores”, explicó el letrado.
En esa línea remarcó que la COOPI dejó expreso que en lugar de estar hablando de la continuidad de las fuentes de trabajo, hay que hablar de un nuevo contrato de concesión.
A pura provocación, el municipio inspeccionó las plantas potabilizadoras
Tras exhibir una orden judicial y acompañados por la policía, funcionarios municipales ingresaron el jueves a la planta potabilizadora de agua de Cuesta Blanca que desde hace 57 años opera la Cooperativa Integral.
Era la primera vez que los funcionarios municipales se presentaban en el lugar.
Desde bien temprano, lxs trabajadorxs de la COOPI estaban en el lugar expresando su rechazo a la medida, en estado de asamblea y quita de colaboración. La notificación de fiscalía decía que si se negaban a dejar pasar a la comitiva municipal se haría uso de la fuerza pública y se incurría en un delito, sin especificar cuál.
Los primeros en ingresar fueron los abogados de la municipalidad Darío Pérez y Ramón Montenegro. Desde la Cooperativa impugnaron el procedimiento diciendo que hay plazos procesales abiertos. El dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha llegado al Tribunal Superior de Justicia y menos a la Cámara Contencioso Administrativa, que es quien debe autorizar el desarrollo de los pasos administrativos del eventual traspaso del servicio de agua a la esfera municipal.
Tras ello, los abogados de la municipalidad se retiraron de la planta para habilitar el ingreso de la comitiva municipal que se había especificado en el decreto 534/2020: el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental Gustavo García Setti (finalmente no estuvo por razones familiares), el subsecretario de agua y saneamiento Roberto Cotti, el vocal del Tribunal de Cuentas Salvador Insigna, el director de Servicios Públicos Germán Rivero y director de Obras Públicas, Luis Piñero.
La presencia de Cotti e Insigna fue fuertemente repudiada. Vale recordar que fueron empleados de la COOPI y fueron desvinculados. En el caso de Cotti fue despedido al comprobarse que había utilizado infraestructura de la cooperativa para beneficio propio. No contento con ello, demandó a la institución y el Poder Judicial ratificó que se trató de un despido justificado. “Corrupto, ladrón”, le gritaban con bronca lxs trabajadorxs de la COOPI.
Desde la COOPI consideraron que esto fue un acto de provocación.
La comitiva también se hizo presente en la planta potabilizadora de barrio La Quinta, en Villa Carlos Paz. En este caso, la policía le dijo a Roberto Cotti que no ingrese al predio.
En el lugar, el asesor letrado de la Cooperativa Integral, Juan Carlos Antonino, aclaró que los funcionarios municipales podrían haber recorrido las instalaciones hace años, porque se trata de una facultad del ente concedente. Sin embargo, decidieron hacerlo en este momento donde pretenden avanzar con el traspaso del servicio de agua a la esfera municipal.
“Evidentemente lo hacen ahora como inicio de un procedimiento de retomar el servicio que nosotros hemos objetado y hemos instaurado otras acciones, la última ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de la que vamos a interponer ante las autoridades judiciales locales”, expresó.
La COOPI está dejando constancia en acta de las objeciones a cada recorrido que está haciendo la comitiva municipal. En este sentido, Pablo Conci, trabajador y delegado del SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias) recordó que en todo este proceso jamás se puso en cuestión la calidad del servicio. https://archive.org/embed/pablo-conci-17-12-2020
“Los propios funcionarios municipales han dicho que no está en discusión la calidad del servicio. Entonces, si eso no está en discusión, le pedimos por favor que nos dejen trabajar en paz. Si tienen diferencias, que se sienten a hablar como lo hemos convocado en muchísimas ocasiones, pero no están dispuestos a hacerlo”, expresó.
Solo podrán reclamar vacantes en
las escuelas porteñas quienes no
puedan pagar un privado
Resumen Latinoamericano, 24 de diciembre de 2020.
El Gobierno de la Ciudad no cesa en su decisión de recortar la educación pública. Luego de que en la Legislatura porteña se aprobó el presupuesto 2021 enviado por Horacio Rodríguez Larreta, que establece un ajuste del seis por ciento contra la educación, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) falló contra las familias que reclaman una vacante para sus hijos en las escuelas públicas, al declarar inconstitucional que se exija a las autoridades porteñas la obligatoriedad de las vacantes en la escuela públicas.
Además, el máximo tribunal porteño determinó que solo deberían hacer el reclamo por la vía judicial aquellos familiares que no puedan abonar la matrícula en la educación privada.
La causa se había iniciado en 2018, cuando una madre quiso anotar a su hijo de dos años en un establecimiento educativo público de la Ciudad y, en caso de no conseguir vacante, que fuera subsidiada en un jardín privado. Al momento de la inscripción online, el Gobierno de la Ciudad no le brindó ninguna de las dos opciones, por lo que el niño quedó en «lista de espera».
En este sentido, la madre denunció que las autoridades no garantizaron el derecho a la educación de su hijo, amparándose en el artículo 24 de la Constitución porteño, que establece que «la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior». La Ciudad contestó la demanda, al indicar que los procesos de inscripción no caducan y que el «reacomodamiento» de las vacantes «sigue vigente».
El conflicto se extendió, con fallos de un juez de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario -que le dio la espalda a la postura del CGBA-, hasta el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal de la Justicia porteña. Allí en un voto casi unánime (cuatro votos a favor, y solo Alicia Ruiz en contra) el órgano judicial desestimó la denuncia de la familia sin vacante.
De este modo, el TSJ dispone que solo pueden exigir la obligatoriedad de las vacantes al gobierno de la Ciudad quienes no puedan afrontar una cuota de un establecimiento privado. En la resolución, además, los jueces agregaron que las demandas por vacantes no deben ser individualizadas, sino que deberían estar agrupadas en una demanda colectiva en una ONG (la elegida fue Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).
«Echando mano al poder judicial, Horacio Rodríguez Larreta está convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en el “reino del revés”, con jueces que ignoran leyes y emiten sentencias contrarias a la Constitución porteña, y un Ministerio Público Fiscal que denuncia y amedrenta enviando patrulleros a las casa de las y los docentes que defienden el Estatuto que protege sus derechos», expusieron, en un comunicado, la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE).
Envio:RL
Boudou: "Cristina es la principal perseguida política de la
Argentina"
El ex funcionario recordó a los presos políticos que aún siguen
detenidos en el país.
25 DE DICIEMBRE, 2020
El ex vicepresidente Amado Boudou volvió a pedir por los "presos políticos que hay aún hoy en Argentina" y advirtió sobre la persecución que aún persiste sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner.
"Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la principal perseguida política de la Argentina”, apuntó el ex funcionario en diálogo con El Destape Radio y recordó: "El año pasado pasé Navidad detenido en el penal. Ahora estoy detenido pero en casa. Y la pude pasar con Mónica y mis hijos. Poder estar con mis hijos, leerles un cuento, despertarlos cada mañana, es algo que me estaba perdiendo".
Por otra parte, Boudou habló de la llegada de la vacuna Sputnik V al país. Destacó que "su llegada es algo extraordinario" y criticó que desde la oposición y medios hegemónicos "le quieren bajar el precio a la llegada de la vacuna cuando es una salida que nos llena de esperanza".
"La vacuna nos va a permitir recuperar una vida de abrazos y besos", remarcó Boudou. Además, señaló que "Argentina es uno de los países que más dosis recibe y tiene una logística preparada para empezar vacunar" y advirtió que "es increíble la postura de algunos sectores de la política y los medios ante la llegada de la vacuna".
En otro orden, el ex ministro de economía aseguró que "hay grandes oportunidades para el 2021" y destacó que "el Gobierno se ocupó de sostener los ingresos de parte importante de la población y de la salud". "Lo que tiene que suceder para que tengamos un crecimiento es que suban los ingresos de la población y que baje la tasa de interés. Hay que proteger la industria nacional y terminar con la idea de que con el modelo del sector agroexportador vamos a salir adelante", aseveró.
Por otro lado y sobre el manejo de la pandemia, Boudou ponderó: "El sistema de salud estaba destruido. La primera parte de la cuarentena se usó para que no colapse el sistema sanitario". Además agregó que "el gobierno anterior no quería abrir hospitales ni escuelas".
Fuente:ElDestape
Más de 100 mil bonaerenses ya se inscribieron para recibir la vacuna: los requisitos
Cómo te inscribís y cuáles son los requisitos
Más de 100 mil bonaerenses se anotaron vía online para recibir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, que comenzará a aplicarse a partir del lunes, según informaron fuentes oficiales.
La inscripción se realiza a través de la web habilitada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires: https://www.gba.gob.ar/vacunate/.
En la página “Buenos Aires Vacunate” hay que completar los datos personales de cada interesado y el sistema otorgará un turno.
Asimismo, se aclara que es un plan público, gratuito y optativo, y habrá 313 puntos de vacunación exclusivos en todo el territorio provincial.
Para la primera etapa de vacunación, se deberá tener entre 18 y 59 años y poder acreditar enfermedades preexistentes, o ser mayor de 60, trabajar en el sistema de salud, ser policía, docente o auxiliar.
La web detalla como dolencias preexistentes las enfermedades pulmonar crónicas, las enfermedades renal crónicas, las enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad.
También se detallan los efectos que puede causar la aplicación, como fiebre, dolor de cabeza, hinchazón, y dolor, picazón y enrojecimiento en el lugar de aplicación, cansancio, pérdida de apetito, escalofríos, sudoración, dolor muscular y dolores articulares.
Los primeros en recibir la vacuna este lunes en el Hospital San Martín de La Plata serán el gobernador Axel Kicillof, un médico terapista y dos enfermeras, tras lo cual la prioridad se dará al personal de salud afectado a los cuidados intensivos.
La Argentina recibió el jueves las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya, de un total de 20 millones acordadas con el Fondo de Inversión Rusa que llegarán en los próximos meses.
Fuente:Diagonales
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