La Legislatura bonaerense sancionó el primer presupuesto de Kicillof
Prevé un gasto aproximado de 2 billones de pesos para el próximo año, con una “inversión inédita” en obra pública.
Tras intensas negociaciones, la Legislatura bonaerense aprobó esta madrugada el primer presupuesto de Axel Kicillof y la ley impositiva para el 2021. Un fondo de 12 mil millones para obras y la prórroga de un año en la devolución de un préstamo otogado a los municipios fueron los dos cambios que zanjaron el acuerdo con Juntos por el Cambio, que tiene mayoría en el Senado.
La ley de leyes contempla gastos por 1,9 billones de pesos, un endeudamiento de 65 mil millones de pesos y un plan de obra pública con el que aspira a reactivar la economía tras la pandemia. La ley fiscal, en tanto, prevé una suba de hasta el 32% para los impuestos inmobiliario y automotor para el 99% de las partidas.
Luego de semanas de negociación, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio llegaron ayer a un acuerdo que permitió el tratamiento en ambas cámaras. El cambio que allanó el camino fue la introducción del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) por 12 mil millones de pesos para que los municipios definan obras de alcance local. Ese fue el reclamo central de los intendentes de la oposición, aunque también era compartido por los del Frente de Todos.
El texto incorporado al presupuesto establece que ese fondo se utilizará para "financiar obras de infraestructura en materia hidráulica, vial, de energía, de transporte, de vivienda, sanitaria y hospitalaria y de arquitectura y que en ningún caso el Municipio podrá utilizar los fondos percibidos en gastos corrientes".
Además, para garantizar la llegada en tiempo y forma de los fondos, se incorporó un cronograma para el envío de los recursos que determina que el Poder Ejecutivo deberá girar un anticipo del 30% antes del 31 de marzo de 2021 y un 20% adicional antes del 30 de junio de 2021.
El segundo cambio fue la prórroga en la devolución de los 4500 millones de pesos que el Ejecutivo le prestó a las comunas -como parte del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal- para afrontar el pago de sueldos en la pandemia. Ese dinero debía ser devuelto en enero y ahora se postergó hasta diciembre de 2021.
La discusión que se aplazó para marzo es la de los cargos. Juntos por el Cambio reclama 25 cargos en organismos de control y empresas del Estado. Kicillof está dispuesto a negociar pero le pidió a Vidal -con quien negoció en las últimas semanas este tema mano a mano- que el procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand, renuncie a ese cargo. Allí no hubo acuerdo y por eso, de momento, el tema pasó para 2021.
El tratamiento
El debate comenzó en Diputados y luego pasó al Senado, donde la oposición quiso introducir nuevos cambios en dos artículos -relacionados con la tarifa social de gas y con el consenso fiscal- pero que se cayeron al volver a la cámara baja por falta de mayoría. Es decir que quedaron ratificadas las dos leyes en su versión original.
En la cámara baja, quien defendió el proyecto por el oficialismo fue el diputado Juan Pablo De Jesús, titular de la Comisión de Presupuesto quien aseguró que en el presupuesto "está claro cuáles son las prioridades" de la gestión de Kicillof. "Se han aceptado solicitudes y una garantía que ningún municipio va a recibir menos de un 30 por ciento que este año, lo cual le da certidumbre a la gestión local", acotó.
Por Juntos por el Cambio, el diputado Daniel Lipovetzky, criticó el reparto de los fondos a los municipios que se hizo este año para defender los cambios que propusieron en el Fondo de Infraestructura 2021. "Siempre nos preocupa la discrecionalidad, las transferencias automáticas debían tener una base de coparticipación. Eso no fue incluido. El dibujo fue el FIM de este año que nunca fue cumplido por el Gobierno provincial", sostuvo.
En cuanto a la ley impositiva, apuntó: "No vemos una ley fiscal que enfoque en la reactivación productiva, que va a ser necesaria. La generación de empleo es clave estas cosas deberían ser enfocadas y no las encontramos".
En la Cámara alta, el senador del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Feliú, fue quien abrió el debate al presentar ambos proyectos. "Este presupuesto revaloriza la propuesta de los intendentes que exista un fondo específico para obras que se suman a los que se distribuyen automáticamente con un criterio combinado entre CUD e ingresos de cada municipio. El gobernador tomó nota del reclamo, del pedido y hoy aquí lo estamos plasmando", dijo y sostuvo que se trata de "un presupuesto sin ajuste, sin distinción de banderías políticas y a la altura de las circunstancias".
Por la oposición, el senador Andrés De Leo sembró dudas sobre la inversión proyectada en obra pública. "Este proyecto viene a hablar de una gran inversión en materia de obra pública, pero vemos indicios de difícil cumplimiento y una gran discrecionalidad en el modo en el que se reparten. Como primer antecedente, estamos frente a un presupuesto proyectado con una inflación del 29%", afirmó.
También puso sus reparos sobre el endeudamiento al acotar que "pidieron una autorización para endeudarse en pesos o en moneda equivalente. Gran parte de los vencimientos de deuda para 2021 fue tomada durante los gobiernos de Daniel Scioli y Felipe Solá y cabe destacar que el vencimiento de tasa más baja es el de María Eugenia Vidal".
El gobernador Axel Kicillof celebró esta mañana la aprobación de su primer presupuesto, ya que a lo largo de este año gobernó con una prórroga del presupuesto 2019, el último de Vidal. "En un acto de responsabilidad institucional, la Legislatura bonaerense debatió y aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal 2021", posteó en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Esto nos permite marcar el camino para la reconstrucción de la Provincia".
Sostuvo también que la ley de leyes busca dar respuesta a los problemas de los bonaerenses y agradeció a los diputados y senadores. "Con una fuerte inversión en infraestructura y una propuesta de financiamiento responsable y sostenible, sentaremos las bases para la recuperación del entramado productivo y para dar respuestas a las necesidades de las y los bonaerenses".
ParTE, quiénes juegan en el espacio que crece dentro del Frente de Todos
Es el sello partidario dentro de la coalición oficialista que en su momento encabezó Alberto Fernández, para participar en distintos turnos electorales. Quiénes lo integran y con quiénes dialogan.
Se acerca el comienzo del año electoral y ya se sienten los por ahora subterráneos pero constantes movimientos dentro del Frente de Todos. El presidente Alberto Fernández siempre se mostró reacio a construir un movimiento político propio, nunca quiso crear el “albertismo”. El Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE), que en su momento encabezó el actual presidente para participar en distintos turnos electorales, este año logró extenderse a todo el país.
La presentación en la calle se hizo el día del Militante peronista, el 17 de octubre. Allí, el presidente de este partido, el legislador porteño, Claudio Ferreño, participó de la caravana de apoyo al presidente que se dirigió al Obelisco y al Congreso. Este jueves, Ferreño se reunió con dirigentes del Movimiento Evita para construir puentes con miras a las elecciones del año que viene. A la legislatura porteña fueron los dirigentes Fernando "Chino" Navarro, Emilio Pérsico y Jonathan Thea. “Durante el almuerzo intercambiaron opiniones sobre la realidad política nacional y la tarea conjunta a desarrollar en CABA”, dijeron fuentes partidarias.
“Tenemos diálogo con todo el mundo. Estamos consolidando el partido en todas las provincias, con objetivo de sumar, no para dividir. Consideramos que va a haber gobierno del Frente de Todos por muchos años porque se están haciendo las cosas bien", dijo Claudio Ferreño a Tiempo.
Fuentes partidarias aseguran que el Partido ParTE, en la ciudad de Buenos Aires, ya cuenta con cerca de 6000 afiliados para intentar ser un espacio más dentro del Frente de Todos. "El partido se nutre de compañeros y compañeras que vienen trabajando desde hace muchos años", aseguraron fuentes de ese espacio a Tiempo.
Alberto Fenrández armó este espacio político en mayo de 2012, pero recién obtuvo su registro como fuerza política nacional el 15 de mayo de 2017, en plena aventura randazzista. Ahora, en las provincias, pero también en los municipios del conurbano, el armado está a cargo de algunos nombres conocidos. En Tierra del Fuego, la ex gobernadora y ahora diputada Rosana Bertone se sumó al espacio. Lo mismo pasó con la diputada Carolina Gaillard en Entre Ríos y con la senadora Magdalena Odarda de Neuquén. También se sumó el actual vicegobernador de Salta, Antonio Marocco. En Tucumán, la diputada provincial Sandra Mendoza, cercana al gobernador, está en el armado de ParTE
En Tigre, la construcción política está a cargo de la hija del intendente Julio Zamora, Gabriela Zamora. También tienen diálogo con los dirigentes más “albertistas” como Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham y su par de San Martín Fernando Moreira, ambos afiliados al PJ.
Fuente:TiempoArgentino
25.12.2020 / Especiales
El 2020 de Todos: la pandemia heredada y el coronavirus que cambió todo, los logros y desafíos para la reconstrucción
Pasaron 380 de los 1.461 días que el peronismo, a través del FDT, tiene para gobernar la Nación y la Provincia BA después de la pésima herencia recibida -según todos los datos- y la sorpresa por la inédita llegada del coronavirus que obligó a borrar los mapas que guiaban el rumbo y dar un golpe de timón. Promesas cumplidas, medallas parciales y desafíos para el 2021 electoral.
por Marcelo Rielo
El binomio de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional y Axel Kicillof y Verónica Magario en la Provincia de Buenos Aires llegaron al gobierno de la mano de la unidad peronista del Frente de Todos hace exactamente 380 días, el 10 de diciembre de 2019, con un reducido pero robusto número de prioridades y promesas explicitadas en cada uno de sus discursos de campaña: recuperar el rol del Estado para resolver inequidades, poner en marcha la economía, desendeudar al país, acabar con las arbitrariedades judiciales -o lawfare- para intervenir la política y limitar así el ejercicio de la democracia y -fundamentalmente- terminar con el hambre en la Argentina.
Es que el país, tras los cuatro años de administración de Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio-, quedó en condiciones verdaderamente malas a partir de los datos objetivos que arrojó la gestión del INDEC de ese espacio político: Mauricio Macri y María Eugenia Vidal aumentaron el desempleo, la inflación, la pobreza y el endeudamiento en la Argentina, las inversiones no llegaron, los recursos destinados a áreas clave como la educación, ciencia y tecnología o a la salud decrecieron, y el desempeño de la Justicia la colocó como el poder público que menos confianza genera en la población, lawfare mediante.
Sólo tres meses pasaron de la asunción, y el presidente Fernández se quedó sin más opción que dedicar prioritariamente la gestión a la inédita y entonces más desconocida que hoy pandemia provocada por una enfermedad ignota, el coronavirus, que descolocó el programa de gobierno y obligó a volantear para postergar contagios, fortalecer el sistema sanitario del país y lograr soportar de la mejor forma posible según las características específicas del país el paso de la enfermedad.
En territorio bonaerense las cosas no fueron mejores ni menos sorprendentes, pero con las particularidades de una Provincia postergada y con características sociopolíticas sin igual. El gobernador Kicillof enfrentó los mismos desafíos, pero entreverados por conflictos que hubo que resolver de todo tipo y gravedad, que incluyen desde huelgas de hambre en cárceles que recibió hacinadas hasta el paro con piquetes y amenazas antidemocráticas que realizó la Policía Bonaerense a mitad de año en reclamo de salarios dignos luego de años de que sus ingresos perdieran con la inflación.
Sólo días después de su discurso inaugural en que presentó su mapa y sus promesas anuales ante el Congreso, el 1 de marzo, el Presidente debió reformular abruptamente su agenda de gobierno y volcar todos los esfuerzos estatales a combatir los efectos del coronavirus en el país.
En medio -más allá del fortalecimiento del sistema sanitario, la presentación de programas robustos de soluciones habitacionales y obra pública récord, y números en la economía que empiezan a acercarse a la prepandemia-, Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, lograron el golazo de la reestructuración masiva de la deuda privada en moneda extranjera.
Pasaron nueve meses de declarados primero el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y luego el DISPO en todo el país. Hubo restricciones inéditas -en el mundo- a la circulación, se cerraron fronteras y se suspendieron las clases presenciales.
Desde el primer caso de coronavirus confirmado en el país el 3 de marzo, diciembre 2020 termina con la pandemia en la Argentina en cifras que superan el millón y medio de positivos de Covid-19 y los 42 mil muertos, con predominio en este último caso de adultos mayores.
Así, el Gobierno encara el fin de año preocupado por un posible rebrote de casos, tras el amesetamiento de contagios que se había logrado en las últimas semanas que llevó a una flexibilización de las medidas, y nuevas restricciones ante el riesgo de nuevas cepas que castigan a Europa.
A esto se suman las gestiones contrarreloj para que la vacuna rusa Sputnik V llegara al país antes de Navidad y se comience en la previa del 2021 el proceso de inmunización de los trabajadores de la salud, la seguridad y la educación, y la población de riesgo, que serán los primeros en ser inoculados.
Hay incógnitas y desafíos, algunos muy postergados y otros avanzados pero empantanados: la legalización del aborto espera con su media sanción que el Senado la convierta en ley el 29; el retorno al modelo de movilidad jubilatoria del kirchnerismo aguarda también para ser votado el mismo día pero en Diputados; la reforma judicial de la justicia federal espera sin precisiones el tratamiento de la Cámara baja; y el Gobierno encara el último tramo de la trascendental negociación con el FMI para corregir y reprogramar el pago de la deuda que heredó de Macri y condiciona el destino del país.
LA PANDEMIA CONOCIDA
“Si nosotros revisamos los primeros cinco meses de la Argentina de 2020 en términos laborales, producto del ATP y todas las medidas como prohibición de despidos, doble indemnización, a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri”, sentenció el presidente Fernández en agosto.
Los números oficiales que, valga la redundancia, también heredó la gestión de Cambiemos son terminantes: muestran que los argentinos se empobrecieron en 2015-2019, debieron más dinero, quedaron alcanzados por menor protección por parte del Estado, perdieron más empresas que nunca y los ciudadanos tuvieron más problemas de inflación y empleo que entre 2004 y la llegada de Macri a la Casa Rosada.
Esa afirmación del jefe de Estado, que se presenta muy fuerte respecto de su antecesor en el cargo, se sostiene principalmente en que sin coronavirus y sólo como consecuencia de los planes económicos de ex funcionarios como Alfonso Prat Gay, Federico Sturzenegger, Lucas Llach, Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Alberto Abad y Guido Sandleris, los salarios y el empleo registrado sufrieron más entre enero y mayo de 2019 (a partir del segundo semestre la economía empezó a mejorar intermensualmente) que en los mismos meses de 2020.
En la campaña electoral que le llevó al poder en 2015, Macri prometió “pobreza cero” y sostuvo que bajar la inflación era "la cosa más fácil del mundo", evidencia de los errores de un Gobierno. Bastaba con el shock de confianza que provocaría su presencia en la Casa Rosada para recibir "una lluvia de dólares" en inversiones, decía.
Sin chicanas, eso no pasó: Cambiemos recibió de las gestiones de CFK un PIB de 643.000 millones dólares y le entregó al peronismo con Fernández al frente uno de 450.000 millones. La actividad económica cayó al menos un 4,5% en cuatro años, con sólo uno (2017) de cuatro ejercicios en positivo.
Antes de la pandemia, Naciones Unidas para el desarrollo regional (Cepal) prevía una caída del 3% 2020. Por la pandemia, será de entre 10 y 12 puntos. La pérdida del valor del peso reflejó la tierra devastada que precedió al virus y las medidas para contener su avance: en diciembre de 2015 un dólar se cambiaba por 12,9 pesos, en el mismo mes de 2019 valía 63, más parecido que nunca a Venezuela.
La inflación del gobierno de Macri fue la más alta en tres décadas, al superar el 300%. Su último año de mandato acumuló una suba de precios de 53,8%, la mayor desde 1991. Este dato y la recesión dispararon los índices de pobreza y desempleo.
El porcentaje de población por debajo de la pobreza pasó del 29% de fines de 2015 al 40,8% de junio pasado, número que fue el más alto desde la crisis de 2001 según los datos estimados por la Universidad Católica, para eludir cuestionamientos respecto de algunos momentos del INDEC.
Esto significa que Cambiemos incrementó la pobreza en más de 10 puntos en sólo cuatro años sin la catástrofe que significa una pandemia. Según la UCA, el tercer trimestre de este año, con las medidas más estrictas superadas, terminó con un 44,2% de pobres en el país, es decir poco más de cuatro puntos arriba de lo recibido.
Kicillof no recibió una situación mucho mejor en la Provincia de Buenos Aires. La deuda bonaerense, por ejemplo, aumentó durante la gestión de María Eugenia Vidal un 431%, 130 puntos por encima de la inflación acumulada en esos cuatro años, según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).
En su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura, el mandatario provincial describió al cuadro para atender los servicios de la deuda como “impagable” y habló de “abandono” y “tierra arrasada” para describir la herencia recibida.
Vidal entregó la gobernación con un déficit financiero estimado de 50.000 millones de pesos. La provincia pasó de participar de un 18,8 a un casi 23,0% en la renta federal. Tuvo más recursos de coparticipación y con la compensación especial (actualización del fondo del conurbano), las cuentas fiscales igual terminaron en rojo.
No creó puestos de trabajo y la tasa de desempleo del conurbano terminó como una de las peores del país, con el 12,% en el segundo trimestre de 2019. Así, tampoco bajó la pobreza. Deterioró patrimonialmente al banco provincial. No construyó las rutas prometidas ni amplió la red de cloacas. Subejecutó líneas de créditos otorgadas por organismos financieros internacionales para obras de infraestructura. No mejoró la infraestructura escolar y la salud pública fue desfinanciada. No bajó sensiblemente el delito ni se consiguieron resultados concretos en la lucha contra las mafias. Sí se pagó multimillonaria pauta publicitaria, de la que no se dejaron registros claros.
Sobre llovido mojado, dice el proverbio. La situación en la que termina el primer año de Alberto y Kicillof es más grave porque las caídas de este año a causa de la Covid-19 se montan sobre los últimos dos años de Macri y Vidal, cuando la pendiente fue vertiginosa, intencional y con errores no forzados también.
LOGROS A PESAR DEL CORONAVIRUS
El primer elemento que jugó el Gobierno nacional, seguido al unísono por las gestiones provinciales y locales, fue una rápida respuesta con medidas adoptadas a poco de llegado el virus al país.
Esas determinaciones -que incluyeron el cierre de las fronteras hacia el exterior y el ASPO, más conocido como “cuarentena estricta”, hacia el interior- lograron que incluso en peor momento del brote, se gane tiempo y el sistema de salud estuviera preparado y con margen para garantizar la atención a todas las personas contagiadas.
Un dato concreto es que en todo 2020 no hubo desbordes ni colapsos sanitarios como se observaron en otras partes del planeta -léase Italia, España, Reino Unido e incluso los Estados Unidos, entre otros-, a pesar del estado en que se encontraba -y todavía se encuentra- el sistema de salud argentino.
El jueves 19 de marzo, tras una reunión con varios gobernadores, el Presidente anunció que desde esa medianoche el país entraba en una cuarentena estricta para mitigar la propagación del virus.
"Las personas deberán permanecer en sus casas y salir sólo para lo necesario", remarcó Fernández ese día. El lema, que funcionó profundamente en la primera etapa, fue "Quedate en casa".
En los primeros meses, el Gobierno nacional se dedicó a fortalecer el sistema sanitario nacional: se construyeron 12 hospitales modulares de emergencia, se incrementaron las camas de terapia intensiva y se creó un fondo especial para equipar de insumos a los centros asistenciales.
Sin embargo, en la Argentina ocurrió algo similar a lo sucedido en el resto del mundo: las restricciones impuestas por la crisis sanitaria comenzaron a causar un daño económico y social, que escaló sobre la delicada situación recibida. El desempleo y la pobreza aumentaron y la situación heredada se volvió más delicada aún.
Alberto buscó minimizar esos efectos negativos con una batería de medidas para proteger la producción, el trabajo y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos.
Se dispuso la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un pago excepcional de 10 mil pesos que fue otorgado a personas desocupadas, en economía informal, monotributistas y trabajadores de casas particulares.
Se decidió que las empresas prestadoras de servicios como energía eléctrica, agua, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable deban congelar sus tarifas y no puedan suspender funciones a clientes por falta de pago.
Se congeló también en forma temporaria los alquileres y las suspensiones de desalojo por falta de pago, como así también las tarifas de servicios públicos de gas y electricidad, se prohibieron los despidos y las suspensiones y se creó un Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
En abril, se creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que morigera el impacto económico de la emergencia sanitaria. Consistió en la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de contribuciones patronales, la asignación compensatoria al salario para trabajadores a cargo del Estado, un sistema integral de prestaciones por desempleo, así como la asistencia a través del Programa de Recuperación Productiva (Repro) del ministerio de Trabajo.
Se determinó un pago extraordinario a los titulares de la Tarjeta Alimentar y luego se amplió el monto de la Asignación Universal por Hijo.
Se creó el Programa Argentina Construye, para atender los déficits de vivienda, infraestructura sanitaria y equipamiento, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Las especulaciones y presagios, de medios y de oposiciones poco responsables, sobre la posibilidad de que el golpe económico por la pandemia a expensas de la herencia llevaría a un estallido social. La contención del Gobierno fue robusta y alcanzó para que no haya ni indicios de tal cosa.
En noviembre, el Presidente anunció que se ponía al frente de un comité para diseñar la logística de la campaña de vacunación más grande de la historia argentina, según la definió el Presidente.
Sin embargo, aún con casi 40 millones de vacunas confirmadas -entre Sputnik V, AstraZeneca/Oxford y acuerdo Covac-, ante un relajamiento de la población en las últimas semanas el Gobierno viene solicitando extremar los cuidados, sobre todo en víspera de estas fiestas de fin de año y el período de vacaciones.
Esa situación de relajamiento fue posterior a la decisión del Gobierno nacional de delegar las decisiones en las provincias. Es difícil definir si ese hecho fue perjudicial para la toma y comunicación de medidas, pero fácticamente a partir de esa delegación del Presidente los cuidados comenzaron un declive y con suerte despareja según el distrito.
También Kicillof en territorio bonaerense logró saldo positivo. Antes de la llegada de la pandemia al país y la Provincia, decidió anular los incrementos tarifarios previstos para enero y atender la emergencia económica, social, productiva y energética, así como también los déficits en materia de seguridad, infraestructura, hábitat, servicios públicos, administración pública y tecnología.
Además, adhirió al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, creó el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y tuvo que enfrentar y resolver una huelga de hambre de 15 mil internos en las cárceles bonaerenses, acordar pagos pendientes con proveedores estatales y garantizar los fondos -que no había- para pagar salarios y aguinaldos.
Se invirtieron $17.067.388.000 en equipamiento y elementos de protección personal y se llevaron a cabo 125 obras hospitalarias por un total de $3.630.000.000.
Para mitigar las consecuencias económicas y sociales, se lanzó medidas impositivas, de financiamiento a través del Bapro y de asistencia desde las carteras de Producción y Trabajo para ayudar a Pymes y comercios afectados.
Además de realizar obras de refacción en 1.726 escuelas, la Gobernación distribuyó 13 millones de cuadernillos educativos, puso en marcha la plataforma Continuamos Estudiando y triplicó la inversión para el Sistema Alimentario Escolar para 1.720.000 chicos con una inversión mensual de 2.880 millones de pesos.
En medio de todo esto, Kicillof tuvo que atravesar y encontrar creativas y, a la vista de los hechos, logradas soluciones a dos crisis graves: en primer lugar, el reclamo de un sector de la policía bonaerense para obtener un aumento salarial, que incluyó elementos antidemocráticos; y, en segundo orden, la toma de terrenos en un predio de Guernica, partido de Presidente Perón.
El primero fue resuelto, en parte, con la recuperación por decisión del presidente Fernández del 1,8% de coparticipación que percibía la Ciudad de Buenos Aires desde 2016 por un decreto del ex mandatario Macri. Con ello, Kicillof anunció un plan de seguridad cuya inversión es de 37.700 millones de pesos y otorgó un aumento salarial a los agentes policiales.
La usurpación en Guernica encontró solución con un enfoque multidisciplinario que demandó meses de trabajo de varias áreas del Gobierno bonaerense, con el ministro de Desarrollo para la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, al frente.
Se logró que unas 600 familias abandonaran voluntariamente el lugar, aunque la justicia luego ejecutó el desalojo de las que habían decidido permanecer. Luego, Kicillof presentó un plan para construir 33 mil viviendas y delimitar 91 mil lotes con servicios, con una inversión de algo más de $190.000 millones en tres años y en conjunto con otras políticas que buscan resolver el déficit habitacional en el distrito.
Así las cosas, Fernández y Kicillof cumplen su primer año de gobierno con medallas y el horizonte más claro que el que había cuando asumieron, un año y unos días atrás, pero no todo lo que se avanzó tuvo que ver con la pandemia.
El FDT activó una agenda geopolítica distinta a la heredada antes y después de la interrupción del tránsito internacional a causa de la pandemia. El Presidente emprendió una primera gira que lo llevó a Israel, España, Italia, Francia y Alemania, amplia agenda, como la que se planea para 2021, con visitas acordadas por ahora de palabra a Beijing y Washington, nada menos.
En la región, se distanció del Grupo de Lima, intentando sacar de toda negociación a Venezuela, país para el que ensayó una mirada no bolivariana pero que implica que los venezolanos decidan cómo resolver su crisis. Estrechó lazos con México, pero también logró cercanía con Chile y Uruguay. Con Brasil, Jair Bolsonaro mediante, hubo un pequeño deshielo casi terminando el año.
El último y principal gol en este punto llegó con Bolivia. La recuperación de la democracia en ese país y el triunfo del MAS revalorizaron su importante rol al salvarle la vida a Evo Morales -como agradeció éste- y brindarle asilo político.
Este 2020 tuvo otro gol, que más bien fue un golazo pero no significa el triunfo de ese partido, siguiendo la metáfora: el acuerdo con los acreedores privados, que también aparecía al comienzo del mandato como una de las prioridades absolutas, tuvo una resolución exitosísima, sin exagerar, que tal vez fue lo único que hasta Juntos por el Cambio tuvo que reconocer.
En tanto, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional avanzan en los plazos previstos y, según el ministro Guzmán, el acuerdo de reestructuración llegará entre marzo y abril.
PROMESAS A CUMPLIR Y DESAFÍOS PENDIENTES
Los discursos públicos de campaña, la plataforma electoral del Frente de Todos, lo que el Presidente dijo ante el Congreso y lo que hubo que poner en marcha con la llegada de la pandemia indican que algunas de promesas pudieron cumplirse de forma parcial y a pesar del coronavirus, como la reactivación económica.
Otras son una deuda tan innegable como el hecho de que las agravó la pandemia: se incrementó más la pobreza durante la gestión de Cambiemos que con el coronavirus, lo que no borra lo hecho para impedir que esa suba fuera mayor así como que es imperioso que, si la situación sanitaria acompaña, el Gobierno empuje un salto de justica social en la producción, el trabajo y la distribución de la riqueza.
En este punto el desafío más explícito que implícito es convertir los planes de asistencia social en trabajo, en lo posible formal. Por supuesto que si la pandemia recrudece, la emisión y la asistencia deberán volver, pero eso aún no está dicho.
Los indicadores económicos de los últimos meses, en particular aquellos que tienen vínculo directo con subir o bajar el índice de pobreza, mostraron un repunte no sólo respecto de lo más duro de la pandemia sino también a los últimos dos años del régimen neoliberal.
La economía no está en la panacea ni se eliminó el hambre, pero hasta los peores pronósticos adelantan que si se consolida el rumbo habrá repunte. La actividad económica, la construcción, la estabilidad cambiaria, el uso de la capacidad instalada de las fábricas, son algunos indicadores fácticos de esto.
Otras promesas, como la legalización del aborto, comenzaron a saldarse en el final del año. El proyecto tiene la media sanción de Diputados y al cierre de esta nota ojos y oídos están en qué pasará este 29 de diciembre en el Senado.
En la Provincia, los principales desafíos de Kicillof en el plano de la gestión para 2021 tienen en el centro de la escena a la reestructuración de la deuda.
A principios de año comenzó un proceso para modificar los plazos de repago de la deuda en moneda extranjera con acreedores privados, fuertemente incrementada por la gestión Vidal. Se logró avances, pero el acuerdo llegará en 2021 después de 10 extensiones del plazo límite.
Volviendo al terreno nacional, el Poder Judicial y sus alrededores son un gris aún, y fueron una reiterada promesa y propuesta de campaña de Alberto. La corrección de lo ocurrido con los servicios de inteligencia después del paso de la AFI de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani logró importantes avances.
Esto último no ocurrió en el caso del lawfare. El proyecto de reforma judicial o reordenamiento de la justicia federal duerme en Diputados con media sanción del Senado pero sin precisiones. El grupo de especialistas convocado por el Presidente para recomendar transformaciones centrales en el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y, principalmente, lo que la Vicepresidenta llamó “cabeza” de la persecución y el “cogobierno”, es decir la Corte Suprema, entregó al Poder Ejecutivo sus propuestas, pero no hay información acerca de cuándo se avanzará en esos difíciles caminos.
El 2021 no arroja certezas acerca de qué podrá hacer el Gobierno respecto de la pandemia, porque esa condición impuso la enfermedad al mundo, pero sí hay algunos elementos seguros: hay elecciones de medio término y la sociedad juzgará la performance del Frente de Todos y no al pasado -el ex Cambiemos que hoy es JXC-, por más negativo que haya sido.
Así las cosas, tal vez el principal triunfo del FDT, de Alberto, de Cristina, de Sergio Massa, de Máximo Kirchner y de Kicillof es a la vez el mayor desafío: haber consolidado y seguir consolidando la unidad de esa coalición, cuya efectividad electoral fue arrolladora pero el éxito prometido para quienes fue dirigido va en camino, pero le restan kilómetros.
Empresas Eléctricas: súper ganancias y déficit de
inversiones de un servicio privatizado que no funciona
Si regulación, las empresas privadas de energía
denuncian pérdidas, distribuyen ganancias, aumentan las tarifas y exigen
subvención del Estado.
26 DE DICIEMBRE, 2020
"Con apenas cortar los pastizales, que es parte del mantenimiento que tiene que hacerse, el apagón se hubiera podido evitar", reconoce un empleado de Edesur, en referencia al incendio en el forraje que tuvo lugar esta semana en la subestación de la empresa en Parque Avellaneda y que dejó a una veintena de barrios porteños sin energía eléctrica. El simple hecho de no pasar una podadora por los alrededores de las estaciones de energía da cuenta el estado de abandono, por falta de mantenimiento, que tiene el sector energético, principalmente en el eslabón de la distribución, donde históricamente el sistema presenta problemas.
El sistema privatizado de distribución energética evidencia todos los vicios de una esquema en que se subordina el "servicio público" a las decisiones de rentabilidad de las empresas, lo que luego les permite distribuir ganancias aunque presentan balances con saldos negativos. El Estado siempre termina compensándolas. La situación se agrava cuando, además, fallan o se flexibilizan los controles. Es así que durante el proceso de mayor desregulación de las últimas tres décadas, durante el macrismo, el tendido eléctrico a los hogares no avanzó un kilómetro en medio de los tarifazos.
No invierten pero remiten millonarias utilidades. Sextuplican las facturas en años anteriores pero en el 2020 abandonaron el mantenimiento y continuaron ofreciendo un pésimo servicio. Tuvieron una reducción en el costo de generación pero recibieron niveles récord de subsidios. El esquema privado de energía es un negocio redondo para todos los integrantes de la cadena, con excepción de un eslabón: el usuario.
Este año las temperaturas, y por ende el consumo, fueron inferiores a los registros del año pasado, lo cual implica una menor carga en el tendido del AMBA, con un menor ritmo de actividad por la pandemia, pero eso no impidió que las empresas dejaran a casi medio millón de hogares sin energía eléctrica en el inicio del verano.
El matrix del sistema eléctrico
Cuando asumió el macrismo Edenor contaba con 2.837.489 usuarios, con el un área de 4637 kilómetros cuadrados cubiertos, y Edesur con 2.479.559 usuarios y 3.302 kilómetros. Las empresas en ese momento venían realizando un incesante lobby para que aumentaran las tarifas. Macri lo hizo. Desreguló y dolarizó tarifas y la boleta se multiplicó por más de seis veces. Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2015 y 2017 la electricidad (562%).
La argumentación de las empresas era que habría mayor nivel de inversiones. Según reporta la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) durante los dos primeros años de gestión macrista la expansión de la red de alta tensión quedó paralizada. Tampoco se agregó ni un solo metro de línea de alta tensión en 2018. Luego de cuatro años de administración Cambiemos la red no varió respecto de lo recibido en 2015.
Durante el macrismo no hubo prácticamente inversiones y la lógica empresaria fue "recomponer" ganancias. Un reporte de Edesur de este año reconoce que en 2019 invirtió menos de la mitad de lo que había hecho el año previo. Las inversiones de Edesur se redujeron en 52 por ciento durante el primer semestre respecto de igual período del año pasado, informó la distribuidora en un comunicado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires este año. Al momento de informar sus resultados a sus inversores, Edesur comunicó a la Bolsa ganancias por más de 12.600 millones de pesos en 2019, equivalentes a un 168% por encima del resultado del año anterior.
Edenor informó una pérdida neta de sus operaciones en los primeros seis meses de este año por 1796 millones de pesos, responsabilizando al "congelamiento tarifario, la disminución de la demanda y los efectos generados por la pandemia y recesión económica". En el primer semestre de 2019, la empresa había obtenido una extraordinaria ganancia de 15.450 millones de pesos, repartidos en 200 millones de utilidades en el primer trimestre y un poco más de 15.250 millones en el segundo.
La distribuidora compensó la ecuación de este año también con un "ahorro" en inversiones y con la mora en el pago de la energía que adquiere en el mercado mayorista. Las inversiones de Edenor (por acuerdo de partes son obligatorias luego de los aumentos otorgados en el gobierno de Mauricio Macri) cayeron un 38% con respecto a las realizadas en 2019, según el informe de Cammesa.
Cuentas con la gente adentro
Para mantener la rentabilidad, las empresas reducen en mantenimiento e inversiones en infraestructura. El tijeretazo no se detiene a pesar de que los costos de generación se reduzcan y se mantengan los aportes estatales. Los costos totales para noviembre se ubicaron alrededor de 63 dólares el megawatt por hora, incluyendo los costos variables derivados de la exportación (acuerdos gen térmicas), según las cifras actualizadas de Cammesa.
Se trata de una reducción de casi 30 por ciento (-18 dólares el megawatt/hora) respecto de los últimos dos años de macrismo. Esto obedeció a una mejora en la eficiencia de la generación térmica, la mayor generación de origen nuclear y renovable, la reducción a la remuneración de la generación bajo Resolución N° 31 y la disminución en el precio de los combustibles, entre otros, según relata el sitio especializado EconoJournal.
Estos factores tuvieron un impacto diferencial en la reducción del costo de generación, que "se explica prácticamente en su totalidad por la generación de origen térmico". El componente central de la baja del costo de generación térmica fue la reducción registrada en las erogaciones por el uso de combustibles, tales como gas natural, gasoil, fuel oil y carbón.
Por su parte, la demanda eléctrica productiva retrocedió 4,2 por ciento en noviembre en comparación con el mismo mes del año pasado debido al derrumbe del uso industrial (-5,8%) y comercial (-11,3%) por la pandemia, según el informe mensual de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). El informe de Cammesa agrega que la demanda total del país fue una caída de 4,4 por ciento.
Siempre termina pagando el usuario
Para el 2021 se proyecta que los subsidios energéticos de la administración general alcanzarán los 623.682 millones de pesos (1,7% del PBI), manteniendo el mismo nivel que este año. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, los subsidios a la energía eléctrica se proyectan en 446.579 millones de pesos, lo que representa 1,2% del Producto.
Dentro de este componente, el monto más importante corresponde a transferencias a Cammesa (441.750 millones de pesos), que crecerían 3,9% en términos reales con respecto al cierre estimado para 2020.
El Presupuesto para Cammesa del año próximo medido en dólares, para poder comparar con períodos previos, es 4.781 millones y representa un aumento de 211 millones con relación al crédito vigente en 2020 (5%). En 2019 fue de 2.877 millones de dólares y en 2020 fue de 4.570 millones.
"Considerando un precio promedio en 2021 de 64 dólares el megawatts/hora, el cual incluye una recomposición al precio del gas destinado a generación-, aumentos tarifarios en línea con la inflación proyectada en el presupuesto y un nivel de cobrabilidad en torno al 85 por ciento, el monto total de subsidios estaría en línea con los valores incluidos en el presupuesto”, señala el Presupuesto. Tal como informó El Destape, el nivel de cobrabilidad actual se ubica en el 75 por ciento.
El informe de Presupuesto aclara que "si no se dieran aumentos tarifarios, el nivel de subsidios crecería significativamente (800 millones de dólares por encima de lo previsto)". Es decir; nuevamente el esfuerzo deberá hacerlo el usuario o el Estado. Un documento del Ente Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE) detalla que "las deudas contraídas por Edenor y Edesur con el Estado argentino, que fueron condonadas en 2019". "La deuda total condonada a ambas empresas fue de 13.570 millones de pesos, mientras que se les refinanciaron 18.450 millones", agrega el ENRE.
No les entra una bala
La Secretaria de Energía firmó un convenio con Edenor y Edesur para realizar un plan de obras con una inversión prevista de 4.106 millones de pesos, para mejorar el tendido de baja tensión en 32 municipios de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es la primera vez que se comprometen a realizar inversiones a cambio de aumento de tarifas y después de los incrementos en las boletas los desembolsos no se realizan nunca.
El senador Jorge Taiana (Frente de Todos) presentó esta semana un pedido de informes ante la Cámara alta para que Edesur responda acerca de "la cantidad de reclamos presentados por usuarios que recibieron aumentos indebidos durante 2020". Según relató, la mayoría de las quejas son "por falta de inversiones y por la deficiente prestación del servicio de electricidad que la compañía debe proveer a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires".
El ENRE sancionó por esa razón a las distribuidoras Edenor y Edesur, con una multa de más de 2 millones de pesos y estableció una devolución de 8 mil pesos en favor de cada usuario afectado "por haber aplicado cargos ilegítimos en la facturación del servicio público de electricidad".
Recientemente, recordó el senador en los fundamentos de su proyecto, el ENRE volvió a sancionar a las empresas Edenor y Edesur por 6,5 millones de pesos por incumplimientos en materia de seguridad pública correspondientes a 2018 y 2019. A pesar de estas sanciones, las empresas prefieren pagar la multa y seguir ofreciendo un servicio de pésima calidad.
Fuente:ElDestape
25/12/2020 CONSUMO
Las ventas navideñas cayeron 10,1% interanual, según CAME
Según el relevamiento de CAME realizado en 1.500 comercios entre el 18 y el 24 de diciembre, el 63% de los negocios tuvo descenso de ventas, pero al mismo tiempo el 51% tuvo faltantes y señalaron que, "si hubieran tenido más mercadería, podrían haber vendido más".
Las ventas minoristas en Navidad cayeron 10,1% interanual, debido a la baja en los ingresos de los hogares, reuniones familiares menos numerosas y el comercio ilegal, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
"Dura Navidad para la mayoría de los comercios del país. Las ventas minoristas cayeron 10,1% frente a la misma fecha del año pasado, según la tasa de variación promedio en las cantidades informadas por los empresarios", indicó la entidad en un comunicado.
Según el relevamiento de CAME realizado en 1.500 comercios entre el 18 y el 24 de diciembre, el 63% de los negocios tuvo descenso de ventas, pero al mismo tiempo el 51% tuvo faltantes y señalaron que, "si hubieran tenido más mercadería, podrían haber vendido más".
Sin embargo, el 53% de los comercios vendió menos de lo esperado.
El ticket promedio, según los negocios encuestados, se ubicó este año en $ 1.800, un 39,9% arriba de 2019 ($ 1.283), que a precios constantes implica un incremento de 2,8%.
De esta manera, las ventas de Navidad quedaron por debajo de las de 2018, cuando se comercializó un 9% menos que el año anterior.
Para CAME, uno de los factores que produjeron la caída de las ventas fue el comercio ilegal.
"Artículos como indumentaria, calzados, bijouterie, joyería, ropa deportiva, textil blanco o jugueterías, se vieron muy perjudicados por el comercio ilegal en la mayoría de las ciudades medianas y grandes del país, notándose sobre todo en la de Buenos Aires y el Conurbano, donde se desataron batallas campales entre manteros y comerciantes", apuntó el informe.
En este sentido, agregó que "nunca se habían visto tantos manteros, vendedores por redes, y 'saladas' y 'saladitas' del país con tanta gente como en esta festividad".
Sumado a esto, la caída ocurrió por las reuniones menos numerosas debido a la pandemia de coronavirus y la retracción de ingresos en los hogares.
La baja más marcada la tuvo el rubro de joyería y relojería, con una merma del 23%.
Según la entidad, este es un sector "con cada vez menos presencia en las ventas navideñas", debido a "que muchos de esos artículos se venden como accesorios en casas de otros productos, y otra por la abundancia de manteros en la calle que coparon la venta de ese ramo".
"Así, al revés del resto de los comercios, no tuvieron problemas de abastecimiento, tenían mercadería, pero no la pudieron vender", agregó.
A este rubro le siguieron librerías (-16,1%); videojuegos, consolas e informática (-15,8%); bijouterie y accesorios (-15,8%); electrodomésticos y artículos electrónicos (-12,8%); y calzado y marroquinería, (-11,9%).
Respecto a los electrodomésticos, en la merma en las ventas "se notó la caída del poder adquisitivo familiar, la falta de límites en las tarjetas de crédito, la resistencia a tomar muchas cuotas sin interés y el mayor control de gastos".
"Además de los faltantes de mercadería, en muchos locales comentaron que también se complicó el abastecimiento por problemas en la cadena de pago: si antes se podía pagar con cheques a 90 o 120 días, ahora los desembolsos debieron realizarse con transferencia bancaria inmediata", puntualizó la entidad empresaria.
En el caso de juguetes y rodados, la tasa de variación promedio informada por las tiendas fue de una baja del 9,8% anual.
"Al haber reuniones más reducidas, los regalos fueron menores, además de influir el comercio ilegal y los faltantes de mercadería, especialmente de juguetes importados, que son muy buscados para niños de entre 7 y 11 años", explicó CAME.
Entre los rubros que menos cayeron se ubicó indumentaria y lencería (-9,5%); perfumería y cosméticos (-8,8%); artículos deportivos y de recreación (-8,4%); textil blanco y ropa de cama (-7,5%); bazar y regalos (-6%); y alimentos y bebidas (-5,3%).
Este último rubro tuvo la mejor performance de los relevados.
"Hubo menos abundancia de comida este año en la mesa navideña y los negocios del rubro lo notaron. Donde más se sintió fue en la categoría dulces", destacó el informe.
En este sentido, CAME remarcó que "salieron productos de menor costo y quienes buscaron alimentos importados, prácticamente no consiguieron".
El relevamiento remarcó que de todos los rubros relevados, ninguno arrojó valores positivos en la comparación interanual.
Fuente:Telam
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