El 74% de los detenidos por delitos de lesa humanidad tiene el beneficio del arresto domiciliario.

El 74% de los detenidos por delitos de lesa humanidad tiene el beneficio del arresto domiciliario

03/01/2021

El número incluye a los detenidos con prisión preventiva y a los condenados. Surge de un nuevo Informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sobre el proceso de juzgamiento iniciado en 2006, que sostiene que en 14 años de juicios se dictaron 250 sentencias con 1.013 personas condenadas y 164 absueltas (el informe incluye las condenas dictadas hasta el 4 de diciembre de 2020, pero al 31 del mismo mes son 1.016).

Entre las principales conclusiones respecto del proceso de juzgamiento de estos crímenes durante 2020, la Procuraduría explica que «más allá de la situación excepcional de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO), persisten demoras en diferentes instancias del proceso, manteniéndose estable en la instrucción y agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país». Entre otros datos, indica que el promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio.

Asimismo, pone de relieve que

Disminuyó el total de sentencias dictadas durante el 2020 respecto del año anterior [de 22 a 9], y el número de personas detenidas (863 en la actualidad)

Además, sostiene que

Se consolidó el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante

El 74 % de las personas detenidas (unas 638) transita la detención en su domicilio, lo que implica que las personas detenidas en cárceles y otros establecimientos suman 225.

Las causas

En relación con las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, la Procuraduría puso de relieve que:

• Al 4 de diciembre de 2020 se registran un total de 623 causas en las que se han investigado crímenes contra la humanidad.
• De las 250 sentencias dictadas desde 2006, 173 de ellas (un 70 %) posee alguna instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, lo cual significa que no se encuentran firmes. Al menos 101 recursos se encuentran a la espera de resolución en el máximo tribunal del país; involucran a 150 personas en 39 causas.
• La caída en la cantidad de sentencias durante 2020 “podría analizarse por la situación excepcional en la cual se decretó el DNU 260/20 que estableció el ASPO, sin embargo aún si hubiesen tenido veredicto el total de causas con juicio y plenario en curso -en los casos de juicios que tramitan bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal (ley 2372)- que no iniciaron durante el 2020 (10), el descenso hubiese sido similar al año 2018”, cuando se dictaron 18 sentencias en todo el año, lo cual contrastó con las 27 de 2017.
• Durante el ASPO, se suspendió el debate en 12 causas y se reanudó en 11 (Jujuy es el caso donde no se reiniciaron las audiencias).
• Existen 373 causas en las que aún no se ha dictado sentencia: 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio y sólo 2 de ellas tienen fecha de inicio para 2021. Esto implica que «además de disminuir la cantidad de causas con juicios iniciados durante 2020, la proyección estadística para 2021 permite sostener que la actividad se ha relentecido».
• El resto de las causas, unas 280, se encuentra en instrucción, «un número estable en todo el período» de 14 años entre 2006-2020: en 9 de ellas se dispuso la elevación a juicio y en 13 el MPF formuló requerimiento de elevación a juicio. Respecto de estos últimos números, son «los niveles más bajos registrados desde 2015».
• En relación a las causas en instrucción, «el informe estadístico es demostrativo de que el volumen de causas que se encuentran en etapa de investigación por crímenes de lesa humanidad requiere de la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento en el menor tiempo posible».

Las personas

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, desde 2006 a la actualidad 3.448 personas fueron imputadas en causas por crímenes de lesa humanidad.

Hasta el 4 de diciembre de 2020, obtuvieron sentencia 58 personas, de las cuales 51 fueron condenadas y 7 absueltas. De esta informe concluye que

Se consolida una tendencia descendente desde el 2017, año en el cual quienes resultaron sentenciados/as fueron 234. En 2019 las personas sentenciadas habían sido 95 y 108 en 2018

Mientras tanto, «continúa siendo alto el número de personas que aún no han obtenido sentencia», dado que 628 se encuentran procesadas y 176 con falta de mérito. Otras 614 tienen pedido de convocatoria a prestar declaración indagatoria, mientras que 39 fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.

Otras variables relevantes:

• Son 276 las personas condenadas con al menos una sentencia firme, y 24 las absueltas: 27% y 15% del total en cada caso, respectivamente.
• A lo largo de este año fallecieron 36 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad.
• En todo el país se registran 29 prófugos.
• De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

Los plazos

De acuerdo con el estudio de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y el dictado de la clausura de la instrucción por parte del juez es de 5 meses. Desde la elevación a juicio hasta el veredicto, pasan 2 años y 4 meses en promedio. Y entre la sentencia del tribunal oral y el último fallo de la Corte Suprema pasan 3 años y 7 meses en promedio.

En torno a las demoras en la conclusión de los procesos, la Procuraduría regresa en el informe 2020 sobre el concepto de «espiral recursivo», el cual desarrolló en su balance correspondiente a 2019. Ese concepto tiene que ver con la práctica que ordenó el sistema de reenvíos desde la Cámara Federal de Casación a los tribunales orales para que dicten una nueva sentencia sobre los puntos casados. Esto implica que la nueva sentencia de los TOF sea pasible de un nuevo recurso y consecuente revisión por el máximo tribunal penal, estirando el trámite del proceso.

Fuente: www.fiscales.gob.ar

Accedé al informe completo acá.

Fuente:LaImposible