Muere trabajador ferroviario que peleaba por su vida tras sufrir una descarga eléctrica
Imagen de Rubén Pereyra, el trabajador ferroviario fallecido, difundida por sus compañeros.
Otro accidente laboral terminó de la peor manera: Roberto Pereyra, quien sufriera una descarga eléctrica mientras cumplía sus funciones en depósitos de lavado del tren Roca, ubicados en Llavallol, falleció luego de estar peleando por su vida por casi dos días. La patronal, hasta el momento, no realizó declaración alguna sobre lo sucedido. El oficialismo del sindicato de la Unión Ferroviaria, comandado por el histórico Sergio Sasia, de la pedracista Lista Verde, publicó un comunicado aclarando que los procedimientos de la investigación «se mantendrán en privado, para no alterar el marco de investigación y, por sobre todo, priorizar el cuidado de los compañeros». Por Máximo Paz, para ANRed.
El hecho, que desembocó en el fallecimiento del trabajador, sucedió en la madrugada del 19 de enero, cuando Roberto se encontraba realizando sus tareas cotidianas en los depósitos de lavado de la línea de trenes General Roca, ubicados en Llavallol, al sur del conurbano bonaerense.
Pasada la 1 de la madrugada, ferroviarios comenzaron con el lavado de una formación y por ello intentaron subir al techo de un vagón. En esa instancia fue que Roberto sufrió el impacto de una descarga de 25 mil voltios que contiene el cable que hace funcionar al tren. El fuego se produjo de inmediato, alcanzando de lleno al fallecido, mientras que otro empleado fue expulsado por el impacto del techo al suelo.
Los otros trabajadores que no habían llegado a subir intentaron apagar con un extintor a su propio compañero, quién se hallaba, literalmente, prendiéndose fuego producto de la descarga. Una hora después se hicieron presentes los bomberos para rescatar al trabajador, que había quedado en el techo de la formación, vivo aún, pero con el 80% de su cuerpo quemado y su vida muy comprometida.
Desde el momento de la desgracia, Roberto estuvo internado peleando por su vida. Hoy, sus familiares, amigos y compañeros de trabajo se enteraron de su desenlace.
Ante el hecho, el oficialismo del sindicato de la Unión Ferroviaria, comandado por el histórico Sergio Sasia de la pedracista Lista Verde, publicó un comunicado aclarando que los procedimientos de la investigación «se mantendrán en privado, para no alterar el marco de investigación y, por sobre todo, priorizar el cuidado de los compañeros».
La declaración oficial llamó la atención de varios trabajadores, al suponer que, por contrario, la difusión y conocimiento del hecho refuerza un mayor compromiso hacia las autoridades para dar las explicaciones pertinentes al respecto. La patronal, hasta el momento, no realizó declaración alguna sobre lo sucedido.
En ese sentido, desde hace meses que las y los trabajadores del depósito se encuentran solicitando no realizar aquella tarea en horario nocturno, en tanto que la visibilidad no es la suficiente para una tarea de alto riesgo. También su demanda incluye los reemplazos y arreglos de varios de las materiales y artefactos con los que cuentan para llevar adelante tales labores, algo que la dirigencia sindical conoce a todas luces.
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El INDEC confirmó que por la pandemia, entre abril y junio se perdieron 3.757.000 puestos de trabajo
Es porque durante el trimestre, y por las restricciones a la movilidad, muchos trabajadores no pudieron trabajar, perdieron su trabajo o no pudieron salir a buscar.
Largas colas para conseguir trabajo en una parrilla de la ciudad de La Plata. Foto: Nievas
Por Ismael Bermúdez
El INDEC puso el número de puestos de trabajo perdidos a nivel nacional durante los primeros tres meses de la pandemia y la cuarentena: 3.757.000 durante el segundo trimestre de este año.
De 20.879.000 puestos de trabajadores que existían en el primer trimestre, se pasó a 17.122.000. Un bajón del 18%, de acuerdo al Informe del INDEC.
Todas las modalidades de trabajo fueron afectadas, pero con mayor fuerza golpearon a los asalariados «en negro» y a los cuentapropistas, también informales.
Por la pandemia, estos 3,75 millones de trabajadores perdieron su trabajo o no pudieron trabajar en el segundo trimestre de este año, durante el período de mayores restricciones a la actividad.
En ese contexto, la desocupación pasó del 10,4% al 13,1%. Hay que retrotraerse al tercer trimestre de 2004 para encontrar una tasa de desempleo similar, como informó el ministerio de Trabajo hace unas semanas.
A su vez, el nivel del empleo se derrumbó 8,8 puntos: del 42,2% al 33,4%. En números similares cayó la población activa: de casi 20 millones a poco más de 16 millones. Esto es así porque casi 4 millones de personas que en el primer trimestre estaban ocupados o desocupados buscando trabajo, no buscaron o no pudieron buscar otra ocupación en el trimestre siguiente.
Por todo esto, la tasa de actividad bajó del 47,1% al 38,4%. Esto explica que el número de desocupados haya crecido apenas en unas 60.000 personas, hasta llegar a 2,1 millón de personas.
En tanto, con relación a un año atrás, el INDEC dice que “en el segundo trimestre de 2020 los puestos de trabajo totales dan cuenta de un descenso de 16,8% respecto al mismo trimestre del año anterior, debido a una variación de los puestos de trabajo asalariados de -12,9%- y una reducción de los puestos de trabajo no asalariados de 28,6%”.
Por las suspensiones y reducción de las jornadas de trabajo, «la caída en horas trabajadas (-34,6% ) fue superior a la registrada en los puestos de trabajo, por lo que las horas por puesto de trabajo mostraron una retracción de 21,4% frente al segundo trimestre de 2019″, dice el INDEC.
De los 3.757.000 puestos laborales perdidos, 289.000 correspondieron a asalariados registrados, 1.695.000 a asalariados informales y 1.774.000 a trabajadores por cuenta propia.
Por actividad, por ejemplo, el personal doméstico sufrió una pérdida de casi 600.000 puestos , la construcción casi 400.000 y hoteles y restaurantes 304.000. Por su parte, la baja entre los asalariados registrados es significativa porque estaban prohibidos los despidos y regía la doble indemnización para las cesantías sin causa.
De esta manera, el cuadro laboral del segundo trimestre quedó configurado del siguiente modo:
+ Asalariados registrados: 10.294.000 que se desagrega en 6.801.000 del sector privado y 3.493.000 del sector publico.
+ Asalariados no registrados 3.178.000.
+ Trabajadores por cuenta propia 3.649.000.
A pesar de la mayor pérdida de puestos laborales no registrados, el agro, la construcción y servicio doméstico continúan teniendo más personal no declarado que formalizado.
En tanto, los datos del INDEC comparados con los de la Seguridad Social, se desprende que la mitad de los cuentapropistas y autónomos no están registrados,
Los mayores puestos asalariados no registrados se concentran entre el personal doméstico (598.000), el comercio (562.000), construcción (364.000), agricultura y ganadería (510.000), industria manufacturera ( 327.000) servicios sociales y salud privados (177.000), transporte y comunicaciones (165.000), y hoteles y restaurantes (83.000).
El INDEC aclara que el número de puestos de trabajo es mayor al de los ocupados porque “las personas pueden tener más de una fuente de ingresos por concepto de empleo, bien porque trabajan para más de un empleador o, porque además de trabajar para uno o más empleadores, trabajan por cuenta propia”.
Así, “el número de puestos de trabajo en la economía supera al número de personas empleadas en la medida en que algunos asalariados tengan más de una ocupación”, sostiene el organismo.
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Fuertes críticas de abogados laboralistas a la reglamentación de la ley de teletrabajo
Todavía no se conoce la fecha en la que entrará en vigencia. Para los especialistas la reglamentación es regresiva con relación a la ley y resulta de un fuerte lobby empresario que refuerza el desamparo del trabajador individual.
Por Alfonso de Villalobos –
El miércoles 20 de enero tomó estado publicó en el Boletín Oficial el decreto 27/2021 que reglamenta la ley 27.55 de teletrabajo aprobada en el congreso el 30 de julio de 2020.
La reglamentación resultaba un paso fundamental para que la misma entrara efectivamente en vigencia. Con todo, según la letra de la ley la misma entraría en vigor 90 días después de concluidas las medidas de aislamiento social. La reglamentación, sin embargo, establece que esos 90 días comenzarán a contarse allí cuando la cartera laboral lo disponga y no a partir del 8 de noviembre cuando, por decisión del ejecutivo, se dejó sin efecto el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) para dar lugar al Distanciamiento Social (DISPO).
Fuentes de la cartera laboral aseguraron a Tiempo que “entre esta semana y la que viene se determinará la fecha que dará comienzo a un período que pondrá en vigencia la ley en marzo o abril máximo”.
La ley resultó una respuesta tardía a la irrupción masiva del teletrabajo producida por la pandemia y las medidas de aislamiento. En rigor, la primera señal que dio el Estado a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) fue la de dejar sin efecto, dos días después del comienzo de la ASPO, la resolución 1552/12 de ese mismo organismo que obligaba a las empresas a garantizar herramientas de trabajo y seguridad a los empleados que trabajaran bajo esa modalidad.
La reglamentación final que se conoció hoy recibió duras críticas de parte de los abogados laboralistas que han estado detrás de la misma. Para Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AALL), “exhibe a las claras la posición que el sector empresario ha expresado durante el debate en el Congreso y que implica modificaciones sustanciales a los niveles de protección legal reconocidos en la norma legal reglamentada, en desmedro de las personas trabajadores”.
León Piasek, integrante y referente de la misma organización así como representante legal de entidades gremiales como el SiPreBA en diálogo con Tiempo opinó que “es una reglamentación con claroscuros que denota un fuerte lobby empresario y una permeabilidad del ministerio de Trabajo”. Para Piasek, promueve una “delegación de cuestiones muy importantes a la negociación colectiva que demoran mucho tiempo y, como siempre en una relación asimétrica, es el empleador el que va a imponer sus condiciones”.
Benzion por su parte recordó que desde la AALL denunciaron en su momento “la escasa protección que la ley reconoce a las personas trabajadoras y los distintos aspectos que debieron ser incluidos y no lo fueron para evitar cualquier perjuicio que esta modalidad puede ocasionarles”. Pero para Benzion, “la reglamentación que se publicó hoy va más allá, avanzando sobre algunos derechos que la ley establece y que se ven limitados, cuando no suprimidos en la práctica”.
De hecho, señaló, “inexplicablemente excluye del ámbito de aplicación de la ley, a quienes realizan esta modalidad de forma esporádica u ocasional, cuando la ley no realiza ninguna distinción ni exige requisitos de permanencia en la modalidad de teletrabajo, para que el nuevo régimen sea aplicable”.
Del mismo modo la nueva norma limita el derecho de desconexión habilitando a las empresas a que se contacten con el trabajador fuera de su horario de trabajo en caso de usos horarios opuestos o cuando se justifique “objetivamente”. Para la dirigente de los y las abogados “ningún trabajador está en condiciones de discutir el criterio de las patronales, a menos que esté dispuesto a perder su puesto de trabajo”.
En esa sintonía, “la ley establece el derecho de interrupción de la jornada, sin condiciones y sin límites y aquí, la reglamentación, agrega que en los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la convención colectiva. Para Benzion, en la práctica, “aun cuando su sindicato logre una reducción de la jornada para estos casos, no se garantiza el mismo salario que para la jornada completa”. Generando “la disyuntiva de renunciar al salario para cuidar o dejar sin atención a la persona que necesita los cuidados.
Al mismo tiempo en su articulado la reglamentación condiciona el derecho a la reversibilidad de la modalidad que estaba presente en la ley original y que daba a entender que era un derecho unilateral del trabajador mientras que, en su aplicación, admite que el trabajador debe invocar “una motivación razonable y sobreviniente para volver a la presencialidad”.
Piasek indicó que “la reglamentación condiciona la reversibilidad a la buena fe que deben tener las partes, y plantea un requisito de ‘razonabilidad’. Pero en general lo van a interpretar los empleadores a quienes les concede 30 días para expedirse. Va a traer muchos conflictos y dificultades”.
Para Benzion “sabemos que los criterios de razonabilidad no son diseñados en conjunto por las partes de un contrato de trabajo sino impuestos por la parte empleadora” y, continúa, “se da a la parte empleadora el derecho a determinar si la razón invocada por el trabajador es razonable”. El concepto de “sobreviniente”, exige el surgimiento de un hecho nuevo “que fuera inexistente al momento de pactarse la modalidad de teletrabajo”. El espíritu de la ley, por el contrario, concedía al trabajador el acceso voluntario a esa modalidad así como, claro, su reversibilidad.
Para Benzion, por eso, “el derecho de reversibilidad consagrado en la ley, resulta de hecho derogado, dejando su ejercicio librado a la resistencia que el trabajador o su sindicato”.
Por último la reglamentación ratifica el reconocimiento de la obligación de las patronales de proveer los instrumentos de trabajo así como de sus costos y la compensación de gastos. Sin embargo, establece el carácter no remunerativo de esas sumas generando, colocando, según la titular de la AALL “a las personas que realicen teletrabajo es desventaja respecto de las que lo hacen de forma presencial y reciben prestaciones en especie que sí son consideradas remunerativas a todos los fines”.
En la misma línea el artículo 14 de la ley se encuentra referido a higiene y seguridad laboral y a las enfermedades profesionales sujetas a la cobertura por ART. Benzion destaca que “la reglamentación encomienda la elaboración de un estudio y agrega la palabra ‘eventual’ a la obligación de incorporar estas enfermedades al listado mencionado” dejando “librado al criterio de la Superintendencia de servicios de Salud y al lobby que sobre el particular puedan ejercer las ART, su inclusión o no en la protección”. Además, se quejó, “nada dice de la prevención”.
Para Benzion “han quedado sin reglamentar algunos aspectos fundamentales, tales como la capacitación al personal, jornada de trabajo, sistemas de control y derecho a la intimidad, los que plantearán dificultades a la hora de exigir su cumplimiento, precisamente, por no haber sido reglamentados”. León Piasek indicó que “la capacitación es un tema que debe estar a cargo de las empresas para evitar la discriminación sobre trabajadores que no hayan podido capacitarse con las innovaciones tecnológicas que vayan surgiendo. En esto también la reglamentación juega en contra”.
Con todo, Cynthia Benzion adelantó que “frente a una reglamentación que se excede en la letra de la ley y que restringe derechos laborales reconocidos en la norma que pretende reglamentar, debe prevalecer el texto de la ley, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional en su artículo 28”.
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Ademys no descarta medidas de fuerzas ante el regreso a las aulas
El secretario general del gremio aseguró que “son irresponsables y se lavan las manos. No tienen un plan serio para presentar”.
Jorge Adaro, Secretario Adjunto de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) rechazó la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante el anuncio del regreso presencial a las aulas. Sostiene que la decisión del Gobierno “es irresponsable” frente “al avance de la pandemia”.
Adaro señalo, “nos da la sensación de que dicen ‘insistamos que los vamos a convencer de que esto es posible’. Quieren empezar el 17 de febrero relativizando de manera irresponsable el avance de los contagios y de la pandemia en el país en general y en la Ciudad en concreto”.
En declaraciones radiales, el dirigente porteño critico la noticia del gobierno de Rodríguez Larreta y dijo que antes de fijar una fecha de inicio de clases, deberían realizar “un plan, un programa” ante un contexto aún de pandemia, lo cual resulta riesgoso para docentes, alumnos y familiares.
Frente a la decisión del gobierno de la Ciudad, el dirigente no descarto medidas de fuerza “Vamos a reunirnos en asambleas desde el 8 de febrero para decidir lo que vamos a hacer” y amplio “no descartamos tomar medidas de fuerza que confronten con estas políticas del Gobierno. Lo vamos a resolver de modo democrático. Tenemos una gran preocupación por estos anuncios y por el camino que está tomando el Gobierno de la Ciudad”
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Docentes porteños califican de «criminal» la vuelta a las aulas propuesta por Larreta y amenazan con paros
21 enero, 2021
El Secretario Adjunto de Ademys, Jorge Adaro, se refirió al anuncio de la Ciudad sobre el retorno a las clases presenciales y señaló que “da la sensación de que los tipos dicen insistamos que los vamos a convencer de que esto es posible. Quieren empezar el 17 de febrero relativizando de manera irresponsable el avance de la Pandemia en el país en general y en la Ciudad en concreto”.
En diálogo con El Destape Radio, el dirigente docente porteño señaló que “si sos Gobierno y planteas un esquema de presencialidad desde el 17, tenés que armar un plan. Ellos dicen que cada escuela se va a hacer cargo. Cada escuela le tiene que presentar un plan a la Ministra. Es una locura”.
“Están delegando de forma inconsulta la responsabilidad a los directores de las escuelas. Son irresponsables y se lavan las manos. No tienen un plan serio para presentar”, destacó Adaro.
“Tiene que haber elementos de higiene. Pero venimos de un año que no han podido ni siquiera garantizar el alcohol en gel para los docentes y los auxiliares”, criticó.
“Es una decisión irresponsable, sin un Gobierno que se haga cargo de lo que está anunciando”, indicó el dirigente.
Y agregó: “El Gobierno tendría que hacerse cargo de solventar los gastos, ofrecer micros escolares para los traslados de los niños y niñas y nos dijeron que no. Dejan a la voluntad de la ciudadanía la solución del transporte. Nos llevan a un escenario complejo en el aumento de la circulación del virus”.
En ese marco, Adaro remarcó: “Es una política criminal para los pibes y para todos los que intervenimos en la escuela pública”.
Sobre la decisión de los docentes de cara a los anuncios, Adaro no descartó medidas de fuerza: “Vamos a reunirnos en asambleas desde el 8 de febrero para decidir lo que vamos a hacer. No descartamos tomar medidas de fuerza, que confronten con estas políticas del Gobierno. Lo vamos a resolver de modo democrático. Tenemos una gran preocupación por los anuncios y por el camino que está tomando el Gobierno”.
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Cafiero sobre la doble indemnización: «El Gobierno ha tomado como decisión proteger y preservar el empleo»
El jefe de Gabinete adelantó que el Ministerio de Trabajo está analizando junto a representantes de trabajadores y de gremiales empresarias para avanzar en una hoja de ruta que continúe protegiendo el empleo. «Estamos viendo entre las distintas mesas de trabajo que tenemos, entre representantes de trabajadores y de las gremiales empresarias, cual es la puesta en común que podemos hacer», dijo.
A días de que venza la prórroga implementada en noviembre respecto a la implementación de la doble indemnización y a la prohibición de despidos, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, adelantó este miércoles que el Ministerio de Trabajo se encuentra analizando «cuáles son las herramientas más adecuadas» que permitan proteger las fuentes de trabajo, en un contexto de reactivación.
«Somos un gobierno que ha tomado estas medidas en un momento de complejidad. Estamos viendo que todavía todo el sector de los trabajadores está necesitando que se avance en medidas que tengan que ver con el cuidado del empleo, y así lo venimos haciendo», agregó esta tarde en diálogo con C5N.
Siguiendo esa línea, Cafiero confirmó que desde la cartera que conduce Claudio Moroni llevan adelante tratativas con distintos sectores, entre los que se encuentran representantes sindicales y empresariales, con el fin de encontrar un camino adecuado para continuar con el cuidado del empleo. «Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo en ver cuáles son las herramientas más adecuadas», manifestó.
Actualmente se encuentra vigente en todo el país el Decreto 961/2020 que extendió hasta el 25 de enero la doble indemnización en el caso de despidos sin justa causa. Asimismo, también está en plena vigencia hasta el 29 de enero el Decreto 891/2020 que prohíbe despidos y suspensiones en el sector privado.
Si bien afirmó que se observan números firmes de reactivación económica en distintos sectores, las medidas de promoción del empleo continuarán. «Estamos viendo cierta recuperación», dijo, pero «para nada el Estado se va a retirar» de las políticas de protección laboral aplicadas durante la pandemia.
A su vez, también se refirió a la recuperación real de los salarios, jubilaciones y pensiones, respecto a la inflación. «Lo que hemos establecido en el Presupuesto 2021 es que los salarios y las jubilaciones estén por encima de la inflación. Nuestras proyecciones macroeconómicas son que los salarios y los haberes estén por encima de la inflación y que haya una recuperación real. Esto es algo que no sucedió en los cuatro años de Macri», señaló Cafiero.
FMI
En las últimas horas, sobrevolaron versiones respecto al tiempo de negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que estiman el acuerdo final para el año 2022. Durante la entrevista, Cafiero dejó en claro que la intención de la administración nacional es lograr «más que un acuerdo rápido, un acuerdo correcto».
«Estamos trabajando en eso», dijo. «Economía desde el primer momento está en dialogo con los equipos del Fondo, trabajando en resolver un problema que trajo Macri. En Argentina no era un problema de agenda. No le debíamos plata al Fondo en 2015, y en 2018 el macrismo decidió tomar un préstamo de u$s44 mil millones», manifestó Cafiero y cerró: «Estamos trabajando para resolver eso, sin buscar el acuerdo fácil».
Vacuna
Por otro lado, el funcionario nacional se refirió al plan de vacunación contra el Covid-19 que se viene desarrollando desde fines de diciembre con el ingreso al país de las primeras dosis de la Sputnik V, y que continua esta semana con la segunda etapa.
«Hoy la ANMAT terminó de autorizar para mayores de 60 años la aplicación de la vacuna. Es importante porque nos abre nuestro ratio de vacunación que era lo que veníamos planificando», dijo sobre la vacuna producida por el Instituto Gamaleya de Rusia, y agregó que la estrategia de vacunación «se viene desarrollando según lo planificado».
En las últimas horas, otras 150 personas murieron y 12.112 fueron diagnosticadas con coronavirus en Argentina. Con los fallecimientos y nuevos casos reportados hoy, suman 46.216 los fallecidos y 1.831.681 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó la cartera de Salud. De los 1.831.681 contagiados, el 88,1% (1.613.773) recibió el alta y 171.692 son casos confirmados activos.
A propósito de las nuevas restricciones para la circulación en horario nocturno producto del alza de casos registrados en las últimas semanas, Cafiero pidió a la sociedad «seguir cuidándonos». «La vacuna representa esperanza, es innegable, pero también hay que redoblar esfuerzo en los cuidados», concluyó.
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Ni con dos salarios mínimos se llega a cubrir la Canasta de Pobreza
El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) apreció un incremento en 2020 del 28%, cuyo tramo final se completará en marzo de este año. Allí alcanzará los $26000. A pesar del incremento, tal suma apenas supera la Canasta de Indigencia. A su vez, si se supone una pareja o matrimonio que tiene como haberes de ambos la paga mínima fijada por el Gobierno, la patronal y los gremios, esta suma conjunta no llegaría a cubrir la Canasta Básica, lo que es decir, las necesidades elementales que requiere un núcleo familiar tipo para no caer en la pobreza. El SMVM alcanza a millones de obreras y obreros registrados y se extiende como referencia a las y los empleados fuera de convenio, precarizados y en negro. También sirve como guía para fijar los montos de planes sociales y prestaciones de las y los trabajadores desocupados. Por Máximo Paz, para ANRed.
Si bien la Ley de Contrato de Trabajo define al salario mínimo vital y móvil (SMVM) como «la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión», el actual Ministro de Trabajo Claudio Moroni chantó su propia definición al asegurar que «el salario mínimo es lo que podamos pagar».
La traducción es fácil: para el funcionario, lo que se encuentra dentro de sus posibilidades se trata de un sueldo mínimo de indigencia. Y fue así, porque aunque tras las discusiones que se dieron en octubre pasado sobre el SMVM para que, en consecuencia, este pasara de $16.875 a $20.587,50, se trató de un aumento que, a todas luces, hoy no llega al costo de la Canasta Básica Familiar, que en diciembre alcanzó el valor de $54.000 y que, para colmo, apenas supera a la de Indigencia, ubicada a fines de 2020 en $21.500. Es más: si los dos integrantes mayores de una familia tipo trabajasen, con el salario mínimo de ambos no se alcanzaría el monto de la Canasta Básica.
“Con el Salario Mínimo Vital y Móvil actual sólo se logra acceder al 40% del valor de la Canasta Básica de Pobreza para un hogar tipo metropolitano”, aseguró el consultor Artemio López para el diario Clarín.
En términos porcentuales, el SMVM rozó el 28% de incremento, mientras que la inflación promedio en el año alcanzó los 36,1%, lo que significa una pérdida del 14,1%.
Las cosas se ponen más sombrías si se compara al salario mínimo y su aumento con la suba promedio de los productos básicos de supervivencia, como son los alimentos, que se calculó en 45%. Allí la pérdida de poder de compra del SMVM se computa en 23%.
Si la paliza que le diera en 2020 la administración nacional de los Fernández al sueldo mínimo se complementa con las propinadas por Mauricio Macri durante sus cuatro años de gestión – donde se registró una pérdida del 24% entre 2.015 y 2.019 – el hundimiento del mismo recoge una merma del 32%.
Es que las especulaciones sobre el SMVM no encuentran una perspectiva positiva desde ningún ángulo: según los últimos datos volcados por la Ciudad de Buenos Aires, el sueldo mínimo creció de $5588 pesos por mes en 2015 a $16.875 pesos en octubre de 2020. Eso constituyó un incremento del 200%, aunque frente a una inflación del 354% prevista por el IPC de la Ciudad, el saldo representa una pérdida del 43% del poder adquisitivo de las y los trabajadores.
Aún así, el desajuste no solo ocurrió en 2020 con los sueldos mínimos, sino que la mitad de los salarios de las y los trabajadores registrados en la Argentina hoy se hallan por debajo del nivel de pobreza medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La voluntad por la nada se dio luego de que el presidente Alberto Fernández supiera que tenía que retocar muchos aspectos de la economía, ya que se estaba empinando hacia un desbarranque de magnitudes superiores al 2001, a la vez que los números de la pandemia no le estaban asegurando una buena performance.
De aquella premura surgió el primer Consejo del Salario, donde el Gobierno y los representantes de las centrales sindicales y de las cámaras empresariales acordaron una suba para el SMVM del 28%.
En esa junta se firmó que el incremento se iba a dar en tres tramos: 12% para octubre, 10% en diciembre y el 6% restante para 2021, cuando la suba se consumara a partir del primer día de ese mes. Allí el salario mínimo mensual para las y los trabajadores de tiempo completo se fijará en $21.600.
“Cuando el salario mínimo llegue a $21.600, quedaría 20% por debajo del nivel previo a la asunción de Cambiemos”, aseguró el sociólogo Artemio López, titular de la Consultora X, para el multimedio.
Además de fijar un piso remunerativo para el trabajo registrado, el SMVM incide sobre la paga de un amplio número de trabajadoras y trabajadores no registrados o informales que toman por referencia ese parámetro en convenios de trabajo con ingresos bajos y en los empleos que se dan “fuera de convenio”.
También el mismo incide sobre los 760.000 beneficiarios de planes sociales que perciben la mitad del salario mínimo, anclado hoy en $ 10.294.
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Al gobernador de la Provincia de Entre Ríos Gustavo Bordet.
Los abajo firmantes, agrupaciones y personas estamos conmovidas por el estado de precariedad de 70 trabajadores esenciales del Hospital Delicias Masvernat de Concordia. Allí existen trabajadores con hasta 11 años de antigüedad. Los mismos están en alerta y asamblea permanente, siguen trabajando y se movilizan fuera de sus horarios de trabajo. Son responsables y trabajadores que están pidiendo la estabilidad en el trabajo, condiciones dignas y equitativas de labor consagradas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. No sólo no son oídos en sus justos reclamos sino que también al querer entregar un petitorio al presidente en su reciente visita fueron encarcelados y maltratados cuatro compañeros (aunque eufemísticamente se use la expresión demorados); cosa que debiera requerir investigación sobre la responsabilidad de funcionarios del estado provincial y las fuerzas de seguridad.
Pedimos por lo expuesto urgente intervención del señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos para encontrar una solución concorde con la Constitución, las leyes laborales y principios de justicia básicos. Entendemos que esto se resuelve con decisión política de actuar conforme al derecho y la justicia. Asimismo más allá del encuadre sindical y de su situación de dependencia queremos y consideramos justo y necesario que los trabajadores en conflicto a través de dos de sus representantes participen en reuniones futuras encaminadas a lograr lo más pronto posible la efectivización de TODOS los trabajadores del Hospital. Pues los trabajadores esenciales no necesitan aplausos ni elogios sino respeto y reconocimiento en sueldo y condiciones dignas de trabajo. Pedimos al gobernador Gustavo Bordet que tome urgente y decidida intervención en forma DIRECTA para solucionar el problema y dedicarnos todos juntos a solucionar el tema de la pandemia, la desigualdad social y el desarrollo nacional.
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Covid-19: trabajadoras de comedores comunitarios reclaman ser incluidas en el plan de vacunación
Trabajadoras que mantienen día a día los comedores comunitarios reclaman ser incluidas en el plan de vacunación contra el Covid-19, dado que asumen «funciones esenciales para el cuidado de la salud comunitaria». «Por medio de nuestros compañeros y compañeras sostenemos territorialmente una red inmensa de ayuda y contención social allí donde más se necesita. Consideramos que es fundamental poder cuidar a quienes nos cuidan. Vemos con preocupación el impacto que podría provocar en los barrios populares un nuevo avance y rebrote de la enfermedad. Es por ello que, así como se están realizando vacunaciones a trabajadores de la salud y otros esenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pedimos que se realicen vacunaciones a trabajadores y trabajadoras de los comedores comunitarios y promotores territoriales», expresaron. Por ANRed.
En un comunicado conjunto que sacaron distintas organizaciones sociales y territoriales de la Ciudad de Buenos Aires, resaltaron el rol importante que tuvieron en diversos lugares del país, en el marco de la pandemia de Covid-19, donde desarrollaron tareas de contención social y alimentaria en los barrios populares sin contar con el reconocimiento por parte del Estado ni los recursos suficientes. Asimismo, resaltaron el aumento de la cantidad de familias que se acercaron a comedores durante todo el año, en medio de una escasez de alimentos que no dio a basto.
Además, también resaltaron que acompañaron los operativos Detectar, cumpliendo un rol primordial de acercar a la gente y brindarles confianza para que se realicen los testeos, todo esto debido a la ineficiencia y falta de recursos por parte del Estado.
Es por eso que reclaman ser incorporadas al calendario de vacunación como personal esencial: «por medio de nuestros compañeros y compañeras sostenemos territorialmente una red inmensa de ayuda y contención social allí donde más se necesita. Consideramos que es fundamental poder cuidar a quienes nos cuidan. Vemos con preocupación el impacto que podría provocar en los barrios populares un nuevo avance y rebrote de la enfermedad. Es por ello que, así como se están realizando vacunaciones a trabajadores de la salud y otros esenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pedimos que se realicen vacunaciones a trabajadores de los comedores comunitarios y promotores territoriales«, expresaron las organizaciones.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Camioneros no acepta ningún cambio en la recolección de residuos
El Sindicato de Camioneros anunció su preocupación y advirtió sobre medidas de fuerza ante la postura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de acortar los días de trabajo de la recolección.
Fuente: Camioneros
El comunicado del sindicato señala que la medida que quiere implementar Horacio Rodríguez Larreta “implica quitarle los días feriados nacionales a los trabajadores, sin poder asistir a realizar sus tareas y en consecuencia afectando el bolsillo de los compañeros y sus familias”.
Bajo ninguna circunstancia se aceptará ningún cambio a la forma de trabajo de los compañeros de la recolección de residuos en Capital Federal. Vale aclarar que está medida perversa modifica el sueldo de los trabajadores de la Rama Recolección”, advirtieron desde el gremio.
El sindicato que encabezan Hugo y Pablo Moyano subrayó que “se empezará a tomar medidas contra el Gobierno de la Ciudad si continúan con el intento de modificar el modo de la Recolección de Residuos, o en cualquier intento de perjudicar el bolsillo del trabajador”, recortando los días laborales.
Solicitan al jefe de Gobierno Horacio Larreta y a los demás responsables del Gobierno de CABA que “revea la absurda medida contra los trabajadores Camioneros”, porque llegarán hasta las últimas consecuencias, con medida de fuerzas muy severas “si se llega a tocar el bolsillo de un solo trabajador”.
Señalan además, que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “intenta perjudicar a los trabajadores y humillar sus derechos laborales por un capricho de ajuste económico, cuando existen otros medios para reducir sin perjudicar el poder adquisitivo de los trabajadores esenciales que cumplieron un rol fundamental durante la Pandemia para mantener la higiene cuando más se requería”.
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Habrá registro vía AFIP
Gobierno Nacional prepara medidas para formalizar el sector cooperativista
Se apuntará a crear un registro mediante herramientas de control fiscal y en paralelo instrumentar un mecanismo para facilitar la cobertura de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART)
Foto: El diario de Carlos Paz
El Gobierno pondrá la mirada en las Cooperativas con el objetivo de impulsar una mayor formalización de sus asociados en la salida de la pandemia. La administración del presidente Alberto Fernández, apuntará a crear un registro exhaustivo de cooperativas mediante herramientas de control fiscal y en paralelo instrumentará un mecanismo para facilitarles la cobertura de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
Las medidas se tratan en elaboración entre el organismo de AFIP y el Ministerio de Trabajo, que tienen en común el propósito de asimilar a esos asociados al mundo laboral registrado. En el caso de la AFIP, el organismo trabaja junto con la cartera laboral en la creación de una nueva herramienta de registración similar al formulario 931, la declaración jurada de los empleadores cuando dan de alta a un nuevo asalariado.
Según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en la Argentina hay más de 8 mil cooperativas y 3 mil mutuales que cuentan con millones de asociados con diferentes niveles de involucramiento. Los rubros de alcance de esta modalidad son tan amplios como la educación, los servicios médicos y sociales, la provisión de energía, la prestación de datos móviles e internet y hasta empresas recuperadas.
En medio de la pandemia del coronavirus más de 800 entidades radicaron trámites para integrarse al sistema asociativo, en su mayoría a cooperativas de trabajo. En ese lapso y hasta septiembre se autorizó la creación de 335 cooperativas.
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Manifestación de gastronómicos por aumento salarial visibiliza la crisis generalizada del sector
La ruidosa concentración con la que reclamaron incremento salarial fue en la sede marplatense de UTHGRA, ícono del gremio en plena temporada estival que no alcanza a despegar producto de la pandemia , motivo por el que harán una movilización hasta la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) donde pedirán además que se abone el tradicional plus por temporada.
Trabajadores gastronómicos nucleados en Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) llevaron adelante una importante protesta en reclamo de paritarias y el bonus por temporada y piensan continuar en “pie de guerra” en vistas a lo que queda del verano.
«Esta movilización responde a la falta del cierre de paritarias. Hace casi dos meses se está trabajando en esto y no hemos podido lograr ponernos de acuerdo en el porcentaje. Es muy bajo lo que están ofreciendo”, manifestaron desde el gremio que conduce Luis Barrionuevo .
El reclamo también incluye el plus de temporada, un derecho adquirido hace más de 20 años, cada temporada, que no están dispuestos a resignar. Si bien en algún momento se habló y cuestionó, entendemos que corresponde», explicó Nancy Todoroff, secretaria general adjunta del gremio, en forma oficial.
En este sentido, contextualizó: «Desde noviembre se vino trabajando con los ATP hasta diciembre. Si bien el sector hotelero no tiene los porcentajes de ocupación necesarios están teniendo ayuda del Estado. Tanto el sector gastronómico y hoteleros están en condiciones de firmar paritaria y pagar el plus de temporada», reafirmaron.
Desde UTHGRA piden un aumento del 40%, mientras que del sector empresario ofrecen «poco más de 25%», ese parece ser el punto que buscan destrabar en medio de la pelea por la extensión horaria que se vio restringida en contexto de pandemia.
Conocedor de la situación, el gobierno intenta reactivar el sector. También el Turismo y la Cultura a través de la presentación de la segunda edición del Fondo Especial Municipal para la Reactivación del Turismo y la Cultura, en un acto desde el Hotel Provincial de Sierra La Ventana.
En esta oportunidad, la Provincia desembolsó un monto de 500 millones de pesos destinados a los 135 municipios para que éstos puedan asistir a los establecimientos turísticos y culturales de sus distritos, dos sectores fuertemente golpeados por la pandemia.
Hace tres meses, la administración bonaerense había distribuido unos 300 millones de pesos en el marco de este fondo en base a un catálogo donde se inscribieron 13.737 establecimientos del turismo y la cultura.
.Envio:RL
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