VENEZUELA.

 

Gobierno apela al secretario general

de la ONU para «reanimar diálogo» 

con Guyana por el Esequibo

Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021.

El presidente Nicolás Maduro envió una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en la que le solicita intervenir para generar un diálogo entre Venezuela y Guyana sobre la histórica disputa territorial existente entre ambas naciones por el Esequibo.

En la misiva, el Presidente afirma a Guterres que «es necesario contar desde su buena voluntad con sus buenos oficios, en el sentido más amplio posible, para reiniciar, con la urgencia que esta controversia amerita, conversaciones directas entre Guyana y Venezuela con el objetivo de avanzar hacia un entendimiento pacífico y beneficioso a ambas partes», y añade: «Usted tiene la capacidad para reanimar el diálogo como camino para evitar decisiones ajenas a la legalidad internacional, que pueden poner en grave riesgo la paz y la seguridad de la región».

«En sus manos está el encauzamiento de una controversia territorial mediante medios pacíficos, una solución amistosa, práctica y satisfactoria, para ambas partes», dice el presidente venezolano.

La carta fue enviada luego de que el 18 de diciembre de 2020 la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por solicitud unilateral de la República Cooperativa de Guyana, se declarase «competente» para juzgar sobre la disputa territorial que tienen ambas naciones por el Esequibo.

El alto tribunal de la ONU decidió que tiene jurisdicción para analizar «la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre» entre Venezuela y Guyana.

Al respecto, el presidente Maduro enfatiza que «Venezuela rechaza la decisión de la CIJ (…) dado que puede afectar gravemente sus intereses». Recuerda que Venezuela «nunca ha presentado su consentimiento» para que la CIJ establezca dichos parámetros sobre la controversia territorial con Guyana.

Por último, indica que el laudo arbitral de 1899 es un asunto jurídico «zanjado y superado» con la suscripción del Acuerdo de Ginebra de 1966, que determina resolver la controversia de manera pacífica entre ambos países.

Fuente: Misión Verdad

El final anunciado de Juan Guaidó

Por Marco Teruggi. Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021.

Venezuela transita una modificación del tablero político, tanto nacional como internacional, dimensiones muchas veces inseparable en el actual conflicto. Esa reconfiguración no es nueva y por momentos aparece con evidencia, como en estos días en que la nueva Asamblea Nacional ya se encuentra en funciones y Juan Guaidó parece estar ante sus últimas, o ya agotadas, reservas.

Una de las señales de esta situación vino por la decisión de la Unión Europea de no reconocerlo como “presidente interino”. La posición fue expresada con diplomacia y filo: Guaidó fue calificado como “representante de la Asamblea saliente”. La Unión, al afirmar que la Asamblea que presidía Guaidó no sigue vigente, como afirma un sector de la oposición, descarta la continuidad de la “presidencia interina”.

Esta modificación ya había sido anticipada. Posiciones duras contra el gobierno de Nicolás Maduro, como las de Alemania, Holanda o Francia, cambiaron ante el nuevo escenario. Una pregunta viene al caso: ¿se trató de un reacomodo europeo en soledad o de una posición acordada con la nueva administración entrante en Estados Unidos? La modificación del tablero ocurre sobre varios niveles a la vez. EE.UU. seguramente mantendrá el reconocimiento a Guaidó como “presidente interino” en lo que fue un acuerdo bipartidista desde el principio. Pero seguramente, en simultáneo con la ratificación de ese posicionamiento, ocurra la modificación de la táctica, de la forma de abordaje del expediente Venezuela que, a todas luces, no dio los resultados esperados por Washington.

Otros gobiernos mantendrán junto con EE.UU. una línea de reconocimiento de la “presidencia interina”, como aquellos ubicados en el arco más a la derecha en América Latina, como Colombia, Brasil y Chile, y aliados estadounidenses en política exterior, como Canadá, el Reino Unido y Japón. Pero la decisión de cómo continuar para lograr un cambio de gobierno en Venezuela no será una decisión de esos gobiernos sino, como fue desde el inicio, exclusivamente de EE.UU.

Guaidó está fuera del centro político, agotado como para cumplir los objetivos políticos bajo los cuales fue construido. Lo saben todos los actores, independientemente de su narrativa pública. Por eso existen reposicionamientos internacionales y numerosas fracturas sucesivas dentro de la oposición venezolana, donde cada dirigente, partido -o fragmento de partido- busca posicionarse de cara al escenario abierto y en construcción. Se trata del posible final de una estrategia representada en Guaidó, la de una institucionalidad paralela. El gobierno venezolano logró desactivarla en un lapso de dos años, con un costo general para la economía sobre la cual se profundizó un bloqueo, la población, en particular los sectores populares y capas medias, y sobre la política, que se convirtió en posiciones de trincheras.

¿Cómo será la nueva etapa?

Por el momento pueden verse algunos contornos. El discurso de la nueva Asamblea, con mayoría chavista, plantea tanto la importancia del diálogo como la reconciliación y la necesidad de que no exista impunidad. Iris Varela, vicepresidenta del poder legislativo, afirmó en la sesión del jueves que “acordamos como junta directiva crear una comisión especial que va a investigar las acciones perpetradas contra la República desde las directivas y algunos miembros de la Asamblea en el período 2016-2021 (…) en un mes tiene que haber resultados y ya tiene que salir el exhorto para que actúe la justicia de manera contundente”.

El mensaje apuntó directamente a Guaidó, que a partir del 5 de enero perdió la inmunidad parlamentaria. Quien el 23 de enero del 2019, entonces desconocido para el país, se autoproclamó presidente, sabe ahora que su final político es cuestión de tiempo. Quedará en una disolución de capital político hasta reducirse al Twitter, o será detenido por la justicia. ¿De qué dependerá? De tiempos políticos, posibles diálogos y negociaciones internacionales donde el chavismo tiene una posición de fuerza política, pero de debilidad económica.

La apuesta del gobierno para la nueva etapa se centra en el intento de ingreso de capitales privados, nacionales y extranjeros, a diferentes áreas claves de la economía. Es lo que oficialmente comenzó a partir de la ley anti-bloqueo votada en octubre en la Asamblea Nacional Constituyente, que plantea, entre otras cosas, que ese proceso de ingreso de capitales se hará de forma confidencial para evitar las persecuciones del bloqueo por lo que, hasta la fecha, no han existido rendiciones de cuenta al respecto.

Aún no pueden medirse los resultados de esa orientación que comenzó con anterioridad a la ley. Según la efectividad o no, es decir que permitan una mejora de los ingresos en las arcas del Estado, de los servicios públicos, en empresas estratégicas como PDVSA, el gobierno tendrá mayor o menor urgencia para negociar una flexibilización del bloqueo en un posible diálogo/acuerdo con EEUU. La apuesta del gobierno es, además, que, dentro del rompecabezas, esa misma ley y las oportunidades de inversión que ofrece, funcione como elemento que empuje hacia acuerdos.

Por el momento se trata de debates, análisis y puertas cerradas, pero no de impactos en una cotidianeidad que se encuentra desde hace años bajo metamorfosis, con salarios y jubilaciones que van desde dos dólares mensual en el Estado hasta alrededor de 50 o 100 dólares en empresas privadas, con dificultades de abastecimiento de agua, gas, luz, y gasolina, y una moneda nacional que retrocede ante el avance del dólar desde lo pequeño hasta lo macro. Esa cotidianeidad es el principal tiempo de las mayorías en Venezuela.

Feministas exigen la libertad de 

Vannesa Rosales, detenida desde 

octubre por facilitar información 

para abortar a una niña de 13 años 

que había sido violada

Resumen Latinoamericano, 8 de enero de 2021.

Se llama Vannesa Rosales, es venezolana y activista feminista. Desde octubre pasado se encuentra detenida y está acusada de brindar información y medicamentos para una interrupción de un embarazo a una niña de 13 años que había sido abusada sexualmente. La niña tiene siete hermanos y pertenece a una humildísima familia. Hay que recordar que en Venezuela, a pesar de la lucha que vienen librando organizaciones feministas de claro contenido chavista, como es «La araña feminista», el aborto esta penalizado, aun en casos de violación. Esa y otras organizaciones exigen su libertad y su absolución.

Vannesa es también maestra y trabajadora social en la comunidad de Pueblo Nuevo, una población de escasos recursos en el centro de la ciudad de Mérida. Desde hace más de ocho años, Vannesa Rosales ha estado involucrada en múltiples proyectos que han beneficiado enormemente aesa comunidad, por ejemplo, es la fundadora del núcleo en Pueblo Nuevo del programa Estudios Abiertos de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida UPTM en las áreas de Enfermería, salud integral, contaduría en gestión comunal y prevención del delito y criminología. La defensora también ha desempeñado un rol esencial asistiendo a mujeres desde una iniciativa local que acompaña a las mujeres en la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la promoción de la despenalización del aborto.

El 22 de diciembre de 2020, los abogados de Vannesa, Rosales interpusieron un amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Mérida. En el amparo los abogados/as solicitaron a las autoridades que cumplan con los derechos y garantías constitucionales de la defensora, en particular que se le permita quedar libre en espera de cualquier proceso judicial en su contra, y que enfrente cargos solo por sus acciones, no por su defensa de los derechos de la mujer.

Sin embargo, el juez asignado calificó la solicitud de la fiscalía con base al activismo de  Vannesa Rosales por la despenalización del aborto, y la acusó de los delitos de, aborto asistido a terceros sin consentimiento, asociación para delinquir y asociación ilícita, impidiéndole finalmente ser juzgada en libertad en tanto que la pena imputada supera los 4 años.

Este viernes, organizaciones y activistas feministas de Venezuela y otros países latinoamericanos organizaron un twitazo por la libertad de Vannesa. Y denunciaron que ella es víctima de maltrato psicológico e institucional: le restringen el acceso a tratamientos médicos prescritos, no ha podido reunirse en privado con sus abogados y su caso ya padece de retardo procesal.

Cabe señalar que organizaciones feministas ligadas a la Revolución Bolivariana han planteado el tema a diversos funcionarios del actual gobierno, y también tomaron contacto con personalidades de la esfera judicial, buscando solución a un tema que hoy tiene como protagonista a Vannesa Rosales, pero que en estos momentos atraviesa tranversalmente a todo el continente, y que es la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, recientemente conseguido en Argentina gracias a la movilización de millones de mujeres.

Envio:RL