“Entre el miedo y la cobardía, elegimos el miedo y salimos a buscarlo”
Yolanda Medina declaró en el reinicio de la causa Klotzman por la desaparición de su hermano Oscar, en octubre de 1976. Habló de la búsqueda, el maltrato oficial y el anhelo de justicia y determinar dónde se llevaron a su hermano
22 de febrero de 2021
Candela Ramírez
“Quiero encontrarlo”, expresa Yolanda Medina al inicio de una entrevista con El Ciudadano que termina de la misma manera. “Quiero encontrarlo”, reclama a lo largo de una charla donde reafirma una y otra vez su necesidad de dar con el paradero de Oscar, su hermano desaparecido por la última dictadura cívico militar. “Creo que la desaparición es la tortura más terrible que pudieron hacer estos asesinos. Necesito saber dónde está”.
En los Tribunales Federales de Rosario se lleva adelante la causa Klotzman que investiga por primera vez los crímenes cometidos en la Quinta de Fisherton (San José de Calazans al 9100). Oscar Medina era militante del PRT-ERP y tenía 23 años cuando fue secuestrado de su casa en Villa Gobernador Gálvez la madrugada del 20 de octubre de 1976. Su caso y el de 28 víctimas más se investigan en este juicio que inició en septiembre de 2020 y cuyas audiencias se retomaron la segunda semana de febrero. Fue en esta oportunidad que declaró Yolanda.
“Lo buscamos por todas partes donde pensamos que nos podían dar una respuesta. Todos los días de mi vida me levanto esperando tener esa respuesta”, expresa con la voz entrecortada. La mayoría de las víctimas era militante del PRT-ERP, lo que para los organismos de derechos humanos da cuenta del ensañamiento de los militares contra esta organización. Además, en esta elevación de la causa solo hay un sobreviviente: Fernando Brarda, quien durante mucho tiempo fue el único conocido.
Yolanda subraya lo que tuvieron que deconstruir sobre el accionar del Ejército y la Policía aquellos días: “Oscar ya había estado detenido cuando era delegado en los Talleres Filippini. Fue por un reclamo de pago a término. Se desató un conflicto gremial que terminó con su despido y sus compañeros hicieron un paro reclamando su reincorporación. Entonces la empresa lo acusó de agitador y el 28 de julio de 1974 se lo llevaron. Estuvo nueve meses en la cárcel y sufrió todo tipo de torturas. Ahí empezó una persecución feroz contra él y toda la familia. En octubre de 1976 fue detenido de nuevo, pero en ningún momento entendimos que eso era un secuestro. No lo creíamos, teníamos otra imagen del Ejército, así nos enseñaron. No sabíamos que el Ejército secuestraba, robaba, torturaba y hacía desaparecer a las personas. Creíamos que estaba detenido y cuando entendimos que era un secuestro fue desolador. Entendimos que no lo íbamos a encontrar, fue muy triste. Así empezamos nuestra búsqueda con mi madre Elisa”.
Yolanda enumera los lugares donde buscaron a Oscar: el Destacamento 121, la Policía Federal y Tribunales Federales. En todos recibieron la misma respuesta: amenazas, desprecio o burlas. También buscaron ayuda en alguien que creían que había sido amigo de Oscar, el cura Eugenio Zitelli. “Nos dijo que se lo habían llevado en un operativo y que nos iba a ayudar a encontrarlo. Tan ignorantes fuimos, no entendimos que nos iba a ayudar el que era parte de los secuestradores. Él no podía ignorar lo que estaba pasando porque era el capellán de la dictadura”, cuenta.
Zitelli fue capellán de la Policía de Santa Fe durante aquellos años. Murió impune en 2018 a pocos días del inicio del juicio que lo tenía en el banquillo de acusados: la megacausa Feced que investigó los crímenes cometidos en el ex Servicio de Informaciones -SI-, el centro clandestino de detención y tortura más grande de la provincia.
El primer lugar de contención que encontraron Yolanda y Elisa para encauzar su búsqueda fue Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Yolanda destaca su lucha y agradece la escucha y ayuda que recibieron. Familiares nació en septiembre de 1976 y fue una de las primeras organizaciones que reunió denuncias sobre las desapariciones.
Elisa fue además una Madre de Plaza de Mayo que participó de la ronda todos los jueves en Rosario. Falleció el 1 de mayo de 2009, luego de una vida de búsqueda inclaudicable y a meses del inicio del primer juicio de lesa humanidad de la ciudad.
“Con vida se los llevaron, con vida los queremos, fue la primera consigna que tuvimos. Me duele decir eso porque no pudo ser. Hoy quiero encontrarlo, quiero que los jueces hagan justicia y que los asesinos digan dónde los dejaron, qué hicieron con ellos. No quiero a ninguno de ellos con prisión domiciliaria porque están viejitos, ¡Nosotros también nos volvimos viejos y no tenemos a nuestros seres queridos! Sufrimos todo lo que ellos hicieron. Llevarse a nuestro Oscar fue lo más terrible que pudieron hacer. Quiero que digan dónde están los desaparecidos. Que paguen en la cárcel común como cualquier asesino porque además eran torturadores, violadores seriales y ladrones”, manifiesta, vehemente.
Romper el silencio
Daniel Guibes es el segundo sobreviviente conocido de la Quinta de Fisherton pero su caso no se llegó a constituir en esta elevación. No era militante de ninguna organización y le llevó 40 años hablar sobre su secuestro más allá de su círculo familiar.
Como Guibes, hay muchos. “En los juicios siempre aparecen nuevas víctimas”, afirmaron a El Ciudadano desde la Fiscalía antes de la última sentencia de lesa humanidad en la ciudad. Cuando se acercan a declarar, a contar lo que vivieron, ayudan a reconstruir el circuito del genocidio en la ciudad y colaboran en la búsqueda de información sobre los miles de desaparecidos.
A esas personas, Yolanda les dice: “Que ya no tengan miedo, pueden hablar. Entiendo el miedo porque con mi madre lo tuvimos pero hicimos una elección, cuando se llevaron Oscar se llevaron la mitad de la vida pero entre el miedo y la cobardía elegimos el miedo y salimos a buscarlo. Hay mucha gente que nos ayuda y puede decir a quiénes vieron en los centros clandestinos para que las familias sepan dónde estuvieron, que estuvieron con ellos. Les pido que hablen pero lo pido con mucho respeto, yo sé que muchos no pueden hablar por el trauma que les ha quedado. Ojalá pudieran superar todo pero es muy difícil. A partir de las torturas y desapariciones es otra la vida, cambió la nuestra para siempre”.
Quinta de los Comandates
Héctor “Chinche” Medina también es hermano de Oscar. Quedó detenido en 1975, a los 17 años, por su militancia en el PRT y se convirtió en la persona más joven en estar a disposición del Poder Ejecutivo hasta que en 1984 recuperó la libertad. Como Yolanda, se sumó a la búsqueda de su hermano y en diciembre de 2020 declaró en la última audiencia del año por la causa Klotzman.
Ambos junto a organismos de derechos humanos, impulsan la búsqueda de los restos de Oscar y otros desaparecidos de la Quinta de Fisherton que podrían encontrarse en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención denominado como La Quinta de los Comandantes, ubicado en Villa Gobernador Gálvez.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) llevó a cabo un relevamiento del lugar en agosto de 2020 y tiene previsto iniciar trabajos de prospección este año. En ese momento, Graciela Esperanza Villareal, ex detenida, reconoció esta Quinta como el lugar donde permaneció secuestrada en 1976.
La Quinta de los Comandantes se encontraba en un predio dependiente del Segundo Cuerpo de Ejército, ubicado en Ayacucho y Circunvalación, donde en los años del terrorismo de Estado utilizaron los generales Ramón Díaz Bessone y Leopoldo Fortunato Galtieri para reunirse con empresarios, dirigentes políticos, sindicales y autoridades eclesiásticas de la zona de Rosario.
Detalles de la causa
Lleva el nombre de Klotzman porque es el apellido del primer secuestrado en operativos que se llevaron adelante entre agosto y noviembre de 1976, aunque la mayoría ocurrieron durante la primera quincena de agosto de ese año. Cada uno de ellos expone características similares y se autodenominaron “operativos conjuntos” por la participación coordinada de integrantes del Ejército y de la Policía Federal.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, integrado por Emilce Rojas, Eugenio Martínez y Osvaldo Facciano. En esta etapa de la pandemia por coronavirus, las audiencias serán mixtas entre virtual y presencial, cada 15 días. La próxima será el miércoles 24 de febrero. Si los testigos lo solicitan podrán declarar de forma presencial.
Es la primera vez que se investiga en la ciudad a miembros de la Policía Federal y un caso de apropiación y robo de identidad- la nieta recuperada número 103. Esperan que haya una sentencia ejemplar a mediados de este año.
En la causa hay cuatro imputados: Jorge Alberto Fariña, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López. El primero es retirado del Ejército Argentino, destinado al Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y ya ha sido juzgado por crímenes de lesa humanidad; los demás son ex agentes de la Policía Federal Argentina delegación Rosario y afrontarán su primer juicio de este tipo.
Los imputados están acusados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita y supresión de identidad, sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años.
Todos los acusados se encuentran en prisión preventiva en modalidad de detención domiciliaria. Desde la elevación en 2015 se sucedieron tres suspensiones hasta su inicio en septiembre de 2020. En el transcurso fallecieron tres represores vinculados a la causa: Luis Paulino Coronel, Rubén Oscar Jaime y Juan Dib. Los tres eran integrantes de la Policía Federal.
Las víctimas son: Cecilia Beatriz Barral, Ricardo Horacio Klotzman, la nieta recuperada hija del matrimonio Klotzman-Barral, Juan Alberto Tumbetta, Edgardo Silva, Osvaldo Aníbal Matosky Szeverin, Fernando Patricio Brarda, María Laura González, Ricardo José Machado, Elvira Estela Marquez, Liliana Beatriz Girardi, Julio Adolfo Curtolo, María Teresa Latino, María Teresa Serra, Elvio Ignacio Castañeda, Alejandro Ramón Pastorini, José Ángel Alba, Herminia Nilda Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Marques, Dante Rubén Vidali, Isabel Ángela Carlucci, Víctor Hugo Fina, Héctor Alberto González, María Teresa Vidal Martínez Bayo, Juan Carlos Lieby, Daniel Emilio Garrera, María Victoria Gazzano Bertos y Oscar Alberto Medina.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
El Consejo Federal de la Hidrovía, sobre el fin de la concesión
La autopista federal del río
El Gobierno central y los gobernadores, además de los lobbys circundantes, empezaron ayer a delinear el llamado a licitación para concesionar desde abril la explotación y mantenimiento de la hidrovía Paraguay - Paraná. Y como primer paso, el ministro de Transporte, Mario Meoni, garantizó que el nuevo status de esta ruta fluvial será "auténticamente federal", esto es, con injerencia de las provincias litoraleñas en las que Santa Fe tiene 800 kilómetros de ribera dentro de los 3400 totales. La inclusión de Omar Perotti y sus colegas vecinos, reunidos de manera presencial y virtual desde Rosario, marcó un rumbo en ese sentido. El problema es cómo llevarlo a cabo. Algunos suponen que el Gobierno no ya no le queda tiempo para armar la licitación, y si intenta tomar el servicio hasta la próxima concesión ahí le saltan los reparos del lobby privado que rechaza la gestión estatal del río. Afuera hubo protesta por parte de quienes entienden que en este debate la prioridad está puesta en el negocio fluvial de capitales privados y no en la sustentabilidad del río ni en beneficios para las provincias que encauzan el río. La concesionaria actual –Jan de Nul - Emepa– finalizarán el 31 de abril un contrato que detentan desde 1995, a razón de 200 millones de dólares anuales de utilidades para el tránsito de 6 mil buques y 100 millones de toneladas de carga.
El Consejo Federal de la Hidrovía se reunió en mayoría online, por teleconferencia, pero la cabecera sí lo hizo de manera presencial, en la sede local de Gobernación. Perotti recibió al titular de Transporte y al de Defensa, Agustín Rossi, y a los gobernadores Axel Kicillof, Jorge Capitanich, y Gustavo Bordet. El correntino Gustavo Valdez lo hizo por videoconferencia, igual que sus pares de Formosa, Gildo Insfrán, y Misiones, Oscar Herrera Ahuad. Y en la pantalla dieron el presente referentes del comercio fluvial, la agroexportación, Bolsa de Comercio, universidades, gremios, entidades de navegación y organismos ecologistas.
El encuentro –anunciado el año pasado cuando el Presidente Alberto Fernández vino a Puerto General San Martín– fue el prólogo para delinear los términos de la próxima concesión en cuanto a obras para ampliación, modernización y mantenimiento de la señalización de la hidrovía, además del dragado y mantenimiento del curso principal. El gremio de Dragado y Balizamiento viene alertando sobre la falta de inversión por parte de la concesionaria belga y su socia nacional.
Perotti celebró la inclusión de las provincias y demás actores en el Consejo Federal. "La centralización nos costó demasiado tiempo de desarrollo, nos frustró muchas posibilidades e inversiones", dijo.
Ayer Meoni marcó el terreno y dijo que "la decisión es que la hidrovía fuera una hidrovía federal, que realmente nos permitiera pensar que el desarrollo de nuestro país es un desarrollo integral y que la concesión actual cumplió con su cometido y es un ciclo que culmina y tenemos que pensar hacia delante, de qué manera se mejora sobre lo que se ha construido para saber qué cosas son las que efectivamente debemos sostener, y cuáles otras, seguramente muchas, tendremos que modificar y rectificar”. Tras ello, el ministro descartó que este proceso pueda trastornar el flujo exportador. "La exportación no se detendrá ni un solo día, vamos a trabajar duro para que se siga sosteniendo la navegabilidad a pleno", aseguró.
"Esta autopista que es la hidrovía del Río Paraná tiene que estar preparada para recibir a los que van a ser sus vehículos que la van a transitar de aquí en más porque año tras año van creciendo en volumen, en capacidad de carga, y por lo tanto el Río se debe ir adecuando en sus anchos y profundidades para que pueda seguir prestando el servicio a esas embarcaciones que cada día son más importantes para los costos logísticos”, dijo Meoni acerca del cometido que la concesión actual no completó: el dragado previsto. Actualmente el calado desde Puerto San Martín hasta el km 239 (Punta Indio) es de 34 pies, de una sola vía y un ancho de 100 metros.
El lobby agroexportador presiona para que la hidrovía en ese tramo vaya hasta 36 pies, para permitir buques de mayor envergadura, pero esto es materia de polémica por el impacto ambiental que sobrevendría. Todo es materia de discusión, y lo es ahora, cuando se vence la concesión actual.
Rasino
La EPE detectó más de treinta conexiones ilegales
Los colgados del barrio privado
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) detectó ayer una treintena de conexiones ilegales domiciliarias en un barrio privado de la localidad de Timbúes, tras verificar más de 102 puntos de la red eléctrica de este vecindario. El barrio es Campo Timbó donde se hicieron 102 inspecciones, a partir de las cuales se constataron 27 conexiones directas, la mayoría pertenecientes a obras en construcción. también fueron detectados algunos medidores adulterados asi como servicios de alumbrado público que deberán ser normalizados .
En ese sentido, el titular de la EPE, Mauricio Caussi, señaló que el Plan de Disminución de Pérdidas No técnicas “es uno de los ejes de trabajo más significativos de esta gestión. El año pasado, hemos realizado 55.000 inspecciones de instalaciones domiciliarias, que generaron 12 mil actas de fraude, recuperando 39,4 millones de kwh, equivalentes a 300 millones de pesos”.
“Estas tareas tienen como objetivo mejorar la facturación de los consumos, la calidad del servicio a los usuarios, adecuando la infraestructura eléctrica a las necesidades de la población y ordenando la información de la energía abastecida que administran los sistemas comerciales”, dijo Caussi.
Asimismo remarcó que “la normalización de las instalaciones eléctricas domiciliarias, requiere de la incorporación de nuevos usuarios al sistema comercial, como así también la correcta medición de la energía demandada, que son los pilares de una gestión más equitativa y eficiente”.
La última vez que la EPE hizo pública una detección de magnitud fue a mediados del año pasado: en agosto de 2020 había revelado que " en la primera mitad de ese año se habían detectado más de 5.000 conexiones irregulares al sistema en toda Santa Fe, mientras que en Rosario también se sumaron comercios que no registraban correctamente el consumo.
Entonces el propio Caussi, había informado que en “el primer semestre del año se realizaron más de 25.000 verificaciones domiciliarias en la provincia de las cuales, en más de 5.000 se labraron las correspondientes actas de fraude”.
Dijo que “estas tareas forman parte de un plan prioritario de disminución de las pérdidas no técnicas, que tienen como objetivo mejorar la facturación de los consumos, la calidad del servicio a los usuarios, adecuando la infraestructura eléctrica a las necesidades de la población y ordenando la información de la energía abastecida que administran los sistemas comerciales".
En las inspecciones se constató la existencia de derivaciones irregulares en el caño de bajada, de medidores que no marcaban la energía consumida y conexiones clandestinas directas desde la red pública. Además, los inspectores constaron anomalías en una vinoteca de la calle Urquiza, como así también un café de avenida Pellegrini tenía una conexión antirreglamentaria.
Rechazo ambientalista y político
Otros quieren saber de qué se trata
“Somos parte del contingente que a lo largo de las últimas décadas venimos luchando por la defensa del patrimonio público, ese que el neoliberalismo fue expropiando a nuestro pueblo. Podemos hablar de YPF, de los ferrocarriles, o de las riquezas naturales de nuestro país. Creemos que la discusión por el modelo productivo no puede dejar afuera a los derechos ambientales. Acá lo que está en discusión es un modelo extractivista, que va en contra de la soberanía”, exclamó el docente Gustavo Teres, de la CTA Regional Rosario.
El diputado provincial Carlos Del Frade cuestionó el carácter cerrado de la reunión, aunque entre los participantes había organizaciones ecologistas: “Es una vergüenza que estén discutiendo a puertas cerradas. Me pregunto si vamos a seguir siendo giles, para que 30 mil millones de dólares que salen del bien común se vayan del país, mientras en la Argentina faltan salud, educación, vivienda y alimento para tantos argentinos. Hay que decir hoy que Menem no se murió, porque está vivo acá adentro. El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, dijo que la soberanía era un tema del pasado. ¿Qué tipo de socialista es ese? Decir eso es de menemista. El gobernador Perotti, que no le cobra un peso a ninguna de las exportadoras que sacan toneladas de granos por el río Paraná, no dice una sola palabra. Silencio cómplice ante los dueños del negocio. Ni hablemos de lo que hizo el PRO, que desarticuló el Senasa cuando fue gobierno. Son todos menemistas”, se ofuscó.
La posición crítica cerró con Sebastián Martínez, de la Multisectorial por los Humedales: “Da bronca escuchar la convocatoria que hacen a este Consejo, en el cual hablan solamente de la Hidrovía como un negocio, como si nuestro río Paraná, con toda su riqueza ambiental, fuera solamente una autopista. Si van a hacer un dragado más profundo, eso puede afectar a las poblaciones a la vera del río y la naturaleza”.
Debutó la página oficial de la provincia para vacunarse
Cien mil anotados en el primer día
Imagen: Prensa de Gobernación
Tras algunas complicaciones durante la mañana debido a la alta demanda, más allá de las recomendaciones previas para que sólo lo hicieran las personas mayores de 70 años, unas 100 mil personas según el gobierno provincial pudieron completar ayer el formulario para la inscripción voluntaria para vacunarse contra el covid-19. "Pedimos para que no colapse y se pueda realizar una buena atención, que se anoten ahora los equipos que son prioritarios, el personal de salud que aún no haya sido vacunado y las personas mayores de 80", dijo la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano. Además, la funcionaria dijo que la vacunación en Santa Fe "es transparente", y desmintió "categóricamente" que el gobernador Omar Perotti o miembros de su familia se hayan vacunado
El Ministerio de Salud provincial habilitó ayer el registro de vacunación voluntario en el marco del plan “Santa Fe Vacuna”. El registro, al que se puede acceder desde el portal web oficial, tiene como propósito saber cuántas personas desean vacunarse; y poder brindar a través de ella los turnos para la vacunación, de acuerdo a cada grupo poblacional. Desde la cartera de Salud provincial pidieron que en esta primera etapa se registren mayores de 80 años. En el caso de aquellas personas que no pudieron inscribirse por tener libreta cívica, sugieren que se dirijan al centro de salud más cercano donde las van a inscribir.
Luego de completar los datos personales, grupo poblacional y si cuentan con patologías de riesgo, para las personas domiciliadas en Rosario se daban las opciones para elegir uno de los centros de vacunación que se montarán en los Centros Municipales de Distritos, el Galpón 17 y la ex Rural. Una vez finalizada la inscripción no es necesario realizar otra gestión, y cuando sea programado el turno será comunicado oportunamente por correo electrónico y SMS.
“A partir de hoy (por ayer) empezamos a abrir el operativo de vacunación a la comunidad, por eso es importante el registro, pero pedimos tranquilidad. Que se anoten primero los equipos que son prioritarios, el personal de salud que aún no haya sido vacunado y a quienes tenemos identificados, no son más de dos mil; y las personas mayores de 80. Las vacunas que tenemos van a alcanzar para comenzar con ellos”, dijo la ministra Martorano en rueda de prensa al participar de la vacunación en el Geriátrico Provincial (ver aparte).
"El registro no estaba hasta ahora porque no queríamos generar ansiedad, en realidad era una vacunación intramuros. Ahora empezamos a abrirlo a la comunidad y por eso es importante. Pero pedimos tranquilidad porque puede colapsar, hay que tener paciencia, que se anoten los trabajadores de la salud y mayores de 70 y 80 años. Se va a anotar gente que va a tardar porque esperamos la llegada de las vacunas", agregó la funcionaria.
En cuanto a la continuidad del cronograma de vacunación, desde la cartera de Salud provincial destacaron que una vez concluida esta nueva etapa (geriátricos y mayores de 70 años), el calendario continuará con adultos de 60 a 69 años; luego las fuerzas armadas, de seguridad y personal penitenciario. Seguidamente los adultos de 18 a 59 años con comorbilidades y concluirá el plan estratégico el personal docente y no docente de los niveles iniciales, primario y secundario. Además, resaltaron que todas las personas con factores de riesgo o mayores de 60 años que forman parte del personal estratégico serán vacunadas previamente en el turno que corresponda.
Habló Caruana
Funcionarios priorizados
Vacunas sin protocolo
Martorano desmiente
Primer día de inoculación en instituciones
Operativo en los geriátricos
Imagen: Prensa Gobernación
Con gran expectativa, el Ministerio de Salud provincial comenzó ayer con la vacunación en residencias geriátricas de Rosario y Santa Fe. La ministra Sonia Martorano explicó durante el operativo en el Hospital Geriátrico Provincial que el objetivo es culminar este viernes con todos los geriátricos, no solo con sus residentes sino también con el personal que allí se desempeña. "Para nosotros que hemos trabajado tanto en esta pandemia, protegiendo a los adultos mayores, es mucho más importante vacunarlos primero a ellos que a nosotros. Empezar a ver que van cambiando las caras, los ánimos, habla de que el fin de la pandemia está comenzando, eso nos pone muy contentos", celebró en diálogo con Rosario/12 el director del geriátrico, Martín Almirón.
Las actividades se realizaron de forma paralela en Rosario, encabezada por la ministra Martorano y en la ciudad de Santa Fe, a cargo del secretario de Salud, Jorge Prieto. Los funcionarios acompañaron la salida de las camionetas con las dosis y los equipos de salud preparados a tal fin y luego se trasladaron al geriátrico Provincial -Rosario- y Longevity -Santa Fe.
Del mismo modo, la funcionaria expresó que la vacuna india “tiene la licencia de los laboratorios Oxford y AstraZeneca, nos permitirá bajar la mortalidad y niveles de internación. Con eso salimos hoy, con 20 autos en Rosario y 10 en Santa Fe, a iniciar la vacunación en los geriátricos”, detalló.
Por su parte, la directora de Auditoría Médica, Cecilia Fernández, explicó que con las instituciones “se trabajó desde mayo del año pasado con la identificación y estableciendo los contactos. Desde el mes de diciembre decidimos anticiparnos a esta etapa, por lo que solicitamos las nóminas de los residentes que expresaban la voluntad de vacunarse, con la firma de cada uno de ellos, esto se fue modificando porque muchos accedieron a vacunarse en este último tiempo".
"En el caso de residentes que por condiciones psicofísica o por cuestiones de salud mental no pueden expresar su voluntad lo hace el familiar responsable, que firma la planilla por sí o por la negativa. En el caso de que el familiar responsable decida no vacunarlo debe firmar un formulario, que es una declaración jurada, donde expresa la no voluntad de vacunación y eso es un registro también para la provincia", agregó.
Treinta equipos de vacunadores recorrerán las instituciones en el marco del plan provincial de vacunación contra el covid-19. Desde la cartera de Salud provincial precisaron que en total serán 431 geriátricos donde se aplicará la primera dosis de la vacuna producida en India a 17 mil personas, entre residentes y trabajadores. De todos modos, el director del geriátrico Provincial aclaró que allí contaban con dosis de la vacuna Sputnik V para inocular a 350 empleados, 180 residentes y 50 personas en grupos de riesgo que no están trabajando.
Contaminación y corrupción
Postergan imputación a empresarios
Mientras permanece preso e imputado por recibir coimas del juego ilegal, el exfiscal regional Patricio Serjal sumó ayer una nueva imputación. Esta vez, tuvo que ver con frenar una investigación por contaminación dolosa, que afectaba a empresarios de la exElectroclor, en San Lorenzo. Con esa acusación y la del exfiscal de Estado adjunto, Gustavo Luzzini, comenzó ayer la audiencia en el marco de la causa por el daño ambiental generado por la exPetroquímica Bermúdez. Se les endilgó el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y encubrimiento, ante las maniobras para interrumpir la pesquisa contra los directivos de la empresa. En tanto, a pedido de la defensa de los responsables de la planta que funcionó hasta 2013 en el cordón industrial --a quienes también acusa la Fiscalía--, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el 5 de marzo "para discutir las calificaciones" penales que fueron presentadas contra los empresarios Sergio Taselli, Máximo Taselli y Matías Gallegos, por el daño ambiental doloso.
La grave contaminación que se generó ante irregularidades cometidas en el marco del plan de cierre de la planta de la ex petroquímica, derivó en una investigación penal que tenía en la mira de la justicia a los responsables del directorio de la firma, donde tras el cese de funcionamiento, en 2013, quedó un peligroso pasivo ambiental.
El fiscal Luis Schiappa Pietra recordó que "a fines de 2016 hubo un proceso de intoxicación de gente atribuible a escapes de gas de la petroquímica y ante ello el gobierno de la provincia pide que se investigue, pero un año después, acreditado todo, el fiscal regional da instrucción para que se desista de continuar la investigación". Como expresó ayer en este diario, "ese acto que llevaron adelante el entonces fiscal de Estado adjunto y el Ministerio Público --que estaba a cargo de Serjal-- tuvo por objeto permitir que la petroquímica evite los costos y gastos que tenían que ver con la relocalización y cierre seguro de la planta". Ayer sumó que el 30 de diciembre pasado, "la Fiscalía de Estado actual presentó una nueva denuncia contra Taselli y estamos avanzando".
Ante el cierre de la causa, en 2019, a Serjal se lo acusó por su accionar como jefe de los Fiscales de la regional Rosario y le atribuyeron los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento y omisión de persecución penal". En tanto, Luzzini fue imputado por "incumplimiento de deberes y encubrimiento". Edery dijo que "el juez validó las imputaciones de ambos. Lo hicieron para beneficiar a los dueños de la petroquímica y encubrir una contaminación muy grande".
La audiencia fue interrumpida cuando se hicieron las imputaciones contra los tres empresarios. Los fiscales los acusaron por "contaminación dolosa por medio de la utilización de residuos peligrosos --que exceden los parámetros legales permitidos-- de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general". En ese momento, la defensa pidió el cuarto intermedio para discutir las calificaciones y el alcance de lo resuelto, en su momento, por el juez Juan José Tutau, cuando se cerró la investigación ante la orden de Serjal al fiscal de grado que llevaba la causa. El juez Carlos Gazza hizo lugar y puso nueva fecha para el 5 de marzo.
La audiencia que comenzó ayer tenía fecha para diciembre pasado, pero el juez de San Lorenzo Eugenio Romanini consideró ya era cosa juzgada. Sin embargo, ante la apelación de los fiscales, el camarista Daniel Acosta resolvió que la causa se reabriera.
Preventiva. Serjal, quien está preso e imputado desde agosto pasado en la causa por juego clandestino, acusado por cobrar coimas al capitalista Leandro Peiti, será llevado nuevamente a audiencia el próximo 1 de marzo, cuando se discutirá si continúa su prisión preventiva. El plazo se venció en febrero pasado, pero se prorrogó su estadía en la cárcel hasta tanto se presenten informes de salud que solicitó su defensa, y para los que se designó una junta médica.
Fuente:Rosario12











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