24 de febrero de 2021
Rechazan la presentación del municipio de Roldán contra la IVE
Ni siquiera le alcanzó para abrir una causa
Imagen: Andres Macera
El Juzgado Federal N° 2 de Rosario, a cargo de la jueza Sylvia Aramberri, rechazó "in límine" la acción declarativa de inconstitucionalidad que pidió la Municipalidad de Roldán contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, garantizada el 30 de diciembre pasado y en plena vigencia desde el 24 de enero. Se trata de la respuesta judicial a la presentación realizada el 12 de febrero, con la firma del intendente José Maria Pedretti. La resolución que se dio a conocer ayer no apunta a cuestiones de fondo sobre la ley, sino que rechaza y declara la inadmisibilidad del planteo, al entender que el municipio roldanense no está legitimado para la pretensión.
La Municipalidad --declarada "pro vida" en 2013-- fundó su legitimación como ciudad “Protectora y Promotora de los Derechos de los Niños por Nacer”, en base a una declaración del Concejo Municipal, de 2013, según expresa la presentación. Se trata de una ciudad ubicada a 25 kilómetros de Rosario.
Poco más de una semana después del intento de accionar contra el derecho a decidir que contempla la ley 27610, la Justicia resolvió el rechazo "in límine" del planteo, es decir, al momento de ser presentada, por no ajustarse a requerimientos del procedimiento legal establecido para tal presentación. En este caso, el motivo de la respuesta judicial tiene que ver con que "la reforma constitucional de 1994 otorgó legitimación para accionar en defensa de derechos de incidencia colectiva en general, al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones que tiendan a esos fines", como expresa el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Para la Justicia, en la acción que impulsó Pedretti "se advierte que el bien colectivo tutelado, de acuerdo a los términos de la presentación, sería la vida de las 'personas por nacer', y por ende, la categoría del derecho que se pretende hacer valer en la demanda es de incidencia colectiva relativa a derechos colectivos". En ese sentido, el fallo plantea que "la atribución excepcional que se arroga la Municipalidad de Roldán en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal no puede vulnerar de ningún modo lo dispuesto" por la normativa vigente.
La jueza entiende que "la Municipalidad de Roldán no es afectado directo" en los términos dispuestos por la legislación. "No se trata solamente de la existencia de pluralidad de sujetos, sino de un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva. Estos bienes no tienen por titulares a una pluralidad indeterminada de personas".
Más adelante, la resolución que expresa otras cuestiones técnicas: "Tratándose de la tutela de un derecho que tiene por objeto un bien colectivo, como mencionara el accionante, la Municipalidad de Roldán no puede atribuirse la protección de este bien". Y agrega: "Cuando se ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa, pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación". Por ello, "en esta acción, tampoco puede alegar válidamente la Municipalidad de Roldán un perjuicio directo".
En redes sociales, el fallo fue celebrado. "Gran noticia"; "excelente"; "es ley", rezaban algunos comentarios sobre la publicación del rechazo. Con residencia en Roldán, Gabriela Sosa, coordinadora de la organización feminista Mumalá, fue una de las primeras en cuestionar la presentación del intendente Pedretti, días atrás. Ayer tuiteó: "Día de buenas noticias. IVE es derecho".
Silvana
El juez del concurso de acreedores rechazó a Afip
Vicentin tiene guardaespaldas
Fabián Lorenzini, el juez comercial de Reconquista que lleva el concurso de acreedores de Vicentin SAIC, le negó a la Administración Federal de Ingresos Públicos información sobre la entrega un parte millonaria del patrimonio de la empresa concursada, un día antes de que se declare en default, en diciembre de 2019. Legisladores que siguen , el más ominoso pagadiós de la historia económica de la provincia interpretan este tabique judicial al organismo fiscal de la Nación como un indicio de que el magistrado es funcional a la maniobra del vaciamiento y fuga del patrimonio de la agroexportadora.
El magistrado resolvió ayer un planteo que la Afip había formulado el 30 de setiembre de 2020. Quería saber el ente fiscalizador –ya en la gestión del Frente de Todos, no de Cambiemos– cómo fue que Vicentin SAIC se desprendió de todas sus acciones en Renova SA, la mayor molienda de soja en el mundo, situada en Timbúes. Durante el transcurso del año ya le había vendido a la multinacional Glencore el 50% de su paquete accionario. Y en diciembre de 2019 –un día antes de declarar la cesación de pagos y dejar un tendal de 1727 acreedores comprobados que reclaman 1400 millones de dólares– acabó por formalizar la venta a la misma compañía del 16,67% que le quedaba de Renova. Glencore habría pagado 120 millones de dólares por esa porción societaria, dinero que sin embargo no recayó en ninguna cuenta de Vicentin SAIC. Su destino se desconoce.
Afip quiso indagar en esa operación, y adonde fueron a parar esos dólares. Pero la consulta derivó en el juez Lorenzini rechazó la pretensión fiscal y bajó la persiana.
En una resolución emitida ayer, el juez del concurso estableció que "los acreedores concurrentes y otros terceros carecen de legitimación procesal" como para hacer ese planteo. Y expresó que "el proceso concursal no constituye un juicio de acreedores contra su deudor", es decir, que si Afip sospecha y quiere buscar alguna maniobra dolosa del directorio de Vicentin SAIC (los Padoán, Nardelli, Buyatti & Cía), no debe hacerlo dentro del concurso preventivo. En sencillo, si quieren pelear, vayan a otro lado, dijo el juez y cerró el asunto. Por eso existe una causa penal en la Justicia federal, en la que el fiscal Gerardo Pollicita investiga el otorgamiento de créditos irregulares del Banco Nación a Vicentin por 791 milllones de dólares que el directorio de la empresa esfumó entre agosto de 2019 y enero de 2020 a través de 1400 transferencias bancarias.
Pero en la misma argumentación, Lorenzini asume que Afip tiene razones para desconfiar. "Prende la formación de un incidente de investigación con la finalidad manifiesta de declarar ineficaz aquella venta de acciones realizada antes de su presentación en concurso", reconoce el magistrado en su dictamen. Y anticipa el desenlace que abogados, gremialistas y legisladores ya presienten: "Previa declaración de quiebra, corresponderá analizar esos actos jurídicos realizados por la concursada en el período de sospecha, que pudieran juzgarse ineficaces...". Es decir, el juez dijo que si hay algo por investigar, tendrán que hacerlo después de la quiebra de Vicentin.
Lorenzini en su resolución desautoriza a la Afip en su inquisición y le confiere esa facultad solo a la sindicatura de la quiebra. Por lo tanto, dijo el juez, "considero que la pretensión esbozada por la Afip resulta improcedente".
"La venta de acciones de Vicentin SAIC antes de su presentación concursal, los depósitos, sus fechas, bancos intervinientes y el destino de los fondos, son materia de la Auditoría Forense", remarcó el juez de Reconquista, al rechazar el planteo del Estado nacional.
El mismo criterio había impuesto Lorenzini en octubre del año pasado, cuando Afip y el Banco Nación plantearon la misma inquietud pero respecto de la venta de acciones que Vicentin SAIC tenía en el frigorífico Friar SA.
Para el diputado Carlos Del Frade, miembro de la comisión parlamentaria ad hoc sobre el caso Vicentin, se refuerza la evidencia. "Yo entendí que Lorenzini es un tipo honesto, me dijo que iba a defender la empresa. Y es lo que está haciendo, lo que pasa es que se construye impunidad con la madre de las mentiras: hacernos creer que Vicentin es solamente Vicentin SAIC, y no las 26 empresas de todo el grupo. Y la única concursada y que irá a quiebra es la SAIC, una cáscara vacía que el directorio vació para no pagarle a nadie", reflexionó el legislador.
En Diputados descartan por ahora promover un juicio político, pero ya están convencidos de que las decisiones del magistrado le siguen el juego al directorio en la hipótesis del vaciamiento intencional. "Con la venta de Renova a Glencore la Afip está convencida de que ahí empieza un proceso de lavado de dinero y fuga de capitales", tradujo Del Frade.
Los diputados de la comisión volverán la semana próxima a Reconquista, sin esperanzas ya de que Lorenzini los reciba.
Taselli salpica a un funcionario de la gestión Lifschitz
Fiscales que no fiscalizaron
El juez Carlos Gazza convalidó la imputación planteada por los fiscales David Edery y Luis Schiappa Pietra contra estos funcionarios que cerraron de manera inexplicable la investigación penal en 2019 contra la fábrica Petroquímica Bermúdez, del empresario Sergio Taselli, por maniobras con sustancias tóxicas que causaron daño ambiental en Capitán Bermúdez.
La acusación ya firme causó murmuraciones en el mundillo político en torno de la figura de Luzzini, quien arribó a Fiscalía de Estado durante la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz, se desempeñó en Inspección General de Personas Jurídicas y fungió como fiscal de Estado adjunto. Desde ese lugar convalidó la designación de Serjal como jefe de los fiscales rosarinos a pesar de que éste no contaba con trayectoria ni méritos suficientes para un cargo de tal envergadura.
“A Luzzini y Serjal se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y omisión de persecución. Sin embargo, respecto de los dueños de la fábrica, el juez tomó por válido el archivo de la causa. En este último caso, aceptó la pretensión de la defensa y decidió dilatar la imputación”, había explicado el fiscal Matías Edery, sobre la solicitud para que los funcionarios sean imputados.
A pesar del avance de la causa, Gustavo Luzzini sigue teniendo una vida política activa. El ex fiscal acusado de encubrimiento puso su firma en la carta que emitieron hace unas semanas los afiliados al Partido Socialista y adherentes al proyecto político progresista ante "el inminente proceso de renovación de autoridades en nuestra organización prevista, tanto en el distrito Santa Fe como a nivel nacional, para el próximo 18 de abril de 2021", publicó ayer el portal Rosario Plus.
La próxima audiencia en la que continuará el proceso se realizará el 5 de marzo, cuando deberán comparecer los empresarios Sergio Taselli, su hijo Máximo, y Matías Gallegos, todos acusados de encubrir una maniobra de contaminación en la ex Electroclor, con la ayuda de Serjal y Luzzini.
La UNR aumenta un 110% el presupuesto para otorgar becas en 2021
Para atraer y mantener aulas con estudiantes
Imagen: Prensa UNR
Al encabezar el acto de inscripción a las becas estudiantiles, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, anunció ayer que el presupuesto destinado para el programa será de 59 millones de pesos, lo que representa un incremento del 110% respecto al asignado en 2019. Además de consolidar becas dispuestas en el marco de la emergencia por la pandemia --las preuniversitarias, conectar y de asistencia integral-- este año habrá una beca para estudiantes de Enfermería y Trabajo Social. A partir de algunos reclamos, también se decidió flexibilizar requisitos para acceder al beneficio y sumar un mes de cobertura. "Este andar de los últimos años nos ha permitido hoy es tener prácticamente un tipo de ayuda o beca para cada situación problemática que se puede presentar en la universidad. Además del presupuesto y volumen que tiene el programa, la mayor riqueza es su diversidad", valoró Bartolacci en diálogo con Rosario/12.
Las becas estudiantiles de la UNR tienen como finalidad promover el acceso, permanencia y egreso de aquellos estudiantes que, por su situación social y económica, carezcan de recursos para costearlos. Teniendo en cuenta que en el último año la cantidad de estudiantes que accedieron a este beneficio creció respecto al 2019 un 60%, más de 2.100 estudiantes, Bartolacci anunció que el presupuesto para este año pasará de 26 a 59 millones de pesos. "Aspiramos que todos los dispositivos que contemplamos para este año puedan facilitar que más estudiantes ingresen, conscientes de la situación compleja que estamos atravesando”, dijo el rector.
Bartolacci destacó que este año consolidarán las nuevas becas que habían implementado el año pasado, la beca conectar con entrega de módems, y la de asistencia integral, dos dispositivos que se construyeron en el contexto de la emergencia, y que nacen a la luz de los problemas que trajo aparejada la pandemia. "Eso lo consolidamos formalmente en el sistema, y también la preuniversitaria, que fue la primera vez el año pasado, más la beca de acceso que para nosotros es muy importante porque es la primera vez que ponemos recursos en ir a buscar a los que no llegan, en general ponemos recursos para los que ya están adentro", agregó.
Una novedad que se suma a la convocatoria 2021 es la inclusión de una beca estímulo específica para estudiantes de las carreras de Enfermería y Trabajo Social, para impulsar y promover la formación de futuros profesionales que aporten a la resolución de los problemas sociales y de salud, en la que se invertirán cerca de 5 millones de pesos. "El análisis y el diagnóstico de la matrícula evidenciaba que había un problema y requería una atención particular", señaló Bartolacci.
El programa de becas 2021 beneficiará a más estudiantes porque desde la UNR decidieron ampliar excepcionalmente por la pandemia, las fechas, requisitos y condiciones de acceso a las becas. "Sacamos el límite de edad, que era un reclamo largamente sostenido, y ampliamos el período de cobertura del requisito académico, que era de un año y lo ampliamos a dos para contemplar la situación del año pasado. Además, sumamos un mes de cobertura, de abril a diciembre, anticipamos los tiempos de la convocatoria para poder entregar antes y ampliar un mes", precisó el rector.
Para Bartolacci, el incremento en el presupuesto para las becas es la confirmación de una idea de Universidad muy atenta al cuidado y acompañamiento de su comunidad, pero sobretodo a garantizar y resguardar el derecho a la educación superior: "Para nosotros, el programa de becas es estratégico y central, es una herramienta que nos permite hacer posible, más aún en este contexto, que mucha gente siga estudiando. Y la que más satisfacción nos da es la de acceso porque es la primera vez que hacemos esto de ir a buscar a los que no llegan. Esta es la segunda edición, ya tenemos 50 chicos que siguen cursando sus estudios con todo lo que significó la pandemia. Si eso lo sostenemos en el tiempo, el impacto de eso va a ser fuerte".
La inscripción puede realizarse becas.unr.edu.ar">online. Quien se postule podrá cargar sus datos y toda la documentación solicitada en formato digital desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Fuente:Rosario12
La sombra de la gorra
C
asi un año de tiempo le insumió al Ministerio Público de la Acusación (MPA) poder
determinar, de modo todavía provisorio, que dos patovicas y dos policías de la provincia
de Santa Fe están involucrados en forma directa en la muerte de Carlos Daniel Orellano
, Bocacha, de la que este miércoles se cumple el primer aniversario. Hijo de un pescador
del barrio Empalme Graneros, el pibe de 23 años fue a bailar la noche del 24 de febrero
de 2020 al boliche Sr. Ming del complejo La Fluvial y apareció dos días después flotando
en el río Paraná. En la investigación, que aún continúa, fueron imputadas el 8 de
febrero cuatro personas por homicidio simple con dolo eventual, que traducido significa
que no se puede probar la intención de los acusados de matar aunque se representaron
el resultado de sus acciones y de todos modos las continuaron. El fiscal consideró que
“el accionar de los cuatro determinó la caída al agua” del joven, mientras aún es
materia de discusión si cayó con o sin vida. La actuación del personal policial –que,
además, omitió dar cuenta de lo que sabía y falseó las actas del procedimiento–
evidencia un modus operandi de la fuerza de seguridad santafesina que aviva la
necesidad de su reforma y modernización, estancada en la Legislatura por decisión de
la oposición al igual que la regulación de las agencias privadas de seguridad.
Aquella madrugada
Bocacha Orellano fue a bailar al boliche Ming el 24 de febrero del año pasado junto a
un grupo de amigos. En el VIP del local fue golpeado por personal de seguridad, según
declararon testigos de la causa.
En un baño del comercio el Ministerio Público de la Acusación levantó huellas de
manchas de sangre que habían sido lavadas, porque se demoró el aseguramiento de la
prueba. El resultado del análisis de ADN para determinar si el perfil genético de esas
manchas coincide con el de Orellano aún no se conoce.
Se trata de una pericia clave pues, en caso de resultar positiva, “ahí entra a jugar la
participación de más personas, entre ellas el dueño del boliche”, dijo a El Eslabón el
abogado Salvador Vera, representante de la querella por la familia de Bocacha.
“De aparecer en algunas manchas el perfil genético compatible con el de Orellano,
agravaría la situación de estos imputados y nos pondría a considerar quizá nuevas
responsabilidades penales y la variación de la teoría del caso”, abundó.
La segunda secuencia de aquella madrugada se produce afuera del boliche Ming, sobre
el muelle 3 de la costanera central. Testigos del hecho declararon ante el fiscal del caso,
Patricio Saldutti, que dos patovicas, Fabián Claudio Maidana y Emiliano Oscar López,
salieron a buscar a Orellano, lo encontraron y lo acorralaron contra la baranda del
muelle, produciendo su caída al río.
Vera señaló que “todos los relatos son coincidentes en un aspecto: en que el grupo de
seguridad salió a buscar a Orellano, que lo encuentran, que lo abordan, que lo acorralan
, lo agreden y termina con Orellano en el río”.
De esa escena también participaron dos policías que presentaban servicios adicionales
en el local, y que son pareja: Karina Laura Gómez y el subinspector Gabriel Julio
Nicolossi. Ambos habían sido imputados al inicio de la investigación por falsedad
ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La caída al río de Bocacha se sitúa, de acuerdo a la investigación, entre las 4.30 y las 5
de la madrugada del 24 de febrero. Gómez dio aviso a la Prefectura a las 5.30, según
quedó registrado.
Además, la mujer denunció que le pareció que un joven, que estaba mareado, había
caído al río. A través de testimonios y otras pruebas, el fiscal pudo demostrar –con el
grado de certeza correspondiente a esta etapa del proceso penal– que la pareja de
policías y los dos patovicas golpearon al joven y lo acorralaron hasta hacerlo caer al
río.
La querella de la familia Orellano realizó ese planteo en la investigación y lo acentuó
con movilizaciones. El fiscal Saldutti recién avanzó a principios de este mes, cuando
decidió acusar a Gómez, Nicolossi, López y Maidana por homicidio simple con dolo
eventual, imputación que fue aceptada por el juez Gustavo Pérez de Urrechu, quien
además les dictó prisión preventiva por dos años.
Teoría del borracho
Tras la caída de Bocacha al río, luego de ser golpeado y acorralado por policías y
patovicas –según la acusación del fiscal–, los empleados públicos de la Policía de Santa
Fe firmaron el acta de procedimiento 155/20 con su –falsa– versión de los hechos.
En ese documento oficial de valor jurídico hicieron constar que observaron “detrás de
las barandas de seguridad, lo que a simple vista parece ser una persona acostada
sobre el suelo y que en un momento desaparece, como si hubiese caído al agua”.
En base a la prueba disponible aún no está claro si a “lo que parece ser una persona” lo
tiraron o lo indujeron a hacerlo luego de golpearlo. Lo que sí determinó la investigación
es la falsedad ideológica del acta policial, confeccionada para garantizar la impunidad
de los propios firmantes y sus cómplices.
Los exámenes toxicológicos practicados al cuerpo de Carlos Orellano determinaron,
además, que tenía bajo nivel de alcohol en sangre. Otra prueba que hizo caer la teoría
del borracho malo que quisieron construir los patovicas y policías que, al parecer, lo
asesinaron.
Omitir que ellos habían interactuado con Carlos, como se probó después a través de
testimonios, indujo a un desvío de la investigación. “Esta situación de relevancia fue
intencionalmente omitida por los imputados en el acta, generando de este modo un
perjuicio para la investigación por la tergiversación de la realidad de los hechos”,
sostuvo el fiscal Saldutti en diciembre de 2020, cuando acusó a Gómez y Nicolossi por
incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica en
instrumento público.
También el comisario Pablo Alejandro Bagli, jefe de la seccional 2da en aquel momento,
y la sumariante Brenda Leis fueron imputados el año pasado, por los mismos delitos.
Lo que da cuenta del accionar corporativo de la Policía cuando uno de sus miembros
atraviesa la frontera de la legalidad para pasarse de bando.
Leis estuvo de guardia en la comisaría 2da los días 24 y 25 de febrero de 2020. La
fiscal que tomó el caso de la “desaparición” de Bocacha, Valeria Piazza Iglesias, ordenó
secuestrar las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona de La Fluvial y las del
propio boliche Ming, donde había sido visto por única vez el joven cuyo paradero era
desconocido.
La sumariante pidió los registros de las cámaras pero del 17 de febrero. Su jefe, el
comisario Bagli, estampó su firma en el presunto fallido.
A Leis también se la acusó por no protocolizar el acta que Karina Gómez presentó, de
modo manuscrito –y, ahora sabemos, falso– con los detalles del procedimiento.
Al jefe Bagli el fiscal le achacó haber desobedecido la orden de la fiscal Piazza Iglesias,
quien le indicó que fuera a buscar las cámaras del boliche Ming y secuestrara sus
registros.
Para no molestarse se las pidió al dueño del boliche, que la noche del hecho estaba en
su oficina, por lo que podría no ser ajeno a lo ocurrido. Aún no hay prueba en su contra,
por lo que rige para él la presunción de inocencia. ¿Qué sucedió con los registros
fílmicos?
Las cámaras no funcionaban desde unos días antes del incidente que derivó en el
asesinato de Orellano.
Ejercer violencia
Tras varias idas y vueltas y reclamos y movilizaciones de familiares y amigos de
Orellano, el fiscal Saldutti ordenó la detención de los cuatro implicados y los llevó a
audiencia imputativa el 8 de febrero.
Para entonces ya tenía una serie de estudios complementarios solicitados a los peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fiscal le atribuyó a Gómez, Nicolossi, Maidana y López “en horas de la madrugada del
día 24 de febrero de 2020, mientras se encontraban cumpliendo servicio de policía
adicional los dos primeros y seguridad privada los segundos, todos para el local bailable
tipo boliche denominado Sr. Ming River House, aproximadamente entre las 4.30 y las 5,
luego de que Carlos Daniel Orellano fuera retirado del boliche, y encontrándose todos
los nombrados fuera del mismo, el haber ejercido violencia física contra la persona de
Orellano”.
Según la acusación, el hecho “sucedió dentro del complejo La Fluvial, en cercanías al
Muelle 3, tras rodear a la víctima contra la baranda del río Paraná, aprovechándose de
la superioridad física y numérica, y habiéndolo golpeado, determinaron con su accionar
que Orellano salte las barandas de protección del muelle y caiga a las aguas del río
Paraná, circunstancias que le provocaron la muerte”.
El documento recuerda que “el cuerpo sin vida de la víctima, salió a flote el día 26 de
febrero en aguas del río Paraná a la altura del kilómetro 418, en cercanías al lugar del
hecho imputado”.
Además, sostiene la acusación –que fue aceptada por el juez– que “tiempo después de
la caída de Orellano al agua, la imputada Gómez dio aviso a la central de emergencias
del 911 (a las 5.36 horas) y a personal de Prefectura Naval Argentina (aproximadamente
5.30 horas) del hecho pero omitiendo informar la verdad del mismo”.
Finalmente, Saldutti sostuvo que “luego todos los imputados se retiraron del lugar, sin
brindar colaboración con las tareas de rescate de la víctima, impidiendo con su accionar
que el personal de Prefectura Naval que concurrió tras el llamado, pudiera llevar delante
de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate”.
En declaraciones posteriores, el fiscal dijo que “el accionar de los cuatro imputados
determinó la caída al agua” del joven, y no pudo brindar precisiones acerca de si fue
arrojado al río, obligado a tirarse o se cayó.
“Él saltó la baranda, del otro lado hay un escalón que continúa el piso del muelle por
unos 70 centímetros más, y no tenemos certezas si cayó inmediatamente o si hubo un
nuevo forcejeo que le produjo la caída”, dijo.
“Si pudiéramos reconstruir con pruebas que fue intencionalmente arrojado desaparecería
la eventualidad del dolo y podríamos ir por un dolo directo”, abundó.
Algo de justicia
“Estas últimas imputaciones que le caben a estas cuatro personas como responsables de
la muerte de Bocacha han venido a traer un poco de tranquilidad y una sensación,
aunque sea con un poquito de justicia, para la familia de la víctima que transitó todo el
año y este proceso pidiendo este avance”, dijo el abogado Vera.
La tarea no fue fácil y, como suele ocurrir en casos de violencia institucional, una parte
del éxito judicial está sujeto a la capacidad de movilización social de los familiares de las
víctimas para exigir justicia.
“Nosotros –agregó Vera– siempre planteamos que había elementos para avanzar
respecto de estas imputaciones y de estas cuatro personas, y en relación a estos
terminan dando de alguna manera la razón en este sentido”.
Edgardo Orellano, el papá de Carlos, fue uno de quienes se pusieron al frente de la
demanda de justicia. El 27 de febrero de 2020, al día siguiente de la aparición del cuerpo
de Bocacha, logró reunirse con el presidente Alberto Fernández, que visitó Rosario por el
aniversario de la creación de la bandera nacional.
“Todos estamos de acuerdo en lo mismo, hay que cambiar la Justicia y la seguridad para
poder trabajar en un país libre y soberano”, dijo Orellano tras el encuentro.
Aunque la investigación recién se iniciaba, el pescador ya intuía lo que unos meses
después iba a enfrentar: “De esta Justicia no espero nada. Hay que modificar la Justicia,
esta no sirve, es un circo, un antro de corrupción”.
El presidente demoró el inicio del acto por la reunión con Orellano. Luego centró su
discurso en el crimen organizado y las demandas de un correcto servicio de justicia.
Dijo que haría “todo lo que haga falta” para que la sociedad “deje de reclamar justicia” y
advirtió que “Argentina no tiene más espacio para soportar al crimen organizado”.
Fernández sostuvo que Rosario “es una ciudad donde la Justicia tiene que hacer más de
lo que hace” y que su gestión busca “solucionar los problemas que el narcotráfico y el
crimen organizado han creado en Rosario y en todo Santa Fe”.
A un año de aquellos hechos se produjeron las primeras imputaciones por la muerte de
Bocacha. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos oficiales, una parte de la sociedad aún
soporta las consecuencias del crimen organizado y Santa Fe aguarda una reforma y
modernización de sus fuerzas de seguridad que, como este caso revela, carecen de
profesionalismo y en ocasiones actúan en sentido opuesto al que motivó su creación y
existencia.
El proceso de cambio propuesto por el Gobierno provincial encontró un escollo en la
oposición política del Frente Progresista y en sectores del propio oficialismo, que braman
por taquígrafos y respuestas mágicas para morigerar “la inseguridad” y rechazan el
desafuero de un legislador investigado por su presunta relación con el crimen organizado.
Fuente: El Eslabón
Vicentin: el juez negó acceso a la Afip sobre presunto
vaciamiento
El ente fiscal quiso indagar en la venta de Renova a Glencore, hecha dos
días antes de que la aceitera se declare en default, y en el destino de los
120 millones de dólares de esa operación que desaparecieron. Pero el
magistrado Fabián Lorenzini rechazó la pretensión del Estado por
"improcedente". Diputados señalan esa jugada como una prueba del
vaciamiento y el camino a la quiebra intencional de la agroexportadora.
En una resolución emitida este martes 23 de febrero, el juez Fabian Lorenzini, que
entiende en la causa del default de Vicentin, rechazó el pedido de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (Afip) de investigar “la verdadera naturaleza y los
alcances de la venta del 16,67% de las acciones que la concursada poseía en Renova
SA”
El pedido de la AFIP fue cursado el 30 de septiembre del año pasado y constaba de la
solicitud de la formación de un incidente de investigación.
El reclamo del ente público tiene que ver con conocer cuál fue el mecanismo y el
destino de los ingresos de la venta de Vicentin del 16,67% de su tenencia accionaria en
Renova a Renaisco BV, una filial de Glencore Agriculture realizada el 2 de diciembre.
Apenas dos días antes de declararse en “stress financiero”.
A partir de esa venta la anglo suiza Glencore es el accionista mayoritario de Renova SA
con el 66,67% de las acciones y Vicentin mantendría 33,33%.
Renova es una empresa que produce harinas y aceites de soja en Timbúes, y biodiesel
en San Lorenzo, creada por ambas firmas en 2007. Y se la considera la procesadora de
soja más grande del mundo.
El abogado de un grupo de los bancos internacionales acreedores de Vicentin, Mariano
Moyano, explicó en su momento que por la venta de las acciones de Renova, “el grupo
recibió 122 millones de dólares que no solamente fue una operación que no le fue
informada a los bancos extranjeros, como tenía obligación de hacerlo, sino que ese
dinero tampoco ingresó por las vías normales a la empresa".
En la resolución emitida esta semana el juez explica que “la Afip pretende la formación
de un “incidente de investigación”, proponiendo una sustanciación amplia en materia
probatoria y a modo de una verdadera medida preparatoria, con la finalidad manifiesta
de declarar ineficaz o inoponible aquella venta de acciones, realizada por la sociedad
Vicentin, antes de su presentación en concurso”.
El magistrado no hizo a lugar al pedido de Afip por entender que no corresponde a un
hecho propio del concurso de acreedores que dirige, y que en caso de ser investigado
en el concurso tendría que ser autorizado por la mayoría de los acreedores.
No es la primera vez que Lorenzini argumenta en este sentido ya que en octubre del
año pasado rechazó un planteo similar presentado por la Afip y el Banco Nación que
tenía como objeto investigar la venta de las acciones del frigorífico Friar.
“Todo ello sin perjuicio de que el acreedor pueda iniciar la acción ordinaria
correspondiente, en los tribunales competentes, con anoticiamiento oportuno al juez
concursal”, aclara la resolución que patea fuera de la cancha el pedido.
Por otro lado, el juez de Reconquista asegura que esa venta ya ha sido analizada y
expuesta por Andrés Shocron, uno de los veedores que había propuesto el comité de
acreedores y que en diciembre del año pasado fue nombrado interventor.
“En su informe de intervención número 3 sustentados en los informes bancarios,
contratos y resúmenes de cuenta a los que tuvo acceso en el marco de sus actividades
funcionales”, asegura Lorenzini quien manda a la Afip a revisar los expedientes.
El diputado provincial Carlos Del Frade, miembro de la Comisión de Seguimiento del
Caso Vicentín en la Cámara de Diputados, afirmó que “esta resolución garantiza
impunidad para los directivos del consorcio y traba la necesidad del pueblo argentino
en su conjunto de saber qué se hizo con el dinero del Banco Nación. Es lamentable que
un juez de la provincia no quiera que se sepa qué hicieron con los dineros de los
productores y la población en general. El juez Lorenzini tiene que empezar a explicar
por qué protege a delincuentes de guante blanco”.
Fuente:RosarioPlus
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