08 de febrero de 2021
Carácter público para las declaraciones juradas de funcionarios del Estado
Una vez más en el centro de todas las miradas
Imagen: Eduardo Seval
El proyecto que presentaron esta semana diputados provinciales de distintos espacios de la oposición, para que las declaraciones juradas de autoridades de los tres poderes del Estado provincial más los intendentes, concejales y miembros de comisiones comunales sean de carácter público y de libre accesibilidad, vuelve a poner al Senado de la provincia en el centro de las miradas públicas. Uno de los autores de la iniciativa, el diputado Julián Galdeano (UCR, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio), dijo ser “optimista” en relación a que los senadores aprueben el proyecto pero también recordó que esa misma Cámara se negó “en siete oportunidades a darle sanción definitiva a una Ley de Acceso a la Información Pública. Pero ahora hay una composición diferente en Senadores”, dijo el legislador. De todos modos, esa “composición diferente” es la que perdió la votación para retirarle los fueros al senador Armando Traferri, investigado por supuestas relaciones con el juego clandestino en Santa Fe. El Ejecutivo también trabaja en un proyecto similar de acceso a la información patrimonial de los funcionarios. Galdeano dijo estar dispuesto a compatibilizar ambas iniciativas: “Esta no es una cuestión de copyrigth, lo importante es sumar transparencia para la ciudadanía”, aseguró.
El diputado Galdeano explicó que el sistema de declaración de bienes que hoy rige para los funcionarios jerárquicos en Santa Fe “nos parece arcaico, es vetusto, no tiene relación con los niveles de transparencia que requiere la administración pública”. Y graficó que, por ejemplo, los diputados actualmente cuando asumimos, nos llega desde la Escribanía de Gobierno un sobre con una especie de sello afuera donde uno tiene que poner su nombre y apellido, su DNI y firmar y adentro un formulario con distintos casilleros que uno tiene que rellenar con sus bienes, propiedades, etc. Y ese sobre queda cerrado en la escribanía de la provincia. Además de que nadie tiene acceso a esa información, también es una fotografía de un momento determinado cuando todos sabemos que el patrimonio es algo que va fluctuando y a veces el funcionario tiene determinados bienes y luego adquiere otros o tiene que venderlos”, dijo. Y agregó que “lo que planteamos es que no sea una imagen rígida inamovible, sino que cada uno de nosotros que estamos obligados a hacer nuestra presentación anual de declaración jurada ante la Afip de Bienes Personales y de Ganancias, tengamos también la obligación de hacerla pública todos los años a nivel provincial”.
La iniciativa presentada es firmada por Galdeano y los restantes integrantes de Juntos por el Cambio (Ximena Sola, Gabriel Chumpitaz; Alejandro Boscarol y Cesira Arcando) más los radicales Maximiliano Pullaro, Fabián Bastia y Juan Cruz Cándido. También sumó la firma Amalia Granata (Somos Vida). Los autores recuerdan que la Convención Interamericana contra la Corrupción -ratificada por ley en la Argentina- establece para sus Estados parte el compromiso de establecer "sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda".
Habilitan más temas
Amplían las sesiones extraordinarias
El Ejecutivo no reveló detalles del proyecto de ley que funcionarios técnicos están terminando de afinar, pero sí que es un hecho su próximo envío a las cámaras. De esta manera, habrá dos proyectos en danza, todo indica que de similares alcances, que deberán ser consensuados entre diputados y senadores.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo incluirá en el mismo decreto de sesiones extraordinarias la ampliación del mandato de los presidentes de comunas de dos a cuatro años, igualándolos con el de los intendentes.
Desde hace años el tema tiene consenso, pero al no haberse concretado la reforma constitucional no se pudo avanzar. Ahora el gobierno de Perotti confía en que al estar de acuerdo todos los jefes comunales se podría hacer por ley aunque contradiga la letra de la Constitución.
Otros temas que se incluirán en el temario de extraordinarias son la adhesión a la ley nacional de energías renovables y una prórroga para el funcionamiento de la cooperativa Naranpol.
Bicis
Rosario registró ayer 50 contagios de covid-19
Rastrean si hay anticuerpos
Autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y del Hospital Centenario explicaron que se está “realizando un estudio de prevalencia, es decir, un estudio por capilaridad, donde se pincha el dedo de las personas y se realiza un estudio de trazabilidad respecto a la vacuna Sputnik V en relación a los anticuerpos”. El objetivo es determinar si las personas inoculadas los tienen y en qué valor, y al mismo tiempo se evalúa a quienes han tenido contacto con el virus para saber si poseen esos anticuerpos.
El director del Tercer Nivel de Salud, Rodrigo Mediavilla, detalló que en una primera etapa los estudios se realizaron en el Hospital Centenario de Rosario y desde hace unos días se establecieron pruebas similares en el Centro de Especialidades Médicas de la ciudad de Santa Fe (Cemafe), del mismo modo que se hicieron en el hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, para "tener una trazabilidad en toda la provincia”.
Puntualmente en el caso del Cemafe, su director, Fabián Mendoza, destacó que el viernes pasado recibieron 250 test Covidar más para continuar con los controles. Hasta el momento en el Cemafe se hicieron 449 test de los cuales 314 fueron no reactivos y 135 reactivos positivos, es decir que se generaron anticuerpos.
En cuanto al reporte diario, la provincia registró ayer 150 nuevos casos positivos, de los cuales 50 corresponden a Rosario. Además, en las últimas 24 horas se reportaron tres muertes: 2 pacientes (68 años y 72 años) con residencia en Rosario y un paciente (85 años) con residencia en Villa Constitución.
Comenzaron a desgasificar en Petroquímica Bérmúdez
Una "bomba" que se desactiva
Imagen: Prensa Gobernación
Durante el fin de semana comenzó en Capitán Bermúdez el proceso de desgasificación de las denominadas “bombonas” de la Petroquímica Bermúdez que, después de su cierre en 2014, dejó en el predio lindero al río Paraná un importante pasivo ambiental, que se puede transformar en residuos peligrosos. Las tareas preventivas están a cargo de la empresa, que debió presentar un plan de trabajo al juzgado de San Lorenzo y son monitoreadas por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial.
La Fiscalía de Estado provincial, por solicitud de la cartera ambiental, solicitó el pasado 22 de enero al juez de feria una medida cautelar que consiste en la adopción inmediata de nuevas medidas preventivas y de monitoreo sobre los residuos peligrosos existentes en el predio ubicado en Capitán Bermúdez, y que se inscriba el pasivo ambiental existente en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia.
La planta está fuera de funcionamiento desde 2014 y se conoce que en el lugar hay sustancias peligrosas que pueden constituirse en residuos peligrosos, pudiendo el predio y las napas subterráneas encontrarse contaminados por este tipo de residuos. “Existe un pasivo ambiental importante y muy grave, con seria posibilidad de afectar la salud de las personas de Capitán Bermúdez si ocurre un siniestro de apertura de una o varias bombonas de cloro por el mal estado de las mismas”, explicaron las autoridades provinciales.
En ese marco, el juez ordenó la clausura del establecimiento, que se establezca una guardia policial para garantizar el cumplimiento de la clausura y ordenó que se efectúe un relevamiento de los bienes existentes. También se procedió a señalizar todo el predio con carteles que indican la peligrosidad del lugar.
Mientras estuvo abierta, la Petroquímica producía cloro elemental e hipoclorito de sodio.
La empresa tiene presentado un plan de desgasificación que, con algunas sugerencias y observaciones, fue aprobado por el área técnica del Ministerio. Ahora, la petroquímica, cuyos dueños fueron citados a una audiencia imputativa, comenzó con la desgasificación de las bombonas bajo el control del personal de la cartera ambiental.
El encargado del departamento de Control Ambiental del Ministerio, Fernando Porfiri, precisó que las tareas son “el inicio de un plan de remediación que constó en cortar precintos donde se encontraban las bombonas de cloro de gas, para dar inicio a la desgasificación. Se hizo un reconocimiento del sitio, y despeje de la zona donde se van a realizar los trabajos, los cuales se llevarán adelante in situ, con sistemas de neutralización de fuga y sensores de detección de gas, para hacerlo de manera segura como se exige desde el ministerio. La empresa tiene el deber de informar cada etapa a ejecutar”.
Desde 2016 el Taller Ecologista de Rosario advierte que la presencia de químicos en tanques y tubos de la planta abandonada era "una bomba de tiempo" y que estaba "en riesgo la salud de la población", por lo que reclamó la acción del Estado de manera urgente.
"Una nube de gas cloro avanzando sobre barrios, fábricas, escuelas podría generar un desastre ambiental y de muerte, por eso decimos que esto es una bomba de tiempo y el Estado debe tomarlo de manera urgente", advirtió entonces Cecilia Bianco, coordinadora del área Tóxicos de Taller Ecologista. Recordó que "un hecho similar ocurrió en Bahía Blanca, pero el viento hacia el mar evitó el desastre sobre la comunidad".
El grave pasivo ambiental de Petroquímica Bermúdez tiene un capítulo paralelo por supuesta protección judicial a la empresa propiedad del empresario Sergio Taselli, quien se hizo cargo de la fábrica en la década del 90 al comprar lo que entonces era Electroclor.
En diciembre pasado fue imputado el ex fiscal regional Patricio Serjal –está preso por darle protección a una red de juego clandestino– acusado de "proteger" a la petroquímica y sus dueños. La hipótesis de investigación es que Serjal ordenó al fiscal Juan Carlos Ledesma que archive la causa por contaminación contra la empresa, a pesar de la prueba colectada en septiembre de 2018 al realizarse un allanamiento en el lugar, entre otras pruebas que indicaban que había responsabilidades concretas de Taselli y la empresa.
Retoma hoy las tareas condicionada por la pandemia
La UNR pone a prueba su regreso
A partir de hoy la Universidad Nacional de Rosario retoma actividades académicas y administrativas, con la idea de ir recuperando paulatina y progresivamente instancias de presencialidad en todas sus áreas. El regreso cuidado está previsto con estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que permitirán desarrollar las actividades planificadas para el mes de febrero.
El plan del Rectorado es garantizar en 2021 el ciento por ciento de las actividades académicas, combinando presenciales y virtuales, tanto en las facultades como en las escuelas preuniversitarias. "Estamos trabajando en un regreso cuidado a las actividades, recuperamos instancias de presencialidad aplicando protocolos que garanticen las condiciones de trabajo y estudio a nuestra comunidad”, afirmó el rector Franco Bartolacci.
El comienzo de las actividades será a partir de hoy, mientras que los exámenes de ingreso a las escuelas preuniversitarias –Politécnico y Superior de Comercio– se llevarán a cabo durante la primera quincena de marzo tal como estaba previsto, y de manera presencial.
"El regreso a la presencialidad es una necesidad y estamos trabajando en esa dirección. El año pasado hicimos todo lo que se podía de manera virtual y lo que no se pudo tuvo que posponerse, por las restricciones impuestas. Para este 2021 el desafío es garantizar el ciento por ciento de nuestras actividades académicas, haciendo lo que se pueda virtual mientras vamos incrementando presencialidad, y lo que requiera necesariamente presencialidad, garantizando que se pueda hacer", indicó Bartolacci, quien anticipó que las actividades se llevarán a cabo "en un contexto de hibridez donde vamos a combinar actividades presenciales y virtuales, priorizando ingresantes y nuestras escuelas preuniversitarias, que fueron las que mayores dificultades tuvieron durante el año pasado".
La UNR ya elevó al Ministerio de Salud de la provincia los listados del personal docente y no docente para que "sea contemplado en la campaña de vacunación en curso conforme se cuente con las dosis disponibles".
Por otra parte, la UNR y las restantes universidades asentadas en territorio santafesino accedieron a la autorización del gobierno provincial para incrementar actividades presenciales de forma gradual, priorizando la salud de la comunidad y respetando protocolos de bioseguridad.
El documento establece que “se autoriza el desarrollo de actividades presenciales de investigación, de acceso a talleres, laboratorios y/o trabajos de campo, actividades de transferencia, prácticas de laboratorio y prácticas supervisadas, actividades administrativas, actividades de mantenimiento y limpieza para cumplir con las condiciones de seguridad e higiene necesarias para llevar a cabo las mencionadas actividades y que abarcan a docentes, personal administrativo, de maestranza, investigadores, becarios, tesistas y tesinistas de todas las áreas de conocimiento y en todas las sedes, laboratorios, y reparticiones ubicadas en la provincia de Santa Fe”.
Fuente:Rosario12
El 35% de los inquilinos no pudo pagar el alquiler en
enero
Los alquileres siguieron subiendo a pesar de la ley vigente. Locatarios
revelan aprietes de inmobiliarias y propietarios.
Un sondeo a nivel nacional arrojó que durante el mes de enero el 35,5% de los inquilinos
encuestados no pudo pagar el alquiler de la vivienda que habita, o solo pudo hacerlo de
manera parcial. El estudio expone la cruda realidad de quienes no poseen casa propia,
e incluye otra clase de datos como el maltrato de inmobiliarias y propietarios a sus
locatarios, entre 14 y 15 por ciento de los relevados sufrió hostilidades, amenaza de no
renovar el contrato y un 9 por ciento fue amenazado de desalojo por esa situación, a
pesar de que la ley lo prohíbe en estas circunstancias de pandemia.
Las estadísticas surgen de una encuesta de la Federación Nacional de Inquilinos sobre
2863 personas que alquilan. El 57, 1% afirmó haberse adherido al Decreto 320. Pero
pese al congelamiento dispuesto por el decreto y la regulación del precio por la nueva
ley de alquileres, el 63,8% dijo que tuvo aumentos de precio en el alquiler desde el mes
de marzo del pasado año.
Por otro lado, el 40,4% no tiene certeza de dónde estará viviendo en los próximos meses.
Por último, el 96,3% sostuvo que no hay control del Estado en el cumplimiento de decreto
y la ley de alquileres.
Sebastián Artola, titular de la autogestiva Defensoría del Inquilino de Rosario, sostuvo:
“El panorama es crítico, por eso es necesaria una política pública integral de acceso a la
vivienda y, en particular, a la vivienda en alquiler”. Y agregó: “Hay que regular y pesificar
el mercado inmobiliario, no podemos aceptar más que haya quienes especulen y
quieran hacer negocios con la angustia y la desesperación que padecen quienes hoy
tienen negado su derecho a la vivienda”.
Fuente:RosarioPlus
Quinta de Fisherton
Se retoman las audiencias en la causa Klotzman, incluido
el caso de la nieta recuperada número 103
Esta semana se retoma el juicio oral que investiga los crímenes cometidos contra 29 víctimas en la Quinta de
Fisherton. Por primera vez se juzga a miembros de la Policía Federal de Rosario y un caso de apropiación y robo de
identidad. Esperan que a mitad de año haya sentencia
7 de febrero de 2021
Candela Ramírez
Los juicios que investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en Rosario
siguen su curso este miércoles 10 en los Tribunales Federales de Rosario. La
conocida como causa Klotzman investiga por primera vez los crímenes cometidos
en la Quinta de Fisherton (San José de Calazans al 9100), a miembros de la
Policía Federal de Rosario y un caso de apropiación y robo de identidad: se trata
de la nieta recuperada número 103.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, integrado por
Emilce Rojas, Eugenio Martínez y Osvaldo Facciano. En esta etapa de la pandemia
por coronavirus, las audiencias serán mixtas entre virtual y presencial, cada 15 días.
Si los testigos lo solicitan podrán declarar en forma presencial.
El fiscal Adolfo Villate, de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los
Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado de Rosario, contó a El
Ciudadano que si bien al inicio había expectativas de llegar a una sentencia
ejemplar en marzo, el cronograma de testimonios que manejan indica que el fallo
recién se conocerá entre junio y julio de este año.
Cada juicio tiene su particularidad. En este caso, además de ser por distintas
razones pionero, se trata de una causa donde hay sólo dos sobrevivientes
conocidos hasta el momento. Fernando Brarda fue el único durante muchos años,
hasta que Daniel Guibes prestó por primera vez declaración en 2016, aunque su
caso no llegó a constituirse para esta elevación. Ninguno de los dos era militante
político, sin embargo los demás, que fueron asesinados o continúan desaparecidos,
eran militantes del PRT-ERP.
Los secuestros de las 29 víctimas se sucedieron entre agosto y octubre de 1976.
“Se trata de una caída en serie, bastante continuada, un caso tras otro de militantes
del PRT. Y da cuenta de cómo el Ejército se valió de otras estructuras, no sólo de
los grupos de tareas propios sino también de los grupos de tareas de las fuerzas de
seguridad”, señaló Villate.
Además, estos crímenes demuestran algo que desde la Unidad siempre resaltan:
“Cuánto se valían de las sesiones de tortura para obtener información y así seguir
provocando secuestros. Es una parte sustancial del aparato de inteligencia que
siempre se nutría de información obtenida bajo torturas”.
Por su parte, Santiago Bereciartua, que integra la querella de Abuelas de Plaza de
Mayo, recordó el especial interés que tiene la institución en juicios donde se
investigan casos de apropiación y robo de identidad. Cecilia Barral tenía nueve
meses de embarazo y su fecha de parto coincide con el momento de secuestro.
El 2 de agosto de 1976, Barral y Ricardo Klotzman fueron secuestrados en su
domicilio ubicado en Necochea al 2000. El 11 de agosto de 1976 Barral fue
trasladada para dar a luz; se desconoce el lugar exacto donde se produjo el parto.
La beba fue entregada en adopción días más tarde por el juez Luis Vera Candiotti.
Su identidad fue restituida recién en abril de 2011, luego de que Abuelas se
constituyera como querellante para que su ADN pudiera ser analizado por el
personal del Banco Nacional de Datos Genéticos y no por el Cuerpo Médico
Forense, tal como había solicitado la defensa. María Pía es la nieta recuperada
número 103. Su mamá y su papá continúan desaparecidos.
Bereciartua explicó que Abuelas focaliza su lucha en dos aspectos: la búsqueda de
nietas y nietos apropiados durante la dictadura y también la atribución de
responsabilidades penales por el plan sistemático de robo de bebés.
Además hubo otras tres mujeres embarazadas cuyos secuestros se investiga en
estas causas. Se trata de Isabel Ángela Carlucci, María Laura Gonzalez y Liliana
Beatriz Girardi. Hasta ahora se desconoce si los embarazos llegaron a término o
no. Según testigos a las tres se las llevaron con vida de sus domicilios. Esperan
que en lo que queda del juicio se obtenga más información: “Desde Abuelas
buscamos hasta que se sepa que no tenemos que buscar más”.
Víctimas e imputados
Las víctimas son: Cecilia Beatriz Barral, Ricardo Horacio Klotzman, la nieta
recuperada hija del matrimonio Klotzman-Barral, Juan Alberto Tumbetta, Edgardo
Silva, Osvaldo Aníbal Matosky Szeverin, Fernando Patricio Brarda, María Laura
Gonzalez, Ricardo José Machado, Elvira Estela Marquez, Liliana Beatriz Girardi,
Julio Adolfo Curtolo, María Teresa Latino, María Teresa Serra, Elvio Ignacio
Castañeda, Alejandro Ramón Pastorini, José Ángel Alba, Herminia Nilda
Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Marques, Dante Rubén Vidali,
Isabel Ángela Carlucci, Víctor Hugo Fina, Héctor Alberto González, María Teresa
Vidal Martínez Bayo, Juan Carlos Lieby, Daniel Emilio Garrera, María Victoria
Gazzano Bertos y Oscar Alberto Medina.
En la causa hay cuatro imputados: Jorge Alberto Fariña, Federico Almeder, René
Juan Langlois y Enrique Andrés López. El primero es retirado del Ejército Argentino,
destinado al Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y ya ha sido juzgado por
crímenes de lesa humanidad; los demás son ex agentes de la Policía Federal
Argentina delegación Rosario y afrontarán su primer juicio de este tipo.
Todos los acusados se encuentran en prisión preventiva en modalidad de detención
domiciliaria. Desde la elevación en 2015 se sucedieron tres suspensiones hasta su
inicio en septiembre de 2020. En el transcurso fallecieron tres represores vinculados
con la causa: Luis Paulino Coronel, Rubén Oscar Jaime y Juan Dib. Los tres eran
integrantes de la Policía Federal.
Los imputados están acusados por los delitos de homicidio agravado, privación
ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita y
supresión de identidad, sustracción, retención y ocultación de un menor de 10
años. Es la primera vez que se juzga los últimos dos delitos en Rosario.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
No hay comentarios:
Publicar un comentario