Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2021.
Los operarios reclamaban que los pasen a la rama siderúrgicos de la UOM y la empresa del Grupo Techint respondió con 20 despidos. Hace una semana mantienen la protesta frente a la planta. «Poné huevos», le cantaron a la comitiva de Caló.
Hace una semana que los trabajadores de la empresa Siderar, del Grupo Techint, paralizan la producción. Es parte del reclamo por la adecuación de su encuadre laboral a la rama 21 del convenio colectivo de la UOM
Esa rama, la que le corresponde a los siderúrgicos, actividad que realizan, implica salarios de aproximadamente un 20% más.
La respuesta de Paolo Rocca ante el reclamo fue detonar 20 despidos en plena pandemia y contra la legislación vigente.
Desde el gremio buscan algún tipo de negociación, pero por el momento no hubo avances y el malestar de los empleados se pronunció también contra la comitiva gremial que llegó para buscar una alternativa.
De hecho, en los portones de ingreso, los trabajadores le cantaron a la comitiva del gremio que lidera Antonio Caló «poné los huevos» en la cara.
El reclamo es que el gremio se haga más presente y tenga determinaciones más firmes contra el avance empresario.
Fuente: Info Gremiales
Panorama Sindical: Precios y salarios en pandemia
Precios, salarios e inflación. Resistencia social. Entrevista a Damaris vocera del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). La vuelta a clases. Trabajadores. Patronales. Paritarias. Por Mario Hernandez
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que actúa como referencia para medir la indigencia, aumentó 4,6 % durante el primer mes del 2021. En el acumulado de los últimos 12 años la suba fue de 44 %, por encima de la inflación general.
Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que actúa como referencia para medir la pobreza, se incrementó 4,2 % en enero y 39,8 % fue su variación interanual, también superando al promedio de precios del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mostró una suba de 38,5 % en enero.
De esta forma, la «línea de indigencia» definida para un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores fue de $ 23.722 ingresos mensuales y $ 56.459 en el caso de la «línea de pobreza».
La canasta de pobreza no contiene un gasto muy importante para muchos hogares como es el del alquiler. Por eso, entre otros motivos, la Junta Interna de ATE-INDEC estima una canasta de consumos mínimos. No se trata del ideal ni un óptimo, tal como lo aclara esa organización gremial, pero se aproxima más a lo que necesita una familia para llegar a fin de mes: en diciembre el costo fue de $ 82.086.
En 2020 los salarios perdieron 3 % en términos reales (de poder adquisitivo) de acuerdo al Indec, anotando el tercer año consecutivo de caída.
Para este 2021 las expectativas del «mercado» (REM) relevadas por el Banco Central son de un 50 % de incremento total de precios a fin de año.
Un relevamiento de Consumidores Libres advirtió que el precio la “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 2,99 % durante los primeros quince días del mes. Este incremento golpea a los sectores más pobres.
Según el informe, las frutas y verduras subieron 0,52 % en promedio, ubicándose primero la naranja con 12,5 %; acelga, 7,14 % y manzana, 4,76 %. En tanto, la papa negra, cebolla y zanahorias no tuvieron variaciones.
En cuanto a los cuatro cortes de carne vacuna, que se relevaron en carnicerías por fuera del acuerdo oficial, los aumentos promedio llegaron al 3,95 % en CABA.
La bola de lomo subió 2,94 %; el asado, 3,39 %; paleta, 3,57 %; y la carne picada común, 6,67 %. Sobre los productos de almacén, el aceite de girasol tuvo el mayor incremento con el 8,33 %, seguido por la yerba, con un alza del 3,85 %; y el sachet de leche, 2,74 %.
La inflación en enero registró una suba de 4 % respecto del mes anterior y acumula un alza interanual del 38,5 %, según el Indec. Las subas de los alimentos acumulan incrementos del 42,3 % anual.
El mes pasado los alimentos y bebidas subieron 4,8 % debido principalmente a Carnes y derivados, Frutas y Aceites, grasas y manteca. Es decir, tuvieron un incremento superior al nivel general.
La suba de los precios de los alimentos impacta más en los sectores más pobres ya que destinan una proporción mayor de sus ingresos a comprar estos productos.
En medio del fin de semana largo se registró un nuevo ajuste de los combustibles del orden del 1,2 %. Se trata del quinto aumento desde que empezó el año.
El alza de los precios de los combustibles incide en el resto de los precios de la economía.
Los próximos aumentos previstos son para el mes de marzo tanto por el incremento de los biocombustibles como por los impuestos internos.
Ante la creciente inflación el Gobierno intenta lograr un acuerdo social con los representantes de los trabajadores y los empresarios para alinear precios y salarios. Sin embargo, estos acuerdos ya se repitieron en otros momentos de la historia nacional y siempre quedaron en la nada.
Además, los empresarios se manifestaron contra la doble indemnización y la prohibición de despidos y suspensiones, a través de un comunicado de la UIA el pasado 2 de febrero. Y si bien la CGT se desmarcó del límite del 29% a los aumentos salariales, la Asociación Bancaria, que milita en la Corriente Federal, firmó por ese porcentaje que reclama el ministro Guzmán, siendo recibida al día siguiente por el presidente Alberto Fernández.
Resistencia social
Con las consignas «¡Ningún sueldo debajo de la canasta básica, aumento salarial ya!» y «¡La deuda es con el pueblo, no con el FMI!«, movimientos sociales, cooperativistas y de desocupados concentraron el miércoles 10 en el cruce de la Avenida 9 de Julio e Independencia, para luego movilizar a la Plaza de Mayo, donde instalaron ollas populares frente a Casa Rosada.
La jornada de lucha fue para «rechazar la orientación de las medidas dispuestas por el gobierno nacional que se discutirán en la Casa Rosada con los empresarios y sindicatos«, ya que consideran que «las mismas van en claro detrimento de los intereses de los sectores laburantes que peor la están pasando en la actualidad».
En la convocatoria remarcaron que «el Gobierno se encamina a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y avanza en un pacto con las Cámaras empresariales y sectores de la burocracia sindical para poner un techo a las paritarias». En la misma línea, destacaron: «mientras, el panorama es desolador para los y las trabajadoras, con una inflación que se dispara y pulveriza el poder adquisitivo de los salarios. La verdadera preocupación de los empresarios es tener una mano de obra más barata en detrimento de todos los derechos laborales y, como si fuera poco, cuenta con el aval de las autoridades nacionales. A su vez, cerca de la mitad de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza y el 10% en condiciones de indigencia. En el 2020 la inflación fue del 36% (con un 45% de incremento de la canasta básica alimentaria) y la gran mayoría de los aumentos salariales se ubicaron 10 puntos debajo de esas cifras».
También reclamaron «aumento de emergencia para los y las trabajadoras cooperativistas» y la «aplicación de la Ley de Abastecimiento contra los grandes especuladores». Asimismo, rechazaron «el techo paritario y la pérdida de derechos de los y las trabajadoras» y exigieron «una salida sin ajuste ni represión», porque sostienen que «la deuda es con el pueblo, no con el FMI ni los especuladores», el comunicado fue firmado por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, MULCS-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), FAR y Copa en Marabunta, la FOB Autónoma (Federación de Organizaciones de Base-Autónoma) y OLP Resistir y Luchar.
Entrevista a Damaris vocera del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) – “Fe de Erratas, FM La Boca (90.1)
M.H.: Hoy convocan el MULCS, el FOL, el FPDS Corriente Plurinacional y varias organizaciones más a concentrarse en 9 de julio e Independencia a las 11:00 y de allí marchar a Plaza de Mayo donde instalarán ollas populares bajo la consigna «la deuda es con el pueblo no con el FMI ni los especuladores”, en rechazo al acuerdo del gobierno con sindicalistas y empresarios que se van a reunir hoy. Piden aumento de emergencia, aplicación de la Ley de abastecimiento y contra el techo paritario. ¿Qué nos podés comentar al respecto?
D.: Como bien introdujo vamos a estar movilizando en un día en el que se van a estar realizando variadas reuniones de parte del gobierno para ir cerrando el pacto social, por un lado con la burguesía industrial, con los integrantes de la UIA, se van a reunir con la CGT y después con la Mesa de enlace, con la burguesía agraria. Nosotros vamos a estar movilizando para denunciar que en esas reuniones lo que se discute no es ni más ni menos cuánto va a afectar el ajuste en el bolsillo de la clase trabajadora. Cuánto va a afectar el aumento del precio de los alimentos en el bolsillo de nuestras familias. Cuánto va a aumentar el salario por debajo de lo que venimos sufriendo de inflación. Vamos a estar denunciando que se van a estar realizando estas reuniones para cerrar las cosas a la baja en lo que respecta a nuestro sector, que es el más precarizado de la clase obrera, de los sectores formales también. Y por supuesto el trasfondo del FMI que es quien está pujando para que el ajuste sea más profundo.
M.H.: Clarín anuncia que la inflación en CABA de los más pobres fue del 5,4% en el mes de enero y en los 12 meses acumula un incremento del 44,7% en un contexto en el que el gobierno quiere imponer techos a las paritarias en torno al 29% que es lo que, por ejemplo, firmó el gremio bancario, que al día siguiente su dirigente, Sergio Palazzo, fue recibido por el Presidente de la Nación.
D.: La clase obrera viene perdiendo poder adquisitivo hace muchísimos años. Lo sufrimos muy abruptamente desde el macrismo y no dejamos de perder. Y la burocracia sindical juega un rol en esta situación de no presionar, no llamar a la lucha, no acompañar la situación laboral de los y las trabajadoras, es triste y vergonzoso, más en un contexto de pandemia y crisis sanitaria. No tiene el menor sentido ni lógica estar ahorcando económicamente a la clase más necesitada en un contexto de crisis sanitaria. Nuestras compañeras y compañeros son la primera línea en los barrios, estamos sosteniendo las ollas en los barrios, nunca dejamos de estar en 2020 atendiendo, acompañando, llevando bolsones de mercadería a las personas aisladas. Nadie sabe cómo se aísla a una persona en una villa. Cómo hacer.
M.H.: ¿Cuál es la realidad presente que viven los movimientos sociales respecto de mantener la actividad? ¿Qué tipos de beneficios están recibiendo los trabajadores de los movimientos sociales?
D.: Contamos con mercadería, alimentos, algunos productos secos que nos llegan de Nación y Provincia y muy autogestionadamente vamos comprando un poco de pollo y carne cuando se puede, ahora se hace imposible, y tiramos unos pedazos a la olla. Se trata de sostener a la población en los barrios más humildes del Conurbano, de CABA y de las provincias del interior. Vamos generando ollas populares. Vamos a las municipalidades, a las salitas a pedir lavandina, alcohol, para mantener higienizados nuestros comedores y donde le damos el tapper a la gente con comida y también para distribuir a las familias que en los barrios más humildes se tienen que aislar porque dieron positivo y no pueden salir a hacer changas, ni a comprar. Así nos vamos organizando. Cobramos 10.000 pesos por mes, es lo que se están pagando los programas sociales y con eso organizamos el trabajo y estamos todos los días en los barrios al pie del cañón, sosteniendo ollas, copa de leche, acompañamiento sanitario, violencia de género también.
M.H.: Al respecto, hoy se van a encontrar en Plaza de Mayo con una movilización de familiares víctimas de femicidios que va a ser a partir de las 12:00.
Y en relación a la problemática puntual de los movimientos populares, las cooperativas ¿cuáles son las reivindicaciones específicas que plantean?
D.: Estamos pidiendo aumento salarial de emergencia, entendemos que nadie puede vivir en este contexto con 10.000 pesos. Poder ingresar a mayores plus salariales para las tareas socio- comunitarias, esto que veníamos comentando, para nuestres compañeres que vienen cubriendo tareas esenciales en los barrios. Y, por supuesto, aumento en el alimento, sobre todo en lo que tiene que ver con frescos que es lo más difícil de conseguir y planes de trabajo, obras públicas, que se respete el 30% de las obras públicas para las cooperativas sociales, etc. Tierra y vivienda, seguimos acompañando a las familias de Guernica, familias desalojadas o con problemas de vivienda en diferentes lugares, así que estamos acompañando estas situaciones también, viendo que haya lotes con servicios para esas familias, para que no volvamos a tener un Guernica ni situaciones de represión como esas, que la tierra ociosa se ponga a disposición de la gente que está en la calle. Esas son nuestras principales medidas.
Mencionaste la movilización de hoy de les familiares de víctimas de femicidios, ayer todo el país se conmocionó por el femicidio de Úrsula, nosotros pedimos políticas reales en materia de género. Desde el año pasado venimos denunciando que todo bien con el ministerio de la Mujer pero sin presupuesto no puede aplicar una política efectiva de prevención de violencia. Lo vemos nosotras en los barrios y somos nosotras las que acompañamos esas situaciones, las que ponemos el cuerpo y muchas veces plata. Vamos a estar denunciando eso también.
También los Movimientos Populares que conforman la Paritaria Social y Popular marcharon, el martes 9 de febrero, a la Sociedad Rural Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, Salta, Rosario y Córdoba. Denunciaron que un puñado de transnacionales y la Mesa del campo especulan con los precios de los alimentos y las necesidades de todo el pueblo, pretendiendo equiparar los precios internacionales con los del mercado interno en tiempos de emergencia sanitaria y social.
“Nuevamente, el poder cartelizado del complejo-agroexportador transnacional, en el que cinco empresas (Cargill, COFCO, Bunge, ADM-Toepfer y Aceitera General Deheza) concentran prácticamente dos tercios de las exportaciones, sumado al poder de sus socios locales como la Sociedad Rural Argentina, organizan un nuevo embate que atenta otra vez contra el bolsillo de la clase trabajadora”, afirmaron.
Este jueves 18 de febrero se llevó adelante una Jornada piquetera nacional en rutas, calles y puentes en 21 provincias argentinas, organizado por el Polo Obrero y varias organizaciones sociales.
Se sumaron a esta actividad, que se preanuncia como una de las más grandes y extensas de los últimos tiempos, Barrios de Pie-Libres del Sur y el MST-Teresa Vive, y el Frente de la Resistencia -reciente escisión del FPDS-, la William Cooke y el MBT, recientemente incorporados al Frente de Lucha Piquetero.
“La eliminación del IFE, un presupuesto a la baja en todos los rubros menos en el pago de la deuda externa, una inflación disparada y alentada por el gobierno, ingresos sociales miserables para los desocupados, paritarias a la baja y un nuevo robo a los jubilados, están mostrando una orientación de clase muy clara: para los Fernández están primero los capitalistas y el FMI”, sostienen en un comunicado.
Barrios de Pie (Libres del Sur) concentró en estación Darío y Maxi (ex estación Avellaneda) junto al Polo Obrero y organizaciones sociales.
Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, sostuvo que “al contrario de lo que dicen algunas autoridades del gobierno nacional, la situación social está lejos de mejorar. En nuestro país sigue habiendo hambre. Existía antes de la llegada de la pandemia y continúa hoy. Miles de personas asisten a comedores y merenderos. El aumento sostenido de precios solo empeora la realidad de las familias, que deben hacer malabares en un contexto inflacionario y de poco trabajo”.
Al respecto, la referente del MST «Teresa Vive», Mónica Sulle, declaró: «Cientos de comedores populares estuvieron sin recibir comida y cuando lo hacen es cada vez con peores insumos. Tampoco hay planes de trabajo digno ni aumentos en las partidas de ayuda social. Así no se puede vivir. Hoy salimos a la calle por todos estos reclamos y exigimos soluciones. No puede ser que digan que no hay recursos, mientras le siguen pagando al FMI todos los meses millones de dólares».
La vuelta a clases
Los gobiernos nacional, provinciales y el de CABA impulsan una vuelta a la escolaridad presencial masiva en el medio de la pandemia. Con el actual nivel de casos “resulta altamente peligrosa la vuelta a las aulas”, señalaron desde el sindicato docente Ademys, porque generará en un corto plazo el “incremento brutal” de los contagios, cierre de las escuelas y medidas más restrictivas para el conjunto de la población, con el saldo de miles de muertes que podrían, y deberían, evitarse.
El sindicato docente indicó que son las presiones empresariales las que empujan a que, en lugar de priorizarse la salud, se prioricen los intereses económicos, con una política de reapertura que les permita ahorrarse las licencias y que expone a los trabajadores.
Dado que la docencia está siendo citada para concurrir a los establecimientos el lunes 8 de febrero, desde Ademys promovemos que en cada escuela realice relevamientos que demuestren que no están dadas las condiciones edilicias y de infraestructura en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Proponemos dejar constancia en actas si al ingresar no se cuenta con los elementos de seguridad e higiene garantizados por el gobierno (barbijos, mascarilla, alcohol en gel), que se tomen fotos y videos como registro y que se realicen encuentros (reuniones o asambleas de personal) para elaborar mandatos que nos permitan resolver en Asamblea abierta del JUEVES 11/02 – 18 horas las acciones de lucha a desarrollar.
Más de 500 docentes participaron de la asamblea convocada por el sindicato Ademys, donde resolvieron un paro de 72 horas, porque no están dadas las condiciones sanitarias para una vuelta a clases presenciales.
El jueves 18 de febrero realizaron una caravana educativa desde Congreso hasta el Ministerio de Educación de la Nación.
Ivana Otero, secretaria de Cultura de Ademys, comentaba: “Fue una importante asamblea. Si a esto le sumamos decenas de reuniones del Colectivo por un retorno seguro de más de 400 familias, hay un estado de deliberación constante de miles de docentes y familias que quieren pelear por un retorno seguro”.
Y agregó Ivana: “En la asamblea discutimos además de impulsar estas medidas de lucha, organizar y poner en pie Comisiones de Higiene y Seguridad en cada escuela porque vimos que hay decenas de compañeros contagiados de covid, escuelas que no tienen las condiciones para su apertura. Estas comisiones discutimos hacerlas en común con las familias y los estudiantes en secundaria, junto al Colectivo por un retorno seguro”.
Por su parte, Marilina Arias, vocal de la directiva de Ademys agregó que “El sindicato y su asamblea votó un importante llamado a la unidad. Esta semana hubo decenas de plenarios por área y zona del sindicato mayoritario de la Ciudad UTE-CTERA, donde muchos delegados de la Lista Celeste y también nuestros compañeros de la Marrón, pelearon por una perspectiva de lucha y unidad, pero la conducción Celeste negó estos mandatos y no llamará a ninguna medida de lucha”.
“La situación es muy complicada en las escuelas y para derrotar el plan de Trotta y de Larreta, tenemos que imponer la organización desde abajo, desde la asamblea de Ademys y el Colectivo, un plan para que la UTE rompa su pasividad”, sostuvo Marilina.
El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión del Consejo Federal de Educación (CFE) en la Quinta Presidencial de Olivos, con la participación de los y las ministras del área educativa de las 24 jurisdicciones del país, para analizar la vuelta a clases en las escuelas y los protocolos por la pandemia de coronavirus. En ese marco, gremios docentes de todo el país realizaron una concentración y conferencia de prensa frente a la quinta presidencial. Denunciaron que «Fernández y Trotta quieren cambiar el semáforo pero no las condiciones sanitarias, edilicias y laborales» necesarias. Convocaron el gremio de docentes porteños Ademys, Adosac de Santa Cruz, Amsafe de Rosario y General López, ASECH de Chaco, Docentes Autoconvocados de Tucumán, el GDA de Formosa, el SUTE de Mendoza, el SUTEF de Tierra del Fuego, la Minoría de ATEN de Neuquén, y los Sutebas de La Matanza, Ensenada, Marcos Paz, Tigre, Escobar, Madariaga, Bahía Blanca y la minoría de La Plata.
Dos de cada tres edificios escolares de la Ciudad de Buenos Aires no cuentan con aulas con la ventilación recomendada para evitar contagios de coronavirus, de acuerdo a un informe preliminar elaborado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) frente al regreso a las clases presenciales, el cual indica también que el 60% de los alumnos y docentes usa el transporte público para llegar a las escuelas.
El secretario de Condiciones y Medioambiente de Trabajo de UTE, Pablo Francisco, sostuvo que la encuesta abarcó, hasta el jueves pasado, a unos 700 edificios escolares de educación pública de los 1.000 existentes en la Ciudad.
Por otra parte, el informe de UTE revela que el 58% de los edificios no llega a tener la cantidad de sanitarios disponibles que garanticen las condiciones de higiene básicas para prevenir la circulación del virus.
También, el relevamiento indica que el 52% de los establecimientos no tiene bancos individuales destinados a la ubicación de los alumnos en las aulas, sino que existe una mayoría de escritorios compartidos para dos estudiantes.
Señala que el 59% de los edificios tiene un solo acceso y egreso del personal docente y no docente y de los estudiantes, lo cual no colaboraría ante la posibilidad de que se generen aglomeraciones en esos sectores al momento del ingreso y salida de los alumnos.
Por último, la encuesta evidenció que el 60% de los docentes y alumnos se traslada desde sus domicilios hasta la escuela en el transporte público: un 50% lo hace en colectivo y el 10% restante en subte y tren.
Una encuesta, realizada por instituciones vinculadas a la Universidad de Quilmes, con una muestra de 2.258 personas entrevistadas enfocadas en el corredor AMBA. En dicha encuesta se realizaron 43 preguntas dedicadas principalmente a la relación entre la situación sanitaria, las condiciones protocolares para la prevención y la opinión sobre las condiciones para el inicio de la presencialidad. Ante la pregunta si habría que esperar a que la totalidad o la mayoría del personal docente esté vacunado antes de empezar la presencialidad el 73% respondió de manera positiva, mientras que el 27% lo hizo de manera negativa afirmando que las clases deberían empezar aunque el personal docente no esté vacunado.
Otra pregunta vinculada a la cuestión sanitaria y que tiene relación con el inicio de clases presenciales, aunque de manera más indirecta, está vinculada a las personas mayores y población de riesgo. Al consultar sobre si habría que esperar a tener a las personas mayores de 60 años vacunados y así evitar el riesgo de contagio de personas mayores antes del inicio de clases, el 68% respondió de manera afirmativa mientras que el otro 32% respondió que las clases deberían empezar aunque los mayores no estén vacunados.
En otro tema relacionado y vinculado a las libertades y el derecho de cada familia a decidir sobre su cuidado arrojó un resultado todavía más contundente: un 74% respondió que cada familia debería poder decidir si acepta o no enviar a sus hijos/as a clases presenciales o continuar con clases virtuales, mientras que el 26% restante se manifestó a favor de que sea obligatoria la asistencia a clases presenciales.
Para mayor información, el informe preliminar de la encuesta se encuentra disponible, al igual que la posibilidad de descargarlo en formato PDF.
Cuatro delegaciones de la organización gremial docente santafesina AMSAFE (Amsafe Belgrano – Amsafe Caseros – Amsafe General López – Amsafe Rosario) reclamaron recuperar la “democracia interna” y convocar a una Asamblea Provincial ante las “presiones de vuelta a la presencialidad de cualquier manera” y “las políticas de ajuste” en el marco de crisis económica y sanitaria de la pandemia.
La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) informó que los docentes comenzarán el viernes 19 una medida de fuerza, debido al retraso salarial de 2 meses y la falta de medidas para cumplir con el distanciamiento por la pandemia.
«De cara a la presentación por calendario escolar para iniciar el ciclo lectivo 2021 el viernes 19 de febrero y estando con un retraso salarial de 2 meses, sumado a la falta de pago del segundo sueldo anual complementario y parte del primero, con los salarios congelados, estamos en condiciones de presentar la retención de servicios», informó el gremio en un comunicado.
«Mientras continúe la situación epidemiológica actual es imposible su inicio porque no hay forma de cumplir con el distanciamiento social ya que el contacto entre las personas es ineludible y necesario, en los nombrados niveles y modalidades», señaló el gremio. Agregaron que a la fecha, no ha habido convocatoria formal de parte del gobierno a fin de resolver la situación salarial.
Solo 11 escuelas (1 secundaria, 4 primarias y 6 técnicas) del distrito La Plata darán inicio de forma presencial el próximo 17 de febrero, momento en que comienza el período de recuperación para estudiantes que en 2020 no lograron acreditar materias. Hay una situación crítica de la infraestructura de los edificios, producto de la falta de inversión y mantenimiento de hace décadas y del abandono durante todo el año pasado.
Además auxiliares y docentes denuncian que a las escuelas no ha llegado el fondo especial Covid para limpiar y desinfectar los establecimientos que debía enviar el Consejo Escolar. No hay insumos, tanto elementos de limpieza como mascarillas de protección y trajes de bioseguridad para auxiliares, y termómetros. El Gobierno intenta mostrar una vuelta a clases en condiciones de normalidad, pero la realidad dice todo lo contrario.
El Bloque sindical de educación, integrado por los sindicatos Amet, ATE, SADOP, SOEME , SUTEBA, UDEB-FEB y UDOCBA informó luego de una reunión realizada con la Unidad Ejecutora de Gestión distrital que solo 11 escuelas darán inicio a las actividades presenciales.
Incluso en algunas de los colegios que arrancan de forma presencial, docentes y auxiliares denuncian las condiciones en las que se encuentran los establecimientos.
«En el Albert Thomas desde el año pasado venimos organizándonos junto a docentes, auxiliares y familiares en la Comisión de Seguridad e higiene porque teníamos muy claro que el gobierno iba a pretender volver a la escuelas en condiciones pésimas. Hemos realizado reuniones, presentado declaraciones y pedidos durante todo el año pasado. Esta semana ya tuvimos una reunión en la puerta de la escuela, luego del reparto de alimentos, junto a familias que están muy preocupadas por el estado deplorable del edificio. En este momento estamos terminando de armar una declaración para exigir que se cumpla el protocolo», expresó Carlos Rodríguez, delegado de la escuela.
En agosto de 2018, días después del crimen social de Sandra y Rubén en Moreno, los gremios docentes presentaron datos que muestran la emergencia edilicia de las escuelas bonaerenses: tan solo para dar un ejemplo, de un total de 2.000 establecimientos, en el 61,3 % las instalaciones de gas estaban en malas condiciones. Según el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA), solo el 1% del presupuesto para educación se destina a obras de infraestructura.
El gobierno de Kicillof no revirtió esta situación. A finales del 2020, aprobó un presupuesto de ajuste en función de pagar la deuda con el FMI. El programa “Escuelas a la Obra”, cuenta actualmente con 893 obras que, por lo relevado por comisiones de infraestructura de los docentes y delegados, se limitan a cambio de luminarias, reparaciones menores y pintura.
Sin embargo, el gobernador acaba de entregar a la policía Bonaerense, responsable del crimen de Ursula, $ 7.000 millones para patrulleros y armas, mientras destina migajas para educación.
El Plan Jurisdiccional propuesto por Agustina Vila y Kicillof, con el apoyo de Suteba y del resto de los gremios que componen el Frente de Unidad Docente Bonaerense, es inaplicable en las condiciones en las que están hoy las escuelas.
Asimismo, en muchas escuelas con matrícula superiores a 400 o 500 estudiantes por turno, como el Normal 2, han recibido solo un termómetro.
En el Normal 1, tampoco arrancan las clases presenciales. Las obras en la escuela no terminaron a tiempo y se continúa en la virtualidad.
El viernes 19 de febrero se realizará una movilización que culminará en la Dirección general de escuelas. Esta acción fue votada en una asamblea convocada por la Lista Multicolor de Suteba La Plata. ¡Las escuelas se abren con recursos, no con discursos!
Trabajadores
El viernes 5 de febrero, la gerencia de Correo Argentino comunicó al personal, que percibirían el 50 % de sus salarios. Fundamentaron que la decisión se debe a que hubo una caída importante de ventas en el mercado postal. Pero las y los trabajadores cuestionan dichos argumentos, agregando que durante toda la pandemia estuvieron trabajando ininterrumpidamente (están contemplados como trabajadores esenciales), acaparando los envíos de correspondencia y especialmente, la distribución de las diferentes compras que los usuarios realizaron a través de internet.
Las cuatro federaciones gremiales que agrupan a todos los trabajadores postales repudiaron la medida tomada desde la gerencia y decidieron comenzar con las retenciones de tareas de dos horas en cada turno laboral. En los centros de tratamiento postal y los centros de distribución domiciliaria, hubo ruidosas manifestaciones y con batucadas incluidas.
El 4 de febrero, las diputadas porteñas del PTS-FITU, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, presentaron el proyecto de declaración nº 2959-D-2020, mediante el cual se exige al Gobierno de la Ciudad que tome las medidas necesarias e inmediatas para los 200 residentes de salud que desde el mes de octubre se encuentran sin cobrar.
El proyecto también exige el cobro del salario para los concurrentes, aquellos trabajadores de la salud que hacen sus tareas de manera gratuita, necesarios para enfrentar la pandemia y garantizar la atención en la salud pública, pero que a la vez son la cara más visible de la precarización laboral.
El acampe de trabajadorxs de Enfermería autoconvocades en la sede del MSN cumplió una semana. A la fecha, ya son más de 300 trabajadores y trabajadoras de la salud fallecidas a causa del COVID 19 en todo el país “nosotras decimos que esas muertes son asesinatos laborales ya que ocurrieron por la falta de elementos de protección que no nos han provisto los hospitales en el momento en que lo tenían que hacer. Tuvimos que presentar recursos de amparo para conseguirlos y aun así la situación en muchas instituciones sigue siendo igual: falta de elementos, escasez o mala calidad de los mismos”. Al ser muertes evitables responsabilizan al gobierno y exigen el otorgamiento de pensiones para las familias de los compañeros y compañeras fallecidas por un valor igual al sueldo que percibían en vida, hasta que sus hijos e hijas cumplan la mayoría de edad.
En una asamblea realizada esta semana definieron que van a insistir para que se concrete una reunión con funcionarios de la primera línea, con el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García o Judit Díaz Bazán, recientemente designada Subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización del MSP.
Sin mediar explicaciones y sin justificativo alguno el martes 16 al mediodía la Policía de la Ciudad arrestó a dos trabajadores de la salud mientras participaban pacíficamente del acampe de protesta frente al Ministerio de Salud nacional. Se trató de Elena Amarilla, trabajadora del hospital Gutiérrez y Franco Antequera del hospital Piñero.
El resto de sus compañeros exigieron explicaciones a los oficiales de policía, mientras comenzaron a viralizar los videos por los grupos de whatsapp. Sin mediar respuesta alguna, se los llevaron detenidos.
Desde que montaron el acampe frente al Ministerio de Salud, comandado por Ginés González García, el personal esencial de salud viene denunciando amenazas y aprietas de parte de la policía de Larreta.
En Tucumán, Chaco y Neuquén, las y los trabajadores de la salud emprendieron nuevas medidas de fuerza en el marco de la crisis del sistema de salud que se vive en las provincias.
En Tucumán, el Sitas Fesprosa continuó con las medidas de fuerza. Este miércoles y jueves hubo paro de actividades con concurrencia, mientras que el viernes será sin presencia en hospitales y centros de salud.
Las medidas se dan en el marco de los reclamos salariales de los trabajadores de la salud, y por la cesantía persecutoria de Juan José Paz, médico del Hospital Eva Perón de la provincia. Además, el Sitas acompañó la manifestación de los docentes del interior, quienes deben volver a dar clases sin estar dadas las condiciones de seguridad e higiene.
En tanto, en Neuquén el Siprosapune Fesprosa realizó un paro de actividades. Las y los trabajadores sanitarios denuncian una fuerte crisis en el sistema de salud provincial y exigen ser escuchados. En la zona de Confluencia, la concentración marchó desde el monumento a San Martín hacia Casa de Gobierno. En tanto, en el interior de la provincia hubo actividades de visibilización en hospitales y centros de salud durante el día.
En Chaco, APTASCH Fesprosa convocó a la segunda asamblea abierta por salarios dignos, pase a planta, carrera sanitaria, y la situación INSSSEP, este jueves a las 18 vía Zoom.
Por lo que consideran como una «imposición arbitraria y unilateral del Nuevo Modelo Prestacional de Médicos de Cabecera», hubo una doble jornada de protesta de médicos de cabecera del PAMI.
La medida de fuerza estuvo protagonizada por Médicos de Cabecera de Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los médicos reclaman, además, la «urgente cobertura sanitaria y salarial a trabajadores que resultaron infectados de COVID-19 en ocasión del cumplimiento de sus funciones, con retroactividad al inicio de la licencia correspondiente y proveer la entrega de elementos de Bioseguridad, hecho éste que han omitido durante toda la pandemia de COVID-19».
Investigadores becados de la UBA convocaron a movilizarse el miércoles 10 de febrero al Rectorado para el restablecimiento de más de 100 becas de investigación que fueron cortadas en el mes de diciembre.
Desde la Comisión Interna de Trabajadores del canal de televisión C5N expresaron por las redes sociales su malestar ya que desde octubre de 2017 vienen cobrando sus salarios en cuotas. El periodista e integrante de la Comisión Interna, Alexis Szewczyk, contó la situación que vienen atravesando los 400 trabajadores del Canal porque los empresarios realizan fuertes inversiones en infraestructura, sin resolver la situación salarial de los trabajadores.
Tras la Audiencia de Conciliación convocada este martes 2 por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, las partes que representaban a la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) -que viene reclamando la inmediata reincorporación de un docente despedido de manera arbitraria-, no llegaron a un acuerdo.
Ante el desconocimiento y la no aceptación por parte de la institución educativa, de la libertad y democracia sindical, la negativa de una mesa de trabajo y de diálogo que permita la reincorporación de Juan Valfré, delegado despedido injustamente, entre otros ítems, ATE Córdoba definió continuar con la Carpa Blanca instalada el lunes 1°, exigiendo pluralidad, democracia y participación.
Murió otro trabajador del subte por covid-19. Javier Castillo era auxiliar de estaciones en la línea E. Fue parte de la camada de trabajadores tercerizados de seguridad que luchó y ganó el pase a planta permanente de Metrovías. Sus compañeros lo despidieron con profunda tristeza.
El 8 de febrero le habían dado el resultado positivo para covid y el pasado viernes lo habían internado por neumonía. Pero el lunes 15 falleció quien se convierte así en el octavo trabajador del subte víctima del virus. Según el último informe de AGTSyP, ya son 344 casos confirmados.
Desde la Agrupación Bordó además plantean que el sindicato del subte haga la exigencia a Metrovías para que incorpore de manera inmediata y sin dilaciones a su esposa, quien quedó a cargo de sus pequeños hijos.
La asamblea de trabajadoras y trabajadores del Programa de Acompañamiento Socio-comunitario a las Trayectorias Educativas (ex «Asistiré») –incorporado en el marco del Programa Acompañar Puentes de Igualdad, dependiente del Ministerio de Educación, a cargo de Nicolás Trotta– denunciaron más de 100 despidos, sólo en Provincia de Buenos Aires. «A fin de 2020 nos aseguraron continuidad laboral a través de un mail para todo el ciclo lectivo 2021. Hace una semana nos enteramos que nuestra recontratación dependía de arreglos con cada municipio. Solo 43 compañeras y compañeros, de casi 200, recibieron un mail con la novedad de la recontratación. Nadie nos informa ni nos comunica nada. Somos en un 90% mujeres, del cual un 80% somos madres, estamos gestando, sostenemos nuestro alquiler y nuestro plato de comida con este laburo. Esto es violencia inexplicable frente a esta situación de incertidumbre», remarcaron.
«Nuestras autoridades –el Ministro de Educación Nicolas Trotta, la subsecretaria de Cultura y Educación, Laura Sirotski, el Director Nacional de Inclusión y Extensión Educativa, Ariel Zysman, la Directora de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria, Natalia Peluso, y la Coordinadora nacional del Programa de Acompañamiento Socio-comunitario a las Trayectorias Educativas, Eugenia Castiñeiras– no contestan mails, notas ni publicaciones.
Decidimos que estas palabras sean de todes, que nos ayuden a visibilizar la situación y nos acompañen al ministerio los próximos días», culmina el comunicado, donde además dejan un mail para comunicarse con la asamblea: asambleaterritorialesasistire@gmail.com
Hace una semana que los trabajadores de la empresa Ternium-Siderar planta Canning
del Grupo Techint vienen parando la producción y reclamando en los portones de la planta. Exigen que la empresa respete el convenio 17 de la rama metalúrgica y que el aumento que corresponde a la última negociación paritaria en cuotas se pague en blanco y esté contemplado en el básico.
La dura respuesta de la patronal fue realizar 20 despidos injustificados. Se trata de una nueva provocación por parte del Grupo Techint, presidido por el multimillonario Paolo Rocca, contra los puestos de trabajo y el salario de los trabajadores, en un contexto general de ajuste al bolsillo. Los trabajadores convocan a rodear de solidaridad el acampe que se realiza en los portones, hasta que se cumplan sus exigencias.
Este jueves las y los repartidores de PedidosYa en Mendoza realizaron un paro en protesta al reclamo de aumento de salario, congelado hace dos años.
En distintos puntos del país los trabajadores de apps vienen reclamando en contra de las empresas. En Rosario, cientos de cadetes protestaron en el Parque Independencia con sus elementos de trabajo, logrando un alto acatamiento al paro que logró paralizar los servicios que presta la aplicación.
Líneas de colectivos del Conurbano amenazan con no pagar a choferes de grupos de riesgo si no retoman tareas. Se trata de 40 trabajadores con enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad y problemas de asma, en la 165, y otros casos en San Vicente (Grupo Dota).
El delegado Hugo Wurtz relató que «al principio los llamaban por teléfono para que se presenten» y luego «cambiaron su postura y comenzaron a decir que la empresa estaba mal». «Mienten e intentan que la gente vuelva de una manera ilegal. No lo hacen como deberían, a través de un telegrama, sino todo de palabra. Les dijimos que si no los citan de manera formal no tienen por qué presentarse porque el decreto sigue vigente», contó el delegado.
Además denuncian que la empresa no cumple con las mínimas condiciones sanitarias en sus unidades, lo que afecta a los trabajadores pero también a los usuarios.
Por esa situación, ya había habido un brote de contagios el año pasado.
La ley es clara. La resolución del Ministerio de Trabajo 207/2020 suspende el deber de asistencia al lugar de, con goce íntegro de sus remuneraciones, a todos los trabajadores y las trabajadoras que tengan las siguientes condiciones:
a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean considerados “personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento”. Se considerará “personal esencial” a todos los trabajadores del sector salud. (…)
c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional.
Además el propio Ministerio de Salud aclara que “los trabajadores y las trabajadoras mayores de 60 años de edad, embarazadas o incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo…”
Durante el viernes 12 desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado Santa Cruz se puso en marcha una medida de fuerza contra la empresa San Antonio Internacional, luego vencerse los plazos administrativos para resolver distintos reclamos que se vienen presentando desde hace tiempo por la organización sindical.
Se trata de falencias en cuanto a los salarios de los trabajadores, condiciones laborales, y en general una gran cantidad de irregularidades que viene teniendo la contratista en sus actividades cotidianas.
“Esta es una empresa que no está cumpliendo con sus obligaciones” señaló el Secretario Adjunto de Petroleros, Rafael Guenchenen. “Esperamos que las autoridades se pongan firmes, y nos ayuden a hacer respetar los derechos de los trabajadores, ante esta actitud autoritaria que viene demostrando desde hace tiempo San Antonio Internacional”.
Desde el inicio de la pandemia, los trabajadores de la histórica pizzería La Continental vienen reclamando por sus derechos, contra los atropellos de la empresa que no respetaba siquiera los mínimos protocolos.
La Continental cuenta con casi 20 sucursales en Ciudad de Buenos Aires, por estar catalogado entre los esenciales, nunca dejó de vender, durante todo el año pasado amenazó a sus empleados que reclamaban por barbijos y guantes para trabajar seguros, con despedirlos o cerrar sucursales.
El viernes pasado los trabajadores de la sucursal de Avenida de Mayo, se presentaron como todos los días y se encontraron con el local cerrado. La empresa, luego de un año entero de ventas, poniendo incluso en riesgo la salud de los trabajadores, por negarse a respetar las medidas necesarias para evitar los contagios deja a 40 familias en la calle. Los trabajadores se manifestaron en las puertas de la sucursal, exigiendo la inmediata reincorporación.
El martes 16 de febrero los directivos de la compañía suiza Just, dedicada a la producción de aromaterapia, despidieron a 52 trabajadores de la planta de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza. El anuncio se dio a través de la plataforma Zoom.
A través de un comunicado, las y los trabajadores expresaron: «En una comunicación de no más de 10 minutos o 20 minutos, se indicó que nos iban a liquidar nuestros salarios incluyendo una promesa de estar incluidos en el nuevo staff de la empresa tercerizada conocida como TRANSFARMACO contratada para suplir nuestra actividad».
En el mismo, agregaron: «La realidad es que no quieren asumir el costo de blanquear el despido masivo que están realizando, buscan que firmemos nuestras renuncias y empezar a trabajar desde cero en una empresa que se encuentra en el Partido de Escobar».
Las y los trabajadores de Just manifiestan que, en la nueva compañía, no tienen garantizados los puestos laborales y que podrían ser despedidos una vez finalizado el periodo de prueba. A su vez, señalan la inviabilidad de ser trasladados a 60 kilómetros de su espacio de trabajo.
A través de un comunicado de prensa, titulado ¿esto nos trajo la fusión?, el Frente de Trabajadores Aeronáuticos (FTA) denunció el despido de dos trabajadores. Se trata de Gastón Lambiase, delegado de oficina técnica, y de Federico Lambiase, ambos empleados de Austral, a quienes el pasado 15 de febrero les fuera negado el ingreso alegando que ya no pertenecían a la planta permanente.
Hasta el momento, la empresa no ha emitido los correspondientes telegramas de despido. Sin embargo, Gastón y Federico Lambiase se suman a los cinco “mecánicos que fueron despedidos por parte de ARSA el año pasado, Ercole, Radaelli, Sosa, López y Nicolino”. Además del intento de desafuero que los directivos encabezaron contra los delegados de base Gastón Kuttnick y Guido Cofre.
En el comunicado manifestaron que “desde mayo del año 2020 cuando la supuesta «sinergia» que traería la fusión Aerolíneas Argentinas – Austral, fue anunciada con entusiasmo y alegría, no tan solo por la empresa y el gobierno, sino, también por las comisiones directivas de los distintos sindicatos de los trabajadores aeronáuticos, algunos de ellos mostrando su real apoyo y otros, solamente guardando silencio de una manera cómplice y cobarde”.
En el mismo comunicado expresan que “detrás de esta «sinergia» se esconde un plan perverso de vaciamiento tanto de Austral como de Aerolíneas Argentinas”. Y se preguntan, “¿Hasta cuándo los y las trabajadoras seguiremos soportando estos ataques a nuestros compañeros y a nuestros delegados elegidos democráticamente? ¿Cuándo la Comisión directiva de APTA estará a la altura de las circunstancias y empezará a defender a sus afiliados?”.
Sobre el final del comunicado, desde el Frente de Trabajadores Aeronáuticos resaltan que “depende de las bases defender nuestros derechos, que lamentablemente ninguna Comisión directiva lo hará”. Mientras que, a su vez, denuncian una “paz social” firmada a espaldas de los afiliados y exigen la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y el cese de las persecuciones gremiales y políticas.
El conflicto salarial entre la Asociación de Guardavidas de Pinamar (AGP) y Asociación de Concesionarios de Playa de la misma localidad sigue sin resolverse, los trabajadores continuaran con medidas de lucha hasta tener una respuesta satisfactoria y se paguen todos los salarios adeudados.
El paro será «total» como explicó Fernando Espinach, Secretario de Organización de los guardavidas, «En asamblea hemos resuelto realizar este jueves un paro tanto en el sector privado como público» son en total 48 balnearios: 41 concesionados y 7 privados los que quedarían sin servicio.
“A tres meses de iniciada la temporada, todavía estamos con salarios de 2019. Es esa la paritaria que tenemos que recomponer”, explicó Espinach.
“Todas las excusas y argumentos para no recomponer los salarios han ido cayendo», afirmó y agregó que primero hablaban de que no iba a haber temporada a causa de la pandemia «pero la temporada va a seguir hasta el 5 de abril, como estaba prevista” y después “que no iba a venir nadie a Pinamar» lo que quedó ampliamente desmentido con la gran afluencia de turistas a la ciudad balnearia.
Patronales
Andrés Zavattieri, gerente general de Mendoza Plaza Shopping, confirmó que Falabella cierra sus tiendas en todo el país. El holding chileno Falabella, dueño de Sodimac, tiene en venta además la cadena regional de venta de artículos para la construcción y pretende recibir las propuestas de compra el próximo 22 de febrero.
El Gobierno estableció hoy una compensación de emergencia por 900 millones de pesos al autotransporte de pasajeros de jurisdicción nacional, con el fin de “sostener las estructuras y los puestos de trabajo” en el sector, muy afectado por las restricciones impuestas por la pandemia.
Se trata de una compensación de emergencia en el marco del Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia, con destino a las empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter inter jurisdiccional de jurisdicción nacional, a abonarse por única vez, en dos cuotas.
Transporte justificó la compensación al sostener que las Cámaras representativas del sector “manifestaron la imposibilidad de las empresas de absorber los déficits ocasionados por la pandemia declarada y la necesidad de realizar esfuerzos para mantener la actividad que conecta a más de 1.800 localidades, constituyendo el servicio básico esencial de transporte de larga distancia en un país tan extenso”.
Como resultado de la inscripción de enero, el Repro II alcanzará a 10.065 empresas, lo que implica la asistencia a 321.472 trabajadores. Esta asistencia superará los 3.600 millones de pesos.
Los sectores críticos que más inscripciones registran al Repro II son: turismo, con 2.028 empresas y 49.343 trabajadores, salud con 699 empresas y 75.715 trabajadores, deportes con 524 empresas y 17.432 trabajadores y cultura, con 335 empresas y 6.555 trabajadores.
Paritarias
La Asociación Bancaria cerró la primer paritaria del 2021 con un incremento del 29%. Este consistió en un 29% de aumento salarial, dividido en tres tramos: Enero 11,5%, abril 11,5% y agosto 6%. También incluye una recomposición del 2,1% correspondiente al 2020 e incluye dos cláusulas de revisión pactadas para septiembre y noviembre. El salario básico a agosto será de 106.136,36 pesos.
El acuerdo estuvo en sintonía con la referencia inflacionaria planteada por el Gobierno nacional en el presupuesto 2021, con una inflación del 29%. Algunas estimaciones privadas hablan de una inflación más alta, de allí que las cláusulas de revisión contempladas puedan ajustar la evolución de salarios a la de los precios.
Después de meses de lucha, las trabajadoras y los trabajadores de GPS consiguieron un 38 % de aumentos, en el marco de las paritarias correspondientes al año 2020.
Esta pelea se dio en el marco de la unidad de GPS Ezeiza y Aeroparque y en coordinación con otras empresas en lucha como Latam y Securitas, después de haber realizado cortes, movilizaciones y paros todos estos meses.
Los trabajadores estuvieron un año con las paritarias vencidas, siendo esenciales y parte de la operativa aeronáutica de los vuelos de repatriación y ahora de la distribución de la vacuna para combatir el Covid-19 en todo el país.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) que lidera Armando Cavalieri y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmaron el 28 de enero el cierre de la paritaria anual del sector (de abril 2020 a marzo 2021), con un incremento que eleva el piso salarial de convenio a $60.513 (incluido presentismo) a partir del mes de abril.
Según explicaron fuentes gremiales, con este nuevo acuerdo un personal de maestranza que en abril de 2020 cobraba $41.790 de sueldo básico, pasa a cobrar $60.513 en abril de este año, cuando se volverán a reunir a negociar.
Desde el gremio mercantil señalaron que, de punta a punta, la paritaria implica un incremento del 35%.
El acuerdo salarial global al que abordaron la Federación y las tres cámaras empresarias de la actividad mercantil contempla un aumento del 21% a partir de enero 2021, que se abonará en 3 cuotas de 7% (enero, febrero y marzo).
Además se pactó la incorporación al salario de la suma fija de $ 5.000 mensuales que se venía otorgando desde octubre último y llega hasta marzo próximo.
La Asociación Supervisores de la Industria Minera, Metalúrgica y Mecánica (ASIMRA) prorrogó hasta marzo el acuerdo para el pago del 75% del salario para los empleados que no prestan contraprestación por estar licenciados.
A cambio de la prórroga, las empresas reconocieron mayores costos a las obras sociales y elevaron de $107 a $116 «por trabajador y por cada día de suspensión el monto de la contribución extraordinaria a cargo de las empresas» que se estableció en el acuerdo original y que irá destinado a la Obra Social OSSIMRA «para afrontar los mayores costos de la atención de la salud en el marco de la emergencia sanitaria vigente».
El acuerdo, fue firmado por la ASIMRA, que encabeza el Secretario General, Luis García Ortiz, con las cámaras patronales Adimra, Fedehogar, Camima, Afarte, Afac y Caiama. «Las partes acuerdan reunirse al cabo de los sesenta (60) días de vigencia de la presente prórroga, para monitorear la evolución de la actividad productiva y revisar la adecuación del Acuerdo a las condiciones de contexto entonces vigente», establece el punto 4 del entendimiento entre trabajadores y empresarios.
Los operarios y operarias químicas de la rama fabricante de acumuladores eléctricos o baterías obtuvieron un incremento salarial récord del 52,5%.
El Fatiqyp cerró en agosto último la segunda parte o reajuste 2019/20 con un incremento del 25 %, lo que impactó de forma directa sobre los ingresos básicos, en octubre alcanzó un acuerdo del 10 % para septiembre, otro 10 % para noviembre y un 7,5 % para enero.
Las mejoras que se incorporarán al salario básico, impactarán en la totalidad de los adicionales, en tanto hacia mediados de enero de 2021 se revisará el acuerdo y otorgará un bono de 8.000 pesos en la primera quincena de febrero. Además, percibirán otros 4.000 pesos en la primera quincena de marzo próximo.
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Sindicato Electricistas Electronicistas Navales (SEEN), el Sindicato de Conductores Navales (SiCoNaRA) y el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales cerraron acuerdos paritarios con las dos Cámaras empresarias más importantes, mientras una de ellas terminó con un conflicto.
Con la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) y la Cámara Argentina de Empresas Navieras y Armadoras (Caena) que representan al sector de las petroleras, lograron un acuerdo «poniendo fin al sistema de ajuste salarial por IPC», que arrojó que el aumento correspondiente para el período abril – octubre 2020 era de 17,57 %.
En este caso, para el período noviembre 2020 – marzo 2021 el incremento llegará a un 38,83% anual entre abril del año pasado y marzo del corriente con un esquema de 6% en diciembre, 4% en enero, 3,5% en febrero y 3,5% en marzo. También habrá un reajuste del SAC que se abonará antes del 15 de enero.
Respecto al sector de remolcadores, que estaba en conflicto, el incremento anual será de 44,24%. En diciembre 2020 tendrán un 6%, en enero 2021 otro 6%, en febrero un 5,5% y en marzo un 3,5%, con la misma salvedad respecto al SAC. Por otra parte, «los días abarcados durante la medida de fuerza no serán descontados».
Fuentes: Anred, argentina.indymedia, Infogremiales, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Clarín, APU
Ortega, flamante diputado nacional: «Es un orgullo pertenecer a la Corriente y representar a los bonaerenses»
Carlos Ortega, secretario general del Secasfpi (trabajadores de ANSES), asumió días atrás como diputado nacional. Reemplazó a Magdalena Sierra, que pasó a desempeñarse como jefa de Gabinete en Avellaneda. «Agrandamos el músculo del movimiento obrero en el Congreso», expresó el también referente de la Corriente Federal de Trabajadores.
«Es un orgullo pertenecer a la Corriente y ahora representar al pueblo de la provincia de Buenos Aires como diputado nacional. Es un orgullo en el 2017 haber pertenecido a la lista de Unidad Ciudadana así como lo hicieron Walter (Correa) y Vanesa (Siley) que ingresaron en su momento» destacó Ortega quien se ubicó en el vigésimo cuarto lugar de la lista encabezada por Fernanda Vallejos.
Dentro de las primeras iniciativas en las que le tocará sesionar está el proyecto de ley que modifica el mínimo para el pago de impuesto a las ganancias. Un decreto presidencial publicado este jueves por la mañana incluyó el proyecto impulsado por Sergio Massa en las sesiones extraordinarios.
«Es un buen proyecto – evalúa Ortega-, un punto de partida muy importante para que los compañeros no sufran esos descuentos. Un trabajador que gana 150 mil pesos y un centavo no puede pagar lo mismo que un CEO de una multinacional. No puede ser todo lo mismo y es lo que debemos discutir en el congreso«.
Sobre la llegada de un nuevo integrante de la Corriente Federal a un escaño nacional, destacó el crecimiento del espacio desde su nacimiento a esta parte: «Lo que hizo la Corriente en pocos años ha sido un proceso extraordinario de construcción. Consolidamos masa crítica no a partir de las super estructuras gremiales sino de las regionales de la CGT y de los cuadros intermedios. Siempre veo que compañeros pertenezcan o no a la Corriente, se sienten representados en las posturas políticas y gremiales que asumimos» destacó el dirigente de Secasfpi.
En las últimas semanas se dieron distintas reuniones entre las organizaciones sindicales y el gabinete, así como con las entidades empresarias. Una de ellas fue el puntapié inicial al acuerdo de precios y salarios convocado el 9 de febrero pasado y por el cual se esperan que continúen en las semanas venideras.
«Tiene que haber un paso más profundo en la integración y en la discusión con el gobierno nacional. Creo importante el esfuerzo de Alberto y Cristina conteniendo a los distintos sectores del movimiento obrero. Estuvo Sergio Palazzo por la Corriente Federal en el último encuentro sobre precios y salarios, me parece positivo. A pesar de que hay una gran fragmentación estamos todos representados», a lo cual agregó «creo que en las decisiones tenemos que ser un poco más escuchados».
Finalmente, destacó que, a pesar de presentaciones virtuales y reuniones, «Solamente con el acting del diálogo no sirve. Se tiene que concretar en leyes, en acciones concretas para poder canalizar la problemática de hoy: la inflación, el monopolio de los alimentos, entre otros tantos temas. Se tiene que concretar en hechos que hoy no vemos», cerró Ortega.
Fuente: Sindical Federal
Nueva prórroga para los mandatos sindicales por 180 días con la puerta abierta a habilitar excepciones
El ministerio de Trabajo de la Nación resolvió prorrogar los mandatos vigentes de todas las organizaciones sindicales por un plazo de 180 días más aunque esta vez con la posibilidad de realizar excepciones.
Fuentes cercanas al ministro Claudio Moroni confirmaron a InfoGremiales que habrá una nueva prórroga, esta vez por seis meses, para los mandatos de los miembros de los cuerpos directivos, deliberativos, de fiscalización y representativos de las asociaciones sindicales, federaciones y confederaciones registradas ante la Dirección Nacional de Asociaciones.
Esta decisión implica que la elección del cuerpo directivo de la CGT se realizaría después de las próximas elecciones generales legislativas. A menos que decidan incluir a la renovación de la cúpula de la central obrera dentro de las posibles excepciones, lo que quedaría bajo la decisión de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.
La resolución ya no se fundamentará en el decreto presidencial 297/2020, que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, por lo que podría apelar al DNU 260/2020 sobre la emergencia pública sanitaria.
Just Argentina deja en la calle a 52 familias
Los directivos de la firma Swiss Just, dedicada a la producción de aromaterapia, despidieron a 52 operarios de su planta en Lomas del Mirador. Las y los trabajadores alegan que fueron notificados por Zoom y exigen su reincorporación. Por ANRed.
El martes 16 de febrero los directivos de la compañía suiza Just, dedidada a la producción de aromaterapia, despidieron a 52 trabajadores de la planta de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza. El anuncio se dio a través de la plataforma Zoom.
A través de un comunicado, las y los trabajadores expresaron: «En una comunicación de no más de 10 minutos o 20 minutos, se indicó que nos iban a liquidar nuestros salarios incluyendo una promesa de estar incluidos en el nuevo staff de la empresa tercerizada conocida como TRANSFARMACO contratada para suplir nuestra actividad».
En el mismo, agregaron: «La realidad es que no quieren asumir el costo de blanquear el despido masivo que están realizando, buscan que firmemos nuestras renuncias y empezar a trabajar desde cero en una empresa que se encuentra en el Partido de Escobar».
La firma Swiss Just se inauguró en el año 1930 en Suiza. Su fundador fue Ulrich Jüstrich, quién montó la fábrica de productos aromaterapicos. Actualmente comercializa en más de 35 países a través de consultoras independientes y por la venta directa en redes sociales.
Las y los trabajadores de Just manifiestan que, en la nueva compañía, no tienen garantizados los puestos laborales y que podrían ser despedidos una vez finalizado el periodo de prueba. A su vez, señalan la inviabilidad de ser trasladados a 60 kilómetros de su espacio de trabajo.
«Literalmente, nos dejaron sin nuestras fuentes de subsistencia de un dia para otro a trabajadores que han entregado su vida a esta empresa«, esgrimen en el comunicado. Las y los trabajadores de Just solicitan la más amplia difusión a la vez que exigen la inmediata reincorporación de las 52 familias despedidas.
Fuente: ANRed
La FeNaT lanzó formalmente su Unidad de Gestión
El presidente de la UST, Diego Ledesma, dio la bienvenida y valoró este logro alcanzado con la pelea en la calle. “Sabemos que no es suficiente, pero nos posiciona desde otro lugar para quienes estamos construyendo trabajo genuino para nuestros compañeros. Podemos demostrar lo que somos capaces de hacer cuando el Estado invierte en organizaciones sociales”, valoró en su alocución.
En la compra de las herramientas se favoreció a cooperativas y fábricas recuperadas: La indumentaria la confeccionó la Cooperativa Nueva Generación y los zapatos fueron fabricados por la Ex Gatic, una empresa recuperada que fabricaba para Adidas: “porque apostamos a otra clase de sociedad y en la clase trabajadora”, dijeron.
“En la UST, la autogestión nos cambio la vida. Nos dio la oportunidad para potenciar nuestra articulación y empezar a pensar en una nueva etapa empezar a producir», remarcó Ledesma.
Los recursos que provee el Estado a través de la Unidad de Gestión serán para la construcción de espacios comunitarios y salones de usos múltiples en distintas provincias, acciones para favorecer la salud comunitaria, relevamientos socio ambientales, mejoras en el espacio público, instalación de postas sanitarias en barrios con brigadas sanitizantes.
Mario Barrios, dirigente histórico de la Central y fundador de la UST: “Esta es una herramienta que pone el Estado en nuestras manos para que la utilicemos, sea para obedecer o para transformar. En cada lugar donde estamos hay solidaridad y tenemos capacidad para pelear a un espadachín con un escarbadientes”.
Romina Selzer, Directora del Programa Potenciar Trabajo, participó del acto y afirmó: “Este es un aporte para fortalecer el laburo territorial que venimos haciendo y vamos a seguir trabajando esté o no esté el Estado”.
“Vamos a seguir trabajando en función del trabajo genuino, del trabajo real y con mirada solidaria, para ir dejando de lado el subsidio. En esa línea debemos estar todas las organizaciones territoriales y sindicales. Tiene que ver con el compromiso, con trabajar en comunidad.”, remarcó la funcionaria.
Mandaron sus saludos el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y Emilio Pérsico, Secretaría de la Economía Popular.
El coordinador Nacional de la FeNaT, Omar Giuliani, agradeció la presencia de tantos compañeros y compañeras de las provincias y el compromiso puesto en la militancia cotidiana: “Quienes estamos en la trinchera no tenemos inicio ni fin, es una herramienta continua. Son decisiones de vida. Para nosotros poder organizarnos colectivamente, políticamente, desde nuestro lugar de clase, tiene que ver con los sueños que vamos construyendo”.
“No es casual estar inaugurando la Unidad de Gestión en la UST, ejemplo de construcción solidaria. Porque en la FeNaT sabemos que no hay felicidad posible con más de la mitad de los niños bajo la línea de pobreza. Ahora debemos ver qué capacidad política tenemos como clase para que esto no nos duerma y sea una herramienta de construcción, transformación y fortalecimiento de nuestras experiencias.”, remarcó Giuliani.
La consigna histórica “Con ternura venceremos”, dijo Giuliani, “es una afirmación profundamente política, porque recuperar la ternura tiene que ver con la ternura cuando deshumanizar es el principal objetivo del capitalismo. Nos organizamos para construir otra sociabilidad, por fuera del sistema capitalista, que es un sistema de deshumanización”.
“Somos trabajadores y trabajadoras que el sistema dejó afuera, y por eso hemos ido obteniendo nuestras propias herramientas, para demostrar que podemos construir ese otro mundo, y eso tiene una centralidad en el trabajo. Y esta es una alegría justamente porque la conseguimos con unidad de la clase en la calle. Es con unidad de la clase o gana el sistema capitalista.”, sentenció Omar.
Hugo “Cachorro” Godoy, trajo el saludo en nombre de la conducción de la CTA Autónoma: “Este es un aporte enorme para nosotros, porque nos ayuda a fortalecer cada uno de los espacios de organización que tenemos en estas 22 provincias, que pronto esperamos estar en las 24, como la CTAA”.
“No alcanza con tener identidad de clase, tenemos que tener también organización y unidad de clase”, dijo Godoy, que también expresó la propuesta de la Central: “El capitalismo de descarte ha excluido a la mitad de los pibes, y también condena a la exclusión social a millones de argentinos. Por eso hay que fortalecer y generar trabajo, pero para eso es necesario un piso de dignidad a través de un Salario Universal”.
Y destacó: “La identidad de clase trabajadora es una construcción cultural y de identidad para quien vive de su trabajo, vivió, o quiere vivir de su trabajo. Estamos en un tiempo de construcción de poder y unidad y también de pensamiento estratégico de clase trabajadora. No queremos un pedacito de tierra para que nos dejen vivir mejor, queremos discutir el modelo de sociedad”.
Fuente: ACTA
A menos de un año de su lanzamiento ya fracasó la OTPro, la pata sindical de Juntos por el Cambio
La Organización de Trabajadores PRO (ATPro) formalizó su lanzamiento el 1° de mayo del año pasado. Sobre fin de año, sin inserción de ningún tipo, se abortó el proyecto. Ahora Patricia Bullrich explora otras alternativas.
A menos de un año de su visibilización pública, la Organización de Trabajadores PRO (OTPro) dejó de funcionar. El proyecto duró algo menos de un año y nunca logró ningún tipo de relevancia.
La idea era crear una pata sindical del PRO, que articule con la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) y se conviertan en «la columna vertebral» de Juntos por el Cambio.
Las redes sociales del proyecto OTPro ya no siguen funcionando y no tienen actualización desde hace algunos meses.
El núcleo de su militancia, por el contexto, se centró en publicar notas contra la cuarentena. Pero no consiguieron seducir ningún espacio sindical para que se acerque y les de un sustento real.
Ahora el proyecto, dado de baja, empieza a ser reemplazado por «Los Flacos».
La iniciativa es tratar de acercar al núcleo duro del PRO a pequeños sindicatos «sueltos» y tratar de mostrar con ellos una alternativa «posible» al sindicalismo peronista.
Cuando estuvo en el poder, el PRO había conseguido armar una modesta pata sindical con Gerónimo «Momo» Venegas como artífice y articulador de unas 62 Organizaciones amarillas.
Con el paso de los años esa «estructura se fue desgranando hasta quedar en la nada.
Fuente: Info Gremiales
Primer test rápido de Covid-19 fabricado en Argentina, de la mano de la recuperada Farmacoop
El primer test serológico del país permite saber en cinco minutos si la persona estuvo o está en contacto con el virus, y es fabricado por Farmacoop (ex Roux Ocefa), el CONICET, y Bamboo. Ya está a la venta desde mediados de enero y se llama FarmaCov Test. Desde nuestra visita a medidos de junio de 2019 a hoy, Malena (encargada de la producción de los test) y Edith (encargada de la planta de Piedra Buena) nos cuentan cómo funciona el test, cuáles fueron los desafíos y cuál es el próximo paso. Por Laura Dalto, para ANRed.
Hace dos años que las trabajadoras y trabajadores del ex Roux Ocefa, y actual cooperativa Famacoop, comenzaron su lucha. Sufrieron el vaciamiento del laboratorio y resistieron en su lugar de trabajo con todos los desafíos que esto conlleva, como reformularse, aprender nuevas tareas, organizarse, vivir sin un sueldo y resistir los cuatro años de la crisis macrista, y ahora “la nueva realidad” mundial de la pandemia, donde miles de pequeñas empresas y comercios han tenido que bajar sus persianas. Sin embargo, tienen muy clara su meta y saben que la salida es colectiva.
Sobre FarmaCov Test
El test detecta los anticuerpos del Covid-19, lo que permite detectar si estás o estuviste en contacto con el virus y tener el resultado en cinco minutos. Lo conveniente de que sea una fabricación y desarrollo argentino es que fue probado con sueros de la población local teniendo en cuenta la sepa y virus locales, y esto hace tener mayor efectividad en el resultado y disminuye la posibilidad de un falso positivo o negativo.
El muestreo se hace con una pequeña punción en el dedo, la muestra de sangre se vuelca en el casete y allí se coloca dos gotas del gotero que trae el kit. Luego se esperan cinco minutos y si aparece una línea es negativo y si son dos líneas es positivo. En el caso de positivo indica que cursaste o estas cursando la enfermedad, y la persona debe hacerse una prueba de PCR para evaluar el estadío.
Actualmente ya se produjeron más de 70 mil test, pero se proyecta hacer un incremento paulatino en la producción hasta llegar a producir 500 mil test mensuales. La materia prima e insumos también son nacionales lo que garantiza el abastecimiento.
Vale destacar que es un producto de uso profesional y no de venta libre. Ya que su resultado es de interés público, debe informarse y ser validado por un profesional. ¿Cuáles son los potenciales clientes? El propio Estado, droguerías, instituciones de salud, clínicas, hospitales o empresas que quieran hacer chequeo a sus empleados por medio de algún laboratorio.
Su fabricación no solo es un logro en sí, sino que también se celebran la capacidad de generar alianzas con el CONICET, la Universidad de La Plata y privados que aportaron el capital, lo que permite sustituir importados y avanzar en la soberanía y fabricación nacional, según palabras del propio Bruno Di Mauro, presidente de la cooperativa, en una entrevista a FM riachuelo.
Desafíos y proyección
El desafío fue sostenerse como cooperativa, formarse en los distintos roles y múltiples tareas que asume cada trabajadora y trabajador, así como el gran esfuerzo que implica prepararse para cada inspección del ANMAT.
Al preguntar en relación a las otras cooperativas, si también era tan cuesta arriba conseguir las habilitaciones, la respuesta es que no, y la explicación podría estar en que pertenecen a la industria de los laboratorios. Recordemos que Farmacoop es el único laboratorio recuperado en el mundo que presta un precedente y que tiene todo un camino por delante para allanar.
Cuando visitamos en el 2019 estaban preparándose para habilitaciones en la sede de la calle Medina, que aún no consiguieron. En marzo de 2020, con el comienzo de la pandemia, pudieron ser habilitados y habilitadas para la fabricación de alcohol en gel y barbijos, su venta fue significativa para poder sostenerse, pero actualmente se ve afectada por el incremento de la competencia. Hoy están focalizados en la fabricación y venta de los test pero en un futuro la idea es conseguir la habilitación para producir la reconocida crema hidratante del ex Roux Ocefa, Aqualane, seguramente bajo un nuevo nombre.
Farmacoop es un proyecto valiosísimo, no solo para sus trabajadoras y trabajadores que aún no perciben sueldos, ya que el dinero que ganan lo invierten para seguir produciendo, sino como parte de un proyecto nacional que tiene una marcada mirada social a diferencia de las grandes empresas.
Fuente: ANRed
Pablo Spataro: “Es necesario construir una perspectiva estratégica, recuperar la presencia del Estado y la Soberanía en nuestros ríos”
La CTAA Capital participó junto a CTA Nacional y Provincia de Buenos Aires, Ate Nacional y varias juntas internas de distintos organismos, de la asamblea abierta convocada para defender la soberanía nacional en nuestras vías navegables.
Durante la mañana de hoy, la central porteña se hizo presente en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, donde participó, junto a cientos de trabajadores y trabajadoras, de la asamblea en apoyo al canal Magdalena, en defensa de la soberanía nacional, por la reactivación del Organismo de Vías Navegables, la soberanía en los puertos y ríos y por la reincorporación inmediata de los despedidos durante el macrismo.
Consultado por las razones de la jornada, el Capitán Oscar Veron, Secretario General de ATE–Vias Navegables, explicó que “estamos en el marco de esta jornada de lucha por la soberanía, haciendo caso al Presidente de la Nación cuando dijo que si se equivocaba el pueblo se lo hiciera saber, advirtiéndole a las autoridades que se están equivocando al entregar la soberanía de los ríos y los puertos, se están equivocando en permitir que los monopolios cerealeros, junto con los monopolios mediáticos y judiciales, sigan entregando los bienes del Estado Nacional”.
La anulación del Decreto 949 también fue parte de los reclamos de la jornada, ya que implica darle mayor manejo al puerto de Montevideo sobre el ingreso y egreso de los buques que llevan nuestra carga hacia los mercados del mundo. Razón por la cual era manifiesto el apoyo a la construcción del Canal Magdalena, entendido como medio para contrarrestar la injerencia extranjera y multinacional sobre el comercio nacional de granos al exterior, ya que por esa vía se eluden pagos de tasas e impuestos y no existen controles de ningún tipo.
Como corolario de su respuesta, Veron se refirió al nuevo proceso licitatorio que impulsan desde sectores ligados al poder real: “Hay funcionarios que están jugando para el enemigo y lo hacen decir al presidente que en 30 días se vence la concesión y van a llamar a licitación, pero ese pliego está hecho por el macrismo y forma parte de la herencia del menemismo, que entregó todos los órganos de control, de producción y devastó la industria”.
Orestes “Beto” Galeano, dirigente de ATE Nacional, señalo que “la soberanía es una discusión que tenemos que darnos cada militante popular, cada trabajador y trabajadora, y establecer claramente como se ejerce y en que sentido: porque no es lo mismo ejercerla a favor del pueblo que a favor de los intereses de las multinacionales”.
“Tenemos que alertar sobre estas cosas -continuó Galeano- porque pelear puestos de trabajo no esta desligado del ejercicio de la soberanía: porque si va a haber un Estado que defienda la soberanía en función de los intereses populares, necesita organismos con trabajadores capacitados en sus funciones y puestos en el territorio. Para eso queremos los puestos de trabajo: no estamos mendigando que nos paren el hambre, estamos pidiendo un lugar de pelea para la soberanía nacional en función de los intereses populares y por eso estamos poniendo en duda el patriotismo de funcionarios que quieren regalarle la hidrovía a los grupos económicos”.
A su tiempo, Pablo Spataro, Secretario General de la CTAA Capital, expuso que “es necesario construir una perspectiva estratégica, recuperar la minería del Estado, recuperar nuestro petróleo, nuestras riquezas, el campo y, por supuesto, recuperar la soberanía de nuestros ríos y puertos».
Y continuó diciendo, «Por eso estamos acá, en la Subsecretaría de Vías Navegables para exigir la construcción del Canal Magdalena y que el Estado recupere sus funciones de cuidar lo nuestro, para que la riqueza que generamos en nuestro país se quede acá y vaya a garantizar la dignidad de nuestro pueblo”.
Luego de un breve recorrido por algunas luchas históricas y recientes tanto de ATE como de CTA, y de reflexionar sobre la coyuntura en que se encuentra el país, Spataro apuntó que “el Estado debe ser una herramienta para el desarrollo de nuestro pueblo y solo vamos a tener soberanía si somos capaces de construir una fuerza organizada en conjunto con todo el movimiento popular, para abrir un nuevo camino de esperanza para la construcción de una sociedad mejor para todos y todas».
Fuente: ACTA
Para Baradel, si se cumplen protocolos el 1 de marzo «está garantizado» el comienzo de clases presenciales
El secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Roberto Baradel, afirmó hoy que el 1° de marzo «está garantizado» el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires «en la medida en que se cumplan los protocolos adecuados y no haya alta circulación del coronavirus, para no exponer ni a los chicos ni a los docentes».
«Queremos que la vuelta a la presencialidad en el marco de una pandemia no implique que se propague el virus. Planteamos que se cumplan los protocolos para proteger a los chicos y a los docentes, algo absolutamente justo y razonable», expresó el dirigente gremial en declaraciones formuladas a radio La Red y El Destape.
En ese sentido, Baradel rechazó que los sindicatos docentes hayan impedido la vuelta a las aulas y analizó que «esa fue una campaña de una parte de la oposición y de los medios hegemónicos para querer enfrentarnos a la sociedad».
Sostuvo que en 2020 «se dijeron muchas mentiras» y señaló que «aunque fue un año atípico y anormal, hubo clases y se dieron respuestas en el marco de la pandemia».
Así, recordó que en territorio bonaerense el año pasado unos 40 municipios en los que había baja circulación del virus «pudieron regresar a una presencialidad cuidada» y resaltó que en la provincia «desde el miércoles 17 se lleva adelante de manera presencial el proceso de recuperación de contenidos».
Con todo, puso de relieve que «el regreso a las clases presenciales será de forma gradual y cuidada; a medida que lleguen los instrumentos de higiene, seguridad y protección, y siendo muy prudentes, en un esquemas bimodalidad con presencialidad y virtualidad».
Apuntó que, en el caso en que las condiciones para regresar a las aulas «no estén dadas» en algún distrito o que «los estudiantes y docentes estén expuestos a situaciones de contagio», se continuará dictando clases de modo virtual.
«Esperemos que de acá al 1° de marzo los contagios sigan bajando y se cumplan los protocolos», reflexionó Baradel que es, además, titular de Suteba.
Por otro lado, se refirió a la reunión que ayer mantuvo con el presidente Alberto Fernández en Casa de Gobierno junto al secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; y la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso.
«Le planteamos la necesidad de que se priorice la vacunación a los docentes en todo el país y nos dijo que lo hablaría con el ministro de Salud», remarcó y recordó que «en la provincia ya se comenzó a vacunar maestros, pero no es lo mismo en todo el país».
En cuanto a la reunión de la paritaria nacional docente, que se realizó ayer, los gremios pidieron «estar por arriba de la inflación y buscar un mecanismo que permita revisar o actualizar salarios si ésta es más alta de lo que firmemos».
«Podría ser una paritaria corta en lugar de una anual, con una cláusula que nos permita sentarnos a actualizar el monto si la inflación supera lo que acordamos», aseveró.
En ese sentido, fuentes del Poder Ejecutivo provincial confirmaron que esta tarde, a las 14:30, se llevará adelante la primera reunión de mesa técnica salarial entre el gobierno de Axel Kicillof y los representantes del Frente de Unidad Docente bonaerense.
Fuente: Info Gremiales
Denuncian despidos en la fusión entre Aerolíneas Argentinas y Austral
Desde el Frente de Trabajadores Aeronáuticos denuncian el despido de dos operarios, uno de ellos delegado de oficina técnica. Además, acusan a las autoridades de un vaciamiento en la fusión entre Aerolíneas Argentinas y Austral. Por ANRed.
A través de un comunicado de prensa, titulado ¿esto nos trajo la fusión?, el Frente de Trabajadores Aeronáuticos (FTA) denunció el despido de dos trabajadores. Se trata de Gastón Lambiase, delegado de oficina técnica, y de Federico Lambiase, ambos empleados de Austral, a quienes el pasado 15 de febrero les fuera negado el ingreso alegando que ya no pertenecían a la planta permanente.
Hasta el momento, la empresa no ha emitido los correspondientes telegramas de despido. Sin embargo, Gastón y Federico Lambiase se suman a los cinco “mecánicos que fueron despedidos por parte de ARSA el año pasado, Ercole, Radaelli, Sosa, Lopez y Nicolino”. Además del intento de desafuero que los directivos encabezaron contra los delegados de base Gastón Kuttnick y Guido Cofre.
En el comunicado manifestaron que “desde mayo del año 2020 cuando la supuesta «sinergia» que traería la fusión Aerolíneas Argentinas – Austral, fue anunciada con entusiasmo y alegría, no tan solo por la empresa o el gobierno, sino, también por las comisiones directivas de los distintos sindicatos de los trabajadores aeronáuticos, algunos de ellos mostrando su real apoyo. y otros, solamente guardando silencio de una manera cómplice y cobarde”.
Consultado por ANRed, Gastón Kuttnick, delegado de Austral, expresó: «En este sentido la compañía llevo adelante de forma compulsiva el traspaso del contrato de trabajo, de Austral a Aerolíneas (Argentinas), sin saber todavía cual es el futuro que nos separa, cambiándonos la fecha de ingreso con el silencio del sindicato».
En el mismo comunicado expresan que “detrás de esta «sinergia»se esconde un plan perverso de vaciamiento tanto de Austral como de Aerolíneas Argentinas”. Y se preguntan, “¿Hasta cuando los y las trabajadoras seguiremos soportando estos ataques a nuestros compañeros y a nuestros delegados elegidos democráticamente? ¿cuando la comisión directiva de APTA estará a la altura de las circunstancias y empezará a defender a sus afiliados?”.
Gastón Kuttnick explica que hicieron las presentaciones judiciales correspondientes y comenta que «como el ministerio de Trabajo no nos atendió durante todo este tiempo, hicimos una denuncia por este silencio«. Y agrega: «estuvimos pidiendo durante todo el proceso participar de esto e hicimos una presentacion en la justicia federal sobre irregularidades que habíamos observado durante todo el proceso».
Asimismo, Kuttnick sostiene: «Uno de los despedidos es un delegado en ejercicio, que la empresa lo había reconocido y ahora aduce impugnación para no realizarle un juicio de desafuero y pisotear de esta forma unilateralmente su tutela. Es un hecho gravísimo para el mundo sindical y para la clase obrera que tiene la posibilidad de estar organizada».
Sobre el final del comunicado, desde el Frente de Trabajadores Aeronáuticos resaltan que “depende de las bases defender nuestros derechos, que lamentablemente ninguna comisión directiva lo hará”. Mientras que, a su vez, denuncian una “paz social” firmada a espaldas de los afiliados y exigen la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y el cese de las persecuciones gremiales y políticas.
Fuente: ANRed
Aceiteros de San Lorenzo descartan ocupar la cerealera Buyatti y buscan reubicar a los más de 80 empleados en otras plantas del Gran Rosario
La cerealera Buyatti anunció que tras tres años de complicaciones económicas irremontables, cierra su planta industrial de Puerto San Martín. La decisión deja sin trabajo a 84 trabajadores. El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento San Lorenzo desmintió una ocupación y confirmó que busca reubicar el personal.
El conflicto de la empresa en esa planta empezó en el año 2000 cuando entró en convocatoria de acreedores, remontó por unos años cuando tuvo un fasón con Cargill, pero desde 2018 todo fue cuesta abajo y pagaba el 50% de los salarios no remunerativos. En marzo de 2020 fue la última vez que pusieron en marcha la fábrica, pararon y de ahí en más ya no arrancó.
La estocada final la dio la caída del acuerdo con Vicentín, en noviembre de 2020, que se podría haber renovado por 3 años más en condiciones normales, pero no pasó.
InfoGremiales se comunicó con el secretario general del SOEA de San Lorenzo, Pablo Reguera, quien explicó que en la asamblea que tuvieron este jueves decidieron con los trabajadores y delegados apelar a los gobiernos nacional y provincial para gestionar una reubicación de los despedidos en las otras empresas aceiteras de la zona.
«Es imposible querer poner en marcha esa fábrica por las empresas que hay en la región, hay empresas que tienen un volumen muy grande y Buyatti es la única fábrica aceitera que no tiene muelle.», explicó Reguera.
Además desmintió los trascendidos periodísticos que hablaban de una supuesta intención de ponerla a andar «con o sin sus dueños».
El acuerdo que tenía Buyatti con Vicentín era precisamente por el uso del muelle: Vicentín le daba semilla para que la procesen y luego el producto salía por el muelle de ellos, que se quedaban con la mayor ganancia. Con ese fasón caído, la planta ya no produjo más.
«Ellos ya presentaron todos los balances como para cerrar en el ministerio de Trabajo, los trabajadores ya no quieren ningún tipo de reunión, están llamando a la gente para arreglar las indemnizaciones ya», aseguró.
Reguera remarcó: «En ningún momento planteamos reactivar la planta por nuestra cuenta porque el volumen que mueve la soja requeriría que salgamos a pedir 500 millones de dólares y tampoco tenemos mercado, la que compraba la producción de esa planta era Vicentín. Además estamos rodeados de empresas gigantes, es imposible competir», abundó.
«Lo que estamos pidiendo nosotros, con todos los delegados del resto de las fábricas de San Lorenzo, que son más de diez, es que apenas lleguen los telegramas de pedirles a las aceiteras para reubicar compañeros, que les tomen la evaluación, tienen experiencia. Sería pedirles un gesto solidario a las empresas aceiteras. Para eso también quiero convocar al gobierno de Santa Fe, por la reubicación de esta gente o al menos la mayor parte.»
Reguera explicó que hay un grupo que está muy cerca de jubilarse, que son de riesgo y ya no están trabajando por lo que entiende que sería muy difícil reubicarlos. Pero cree que la mayoría de los despedidos de Buyatti podría encontrar lugar en las empresas de la zona si cada una tomara 3 o 4 trabajadores.
Fuente: Info Gremiales
Centrales obreras contra la discriminación
El próximo 25 de febrero se dará inicio a cuatro jornadas semanales de formación impulsadas por el INADI, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT.
Será mediante la plataforma zoom y se abordarán aspectos generales en el primer encuentro, para luego puntualizar en Diversidad Sexual, Raza y Géneros, Buenas Prácticas en Comunicación Inclusiva.
“A partir de la discriminación de Sofía, una chica Tucumana en la ciudad de Mar del Plata a quien no dejaron entrar a un boliche por la nueva hegemonía corporal, quedó plasmada por iniciativa del INADI y la Defensoría del Pueblo una mesa interinstitucional contra la discriminación. De allí nace esta iniciativa de las centrales obreras para que se empiecen a abordar estas cuestiones que son trascendentales.”, dijo Maximiliano Monetti, del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Regional Mar del Plata.
Enlace para hacer la inscripción
Fuente: ACTA
Alberto Fernández anuncia la creación del Consejo Económico y Social con la presencia de sindicalistas y la incorporación de las organizaciones sociales
El presidente Alberto Fernández anunciará la creación del Consejo Económico y Social junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, quien presidirá el órgano multisectorial destinado al abordaje de estrategias y políticas públicas vinculadas con la educación, el desarrollo regional, la ciencia y la tecnología, el empleo y las jubilaciones.
Con un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK), previsto para las 11.30 y donde habrá invitados presenciales, otros en contacto virtual y la presencia de miembros del gabinete nacional, el Presidente presentará el organismo que integrarán representantes del sindicalismo, del sector empresarial, de los distintos cultos, de los movimientos sociales y la comunidad científica y educativa.
En los últimos días, Béliz mantuvo reuniones y contactos informales con algunos de los mencionados representantes, a la espera del decreto presidencial que en los próximos días saldrá publicado en el Boletín Oficial, por el que quedará oficialmente constituido el organismo y su cargo al frente de la estructura.
Pensado para fomentar el intercambio de ideas y alcanzar consensos sobre políticas sociales de largo y mediano plazo, el funcionario nacional lideró en los últimos días una reunión preliminar con los cultos religiosos en una continuidad de los encuentros que ya mantuvo el año pasado con sindicalistas y empresarios con vistas a la postergada creación del organismo como consecuencia de la crisis sanitaria.
En la reunión con las instituciones religiosas, de la que también participó el secretario de Culto, Guillermo Olivieri, como representante del Gobierno, algunos de los invitados se comprometieron a hacerle llegar a Béliz documentos con ideas y propuestas sobre cuestiones económicas, sociales y educativas, según precisaron a esta agencia de noticias fuentes allegadas al encuentro.
Participaron del encuentro en Casa Rosada Jorge Knoblovits (DAIA), Máximo Jurcinovic (Conferencia Episcopal Argentina), Aníbal Bachir Bakir (Centro Islámico Argentino), Néstor Miguens (Federación Argentina de Iglesias Evangélicas), Jorge Gómez (Aciera) y Marcelo Figueroa (Iglesia Presbiteriana de San Andrés).
Desde el Gobierno hubo también contactos con representantes de los movimientos sociales y de las organizaciones de la economía popular que ya tienen garantizados lugares dentro del Consejo.
Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) confirmaron a Télam que su secretario general, Esteban ‘Gringo’ Castro, sería el representante de la organización en el Consejo.
Entre los invitados al acto, habrá referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, Frente Popular Darío Santillán y Movimiento Popular Nuestramérica.
La creación del Consejo Económico y Social fue una de las promesas de la campaña presidencial que, tras el triunfo en las urnas, tuvo su correlato durante el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa del año pasado, cuando anunció que, entre sus lineamientos, estaba la promoción de los trabajos del futuro, el cambio climático y la infraestructura verde y las estrategias para «atraer la riqueza que está en el exterior» para ponerla al servicio de «fines productivos nacionales».
«Soy consciente de que esta iniciativa supone una autolimitación a mis facultades administrativas. Sé muy bien que implica estar dispuesto a abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema democrático», dijo el mandatario en esa oportunidad.
En ese marco, resaltó la necesidad de «propiciar la llegada de un aire nuevo y renovador» porque «durante demasiado tiempo nuestra democracia ha estado asfixiada en el microclima de intereses mezquinos, de miradas tecnocráticas o de pujas estériles».
Y propuso al Consejo Económico y Social como el «motor no sólo de políticas de Estado, sino de políticas de la sociedad».
En aquel discurso, anticipó que los dirigentes y especialistas que representarán a los diferentes sectores deberán compartir una «responsabilidad histórica» y ser «creativos, movilizar propuestas de excelencia, innovar, saber renunciar a miradas individuales cuando se establecen iniciativas superadoras de conjunto».
«Desde este Consejo tenemos que ser capaces, todos juntos, de diseñar la agenda de futuro, ajena a la puja distributiva y a la coyuntura de corto plazo. No pretendemos que desde su ámbito se discutan ni precios ni salarios ni paritarias, elementos que estarán contenidos en la institucionalidad ya existente del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil», señaló.
Finalmente, luego de idas y vueltas respecto de su envío al Congreso de la Nación para que fuera tratado como proyecto de ley durante las sesiones extraordinarias, el primer mandatario resolvió que sean los miembros del Consejo los que le darán forma a un texto que reglamente su funcionamiento para que, luego sí, sea abordado por los diputados y senadores nacionales.
Fuente: Info Gremiales
Movimientos territoriales de CTAA marchan por corte de provisiones
Las organizaciones Mujeres Sin Freno de Barrio Triángulo; los comedores Panza llena corazón contento, Las Luchonas y Solidaridad de Bella Vista; Arcoiris y Caminando para dejar huellas de El Hormiguero-CTAA de Barrio Belgrano, concentraron esta mañana frente a la Municipalidad para exigir que se sostenga la entrega de alimentos.
Por Comunicación CTAA* | “Cortaron los alimentos que proveían para las ollas, en el marco de la emergencia alimentaria y la pandemia. En este tiempo afiliamos en los barrios a 600 personas de las cuales el 90% son desocupados y desocupadas, por lo que es necesario abordar esta problemática”, explicaron desde los movimientos territoriales en CTAA Rosario.
Vale recordar que los comedores y merenderos barriales fueron en muchos barrios la única respuesta para miles de personas que buscaron alimento durante la pandemia. Esenciales sin decretos, las y los que sostienen estos espacios acudieron a la ayuda mutua en un momento de crisis con escasos recursos estatales que, hoy, son cortados.
Fuente: Comunicación CTAA Rosario // ACTA (Fotos: gentileza Carlos Salazar)
Duro golpe al bolsillo de los trabajadores porteños: los alquileres en la Ciudad subieron 53,8% en 2020
El precio de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires subió en el cuarto trimestre del año pasado un promedio de 53,8% interanual para los monoambientes y un 63,7% para los departamentos de dos y tres ambientes, según un informe dado a conocer por el Gobierno porteño.
«El aumento en el valor de los alquileres verificó un fuerte incremento respecto del trimestre previo, de 5,9 puntos porcentuales para los de un ambiente, de 6 puntos para los dos ambientes y 11,9 puntos para los de tres ambientes», sostuvo.
Consideró que las «importantes aceleraciones se suman a las registradas entre julio y septiembre, «enmarcándose en un contexto de plena vigencia de la nueva ley de alquileres».
Por su parte, la AFIP oficializó este jueves la reglamentación del «Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles», que deberán ser declarados ante ese organismo a partir del primero de marzo próximo.
En ese escenario, la organización Inquilinos Agrupados consideró que se trata de una «gran noticia» y subrayó que «se calcula una evasión del 80% en los alquileres de vivienda».
Siguiendo con los datos duros informados por el gobierno porteño, respecto de la evolución interanual de los precios de alquiler, el sondeo oficial subrayó que los mayores aumentos del trimestre en las propiedades de un ambiente fueron para Villa Urquiza con 64,5%, Caballito con 60,5% y Almagro con 57,3%.
En tanto, los menores incrementos se verificaron en Retiro con 37,2%, Núñez con 42,3% y Recoleta con 44,1%.
Para el segmento de los monoambientes, los barrios que promediaron los valores de alquiler más elevados fueron Palermo ($21.275), Belgrano ($21.085) y Núñez ($20.661).
En el extremo, en el rango más económico, se ubicaron San Cristóbal ($17.096), San Nicolás ($17.555) y Montserrat ($17.983).
Fuente: Info Gremiales
La CTA Autónoma volvió a gritar “Ni una menos, vivas nos queremos”
De Ushuaia a La Quiaca, hoy la CTA Autónoma, junto a otras organizaciones y colectivos de mujeres y disidencias movilizaron a los tribunales de todo el país para exigir justicia por las víctimas de femicidios y para exigir políticas públicas que atiendan la violencia de género en Argentina. Durante todas las movilizaciones se hizo hincapié en que el Estado y la policía son responsables y que es urgente una reforma judicial feminista y con las trabajadoras.
La violencia machista está lejos de estar resuelta. El Observatorio Nacional MuMaLa “Mujeres, Disidencias, Derechos” cuenta un total de 51 muertes violentas de mujeres, travestis y trans y lesbianas desde el 1 de enero de 2021 hasta ayer. 36 de ellos son Femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios. Esto implica que hay 1 femicidio cada 29 horas.
9 de esas muertes violentas son asociadas al género, vinculadas a economías delictivas o colaterales (narcotráfico, venganzas, deudas, etc.) y 6 de ellas están en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes). Hubo además 48 intentos de femicidios y 2 suicidios de femicidas.
Silvia León, Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Géneros de la Central, afirmó: “Las cifras ponen al desnudo toda la situación que venimos transitando y denunciando, que el año pasado se agravó con la pandemia, y que nos tuvo en lucha, particularmente en provincias como Jujuy y Tucumán, pero con mujeres asesinadas en todos los territorios”, explicó León a la vez que recordó que la CTAA viene exigiendo una reforma judicial. No obstante, aclara, “hoy existen mecanismos y leyes que deberían aplicarse, porque la Justicia tiene hoy dos fallas grandes, que tienen que ver con la demora y con la falta de perspectiva de género de sus funcionarios y funcionarias, aun existiendo ya la Ley Micaela”.
El portal Perycia informó que La Bonaerense tiene 6 mil policías denunciados por violencia machista. Esta cifra es oficial y ese medio accedió a través de un pedido de acceso a la información pública. Significa que en los últimos siete años, uno de cada nueve policías hombres ha sido denunciado en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) por ejercer violencia de género. Sin embargo más del 80% de los investigados por Asuntos Internos siguen en funciones actualmente.
“Este es un dato que se repite en todo el país y muestra la complicidad y responsabilidad de las fuerzas de seguridad en las situaciones de violencia y en los femicidios. Como pasó con Úrsula, sumado a la represión a las amigas de Úrsula por parte de la misma policía responsable de encubrir y no tomar medidas frente a sus denuncias, habla de la responsabilidad del Estado de no tomar medidas concretas frente a las fuerzas de seguridad que son las principales responsables. El Estado debe dar respuestas inmediatas y concretas para frenar los crímenes hacia las mujeres y diversidades sexuales”.
Movilización federal
Desde Chubut, Nelly Rovera, Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Géneros de la CTA Autónoma en esa provincia, dijo a ACTA: “Nos movilizamos porque la justicia no llegó, porque a pesar de las denuncias que hagamos la justicia no llega. Y nos movilizamos a Tribunales para interpelar esa acción. Porque ante la justicia patriarcal, hacemos alianza feminista, esperando que las trabajadoras del Poder Judicial, desde las operativas hasta las juezas se unan a nuestra voz y frenemos, juntas, a esta justicia machista cómplice de los femicidios”.
Por su parte, Leonor Cruz, Secretaria de Géneros de la CTA Autónoma en Tucumán agregó: “Hoy volvemos a gritar con toda nuestras fuerzas que estamos harta de que nos violen, nos peguen, nos torturen, nos maten. Hoy las mujeres organizadas volvemos a salir a la calle por todas las Úrsula que día a día mata este sistema”, dijo e informó que Tucumán es la primera provincia en feminicidios del Noroeste argentino donde “reina la impunidad, los pactos políticos y el silencio cómplice”.
“Estamos para seguir diciendo que el Estado es responsable. Queremos una justicia que nos proteja, una justicia que nos escuche, una justicia con mirada feminista. No somos cifras ni estadísticas. No somos el editorial de algún noticiero morboso que con lujo de detalle nos vuelve a violar. Cada mujer niña, adolescente asesinada es una vida que este sistema nos arrebata. Gritamos indignadas, llorando con bronca, pero convencidas que al patriarcado lo vamos a tirar.”, dijo Cruz.
«Hoy en Santa Rosa, La Pampa marchamos por Úrsula, pero también por todas nuestras víctimas, por las que ya no están y por las que quedaron, heridas, lastimadas, rotas» expresó María Vanesa Borgstrand, Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Géneros de CTAA La Pampa, y afirmó: «Porque desde el Estado no tenemos las respuestas que necesitamos para seguir vivas, porque el Poder Judicial termina siendo cómplice con penas absurdas o dejando libre a abusadores y femicidas».
«Porque necesitamos que la ley 27.210 que prevé la confirmación de un cuerpo de abogados específico para casos de violencia de género, que se conforme en cada lugar que cuente con juzgados, que el presupuesto que se destina a los organismos que atienden casos de violencia sea acorde a las necesidades que se enfrentan en esta lucha por empoderar y acompañar a las victimas y familias. Porque el Poder Judicial necesita una verdadera y profunda reforma con perspectiva de Género. Por eso desde la Secretaría de Género de la CTAA la Pampa exigimos Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres ya !!!!».
Desde el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en los Tribunales porteños, Clarisa Gambera, Secretaria de Géneros de la CTAA Capital, dijo: “Se abre la agenda de este año antes del 8 de marzo y se abre otra vez con un femicidio que nos convoca en principio frente a Tribunales acá en la Ciudad de Buenos Aires porque el femicidio de Úrsula muestra los laberintos de la injusticia patriarcal que hace que una mujer cuando hace la denuncia, que no siempre sucede, se encuentra no sólo con la complicidad de las Fuerzas de Seguridad y sino también con jueces que desestiman las denuncias, eso es abandono del Estado”.
La Dirigenta, también Directora de Géneros de ATE Nacional concluyó: “Necesitamos una reforma judicial feminista y con las trabajadoras, políticas públicas que nos protejan y abrir la caja de pandora que son las fuerzas de seguridad porque los violentos están adentro. No puede ser ése el que una mujer reciba y el resto está desfinanciado. Hoy esto es mucho más masivo que lo que suponíamos porque la bronca es enorme, pero estamos organizadas, el feminismo es más potente para poder frenar la violencia”.
Fuente: ACTA
Municipales porteños denunciaron que el gobierno de la Ciudad sólo testeó al 10% de los trabajadores de las escuelas
Nuevamente la agrupación Celeste, opositora a la actual conducción del Sindicato de Trabajadores Estatales de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), presentó una denuncia en la que expusieron que el gobierno dijo que iba a testear al personal previo a que inicien las clases pero que apenas cubrieron un 10% de los 110.000 trabajadores.
El dirigente gremial Carlos Elías denunció por «Afectación a la salud pública por falta de controles a tiempo. Incumplimiento de los protocolos establecidos. Negligencia de los funcionarios públicos.» al gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta.
Considera que no adoptó las medidas urgentes para llevar los testeos a todos los trabajadores de la Ciudad antes del 17 de febrero, fecha que decidieron para empezar las clases. Todo esto «pese a que todas estas medidas han sido señaladas como necesarias y obligatorias por el propio gobierno.»
Elías asegura que el gobierno porteño pregona la necesidad de tomar ciertas medidas pero protocoliza otras «sin que se cumplan ni se hagan cumplir» lo que deriva en «negligencia como modo de obrar» y afecta la salud pública, lo que está tipificado como un delito.
Asimismo, desde la oposición del SUTECBA solicitan se investigue toda la cadena de responsabilidades para permitir el inicio de clases presenciales cuando las condiciones impuestas por el propio gobierno estuvieron lejos de cumplirse.
Fuente: Info Gremiales
Envio:RL
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