Acuña quitó $ 476 millones ya asignados para obras y refacciones en escuelas
Mucho se habló a principios de año sobre el fuerte ajuste que hizo el Gobierno porteño en materia educativa en el presupuesto 2021, que se reconoce como la más fuerte poda en toda la historia de la Ciudad, quedando Educación con apenas el 17,18% del presupuesto total. Pero muy poco se dijo de las partidas que ya estaban asignadas para diferentes sectores y que el Ministerio que conduce Soledad Acuña decidió eliminar.
A mediados del mes de enero se había conocido el cuantioso recorte que operó la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en el Plan Sarmiento, encargado de repartir dispositivos electrónicos a miles de estudiantes porteños. La quita alcanzó los 371 millones de pesos, que fueron subejecutados a la Dirección de Educación de Gestión Privada. El año comenzaba de la peor manera para la comunidad de la escuela pública. Mientras reclamaba computadoras para los miles de chicos y chicas que no poseen dispositivos, Acuña transformaba ese dinero en subsidios para la educación privada.
Pero esto no fue todo: en las últimas horas se reveló que la Ciudad dio de baja cientos de millones de pesos que estaban destinados a la construcción de escuelas a nuevo, a obras de refacción y de mantenimiento. Decisión que tomó en el mes de noviembre y que fue publicada en el Boletín Oficial tres meses después. Del 6 de noviembre al 13 enero, Soledad Acuña le quitó poco más de 847 millones a la educación pública.
Primero dejó sin efecto la licitación 2333/MEDGC/20 para terminar la construcción de la Escuela de Danzas N°2 DE 18, Jorge Donn, por un monto de 241 millones 700 mil pesos. La obra comenzó en el año 2015 y debía terminarse en seis meses, pero se frenó en varias oportunidades, hasta que un fallo de la jueza Elena Liberatori, en 2019, ordenó al gobierno porteño que retomara las obras.
“Nosotros estamos en un edificio compartido con la Escuela de Cerámica Fernando Arranz, que es una exfábrica de lavarropas. Es un edificio muy precario con aulas muy chicas, con los pisos rotos y con goteras, que no está pensado para ser una escuela. Aquí conviven más de mil personas entre alumnos y docentes”, señala a Tiempo Lucas Bragan, profesor y delegado de Ademys. Jorge Donn, llamada así en homenaje al célebre bailarín, es una escuela secundaria con la posibilidad de continuar estudios terciarios en danzas. “Es muy grande la comunidad educativa de ambas escuelas compartiendo un solo edificio, y en este contexto de pandemia, la ministra Acuña nos quiere hacer volver a todos juntos, al mismo tiempo. Por eso ahora más que nunca era indispensable el nuevo edificio”, agrega.
El 24 de noviembre, Acuña también desafectó la suma de $ 214 millones destinados a la construcción de otro edificio escolar, la Escuela Primaria de Creación “Estación Buenos Aires”, ubicada en el Distrito Escolar N° 5, sobre la calle Suárez esquina Monasterio. En la Resolución 240/SSGEFYAR/20, culpa a la situación de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad estipulada en la Ley 6301, que comenzó en el mes de mayo de 2020. Esta escuela, como el resto, está dentro de aquel plan oficial del Gobierno porteño que comprendía la apertura de 54 establecimientos educativos nuevos, entre 2015 y 2019. Es una escuela que jamás edificó, pero que aparece en la lista, como el resto de los otros 50 edificios escolares que no construyeron.
“Es una vergüenza que proclamen a la educación como prioridad y en las sombras quitan todo el dinero que estaba destinado a la construcción de escuelas”, afirma a Tiempo Lorena Pokoik, legisladora porteña del Frente de Todos. “Esto es algo que Acuña y Larreta hacen constantemente, pero cuando la información aparece toda junta en el Boletín Oficial, varios meses después de haberlo hecho, es muy fuerte. Necesitamos más escuelas en la Ciudad. Para este año se calcula una falta de vacantes de 30 mil pibes”, agrega la vicepresidenta de la Comisión de Educación, y termina: “Después se llenan la boca con que la educación es lo primero. Mienten desde que se levantan hasta que se acuestan”.
Delfín Gallo, un edificio histórico al que se le cae la mampostería
El 17 de noviembre de 2020, Acuña dio por tierra con otros 20,5 millones de pesos consignados para trabajos de instalación eléctrica en la Escuela Nº33 D.E. 18, de Álvarez Jonte 5075; y para obras de restauración, interior y reparación de carpinterías de la Escuela Nº1 D.E. 16 “Delfín Gallo”, ubicada en Fernández de Enciso 4451; publicados en las resoluciones 337 y 338 respectivamente.
Delfín Gallo es una escuela emblemática, la primera del barrio de Villa Devoto, inaugurada en 1894. “El edificio es patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires y está con muchos problemas edilicios”, señala a Tiempo Marilina Arias, docente que trabajó hasta el año pasado en el lugar. Esta escuela contiene una comunidad educativa de 900 personas entre alumnos y docentes.
“La escuela tiene problemas de derrumbe de la mampostería de los balcones, hacia afuera y hacia adentro del edificio. Muchas veces, mientras jugábamos con los chicos en el patio, se caían pedazos de revoque. Es una situación de emergencia que se repite en muchísimas escuelas porteñas”, agrega.
Cada uno de los recortes que realizó la Ciudad lo hizo en plena pandemia, cuando se necesitan más obras de adecuación, refacción y nuevas escuelas para reducir la cantidad de contagios durante la presencialidad.
Los esfuerzos para contener los precios de los alimentos no terminan de dar resultado
La suba de los precios privados se ha convertido, junto con la recuperación de la actividad económica, en la principal preocupación del equipo económico. Es que una escalada de esos precios puede tirar abajo toda la delicada estantería que está construyendo con esfuerzo. No solo porque en su visión los salarios no acompañarían la subida, sino porque alteraría las relaciones con los demás precios que sí controla, como las tarifas y especialmente el dólar.
Los últimos números no han sido muy favorables. Con una economía prácticamente detenida entre abril y mayo, el Índice de Precios al Consumidor siguió subiendo a un ritmo del 1,5% mensual por el arrastre de los meses anteriores. Y apenas se comenzó a reabrir la economía, volvió a acelerarse hasta alcanzar el 4% en diciembre con una economía un 10% más chica que la que había un año antes, cuando arrojó un 3,7% de alza.
En este derrotero, el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas es el que más incidencia tiene. Por un lado, porque pesa hasta un 25% en el cálculo del IPC general. Y por el otro, porque tuvo un alza superior al nivel general a lo largo de 2020 y enero pasado parece repetir esa situación. De hecho, la suba de Alimentos y Bebidas no alcohólicas fue del 42,1% en 2020, 6 puntos porcentuales por encima del nivel general.
Para el primer mes del año, los cálculos privados varían desde el 5,7% que le adjudicó la consultora Ecolatina –que también mensuró una inflación general del 3,7% en enero– hasta los datos de Orlando Ferreras y Asociados, que arrojó 4,4% para la inflación núcleo, que incluye una parte de Alimentos y Bebidas. Héctor Polino, de Consumidores Libres, que hace un relevamiento de 21 productos alimenticios, estimó un alza en enero del 4 por ciento.
Para la consultora LCG, que hace un seguimiento semanal de los precios, en la primera semana de febrero la suba de precios de los alimentos promedió un 0,9%, desacelerándose 0,34 puntos porcentuales respecto de la semana anterior. "El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual promedio de 4,9% en las últimas cuatro semanas y 5,2% medida punta a punta en las mismas semanas", indicó LCG.
Estrategias
El gobierno tiene en la mira al precio de los alimentos desde el inicio de su gestión. Buscó desde un principio armar acuerdos con las empresas fabricantes agrupadas en la Copal y con las grandes cadenas de supermercados. Apeló al programa Precios Cuidados, que el macrismo no pudo desarmar a pesar de sus intentos, y le agregó el de Precios Máximos con la pandemia de coronavirus. Es decir, las alzas en los precios de los alimentos se dieron mientras estos dos programas estaban vigentes.
Ahora, el gobierno nacional no cambió mucho su estrategia, aunque desplegó una táctica nueva: reducir Precios Máximos y eliminarlo en marzo y a cambio comenzar a aplicar acuerdos de precios sectoriales. Es el caso del de la carne, que arrancó ayer para ocho cortes a precios un 30% más bajos que los vigentes en el mercado minorista, que son un 80% más altos que los de un año atrás.
"Es un acuerdo federal en el cual empezamos con una oferta de cortes y de bocas de expendio representativa en todo el país que permite referenciar cortes esenciales en la canasta de consumo y cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos", detalló la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que participó ayer en una recorrida de control por supermercados del barrio porteño de Villa Crespo.
Con todo, el acuerdo es menor respecto del consumo mensual de carne de los argentinos: 6000 toneladas por mes para unas 200 mil toneladas. El impacto será relativo, aunque según Español, la idea es que los cortes populares hagan de referencia y anclen al resto de los precios de los productos cárnicos.
Este es el mismo concepto que impulsa Precios Cuidados, el programa que alberga 800 productos con precios fijos hasta abril. Los controles se han agudizado también en este tema. El gobierno ya sabe que las empresas de alimentos no permitirán retrasos en las subas de sus productos respecto de la inflación general.
Fuente:TiempoArgentino
07.02.2021 / Frente de Todos
"Entre gastar en boletas o gastar en vacunas, prefiero gastar en vacunas. Serían 20 millones de vacunas"
Así lo aseguró Sergio Massa, una de las figuras más importantes de la coalición oficialista, en relación a la discusión entre gastar dinero en realizar elecciones primarias en un contexto de pandemia o utilizar dichos fondos para comprar vacunas. Además la necesidad de recuperar el salario y la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Sergio Tomás Massa, presidente de la Cámara de Diputados y parte trascendental del Frente de Todos, aseguró en línea con el presidente Alberto Fernández que en 2021 "el desafío es la recuperación del ingreso, del poder adquisitivo de todos los argentinos".
"Nos toca enfrentar una situación inédita, nadie se prepara para gobernar en una pandemia La idea de la libertad en las paritarias a la hora de definir salarios, el refuerzo en AUH, asignaciones, jubilaciones es central para esa turbina de la economía argentina que es el mercado interno", explicó Massa en declaraciones al periodista Iván Schargrodsky por Radio 10.
El titular de la cámara baja continuó su detalle de lo que será el panorama 2021 haciendo eje en que "las tarifas no pueden modificarse por encima de los salarios porque el consumo de esos servicios depende del poder de compra".
Por último fue claro en lo que hoy es una línea unánime dentro del Frente de Todos "Para cerrar un acuerdo con el Fondo, no pueden imponer su programa sino al revés porque Argentina tiene que pagar creciendo, no ajustando".
"Los que se olvidaron las vacunas en la Aduna nos querían explicar cómo vacunar. Me gusta cuando la oposición propone ideas y no cuando está en la lógica destructiva de simplemente poner palos en la rueda", concluyó.
Fuente:PoliticaArgentina
Alberto picante: suba de retenciones y dardo a la Corte Suprema
Se refirió a la opción de aumentar las retenciones a la exportación o bien poniendo cupos. Sobre la Corte dijo que ya no es "un tribunal prestigioso".
El presidente Alberto Fernández advirtió que el Gobierno podría "subir las retenciones o poner cupos" si los exportadores de alimentos trasladan a sus productos los precios internacionales. Al mismo tiempo subrayó que ello no significa que su administración esté "contra el campo", sino "a favor de la mesa de los argentinos".
En una entrevista con el diario Página/12 el mandatario también se refirió a la cuestionada Corte Suprema de Justicia, sobre la que dijo que "era un tribunal prestigioso en los años de Néstor Kirchner" pero que "hoy está mal".
En relación a los alimentos que comemos los argentinos, Alberto afirmó que "China era un país que solo importaba carne envasada y había un número limitado de frigoríficos que tenían capacidad de exportar", y contrapuso eso a que "ahora decidió importar carne con hueso, medias reses".
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En ese marco, apuntó que "el productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme". Y agregó: "Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares".
Ante este escenario, dejó en claro que "el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan".
"Yo les pido que comprendan de lo que estoy hablando y que la gente me entienda. Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos", y le pidió al agro "entender que son parte de la Argentina".
En ese sentido, Fernández agregó: "Yo le he dicho al ministro de Agricultura que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo".
En contraposición con el sector de la carne, el mandatario afirmó que "los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos".
Por lo tanto, advirtió: "Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos".
"A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente", aseveró el jefe de Estado.
Dardos a la Corte Suprema
En la misma entrevista, Alberto Fernández señaló que "lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor Kirchner, hoy es un tribunal muy poco calificado socialmente".
"La Justicia tiene que darse cuenta de que está funcionando mal y todos los argentinos tenemos que darnos cuenta que cada vez que uno habla de la justicia, inmediatamente los medios plantean que estamos buscando la impunidad de Cristina y eso no es así. Acá los impunes son algunos opositores porque saben que tienen una justicia que les responde y todos los medios que los protegen".
También opinó de la situación judicial de la dirigente social Milagro Sala y remarcó: "Yo creo que hay un caso del lawfare por antonomasia y es el de Milagro Sala. Fue perseguida por la justicia jujeña, con una finalidad política. Se construye un escenario judicial en torno a ella que le está haciendo padecer una detención absolutamente impropia".
Al ser consultado sobre si habló este tema con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, Fernández señaló: "Sí, pero él no comparte mi opinión. Y a Morales lo eligieron los jujeños. Y yo tengo que respetar eso. Ahora, eso no quiere decir que yo comparta lo que ha pasado con Milagro Sala".
Recordó una situación que vivió cuando fue a visitar a Sala y relató que "cuando pedí autorización para ir a verla (en 2016), me la dieron para el 31 de diciembre a las 4 de la tarde. Me presenté con mi credencial de abogado, me hicieron pasar a una sala donde me sacaron toda la ropa para controlar. Nunca en mi vida profesional viví eso. Nunca. Aún así, la vi y pude dar testimonio ante la CIDH de lo que estaba pasando".
Además opinó que la Corte Suprema debería "revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso Milagro Sala, con cuidado y con atención".
En otro tramo de la entrevista, Fernández se refirió a una eventual ampliación de la Corte. "Supongamos que ampliamos a 9, a 12, a 44 miembros la Corte Suprema. Mientras siga con las mismas lógicas del presente, donde uno llega con un recurso extraordinario y con arbitrariedad dicen cuál toman y cuál no, nada va a servir. Hay un problema de inicio de origen en el funcionamiento de la Corte que es el alcance del recurso extraordinario".
"En el año 2019 la Corte, según me dijo uno de sus miembros hace un tiempo, dictó alrededor de 26 mil fallos, pero sólo 300 tenían fundamentos. Usaron ese recurso del artículo 280 para no revisar una causa que involucra a un exvicepresidente y habilitan un recurso extraordinario por dos jueces trasladados y lo transforman en una cuestión institucional gravísima", remarcó Fernández.
Fuente:Infonews
Se reanuda la persecución a CFK con el reinicio del juicio de la Obra
Pública: las irregularidades de un caso paradigmático del Lawfare
Muchos testigos que declararon en el debate oral demolieron la
acusación. Un ingeniero que hizo la auditoría sobre la que se basó la
denuncia contra Cristina comprometió al denunciante, el macrista Javier
Iguacel. Las inconsistencias de un caso que instruyó el juez Ercolini y que si
se cae puede derribar las causas Hotesur y Los Sauces.
08 DE FEBRERO, 2021
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Este lunes se reanuda el juicio de la Obra Pública en Santa Cruz, una de las causas paradigmáticas del Lawfare que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como protagonista. El caso, que se inició en 2016 con una denuncia del entonces funcionario macrista, Javier Iguacel, está repleto de irregularidades, algo que quedó claro en el debate oral con la declaración de muchos testigos que demolieron la acusación. El devenir de este proceso es clave por muchos motivos, sobre todo en un año electoral. Un dato no debe pasar desapercibido: si se cae puede derribar las causas Hotesur y Los Sauces, donde está involucrada CFK y su familia.
El reinicio del juicio es este lunes a las 9.30 con un único testimonio, el de Leonardo Durante, ya que los de Jésica Caballero y Omar Riveros que estaban previstos para esta jornada fueron suspendidos. A lo largo del debate oral, que comenzó en mayo de 2019 -tres meses antes de las PASO presidenciales-, declararon 41 testigos pero faltan declarar aún otros 98, entre los que se encuentran el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; y Juan Manuel Abal Medina, todos exjefes de gabinete de Cristina y responsables de la ejecución del presupuesto. También debe prestar testimonio Iguacel.
La causa de la Obra Pública en Santa Cruz se inició durante el gobierno de Macri por una denuncia de Iguacel en base a una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que ordenó el propio Iguacel al día siguiente de asumir al frente de esa entidad, en enero de 2016. La auditoría la pidió solo para la provincia Santa Cruz. Fue su primera decisión como director del organismo. La cuestionada instrucción del expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. En el juicio interviene el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 y el fiscal Diego Luciani.
La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio.
Por ejemplo, Justo Pastor Romero, uno de los dos ingenieros que firmó el informe de auditoría en el que se basa la denuncia que dio inicio a la causa, demolió la acusación en diciembre pasado: “De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas y no construidas. Tampoco que haya defectos constructivos de importancia. Y tampoco se desprende que haya desvíos en certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios”, aseguró el especialista, quien también dijo que jamás consideró que el trabajo que hizo iba a ser usado para una acusación penal. Fue tal el impacto de su declaración –duró casi 7 horas- que hasta hubo pedidos de extracción de testimonio para que se investigue a Iguacel por la probable comisión de delitos. En un sentido similar también se expresó en el juicio el contador Marcelo Bianchi, titular de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Dirección Nacional de Vialidad, quien firmó el estudio que luego utilizó Iguacel para su denuncia.
En este contexto, ¿de qué se la acusa a Cristina? De haber asignado recursos para solventar las obras cuestionadas. La acusación tiene similitudes con la causa del Memorándum con Irán porque a la actual vicepresidenta se le achacan decisiones de gobierno, todos actos legítimos que contaron con la intervención del Congreso de la Nación. Concretamente, lo que se le cuestiona son las leyes del Parlamento por las cuales se aprobaron las partidas presupuestarias con las que se lograron solventar las obras. Las calificaciones legales para todos los acusados del caso (entre los que figuran el exministro Julio De Vido, por ejemplo) son “asociación ilícita” y “administración fraudulenta”. En una decisión política más que judicial, Cristina fue embargada por 10 mil millones de pesos.
En el marco de este proceso, CFK hizo un recordado alegato, en diciembre del 2019, en una audiencia que se prohibió transmitir por televisión. Durante aquella ponencia, se dedicó a cuestionar con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial al Lawfare que se desató en el país, impulsado por Macri en complicidad con un sector del Poder Judicial y los medios de comunicación concentrados. “Seguramente este tribunal, que es un tribunal del Lawfare, tiene la condena escrita. No me interesa. A mi me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, afirmó sobre el final de su testimonio.
Una por una, las irregularidades del caso
Tras la denuncia de Iguacel se abrió una causa que tuvo por fiscal a Eduardo Taiano, quien comenzó la instrucción para hacer una auditoría general de toda la obra pública y no imputó a CFK. Pero en una maniobra procesal cuestionada, se volvió a presentar Iguacel ante el juez Ercolini y sostuvo que su denuncia era conexa a una causa previa, que había impulsado Elisa Carrió y que tramitaba en el mismo juzgado. Con ese argumento, Ercolini le sacó el expediente a Taiano y se lo pasó a Pollicita. Según señalan desde la defensa legal de CFK, “la primera medida que pide Pollicita es la indagatoria de Cristina cuando no estaba imputada en la causa y circunscribe la investigación para que solamente se investiguen los contratos viales vinculados únicamente a Báez. No a todos”.
Otro dato que evidencia el direccionamiento del proceso es que Ercolini ya había recibido cinco años antes una denuncia similar a la de Iguacel, que había sido realizada por el equipo de Elisa Carrió. Apuntaba a la carterización de la obra pública de Santa Cruz. Ercolini entonces se declaró incompetente. Esa decisión fue apelada y el fiscal de cámara de aquel entonces consideró que debía investigarse en Santa Cruz, que es adonde finalmente terminó aquel caso. En la justicia santacruceña se investigaron los mismos contratos (49 de los 51 porque dos aún no estaban vigentes). La pesquisa se cerró por inexistencia de delito. Este argumento le fue presentado a Ercolini por la defensa de CFK, que sostiene una cuestión de competencia, por un lado, y de “cosa juzgada”, por otro. Esto último implica que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Los planteos les fueron denegados a la expresidenta y actualmente se encuentran en la Corte Suprema de Justicia.
Las irregularidades continuaron durante el juicio.
Una vez que se llegó al debate oral, la defensa de CFK, a cargo de Alberto Beraldi, pidió que si el supuesto delito surgía de las leyes que votó el Congreso para asignar los fondos se cite a los legisladores para que indiquen si sufrieron presiones a la hora de votar. Les fue denegado.
Quienes sí declararon en el juicio como testigos fueron los integrantes de la Oficina Nacional de Presupuesto que son los que elaboran el presupuesto. Se trata de personal técnico. Luis Clemente Rajuán y Analía Iris Sánchez Zolezzi afirmaron bajo juramento que no hubo irregularidades en la confección de las leyes presupuestarias votadas por el Congreso entre 2003 y 2015 ni en la reasignación de partidas.
A ellos, se sumó la declaración del testigo Raúl Rigo, contador y exsubsecretario de Presupuesto entre 2002 y 2017, quien afirmó que las partidas destinadas a las obras investigadas fueron aprobadas por las dos cámaras del Congreso y su ejecución fue controlada por la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Dejó en claro que no hubo reasignaciones exclusivas para Santa Cruz sino que eso ocurrió con muchos distritos. En la misma línea, se expresó en el juicio el exsecretario de Hacienda entre 2008 y 2015, Juan Carlos Pezoa, quien además explicó que en el debate en comisión del Congreso se daba el detalle de cada una de las obras.
Otra prueba que pidieron las defensas en el juicio fue el peritaje sobre las 51 obras cuestionadas para ver si existieron sobreprecios. El tribunal autorizó que se auditaran solo 5. Son las que la fiscalía consideró que contienen supuestas inconsistencias. Esta cuestión también fue recurrida por la defensa de CFK a la Corte Suprema. De hecho, fue lo que motivó que en mayo de 2019, antes de que comenzara el juicio, el Alto Tribunal pidiese las actuaciones del caso para analizarlas. Pero los ministros cortesanos devolvieron rápidamente el expediente cuando Clarín multiplicó la presión sobre ellos.
Para hacer el estudio sobre las 5 obras, el TOF 2 contó con el perito oficial Eloy Bona, quien registraba tuits ofensivos contra Cristina. La defensa de la vicepresidenta recusó al ingeniero que fue designado por la Dajudeco pero el tribunal sostuvo que un tuit no era motivo suficiente para correrlo. La recusación también está en la Corte, de la que depende la Dajudeco. Bona y el perito de la fiscalía concluyeron que hubo sobreprecios mientras que peritos de la defensa sostuvieron lo contrario.
Curiosidades: no es el primer cuestionamiento de una defensa a un perito en una causa del Lawfare. Ya hubo un expediente, que estuvo a cargo del difunto Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli, el de GNL, que tuvo un peritaje trucho. Por ese hecho, el perito David Cohen fue enviado a juicio. Bonadío había utilizado un estudio de Cohen para avanzar con su investigación, que tuvo no solo peritajes truchos sino hasta aportes del espía ilegal Marcelo D’Alessio.
“La vedad es que durante las audiencias del juicio oral la acusación fue derrumbada”, afirmó a El Destape uno de los abogados defensores que interviene en el juicio de la Obra Pública. En ese sentido, agregó que muchos de los testigos fueron desistidos por la fiscalía porque muchos vienen respaldando la tesis de las defensas.
Hasta el momento hubo más de 30 testigos que fueron desistidos. No obstante, aún hay casi 100 testigos más para declarar por lo que se estima que el juicio no culminará este año. Se descuenta que en medio de un año electoral, la oposición buscará usufructuar el desarrollo de un juicio que tiene a Cristina como acusada. Poco le importará que esté repleto de inconsistencias (Lawfare al palo).
Un dato relevante para el “tablero político-judicial” es que lo que se investiga en este juicio es el supuesto “delito precedente” de otras causas. Desde la defensa de CFK señalan que lo que pase en este debate oral puede impactar directamente en las causas Hotesur y Los Sauces. “El delito precedente de lavado de activos es este juicio”, señalan. ¿Qué significa esto? Que si se cae este caso, se pueden derrumbar los otros también ya que la razón de ser de la maniobra que se le adjudica a la vicepresidenta en esos otros procesos habría quedado desacreditada.
Fuente:ElDestape
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