Juicio por El Infierno de Lanús: las fuerzas de seguridad se repartían las tareas en los CCD.

 

Juicio por El Infierno de Lanús: las fuerzas de seguridad se repartían las tareas en los CCD

Otro testimonio en el juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en los Pozos de Banfield, Quilmes y Lanús durante la dictadura cívico-militar volvió a poner en evidencia el martes la forma en que las diversas fuerzas de seguridad se distribuían las jurisdicciones y las tareas.

Por  Gabriela Calotti -

Mar 9, 2021

Durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en el marco del juicio oral y público por los crímenes cometidos en las Brigadas de la Policía bonaerense de las localidades de Quilmes, Banfield y Lanús, Miguel Ángel Prince, ex intendente y concejal de Luján, volvió a poner en evidencia, tal como lo hizo en los Juicios por la Verdad y como otros sobrevivientes, la forma en que las fuerzas de seguridad se repartían las tareas en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCD).

Prince, que, según afirmó, estaba desvinculado de la organización Montoneros desde 1974, fue secuestrado en una pensión estudiantil de Parque Patricios el 2 de septiembre de 1976.

Esa noche «irrumpió un grupo de tareas y durante media hora o 40 minutos fui sometido a simulacros de fusilamiento, percutaban las armas en mi cabeza, ponían el caño de las armas en mi cabeza, me hicieron poner de rodillas, tomaron un cable de un velador y me sujetaron las manos atrás muy ajustado… digo esto porque durante 24 o 48 horas hasta que luego me cambiaron ese cable en el lugar de secuestro, eso me produjo la hinchazón en las manos y marcas en las muñecas», dijo Prince al iniciar el relato de su secuestro de forma cronológica.

«Revisaron mi dormitorio y de allí, estimamos, en media hora me trasladaron en el baúl de un coche hasta lo que habría sido la Brigada de Lanús», explicó.

Vendado y con las manos atadas llegó a un lugar «donde había un subsuelo, una playa de estacionamiento, porque subimos unas escaleras a un piso que podría ser una planta baja y de allí a los calabozos».

Durante los cinco días que estuvo secuestrado en El Infierno, Prince recordó los nombres de sus compañeros de celda: «Estaba Carlos Ochoa, compañero empleado del Banco Nación de la localidad de Monte. Después llegó un adolescente de quince años del secundario de La Plata, no sé si del [Colegio] Nacional. Por lo que él contaba, estaba vinculado con la militancia secundaria y lo que se conoció luego como la lucha por el boleto estudiantil», dijo antes de recordar su nombre: Víctor Marcacciano. También mencionó a Gustavo y a Carlos Fernández, de la zona norte de Buenos Aires.

¿Qué vio en esos días de secuestro? «Ochoa estaba con mucha tortura, mucho castigo… volvía en un estado realmente conmovedor. Muy maltratado. Lo mismo Gustavo. El otro chico estaba muy asustado», recordó Prince, antes de indicar que en esos días «allí hubo entre diez y quince personas». «Fui llevado dos veces de los calabozos. Nos subían un piso más y ahí estaba el lugar de tortura e interrogatorio. También escuchábamos desde los calabozos los gritos de los compañeros en las sesiones de tortura. En dos ocasiones fui interrogado en ese lugar», explicó. «Me preguntaban por compañeros de Luján».

Durante su testimonio, Prince indicó que ese CCD «pertenecía a la Policía de la provincia de Buenos Aires, pero no era la misma fuerza o el mismo grupo de tareas que se ocupaba de los traslados, de interrogarlos, torturarlos y sacarlos de allí eventualmente».

«Da la impresión y todo indica que ese era un espacio de la Bonaerense utilizado por estos grupos, que en el caso nuestro se trataría de efectivos del Ejército con jurisdicción en Luján y responsabilidad del Regimiento VI de Infantería que estaba en la localidad de Mercedes», precisó Prince, quien fue abogado de familiares de víctimas del genocidio y en su momento colaborador de Emilio Fermín Mignone, también oriundo de Luján y primer presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Interrogado por la Fiscalía acerca de cómo se daban cuenta de en qué lugar estaban cautivos, Prince respondió, tal como indicaron otros sobrevivientes en otros testimonios: «Suponíamos que era zona sur por los tiempos de traslado […] Esos días se escuchaba una publicidad de un avión que promocionaba funciones de un circo en Avellaneda». Todos coinciden en señalar ese lugar como El infierno o la Brigada de Lanús.

Prince recordó que fue liberado el martes siguiente a la noche en un automóvil Fiat Gold junto a Corina Joly. Ambos fueron colocados en el piso del auto en la parte de atrás. Al hermano de Corina lo pusieron en el baúl. A él y a Corina los dejaron en un baldío en Dock Sud. Del hermano no supo más nada.

Cuando lo dejaron en libertad le dijeron que «no vaya a Luján por un año». Respecto de las consecuencias en su vida y su salud, Prince aseguró que «hasta el día de hoy uno se despierta o entre sueños suele tener referencias o aparecen estas referencias a estos hechos. Hay cosas que uno todavía no ha terminado de digerir o de entender, o por ahí de evaluar el impacto de aquellos hechos».

Aseguró que hasta la vuelta de la democracia «vivíamos con psicosis, persecución, dudas si nos seguían o si cuando volvíamos al domicilio había alguna presencia sospechosa o algún coche». Y fue contundente: era «convivir con esa sensación tenebrosa».

Consultado acerca de si había logrado en estos años identificar a alguno de sus secuestradores o a quienes los torturaban, Prince describió a «una persona alta con voz nasal. Por datos complementarios, coincidentes, se trataría de un teniente primero de Infantería, Carlos Durán, que tuvo mucha presencia en la inteligencia y en los procedimientos», respondió.

Y dijo que unos siete o diez años más tarde, a partir de 1985, cuando comenzaron las rebeliones militares de los Carapintadas, «aparece este Durán con destino en Salta o Jujuy encuadrado en estas asonadas», puntualizó.

Cuando le preguntaron por qué desde el momento de su secuestro habló en plural, Miguel Ángel Prince aclaró que a él lo secuestraron solo pero «uno entiende que esto tiene siempre a un conjunto de personas o a la misma sociedad».

Antes que Prince declaró ante el mismo tribunal una testigo que pidió que no se difunda su testimonio de forma pública virtual. Pese a que había solicitado que tampoco se difundiera su identidad, el presidente del tribunal, Ricardo Basílico, la mencionó. Se trata de Patricia Sotelo, quien declaró desde el Tribunal de Mar del Plata.

El debate oral y público comenzó el 27 de octubre de 2020 unificando varias causas que totalizan 442 casos de víctimas con dieciocho imputados, de los cuales solo dos están en la cárcel: Miguel Osvaldo Etchecolatz (condenado a nueve perpetuas y mano derecha de Ramón Camps, entonces jefe de la Policía bonaerense) y Jorge Di Pasquale. Durante el juicio, que por la pandemia se lleva a cabo de forma virtual, presentarán su testimonio 481 personas.

Como es habitual, Basílico leyó a los testigos la lista de imputados antes de que comenzara el testimonio de Prince. Al comienzo de la audiencia, el secretario leyó la lista de abogados querellantes en nombre de organismos de derechos humanos y de víctimas particulares.

Las tres brigadas de la Policía bonaerense que formaban parte de los al menos veintinueve CCD del llamado Circuito Camps fueron conocidas como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno de Lanús.

Al iniciar la audiencia, Basílico saludó a las mujeres presentes por el Día de las Mujeres, que se conmemoró el 8 de marzo.

El tribunal está integrado además por los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y por un cuarto juez, Fernando Canero.

Las audiencias pueden seguirse en vivo por diversas plataformas, entre ellas, el canal de YouTube de La Retaguardia y el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. La próxima se realizará el martes 16 de marzo a las 9 hs, con cuatro testimonios.

Fuente:Contexto

DECLARÓ UN SOBREVIVIENTE DEL CENTRO DE DETENCIÓN CLANDESTINO “EL INFIERNO” DE AVELLANEDA

MIGUEL ANGEL PRINCE EXPUSO EN LA AUDIENCIA 17 DEL JUICIO UNIFICADO POR DELIOS DE LESA HUMANIDAD.

Un sobreviviente del centro de clandestino de detención y exterminio de Avellaneda, “El Infierno”, prestó testimonio en la audiencia del juicio unificado por delitos de lesa humanidad cometidos en este centro y en el Pozo de Banfield y Quilmes.

E la audiencia de ayer declaró Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar.

Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.

EL JUICIO

El juicio comenzó el 27 de octubre pasado y se extenderá por varios meses. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz , Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.

En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.

En tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.

El 24 de noviembre, en el marco de la quinta audiencia, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.

En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.

Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.

En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.

El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, en la audiencia siguiente, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Dio detalles sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.

En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado. En la jornada siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.

La duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.

En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.

La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.

El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.

En la siguiente audiencia fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.

Ayer, la audiencia 17, expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público.

LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO

El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.

El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, y en él a los detenidos se los sometía a torturas con picana eléctrica, submarino seco y a simulacros de fusilamiento y también eran víctimas de violencia sexual. Pasaron por allí 183 víctimas.

El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.

Fuente:InfoRegion