12 de marzo de 2021

ROSARIO - SANTA FE.

 

El ex senador Luis Rubeo fue sobreseído en la causa por el 

asesinato de Constantino Razzetti

Había sido vinculado al homicidio de quien fuera vicepresidente del Banco Municipal en 1973.
La historia de un crimen simbólico de una época agitada por la violencia política
























Jueves 11 de Marzo de 2021

Después de quince años de un proceso que remite a los más oscuros tiempos de 

la historia política argentina, la Justicia federal de Rosario sobreseyó al ex 

senador nacional por la provincia de Santa Fe Luis Rubeo por la supuesta

 participación en el asesinato de Constantino Razzetti, quien era vice 

presidente del Banco Municipal de Rosario y fue baleado por la espalda 

cuando llegaba a su vivienda de San Lorenzo al 2600 la madrugada del 14 

de octubre de 1973 luego de participar de una cena del Justicialismo de la zona 

norte de la ciudad que celebraba la vuelta de Juan Domingo Perón a la presidencia 

del país.

En una sentencia de seis carillas conocida los primeros días de este mes, el 

juez federal Marcelo Bailaque declaró “extinguida la acción penal” y dictó 

el sobreseimiento de Luis Rubeo (padre) y del también imputado Eduardo Aguilera 

al considerar no solo el paso del tiempo sino también la falta de mérito para indagar 

a los involucrados, un criterio que fue avalado oportunamente por la Cámara 

Federal de Apelaciones de Rosario y por la Cámara Federal de Casación Penal, 

cuyos jueces entendieron que el caso bajo análisis “no puede ser entendido

 como un delito de lesa humanidad”, tal como desde un principio lo reclamaron 

la fiscalía y los descendientes de Razzetti al constituirse como querellantes en el

 expediente.

La defensa del ex senador nacional y actual secretario del Consejo Consultivo del

 Parlamento Latinoamericano (ParLatino), a cargo en la última década del abogado

 Gustavo Feldman, pidió el sobreseimiento de su cliente al sostener que 

Rubeo “no solo no revistaba en la Triple A” (Alianza Anticomunicta

 Argentina), organización criminal paraestatal surgida en 1973 al amparo del 

entonces ministro de Bienestar Social de la Nación, José López Rega, y a la 

cual desde un inicio la familia de Razzetti atribuyó el crimen; sino que “fue 

amenazado y perseguido por esa organización” obligándolo a exiliarse del país.


Un poco de historia

Juan Domingo Perón acababa de asumir la presidencia de la Nación por tercera 

vez y el sábado 13 de octubre de 1973 las unidades básicas Alberdi y 

Coronel Cogorno organizaron la “Cena del triunfo” en la cual le habían 

pedido a Razzetti que participara y diera un discurso. La cena se hizo en el 

club Sarratea del barrio Casiano Casas ante unas 150 personas reunidas en un 

clima de fiesta y esperanza. Razzetti llegó a las 22 con su esposa, Nélida Gitrón, y 

uno de sus hijos, Luis. Los tres se sentaron en la cabecera de la mesa.


Una hora después, a los postres, comenzaron los discursos. Luis Scarazzini,

 secretario de finanzas de la unidad básica Alberdi, fue el primero en hablar. Luego 

le siguió Razzetti, “señalando el lapso de los dieciocho años (de proscripción del

 peronismo), marcando el proceso de hombres como San Martín y Rosas, y en

 especial exaltando a la Juventud Peronista”, según recordó el propio Scarazzini a

La Capital en una nota publicada el 12 de octubre de 2003.

Scarazzini aseguró que Razzetti pronunció el discurso más aplaudido de 

la noche. Sin embargo, cerca de la cabecera de la mesa, un grupo de comensales

 permaneció de brazos cruzados. Tal vez, decía la crónica, les cayó mal la 

alusión del orador a “los traidores y burócratas sindicales”, pero no manifestaron

 ninguna opinión. No obstante, el vicepresidente del Banco Municipal captó la 

tensión en el ambiente. Y al retornar a su asiento le preguntó a su esposa: “¿Para 

qué me invitaron?” Tras ello, y no mostrándose a gusto con la reunión por la 

presencia de personas de distintas posiciones políticas dentro del justicialismo, 

decidió retirarse.

En su viejo Valiant, Razzetti llevó a un matrimonio amigo hasta su vivienda de 

San Lorenzo y Corrientes y luego se dirigió a su casa en compañía de su esposa y 

su hijo. Después que éstos ingresaran a la vivienda un hombre se acercó al

 vicepresidente del Banco Municipal y le disparó por la espalda. Cuando la

 víctima se desplomó bajo el auto, herida de muerte, le hizo otros tres 

disparos. Constantino Razzetti murió en el acto y nadie dudó en ese 

momento que se trataba de un homicidio con signos políticos.

A los 58 años, Razzetti acababa de ser nombrado vicepresidente del Banco 

Municipal y era uno de los dirigentes más respetados del peronismo, con 

especial predicamento en la juventud. El asesinato no fue reivindicado por 

ninguna organización, pero se supo que su nombre figuraba en una lista 

de condenados a muerte bajo la metodología que tenía el sello de la Triple A, 

la organización paraestatal que no firmó sus atentados hasta después de la muerte 

de Juan Domingo Perón, el 1º de julio de 1974.


La causa por la muerte de Razzetti quedó a cargo del juez Raúl Iturraspe, 

quien intentó avanzar en la hipótesis de una interna del peronismo que 

nunca pudo corroborar mientras el expediente sumaba nombres, acusaciones y 

hasta la mención del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), desde donde 

acusaron a hombres ligados a sectores del gremialismo local y se comprometieron 

a investigarlo. Incluso, el hijo de Razzetti sostuvo tiempo después que en agosto 

de 1973 su padre había detectado maniobras dolosas en el sector de créditos

 pignoraticios del Banco, sección que controlaba el dinero obtenido por las prendas 

de empeños de la entidad. Y el 11 de octubre, tres días antes de su muerte, se 

habría opuesto a un pedido de descubierto del Ejecutivo Municipal. Finalmente 

las actuaciones fueron archivadas el 3 de septiembre de 1975 y el 5 de mayo 

de 1981 se ordenó el cese de “toda orden de captura o pedido de 

colaboración” en torno a la causa.

Retorno democrático

Con el retorno de la democracia en 1983, y en el marco de la persecución al 

terrorismo de Estado desatado por la última dictadura cívico-militar, el entonces 

juez federal Norberto Oyarbide se hizo cargo de reabrir las investigaciones 

de los delitos atribuidos a la Triple A producidos antes de la llegada de los

 militares al poder el 24 de marzo de 1976 tras destituir a la presidenta 

Isabel Martínez de Perón.

En ese marco, el juez federal Marcelo Bailaque remite en su reciente fallo a una

 resolución de diciembre de 2006 dentro de la causa 1075/2006 caratulada “Triple 

A”, confirmado por la Sala I de la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal 

el 14 de mayo de 2008, que indica que “el acervo probatorio reunido a lo largo de

 quince años de investigación no hace otra cosa que confirmar la versión analizada 

en la resolución referida y en la cual se expuso que la génesis de la organización

 Triple A fue posterior a la fecha en la cual se produjo la muerte de 

Constantino Razzetti”, tirando por tierra lo que la querella y la fiscalía sostenían 

hasta entonces.

Y agrega que, “si se considerara la existencia de una organización delictiva 

mucho más amplia, debería acreditarse la comandancia de Juan Domingo Perón 

sobre una estructura estatal que tenga como objeto la persecución ilegal de 

la población civil o grupos de población civil, extremo respecto del cual no se 

han incorporado pruebas”.


Además, Bailaque menciona que “con posterioridad al dictado de la resolución del 

27 de diciembre de 2018, no se incorporaron nuevos elementos de prueba 

que señalen la participación de la Triple A en los hechos investigados, ni t

ampoco se advierten medidas pendientes de producción. Incluso, a las 

numerosas pruebas analizadas a lo largo de todo el expediente en las 

diferentes resoluciones dictadas, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario,

 agregó en su fallo del 28 de noviembre de 2019 que «a su vez, la sentencia 

dictada en la causa seguida a las Juntas Militares, conocida como Causa Nº 13,

 dedicó un capítulo a las actividades de la Triple A, a la que le atribuyó como 

objetivo aparente el de combatir a organizaciones subversivas; una nómina de 

ochenta víctimas; y un ámbito de actuación que al menos comprendía la 

Capital Federal, el conurbano bonaerense, Tucumán, Mendoza y las ciudades de 

La Plata, Brandsen, Mar del Plata y Bahía Blanca». Es decir, que no se observó, 

en aquel momento, actividad por parte de la organización paraestatal en esta 

ciudad de Rosario”.

El pedido de justicia

Volviendo un poco en el tiempo, en 2007 la causa Razzetti fue reabierta con 

efectos penales plenos a partir de la requisitoria que hizo el entonces 

fiscal federal Ricardo Vásquez, de la Unidad de Asistencia para causas 

por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado al ex 

juez federal Germán Sutter Schneider. Vásquez le solicitó al magistrado que abra 

la investigación con ese carácter después de analizar que “los crímenes contra 

la humanidad no están sujetos a prescripción”. Además, el magistrado 

federal aceptó la constitución de Carlos Razzetti, hijo menor de Constantino, 

como querellante y actor civil y ordenó que el expediente vuelva a la Fiscalía 1 de 

los Tribunales Federales rosarinos.

“El hecho de reconocerle el carácter de querellante supone que se trata de un 

delito de lesa humanidad porque de lo contrario no se hubiese abierto en el fuero

 federal”, dijo por entonces la abogada patrocinante de Razzetti, Leticia Faccendini, 

en relación a la primera causa que se abría en ese fuero para investigar la acción 

de la Triple A en Rosario. Mientras que el fiscal agregó que, aunque “no haya

 elementos objetivos que permitan imputar” a alguien por el crimen, deberá

 comenzarse en estas condiciones.


Por entonces, Razzetti hijo hizo referencia a una de las líneas de trabajo que se

 sostenía sobre varios nombres, Eduardo "Zorro" Aguilera, José Echeverría y 

un tercero de apellido Garcilazo, quienes fueron investigados por la policía por 

orden de la Justicia provincial después del asesinato. “Cuando le mandaron 

los datos al juez señalándoles que se trataba de delegados gremiales del 

gremio de la carne (al cual estuvo vinculado Luis Rubeo padre) ni siquiera 

los llamó a declarar”.

Incluso, en 2011 el propio Carlos Razzetti se presentó ante la Cámara Federal 

de Apelaciones de Rosario para pedir la recusación del juez Bailaque “por 

las barbaridades que comete contra la causa del asesinato mi padre” y 

denunciar penalmente al ex fiscal federal Ricardo Moisés Vázquez y al ex juez 

German Suter Schneider “por delitos cometidos contra la causa Razzetti, 

denuncias que fueron realizadas en anterior oportunidad y siempre las 

cajonearon”.

En ese marco, Carlos Razzetti expresó en aquella audiencia que “la recusación 

de este magistrado es porque protege a Luis Rubeo”, a quien calificó como “el 

asesino y jefe logístico de la Triple A en Rosario, quien debería estar preso hace 

mas de un año debido a las pruebas obrantes en el expediente federal 77/05”.


El descargo

Para 2010, quien había hecho su descargo ante la Justicia federal fue el propio 

Luis Rubeo padre. En un extenso texto que repasa su carrera dentro del

 Movimiento Nacional Justicialista desde su incorporación en 1952, el ex 

senador nacional por la provincia de Santa Fe expresó que tras el derrocamiento 

de Perón en 1955 se sumó a las filas de la Resistencia Peronista y participó en 

la revolución encabezada por el general Juan José Valle, la fundación de la 

Agrupación Peronista de Apoyo a Cuba en 1959, la toma del Regimiento 11 

de Infantería de Rosario en 1960 y su posterior exilio en Uruguay. Un año 

después Rubeo viajó a Cuba y desde allí, vía Chile, intentó regresar al país pero 

fue “detenido en Ezeiza, torturado y condenado a tres años de prisión”. Por 

entonces, su abogado defensor fue Juan Bernardo Iturraspe y recién en 1964, 

cuando fuera electo democráticamente como presidente Arturo Illia y se decretara 

una amplia amnistía para los presos políticos, recuperó la libertad. Dos años 

después, ante el golpe de estado comandado por el general Juan Carlos 

Onganía debió exiliarse nuevamente y viajó con su familia a España.

Allí, dijo Rubeo, se profundizó su contacto con Perón y comenzó “un trabajo 

para lograr su retorno al poder”. Aunque en forma paralela, José López Rega 

“ya había iniciado solapadamente su plan de convertir a Isabel Martínez en 

el centro de la conducción estratégica en desmedro de Perón y de todos 

los militantes que como yo renegábamos de la figura del apodado «Lopecito»”.


Rubeo retornó a la Argentina en 1971 con la apertura decretada por el entonces

 presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, y ese mismo año fue 

designado secretario general del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe. 

Dos años más tarde sería elegido diputado nacional y con el retorno de Perón al 

país fue partícipe del Congreso Nacional Justicialista que se realizó en Buenos

 Aires a fin de designar la fórmula que sucedería al entonces presidente Héctor 

J. Cámpora.

Dice Rubeo que en ese congreso quedaron claramente plasmadas las dos 

líneas que marcaban al peronismo en los 70. “La que planteaba la candidatura 

de Isabel Martínez a la vicepresidencia acompañando a Perón y la que expresaba 

la posición de Perón, quien frente a la crisis nacional imperante entendía que 

para procurar la unidad nacional debía constituirse una fórmula de consenso con 

los sectores comprometidos con la Hora de los Pueblos. La primera era liderada 

por López Rega dentro de una supuesta corriente verticalista a través de 

sus personeros en dicho congreso y la segunda _antiverticalista_ la 

llevábamos adelante con dirigentes como Raúl Matera, Juan Rachini, 

Fernando Donaires y Gerónimo Izzetta entre otros”.

Tras exponer en ese congreso, dice el ex senador nacional, fue “expulsado,

 golpeado y perseguido por los partidarios lopezreguistas, profundizándose 

a partir de entonces una enconada persecución de los mismos en mi contra”. 

Así las cosas, con el fallecimiento de Perón el 1º de julio de 1974 y la asunción de

 quien era su esposa a la primera magistratura, “López Rega a través de la 

tristemente célebre Triple A desata una verdadera cacería de todos aquellos que

 consideraba sus enemigos, como sin dudas fue mi caso”. Y recuerda que “la 

revista El Caudillo, dirigida por uno de los sicarios de López Rega, Felipe

 Romeo, promovió la siniestra práctica de publicar las fotos de quienes 

luego serían «ajusticiados» y «asesinados»”.

Tras una sesión de la Cámara de Diputados y “ante las políticas de ajuste implementadas por el gobierno”, Rubeo conformó el Grupo de Trabajo junto a 

otros legisladores que se oponían a la conducción del peronismo de entonces y 

eso llevó a que su foto recuadrada aparezca en la tapa de la mencionada 

revista El Caudillo “en una clara equivalencia a una sentencia de muerte”. 

Y agrega: “Esa lista había sido precedida por la foto del abogado y diputado

 nacional Rodolfo Ortega Peña”, cercano a la izquierda peronista y asesinado 

el 31 de julio de 1974 por la Triple A en pleno centro de Buenos Aires marcando

 lo que fue, para la Justicia federal, el primer asesinato que dicha organización

 paraestatal se atribuyó y que se investigó como un “crimen de lesa humanidad”,

 nueve meses después del homicidio de Constantino Razzetti en el macrocentro

rosarino.

Finalmente, Rubeo volvió a exiliarse en 1976 con el nuevo golpe cívico militar 

que azotó a la Argentina. Fue después del 26 de julio de ese año cuando su casa 

fue dinamitada el mismo día que destruyeron el monumento a Eva Perón en el 

barrio Saladillo. Desde el exterior, fue uno de los fundadores del Movimiento de

 Reafirmación Doctrinaria Justicialista y en 1982 volvió al país para ser electo 

diputado nacional una vez más iniciando una etápa legislativa que en 1986 lo llevó 

al Senado de la Nación, en 1995 nuevamente a la Cámara baja y luego una vez 

más al Senado hasta el año 2000.

El final de la sentencia

Con todo ese contexto de fondo, a pedido del abogado Gustavo Feldman en 

defensa de Rubeo, se planteó la prescripción penal de la causa y el sobreseimiento 

del ex legislador. Ese reclamo fue apelado por el fiscal Adolfo Villate y la querella 

que representa a Carlos Razzetti, pero la Cámara Federal de Apelaciones lo

 rechazó teniendo en cuenta que el delito investigado “no puede ser 

considerado de lesa humanidad” por lo cual es prescriptible con el paso 

del tiempo.

“Fue analizada pormenorizadamente toda la prueba incorporada en la causa 

que permitió sostener que los elementos probatorios analizados no logran 

revertir la conclusión sobre la imposibilidad de considerar al hecho que t

uvo como víctima a Constantino Razzetti como delito de lesa humanidad”,

 remarcó Bailaque. Y recuerda que para que un crimen sea así considerado 

debería estar basado en cuatro pilares: que el acto se encuadre en uno de los

 enunciados en el artículo 7 del Estatuto de Roma; que éste sea llevado a cabo 

como parte de un ataque generalizado o sistemático; que dicho ataque esté dirigido 

a una población civil; y, finalmente, que ese ataque haya sido efectuado de

 conformidad con una política de Estado o de una organización para promover 

esa política al amparo estatal”, todo lo que en el caso del asesinado vicepresidente 

del Banco Municipal de Rosario no se ha comprobado.

Fuente:LaCapital


El ex comisario Druetta condenado a 10 años de prisión

Otro narcopolicía en desgracia

Loa jueces entendieron que el ex comisario, jefe de Inteligencia en la zona sur de Santa Fe, fue partícipe necesario para el tráfico de estupefacientes.
Por José Maggi













La audiencia donde se leyeron las condenas a los acusados. 
Imagen: Gentileza Rosario3.com

El ex comisario Alejandro Druetta, fue condenado ayer a 10 años de prisión como partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio en el juicio oral en el que el narco confeso, Ignacio Actis Caporale, alias “Ojitos”, recibió una condena a 9 años y 6 meses de prisión.El otro policía involucrado en el caso, Juan Ángel “Tiburón” Delmastro, fue condenado a 7 años de cárcel, también como partícipe de tráfico de estupefacientes.

La sentencia condenatoria de Actis Caporale tuvo una reducción de la pena por parte del Tribunal Oral Federal en lo Criminal 3 de Rosario, por acogerse a la ley de imputado colaborador, conocida como “del arrepentido”.

En el juicio, “Ojitos” acusó a Druetta de ser el organizador de la banda narco que él integraba, pero los jueces entendieron que el policía, exjefe de Inteligencia de la Zona Sur de Drogas Peligrosas durante la gestión de Maximiliano Pullaro al frente de Seguridad, fue partícipe necesario de ese delito.

La sentencia leída durante la mañana de ayer en los Tribunales Federales condenó a Druetta -ex jefe de Inteligencia Zona Sur de la ex Drogas Peligrosas nombrado por Maximiliano Pullaro-  "como partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, doblemente agravado por haberse cometido mediante la concurrencia de tres o más personas en forma organizada y por su condición de funcionario público".  En orden a ello, impuso la pena de 10 años de prisión y una multa de $23.000, e inhabilitación absoluta e inhabilitación especial por igual tiempo al de la condena .

La justicia también condenó al resto de la banda de “Ojitos” a distintas penas. El otro policía involucrado en el caso, Juan Ángel “Tiburón” Delmastro, fue condenado a 7 años de cárcel, también como partícipe de tráfico de estupefacientes.

Según la investigación, Druetta y Delmastro recibían información de Actis Caporale sobre otros vendedores de drogas ilegales, a quienes arrestaban en procedimientos “truchos”, que hacían figurar como originados en llamados anónimos o “procedimientos de calle”.

La condena a Druetta adquiere mayor relevancia en el contexto de disputa política en Santa Fe por los dichos de la semana pasada del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, quien hizo pública las grabaciones que realizaba el propio comisario de sus conversaciones, de las que se desprende el apoyo que le brindaban, entre otros, Pullaro y el senador radical del departamento General López, Lisandro Enrico.

Druetta fue la mano derecha de la gestión de Pullaro en Seguridad luego de detener a dos reconocidos narcos del sur provincial: Carlos “Vasco” Ascaíni (Villa Cañás) y Aldo “Totola” Orozco (Firmat).

De acuerdo a la investigación, Druetta y Delmastro –condenado en 2018 por complicidad con la banda Los Monos- ascendían en sus carreras con casos “positivos” de detenciones de narcotraficantes, que en realidad eran “marcados” por Actis Caporale y, en algunos casos, “embagallados” por los policías. Que, en la jerga, significa plantarle la droga a una persona para arrestarla.

La Fiscalía verificó esa modalidad en al menos cinco causas: una de 2008 que tuvo como acusado a Pablo Castelau; otra de 2009 con Jerónimo Zabala Salinas; y tres de 2011 con Patricio Ferrecio, Gustavo Camelli y Sergio Campos como acusados, respetivamente.

Según la acusación, en esos expedientes “se incluyeron como declaraciones falsas que se había dado con los imputados a partir de llamados efectuados en forma anónima o como consecuencia de procedimientos de prevención, cuando en realidad se llegaba a sus aprehensiones como consecuencia del conocimiento al que accedían por la actividad de tráfico que desplegaban junto con Actis Caporale”.

El caso más emblemático, por lo burdo, fue el de Castelau, un hombre de Buenos Aires detenido en Rosario en 2008 por Delmastro y Druetta. En el acta dijeron que estaba en “actitud sospechosa”, pero en el teléfono de Castelau apareció una llamada de Tiburón de un día antes del arresto.

Según el Actis, la detención de Castelau fue entregada por un “puntero” llamado Tiago que “le debía plata a la Brigada” a la que pertenecían los policías.

El día anterior lo habían ido a buscar a la Terminal de Ómnibus pero Castelau no llegó. Tiago lo llamó de su teléfono y no respondió. Delmastro le dio el suyo para que pruebe y su número quedó grabado en el de Castelau, que al final fue detenido 24 horas más tarde cuando por fin llegó a Rosario a exhibir su actitud sospechosa.

Así se cierra uno de los juicios por narcotráfico más importantes de los últimos tiempos. Cabe destacar que ayer se leyó solo la parte resolutiva de la sentencia. El 18 de marzo se difundirán públicamente los argumentos del fallo.

 

COMODA

“Creo que la oposición está muy cómoda con esta justicia, con este Poder Judicial que no le da respuestas a los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, activando solamente las causas que les competen cuando se tratan de aquellas que pueden tocar sus privilegios, mientras observamos una Corte Suprema de Justicia que no se aviene a tratar temas centrales e importantes que nos atraviesan a todos y a todas”. 

(Senadora nacional por Santa Fe, María de los Angeles Sacnun, al exponer ayer en una sesión especial).  



El gobierno ratificó la propuesta a los docentes

Esto es todo lo que ofrecen

El gremio de Amsafé que rechazó un aumento del 35% quedó ayer aislado en la mesa paritaria. Los privados empiezan las clases.
Por Juan Carlos Tizziani






Lucero de Sadop, comunicó que su gremio acepta la propuesta. 

Desde Santa Fe

El gremio de Amsafe que rechazó un aumento del 35% en tres cuotas –la primera de ellas del 18% a cobrar con el sueldo de marzo- en una votación ajustada y una diferencia de 1.080 votos, quedó ayer aislado en la mesa paritaria. No sólo porque la organización que lo contiene que es Ctera acordó un incremento del 34,55% en la paritaria nacional, sino porque sus colegas de Sadop también aceptaron el ofrecimiento en la provincia y es probable que también lo hagan los docentes de UDA y Amet. Desde que hay paritarias en Santa Fe, en 2007, es la primera vez en 14 años que ocurre este disloque entre Amsafe y Sadop, que uno rechaza el ofrecimiento y el otro lo acepta. Ayer, el gobierno de Omar Perotti ratificó la mejora del 35% que ofreció a docentes y trabajadores estatales –hoy espera la respuesta de UPCN y ATE- en una propuesta que el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri consideró “una de las mejores de la Argentina, sino la mejor”, lo que significará que no la cambiará. “Ratificamos la propuesta como está, los dirigentes docentes y estatales la consideraron muy positiva. Entonces, mal podríamos modificar una oferta que tiene esa valoración”, avisó Pusineri. Y reiteró que el lunes comenzará el ciclo lectivo, habrá clases en las escuelas privadas, mientras que en las públicas los maestros de Amsafe recién volverán a las aulas el miércoles, tras el arranque con un paro de 48 horas.

El gobierno de Perotti ratificó la propuesta a los docentes, casi al mismo tiempo que un plenario de Sadop decidía aceptarla con una mayoría del 60%, según reveló el secretario general del gremio en Santa Fe, Pedro Bayúgar. El aumento es un 35% en tres tramos: 18% en marzo, 8% en julio, 9% en setiembre y revisión en octubre. El rechazo de Amsafe sorprendió en la Casa Gris que había valorado dos señales políticas: Ctera aceptó un incremento del 34,54 en la paritaria nacional y la secretaria general de la central, Sonia Alesso, consideró que la oferta en la provincia "es buena” y ayer lo ratificó. La asamblea de Amsafe la rechazó por 12.657 votos contra 11.576, que querían aceptarla. Una diferencia de 1.080 votos que impuso el peso político de los departamentos Rosario y General López, opositores a la conducción provincial del sindicato. La resolución fue un paro de 48 horas el lunes y martes que viene y –si no hay mejora- un segundo paro el martes 23 y jueves 25 de marzo porque el miércoles 24 es feriado: el Día de la Memoria.

Ayer, el ministro de Trabajo ratificó el ofrecimiento a docentes y empleados públicos “en todos su términos”. “Fue una propuesta construida durante todo el mes de febrero. Una de las cuestiones que se planteaban era la necesidad de comenzar la discusión paritaria con tiempo. Y eso fue lo que hicimos. Empezamos a conversar cuestiones salariales y no salariales”. Entre las primeras, “acordamos tener como referencia la paritaria nacional docente que fue aceptada por todos los gremios que participan” en las negociaciones en el ámbito nacional y en Santa Fe.

Pusineri ponderó el aumento del 35% y que la primera cuota del 18% se pague con el sueldo de marzo, “lo que ubica el incremento por encima de la inflación”. “Es una oferta que supera a cualquier otra” en el país y “posiciona al salario docente de Santa Fe como uno de los mejores de la Argentina, sino el mejor”.

“Pero además de eso, también se construyeron consensos en cuestiones no salariales”, dijo el ministro. Y mencionó la carrera profesional (“titularizaciones y concursos”), el boleto educativo (“que se discutió y mejoró en la paritaria”), la salud de los docentes (“se garantizaron los hisopados y ahora se les garantiza la vacunación” contra el covid). La semana pasada, Perotti reveló que la inversión en el Boleto Educativo Gratuito de este año será de 4.500 millones de pesos que beneficiarán a más de 100.000 estudiantes y docentes.

En ese plano, Pusineri explicó que el gobierno invirtió otros 1.500 millones de pesos para “atender a los más de 3.000 edificios escolares de la provincia”.

“Es decir que se trata de una propuesta que tuvo una construcción durante un tiempo, tal como se observó en el sentido de la necesidad de trabajarla con tiempo. Y eso hicimos, no solo el gobierno, sino también los sindicatos que participaron de la paritaria", agregó.

“Creemos que el lunes un buen número de docentes, va comenzar el ciclo escolar, en escuelas públicas y privadas. Acompañamos la voluntad de los padres, los alumnos y una gran mayoría de maestros que quiere que el ciclo lectivo sea presencial”.

Le preguntaron -si ante el paro de Amsafe- podría haber cambios en la propuesta. “La ratificamos como está”, contestó el ministro de Trabajo. “Fue valorada positivamente por los dirigentes docentes y estatales. Mal podríamos modificar una oferta que tiene esa valoración, creemos que en el contexto actual es muy buena y está muy por encima de las conocidas” en la Argentina. “Los docentes que trabajen percibirán el aumento. No podemos hacerlo de otra manera porque trabajamos en función de acuerdos. A los docentes de Sadop se les va a liquidar el aumento de sueldo” y lo mismo ocurrirá con los estatales de UPCN y ATE, si aceptan.


La investigación del juego clandestino

Otro fiscal cae en la volteada



La organización delictiva en torno a una red de juego clandestino contaba con otro funcionario del Ministerio Público de la Acusdación más, además del ex jefe de la Regional Rosario, Patricio Serjal, y su subalterno, Gustavo Ponce Asahad, según considera comprobado el fiscal de Melincué Matías Merlo. Es el fiscal de Reconquista, Rodrigo González, quien ya acumulaba antecedentes que le valieron una suspensión, pero esta vez la sospecha es más densa: Merlo lo acusará hoy en audiencia formal de mantener vínculos con la asociación ilícita que investigan sus pares rosarinos Luis Schiappa Pietra y David Edery, cuya cabeza sería el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti. 

Del seno de la investigación que hierve en el MPA, trascendió que el fiscal González podría correr el mismo camino de destitución, encarcelamiento e imputación penal que experimentan sus colegas Serjal y Ponce Asahad. No obstante, la carga probatoria que reunió Merlo llegaría a una imputación de presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. Tendría comprobado ya los vínculos de su colega de Reconquista con un hombre que manejaría siete casinos clandestinos que funcionaban en el norte y en el sur de la provincia, con la banca de Peiti.

Siempre de acuerdo a la hipótesis que guía la investigación penal, ese hombre –en las escuchas se identifica como "Néstor"– respondía directamente a Peiti, y su vínculo con fiscales le servía para despejar posibles denuncias e investigaciones que complicaran la actividad de apuestas ilegales. 

La investigación que derivó en el mayor escándalo que registra el MPA en su corta historia empezó hace cuatro años, cuando el presidente comunal de Hughes denunció ante la fiscalía de Melincué que en esa localidad funcionaba un casino ilegal tras la fachada de una vivienda. El fiscal Merlo mandó allanar el lugar y comprobó que la denuncia era veraz. Allí arrestó a tres mujeres que trabajaban en el garito.

Lo que siguió fue historia más conocida. Merlo halló que esas mujeres se reportaban con un tal Néstor, quien a su vez se comunicaba con un teléfono de Rosario. Por eso cuando el fiscal Merlo acudió a su superior, Serjal, para que lo ayude con la investigación, encontró todo lo contrario: frenos y dificultades para que la causa prospere. 

Hasta donde Merlo pudo averiguar, la organización controlaba garitos clandestinos en Hugues, Venado Tuerto, Casilda, Wheelwright, Avellaneda, Vera y Reconquista. 


Repudio para el trámite de la causa por asesinato de María Vera

El Concejo contra la justicia patriarcal







"La falta de encuadre como femicidio generó un profundo rechazo", dijeron. 

"Estigmatizantes, culpabilizantes y revictimizantes". Con esos calificativos el Concejo Municipal de Rosario manifiestó ayer su preocupación por los fundamentos judiciales que descartaron el agravante de violencia de género por el femicidio de María del Rosario Vera, cometido el 3 de enero de 2018. Se trata del fallo del tribunal compuesto por Rafael Coria, Rodolfo Zvala y María Isabel Mas Varela que, tras un juicio oral, condenó a un imputado por el delito de "homicidio simple" y absolvió a otros dos dos por el beneficio de la duda.

Los fundamentos se conocieron la semana pasada y para las concejalas que presentaron el pedido de declaración significan una "alarma social por cuanto culpabiliza a la víctima y desconoce el andamiaje jurídico que porta los lineamientos básicos para comprender y nominar la violencia específica que sufren mujeres como Rosario", expresa el documento firmado por las edilas Jésica Pellegrini, Caren Tepp, Norma López, Susana Rueda, Luz Olazagoitía, Mariana Magnani, Fernanda Gigliani; María Eugenia Schmuck, Daniela Leon, Verónica Irizar, Mónica Ferrero y Lorena Carbajal.

Según expresaron, "la falta de encuadre como femicidio y ambas absoluciones generaron un profundo rechazo, (...) en un contexto de recrudecimiento de la violencia machista". Y lamentaron que se evidencia "una alarmante ausencia de perspectiva de género por parte del poder judicial, en un contexto de recrudecimiento de la violencia machista que está llevando a que en la actualidad se asesine una mujer cada 29 horas en nuestro país, siendo que es el Estado el que debe tutelar y prevenir este tipo de interpretaciones que reproduce la cultura de violencia machista".

En la sesión de ayer, el Concejo expresó su "acompañamiento y apoyo a la familia de la víctima en su búsqueda de verdad y justicia y abraza el reclamo del movimiento de mujeres que clama por un poder judicial con perspectiva de género en todos sus niveles y actuaciones". También reafirmó el reclamo de que se aplique la Ley Micaela. 

El cuerpo de María del Rosario fue encontrado en un contenedor de basura. Su muerte fue provocada por asfixia, fue maniatada, golpeada y tenía una soga al cuello. El cuerpo estaba parcialmente calcinado, envuelto en una alfombra. 



Concejo

Resolución contra Uber

El Concejo Municipal de Rosario expresa su apoyo a la decisión del Departamento Ejecutivo de radicar una acción cautelar ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7, a fin de solicitar medidas que impidan la operatoria de “Uber Argentina”, empresa que presta el servicio de traslado de personas en nuestra ciudad, sin contar con habilitación para ello. "Este cuerpo reafirma además que el Municipio tiene a su cargo la regulación del sistema público de transporte dentro de la ciudad como consecuencia de mandatos legales expresos, que en el caso de los servicios de taxis y remises se expresa en ordenanzas vigentes y reglamentadas", señala la declaración que fue aprobada por mayoría con las abstenciones del Interbloque Cambiemos y del Interbloque Juntos por el Cambio.



Un tachero se desnudó ante una movilera de la radio

"Comenzó a insultarme y a desnudarse"

Le pasó a la periodista de LT8 Georgina Belluati que cubría la protesta de taxistas contra la instalación de Uber en Rosario. 









"Sólo le pedimos que corriera el auto para sacar nuestro móvil", dio Belluati. 

"Les pedimos a los taxistas que corrieran los autos para sacar el móvil de la radio y seguir trabajando, después de cubrir la protesta que hicieron contra Uber; y uno de ellos comenzó a insultarme y se desnudó. Esto pasa a pocos días de lo que fue el 8M". El relato de la periodista Georgina Belluati estremeció a quienes escuchaban LT8 --el medio donde trabaja-- ayer al mediodía. Mientras hacía la cobertura, en las afueras del Concejo Municipal, la trabajadora de prensa atinó a sacar el celular para filmarlo, delante de otros hombres que estaban allí parados. "Pienso en cualquier chica que se pueda subir a este taxi", dijo Georgina. El propio intendente Pablo Javkin criticó la "actitud absolutamente intolerable", y aseguró: "Ya está en manos de la autoridad de Movilidad, para aplicar las sanciones que correspondan". Desde el Sindicato de Prensa Rosario repudiaron la "actitud machista y violenta" contra la cronista. La Secretaría de Género municipal se puso en contacto con Georgina y las redes sociales se llenaron de rechazos.

Gustavo Beatriz, chapa 4004, formaba parte de la protesta y su taxi era uno de los estacionados en el lugar, cuando Belluati pidió que corrieran los autos que estaban en doble fila sobre 1° de Mayo para poder sacar el móvil y seguir trabajando. Beatriz, que ya estaba sin remera, la insultó y se bajó los pantalones y el calzoncillo. "Yo lo cuento, pero ¿qué pasa puertas adentro de un taxi si una chica esta sola con este hombre violento?", lamentó. 

Ezequiel Escobar, coordinador de la Secretaría de Movilidad dijo que está citado para hoy y sumó: "En forma preventiva vamos a caucionar la chapa hasta que se resuelva la sanción que creemos que tiene que ser ejemplificadora"; es decir que mientras tanto "no podrá circular". 

La periodista colgó el video en Twitter y los repudios fueron inmediatos. "Hace sólo tres días alzamos nuestra voz contra la violencia machista y patriarcal en todos los ámbitos, incluido el laboral. El comportamiento de este hombre que necesitó desnudarse para mostrar su machismo se encuadra en la violencia patriarcal que muchas mujeres sufrimos a diario, pero, además, la respuesta que tuvo no se condice con el respeto que merecen todas las personas", expresaron desde el SPR, y destacaron que el hecho ocurrió en el Día de Lucha contra la violencia de género en los medios de comunicación.

"Estamos expuestas a las más variadas formas de violencias en el espacio público. Vamos a solicitarle a la Secretaria de Transporte que sancione el accionar de este taxista", escribió la concejala Luz Olazagoitía. También hubo mensajes de colegas de prensa de la ciudad y de espacios sindicales, como la CTA Regional Rosario. Usuarixs de redes sociales también salieron al cruce. "Indigna el resto que solo mira"; "Ver el video es violento, imagino lo que viviste. Y sí, se lo hizo porque es mujer"; "¿Cómo no van a tener miedo las pibas?", "SheTaxi por siempre y para todes", fueron algunas de las expresiones.

En LT8, Mario Cesca, de la Asociación de Titulares de Taxis sentenció: "Me avergüenza como taxista y como dirigente". Tras dar los datos del conductor dijo: "En otra oportunidad me había amenazado, es una persona agresiva, no puedo entender que le hayan dado una licencia”.


Denunciado

Ahora es una causa penal

Por la tarde, desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que ingresó la denuncia de la periodista Georgina Belluati, tras el hecho ocurrido durante una protesta de taxistas contra Uber. De esta manera, el taxista Gustavo Beatriz, quien se desnudó frente a la trabajadora de prensa que pidió que corriera el auto para poder sacar el móvil de LT8, no solo deberá presentarse hoy a la Secretaría de Movilidad de la Municipalidad de Rosario, sino que también se le abre una causa penal por el delito de "exhibiciones obscenas", que quedará en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. La Secretaría de Género del Municipio también dispuso contención y acompañamiento.
Fuente:Rosario12


Despidos en el Correo Argentino

Un paquete de reclamos

 

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