08 de abril de 2021
Santa Fe se suma a las medidas nacionales por la segunda ola
En sintonía para controlar la circulación
Imagen: Andres Macera
Fuentes del gobierno provincial y municipal adelantaron que adherirán a las medidas anunciadas ayer por el presidente Alberto Fernández para enfrentar la segunda ola de coronavirus y que entrarán en vigencia desde el primer minuto del viernes hasta el próximo 30 de abril. Entre los puntos más importantes, el decreto nacional establece para las zonas de mayor riesgo epidemiológico y sanitario --entre ellas el departamento Rosario-- el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23 y se prohíbe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día, un horario en que las autoridades podrán solo ampliar, en función de las especificidades de cada lugar, pero no reducir, como señaló en su mensaje el mandatario nacional. También quedan vedadas las actividades sociales en domicilios particulares y las que se realizan en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas.
Después de atravesar un día en el que se registró un nuevo récord de contagios de coronavirus en el país, más de 22 mil casos, el presidente Alberto Fernández anunció a través de un DNU, que será publicado hoy en el Boletín Oficial, nuevas medidas que regirán por tres semanas a partir del viernes. Más allá de la letra fina, y de las presiones de los sectores comerciales, provincia y municipio van a acatar y dispondrán en sus respectivos decretos las restricciones contempladas para los 85 departamentos de mayor riesgo epidemiológico y sanitario en el país, incluida Rosario.
Con la mira puesta en no afectar la actividad productiva y comercial, como así también la presencialidad escolar con la modalidad de burbujas, reforzando protocolos y controles, el gobernador Perotti avanzará junto al intendente Pablo Javkin, entre otros jefes comunales, en la adhesión al decreto nacional. Voceros del gobierno provincial indicaron que Perotti mantendrá también un encuentro virtual con los integrantes del comité de expertos para analizar la situación epidemiológica.
Además de las restricciones mencionadas anteriormente, en la ciudad quedará suspendida la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas, y las actividades de casino, bingo, discotecas o cualquier salón de fiestas. Y como se había anticipado, se suspenden para todo el país los viajes grupales de egresados, de estudio y de grupos turísticos.
En tanto, las actividades culturales, sociales, recreativas y religiosas podrán realizarse con un aforo máximo del 30 por ciento, lo que incluye también a los gimnasios, cines, teatros y velatorios, entre otros. Cabe destacar que el decreto nacional establece que en las zonas del país consideradas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario es facultad y responsabilidad de gobernadores adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios.
La ciudad reportó ayer 447 de los 1.280 casos registrados en la provincia, donde ya suman 237.114 contagios desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud provincial comunico 10 nuevos fallecimientos por covid, 5 pacientes (65 años, 68 años, 70 años, 75 años y 78 años) con residencia en nuestra ciudad. En cuanto a la vacunación, la cartera sanitaria precisó que fueron colocadas 313.743 vacunas de la primera dosis, y 56.203 de la segunda.
La de ayer fue una jornada donde en los principales distritos de la provincia se duplicaron la cantidad de hisopados diarios, un dato que revela la velocidad de los contagios en las últimas semanas, aunque todavía por debajo de los números que suman preocupación en la provincia de Buenos Aires. Además, el 0800 de la provincia atiende unos 16 mil llamados diarios ante la llegada de la segunda ola de contagios.
0800
“Desde el comienzo de la pandemia el 0800 ha sido el oído de la provincia. No solo fue una herramienta decisiva para la detección y abordaje y seguimiento de casos, ayudándonos a aplanar la curva de contagios ya que más del 70 por ciento de los casos se detectaron por llamados a esta línea”, recordó el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto. Y agregó: “Se duplicó la cantidad de llamados diarios: en mayo del año pasado el pico máximo de llamadas fue de 9000 y hoy la cifra ronda los 16.000, con niveles bajos de tiempos de espera y con algunas opciones de autogestión de consultas".
Piden que dos diputados amplíen denuncia contra Sain
"No se puede seguir con esto"
Imagen: Gentileza diario El Ciudadano
Desde Santa Fe
“Esto es un escándalo”, planteó ayer la diputada peronista Matilde Bruera apenas terminó el pleno de la comisión de Juicio Político que resolvió seguir el operativo contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y citar a sus dos denunciantes: la diputada nacional de la Coalición Cívica Lucila Lehmann y su segundo, Sebastián Pinasco Julierac -quien oficia como “diputado provincial electo”- para que amplíen la denuncia. Bruera impugnó la decisión y reclamó que el escrito de la legisladora -de sólo dos páginas-, se mande al archivo. “La Constitución de Santa Fe es muy clara. El juicio político sólo se puede hacer a un ministro y Sain ya no es ministro, renunció”. Por lo tanto, “no puede seguirse con esto", que es “escandaloso”. “Es inconstitucional e ilegal”, advirtió.
Bruera impugnó todas las decisiones de la comisión: la convocatoria a Lehmann y Pinasco Julierac, pero también el llamado a la auditora general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich. El presidente de la comisión Joaquín Blanco dijo que Vranicich será citada a la Legislatura porque “en uno de los escritos que remitió a la comisión de Juicio Político se declara incompetente y le otorga competencia a la comisión. Queremos conocer su opinión y entender este proceso”, explicó el socialista. En el escrito -que mencionó Blanco- Vranicich dice que no tiene potestad para investigar a Sain por su gestión como ministro y por lo tanto mandó su dictamen a la comisión de Juicio Político. El legajo gira en redondo: 22 diputados del Frente Progresista –entre ellos el propio Blanco y sus colegas Pablo Farías y Clara García que también integran la comisión- le pidieron al fiscal general Jorge Baclini que impida que Sain reasuma su cargo de director del Organismo de Investigaciones del MPA –lo que ya ocurrió el lunes-, Baclini le corrió vista a Vranicich y ésta dictaminó que no tiene competencia para investigar al ex ministro y devolvió el trámite a la comisión de Juicio Político.
“El artículo 98 de la Constitución de Santa Fe es muy claro acerca de los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político. Sain ya no es ministro, renunció. Por lo tanto, no puede hacerse un juicio político” para removerlo de un cargo que ya no ocupa. “Lo que están haciendo es escandaloso. Es inconstitucional e ilegal”, insistió Bruera.
“Las medidas que se tomaron –como citar a Lehman, Pinasco Julierac y Vranicich- son para cuestionar a Sain como ministro y ya no es ministro. La verdad que es ridículo. Si no lo quieren como director del Organismo de Investigaciones del MPA lo tienen que cuestionar en esa instancia, y por esa función y no como ministro. Acá se está mezclando todo. Esto no es más que una persecución política y fuera de los márgenes de la ley. La verdad que es un escándalo”, planteó Bruera.
“Ellos van por la inhabilitación (de Sain) para que ejerza como director del Organismo de Investigaciones del MPA. Pero Sain está designado desde 2018 en ese cargo que ganó por concurso y en su momento (en 2019) le otorgaron la licencia para ser ministro. A la licencia se la dieron ellos (Baclini). Entonces, ¿qué es lo que cuestionan?”, se preguntó Bruera. “Ahora no tienen más remedios que aceptar que vuelva”, como sucedió el lunes. “Y si hay otros cuestionamientos en esa función, serán en esa función, pero no como ministro”.
Las decisiones de ayer en Juicio Político se aprobaron por 5 a 2. Los cinco son Blanco, Farías y la diputada García, a quienes se sumaron sus colegas Julián Galdeano (Juntos por el Cambio) y Nicolás Mayoraz, del bloque celeste. Y se opusieron los diputados del PJ, Bruera y Oscar Martínez.
Blanco dijo que recibieron copia de la denuncia del fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti contra Sain y que pedirán informes al Poder Ejecutivo. Ya se sabe que Arietti tiene una enemistad manifiesta con Sain. Según el socialista, solicitarán a la Casa Gris y al Tribunal de Cuentas “copias certificadas de las licitaciones y contrataciones durante la gestión de Sain” en el Ministerio de Seguridad. “Arietti nos dijo que está en curso la investigación por el intento de compra de armas en una licitación a todas luces amañada. Queremos tener todos los elementos, para saber si es un caso aislado o si formaba una conducta en la gestión Sain respecto a las licitaciones y compras”, chicaneó.
Buscan una salida para la toma de Magaldi y Benteveo
Los esfuerzos para evitar el desalojo
En el marco de la mesa de diálogo por la situación habitacional en la toma de Magaldi y Benteveo, esta semana se realizó un censo que arrojó que son 130 familias y 180 niñes. Así lo indicaron las vecinas y vecinos que buscan respuesta a su demanda de "tierra, vivienda y trabajo", iniciada el año pasado. Se trata, en su gran mayoría, de mujeres desocupadas, jefas de hogar, amas de casa y trabajadores informales, que a fines de 2020 se movilizaron por la situación del predio ubicado detrás del Mercado de Concentración de Fisherton y fueron recibidas por autoridades provinciales y municipales para buscar una salida que no sea el desalojo judicial. También buscan recursos para sostener un comedor que brinde asistencia alimentaria a las familias.
"El martes por la mañana el Municipio llevó a cabo el censo, luego de seis meses en los que venimos exigiendo una respuesta, en el marco de la mesa de diálogo con el Estado", indicaron desde la toma. Según dijeron, estuvieron presentes veedores, por parte de las familias, y los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Norberto Olivares; de la Casa de la Memoria, Sandro Minnuci, y organizaciones sindicales y sociales como COAD, Asociación Anahí, Secretaría de Género de Humanidades y Artes, delegados docentes de Amsafe y de salud.
"El resultado arrojó que 130 familias habitamos en la toma", desde donde se da "pelea por vivienda, un pedazo de tierra para vivir, y por trabajo". Lo que esperan de la provincia y el municipio "que este censo sea un paso adelante en la mesa de diálogo con las autoridades y que atiendan a las demandas de los sectores más golpeados por la crisis", expresaron en un comunicado de la Comisión de Mujeres de Magaldi.
Antonella Salinas, una de las habitantes, sumó que "de lo que se viene hablando en las reuniones es de una reubicación de las familias". En ese sentido, manifestaron que apuntan a "lotes y vivienda, con títulos. Queremos que respondan a nuestro derecho de tierra y vivienda y que se comprometan con lo que anunciaron meses atrás", dijeron ante el temor de "que llegue la segunda ola de la pandemia y el frío, y que nosotras sigamos en las mismas condiciones".
En ese sentido, las mujeres que habitan el predio buscan los recursos para sostener el comedor y poder "asistir al conjunto de los vecinos y familias que viven en este barrio", donde "las necesidades son acuciantes, cada día se agrava más la crisis y las familias no tienen para comer".
Sobre la historia de la toma, recordaron: "Recuperamos un basural; con chapas y nylon fuimos armando nuestras casas, porque no podemos pagar un alquiler ni tenemos ingresos para pagar cuotas de un terreno. Somos trabajadores informales, desocupadas, amas de casa, la mayoría mujeres, madres solteras", indicaron sobre el grupo cuyo único ingreso es la Asignación Universal por Hijo. "En la toma no tenemos agua, ni servicios de ningún tipo. La peleamos desde hace meses, con la solidaridad que recibimos de organizaciones sociales y de derechos humanos. Desde un principio mostramos nuestra voluntad de construir un espacio para poder vivir".
El ministro de Seguridad en el Concejo Municipal
El primer objetivo es reconstruir puentes
La comisión de Control, Convivencia y Seguridad del Concejo Municipal sesionó ayer con la visita del nuevo ministro provincial del área, Jorge Lagna, quien repitió el gesto de marcar diferencias con su antecesor, Marcelo Sain, al mostrarse proclive al diálogo como lo hizo días atrás con el intendente Pablo Javkin. "Soy un hombre de la política, siempre he arribado a consensos", dijo al fin de cuentas en el recinto del Palacio Vasallo. Reiteró allí su objetivo de aumentar la presencia policial en la calle con 1000 efectivos más, e insinuó una definición: “La policía debe estar en el territorio y no ser un servicio de enfermería que cuida comercios porque le sale barato a los empresarios”, dijo.
Lagna asistió a la invitación del parlamento rosarino junto a sus secretarios ministeriales Guillermo Montenegro y Diego Llumá, y el tono dialoguista que ofreció sirvió para atenuar las críticas y posicionar a todos los ediles en actitud de dar crédito una vez más a la gestión. “La policía no puede ser una enfermería tapando agujeros cuidando farmacias, supermercados o bancos. La policía le salía más barato que una seguridad privada ”, señaló Lagna en tono cómplice con sus interlocutores. Esto, como preludio de lo que será el proyecto de ley de seguridad privada, que el Ejecutivo enviará a Legislatura, donde ya otras tres propuestas de Sain esperan su turno, para una reforma integral del aparato de seguridad pública.
Asimismo, Lagna ratificó la decisión política de "cortar el vínculo de la Policía o el Estado con el delito" y reorganizar la fuerza policial y asignar más volumen de patrulla y vigilancia en territorio. Según Montenegro, el incremento de personal operativo será del 34%. Rosario pasaría en estos días de 2908 agentes a 3897 agentes en la calle. No obstante, el funcionario sostuvo a pesar de la percepción pública que el número de denuncias por delitos comunes se mantuvo igual en 2019 y 2020. "No hubo un cambio drástico, hay un patrón similar en los últimos tres años. Y lo importante es que la gente llama al 911 y denuncia", evaluó. Y resaltó la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad, entre vehículos, drones, y telefonía especial, entre otros pertrechos.
Lagna consideró importante la interacción de su ministerio con el Concejo e instituciones civiles, lo que instó a plasmar en recorridas constantes por los barrios. En su análisis, vislumbró algún descenso en la ocurrencia de homicidios en la ciudad, y destacó que aumentó el secuestro de armas por parte de la policía en procedimientos regulares.
“Se continuarán las conversaciones para sumar a otras instituciones de la sociedad civil”, señaló el ministro quien manifestó su “decisión de ponerse a disposición de los concejales para trabajar en conjunto”, dijo.
Los ediles que escucharon al ministro tuvieron devoluciones más contemplativas que con el antecesor. Alejandro Roselló valoró la visita y "la visión social del ministro", pero su camarada Carlos Cardozo, de Juntos por el Cambio, marcó el reclamo popular por comisarías que se cerraron en la gestión del Frente Progresista por "megacomisarías" que nunca se hicieron. Y reclamó coordinación real con el municipio para erradicar las fiestas clandestinas.
Susana Rueda, del Frente Progresista, consultó sobre “la posibilidad de interceptar llamadas por WhatsApp provenientes de unidades penitenciarias”, a lo que se respondió que actualmente no se cuenta con esa tecnología en la provincia porque esos mensajes están encriptados.
Las concejalas Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y Lorena Carbajal (Socialista) le pidieron a Lagna que retome las reuniones periódicas con vecinales en el marco del Observatorio de Seguridad del Concejo. Y Norma López (Frente de Todos) reclamó el cumplimiento de las ordenanzas que regulan el sistema de video vigilancia y el Alerta Rosario 2.0.
Fuente:Rosario12











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