“La dirigencia política y gremial son
protagonistas de un proceso brutal”
Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021.
Este miércoles se realizó la primera audiencia del juicio al ex concejal de Florencio Varela Daniel Zisuela por el delito de promoción y facilitación de la prostitución de menores de 18 años. Con el testimonio de Paula, una de las víctimas, tuvo inicio el juicio contra el ex concejal y su hermano, Martín Zisuela, quienes tuvieron como defensores particulares a “El turco” Daer, abogado del ex presidente Carlos Menem, y a Sebastián Daer, ex pareja de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
“Es un entramado de políticos y abogados donde en el medio hay un conjunto de pibas víctimas de los peores abusos inimaginables”, denunció José Luis Calegari de la Red de Organizaciones Comunitarias Monseñor Enrique Angelelli. “Es un proceso brutal que tiene como protagonistas a parte de la dirigencia política y gremial de este distrito”, expresó.
Por otra parte, señaló que se trata de un juicio “histórico”, aunque opinó que “además de la condena judicial debe haber una condena social”. “Hablamos de personajes que nunca más pueden ser candidatos”, observó.
En este sentido, la testigo indicó los distintos lugares desde donde Zisuela coordinaba todo el entramado de prostitución, identificando los hoteles de alojamiento Susurros, Ruca Malen y Refugio, un departamento en la calle Berutti en el Cruce Varela, los consultorios del gremio gastronómico en la calle Yrigoyen, además de otra casa que se alquilaba para hacer fiestas.
Al respecto, Paula relató que en esta casa los habitués del lugar eran Hugo Pereyra, Juan “El lagarto” Olmedo, el ex asesor de la UOCRA y actual candidato de Hacemos en la lista de Mario Kanashiro. Además, sindicó como participantes a Darío Olmedo, Secretario General de ATE, y Cacho Escobar, uno de los barones de la droga del distrito.
“Zisuela es el hombre del poder que se dedicó a regentear la prostitución para que todos los demás poderos consumieran y destrozaran a estas pibas”, puntualizó Calegari.
Por otra parte, la testigo relató que también en el local Prynce del Cruce Varela se hacían almuerzos y cenas al que asistían el Secretario de Seguridad y Defensa Civil, Franco Risso, el Director de dicha área, Barraza, y Darío Olmedo, para “elegir” a las menores y llevarlas a hoteles de alojamiento, donde eran abusadas sexualmente tanto por hombres como también por mujeres.
“Paula fue testigo de que Zisuela le ofrecía chicas a Amancia Báez, quien también abusaba de las pibas”, declaró Calegari, y denunció que el ex concejal tiene un prostíbulo en Pinamar a cargo de la militante del Partido Justicialista Pamela Sosa, mientras que la candidata a concejal en la lista de Florencio Randazzo, Mirta Rojas, era la aportante de menores a Zisuela a cambio de una paga mensual.
“Es una pelea muy desigual, por eso acompañar a las pibas es un compromiso ético”, manifestó Calegari.
Fuente: ANRed
Sofía y el tren: crónica de los
desechables del sistema
Por Claudia Rafael, Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021.
Toda la culpabilidad judicial por la muerte temprana de Sofía, a sus 15 años, parece concentrarse en la carátula de homicidio culposo contra el hombre de 33 que conducía la locomotora del tren de carga de Ferrosur. Donde la reducción del sistema de sus propias responsabilidades concluye en la culpa de una sola persona. La de Sofía Caballero fue la crónica de una muerte anunciada y denunciada por décadas. Cuando ya casi sin voz, las organizaciones de la villa 21-24 seguían clamando una solución.
“El tren pasa al menos dos veces al día y las vías están a medio metro, a un metro, de los dos lados, de las construcciones durante aproximadamente ocho cuadras. Ahí pasan los trenes de carga de Ferrosur, que tiene la concesión del Ferrocarril Roca; vienen desde Neuquén a Estación Solá. Y lo que se viene pidiendo desde hace años y años es que el tren pase por otro lado que no sea villa 21 o bien que el recorrido termine en Avellaneda”, describió el sacerdote Toto de Vedia a APe, desde la parroquia de Caacupé, asentada en el corazón de la barriada.
Sofía era la mayor de cinco hermanos. Iba a la secundaria parroquial que alza sus paredes en la villa que concentra más de 80.000 almas que sudan a diario una vida arrinconada entre los metales ferroviarios y los venenos acumulados durante toda la historia del Riachuelo. Entre Luna e Iguazú, en el sur de todos los sures de la ciudad más rica del país. Una ciudad que sigue teniendo sus rincones empobrecidos y vulnerados que suelen taparse para no ver lo que no se quiere ver.
Ese día Sofía faltó a la escuela, contó Toto de Vedia. Le dijo a su madre que iría a comprar el pan. Y salió con su hermanito de tres que entre juegos y saltos corrió como hacen las infancias que ríen mientras se sienten mariposas o barriletes. Sofía intentó evitarle un accidente y resbaló cuando el tren estaba llegando sobre las mismas vías. Casi apresado entre las casuchas que sienten dos o más veces al día cómo un terremoto les hace temblar los cimientos endebles y les tambalea el presente casi en complicidad con un sistema que los ahoga.
Hace casi siete décadas que las primeras casillas se asentaron en los grandes esteros del Riachuelo, en el límite sur de la capital. Los primeros habitantes llegaron veteranos de un incendio devorador que hubo en La Boca a inicios de los 50, durante el primer peronismo.
A 20 minutos de la Rosada, el olvido se alza sobre todos los escenarios de la villa. El no rotundo al soterramiento o al desvío del tren de carga en la villa es tan sostenido como es clara, en las antípodas, la concreción de un viaducto en la zona más rica de la ciudad que permitió eliminar los pasos a nivel de Olleros, La Pampa, Sucre, Juramento, Mendoza, Olazábal, Blanco Encalada y Monroe.
La justicia tiene hoy como imputado al conductor del tren. Que suele ser el hilo más delgado de un sistema que privilegia eternamente a los mismos y en los territorios del abandono soterra las dignidades. Lejos, muy lejos de la impudicia de los propietarios del mundo. En un rompecabezas vital en el que los marioneteros de las finanzas temen y desechan a los habitantes de los arrabales. Les cuelgan el sanbenito de prescindibles.
Hace exactamente 30 años, el gobierno de Carlos Saúl Menem –hacedor y responsable de muchas de las desgracias e inequidades por venir- difundió el cronograma de privatizaciones destinadas a la necesidad de equilibrar el presupuesto público. Algo así como partir la torta en desmedro de los eternos castigados. Y se anunciaba que “el 31 de diciembre de 1992 las empresas estatales dejarán de estar incorporadas al presupuesto público” y que a partir de ese momento “la responsabilidad del financiamiento operativo y la inversion quedará a cargo del sector privado”. Había que desprenderse de los sobrantes en beneficio de los mismos de siempre. En la licitación para los ramales del Roca sólo se presentó el consorcio Ferrosur Roca liderado por la cementera Loma Negra a la que se transfirió todo el ramal en marzo de 1993. Era dueña de la carga y del medio que la transportaba.
La misma cementera que se vio beneficiada largamente por los negociados de la última dictadura, y a la que luego, sus socios en el poder político ya en democracia, le regalarían parte de la estructura ferroviaria por el lapso de tres décadas. Esos trenes transportan en sus tolvas las riquezas más medulares de un país. Esos trenes cuya concesión sigue en manos de Ferrosur, fueron los que esta semana terminaron con la vida de Sofía. En el corazón de la villa 21-24. Una de las más populosas del país. Donde sobreviven los desechables del sistema. Donde una chica de 15 es el ícono de una historia de desgarros y de olvidos.
Cuando el dolor se parece a un país, escribía Gelman, se parece a mi país. Los sin nada se envuelven con un pájaro humilde que no tiene método.
Fuente: Pelota de Trapo
Sin cómplices no hay abusos
Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021.
Organizaciones sociales, trabajadores y usuaries del sistema público de salud se organizaron para exigir una respuesta URGENTE frente a situaciones de abuso sexual a mujeres en el marco de la atención de su salud.
Compartimos comunicado y solicitud de adhesiones:
En el año 2019 en distintos centros de salud ubicados al sur de la CABA y pertenecientes al área programática del Hospital Piñero, fueron atendidas tres mujeres que relataron haber sufrido abuso sexual al realizarse una ecografia ginecológica en los consultorios externos del hospital. La mayoría de estas mujeres se encontraban atravesando un aborto, en el marco de una interrupión legal del embarazo (ILE), con el acompañamiento de los equipos de salud de los CeSACs.
Gracias al trabajo en red que les trabajadores de salud venimos construyendo hace muchos años y a que no guardamos silencio; esos relatos comenzaron a cruzarse y a encontrar coincidencias. Observamos que los hechos se repetían con idénticas características: las tres situaciones habían sido perpetradas por el mismo médico y con el mismo modus operandi. Cabe destacar, que se trataba de mujeres en situación de extrema pobreza y vulneración de derechos básicos, al igual que la gran mayoría de les habitantes de los barrios populares del sur. Estas condiciones de precariedad de la vida y contar con el hospital público como única institución donde garantizar la atención de su salud y la de sus hijes, se conjugan con las desigualdades de poder que configuran las relaciones «médico-paciente». Esto allana el camino para el ejercicio de distintos tipos de violencias, favoreciendo la impunidad de quienes la ejercen.
Desde los equipos de los diferentes centros de salud, siempre acompañamos a estas mujeres que confiaron y pudieron contar lo que les había sucedido, creímos en sus relatos y apoyamos a cada una de ellas en sus decisiones.
En aquel momento, gracias a la organización y unidad entre trabajadores, usuaries y organizaciones sociales, logramos que este médico fuera apartado de las tareas de asistencia a usuaries. Esto no fue nada fácil. Al relatar estos hechos frente a directivos del hospital Piñero, nos encontramos ante los pretextos y actitudes de siempre frente a la develación de un abuso: quienes rompimos el silencio fuimos cuestionadas y puestas “bajo la lupa” y con ello, por supuesto el relato de las víctimas. Recibimos frases tales como: «Alguna denunció?”; «Si no hay denuncia no se puede hacer nada»; «él es un trabajador y también tiene derechos» ;»ya está asesorado por el gremio, puede denunciar por injurias»; “es muy difícil hacer algo, no hay pruebas” . Lejos de encontrar respuestas que apunten a erradicar las violencias en el marco de la atención médica, la violencia institucional se recrudeció: dilaciones y vueltas burocráticas, descreimiento y amenazas.
Ante la falta de una respuesta favorable por parte de las autoridades, pedimos intervención a la Defensoría del Pueblo quien realizó recomendaciones al Hospital y al Ministerio de Salud, tendientes a resguardar a les usuaries y evitar que se produzcan nuevos episodios de violencia sexual. Esta acción finalmente tuvo como resultado un sumario administrativo y este profesional fue apartado de la atención a pacientes.
A pesar de este recorrido y las acciones de resguardo tomadas; meses después nos anoticiamos que este profesional médico había concursado un cargo en el Hospital Grierson y desde fines del 2020 se encuentra atendiendo allí, como si nada de lo señalado hubiese ocurrido.
Comunicamos de esta situación a autoridades del Ministerio de Salud en diciembre del 2020 y al mismo tiempo a la Defensoría del Pueblo. Desde este organismo se elevó un oficio al Hospital Grierson en ese mismo mes y el hospital acusó recibo en enero de 2021. A pesar de todo esto, el profesional continúa realizando tareas asistenciales hasta el día de la fecha. Las respuestas de las autoridades del Grierson fueron las mismas que en 2019 recibimos en el Piñero agregando que “no hay antecedentes penales que inhabiliten el concurso”, “no sabíamos nada”, etc.
Recientemente, tomamos conocimiento de que este profesional médico cuenta actualmente con dos denuncias penales por abuso sexual, una de 2018 y otra de 2020. Si bien esto también fue comunicado a funcionarios y autoridades, aún continuamos sin respuestas acordes a la gravedad de los hechos.
Esta situación deja al descubierto la falta de protocolos de actuación en el Ministerio de Salud de CABA ante las distintas formas de violencia basada en género. Como contracara, es la lógica patriarcal y machista la que rige las acciones y decisiones de las distintas autoridades. En este caso, como en tantos otros, vemos que el traslado termina siendo la forma de encubrir y resguardar a los abusadores.
Seguimos exigiendo una respuesta rápida y efectiva YA para resguardar la integridad psico-fisica de todes les usuaries del sistema de salud.
¡BASTA DE TRASLADOS PARA ENCUBRIR ABUSADORES!
¡EL SILENCIO NO ES SALUD!
¡EXIGIMOS LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA EN EL ÁMBITO DE SALUD, CON EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE USUARIES Y TRABAJADORXS!
– PORQUE NOS CUIDAMOS ENTRE NOSOTRES, NOS MOVILIZAMOS Y GRITAMOS:
– SIN CÓMPLICES NO HAY ABUSOS!
– NO NOS CALLAMOS MAS!
La Comunidad Pueblo Tolombón denuncia
un desalojo ilegal en el Valle de Choromoro
Por Belén Del Huerto Romero, Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021.
Esos territorios les pertenecen a la comunidad por la ley vigente 26.160, de protección de tierras de pueblos originarios. El territorio ancestral Diaguita de la Comunidad Pueblo Tolombón se encuentra a más de 80 kilómetros de la capital tucumana, en donde se apersonaron cincuenta efectivos policiales, una máquina topadora y bomberos acompañados por la Jueza de Paz de Choromoro Leticia Carolina Mamani para desalojar al comunero Máximo Román Ríos de 88 años.
“Las fuerzas de seguridad procedieron a derribar la vivienda en su totalidad frente al intento de la Comunidad de evitarlo y Ríos, quien se encuentra de un delicado estado de salud, sufrió una descompensación por la situación”, afirmó en un comunicado la Comunidad Pueblo Tolombón.
El conflicto se da porque Javier Critto, terrateniente de la zona, reclama la posesión de las tierras ancestrales que le pertenecen a la comunidad mediante la ley 26.160.
La base territorial viene sufriendo persecuciones e intento de desalojos por parte de la familia Critto. “Estas personas en reiteradas ocasiones amenazaron y hostigaron a varios comuneros y comuneras. Especialmente persiguieron y se ensañaron con el Sr. Ríos”, señalan.
“La justicia tucumana, jueces y fuerzas de seguridad siguen favoreciendo a los terratenientes en sus fraudulentos accionares y violando sistemáticamente las leyes nacionales, provinciales e internacionales en materia de derecho indígena. Cabe destacar que esta vigente la ley 26.160 que prohíbe los desalojos en territorios ancestrales”, manifestaron.
La Comunidad Pueblo de Tolombón cuenta con el relevamiento territorial realizado en su totalidad. “Responsabilizamos al estado provincial y nacional por todos estos atropellos que día a día vive el Pueblo Nación Diaguita. ¡Basta de despojo territorial! ¡Ley de propiedad comunitaria indígena ya!”, finalizaron.
Fuente: ANRed
Conferencia de prensa de familiares y sobrevivientes de las masacres de
Cromañón y del taller clandestino de
Luis Viale frente a la Legislatura porteña
Resumen Latinoamericano. 26 de agosto de 2021.
Este jueves 26 de agosto se reunieron la Comisión Especial de Prevención y Seguimiento de la Violencia Institucional de la Legislatura Porteña para tratar las masacres de Cromañón y del taller clandestino de Luis Viale.
El encuentro comenzó a las 17, en el marco de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional del Parlamento porteño, en tanto que las organizaciones de familiares y sobrevivientes dieron una conferencia de prensa a las 16.30 en las puertas de la Legislatura, en Perú 160.
La Legislatura porteña realizó este jueves una reunión con familiares de las víctimas y sobrevivientes de las masacres de Cromañón, en la que murieron 194 personas en un boliche; y de Luis Viale, donde fallecieron una mujer y cinco niños por el incendio en un taller textil clandestino; para abordar los proyectos que buscan que ambos edificios sean expropiados y convertidos en «centros de memoria».
El primer proyecto
El primer proyecto plantea que el edificio del boliche de la zona de Once, propiedad de Rafael Levy -el mismo dueño que al momento del incendio- sea expropiado para «resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la Ciudad».
El objetivo es que el lugar se transforme en un espacio para la memoria en recuerdo de las víctimas, que se sume al santuario ubicado enfrente al edificio que, en la actualidad, sirve de espacio de encuentro y homenaje pero que, al estar al aire libre, sufre periódicamente vandalizaciones.
El 30 de diciembre del 2004, unas 194 personas, en su mayoría jovenes, murieron al quedar atrapadas dentro del local bailable, cuyo gerenciador Omar Chabán permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado, durante un recital de la banda Callejeros, cuando comenzó un foco de incendio de la mediasombra situada en el techo por el uso de bengalas.
El segundo proyecto
Los proyectos fueron presentados en 2021. Foto: Analia Garelli
El segundo expediente, que está impulsado por la Comisión por la Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale, destaca «el interés por preservar el sitio» a partir de «connotaciones afectivas y racionales».
«Las primeras están relacionadas con el respeto a las víctimas, las segundas a la toma de conciencia de la cadena de responsabilidades que permitan a los habitantes de la ciudad conocer sobre las distintas formas de explotación«, agrega la iniciativa.
El taller textil clandestino de Luis Viale era un galpón con una planta baja donde estaban las maquinarias y un primer piso para las «habitaciones», en realidad separadas solo por telas y cartones.
Allí, habitaban unas 65 personas -más de la mitad, niños y niñas- llegadas desde el Cantón Cohana, un pueblito distante a unos 100 kilómetros de la Paz, Bolivia, y trabajaban en condiciones de explotación laboral y sin medidas de seguridad.
El 30 de marzo del 2006 se desató un incendio en la planta superior por un desperfecto eléctrico y causó la muerte a seis personas que no pudieron escapar por el humo: Juana Vilca, de 25 años y embarazada; Wifredo Quispe, de 15 años; Elías Carabajal, de 10 años; Rodrigo Carabajal, de 4 años; Luis Quispe, de 4 años y Harry Rodríguez, de 3 años.
La ley de Educación Sexual Integral
cumple 15 años pero no se ejecuta
plenamente en todo el país
Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires lleva adelante diferentes actividades y conversatorios para estudiantes con el fin de reforzar la implementación de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), que en octubre cumple 15 años desde que fue sancionada por el Congreso nacional.
La misma establece el derecho de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada. Para esto, crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que coordina el diseño, la implementación y evaluación de la ESI en todas las jurisdicciones del país.
En ese marco, se realizó la jornada Defendiendo la ESI en el Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata que más de 1.200 estudiantes siguieron de manera virtual y contó con la participación de la actriz Thelma Fardin, la comunicadora en salud Sol Despeinada y el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Alejandra López, directora de Políticas de Igualdad de la Defensoría bonaerense, contó que durante la actividad la invitadas reflexionaron sobre la implementación de la ESI en las escuelas y resaltó que “no hay una manera uniforme de aplicarla en todo el territorio”.
Uno de los objetivos es llevar estas charlas a otros ámbitos aprovechando la reapertura de ciertas actividades permitidas por la situación epidemiológica que atraviesa el país en cuanto a la pandemia.
A 15 años de su sanción, López sostuvo que hace falta establecer pautas firmes y ordenadas en la formación de docentes: “Hay cosas que hay que actualizar, establecer pisos mínimos para que los y las docentes puedan dar formación real, fidedigna, actualizada respecto de todo esto”.
Y remarcó: “Pensemos que todo lo que tiene que ver en nuestro país con la legislación que incluye diversidad: semana tras semana tenemos algún programa, alguna legislación que amplía derechos, los ministerios de Nación y Provincia de género están muy activos. Todo eso requiere una formación y actualización permanente”.
Fuente: Farco
Nuevo escenario en el conflicto territorial
de la cordillera/ PPP (Propiedad Privada Patagonia) documentos internos
por Susana Lara /Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021
Críticas al Vaticano en el foro Consenso Bariloche. Instalan nuevo conflicto por un parque central. Movilización mapuche en las calles. Giro del intendente local.
La realización del primero foro de Consenso Bariloche, espacio político recientemente conformado con sede en esa ciudad, mostró elementos de las condiciones actuales del conflicto por los territorios tradicionales de los pueblos originarios en Argentina, al menos en el espacio de mayor conflictividad con la gente mapuche-tehuelche. Mostró el arco de la nueva derecha en el país con sus alianzas locales en el interior, donde la lucha por tierra y territorio es central; a las clases dirigentes de las provincias en sus intervenciones y sus ausencias; y, la capacidad de respuesta y movilización de las comunidades y sus organizaciones propias.
Ante el agotamiento del conflicto de Villa Mascardi, este foro y la gobernadora Arabela Carreras pretenden instalar el conflicto con el pueblo mapuche por el derecho a unas 3900 hectáreas inscriptas como propiedad del ministerio de Defensa y otorgadas en uso al Ejército. Proyectan transformar esas tierras en un nuevo parque desconociendo la presencia y derechos de las comunidades Tambo Báez, Millalonco-Ranquehue, Tripay Antu, Huala We y José Celestino Quijada. El proyecto del parque central en el ejido municipal fue uno de los ejes del foro que abrió Carreras a la mañana y contó con numerosas exposiciones hasta el cierre varias horas después. Todo el desarrollo muy previsible, excepto la posición del intendente local que cerró con una convocatoria al diálogo intercultural y reconocimiento a los derechos de las comunidades que se desenmarcó del proyecto dominante de Consenso Bariloche.
El PPP
Este foro confirmó que avanza en el territorio el proyecto de defensa de la propiedad privada de la Patagonia (PPP), que se canaliza a través de la Fundación Naturaleza para el Futuro (Funafu) con la coordinación general del más fuerte estudio jurídico que opera en Buenos Aires y el respaldo de fundaciones norteamericanas, según documentos internos (https://tramas.ar/2021/08/26/ppp-propiedad-privada-patagonia-documentos-internos/)fechados a noviembre del año pasado. Tres de los moderadores de los paneles son conducción política del PPP: el abogado Miguel del Pino, socio del estudio Marval, O´Farrell & Mairal que hace el asesoramiento legal general del proyecto; el constitucionalista Daniel Sabsay, asesor legal; y Luis Castelli, referente de la Funafu para la recaudación de aportes en dólares para el funcionamiento del proyecto a un año.
Para noviembre del año pasado, entre estancieros y propietarios de inmuebles de alta gamma de la zona, circularon al menos dos documentos del PPP. Uno era el estatuto de participación, que plantea entre los objetivos del proyecto, textualmente: “Colaborar en la resolución satisfactoria de las ocupaciones ilegales actuales de propiedades urbanas y rurales dentro de los territorios de la Provincia de Río Negro, de la Provincia del Neuquén y de la Provincia del Chubut y tomar las medidas conducentes para intentar evitar nuevos hechos de ocupaciones de tierras en dichas provincias en el futuro, buscando soluciones de largo plazo para todos los incumbentes”. Y, “defender el ambiente, los parques nacionales y parques provinciales y las tierras públicas”. No es coincidencia ni azar la correspondencia con los objetivos públicos de la Mesa Consenso Bariloche.
Escenarios
Este miércoles en Bariloche la acción se desarrolló en al menos tres escenarios:
- El del foro dentro del hotel Inacayal, propiedad del empresario Hugo de Barba;
- El de la calle con expresiones del pueblo mapuche y de jóvenes “libertarios” emponchados en banderas argentinas, sujetos políticos que están directamente interesados en la explotación económica de los territorios (recreación y deportes extremos); y,
- La trastienda de las conversaciones y discusiones sectoriales y entre referentes, que con el correr del tiempo explicarán el faltazo del senador Alberto Weretilnek, el desplazamiento de ONG ambientalista Árbol de Pie, el posicionamiento del intendente Genusso que recibió y escuchó a las comunidades y organizaciones primero y se desenmarcó de las posiciones beligerantes en el cierre del foro, para sorpresa de muches.
“Cuando empezabámos a reunirnos por el proyecto del parque central no lo percibíamos como un riesgo real”, dijo la gobernadora, a tono con lo que la audiencia del hotel quería escuchar. Por su parte, a pocas cuadras del paquetísimo hotel, el intendente aseguró que “desde el municipio no tenemos ningún problema ni con las comunidades ni con los territorios comunitarios. Sólo le hemos dicho al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que nos pregunten para saber si después tenemos que llevar servicios, hacer obras. No tenemos nada contra la comunidad Quijada (ladera sur del cerro Otto), a la que hemos ayudado cuando hemos podido”, refiriéndose tal vez al conflicto con el country Arelauquen que le impide el libre acceso al territorio por el camino más corto.
Sabsay, del Pino, el abogado Ernesto Saavedra, entre otros expositiroes, cuestionaron por tibia la decisión del Obispado de San Isidro que congeló la querella contra la Lafken Winkul Mapu por presunta usurpación en Mascardi. De allí saltaron a cuestionar al jefe del Estado Vaticano, por sus críticas a la propiedad privada. Tal vez desconocieron o subestimaron trayectorias locales, las que planteó Genusso al cierre. Se remontó a su trabajo en la década del 80 en el barrio popular Virgen Misionera, cuando fue docente de jóvenes adultos en los talleres nocturnos “Monseñor Angelelli” y muy pocos se reconocían en su identidad mapuche. “Hoy estamos mejor”, indicó, valorando positivamente el proceso colectivo e individual de autoreconocimiento ante un auditorio que no podía creerlo. Cerró con una frase de monseñor Esteban Hesayne, El Turco, el obispo de Viedma que creó aquellos talleres de adulto. Pocos aplausos, mucho silencio. Resta saber si fue un gesto de ocasión o una fisura en los proyectos de las clases dirigentes.
PPP ( PROPIEDAD PRIVADA PATAGONIA) DOCUMENTOS INTERNOS
Una fundación ambientalista canaliza un proyecto para frenar la demanda territorial de los pueblos originarios. Tiene base social entre empresarios, ganaderos y desarrolladores inmobiliarios.
Proyecto Propiedad Privada Patagonia-1
https://drive.google.com/file/d/1rcyqtvz1IaODGNrqhayK8QjiP01nKBp6/view?usp=sharing
Proyecto PPP – Reglamento
https://drive.google.com/file/d/10NLRvLUfVM8RCF9noGKskEUiMYOuNBbk/view
FUENTE: TRAMAS, periodismo en movimiento
Este viernes en todo el país se realizará
la 7ma. «Marcha contra el gatillo fácil» /
Entrevista a Emilia Vasallo
Por Juan Borges, Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021.
foto: La primera de la izquierda es Emilia Vasallo, en otra de las marchas contra el gatillo fácil.
-Basta de gatillo fácil, ni un pibe menos, ni una piba menos. Ni una bala más, el Estado es responsable”.
Este viernes 27 de agosto se realiza la séptima marcha contra el gatillo fácil y todas las formas de represión del Estado. Según índices registrados por organizaciones de derechos humanos se registra una muerte cada 20 horas.
Esta marcha se realiza todos los años desde el 2015 cuando familiares de jóvenes asesinados por casos de gatillo fácil se agruparon en torno al asesinato de Ismael Sosa, asesinado por la policía de esa provincia en Villa Rumipal.A partir de esa convocatoria fundante se fueron sumando otras provincias cada año para denunciar el recrudecimiento de las políticas represivas del Estado.
La llamada “Doctrina Chocobar” impulsada por el gobierno de Mauricio Macri justifico la violencia policial durante su gobierno. Posteriormente mientras transitamos la gestión actual del Frente de Todos se mantuvo y profundizo durante el ASPO en el 2020.
Dialogamos con Emilia Vasallo, madre referente y organizadora de la marcha.
Resumen Latinoamericano: ¿Quiénes convocan a la marcha y cuáles son las consignas?
Emilia Vasallo: Las consignas son varias. Algunas que podemos mencionar son:
-Basta de gatillo fácil, ni un pibe menos, ni una piba menos. Ni una bala más, el Estado es responsable.
Esa es la principal consigna. Esta marcha está convocada por los familiares de víctimas de gatillo fácil. Es la séptima realizada a nivel nacional. Lamentablemente cada año se van sumando más provincias. Organizamos los familiares y las organizaciones acompañan. Los familiares somos la voz de nuestros hijos e hijas que ya no están y por eso estamos luchando. Por un futuro mejor para nuestros hijos, nuestros nietos. Que finalmente dejen de suceder tantos casos de violencia.
R-L: ¿Cómo ve la situación actual en materia de violencia institucional y gatillo fácil?
E-V: Lamentablemente los casos se vienen incrementando año a año. Gobierne quien gobierne esto no cambia. El gatillo fácil es ejercido por el aparato represivo del Estado. Con sus instituciones que marcan una tendencia de tener un control social sobre la población pobre, trabajadora ocupada o desocupada. También sobre la población carcelaria. Algunos cometieron delitos y otros no lo hicieron sin embargo están encerrados debido a causas armadas. En una sociedad donde el capitalismo, que es un sistema de opresión y dominación necesita tener ese control represivo.
R-L: ¿Cómo definiría al “gatillo fácil”?
E-V: El gatillo fácil es un genocidio por goteo, encubierto por parte del Estado. Los casos de gatillo fácil aumentaron notablemente con el gobierno de Cambiemos. El modelo neoliberal que implementaron es hambre para el pueblo, represión cuando sale a reclamarlos pibes no tienen un proyecto de vida. No tienen acceso a la educación ni a un trabajo. La mayoría que hoy por hoy están presos son entre 18 y 27 años que no pudieron terminar la escuela. Crecieron y se criaron en ambientes de violencia. Donde toda su niñez vivieron necesidades y falta de atención familiar por razones laborales. Lamentablemente esos pibes no tienen otra salida. Ven que el poder roba con guante blanco y nunca son condenados. Sin embargo al pibe o la piba de los barrios los ejecutan por ser pobres. Esa es la esencia del gatillo fácil.
EN SALTA
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