¿Qué dice la reglamentación de la
ley de cupo laboral travesti trans?
Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021.
La reglamentación de la ley Diana Sacayán-Lohana Berkins extiende el alcance del cupo laboral y prevé otras medidas de inclusión. Qué dicen las voces travestis y trans y por qué reclaman tratar edad jubilatoria y reparación.
La Ley de Promoción del Acceso Formal al Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros “Diana Sacayán – Lohana Berkins” se reglamentó y publicó este lunes en el Boletín Oficial. Activistas reconocen la importancia de materializar este reclamo histórico y empujan además la necesidad de impulsar alguna política pública que tenga en cuenta la edad jubilatoria de estos colectivos para conseguir una reparación histórica.
“A partir de la reglamentación podemos instrumentar todo el proyecto de ley. Con ella podemos extender el alcance del registro del cupo trans, que antes era solo para el sector público del gobierno nacional ejecutivo, y ahora son los tres poderes del Estado. También se suman capacitaciones y la formación en el empleo con el Ministerio del Trabajo, entre otras cosas”, dijo a Presentes Alba Rueda, activista trans y subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación.
La ley que el Congreso de la Nación sancionó el 24 de junio –Ley Nº 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”– establece que el Estado nacional (comprendido por los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado, “debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal, puestos de trabajo con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
Aprobación de la Ley se festeja frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires. Foto: Ariel Gutraich
Los principales puntos
De sus 23 artículos, la ley tiene reglamentados siete. “Esta reglamentación tiene mucha competencia dentro del Ministerio de las Mujeres, pero también hay otros artículos que son específicos de otros ministerios. Aquellos van a ser reglamentados, son parte de los procedimientos administrativos que guarda una normativa”, explicó Rueda.
Entre ellos, se establece que el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en los puestos de trabajo”, para que de esta manera se puedan ver garantizadas las oportunidades reales de acceso.
Además, se prevé la promoción de acciones de sensibilización en perspectiva de género y diversidad sexual en los ámbitos de trabajo “para asegurar que la inclusión laboral se realice en condiciones de no discriminación y respeto a la identidad y expresión de género”.
La ley de promoción laboral travesti trans impulsa incentivos para la contratación de personas travestis, transexuales y transgénero en el sector privado, como la prioridad en las contrataciones del Estado a personas jurídicas o humanas del ámbito privado que incluyan a personas travestis y trans en su personal.
Marcela Tobaldi, presidenta de la organización travesti trans La Rosa Naranja, dijo a Presentes que “la comunidad travesti trans se encuentra en muy malas condiciones”.”La situación que vive el mundo y Argentina en particular -narró- es de postpandemia por la Covid-19 y lo que dejó el macrismo. Las organizaciones travestis trans en los diferentes territorios estamos distribuyendo bolsones de alimentos, haciendo todo lo posible para acompañarnos. Por eso deberíamos con firmeza actuar y dar empleo a muchas más compañeras”.
Para la activista travesti Lara Bertolini, “la reglamentación no contempla que las personas mayores de 40 años deberían tener un acceso primario al cupo. Porque siempre sucede que cuando aparecen estas leyes las mismas formas hegemónicas tienden a incorporar a personas trans de 18 o 20 años”, dice Bertolini. “Falta la edad jubilatoria de las personas trans”, agrega.
Lara Bertolini. Foto: Ariel Gutraich
Además, resalta la importancia de que, más allá de la inclusión laboral, persista la seguridad social de las personas trans. “Que el ingresar al ámbito laboral formal no obstaculice una pensión no contributiva por discapacidad o programas sociales de ayuda a vivienda o alimentación. Porque este acceso no determina la extinción de la falta de derechos: es importante que no perdamos esas reparaciones que existen hasta el momento y que son necesarias para extender la vida de las personas trans”.
El colectivo reclama una reparación urgente para personas travestis y trans. “Pedimos al presidente y al Congreso de la Nación la indemnización respecto de los delitos de lesa humanidad que corresponden a los edictos policiales y aún hoy a los códigos contravencionales que permiten la estigmatización, persecución contra las mujeres y feminidades travestis y trans. Tenemos que ser conscientes de que hubo un terrorismo de Estado identitario”, explicó Bertolini. Destacó la necesidad de una indemnización para compañeras travestis y trans mayores de 50 años.
Foto: Ariel Gutraich
Cómo se va a aplicar
El decreto que aprobó la reglamentación de la ley establece que el Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad sea la Autoridad de Aplicación de la ley. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estará a cargo de dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que sean pertinentes para hacer efectivo los beneficios impositivos previstos en la Ley Nº 27.636.
Por último, la reglamentación de la ley procura que esta sea de aplicación federal con el objetivo de “eliminar barreras geográficas, en tanto el patrón estructural de vulnerabilidad de las trayectorias de vida de personas travestis, transexuales y transgénero es caracterizado por la transversalidad de impedimentos en el acceso efectivo a derechos”.
Reclamo por cupo trans en el #8M en las calles de Buenos Aires. Foto: Ariel Gutraich
Antecedentes de la Ley: decreto y cupos
La Ley 27.636 surgió por la necesidad de dar respuesta a un contexto en el que “las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgénero están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización sistemática por una gran parte de la sociedad y de las instituciones” que implican “dificultades para el efectivo ejercicio del derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como también a la protección frente al desempleo, sin discriminación alguna”, asegura el Decreto 659/2021 que aprobó hoy la reglamentación de la ley.
La ley tiene como antecedentes a la Ley de Identidad de Género N°26.743 y al Decreto Nº 721/20, por el cual el Poder Ejecutivo estableció que los cargos de personal del sector público nacional deben ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad por personas travestis, transexuales y transgénero.
Fuente: ANRed
Grooming y acoso intrafamiliar:
también para esto está la ESI
Por Elena Moncada, Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021.
Los talleres que coordino, que son mi trabajo en esta etapa de mi vida, me siguen dando muchas satisfacciones porque creo que son un aporte a los proyectos educativos de distintas instituciones, como la escuela Constituyentes, la escuela Almirante Brown y el IPEI, donde estuve recientemente o estaré en los próximos días. Me alegra que me convoquen, porque significa que las escuelas valoran lo que puedo comunicar a partir de lo que me ha tocado vivir. Ahora que las escuelas vuelven a organizarlos y que me reencuentro con niños, niñas y jóvenes, noto que algunos temas se han vuelto urgentes.
Las docentes me han pedido que hable, por ejemplo, de grooming. Resulta que durante el aislamiento de 2020, cuando los niños estaban mucho tiempo en las redes, los depredadores sexuales tuvieron más oportunidades que nunca de relacionarse con menores, convencerlos de enviarles fotos y después extorsionarlos para no publicarlas. Esto dejó a niños, niñas y jóvenes en manos de pedófilos y de proxenetas. Muchas chicas desaparecidas en esos meses fueron captadas de esta manera. De este tema suelen hablar en los talleres las compañeras Agustina, Naty, Erica y Lorena, que se han especializado en lo que pasa en las redes.
También ocurrió en esos meses que aumentaron los abusos intrafamiliares, ya que al tener que permanecer todos en casa, sin salir a trabajar ni a la escuela, los abusadores tuvieron más oportunidades de acosar y abusar a sus víctimas. Las docentes que me convocan para que hable en las escuelas están muy preocupadas por el abuso en las infancias, especialmente por el abuso intrafamiliar, ya que en el caso de niñas embarazadas los violadores suelen ser padres, hermanos o tíos. Hablar de estos temas hace que, con el tiempo, los niños y las niñas se animen a contar lo que les está pasando en sus casas y sea posible ponerle freno a la voracidad de los abusadores mediante la intervención de la justicia.
Un tercer tema que ha cobrado importancia en este tiempo es el uso de drogas. Las docentes detectan que hay niños, niñas y jóvenes que han empezado a consumir y buscan crear conciencia en ellos de los daños físicos, psíquicos y sociales que acarrea el abuso de sustancias.
De todo esto hablamos con ellos, y hacemos de eso nuestro medio de vida. Y nos hace felices saber que vivimos de ayudar a que a otros no les pase lo que nos pasó a nosotras: es importante que las nuevas generaciones encuentren en los adultos una escucha atenta y confiada, para que los violadores y los proxenetas no puedan aprovecharse de su vulnerabilidad. Ese es el espacio que crea la Educación Sexual Integral, un espacio de confianza, de solidaridad y de apertura.
En Salta exigen que se anulen las
causas judiciales iniciadas por
«aborto»
Por Maira López, Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021.
En la provincia existen 3 mujeres que fueron condenadas, sin precisar datos que permitan saber si mantienen una condena efectiva o de cuánto tiempo es la misma.
El 28 de septiembre, fue el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, y con ello, se conmemoró el primer año del aborto legal en la Argentina, a través de la Ley Nacional N° 27.610, de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, ocurrida en diciembre de 2020. Este primera conmemoración trajo consigo nuevamente la demanda por la revisión de las causas penales contra mujeres que fueron denunciadas o condenadas bajo la etiqueta de «aborto».
De acuerdo a la información que el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, se supo que desde el 2012 hasta el 31 de enero de 2021, existieron 151 denuncias en la provincia bajo dicha etiqueta. De ese número, y sin mayores detalles, se muestra que 3 mujeres fueron condenadas, sin precisar datos que permitan saber si mantienen una condena efectiva o de cuánto tiempo es la misma.
La falta de información respecto a la criminalización existente hacia las mujeres, varones trans y personas no binarias con capacidad de gestar, no es una falencia exclusiva de Salta, sino que se repite en varias de las jurisdicciones del país. Así lo señaló el informe denominado La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina, que hasta diciembre del año pasado trabajó con 16 de las 24 jurisdicciones del país, con Salta incluida.
El informe señala que la falta de respuesta sobre este tipo de casos es un dato significativo porque «nos informa sobre un punto ciego del poder judicial, sobre las preguntas que los poderes judiciales no se hacen, sobre la ausencia de problematización de los eventos obstétricos y las políticas penales puestas en marcha para criminalizar a esas mujeres».
En la mayoría de los casos, las situaciones de aborto y otros eventos obstétricos -como una complicación en un parto inesperado, en un parto en condiciones paupérrimas o en un aborto espontáneo, en contextos de precariedad y miedo- terminan en acusaciones penales graves, como homicidio agravado o abandono de persona.
Así lo comparte también la abogada de la Fundación Gema, Tania Kiriaco, quien señaló que la mayoría de las causas se tipifican bajo homicidio agravado por el vínculo. La letrada sostuvo que en base a la cantidad de denuncias que registró Salta, se evidenció el vacío legal que existía en ese tipo de conductas, previo a la sanción de la ley 27.610. «Las mujeres finalmente no van a tener que cumplir ningún tipo de condena», destacó como primer paso para una plena autonomía, sin dejar de lado a las causas vigentes.
Los datos de Salta, señalan que de las 151 denuncias, sólo en 10, se abrieron legajos y se habilitó a la imputación. Mientras que 36 denuncias fueron archivadas; 2, fueron requeridas a juicio; una fue llamada a audiencia de debate, y también se dio la condena a 3 mujeres: en 2015, 2016 y 2018. No se registraron resoluciones vinculadas a sobreseimiento ni a absolución.
En ese sentido, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, están llevando adelante la campaña Libres las queremos, que busca acompañar a las criminalizadas injustamente y pedir por la anulación de las causas vinculadas a aborto. Con la nueva acción encaminada, pudieron saber que en el país existen 1532 causas con dicha etiqueta, y que hasta hace unas semanas, ya lograron la liberación de 9 mujeres que estaban presas.
Su representante a nivel nacional, Rosana Fanjul, contó a este medio que en el caso de Salta «no se ha podido lograr la revisión de las causas». Remarcó que «no es un camino fácil», y que el primer paso para poder actuar es tener el consentimiento de la persona detenida. Y con esta premisa es que se encontraron con casos donde las mujeres acusadas no querían recibir un asesoramiento por declararse en contra del derecho al aborto.
A pesar de ello, desde Libres las queremos, sostienen que la exigencia no es a las mujeres, sino al propio Estado. Fanjul señaló que cuando salió la ley, que entró en vigencia el 24 de enero de 2021, inmediatamente se tendría que haber revisado y caído todas las causas vinculadas por aborto. «El Estado tendría que haberse ocupado de revisar esas causas», reiteró.
Contó que «desde la campaña le transmitimos (al gobierno nacional) la información recolectada en el informe, pero no se accionó», dijo su integrante, agregando que «tuvimos reuniones, pero actuaciones concretas, ninguna». Es por eso que trabajan con equipos interdisciplinarios de «forma artesanal», como ellas la definen, donde revisan cada uno de los casos, logrando «influir» en distintas causas.
También dijo que no es tan difícil revisar las causas judiciales de las mujeres, que ocupan sólo el 4% de toda la población carcelaria del país. Por eso, es que piden que «liberen con domiciliaria a todas las presas por aborto y eventos obstetricos, y así poder revisar sus causas en libertad». Sostuvo que «sólo hay castigo» porque ni siquiera se puede garantizar la comida en los penales, atención médica, o talleres que den una salida laboral.
En ese sentido, Fanjul afirmó que si bien el feminismo ha demostrado tener en estos años un poder de decisión en la agenda pública; «no somos paraestatales y el Estado debe tomar la responsabilidad y garantizar los derechos de las personas». En la actualidad, el saldo de Libres las queremos, son 9 liberaciones obtenidas de las 1532 causas registradas en todo el país.
Con todo ese recorrido, es que la militante por el aborto legal también afirmó que «el sistema judicial no está a favor de los derechos de las mujeres», ya que en muchos de los casos que han tratado, supieron que las mujeres no contaban siquiera con un defensor oficial. Sumado a que la totalidad de las mujeres criminalizadas se encontraban en situación de vulnerabilidad o pobreza.
«Hay un ensañamiento con los pobres y hay algo puntual con las mujeres detenidas», dado que las causas «no se mueven acorde a lo que realmente suceden en ellas», sino que en algunos casos los letrados toman resoluciones que están muy vinculadas a lo dictaminado por la prensa, con el fin de continuar la criminalización.
Estas situaciones son caracterizadas como «dispositivo de castigo», que refiere a una red que se establece entre discursos, instituciones estatales como policías y poder judicial, medios de comunicación, instituciones médico-científicas, fuerzas de seguridad, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, posiciones morales, «que en conjunto producen efectos de castigo y estigmatización sobre las personas imputadas».
«Esa red crea una racionalidad, produce formas de subjetividad, se inscribe en los sujetos y orienta sus prácticas», señaló el informe «La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina», elaborado por laCampaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y el Centro Universitario San Martín (CUSAM).
Por eso, Fanjul dijo que la liberación de las mujeres no es el paso último de la nueva campaña porque la gran mayoría de ellas, «tienen que reconstruir su vida después de meses o años de estar detenidas». A modo de ejemplo, sucedió que después de que una mujer obtuvo su liberación, regresó a su casa y se dio con que había sido saqueada.
«No sólo es liberarlas sino contenerlas como compañeras, hasta que puedan reconstruir sus afectos o familias si es que la tienen porque muchas están en estado total de abandono o con sus hijos», expresó. Cuestionando que en estas situaciones no hubo respuestas efectivas por parte de los gobiernos municipales, provinciales o nacional. «Es una tarea bastante cruda», describió, llegando a contar que muchas mujeres no tienen para el alimento diario.
Previo a estos dispositivos de castigos, también el informe señaló que las formas principales en que se inician las causas son por violación del deber de confidencialidad de parte de los profesionales de la salud o por la denuncia de personas allegadas o la misma mujer.
«Se recrudeció»
Fanjul dijo también que la criminalización sobre el aborto «se recrucedió más de lo que había antes de la sanción de la ley». Sostuvo que esto se debió a las acciones de sectores conservadores «que se manejaron de manera más hostil», ante quienes piden por la garantía de la interrupción legal o voluntaria del embarazo (ILE/IVE)). Destacando que en el caso de la ILE, es un derecho ya conquistado hace 100 años en Argentina.
Ante ese panorama es que trabajan de forma conjunta con la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Señaló que la Iglesia sigue siendo un factor determinante en determinados lugares porque «quieren instalar la ilegalidad de la ILE/IVE». Un caso de ello, es lo sucedido con la médica Miranda Ruíz, que afronta una causa penal en Tartagal tras practicar una ILE a una mujer de 21 años de edad.
En ese sentido, la abogada Kiriaco sostuvo que es importante «seguir sensibilizando», ya que la médica «fue denunciada por realizar algo que está permitido». Apuntó que dicha educación debe tener como principales receptores a los efectores de salud, a integrantes del sistema judicial y a los legisladores.
Incluyó a estos últimos porque en el caso puntual de la médica, se vio la contraofensiva antiderecho de los diputados Andrés Suriani y Cristina Fiore; y la concejala de Salvador Mazza, Claudia Subelza, que «subvirtieron el orden porque desconocieron una ley vigente», en palabras de Kiriaco. «Quienes más tienen que capacitarse son los mismos legisladores que deben conocer y respetar las leyes», apuntó.
Lxs coyas también ocupamos la
políticas
Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021.
La presencia de Alejandro Vilca disputando la banca por la representación como diputado en Jujuy causó sorpresa en la masa popular. Y es que, generalmente, la política es blanca y con apellidos europeos. Si nos referimos a Jujuy, un territorio gobernado por el autoritarismo, estractivismo y racismo de Gerardo Morales, Alejandro es visto como una esperanza necesaria para fortalecer la participación y visibilización política de personas racializadas e indígenas para luchar por nuestros derechos.
Son varios los lugares (públicos y privados) en donde faltamos lxs indígenas y racializadxs, para romper con los paradigmas culturales que nos mantienen en lugares de opresión, invisibilización y dominación. Por eso, muchxs se preguntan quién es el candidato a diputado que obtuvo el 23% de los votos en las primarias. Perteneciente al Frente de Izquierda (FIT) y a los Trabajadores Unidad, muchxs se preguntan ¿quién es Alejandro Vilca?
«A quienes no conocen mi historia les resulta novedoso que soy trabajador de la recolección y de izquierda, acá en Jujuy los candidatos y los que llegan al Congreso son todos de la oligarquía, de clase alta, no alguien que levanta la basura o que se reivindique coya, que tenga un apellido jujeño como el mío. Para muchos eso es disruptivo», dice Alejandro Vilca.
De 45 años, hermano de cuatro y padre de dos hijos. Creció en la pobreza junto a sus hermanos y una madre que se separó cuando ellos eran muy chicos y que tuvo que sostener a la familia vendiendo empanadas. La situación lo llevó a cuestionarse y darse cuenta de que “había que cambiar todo».
“Mi apellido quiere decir ‘sagrado’ en aymara o quechua, me miro al espejo y no podría autonegarme. Somos de la Quebrada de Humahuaca, pero acá somos todos así. Los ricos son los blancos”, expresó.
Fuente: TeleSISA
Movilizaciones contra el pago al
FMI: «las estafas no se pagan»
Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021.
En el marco de la crisis agravada por la pandemia, el 22 de septiembre el gobierno realizó el primer pago de capital al FMI, por la estafa consumada con Macri en 2018. Implicó el desembolso de casi 1900 millones de dólares – ¡más de $4000 por habitante! Se trata de una enorme suma de dinero que bien podría haber servido para mejorar las condiciones de vida del pueblo, que viene padeciendo la desocupación y la pobreza.
Llamamos a todas las organizaciones del pueblo trabajador, a todos los movimientos populares, a unirnos en la acción para exigir al gobierno que no se siga pagando la estafa. Exijámosle nuestro derecho a que se suspenda el pago y se investigue a fondo los orígenes y usos de este reclamo odioso, para repudiar lo ilegítimo e ilícito y sancionar a los responsables tantos locales como extranjeros. Esto es un verdadero crimen de lesa humanidad económico y de lesa naturaleza y para tener tierra, techo, trabajo, salud, agua, educación…, necesitamos ejercer nuestro derecho soberano a desconocer la estafa y dejar de pagar lo que no debemos.
Llamamos a movilizar el martes, 5/10, en una gran jornada ¡Fuera el FMI! Entre otros puntos del país, invitamos a participar en las siguientes localidades:
- CABA: 12 hs en el Obelisco, para marchar hacia Plaza de Mayo.
- JUJUY: 8hs Plaza Belgrano y localidades del interior
- MAR DEL PLATA: 10hs San Martin y Córdoba (Bco. Nación)
- ROSARIO: 11hs Plaza Sarmiento (San Luis y Entre Ríos)
- SALTA: 17hs peatonal Florida
- CÓRDOBA: 17hs Colon y General Paz hasta ex Plaza Velez Sarsfield
- TUCUMAN: 10hs Peatonal Muñecas y Mendoza
Los días previos, se seguirá con la realización de diversas acciones de difusión y denuncia, incluyendo algunas que tuvieron que suspenderse el día 22/9 por mal tiempo. Entre ellas, en Mar del Plata se harán volanteadas en el centro y algunos barrios, en Rafael Castillo habrá volanteada y radio abierta, y el lunes 4/10 en Rosario, en la Plaza de la Cooperación, se hará presente en el acto por el día del Hábitat Popular, conectando el drama de la vivienda con la esclavitud de la deuda. ¡Con el pago al FMI realizado la semana pasada, se podría haber construido 42.000 viviendas, dando además trabajo y capacitación a 200.000 personas!
Invitamos a todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales a unirse. El lunes 4/10, a las 17,30hs, se hará una nueva reunión autoconvocada para ultimar los detalles.
Fuente Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda
Envio:RL
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