Se define el miércoles el juicio abreviado al capo del juego clandestino
Audiencia clave para Peiti y otros peso pesados
La jueza Pedrana resolverá si homologa o no el acuerdo que el empresario hizo con la fiscalía como imputado colaborador y para lo cual debió aportar información incriminatoria.
Leonardo Peiti tiene agendada una audiencia judicial este miércoles que es clave para su futuro en el caso que lo investiga como organizador de una red de juego clandestino. La audiencia será presidida por la jueza Valeria Pedrana, quien deberá decidir si homologa o no el acuerdo abreviado firmado en septiembre pasado entre la defensa de Peiti y la Fiscalía en el marco de la investigación penal que lo tiene como imputado de liderar una asociación ilícita y que ya tuvo revelaciones inéditas, que derivaron en la destitución y prisión del ex fiscal regional Patricio Serjal y su subalterno, el ex fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad, entre otros, como así también el involucramiento del legislador peronista por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri. Si bien la cita está pactada para este miércoles a las 16, el abogado del empresario estima que se podría postergar para la semana que viene. A partir de esta audiencia se conocerán los alcances de fondo del acuerdo que se había filtrado en septiembre pasado, cuando se difundió que se trataría de una pena de tres a seis años de prisión y una multa de 536 mil dólares. Si es aceptado por la jueza, también debería conocerse el alcance de las menciones que Peiti hizo sobre Traferri y otros tres senadores de la provincia. En ese entonces, ante las versiones que circularon el senador por General López Lisandro Enrico se presentó ante los fiscales, se puso a disposición y pidió que se le informe si estaba siendo investigado. La respuesta oficial fue negativa.
Luego de la denuncia presentada por el senador Traferri ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura contra los fiscales de Delitos Complejos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra la semana pasada, y la posterior respuesta de la Asociación de Fiscales de Santa Fe en repudio a ese hecho, el caso por juego clandestino tiene un nuevo capítulo clave. Será el turno de conocer el alcance del acuerdo alcanzado entre la defensa del capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti y los fiscales acusados por el legislador en una clara maniobra de contrataque judicial.
La importancia de la audiencia pasa por saber si la jueza homologa el acuerdo que le concede a Peiti la condición de imputado colaborador a partir de haber declarado ante la jueza Eleonora Verón el 10 de septiembre pasado, en la que implica a Traferri y reconoce que para desarrollar su actividad participaba sus ingresos con actores de la política santafesina.
Si bien la audiencia está programada para este miércoles 24 a las 16 a través de Zoom debido a que Peiti se encuentra internado en una institución de salud mental donde cumple prisión domiciliaria desde hace seis meses, su abogado defensor Luis Rossini sugirió a Rosario/12 que podría no ser esta semana, y estimó que podría posponerse para la próxima. Además, el letrado manifestó que desde la defensa no hay ninguna expectativa en esta audiencia ya que se trata simplemente de “una audiencia formal” y que quienes le han dado mucha importancia a esto fue “el senador Traferri y su defensa”.
En septiembre pasado se había filtrado el contenido del documento por el que se acepta a Peiti en condición de imputado colaborador y se le impone una condena efectiva de tres a seis años de prisión y una multa de 536 mil dólares, que serían 236 mil dólares en efectivo y 300 mil en inmuebles. De todas maneras, todo esto deberá ser homologado por la jueza Valeria Pedrana, motivo por el cual se acordó esta audiencia. El imputado está sometido a procesos judiciales en dos jurisdicciones más por reiteración del mismo delito: en Melincué, donde el caso ya se elevó a juicio, y en Rafaela, donde también la pesquisa salpica a otros actores políticos e institucionales.
La novedad del testimonio de Peiti es aceptar lo que había dicho en una audiencia el fiscal Gustavo Ponce Asahad -que fue condenado por participar de esta asociación ilícita del juego ilegal, también un juicio abreviado que Traferri cuestionó judicialmente, vía denuncia a la jueza que lo homologó- el 4 de diciembre del año pasado: que una parte de la política provincial tenía una pata también en este esquema. Su abogado defensor Luis Rossini se negó a brindar detalles del acuerdo abreviado, pero en su momento había reconocido que "es muy importante lo que va a salir a la luz" y destacó que el documento está firmado por todos los fiscales que investigaron a su cliente.
Para los fiscales, Peiti conformó una asociación ilícita como organizador junto con Serjal (tiene prisión domiciliaria) y Traferri (protegido por sus fueros legislativos), y como miembros participaron Ponce Asahad (fue condenado y recuperó la libertad en septiembre), el empleado del Ministerio Público de la Acusación Nelson Ugolini, el fallecido zar del juego clandestino de Rafaela David Perona y el comisario retirado Alejandro Torrisi (que también firmó un abreviado).
Colectividades
25N, Día Internacional de lucha contra la violencia de género
Las demandas vuelven a la calle
Referentes de organizaciones que movilizan este jueves desde plaza San Martín al Monumento repasan la agenda de prioridades tras la pandemia.
Con una movilización y festival cultural, mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, bisexuales, indígenas, originarias y afro vuelven a las calles este jueves para decirle "basta" a la violencia machista. El movimiento convoca a partir de las 17 a marchar desde la plaza San Martín hasta el Parque Nacional a la Bandera -donde habrá bandas y feria de la economía popular- para visibilizar las demandas en un nuevo 25N, Día internacional de lucha contra la violencia de género. Referentas de las organizaciones coinciden con que durante la pandemia se profundizaron las violencias y ponen el foco en el incremento de las tareas de cuidado no remuneradas.
Según datos aportados por Mercedes Pagnutti, a cargo del relevamiento de femicidios del Observatorio de Violencias de la Corriente Mujeres -espacio referenciado en la concejala Norma López-, en lo que va del año Santa Fe registra 23 hechos -2 son travesticidios-, de los cuales 18 fueron cometidos en el departamento Rosario, donde la mayoría se dio en contexto de la criminalidad organizada.
En tanto, la unidad fiscal de violencia de género de la regional Rosario del Ministerio Público de la Acusación recibe unas 35 denuncias diarias por casos de violencia.
"El 2021 como el 2020 fueron años singulares y complejos producto de la pandemia, donde las violencias se profundizaron, donde son más preocupantes las reacciones patriarcales, la avanzada de la derecha, que de alguna manera refleja y muestra la resistencia a la democratización y a los avances de los transfeminismos. Muestra de ello son los femicidios, transfemicidios, travesticidios", dijo Majo Poncino del Movimiento Evita y Ni Una Menos Rosario, que integra el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria. Y recordó: "Seguimos exigiendo la aparición con vida de Tehuel de la Torre", en provincia de Buenos Aires.
Para Poncino, "se da una violencia disciplinadora de las conquistas de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias que no solo tienen como consecuencia la pandemia, sino que antecedieron cuatro años de gobierno macrista, un gobierno conservador que fue en detrimento de los derechos de las mayorías".
Por eso, para este 25 de noviembre la demanda es "juntas y juntes, en las calles para seguir denunciando que nos siguen matando". "Hoy por hoy los transfeminismos estamos asistiendo a una crisis económica, una crisis de cuidados con un aumento de la jornada laboral, hasta triple o cuádruple, producto de la pandemia donde el trabajo no remunerado se multiplicó en más de un 75 por ciento. Hubo una caída de la actividad económica de las mujeres; y el cupo laboral trans sigue siendo insuficiente. El transfeminismo entiende que el trabajo es con inclusión y con orgullo, entonces en función de esto necesitamos políticas públicas que logren articular las demandas del colectivo LGTBIQ+ con una condición real de posibilidad al mercado laboral", planteó.
En ese sentido, Liliana Leyes, de ATE Rosario e integrante del Comité, sumó que "la pandemia incrementó las situaciones de violencia y complejizó el abordaje, acrecentando las denuncias. Ocultó formas de violencia, paritarias a la baja, falta de personal, de licencias y excesivas horas de trabajo. Venimos marcando la división sexual de trabajo y en esta pandemia fue muy notorio, por eso exigimos que estas labores sean reconocidas como parte de nuestros derechos laborales", repasó.
Por otro lado, Poncino sostuvo: "Sabemos que el acceso al techo y a la tierra, y más ante situaciones de violencia, sigue siendo una demanda. Es difícil acceder a créditos, un alquiler y más ante condiciones de desigualdad y vulnerabilidad". Sobre ese punto, Leyes sumó: "Nos encontramos en emergencia habitacional. El costo de vida y la precariedad aumentaron y dificulta una forma digna de vida. Aunque hay políticas públicas en este sentido, deben aumentarse".
Otro de los ejes es la "reforma judicial transfeminista, popular e interseccional. Necesitamos una justicia con perspectiva de género que nos brinde seguridad y no nos culpe o responsabilice de las violencias y desigualdades que vivimos cotidianamente", señaló Poncino.
En ese sentido, consideró que "todas estas situaciones reflejan el crecimiento y aumento de la feminización de la pobreza. Es por eso que queremos avanzar en la autonomía de la independencia económica de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias, para la erradicación y prevención de la violencia; pero parece, en estos tiempos, un límite claro por parte de las corporaciones que concentran la producción y distribución de los alimentos, son los que ponen los alquileres imposibles de pagar y los que nos endeudan cada día. Nosotras, nosotres decimos que la deuda es con nosotres. No existe posibilidad o salida de la crisis económica sin fortalecer las estructuras de cuidado, sin insertar a mujeres y diversidades en sectores estratégicos de la economía, sin reconocer a las trabajadoras de la economía popular, las que estuvieron en la primera línea de la pandemia, que le dan a miles y miles de familias de comer todos los días en todo el país. No se puede activar la economía sin tenernos en cuenta. Entendemos que es con trabajo, pan y vivienda, y es con nosotres".
Por ello, apuntó a que "es necesario que se produzcan respuestas desde los tres niveles del Estado y de la sociedad en su conjunto para la erradicación y prevención de las violencias".
Leyes también mencionó a las compañeras que "durante estos dos años sostuvieron la asistencia social en comedores, en cada uno de los lugares fueron pilares importantísimos para las políticas públicas y no tuvieron el reconocimiento merecido". Además, enumeró: "Seguimos impulsando la ley de paridad; los refugios que son tan necesarios en momentos urgentes, y la articulación con organizaciones que acompañamos a víctimas. También, la implementación de la ESI en todas las escuelas, y el cupo laboral travesti trans".
Cuestionó que la Cámara anulara el acuerdo en la megaestafa inmobiliaria del sur provincial
El fiscal Merlo defendió el abreviado
A una semana de la resolución de la Cámara Penal de Rosario que rechazó el acuerdo abreviado por la megaestafa inmobiliaria en el sur provincial cometida por una banda que tuvo 62 víctimas y se apropiaba ilegalmente de propiedades, el fiscal regional de Venado Tuerto Matías Merlo insistió que el juicio abreviado era “una solución integral” que lograba una rápida condena de los implicados (6 en total, con prisión incluida para los principales integrantes de la banda) y un justo resarcimiento a las víctimas. En declaraciones a Venado 24 dijo no entender la decisión del tribunal y adelantó que “ahora se va a dilatar todo y quedará un proceso abierto por años. Encima el cabecilla de la organización, Antonio Di Benedetto, fue liberado“.
Los camaristas Daniel Acosta, Carina Luratti y Alfredo Ivaldi cuestionaron que el abreviado no preservaba debidamente los derechos y el resarcimiento a las víctimas. Merlo lo negó: “No tuvieron en cuenta que antes de firmar el abreviado citamos a las víctimas para que nos digan si estaban de acuerdo y nos manifestaron su aprobación. Y luego agregó: “Además, si se cerraba el caso ellos iban a poder recuperar sus bienes inmediatamente, ahora van a tener que esperar el juicio oral, que con suerte puede culminar a mitad del 2022. Después, seguramente, habrá otra apelación y así pasarán 4 o 5 años para que culmine todo”.
Además al tribunal las penas les parecieron leves. “Quizás en el juicio oral y público logremos una pena mayor, pero también lo que es seguro es que todo se va a dilatar. Nuestro objetivo, con el cual las víctimas estaban de acuerdo, era darle una solución integral al tema lo antes posible. Y lo más importante, más allá de un año más o menos de prisión, era que ellos iban a poder recuperar los bienes en el corto plazo”, defendió Merlo.
Las penas atribuidas en el abreviado al abogado Di Benedetto como jefe de la asociación ilícita fue de seis años y seis meses de prisión efectiva y a sus cómplices Raúl Jaime, 5 años de prisión; María de los Ángeles Sarría, 4 años de prisión efectiva; Luis Restovich, 4 años de prisión efectiva; Danisa Elisabet Pintos, 4 años de prisión efectiva; y al escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, 3 años de prisión condicional.
Tras declararse nulo el abreviado, los acusados deberán ir a un juicio oral y público. Fue el propio Di Benedetto, quien en un hecho inédito, apeló el acuerdo, disconforme con la calificación legal que le atribuyeron los fiscales, a pesar de que él mismo lo había firmado. Ante esa situación Merlo advirtió que era un intento “de dilatar su ingreso a prisión”. La jugada tuvo un resultado pésimo para el imputado: al ser rechazado sólo le queda ir a juicio oral, sin los beneficios del juicio abreviado y la casi segura imposición de penas de prisión más gravosas.
“La Cámara tendría que haber negado la apelación, pero en lugar de eso deciden tumbar el abreviado. Es una decisión que no entiendo”, le dijo el funcionario judicial al portal de noticias que dirige el periodista de Venado Tuerto Mauro Camilatto.
“El juicio abreviado era una solución más razonable. Di Benedetto estaría con prisión efectiva y las víctimas resarcidas. Lo nuestro era una solución más razonable e integral“, cerró diciendo Merlo, quien a su vez ya pidió a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) que fije fecha para la audiencia preliminar del juicio oral y público.
Según informó Venado 24, la primera consecuencia de la Cámara fue la liberación de Antonio Di Benedetto, un reconocido abogado de esa ciudad que estaba detenido y al que se le vencieron los plazos de prisión preventiva, por lo tanto salió en libertad, y como el Colegio de Abogados no le quitó la matrícula por no haber sentencia firme, puede ejercer la profesión.
Fuente:Rosario12
Balaceras sin límites: atacaron la parrilla El Establo y el local Jorgito Junior's
Hubo disparos contra el frente de los comercios durante el domingo por la noche. Un mozo y dos clientes heridos sin gravedad.
Dos balaceras se registraron este domingo poco antes de la medianoche contra locales gastronómicos de la ciudad. Los blancos atacados de manera casi simultánea fueron la parrilla y restaurante “El establo”, de la avenida Pellegrini entre Italia y España, y el local de comidas rápidas “Jorgito Junior's”, ubicado en 27 de Febrero entre Laprida y Maipú.
Se trata de dos puntos de la ciudad que este domingo por la noche de fin de semana largo mostraba mucha concurrencia. De hecho, hubo tres heridos. Por el lado de la parrilla, un mozo resultó herido por una bala y fue derivado en un automóvil particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Mientras que en el episodio del carrito dos personas fueron atendidas por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) sin demasiada gravedad.
En principio, uno de los atacante se paró frente a El Establo y gatillo cuatro veces contra el frente. Uno de los disparos dio en el techo y tras rebotar, hirió a un mozo.
Estos blancos parecen haber pasado un límite respecto a la seguilla de balaceras que se fueron desplegando en el último tiempo. Las balaceras contras las estaciones de servicio de la semana pasada suponían un paso intimidante dado que son lugares concurridos, pero estos locales gastronómicos lo son aún más.
Gastronómicos piden "más esfuerzo" y "abordaje estructural" contra la inseguridad
Los ataques en dos locales gastronómicos históricos como El Establo en avenida Pellegrini y Carlitos Junior's en 27 de febrero, activaron las alarmas de los empresarios del rubro.
Las balaceras contra la parrilla El Establo, en plena avenida Pellegrini y en un fin de semana repleto, activó la demanda de los gastronómicos de ese paseo al entender que se llegó a un límite. "Esto fue en Pellegrini e Italia, en un domingo víspera de un feriado, con muchísimo público, en un lugar emblemático. De ahí para abajo puede ser en cualquier lugar", sostuvo en La ocho, Alejandro Pastore, titular de Paseo Pellegrini.
El reclamo parece ser contundente: “Las autoridades a cargo de la seguridad tendrán que hacer algún esfuerzo más notable de lo que están haciendo. Tendrán que trabajar sobre las causas y no correr detrás de las consecuencias, porque sino esta es una historia de nunca acabar". Luego sugirió “cambiar las estrategias porque algo no está funcionando".
Por su parte, Carlos Mellano, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y afines de Rosario (AEHGAR) dijo en Sí 98.9: "Estamos sin palabras. Es una actividad muy dinámica, y por eso hay que tomar de manera estructural esta situación". "No sabemos la motivación de esta gente, pero debe haber un límite. Encima fue un fin de semana largo, con mucha gente, pero esto desborda cualquier análisis.
Fuente:RosarioPlus
La gran estafa
Puertos del Gran Rosario: una trama de contrabando, evasión impositiva y pocas causas en la Justicia
Evalúan una presunta evasión multimillonaria que un informe estima en alrededor de US$10.000 millones en la última década, que contrasta con la inexistencia de causas judiciales sobre contrabando, tanto de cereal como de estupefacientes.
Por Luciano Couso/Télam
Los puertos del complejo agroexportador más importante de América del Sur, enclavados en el Gran Rosario y por los que cada año sale el 80% de los envíos al exterior de granos y subproductos, son el foco de atención de una presunta evasión multimillonaria que un informe estima en alrededor de US$10.000 millones en la última década, que contrasta con la inexistencia de causas judiciales sobre contrabando, tanto de cereal como de estupefacientes.
Sobre las actividades de las 21 terminales portuarias instaladas a lo largo de los 70 kilómetros de costa del río Paraná, en el Gran Rosario, se tejen sospechas que en pocas ocasiones encuentran confirmación judicial.
La semana pasada, sin embargo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó en un depósito fiscal de Rosario 502 toneladas de soja que iban a ser exportadas a Paraguay sin documentación respaldatoria, mientras que un juez resolvió el decomiso de 8.100 toneladas de maíz almacenadas en un depósito de Campana, con destino a Uruguay.
Ayer, en operativo realizado en el puerto de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, un trabajo conjunto de personal de Aduanas y de la Dirección General Impositiva (DGI) logró evitar una exportación fraudulenta de 4.137 toneladas de maíz partido, cuyo origen no pudo ser justificado ni por la firma exportadora ni por el productor.
“La evasión de granos en la Argentina es multimillonaria. Argentina debe controlar su frontera y su comercio de granos, pesar y medir”, dijo a Télam Pedro Peretti, exdirector de Federación Agraria Argentina y miembro del Movimiento Arraigo.
En el mismo sentido, el diputado provincial de Santa Fe Carlos Del Frade, del espacio Soberanía Popular, un periodista que investigó este tipo de operatorias, afirmó que “se sabe muy poco de lo que pasa en las terminales privadas” ya que la actividad del sector se basa en “declaraciones juradas de las propias empresas”.
“No hay manera de saber bien qué es lo que realmente se exporta”, advirtió el legislador.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) informó que en los diez primeros meses del año las empresas liquidaron 28.086.928.631 dólares, lo que brinda una idea de la magnitud del negocio.
Un informe del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) estimó que “cerca de 20% de las ventas argentinas de estos productos al resto del mundo no se declaran en el país”.
Para ello, comparó los registros de exportaciones “de productos del capítulo 12 de la Nomenclatura Común del Mercosur”, con el valor declarado por las aduanas de destino.
“Para la última década, la sumatoria del valor anualizado (2011-2020) según los datos del Indec es de U$S 39.434 millones, mientras que, al observar la suma del valor declarado por las aduanas de destino para estos productos argentinos, el valor total declarado asciende a U$S 49.220 millones, lo que implica una diferencia de U$S 9.780 millones”, sostiene el informe del IADE.
El mismo trabajo retoma un estudio realizado en 2017 por el Instituto Wider, dedicado a investigaciones sobre economía del desarrollo en Naciones Unidas (ONU), sobre la evasión y la elusión corporativa, en el que la Argentina figuraba entre los cinco países del mundo con mayor pérdida de ingresos fiscales a manos de empresas transnacionales.
“Cerca de 20% de las ventas argentinas de estos productos al resto del mundo no se declaran en el país”, sintetiza el informe del IADE.
Peretti, en diálogo con Télam, sostuvo que “el comercio ilegal de granos abarca una serie de figuras, pero que son todas concomitantes en cuanto a que no se paga al fisco lo que le corresponde, y tendientes a mejorar los balances de las grandes compañías exportadoras”.
“Por eso es tan importante medir y pesar todo lo que entra y todo lo que sale”, remarcó Peretti, quien propone la creación de una Agencia de Pesos y Medidas, a las que considera como “cuestiones centrales para una política fiscal”.
Las 16 principales compañías del sector explicaron el año pasado, de acuerdo al ranking elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el envío del 89,7% de los productos agroalimentarios argentinos al exterior.
En 2016, el inspector del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Norberto Bardey, advirtió que una publicación del organismo informaba que una parte de las 212.488 toneladas de soja importadas de Paraguay en el primer cuatrimestre del año habían ingresado por el puerto que la cerealera Louis Dreyfus tiene en la localidad de General Lagos, distante 22 kilómetros al sur de Rosario.
“El puerto estaba inactivo desde hacía cinco años por un incendio”, denunció en esa oportunidad Bardey, quien notificó del hecho a sus superiores.
Tras la denuncia, en vez de abrirse una investigación el funcionario fue trasladado a un destino de “castigo”, relató el propio inspector del Senasa al equipo de investigación de Radio Nacional (Nacional Doc), que edita regularmente un podcast para el ciclo “Conocer Nacional”.
El año pasado ingresaron a los puertos del Gran Rosario 2.632 buques oceánicos, la cifra más alta desde que se lleva registro en los últimos 20 años.
Además del tema granos, el diputado Del Frade advirtió que los acuerdos internacionales y regionales de libre navegación para buques de bandera extranjera impiden que en la Argentina se controle “la carga de un barco en movimiento”, lo que explica “los cargamentos grandes de cocaína” que en los últimos años “se han detectado en Europa”.
Según el Centro de Patrones de Cabotaje, el 90% de la producción exportable se embarca en flota paraguaya y solo el 2% por la marina mercante argentina.
El anuario estadístico 2020 de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) informó que el año pasado se inició sólo una causa por contrabando de estupefacientes en la Justicia Federal de Rosario sobre un total de 1.833 expedientes iniciados en todo el territorio provincial de Santa Fe por distintos delitos vinculados al narcotráfico (contrabando, tenencia, comercialización, financiamiento de actividades ilícitas, etcétera).
En 2019 se formaron 6 causas por contrabando de estupefacientes pero, según un operador judicial consultado por Télam, “son causas menores que no involucran a la actividad de los puertos”, sino el envío de narcóticos por correo desde otros países.
Un fiscal federal que pidió reserva de su identidad afirmó que el del contrabando y la evasión impositiva “es un tema que no está abordado en esta jurisdicción, no hay una definición de política criminal efectiva y es una vergüenza, porque están los puertos más importantes del país”.
Del Frade, por su parte, aseguró que las sospechas sobre un tráfico sistemático de drogas a través del río Paraná con destino a Europa comenzó a fines de los años ’90.
“El dato más preocupante apareció en 1998, cuando la DEA (Drug Enforcement Administration, agencia antidrogas de EEUU) hace el primer informe sobre narcotráfico en la Argentina desde la Argentina y afirma que la mayor cantidad de cocaína ingresaba a través de los puertos privatizados del Paraná, entre ellos el de Rosario, el de San Lorenzo y el norte de la provincia de Buenos Aires”, detalló el diputado, que escribió el libro “Ciudad blanca, crónica negra–Historia del narcotráfico en Santa Fe”, en el que aborda el tema.
Para el legislador, el contrabando “es una matriz que la democracia recicla” y en la que “se suma cualquier tipo de cosas: cereal, marihuana, armas. Esta es una matriz que tiene más de 40 años”.
Voceros judiciales dijeron a Télam que han sido pocas las causas por ese delito en los últimos años, y recordaron la llamada “Narco Arroz”, que en 2015 descubrió 40 litros de cocaína líquida impregnada en granos en un depósito fiscal de Rosario y con destino al Exterior.
Del Frade planteó que “lo que es fundamental es tener el control, administración y planificación del comercio exterior argentino, a través del Paraná”.
“Eso es lo que nos falta, hacer un ejercicio de descolonización mental, porque los propietarios de los puertos somos nosotros, no los inquilinos (concesionarios). No puede ser que Cargill y las demás nos pongan las reglas de juego”, concluyó el legislador.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
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