El estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001 está precedido de una larga secuencia de gestiones políticas que habían llevado al país a una situación de abultado endeudamiento externo y gran crisis social. El endeudamiento externo se había iniciado con la dictadura, que además había producido cambios sustanciales en la estructura productiva del país con un agudo proceso de desnacionalización de empresas y de desindustrialización, baja de salarios y crecimiento de la desocupación.
El gobierno de Alfonsín intentó enfrentar en los primeros tiempos la cuestión de la deuda y del control monopólico de la economía por parte de los grupos concentrados, pero siendo derrotado por esos grupos no se animó o no pudo hacer los cambios estructurales exigidos por el FMI y terminó arrasado por la hiperinflación. El gobierno de Menem echó mano a la venta de activos estatales como YPF, gas del estado, empresas de electricidad, etc. con lo que consiguió en los primeros tiempos hacer ingresar algunas divisas y un mayor circulante en algunas ciudades obreras fruto del pago de las indemnizaciones.
Hacia el final del gobierno se advirtió que no sólo no se habían mejorado las cuentas externas, sino que se habían perdido las principales empresas públicas, por lo que no se podían regular tarifas, y que se había incrementado el nivel de desempleados. Al gobierno de De La Rúa le tocó pagar la fiesta menemista y lo hizo de la peor manera: concediendo a las presiones del FMI, impulsando reformas regresivas y finalmente apelando a la represión abierta.
La continuidad en las medidas antipopulares y antinacionales entre la dictadura y los posteriores gobiernos constitucionales habían llevado al país a un profundo colapso económico social y a una bajísima credibilidad de la clase política y de la institucionalidad, y esos fueron dos elementos fundantes de la rebelión popular de 2001.
En ese contexto debe agregarse el condimento de la aparición de nuevos sujetos sociales y de organizaciones que expresaban la nueva realidad. Estos nuevos sujetos empezaron a expresarse en los cortes de ruta en ciudades petroleras, donde trabajadores que habían sido indemnizados al privatizarse empresas públicas como YPF se quedaron sin ningún sustento y decidieron salir a las rutas a reclamar trabajo.
Los primeros cortes se produjeron en Cutral Co y Plaza Huincul en 1996, después en Tartagal-Mosconi y posteriormente se extendieron a la periferia de Buenos Aires, en zonas donde quedaban restos de la experiencia obrera de las interfabriles, y una vivencia más presente de las luchas de los asentamientos. Si bien algunos partidos clásicos de la izquierda construyeron su rama piquetera, primero el PCR-CCC, después el Partido Obrero, en general los movimientos de desocupados fueron organizaciones nuevas, que se masificaron a partir de algunos núcleos militantes que sin ninguna expectativa en lo electoral, habían elegido empezar a construir con los marginados.
Los trabajadores con empleos formales y sindicalizados son también parte de esa lucha, en particular en algunas provincias como Jujuy, Chaco y Neuquén, y en la zona sur del conurbano bonaerense, aunque las conducciones centralizadas no llegan a sintonizar con la situación que se avecinaba. La CGT estaba ausente y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) propuso crear el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, que se puso a la tarea de juntar un millón y medio de firmas para promover la creación de tres instrumentos que en conjunto aportarían a un salario de ciudadanía: un denominado seguro de empleo y formación, de 380 pesos mensuales para cada jefa o jefe de familia desocupado, una asignación universal de 60 pesos por mes por cada hija o hijo de hasta 18 años, y otra de 150 pesos para los mayores de 65 años que no perciban jubilación.
La CTA advertía cuál era el problema social, pero apostó a que el conflicto iba a canalizarse por vía institucional. Por eso proponía presentar esas firmas en el Congreso, donde tenía diputados que impulsarían la iniciativa. No advertía que al desencadenarse el conflicto la rebelión iba a enfrentar al conjunto de la institucionalidad.
La aparición de este nuevo sujeto, donde los movimientos de desocupados eran el sector mas dinámico, tuvo distintas expresiones. A modo de ejemplo entre 1997 y 2001 funcionó el Encuentro de Organizaciones Sociales (EOS) con presencia en Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé, que se proclamaba independiente de los Partidos Politicos, las Centrales Sindicales y el Estado, y que reunía a 200 pequeñas organizaciones surgidas desde lo territorial. En las vísperas de la rebelión de 19 y 20 de diciembre florecieron en la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades las asambleas vecinales que eran autoconvocadas.
Las jornadas del 19 y 20 de diciembre están precedidas en los meses previos por otras luchas. Una de las más significativas se desarrolló en Mosconi en julio de 2001, donde una pueblada popular enfrentó a la Gendarmería durante días con el saldo de dos muertos: Carlos Santillán y Rubén Barrios.
En los dias previos, entre el 14 y 18 de diciembre, la grave crisis económica agravada por la inminencia de las fiestas de fin de año, se expresó en saqueos a comercios en distintas ciudades del país y, en aquellos lugares con mayor organización, en plantones frente a los supermercados para exigir alimentos. Los enfrentamientos del 19 y 20 de diciembre tuvieron algunos detonantes como el corralito impuesto a los ahorros en dólares que provocó la furia de los ahorristas porteños, y la implantación del Estado de Sitio por parte del Presidente De la Rúa, pero su significado excede en mucho estas provocaciones.
La rebelión de diciembre planteó una fuerte impugnación a toda la clase política y a la institucionalidad de gobierno. La consigna “Que se Vayan Todos” estaba acompañada por la realidad que los legisladores y dirigentes políticos no salían a la calle por temor a ser escrachados. El diputado de izquierda Luis Zamora era una de las pocas excepciones.
Las decisiones del Presidente que reemplazó a De la Rua, Adolfo Rodríguez Sáa, que inmediatamente convocó a las Madres de PLaza de Mayo a la Casa Rosada y proclamó la suspensión del pago de la Deuda Externa, tiene que ver con la desesperación de la clase politica que tiraba manotazos de ahogado para tratar de salir de su situación de total ilegitimidad política.
Sobre lo ocurrido en esas jornadas memorables se generaron distintos relatos. El radicalismo y la derecha oligárquica acusaron al peronismo de promover estos incidentes. Es cierto que el Justicialismo no intentó aplacar los ánimos, ni corrió en auxilio del gobierno. Pero, salvo por el hecho de que algunos punteros políticos territoriales consintieron, o acompañaron algún saqueo, es evidente que lo ocurrido pasó muy por afuera de la conducción política y la estructura clientelar del PJ. Muchos peronistas estuvieron en la calle el 19 y 20 de diciembre, pero por la libre, no hubo expresiones orgánicas del peronismo comprometidas en la revuelta.
En la vereda opuesta de la postura que reduce la génesis de estos acontecimientos a una conspiración del justicialismo, ha tenido y tiene mucho predicamento la versión de que se trató de hechos exclusivamente espontáneos. Esta versión que difundieron a nivel local grupos autonomistas, fue publicitada fervorosamente por periodistas y analistas de otros países y asociadas a algunas interpretaciones particulares del fenómeno neo zapatista como las del intelectual europeo John Holloway (cambiar el mundo sin tomar el poder...).
Desde esa mirada la gran novedad y radicalidad de la rebelión popular argentina se debía a haber surgido al margen de toda expresión organizada, y sin lastres históricos. En espacios militantes traumatizados por la caída del muro y muy propensos a asociar organización, herramienta política o partido con burocracia, esta interpretación de innegable raíz eurocéntrica tuvo mucha aceptación. Esta versión sobre lo ocurrido centró su mirada en un sector localizado, lo ocurrido en Capital Federal y en un corto período de tiempo.
Sin desconocer que estos hechos tuvieron un componente espontáneo, en particular por lo protagonizado por el efímero despliegue de los caceroleros porteños, desde una mirada nacional y más larga, parece claro que lo ocurrido en ese momento fue la eclosión de un largo período de acumulación de luchas que se inicia en tiempos del menemismo en todo el país y donde se combinan luchas y organizaciones clásicas como son las movilizaciones, marchas y huelgas promovidas por sindicatos, con cortes de rutas y avenidas, plantones y otras formas de enfrentamiento promovidas por las nuevas organizaciones piqueteras.
En una mirada aún más larga, si superponemos los mapas de las interfabriles de los años 70 con los lugares donde se produjeron los asentamientos en los 80 y aquellos donde surgen las expresiones más radicales del movimiento piquetero, podemos advertir que hay una continuidad de lucha en los mismos territorios.
La rebelión popular produjo un retroceso de los sectores dominantes, que se mostraron dispuestos a hacer concesiones para preservar la salud del sistema, y un repliegue de la clase política. Pero a diferencia de países como Bolivia, donde los mismos protagonistas de luchas como las guerras del agua y del gas crearon su intrumento poilítico electoral y llegaron a la presidencia con Evo Morales, en la Argentina la crísis política desatada por la rebelión de las fuerzas populares, no pudo ser capitalizada por quienes la generaron.
Las prédicas de antipolitica y antiorganización que acompañaron a quienes adhirieron a la versión espontaneísta de lo ocurrido el 19 y 20 de diciembre, contribuyeron a que no pudiera articularse una respuesta política popular para capitalizar la crisis, pero no fueron los únicos responsables. Los partidos clasicos de la izquierda Argentina, comunistas y troskistas, fueron sorprendidos por la rebelión y no encontraron, ni tenían el peso suficiente, para proponer una salida revolucionaria a la crisis. Las nuevas organizaciones, que habían tenido mucho protagonismo en los últimos años todavía todavía eran muy inmaduras para capitalizar esa oportunidad.
La política aborrece el vacío y un poco por casualidad, luego de la renuncia de Carlos Reutemann, que era el candidato oficial del Justicialismo, llegó al gobierno Nestor Kirchner, un político que al igual que Rodríguez Sáa, era consciente de que sólo se podía gobernar desde reconocer que en la sociedad argentina se habían producido cambios y que sólo se le podía dar respuestas desde nuevas formas de intervención política que combinaran políticas de inclusión social, una mayor preocupación por la recuperación del trabajo asalariado, la asociación con otros gobiernos latinoamericanos de origen popular, y el progresismo político asociado al enjuiciamiento de los genocidas de la dictadura y la ampliación de derechos personales.
El kirchnerismo es un heredero demandante de las concesiones arrancadas a las clases dominantes por la rebelión popular, pero no un hijo de esas luchas, ni su continuador. Por el contrario, uno de los primeros actos de gobierno de Néstor Kirchner fue convocar a todas las organizaciones y referencias políticas que consideraba protagonistas del 2001 para proponerles trabajar juntos, obteniendo recursos y espacios dentro de la institucionalidad partidaria y estatal a cambio de dejar de lado la movilización. Ese primer gesto denota lo que será una constante de la relación entre el kirchnerismo las organizaciones sociales y los sindicatos.
Lo único que el gobierno no está dispuesto a negociar es que estas fuerzas populares organizadas mantengan su independencia política. Las convida a participar de las concesiones obtenidas, pagando el precio de no seguir adelante en el rumbo de ruptura con la institucionalidad vigente, y de alejarse de cauces revolucionarios. Esta doble condición del kirchnerismo de heredero demandante y de antitésis del impulso liberador de la rebelión popular, ha generado un importante impacto político en sectores y organizaciones populares aportando a divisiones y conflictos.
Me he detenido en la caracterización del papel jugado por el kirchnerismo con posterioridad a la rebelión popular, para fundamentar que en realidad nuestro foco de atención debería ponerse en las debilidades de nuestra izquierda con vocación revolucionaria, y no en el kirchnerismo. La evidencia de que cada fracaso de articulaciones políticas con perspectivas revolucionarias en la Argentina agranda y embellece el atajo que propone el kirchnerismo, debería profundizar nuestra preocupación por las causas de nuestro fracasos.
Deberían ser fuente de preocupación las razones de por qué un amplio sector de la izquierda independiente que empezó a estructurarse con una perspectiva más multisectorial y política a partir de 2004 y que hacia 2011 alcanzó un nivel interesante de coordinación, se fue diluyendo, fraccionándose y en algunos casos retrocediendo en acuerdos políticos alcanzados, permitiendo un creciente proceso de estatización de las organizaciones territoriales.
Si resulta evidente lo ocurrido con el vacío politico que no pudimos capitalizar después de la rebelión de 2001, deberíamos indagar también qué nos sucedió con los vacíos teóricos. Deberíamos indagar por qué teniendo un acumulado teórico interesante que tuvo difusión y valoración en la militancia popular de distintos países de nuestrámerica, en Argentina la izquierda independiente reforzó su dependencia de producciones teóricas elaboradas en países que son páramos de la lucha de clases, o de intelectuales totalmente desconectados de conflictos y construcción social alguna, salvo por su condición de observadores viajeros.
Deberíamos preocuparnos por la fascinación que ejercen ciertos relatos que reducen experiencias latinoamericanas exitosas al mero electoralismo, y ensalzan sus aspectos menos disruptivos. Deberíamos indagar también sobre nuestra dependencia de las modas académicas o de producciones que nos aleccionan sobre nuevos sujetos esenciales que se corresponden con las líneas de financiación de las ONG. Y también el por qué de la promoción del antiintelectualismo, que al igual que la denostación de cualquier conclusión histórica, está en el arsenal de muchos caudillos y caudillas de nuestra izquierda, para dar sus disputas de poder micro. Los vacíos provocados por la acumulación teórica de nuestra izquierda independiente fue ocupado por la promoción del institucionalismo, el posmodernismo y el corporativismo.
En ese sentido debe reconocerse que la izquierda del FIT-U (trotskismo electoral) ha sido mucho más consecuente en la defensa de su patrimonio teórico. Se puede no coincidir en algunas de sus apreciaciones y hasta pensar que en algunas cuestiones se han quedado en polémicas de principios del siglo pasado, pero es indiscutible que esas verdades le han permitido sostener una coherencia teórica que hoy empiezan a capitalizar. Hoy el FIT-U, es la tercera fuerza nacional electoral y ha tenido un gran protagonismo en la reciente convocatoria en que el conjunto de la izquierda llenó la Plaza de Mayo para exigir el No Pago al FMI.
La rebelión de diciembre de 2001 fue la eclosión de un período de luchas históricas y abrió la posibilidad de ir por grandes transformaciones a los sectores de la sociedad que fueron protagonistas. Con extrema prolijidad los gobiernos posteriores han tratado de cerrar esa herida en la institucionalidad vigente.
La conmemoración de los veinte años se produce en un contexto social y político que empieza a parecerse al de 2001, porque se combina una situación social muy grave, con 43 % de pobres, una desocupación de alrededor del 10% y grandes presiones de los acreedores internacionales para promover nuevos ajustes antipopulares. El gobierno que pretende recrear la mística de tiempos mejores ya no tiene para demandar o repartir herencias ajenas, y transita en un delicado equilibrio entre contentar a los acreedores externos y a los sectores concentrados de la economía, diferenciarse de la derecha que los acosa con su poderoso lobby mediático, judicial e institucional, y la pretensión de contener la siempre latente amenaza de que se agudicen los conflictos sociales.
El kirchnerismo y el peronismo en particular, seguirán vigentes como lo menos malo que puede dar la dirigencia política tradicional, en tanto la izquierda no sea capaz de convertirse en alternativa. La recuperación de la rebelión de diciembre de 2001 es una cuestión exclusiva de la izquierda, de la misma manera que es responsabilidad de la izquierda generar la posibilidad de que en el país haya un futuro que supere la decadencia crónica y el ajuste permanente. Para asumir esa responsabilidad no hay elegidsxs por la historia, será patrimonio de quienes estén dispuestos a cargar con esa mochila y a encarnar esos sueños de rebelión.
Fuente:LaHaine
El neoliberalismo y la política, De De la Rúa a Kircher y Macri
Crisis del 2001 en Argentina: La película continúa
La ilusión tóxica del uno a uno. El quiebre en la representación política. El surgimiento de los movimientos sociales. Los conflictos que persisten.
Por Luis Bruschtein
Imagen: NAHacía varios años que todos sabían que era una fantasía. Que mantener el uno a uno era costoso y que cada día que pasaba esa ilusión tóxica de falso primer mundo se convertía en una bomba. Todos sabían pero nadie lo quería tocar. Carlos Menem y Domingo Cavallo habían dejado una trampa cazabobos y Fernando de la Rúa no se animó a desarmarla pero lo trajo a Domingo Cavallo, otra vez, para alimentarla. Todos sabían que iba a explotar y se sentaron a esperar la explosión.
El uno a uno, o la dolarización de la economía, fue la representación en Argentina de la hegemonía abrumadora del neoliberalismo. En diez años, además de fundir al país, se tragó al peronismo y al radicalismo y produjo una crisis profunda de representación política que desembocó en la rebelión del 19 y 20 de diciembre del 2001.
Varios antiguos archienemigos del peronismo, los conservadores neoliberales de hueso colorado de la Ucedé, se habían aliado al peronismo. Muchos de ellos se hicieron peronistas, y muchos peronistas se hicieron ucedeístas quedándose en el peronismo. Al igual de lo que sucedió en algún momento con la dictadura, parecía que se habían adueñado del futuro y que no había salida.
Los '90 completaron el lavado de cerebro que había empezado con la dictadura. El Estado era presentado como el enemigo principal, había que desmantelarlo y la estructura estatal con comunicaciones, transporte, energía y acero, más salud y educación, que había montado Juan Perón, fue desmantelada por un gobierno que se decía peronista.
A los empresarios les encantaba escuchar incluso que se hablara mal de ellos, como en la propaganda famosa de los militares que mostraban un tipo que se daba un porrazo al sentarse en una silla de fabricación nacional y después lo mostraban con gesto orgásmico sentado en una silla firme y, claro, importada. Dejaron de producir y se convirtieron en exportadores y ciclistas de la timba financiera.
No aprenden más: lo que va contra el Estado, va contra la industria, lo hicieron los milicos de la dictadura, lo hicieron en los '90 y volvió a hacerlo Macri. Aerolíneas o YPF parecían pelota de ping-pong. Con Perón eran del Estado, los milicos y Menem las privatizaron, Néstor y Cristina Kirchner las volvieron a estatizar y Macri hizo todo lo que pudo por destruirlas.
El liberalismo y los movimientos sociales
La hegemonía neoliberal fue brutal en todo el planeta. El Estado de bienestar europeo fue liquidado entre el jolgorio de sus beneficiarios. Pero hubo alguna línea que no se sobrepasó, podían ser neoliberales, pero no boludos. Y Pinochet, el ogro neoliberal chileno, se cuidó de no privatizar el cobre, cuyos beneficios fueron para sostener a las Fuerzas Armadas. El único mal bicho en todo el planeta que privatizó una petrolera estatal fue Carlos Menem.
La Argentina de los sindicatos vaciados, con apenas una fracción de los afiliados que solían agrupar; la Argentina de los trabajadores desocupados, convertidos ahora en piqueteros marginados, fue la víctima principal de un libremercadismo que, --al igual que hizo Mauricio Macri varios años después-- había llevado al país a un despeñadero. Los jubilados ganaban para vivir una semana y daba lástima verlos desmayarse en las colas de los bancos que no les dejaban retirar las mínimísimas jubilaciones neoliberales.
Una parte de la clase media hecha puré, que había votado a la Alianza o a los neoliberales del menemismo, había pasado bajo la línea de pobreza y se lanzaba desesperadamente al saqueo de los supermercados junto a los desocupados. Y la otra parte, que tenía unos pocos ahorros en dólares encerrados por el corralito, daba garrotazos en las cortinas cerradas de los bancos. Gran parte de esos, unos años después renegaban de los piqueteros y votaban con las dos manos a Macri, que les devolvería el favor con otro corralito.
La fiesta del absolutismo neoliberal de los '90, los años en que mi abuelita conoció Nueva York, el Congo, Nueva Delhi y Phnom Penh, terminó en una tormenta de furia cuando todo ya era tarde. Desregular el mercado para regalárselo a los monopolios y privatizadas y alimentar la ilusión de una paridad cambiaria insostenible había llevado la deuda externa a niveles impagables –como sucedería otra vez con Macri, un admirador de Menem y De la Rúa-- y una súperaspiradora había dejado exhaustas las arcas del país. No había plata para los jubilados ni para devolverle sus ahorros a la gente y había millones de desocupados, --más del 20 por ciento de los argentinos--, que habían sido excluidos del sistema.
Esa combinación inflamable estalló el 19 a la noche cuando la indolencia de un presidente declaró el Estado de Sitio y terminó de desatar la furia popular con la penosa retirada de De la Rúa en helicóptero. Fue la instalación definitiva de los movimientos sociales --que habían reemplazado al Estado en los barrios populares-- como actores importantes de la nueva sociedad diseñada por el capitalismo financiero y la globalización neoliberal. Pero su alianza con esos amplios sectores de la clase media duró poco.
Al constituirse en protagonistas con gravitación, gran parte de esos movimientos, que venían con un fuerte impulso antisistema y antipolítica, sintió la necesidad de una representación política que no tenía. Y a medida que esa presencia creció, la clase media se sintió amenazada por ella y fue tomando distancia. En ese contexto se sucedieron uno tras otro los presidentes y Eduardo Duhalde no encontraba mejor respuesta que combatir la protesta con represión. Pero en vez de retroceder, la protesta aumentó y se profundizó la crisis de representación.
La renovación en la política
Después de la sucesión de presidentes, vino la sucesión de candidatos. Uno tras otro fue descartado. La ambición de la mayoría de ellos no fue tan grande como el pánico de hacerse cargo de un país fundido y una protesta indómita. Y así apareció Néstor Kirchner. Gran encrucijada: profundizar la represión como lo exigía la tradición política hegemónica, o patear el tablero y hacerse cargo de los reclamos de la protesta. Y Néstor pateó el tablero. Grande Néstor.
Pasó mucha agua bajo el puente, aunque para la historia no es más que un parpadeo. El espontaneísmo no pudo correr el eje puntual de la protesta por los ahorros hacia una visión que les permitiera verse como parte de un colectivo popular y las clases medias urbanas derivaron a posiciones reaccionarias y neoliberales, como las que las habían quebrado. Macri es un admirador de Menem y la mayoría de los ex peronistas que se incorporó al PRO, como Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo o Diego Santilli, son antiguos menemistas que prefirieron mantener su lealtad al credo neoliberal.
El aparato radical quedó resentido por la derrota de la Alianza y se radicalizó hacia la derecha. Gran parte de su base electoral viró hacia el PRO, mientras que muchos radicales progresistas y populares, decepcionados por la derechización del aparato, se sumaron a la expectativa abierta por Néstor Kirchner.
El “que se vayan todos” se cumplió en parte porque la rebelión renovó la cartelera con el surgimiento de Néstor Kirchner y de Mauricio Macri y el desplazamiento de los viejos protagonistas como Eduardo Duhalde, Carlos Menem, la Alianza y Fernando de la Rúa. Pero siguió el conflicto entre el neoliberalismo y el movimiento popular. La película continúa.
Fuente:Pagina12
CRISIS DEL 2001
A 20 años del
2001: cómo están las causas sobre la represión que dejó 39 muertos
A dos
décadas del estallido social y la represión que provocó una treintena de
muertos y cientos de heridos en todo el país aún hay causas abiertas que
esperan una definición. Otros se cerraron sin haber juzgado a los
responsables.
18 DE DICIEMBRE, 2021
Por FRANCO MIZRAHI
En la víspera del 20º aniversario de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas que pesan sobre los jefes políticos y policiales de aquel entonces por considerarlos responsables de tres homicidios y herir a 25 personas durante aquellas jornadas en el centro porteño. Pero esas condenas son solo una pieza de un rompecabezas judicial más grande. A dos décadas del estallido social y la represión que provocó una treintena de muertos y cientos de heridos en todo el país aún hay causas abiertas que esperan una definición. Otras, se cerraron sin haber juzgado a los responsables.
La represión en el centro porteño: Los responsables políticos
Este 13 de diciembre, la sala I de la Casación ratificó las penas de 4 años y 3 meses de prisión efectiva para el ex secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov; y de 3 años y 6 meses de prisión efectiva para quien fuera el jefe de la Policía Federal (PFA), Rubén Santos. Hizo lo propio con otros tres policías que también fueron juzgados por el TOF 6 y fueron condenados en mayo de 2016: Norberto Gaudiero, exdirector general de Operaciones de la PFA; Carlos José López, exsubcomisario; y Víctor Belloni. La resolución se dio en la causa que aborda la responsabilidad política y de los jefes de las fuerzas de Seguridad en la represión de fines de diciembre de 2001 en el centro porteño. Si bien hay recursos pendientes, porque las defensas acudirán a la Corte Suprema, las querellas son optimistas y estiman que en febrero o marzo del año próximo podrían hacerse efectivas las condenas. Se trata de la causa 22.080 donde a la par de estas condenas también hubo grandes ausencias en el banquillo de los acusados como fue la del expresidente Fernando De la Rúa, quien declaró como testigo en el juicio luego de un fallo cortesano que lo benefició. Esa decisión suprema llevó a los querellantes a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar justicia. En medio del proceso, el exmandatario falleció. Por eso, para Rodolfo Yanzón, abogado querellante, en esta causa hubo “bajas condenas y pocos imputados”.
Las responsabilidades de los acusados
“Los resultados lesivos corroborados el día 20 de diciembre de 2001 y provocados por los numerarios de la Policía Federal Argentina, son consecuencia del riesgo generado por Mathov al ordenar el operativo policial y luego no supervisar el mismo pese a los deberes que tenía a su cargo en este último sentido”, señaló el TOF 6 en el fallo de mayo de 2016. El exfuncionario de la Alianza fue considerado responsable de los asesinatos de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, además de veinticinco casos de lesiones. Los hechos se produjeron en los alrededores de la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. Por los mismos hechos fueron condenados Santos, quien era jefe de la PFA, y Gaudiero.
Al ex subcomisario Carlos José López se lo consideró responsable del asesinato de Alberto Manuel Márquez y de herir a otras personas. Recibió una pena de 5 años y 9 meses de prisión. Tal como se precisó desde el portal fiscales.gob.ar “Alberto Márquez falleció como consecuencia de los disparos que los policías del departamento de Control de Integridad Profesional realizaron la tarde del 20 de diciembre sobre la Avenida 9 de Julio. Por esa secuencia también fueron condenados el sargento primero Roberto Juárez y el agente Gonzalo Firpo Castro, a cuatro años y medio y tres años en suspenso, respectivamente”.
Por su parte, Marcelo Dorado y Sergio Sánchez fueron baleados en la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio. “Por ese hecho fue condenado el ex agente Víctor Manuel Belloni: se lo consideró autor del delito de abuso de armas y se le otorgó una pena de dos años y nueve meses de prisión en suspenso aunque en el juicio había recibido tres años de prisión”, se precisó en fiscales.gob.ar.
Gustavo Benedetto fue asesinado por los disparos que se realizaron desde el interior del edificio del Banco HSBC, que estaba ubicado en la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco. “Si bien no se determinó en el debate la responsabilidad directa por su homicidio, sí se condenó al por entonces subcomisario de la Seccional 51ª Omar Bellante por encubrimiento, tal como lo había requerido la fiscalía durante su alegato”, se añadió en fiscales.gob.ar.
Tras el reciente fallo de Casación que confirmó las penas de 5 acusados, las querellas remarcaron a El Destape que “resta abordar otro delito: el de la privación ilegal de la libertad”. “En 2002, Mathov y Santos fueron procesados por la privación ilegal de la libertad de personas detenidas. La Cámara Federal porteña anuló esos procesamientos y ordenó que se pruebe en cada caso si la detención fue arbitraria. El punto es que ambos están indagados desde entonces y nunca se resolvió su situación procesal”, explicaron. Desde una de las querellas estaban analizando hacer una presentación para avanzar contra Mathov por esas detenciones.
Los que dispararon
Por los mismos hechos en el centro porteño hay un segundo expediente, el 22.082, que hace foco en la responsabilidad de los policías que ejecutaron la represión en el centro porteño, es decir, los que dispararon. A dos décadas de los hechos, esa investigación continúa en etapa de instrucción en los tribunales federales de Comodoro Py. Tramita ante el juzgado federal Nº 11 y la fiscalía federal Nº 5.
En esta causa lo que se trata es de individualizar a quienes efectuaron los disparos. “A varios se los ubicó y luego se los desubicó”, señalaron desde las querellas con cierto dejo de ironía. Es que en un primer término hubo individualizaciones de uniformados pero el tribunal superior al revisar lo resuelto en primera instancia consideró que no había elementos suficientes para avanzar contra los policías señalados.
“Había policías indagados por los disparos contra Jorge Cárdenas en las escalinatas del Congreso y fueron sobreseídos hace poco”, señalaron fuentes con acceso al expediente.
Al 18 de octubre pasado, de acuerdo a un dictamen del fiscal Franco Picardi, en este segundo expediente 22.082, en 4 hechos hay 13 imputados con acusación de juicio y 65 imputados con falta de mérito.
El ataque a las Madres de Plaza de Mayo, a juicio
El único tramo que se elevó a juicio en la causa de “Los ejecutores” fue el de la represión a las Madres de Plaza de Mayo que involucró al Cuerpo de Policía Montada de la PFA.
En diciembre del 2020, el fiscal federal Franco Picardi pidió la elevación a juicio de tres miembros de la Federal por la agresión a las Madres en la Plaza de Mayo. Apuntó contra el subcomisario Ernesto Weber, el principal Fernando Villegas y el cabo Luis Rodríguez. En abril de este año se concretó la elevación. El debate, que aún no tiene fecha, debe realizarlo el TOF 6.
Según precisó el portal fiscales “las acusaciones iniciales habían sido contra todo el cuerpo de combate de la Policía Montada, pero la judicatura exigió la identificación concreta de cada policía montado vinculado a los golpes y violencias proferidas contra cada manifestante”.
De acuerdo a la acusación, Weber estaba a cargo de la dirección del personal de la Policía Montada y actuó como nexo entre la Plaza de Mayo y la Dirección General de Operaciones (DGO), que estaba en cabeza de Mathov. “Villegas, por su parte, estaba al mando de uno de los tres grupos de combate” mientras que “Rodríguez formaba parte del grupo que respondía a Villegas y lo acompañó en todo momento, antes y después de ingresar a la Plaza de Mayo. Se encontraba equipado con rebenque o fusta y su arma reglamentaria”, se precisó.
A la par, en este tramo, 25 imputados recibieron una falta de mérito.
El Ángel de la bicicleta: la represión en Santa Fe
A diferencia de lo que sucedió con los asesinatos en el centro porteño, en Santa Fe -donde se contabilizaron nueve homicidios- hubo pocas condenas y las que se lograron no incluyeron a ningún responsables político de la represión.
Uno de los casos emblemáticos de la represión del 2001 en Santa Fe fue el asesinato de Claudio “Pocho” Lepratti, un militante social de las barridas humildes de Rosario que fue asesinado por la Policía en el techo de una escuela y cuya historia fue descripta por León Gieco en la canción “El Ángel de la bicicleta”.
Celeste Lepratti, hermana del Pocho, dialogó con El Destape y explicó: “Por el caso de mi hermano hubo dos causas que se llevaron adelante. Por el homicidio resultó condenado en 2004 Esteban Velázquez, uno de los policías que le disparó. Fue el que le provocó la muerte. Pero no era el único implicado. Por ejemplo, estaba en el lugar el jefe del operativo, Rubén Darío Pérez. El juez del caso llegó a decir que Pérez había disparado hacia el techo de la escuela en la que estaba mi hermano con la misma actitud homicida que Velázquez. Sin embargo, fue sobreseído. Con ellos también estaba quien conducía el auto policial, un agente que junto con Pérez fue procesado en la otra causa que se abrió por el homicidio de mi hermano, la del encubrimiento”.
Celeste explicó a este medio que en un principio hubo 11 personas imputadas en la causa de encubrimiento pero terminaron quedando “solamente 5 implicados”. Estos acusados fueron beneficiados por la cámara provincial. En 2015, la Corte santafesina revocó esa decisión y volvió inculpar a los policías. “Como ya habían pasado muchos años, la condena se había diluido. Fue algo irrosorio”, indicó la hermana del militante social.
Celeste explica que entre sus reclamos siempre estuvo el que se avance con la responsabilidad política. “Hubo una acusación contra dos funcionarios reutemistas, quien era el ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez y el subsecretario de Seguridad, Enrique Álvarez. Se los investigaba por mal desempeño. Hasta ahí llegaba la acusación. Fue una causa que se cerró muy rápido. Fueron sobreseídos. Después no hubo ningún avance más”, afirmó la hermana del Pocho Lepratti. En Santa Fe hubo 9 asesinatos en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. El gobernador era Carlos Reutemann.
“En Santa fe sólo se pudo avanzar en la Justicia con dos homicidios: el de mi hermano y el de Graciela Acosta, en Villa Gobernador Gálvez”, concluyó Celeste y valoró el trabajo que realizó en la provincia la comisión investigadora no gubernamental donde se nuclearon muchos de los familiares de las víctimas. “Hizo el trabajo que no hizo la Justicia”, destacó. Desde ese espacio, cuenta Celeste, reclamaron que las causas se investiguen en conjunto. “Pero la Justicia las dispersó y perdieron peso. La gran mayoría terminó cerrada”, añadió.
Las causas judiciales que se abrieron por las 39 muertes que se produjeron el 19 y 20 de diciembre de 2001 en todo el país estuvieron dispersas. No hubo una causa madre que nucleara a todas. Además de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe hubo asesinatos en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán y Córdoba. A 20 años de aquellos hechos, se sigue buscando Justicia.
Fuente:ElDestape
El ataque de la Montada a las Madres de Plaza de Mayo
Uno de los momentos icónicos de diciembre de 2001.
La policía Montada cargando contra las Madres en plena Plaza de Mayo aquel 20 de diciembre de 2001 es una de las imágenes que quedaron grabadas en la memoria colectiva de esos días brutales que se vivieron en el final del gobierno de la Alianza. Varios de quienes luego sufrirían la represión en las calles, relatan que la decisión de marchar a la Plaza se impuso a partir de lo que mostraba la televisión sobre las mujeres de pañuelos blancos.
Ese día las Madres habían llegado temprano, cerca de las 10, movilizadas por las detenciones que se veían por televisión en las primeras horas alrededor de la Plaza. Habían convocado al mediodía para entregar una carta a Fernando De La Rúa en reclamo de la liberación de los presos políticos y luego marchar en la Pirámide de Mayo, pero el Estado de Sitio decretado la noche anterior y la represión las hicieron adelantar la actividad.
Junto a Hebe de Bonafini estaban también Marta de Badillo, Carmen de Guede, Celia de Prosperi, Elsa de Manzotti, Evel de Petrini, Elvira de Triana, Ada Feigelmüller de Senar, Mercedes de Meroño y Juana de Pargament, entre otras, varias de ellas presentes en la foto que ilustra esta nota. También las acompañaban un pequeño grupo de jóvenes. Había apenas unas 200 personas en la Plaza.
Al llegar tuvieron sus primeros cruces con la policía por las detenciones arbitrarias que realizaba la policía. Pero el momento determinante fue a las 11.20 cuando, desde un altoparlante, la policía anunció que había 15 minutos para desalojar la plaza.
La amenaza se cumplió pasadas las 11.30: tres grupos del Cuerpo de la Montada de la Policía Federal, generalmente utilizada como último recurso, ingresaron a rebencazos, palazos, balas de goma y gases lacrimógenos. En los siguientes dos minutos, la plaza ya había sido prácticamente desalojada.
Las Madres se tomaron de los brazos para protegerse y formaron un cordón para evitar que la Montada avanzara contra otras personas. En ese momento, estas mujeres que en su mayoría tenían 70 años, fueron rodeadas por Infantería y por los policías a caballo, que comenzaron a golpearlas y a embestirlas. Muchos y muchas se acercarían después a la plaza movilizados por esas imágenes.
Los hechos de ese día fueron investigados por el fiscal federal Franco Picardi y fue elevado a juicio en abril de este año, aunque, pasadas ya dos décadas de los hechos, el Tribunal Oral Federal 6 aún no fijó fecha de inicio.
El fiscal logró reconstruir el accionar de las fuerzas de seguridad y consiguió la identificación de tres de los más de 40 efectivos que participaron de la represión: el subcomisario Ernesto Weber, quien estaba a cargo del operativo de la Montada y fue quien dio las órdenes y coordinó el accionar desde la misma plaza, y de dos efectivos que fueron reconocidos a través de fotos y videos, Fernando Villegas y Luis Rodríguez.
En un primer momento, Picardi intentó imputar a todo el cuerpo de combate de la Montada por su participación en la represión a una marcha pacífica, sin embargo, el juez de instrucción, primero a cargo de Claudio Bonadio y, tras su muerte, de Marcelo Martínez de Giorgi, exigió la identificación concreta de cada efectivo y la acción específica que realizó. Por lo que sólo quedaron estos tres policías, acusados por las vejaciones que sufrieron las Madres y otros grupos de manifestantes ese día: Weber como autor mediato y Villegas y Rodríguez como autores directos de esos delitos.
A través del peritaje realizado sobre videos y fotos por parte de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General, se logró identificar a Villegas y a Rodríguez en el momento en el que golpeaban a las Madres y a otros manifestantes. El rol de Weber fue detallado durante el juicio por la represión de 2001 en el que resultaron condenados el exsecretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y otros jefes policiales. Si bien Weber no estaba imputado en ese debate, se lo señaló como un acto protagónico en los hechos.
“Nunca nos pegaron con esa furia y ese odio”, dijo Hebe al testimoniar en ese juicio, que finalizó en 2016. Con Bonafini hubo un especial ensañamiento. Beba de Petriniescuchó que un policía a caballo le decía a otro que fuera directo a golpearla a Hebe. Cuando ella se interpuso recibió varios bastonazos en la espalda y luego disparos de balas de goma en sus piernas. Otras Madres también recibieron golpes y algunas fueron heridas en los pies por las pisadas de los caballos.
Finalmente lograron subirse en una camioneta de FM La Tribu, que se acercó para refugiarlas. Las Madres que participaron esa mañana de la actividad debieron ser atendidas por los golpes y heridas que recibieron y no pudieron participar de la marcha de las 15.30. Sin embargo, como todos los jueves desde 1977, otras integrantes de Madres se acercaron a la plaza y caminaron alrededor de la Pirámide de Mayo en medio de la violencia policial.
Desde ese momento, la Asociación presidida por Hebe impulsó el enjuiciamiento de los responsables de la represión que dejó cientos de personas heridas y 39 asesinadas en todo el país por las fuerzas de seguridad, cinco de ellas en los alrededores de la Plaza.
Fuente:TiempoArgentino
La rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001 en toda Argentina fue la eclosión de un largo período de acumulación de lucha populares
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