Investigación por presunto espionaje
"Hay violencia institucional"
Lo dijo la diputada Bruera. "El ataque a Schujman fue un operativo de pesca de los fiscales".
Desde Santa Fe
La diputada Matilde Bruera reveló en la Legislatura que la operación de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jimenez en el Ministerio de Seguridad, el 26 de noviembre, se realizó sin orden de allanamiento, sin orden de requisa fundada, sin testigos y sin control de ningún magistrado y hoy, a 23 días del hecho, no hay ningún juez de garantías que intervenga en el proceso. Uno de los "blancos" fue la abogada Nadia Schujman. “Un abierto operativo de pesca que está absolutamente prohibido en materia procesal", lo calificó la legisladora. "Los fiscales están obligados a precisar qué investigan, qué hechos van a atribuir, solicitar las órdenes de requisa y de secuestro y llamar testigos ajenos al procedimiento y a la fuerza que lo realiza. Eso no existió. Acá hay una clara intención de sustraerse al control judicial”. El ataque a Schujman “es un hecho más de violencia institucional”, que deja a la vista “un preocupante manejo institucional” y “un atropello a los derechos fundamentales que no se merece una persona tan respetada como Nadia, que es reconocida por las distintas gestiones de gobierno”, porque fue subsecretaria de Derechos Humanos de Miguel Lifschitz.
Bruera cerró la sesión del jueves, en Diputados, con un alegato en defensa de su colega, militante de Hijos e histórica defensora de los derechos humanos. Antes, había propuesto a la Cámara que declare “su preocupación por el secuestro de los teléfonos celulares” de Schujman y “la requisa de su cartera, sin orden judicial previa”, el 26 de noviembre. Pero el proyecto fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales. En la iniciativa, la acompañaron dos integrantes de su bloque: la diputada Lucila de Ponti y Ricardo Olivera, que es presidente del Partido Justicialista y el diputado Carlos del Frade, del Frente Social y Popular.
Ya en el recinto, Bruera denunció la “arbitraria persecución” a Schujman, “una conocida y valiente abogada, muy respetada en el foro rosarino y por los organismos de derechos humanos”. Y repasó su trayectoria “en la lucha por memoria, verdad y justicia” y los juicios de lesa humanidad, su paso por el gabinete de Lifschitz como subsecretaria de Derechos Humanos y su tarea en el equipo de Marcelo Sain, al frente de la Agencia de Control Policial, “una institución históricamente deteriorada” que muchas veces “se dedicó a encubrir y hacer impunes los crímenes de violencia institucional”. “Obviamente, la trayectoria de una persona no la exime de ser investigada, pero dice mucho de ella. Y la forma en que se manejan las instituciones también dicen mucho de esas instituciones”, advirtió.
En un silencio cruzado por algunos murmullos y sin nombrar a los fiscales Hernández y Jiménez, la diputada del PJ dijo que el procedimiento en el Ministerio de Seguridad fue “absolutamente irregular”. Y marcó los requisitos legales que no se cumplieron:
1) Sin orden de allanamiento. “Ingresaron en el Ministerio de Seguridad sin orden de allanamiento” firmada por un juez. “Atropellaron a un montón de personas que trabajaban ahí”, pero fue “un atropello selectivo” porque eran las que ya habían renunciado a sus cargos, en el equipo de Sain, entre ellas Schujman.
2) Sin orden de requisitoria documental. Si los fiscales “buscaban documentos públicos, no dijeron qué documentos buscaban, ni para qué. Ni qué delitos investigan. Hasta hoy, todavía no lo sabemos, a 23 días del operativo no hay atribución de ningún hecho”, dijo Bruera.
3) Sin orden de requisa fundada. “Ningún fiscal se puede sustraer de ninguna manera (de una autorización judicial previa) para requisar objetos personales como son las carteras, los teléfonos celulares, las agendas y otras cuestiones personales que le fueron arrebatadas a Nadia y violadas en su privacidad sin orden judicial. Sin orden judicial -insistió Bruera- porque a dos semanas (del atropello) todavía no hay juez”.
4) Sin testigos. “Los fiscales están obligados a llamar a testigos ajenos al procedimiento” y “a la fuerza que lo realiza”. “Eso no existió”. “Por eso digo que es una persecución arbitraria sin ningún requisito legal”, alertó la legisladora. “En estos días circuló por los medios un whatsapp en el que los fiscales supuestamente dicen que sí hubo testigos y que eran los funcionarios del Ministerio de Seguridad. O sea, ¿que los testigos que ellos invocan son los propios allanados? Esto es absolutamente escandaloso en la provincia, como hemos visto en otras intervenciones (del MPA) que también he criticado por la gravedad”.
5) Sin control judicial. “No hubo órdenes judiciales, no hubo testigos y hasta ahora tampoco hay juez”. “Los fiscales se siguen manejando sin control judicial. Se están sustrayendo del control” de un magistrado, enfatizó Bruera. Ya pasaron 23 días del operativo. “Sería muy sencillo si hubiera un juez" que tomara decisiones. Ahora hay "una parte que atropella" y "la otra que está indefensa porque no hay nadie que controle el procedimiento”.
6) Fiscales a la pesca. “Fue un abierto operativo de pesca, que está absolutamente prohibido en materia procesal. Los fiscales están obligados a precisar qué investigan, qué hechos van a atribuir, pedir las órdenes de requisa y de secuestro y llamar testigos ajenos al procedimiento y a la fuerza que lo realiza. Eso no existió”, reveló Bruera. “Este fue un procedimiento con una clara intención de sustraerse al control judicial”.
7) La pata mediática. “Lo que más llama la atención es que todo esto se hizo con una fuerte campaña mediática. Todo este atropello se promocionó por los medios hegemónicos con una fuerte carga de imputación arbitraria ya que aún no se conoce porqué se hizo el procedimiento y quién lo controló”. “Llama la atención que algunos fiscales del MPA se manejen de esta manera, con supuestos comunicados cuyo origen no está verificado. Y salen en la tapa de los diarios, que los fiscales dijeron tal o cual cosa, cuando se desconoce el origen legítimo de esas manifestaciones”.
La persecución a Schujman “es un hecho más de violencia institucional” –dijo Bruera- que deja a la vista “un manejo institucional” y “un atropello a los derechos fundamentales” de las personas. “Por eso, pedí esa declaración de repudio (de la Cámara) a este procedimiento arbitrario. Espero que pronto intervenga un juez para que esto se aclare y quiénes son perseguidos puedan ejercer la defensa de sus legítimos derechos y las instituciones de Santa Fe empiece a funcionar de acuerdo a las reglas de la democracia y el sistema republicano de gobierno”, concluyó.
Dosis
El presupuesto 2022 volvió a dividir al socialismo
"Reñido con la historia del PS"
Los diputados Estévez y Fein acompañaron a la oposición en el rechazo al presupuesto. La corriente BASES se lo reprochó.
La decisión de los diputados nacionales del socialismo, Enrique Estévez y Mónica Fein, de votar junto a la oposición en el rechazo al presupuesto nacional 2022; trajo las primeras reacciones y fueron dentro de su propio partido. "Esta actitud no perjudica al gobierno sino a la Argentina", dijeron en un comunicado desde la corriente de opinión BASES, agrupación interna del Partido Socialista, que lidera Eduardo Di Pollina. "Expresamos nuestra preocupación por la gravedad institucional que representa el hecho de que la oposición liderada por Juntos por el Cambio volteara la ley de presupuesto 2022. Las consecuencias de esta actitud, sin precedente en 38 años de democracia, impactan en el funcionamiento de la administración nacional, los gobiernos provinciales y locales, y afectan el curso de una negociación clave con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de 45.000 millones de dólares contraída por Juntos por el Cambio durante la presidencia de Mauricio Macri", señala el escrito.
Para los dirigentes socialistas de esa corriente interna "bajo los argumentos que se aducen, como la inexactitud de estimaciones de las variables macroeconómicas o el discurso 'virulento' del oficialismo, subyace la definición política de debilitar al gobierno en un momento de grave crisis económica y sanitaria que aún no termina". Y agrega quye ños legisladores de Cambiemos, "que cuando gobernaron tomaron la ilegítima deuda con el FMI que compromete a generaciones futuras de argentinos y argentinas, son aquellos que tomaron la decisión de dejar al país sin presupuesto, definición que anunciaron en los medios de comunicación con anticipación, cuando el debate aún no había comenzado en el Congreso".
El sector que orienta Di Pollina quiso manifestar "nuestra profunda preocupación y discrepancia por el acompañamiento de los dos diputados del Bloque Socialista a este rechazo, cuando previamente se había dado acuerdo parlamentario para la vuelta del proyecto a comisión. Es una actitud totalmente reñida con la historia de compromiso de defensa de la institucionalidad democrática que caracterizó siempre al Partido Socialista y lo llevó a ser reconocido por todo el arco político como un articulador de consensos en defensa de los intereses de las mayorías nacionales".
Del otro lado, desde la conducción del Partido Socialista se respaldó la decisión de Fein y Estévez al señalar que "decidimos no acompañar la ley de presupuesto 2022 porque consideramos que se trata de un proyecto de ajuste general agravado en sectores como el de los jubilados, las tarifas y la educación. Necesitamos un presupuesto transparente, federal y con visión de futuro". Y aseguraron que "Argentina no tiene presupuesto por la incomprensión del Frente de Todos que se negó a entender que debía dialogar y buscar consenso. La falta de acuerdos debilita la credibilidad en las perspectivas económicas. El presupuesto es irreal y plantea un ajuste que no podemos aceptar".
En la provincia la ministra de Infraestructura y Obras Públicas Silvina Frana, ya se había encargado de señalar los perjuicios para Santa Fe al no contar con el presupuesto nacional 2022. "Obras estratégicas para la provincia como el puente Santa Fe-Santo Tomé y el acueducto San Javier-Tostado-Villa Minetti se quedaron sin previsión presupuestaria. La cláusula que garantizaba el pago de la deuda nacional a Santa Fe por 132.000 millones de pesos también se cayó", aseguró.
DICIEMBRE TRÁGICO. A 20 años del momento más álgido en la crisis de 2001
Aquellos dos días que parecieron un infierno
Miradas de testigos y protagonistas del 19 y 20, cuando la represión mutiló la vida de siete personas en Rosario, a la distancia y con las diferencias y similitudes con el presente.
Beatriz armaba el pesebre en la escuela de Las Flores aquel miércoles 19 de diciembre de 2001 a la tarde, cuando el estruendo de las escopetas de la Policía la hicieron tirarse bajo el escritorio. Disparos en simultáneo con la hora en la que un policía del Comando Radioeléctrico asesinaba de esa manera a Claudio Pocho Lepratti en la azotea de la Serrano, la Escuela N°756, en Caña de Ámbar y España. En el centro, el dueño de una fábrica pyme, que hoy es dirigente industrial de la provincia, se definía como "campeón de motocross", al correr desesperado de banco en banco por calle Santa Fe. Nueve de cada diez cheques de sus clientes ya rebotaban sin remedio. Se rompía el contrato social, la cadena se cortaba. La efervescencia social iba en aumento.
Se cumplen veinte años de la debacle, cuando Argentina tocó fondo y en las 48 horas del 19 y 20 de diciembre de 2001 la represión policial mató a 39 personas en el país. Nueve de ellas murieron en la provincia de Santa Fe. Siete, en Rosario. Y fue el rasgo más trágico de lo que pasó a la historia como el Diciembre Negro. Además, hubo innumerables tragedias menores pero también dolorosas, que representaron la destrucción del aparato productivo, 3 millones de desocupados, 40 mil fábricas cerradas, 35% de la población en la pobreza, confiscación de depósitos hasta para con pequeños ahorristas, y un clima de desolación generalizado.
Varios números de la macroeconomía de entonces empardan las cifras actuales después de casi dos años de pandemia. En los barrios, según protagonistas de aquellos días, la diferencia hoy es la preponderancia de actores vinculados al crimen organizado que disputan territorio a un Estado cuya presencia aún es insuficiente. Además, coinciden varios, el grado de organización social en las bases era mayor en aquel 2001 que en la actualidad.
A Miguel Zamarini la memoria se le activó inevitable en estos días ya desde el 14 de diciembre. En esa fecha hubo una movilización popular masiva en Empalme Graneros, y fue el preludio del estallido que ocurriría una semana más tarde, cuando el gobierno de Carlos Reutemann lanzó a la Policía a reprimir la protesta.
"Ya en el 2000 la mano venía tensa, las organizaciones muy movilizadas, venían mucho al Monumento, a intentar hablar con los funcionarios, también al Concejo", recordó quien en esos días renunció a la vicepresidencia del Concejo para asumir, a pedido del intendente Hermes Binner, como secretario de Promoción Social, en reemplazo de Elida Rasino. Para entonces, la Municipalidad tenía penetración territorial con el programa Crecer desplegado en 30 barrios, en articulación con los centros de salud propios y los provinciales. Pero la efervescencia política superó ese marco. Diversas agrupaciones barriales llegaban hasta el centro a reclamar ayuda. El hall de Promoción Social, en Santa Fe al 600, fue escenario de esa demanda.
"Esa semana la situación fue empeorando hasta las trágicas situaciones que se vivieron por la intervención de la policía, el descontrol del Ministerio de Seguridad y el asesinato de Pocho Lepratti y los demás", agregó Zamarini.
"Fue llamativa la virulencia con la que la policía actuó, no la gente. Me consta que la gente se movilizaba pero sin ejercer violencia ni daños". Miguel Zamarini
Entre 19 y 20, murieron 7 personas en Rosario, 1 en Villa Gobernador Gálvez y 1 en Santa Fe como consecuencia directa de la represión policial. Marcelo Pasini, de 15 años, murió baleado por un comerciante cuando buscaba un bolsón de comida en la capital provincial. Graciela Acosta (35 años) murió baleada por la espalda cuando la policía reprimió un intento de saqueo en un supermercado de VGG. Graciela Machado (41) murió de un infarto en ese mismo tumulto. Claudio "Pocho" Lepratti (36) fue acaso la muerte más emblemática. Un policía lo ejecutó cuando asomó en la terraza de la escuela de Las Flores Este para exigir que cesaran los tiros ante la presencia de niños en el comedor escolar. La Justicia emitió en este caso las únicas dos condenas por todos los crímenes cometidos esos días. Fueron dos policías, y las investigaciones nunca ascendieron hacia niveles de responsabilidad operativa ni política.
El cartonero Rubén Pereyra (20) murió fusilado por la policía en la autopista, frente a Las Flores. Ricardo Villalba tenía 16, y murió de un balazo en la cabeza en Parque Casas. Juan Delgado (28) cayó baleado en otro tumulto con la policía en Pasco y Necochea, República de la Sexta. Esa misma tarde, también mataron a Yanina García (18), que miraba las corridas desde su casa de Pasco y Pascual Rosas. Walter Campos (15) fue la última víctima de aquella cacería. Un tirador de la Tropa de Operaciones Especiales lo fulminó de un disparo preciso en Olivé y el entubamiento del arroyo Ludueña. La Justicia sobreseyó al suboficial, tres años después.
Después de dos décadas, Zamarini medita hoy: "Fue llamativa la virulencia con la que la policía actuó, no la gente. Me consta que la gente se movilizaba pero sin ejercer violencia ni daños".
El ex funcionario municipal valoró de aquel entonces el alto grado de organización popular. Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Federación de Tierra y Vivienda, Federaciones de Organizaciones Comunitarias de Rosario, y muchas más que componían un vasto abanico de representatividad popular. En su opinión, esa movilización organizada no existe en el presente.
"Es que además había un sinnúmero de pequeñas organizaciones, centros comunitarios, grupos de huerteros, y toda esa demanda en la crisis se canalizó a través de emprendimientos productivos, luego siguieron las ferias de agroalimentos y emprendedores. Todo eso fue la consecuencia de la organización de la gente y del Estado local que supo articular con ese proceso social. En eso quizás estribe una explicación acerca de cómo a Rosario la encontró esta crisis", analizó.
Juan, docente en Las Flores por aquellos años, entiende que "en cuanto a pobreza estructural, las cosas no cambiaron mucho, salvo entre 2004 y 2011, que la ayuda social estuvo presente pero solo para llenar panzas. Un momento de rebote y derrame". Sí reconoce que en 2001 la mitad de sus alumnos estaba indocumentada. "Eso ya no ocurre, incluso había una contención con los centros Crecer, y que luego se desactivó", reflexionó.
Zamarini insiste con que hubo un momento previo al caos del 19 y 20. "El 14 la situación explotó en Empalme. Al gobierno de Reutemann se lo criticó por la orden de reprimir, por la actuación policial, pero en Promoción Comunitaria trabajamos codo a codo. Fuimos con Daniel Bonis, el subsecretario, al encuentro de las organizaciones del barrio. Era imposible entrar a los barrios sin los referentes. Establecimos una mesa en el club Provincial con las agrupaciones, los sindicatos, estaba la Pastoral Social. Esa gran articulación hizo que entre todos pudiéramos sacar las cosas adelante. Fue la gran presencia territorial del Estado que había entonces. Hoy eso no existe más, hace mucho tiempo que el Estado no tiene presencia en los barrios. No solo la Municipalidad, tampoco lo tiene Provincia", observó quien más adelante dejaría las filas del Partido Socialista para seguir junto a Rubén Giustiniani, en la escisión que cuajó en el partido Igualdad y Participación.
"La pobreza era distinta a la de ahora, los chicos en ese momento no tenían medias ni zapatillas, había hambre, como después se vio durante el gobierno de Macri". Laura, docente de Las Flores.
Laura, otra docente que por aquellos días caminaba a diario y por varias horas las calles de Las Flores, recuerda que "la pobreza era distinta a la de ahora, los chicos en ese momento no tenían medias ni zapatillas, había hambre, como después se vio durante el gobierno de Macri". "Hoy –añade– es inconcebible que el centro comunitario cierre a las tres de la tarde cuando se podrían hacer mil proyectos. Hoy la gente no se levanta por las organizaciones sociales, las ollas populares".
El ajuste que bajaba desde el modelo que imponía el ministro Domingo Cavallo en el gobierno de la Alianza encontró a los sectores vulnerables en Rosario con no más de 5.500 planes Trabajar, frente a unas 35.000 familias casi en la indigencia.
"Los planes de ajuste traen estas consecuencias, siempre se congela de abajo para arriba, salarios, jubilaciones, la distribución de alimentos se la considera un gasto social. Y en realidad en un país con 52 por ciento de pobreza, eso no es un gasto sino que debe ser tomado como una inversión. ¿Qué país, sino, puede progresar con semejante nivel de exclusión?", polemizó el ex secretario de Promoción Social.
La premisa era incrementar la asistencia social. Hubo un viaje urgente a Buenos Aires Audiencia con la ministra de Desarrollo Social de entonces, Hilda Duhalde, y poco después el Gobierno redobló la ayuda en coordinación con provincias y municipios.
En cuestión de semanas, el dispositivo de asistencia social pasó de 5.500 planes Trabajar a 64.000 beneficiarios del programa Jefas y Jefes de Familia. La ayuda implicaba una contraprestación, y eso se canalizó a través del programa Agricultura Urbana con huertas comunitarias, y luego las ferias de microemprendedores.
"Acá teníamos el programa Crecer, de protección integral a la niñez, 33 centros, más de 40 centros de salud. Las organizaciones armando proyectos, los hornos para cocinar pizzas, pan casero. Había un alto grado de participación popular", recordó Zamarini.
La comparación con el presente lo lleva a una mirada pesimista. "Todo aquella articulación se fue perdiendo y el territorio fue ganado por... otras cosas", dijo para evitar mencionar el narcotráfico, y también las causas políticas por las que aquellos programas sociales se desactivaron con los años. "Cuando el Estado desaparece en educación, en salud, empieza a ganar terreno lo ilícito y prende en los chicos que vienen y que no encuentran contención", acotó.
El fin de un modelo
El Diciembre Negro fue la capitulación del proyecto neoliberal a ultranza, amasado desde la década del '90, según reflexiona hoy un testigo desde la mirada pyme como Mariano Ferrazzini, fabricante de pinturas para la industria y presidente de la Unión Industrial regional Rosario.
"El entramado industrial ya venía con un deterioro muy profundo, por un modelo que lo había desmantelado, y que aquel 20 de diciembre tuvo su terrible final. A mitad de año las tasas de interés empezaron a crecer casi al 100 por ciento. Se rompieron los contratos entre empresas, con los bancos, se rompió el contrato social, y eso es lo que explotó el 19 y 20", recordó.
"Colapsó el sector pyme porque además desapareció el sector financiero, se derrumbaron las ventas, y entró una desesperación por intentar atajar una caída que fue inevitable en muchísimos casos. Los cheques de casi el 90 por ciento de mis clientes se cayeron. Se cayó la mayoría de las cobranzas que teníamos para afrontar compromisos. Recuerdo bancos como el Bisel, el Bersa, que dejaron de operar. Fueron horas muy dramáticas porque no sabíamos qué era lo que se venía".
"El entramado industrial ya venía con un deterioro muy profundo, por un modelo que lo había desmantelado, y que aquel 20 de diciembre tuvo su terrible final". Mariano Ferrazzini.
"Un dirigente industrial amigo solía decir que se había consagrado campeón de motocross, de tanto andar a las corridas de banco en banco por calle Santa Fe desde mediados de 2001 hasta el final", evocó.
La pesificación asimétrica dejó a numerosas fábricas endeudas en el exterior, con un dólar de 4 a 1, de un día para el otro. "Fue el corolario de un proyecto de país inviable, sobre todo para la industria", sintetizó Ferrazzini, titular de Pinturas Celta, con planta en el Parque Industrial de Pérez.
El detonante
La mecha se encendió el 2 de diciembre, cuando el ministro Domingo Cavallo anunció por cadena nacional la bancarización forzosa de la economía, y la prohibición de extraer efectivo de los bancos, solo a razón de 250 pesos por semana. Los grandes jugadores de la economía ya habían jugado antes su corrida bancaria de manera soterrada.
Los perjudicados inmediatos fueron los trabajadores en negro, que en ese momento representaban el 45 por ciento de la población económicamente activa.
La huelga general de la CGT el 13 de diciembre elevó la crispación social. Irrumpía el cacerolazo como expresión de la clase media que empezó reclamando por sus ahorros retenidos y siguió hasta acuñar el lema "Que se vayan todos". En el centro de Rosario hubo una movilización masiva hasta el Monumento en la víspera del estado de sitio que decretó el gobierno de Fernando de la Rúa en sus últimos estertores.
"Esto explotó porque le secuestraron la plata en el banco a la clase media, y salió a la calle y tumbó al gobierno, dijo 'basta, váyanse todos'". Zamarini.
"Esto explotó porque le secuestraron la plata en el banco a la clase media, y salió a la calle y tumbó al gobierno, dijo 'basta, váyanse todos'. Fue el corralito, la inmovilización de los depósitos, los cacerolazos, todo en una semana. En los barrios había demanda, pero había diálogo. Algún tumulto durante la entrega de las cajas y bolsones, pero la violencia no vino de ahí, sino de la orden a la policía de reprimir", distinguió Zamarini.
"Lo llamativo fue la virulencia con la que actuó la Policía. La gente no. Se movilizaba, pero no rompía nada, pedían hablar", recordó el ex funcionario.
"La gente en Rosario se organizó abajo y salió adelante, y la fuerte presencia del Estado posibilitó intervenir de mejor modo que en otros municipios. Esa fue la gran diferencia".
Relatos y sabores. Historias que se escuchan, publicado por la UNR
Un paladar exquisito de aromas y emociones
El e-book para leer y escuchar fue escrito por estudiantes de primer año de Comunicación Social, y editado por las cátedras de Redacción y Expresión Oral.
Hay comidas que nos hacen viajar al pasado, a nuestra infancia. Puede ser una torta que hacía la abuela, la pasta de mamá o el asado en familia. Los recuerdos y sentimientos que generan ciertos platos son poderosos y provocan nostalgia por la situación en la que se preparó o comió, la compañía y las emociones involucradas, lo que le da a esa comida un significado especial.
Relatos y sabores. Historias que se escuchan es el título de un E-book publicado por la UNR Editora, que contiene setenta relatos sobre recuerdos de comidas y sus recetas. Los textos invitan a los lectores a volver a esos lugares de felicidad relacionados a ciertos sabores y personas queridas de la infancia que cada uno atesora en su memoria y revivirlos.
Fueron escritos por estudiantes de primer año de la carrera de Comunicación Social y editados por docentes, adscriptos y ayudantes alumnos de las cátedras de Redacción y Expresión Oral. Inspirados en el libro de Ana Pomar Sabores de la memoria. Historias con recetas, los alumnos que recién ingresaban a la Universidad Pública en este 2021, se lanzaron a producir estos relatos. Primero los escribieron y luego los grabaron en audio junto a los familiares que nombran en cada una de las historias. Es decir que el E-book puede leerse o escucharse.
Esta iniciativa colectiva forma parte de un proyecto de la Dirección de Accesibilidad y Convivencia de la Facultad de Ciencia Política y de la Biblioteca Municipal “Juan Alvarez” cuyo objetivo es producir materiales accesibles para personas con cualquier tipo de discapacidad para que estén disponibles en los repositorios de ambas instituciones.
Cocinado en pandemia
“Es un proyecto que pretende hilvanar una multiplicidad de recuerdos y sensaciones, que intenta crear cuentos con memoria, con aromas. Es una búsqueda con olfato agudo y delantal de cocina. Con cucharadas de sopa y ollas de polenta”, expresa en el prólogo Mariela Daneri, una de las compiladoras. “Una búsqueda de miradas amables que recuerdan la infancia, la escuela, los abuelos, las abuelas, los afectos…las afectaciones. Relatos para ser escuchados en la cocina, para leer cerca del horno o sentados a la mesa”, describe. Teniendo en cuenta que el libro “fue cocinado” en plena pandemia, lo valora como “un encuentro tibio entre tanto mate a solas y plato roto en aislamiento”.
“La pandemia despertó las artes culinarias en muchos de nosotros: cocinamos pan, experimentamos nuevos sabores, nos adentramos a la cocina de otras culturas y encontramos momentos para disfrutarla desde el encierro”, afirma la otra compiladora Viviana Marchetti. “Por momentos viene a mi mente el libro que heredé de mi abuela, de Doña Petrona C. de Gandulfo, acompañado del recuerdo del olorcito a salsa, a una torta recién horneada en mi casa de la infancia donde vivía con mis abuelos paternos”, dice.
Desde la cátedra de Redacción, la Profesora Cecilia Reviglio cuenta que armaron una consigna de trabajo y que los relatos fueron el primer escrito que los alumnos hicieron para la materia. Luego se seleccionaron algunos textos y ocho ayudantes alumnos más una adscripta trabajaron en la edición de los mismos bajo la supervisión docente. “Que setenta de ellos terminen en un E-book, tener este objeto y ver los nombres de los estudiantes publicados allí, es uno de los tantos sueños a los que apostamos desde que la cátedra se formó”, expresó.
Por su parte, Gachi Santone, desde la cátedra de Expresión Oral, subrayó que para las grabaciones no sólo había que trabajar con el texto de Redacción sino compartir eso con la voz de los mayores, de esa persona que iba a representar la receta y dejar aflorar la emoción de ese relato. “Se van a encontrar con esos aromas, sabores y emociones que nos llevan a esos momentos”, afirma. “Los estudiantes están recordando ese tiempo con algunas presencias y algunas ausencias en un relato amoroso, muy genuino y que la pandemia permitió soltar”, dice la docente y refuerza: “Me parece que llegó en un momento necesario”.
La virtualidad 24/7 llevó a que los textos de los estudiantes fueran escritos y grabados desde su casa, de forma muy artesanal, con sus teléfonos celulares, algunos en sus pueblos con sus familiares, otros solos en pensiones o departamentos. “Facilitó el contacto con los abuelos o seres queridos como se pudo, a la distancia, a partir de una actividad compartida, la lectura de un relato escrito por ellos y una receta leída por su afecto”, explica Marchetti.
De este proyecto participó la actriz Mónica Alfonso, que brindó una capacitación de lectura interpretativa dirigida a docentes y estudiantes bajo el título “Del decir al sentir”. “Cuando siento que el objetivo se cumplirá, persiste en mí el enamoramiento por las palabras y todo eso hace crecer mi certidumbre de que es posible emocionar con las voces y de que es maravilloso y variado el mundo de los relatos”, expresa Alfonso, cuyos módulos de capacitación pueden verse en el canal de YouTube de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”.
Formato accesible
“La idea era que tuviera condiciones de accesibilidad, tipografía grande y lo más amigable posible para los lectores de pantalla que usan las personas con discapacidad visual”, explica Daneri. Una de las condiciones de los diseños accesibles es que sean simples, con la menor cantidad de elementos posibles para que cualquiera pueda acceder. Se puede mirar desde todo tipo de dispositivo, un celular o una pantalla de computadora y es de libre uso y distribución. Los relatos se pueden escuchar a partir de escanear un código QR y además están subidos en Spotify.
“Hablar de accesibilidad web es hacer referencia a un diseño que permita que personas con discapacidad puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la información del sitio. Es la posibilidad de que la información pueda ser consultada y comprendida por personas con discapacidad y que usan diversas configuraciones en sus equipos o en sus programas”, explica Daneri.
El E-Book Relatos y sabores. Historias que se escuchan de la UNR Editora, estará disponible en el repositorio de la Biblioteca Municipal Juan Alvarez y en el sitio web de la Dirección de Accesibilidad y Convivencia de la Facultad de Ciencia Política https://fcpolit.unr.edu.ar/abrazar-la-discapacidad/
Compiladoras: Mariela Daneri y Viviana Marchetti. Edición de textos: Cátedra Redacción I, Licenciatura en Comunicación Social. Edición de audios: Cátedra Expresión Oral, Licenciatura en Comunicación Social. Diseño y maquetación: Arianna Piccioni y Viviana Marchetti.
Fuente:Rosario12
Las fuentes de información de un caso opaco
La presunta “excursión de pesca” de fiscales en busca de espionaje ilegal, por ahora sin pique. Un acta que ordena allanar “sin testigos”. Documentación secuestrada al voleo y carpetas viejas.
La aparente “excursión de pesca” iniciada el 26 de noviembre por los fiscales de Delitos Complejos de la ciudad de Santa Fe, -Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández- en las sedes del Ministerio de Seguridad de la capital provincial y de Rosario en busca de una red de espionaje ilegal, aún no muestra indicios de que haya pique, tal vez por la escasa profundidad de las aguas visitadas, que por ahora lucen más barrosas que claras.
Veintiún días después de los allanamientos a las oficinas del Gobierno, los acusadores no formularon la acusación ni se conoce fecha para una potencial audiencia imputativa de los sospechosos, el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y parte de su equipo, que continuó sus tareas tras la renuncia de éste en marzo pasado.
El proceso, de indisimulable referencia a la novela homónima de Franz Kafka, podría continuar el año próximo, luego de la feria de enero, a pesar de la presunta gravedad de los hechos investigados, que requieren republicana explicación. Pero eso es sólo una conjetura, porque si para el 22 de diciembre los fiscales no imputan, deberían permitirle a los sospechosos acceder a la causa como consecuencia del vencimiento de un plazo procesal.
La defensa de cinco ex funcionarios, a cargo del exministro de Justicia del Frente Progresista, Juan Lewis, aseguró que tras la apertura de las bolsas con la documentación secuestrada -realizada el lunes 13 en la Fiscalía Regional de Santa Fe-, “no hay absolutamente ninguna carpeta, ningún perfil hecho por fuera de alguna investigación judicial o de una investigación por enriquecimiento ilícito de policías”.
Lo que sí hay, en cambio, es un acta del procedimiento en la que un policía –con notables reflejos para la reducción de daños y la autoprotección- hizo constar que la fiscal Jiménez ordenó que la requisa se realice “sin la presencia de testigos” de actuación, toda una innovación procedimental si se tiene en cuenta que la medida se realizó un viernes al mediodía en pleno centro de Rosario, donde calor y testigos sobran.
Como demostración de su hipótesis acerca de que los fiscales iniciaron con los procedimientos “una excursión de pesca” en procura de algún elemento que previamente no estaba individualizado en la investigación, Lewis contó a El Eslabón que entre la papelería revisada el lunes aparecieron carpetas de la gestión anterior en Seguridad, conducida por el entonces progresista Maximiliano Pullaro, actual diputado provincial de Juntos por el Cambio.
Se trata de la misma persona que el día de los allanamientos, con envidiable capacidad de acceso a la información reservada o milagrosa clarividencia, denunció que en el Ministerio funcionaba “una empresa criminal dedicada a la extorsión a través de inteligencia ilegal constituida y construida por el Estado”, lo que lógicamente calificó como el “hecho más grave de la democracia santafesina”. Entre tanta confusión y revelaciones, cabe la pregunta: ¿De qué carpetas hablaba Pullaro?
Papeles en el viento
La apertura de la documentación secuestrada en las sedes del Ministerio de Seguridad se realizó el lunes 13 en el MPA de Santa Fe. Fueron convocados los defensores de los sospechosos, los abogados Hernán Martínez y Juan Lewis, quienes -si habían leído los diarios en los días previos- sabían que se enfrentaban al hallazgo de unas “mil carpetas” de inteligencia ilegal producidas en el Ministerio de Seguridad, sobre las que el titular de la cartera en los últimos ocho meses, Jorge Lagna, nada sabía.
“La convocatoria fue un poco extraña, porque no había ninguna necesidad de abrir la documentación ahora. Si ellos (los fiscales Hernández y Jiménez) tienen elementos (de prueba) no era necesario abrir esto, y si no los tienen, fueron a hacer una excursión de pesca, a ver qué encontraban, que es lo que creemos que hicieron”, dijo Lewis a este periódico.
La medida se extendió por 9 horas con la presencia de los fiscales, que en algunas ocasiones buscaron respaldo en su superior, el fiscal regional Carlos Arietti, quien finalmente a media tarde tuvo que ir hasta el lugar para dar indicaciones.
Los investigados solicitaron el apartamiento tanto de los fiscales de grado como del superior, Arietti, por “falta de objetividad”, fundado en la “evidente rivalidad pública” del fiscal Regional de Santa Fe con Sain, con denuncias cruzadas de acceso público.
El planteo se realizó el 30 de noviembre, pero los fiscales llegaron a la medida del 13 de diciembre sin resolverla. Arietti tiene que definir qué hace en relación al planteo sobre sus inferiores, mientras que al fiscal General, Jorge Baclini, le corresponde expedirse sobre Arietti. En Macondo todo puede esperar.
El relato de Lewis sobre la medida es el siguiente: “Empezamos a abrir las bolsas, no se abrió las de papel triturado, pero se abrió todo lo demás, lo que se había secuestrado. Lo que vimos es una cuestión bastante poco profesional por parte de los fiscales y del Organismo de Investigaciones, porque secuestraron generalidades, tanto que se llevaron documentación del año 2002, biblioratos, cajas enteras con cosas de 2011. Muchas cuestiones de la gestión Pullaro, no discriminaron nada”.
El mecanismo, explicó el abogado defensor, consistió en abrir los sobres, filmar, y escanear la documentación en una sala contigua. “En todo este procedimiento vimos que no hay absolutamente ninguna carpeta, ningún perfil, hecho por fuera de alguna investigación judicial o de una investigación judicial por enriquecimiento ilícito de policías”, dijo.
“Nada que pudiera justificar lo que están diciendo. Había muy pocos perfiles y carpetas de investigaciones, y la mayoría eran de causas conocidas”, abundó.
Según Lewis, “todas las investigaciones estaban hechas en el marco de una causa, ordenadas por un fiscal o que tenía que ver con el enriquecimiento ilícito de policías. Cuando terminó el acto, pedimos copia de la documentación escaneada, y nos dijeron que no”.
Ex post
Desde el inicio de los procedimientos en el Ministerio de Seguridad, tanto Saín como el resto de su equipo cuestionaron las presuntas “irregularidades” cometidas en el mismo. Por un lado la ausencia de una orden de allanamiento, así como el secuestro de efectos personales de los funcionarios; y por el otro la notoria carencia de testigos de actuación. Esta semana hubo novedades al respecto.
“Hay cuestiones notorias, que llaman mucho la atención”, dijo Lewis, para explicar que “primero los fiscales vienen haciendo todos los esfuerzos para eludir cualquier instancia de control”.
Mencionó que “estas irregularidades no son cuestiones menores”, aunque concedió que la ausencia de una orden de allanamiento “se podría discutir”, atento a que el Código Procesal Penal santafesino establece que “la autorización no será necesaria para el registro de los edificios públicos y oficinas administrativas”. Que no sea necesaria, vale remarcar, no es homologable a la imposibilidad de solicitarla a un juez en pos de aventar sospechas de intencionalidad, por ejemplo.
“El tema de los testigos no es discutible; llevarse efectos personales de las personas sospechadas, eso sin una orden de secuestro con autorización de un juez y con las garantías del testigo de procedimiento, es totalmente improcedente”, sostuvo el abogado defensor.
Esta semana se difundió el acta del procedimiento en el Ministerio de Seguridad. Es más probable que el policía que la redactó muera de viejo que por un descuido, ya que previniendo un potencial reproche, asentó en el documento: “Por orden de la Fiscal Dra. Mariela Jiménez, el procedimiento deberá llevarse a cabo sin la presencia de testigos”.
Tras conocerse el desacierto, el diario digital Rosario3.com publicó un nota en la que señaló que “sobre la situación de falta de testigos que señala el acta de diligenciamiento de registro, fuentes de la investigación explicaron a Rosario3 que en el operativo hecho en el Ministerio de Seguridad oficiaron de testigos los mismos empleados públicos que fueron objeto del procedimiento, quienes luego firmaron el documento”.
El estado de derecho espera que se trate de una broma que los sospechosos de conformar una asociación ilícita y violar la ley de Inteligencia nacional mediante el espionaje ilegal sean los testigos de su propio allanamiento.
Lewis contó que durante la apertura de las bolsas con el material secuestrado, “cuando aparecieron las agendas personales (de los sospechosos), dijimos que son papeles privados, preservados por el artículo 18 de la Constitución Nacional”, que establece que “el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados”.
“No los abrieron –continuó el abogado defensor-, los pusieron en otra bolsa y dijeron que iban a pedir la autorización judicial”.
“Dejé la salvedad de que es tarde para pedir la autorización judicial, porque debe ser previa y no posterior”, agregó Lewis. La solicitud tardía de la intervención de un juez es otro elemento que refuerza la teoría de la “excursión de pesca” armada a las apuradas.
Sin testigos por “orden” de la fiscal, con la carencia de una orden de allanamiento firmada por un juez y mediante el secuestro de efectos personales de los funcionarios, el procedimiento parece hecho con la intención de que sea declarado nulo.
Contraataque
El mismo lunes de la apertura de la documentación, el abogado Lewis primerió a la Fiscalía de Delitos Complejos y salió en algunos medios advirtiendo que en las bolsas secuestradas “no había ninguna carpeta” que presumiera espionaje ilegal ni otro delito.
A una hora inusual, las 23.58 del mismo lunes, la prensa oficial de la Fiscalía Regional de Santa Fe difundió un comunicado con la intención de salir al cruce de esas declaraciones.
Dice: “A partir de la diligencia concretada hoy se corroboró la existencia de gran cantidad de evidencia de utilidad para las dos investigaciones, entre las que se incluyen documentos e información referidas a personas físicas obtenida de distintas fuentes o bases de datos; siete bolsas de consorcio con documentos destruidos; otros acondicionados para ser destruidos y datos referidos a procesos licitatorios del Ministerio de Seguridad de la provincia”.
Una parte de la prensa comercial interpretó el comunicado como un “contrapunto” entre la defensa y el MPA. Uno de los dos tiene el deber de objetividad.
Desglosando el comunicado, señala que hay “una gran cantidad de evidencia”, que no es lo mismo que información, sino que implica una interpretación cualitativa sobre esos datos atesorados en bolsas.
Luego señala que entre ella “se incluyen documentos e información referidas a personas físicas obtenida de distintas fuentes o bases de datos”, cuya imprecisión es homologable a decir que existen datos sobre beneficiarios de planes asistenciales en el Ministerio de Desarrollo Social.
El propio Lewis señaló que había carpetas con documentación de personas, tanto policías como civiles, en el marco de investigaciones judiciales, e incluso dijo que la cartera hacía uso de la base de datos Nosis, a la que cualquier particular accede pagando para obtener informes comerciales.
La referencia del comunicado al papel picado sólo puede interpretarse como el lanzamiento más o menos solapado de una sospecha: que los malos trituraron la evidencia de los delitos cometidos. Según pudo saber El Eslabón, ni se tomaron el trabajo de abrir esas bolsas.
Por último, el parte de prensa informa que “la documentación digitalizada será detenidamente analizada en las próximas semanas”, lo que revela que la presunta existencia de “una gran cantidad de evidencia” era ostensible a simple vista, ya que la mirada analítica quedó para más adelante.
Fuentes de información
La intencionalidad política de la causa a Saín y parte de su equipo quedó involuntariamente expuesta cuando, mientras se realizaban los allanamientos del viernes 26, algunos medios daban cuenta aún sin la medida finalizada, de la existencia de “mil carpetas” de inteligencia ilegal y aventuraban, incluso, los nombres de los espiados. También con las declaraciones del diputado Pullaro, que en forma simultánea al procedimiento brindaba presuntos detalles del mismo.
El vínculo entre el radical legislativo Pullaro y el radical judicial Arietti, que procura ser elegido el próximo año Fiscal General de la provincia, ya fue expuesto por El Eslabón en notas anteriores sobre las escuchas al ex ministro en las que se quejaba por el cambio de planes en una detención acordada con el funcionario del MPA, y en las referidas también al loteo del MPA durante su conformación y con el cambio de autoridades en 2017, en las que las diferentes variantes de la UCR santafesina tuvieron gran ascendencia.
También Juntos por el Cambio habló de “espionaje en Santa Fe” y planteó que en los allanamientos a las sedes de Seguridad “se encontraron pruebas de que funcionaban como centros de inteligencia ilegal”.
Fue justo unos días después del procesamiento por ese delito al ex presidente, Mauricio Macri, aunque en ese caso señalaron que “la justicia responde a intereses políticos y se cometen atropellos y una impunidad que demuestra la poca calidad de nuestras instituciones”.
Para Lewis, “en esta causa hay dos fuentes de información: algunos periodistas y diputados que antes de que se terminara el allanamiento estaban afirmando que habían encontrado evidencia gravísima”.
Mencionó a Pullaro y dijo que “llama la atención cómo terceras personas saben cosas que yo, que soy defensor, no puedo saber”.
El abogado agregó que “la otra fuente son los medios, que dicen que fuentes allegadas al MPA aseguran que hay evidencias muy serias, gravísimas”.
Sin embargo, continuó, mientras “fuentes innominadas dicen que hay un montón de pruebas, de los procedimientos no salió nada ni parecido a carpetas ilegales”.
También sigue siendo un enigma, al menos por ahora y en los inicios de la investigación, cómo los fiscales Jiménez y Hernández no encuentran vinculación alguna entre la existencia de una presunta red de espionaje montada en el Ministerio de Seguridad y su titular hace ocho meses, Jorge Lagna. La sugerencia de que no sabía lo que pasaba en la cartera a su cargo, despacho de por medio del suyo, no lo hace quedar bien políticamente. La otra posibilidad es que se trate de un caso de lawfare, como señaló el criminólogo Enrique Font.
Fuente:ElEslabon
Sin malos augurios por delante, el sistema de salud igual se mantiene preparado
Los casos suben, pero no requieren internación. Igualmente, los sanatorios y hospitales privados tienen recursos para un eventual rebrote crítico
“El sistema ya sabe lo que tiene que hacer”. Esa es la respuesta de la Municipalidad de Rosario ante un eventual rebrote de covid con internaciones, algo que, en principio, no ocurriría debido a la contención de la campaña de vacunación. Los casos aumentan pero no evidencian gravedad que requiera cuidados intensivos, pero igualmente el sistema privado y público se acomodó y preparó durante la pandemia.
Según explicaron a Rosarioplus, muchos de esos dispositivos se relajaron en el último tiempo ante la baja demanda, pero “están listos si es necesario”. Durante los picos de la segunda ola el sistema quedó al borde del colapso, pero aguantó. “En relación al principio de la pandemia se sabe y se aprendió, hay infraestructura pero no hay que cancherear", agregaron desde Salud municipal, replicando al secretario del área, Leonardo Caruana que sostuvo ese tono durante la semana.
El funcionario sostiene que la baja cantidad de pacientes que requieren internación está relacionada a los altos niveles de vacunación que tiene la ciudad que hoy llega al 98% de aplicaciones con la primera dosis, y 83% con la segunda. Al margen, los casos suben. En el lapso de una semana Rosario pasó de tener 30 casos a 106 este jueves.
Fuente:RosarioPlus
Diciembre negro
A 20 años de la represión del 2001: habrá vigilia, marcha y
otras actividades
Este domingo habrá Vigilia Cultural, a partir de las 17.30, frente a los Tribunales. Este lunes, en el mismo lugar, será el acto central convocado por familiares, desde las 10. Por la tarde habrá marcha al Monumento
18 de diciembre de 2021
Familiares de las víctimas de la represión policial de diciembre de 2001, organizaciones sindicales y sociales convocaron a participar de las actividades programadas para este domingo y lunes.
En primer lugar, esta domingo, a las 17.30, comenzará la Vigilia Cultural, frente a los Tribunales provinciales de Balcarce y Pellegrini.
“Lxs invitamos para celebrar el encuentro, desde el arte por la memoria y la justicia! Lxs esperamos con teatro, pintura colectiva, proyecciones, buffet y música en vivo!”, señalaron los organizadores de la primera actividad programada.
“Son 20 años de impunidad, pero también 20 años de resistencia, arte y organización, juicio y castigo a los responsables de la masacre, la lucha sigue”, añadieron.
El programa
A las 18, se presentará la obra de teatro “Monólogos del viento” del grupo “La Leprosa” de Victoria, Entre Ríos. El trabajo relata en cuatro monólogos los hechos sucedidos los días 19 y 20 de diciembre de 2001 y las vidas de Rubén Pereyra y Pocho Lepratti.
A las 19, habrá bandas y solistas en vivo: Varon, Tania Castillo y Marcelo Moyano – Agua Dulce – La Posilga Rock de Barrio – Santiago Campos – Diego Lambertucci de Skatos – Marcos Migoni de Farolitos – Homenaje a Eric Morales – Eternos Inquilinos.
Entre las actividades, habrá serigrafía (se pueden llevar remeras) y una feria libre: “Invitamos a todos los feriantes y vendedores ambulantes a arrimarse y ser parte de esta jornada histórica”.
Acto central
Este lunes se realizará el acto central con familiares, desde las 10, frente a Tribunales. La consigna se mantiene: “La Justicia la hacemos entre todxs”.
Argentinazo
“A 20 años del Argentinazo, la deuda sigue siendo con el pueblo. Convocamos a las 17 a marchar desde plaza San Martin hacia el Monumento Nacional a la Bandera. Reparación del estado para los familiares de las víctimas y todos los heridos en la represión de diciembre de 2001”, reclamaron los organizadores de la marcha que se replicará en todo el país, con epicentro en Plaza de Mayo.
Entre las organizaciones convocantes están el Polo Obrero, Partido Obrero, MST Teresa vive, MTR Histórico, OLP, MTR Votamos Luchar, entre otras.
Melisa Molina, del Polo Obrero, dijo: “Llamamos a los trabajadores ocupados y desocupados a movilizar en el 20 aniversario del Argentinazo para reivindicar esa gran rebelión popular contra la crisis creada por los gobiernos de Menem, De La Rúa y Cavallo, a partir de aplicar los planes de ajuste del FMI en el país. Para las organizaciones que somos independiente del gobierno no solo es un aniversario, vamos a rechazar el acuerdo en curso con el FMI que quieren el Frente de Todos y la oposición de derecha, como lo hicimos el 11 de diciembre pasado junto al sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda. Nos desmarcamos de las acciones convocadas por el “Triunvirato Cayetano” y la burocracia sindical en Buenos Aires y Rosario, que parten de un apoyo al gobierno que liquidó salarios y jubilaciones”.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
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