El capitalista del juego Peiti habló de cómo cambió el negocio
De la policía a la justicia y a la política
El capitalista del juego que logró un juicio abreviado por sus dichos, describió cómo la recaudación empezó a cambiar de manos, con el agravamiento del delito.
"En una época tengo una pelea con un jefe de la policía, que es (Daniel ) Corbellini. Yo le daba dinero porque entre él y (José Luis ) Amaya manejaban todo, la parte de juego de lo que sea la provincia, y después repartirían con los distintos estamentos. Pero acá sí funcionó y prosperó es porque los grandes manejadores del tema eran Corbellini y Amaya. Y era toda una lucha, una pelea porque la parte de pago de lo que quiere cobrar la policía si vos le dabas cinco, ellos querían 15 o 20. Uno se puso firme y no le quise dar lo que ellos querían y a partir de ahí, yo me quise retirar y el tipo hizo una investigación la cual se la pasó, se la facilita a (el fiscal de Melincué Matías) Merlo, porque la que hace la investigación es la PDI porque él era jefe de PDI, entonces viene con una serie de allanamientos para hacerme Merlo, en lo cual aparece en Rosario solicitando el allanamiento de no sé cuantos lugares que querían poner como que eran míos y no eran míos, inclusive hacía una semana o quince días que ya habían sido allanados esos lugares por la Fiscalía y eran otros esos lugares, entonces a Merlo la jueza que se llamaba Carrara en muy buen proceder le deniega los allanamientos". Este es un textual de la declaración del capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti , que contiene muchos datos que exigen investigaciones: entre otros, la voracidad policial en busca de sobornos y “ayudas”, en lo que destacó el rol de los comisarios José Luis Amaya, como jefe de la policía provincial y Daniel Corbellini jefe de la Policía de Investigaciones, un jefe policial elegido recurrentemente por el entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Peiti afirma en uno delos tramos que una de las investigaciones en su contra resurgió como una vendetta de Corbellini cuando Peiti interrumpió el pago periódico de coimas. La ecuación económica del juego clandestino cambió en enero de 2017 cuando el juego ilegal deja de ser una falta, una contravención y pasó a ser un delito penal, y es cuando empiezan a actuar las fiscalías. Este delito tiene una pena más grave entonces la policía le pedía más dinero por más protección porque el negocio había cambiado, y ahora Peiti podía ir efectivamente preso. Para el fiscal Matías Edery antes la protección era policial y pasó a ser una protección judicial, que necesitaba una cobertura fiscal y la encuentra con la relación entre el senador Armando Traferri y el fiscal Patricio Serjal". Lo que queda claro es que el negocio del juego clandestino pasó de ser la caja policial a otras cajas, la judicial y la caja política. La franqueza de Peiti tiene su epítome cuando confiesa que "si tenía que pagarle a todos, este negocio deja de ser rentable"
Es justamente esta encerrona policial la que le hace dar el paso en falso que haría caer parte de su imperio: La ligazón con sus protectores de la Fiscalía Regional de Rosario, Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad.
Peiti continúa relatando en su declaración de setiembre de este año que "en esa época cuando yo tenía llegada con Traferri los llamó a estos muchachos, a Serjal y a Ponce. El Hombre, Pipi, ha tenido un núcleo de poder muy grande en la provincia y creo que él ha injerido para que Serjal sea Fiscal Regional. Entonces le pide que me cuide y que no deje que me hagan ninguna camita, que no me ensucien porque para llegar a acceder lo que nosotros buscábamos (la legalización oficial del juego on line) necesitábamos tener libre antecedentes, entonces ante la situación de gravedad que uno estaba por recibir una serie de problemas ahí yo se que puede haber injerido. Después de eso aparece Ponce Asahad en la película me llama me cita y nos juntamos y ahí me empieza a ofertar diciéndome que le cumpla un dinero mensual que él me protege, que me va a cuidar y que va a arreglar todos los problemas que yo tenía. Y fue el peor error de mi vida porque cuando yo salgo en televisión después empiezo a recibir coacciones y yo todo se lo iba comentando a Ponce Ashad, y generé una reunión con Serjal y todos me recomendaron que no denuncie, que me maneje con ellos y le pasé al teléfono que me dió Ponce Asahad todas las capturas de pantalla pensando que el día de mañana no se me vincule con esta clase de extorsionadores (Los Monos que le habían baleado una propiedad en calle Servando Bayo) porque yo nunca extorsioné a nadie ni robé a nadie".
Fue entonces que los fiscales consultaron "¿cuánto le pagaba, con qué frecuencia y donde le llevaba el dinero a Corbellini?". "La mayoría de las veces me mandaba a un gordo que se llamaba (Jorge) Fello, que tengo entendido murió (falleció en noviembre de 2018) Me acuerdo que en una oportunidad me pasó a buscar Fello por La Distinción y fuimos al estacionamiento del Alto (shopping). Hubo varios encuentros, no son fáciles de corroborar después de tanto tiempo que ha pasado. Pero me acuerdo que una vez en el estudio de El Gallego Tortajada, por calle Zeballos, una vez vino Corbellini para hacer una reunión para coordinar para hacer número. Las veces que yo no podía ir le dejaba la plata al Gallego Tortajada y ellos pasaban por ahí porque confiaban en el Gallego. Aproximadamente 50.000 por semana" confesó Peiti .
Según la investigación, la cúpula policial de la provincia recibía coimas. Amaya fue jefe de la policía provincial entre abril de 2016 y febrero de 2018, cuando anunció que se retiraba “totalmente tranquilo” porque no tenía nada que ocultar; el subjefe que lo acompañó hasta octubre de 2017, José Jorge Alberto Pérez, fue acusado por recibir sobornos de David Perona, el capitalista de juego clandestino de Rafaela. El juego clandestino no se le escapaba a esta policía que se enorgullecía “de haber mucho en pos de la sociedad”, según su titular.
El capitalista de juego reseñó que "cuando cambió la ley, ( en enero de 2017) se puso como delito (el juego, antes era una contravención), dejé de hacer lo que sean arreglos con la policía y todo lo demás. Siempre me manejé con Corbelini y con Amaya. Ellos manejaban las cosas y después los distintos actores de distintos lugares que explotaban el juego arreglaban con la policía local de cada ciudad".
En su declaración Peiti también reconoció aportes a un policía retirado de la fuerza, que lidera una organización policial sin reconocimiento oficial, y que cuenta con una página de noticias sobre seguridad. El fiscal Luis Schiappa Pietra preguntó: "Al señor Alberto Martínez lo conoce? " Si lo conozco -contestó Peiti- me vino a ver varias veces para que colabore, el decía que era miembro de la Apropol, y yo siempre colaboré. Lo habré visto en Río de Janeiro y Mendoza, en el bar de Babilonia, si lo vi en otro lado no recuerdo, entre el 2017 y el 2019. No recuerdo una fecha precisa".
Para develar la importancia de este testimonio en sus conclusiones los fiscales del caso reconocieron que "en relación a las investigaciones de los distritos de Melincué y Rafaela, Peiti también aportó datos relevantes, reconoció el rol y la función de los distintos integrantes de la asociación. Reconoció vínculos con empleados policiales jerárquicos. Su declaración permitió comprender el funcionamiento integral de la asociación que organizaba Peiti".
"Esa asociación ilícita -continúan- contaba además con distintos componentes, a saber: una red de personas que contribuyen al regenteo de las casas de juego (casinos clandestinos) y/o comercios donde se captan apuestas de forma ilegal; personas a cargo de la recaudación del producido de esos lugares; personal policial que aseguraba la continuación del negocio y omitía investigar los delitos; profesionales de distintas ramas que asesoraban a sabiendas de la ilicitud del objeto del negocio y procuraban la continuación del mismo evitando ser alcanzados por los controles administrativos y el sistema de justicia en sus diversas esferas".
La declaración del imputado colaborador también revela que los capitalistas del juego clandestino apostaron por el actual oficialismo en las elecciones provinciales de 2019, ya que David Perona habría hecho aportes para la campaña y Peiti los efectuó como una inversión a cuenta de las ganancias que proyectaba: “Él (Traferri) dijo que tenía todo armado con Perotti, para que gane Perotti, y entonces supuestamente yo lo fui ayudando, colaborando y habré puesto para la campaña algo más de 200.000 dólares, en varias entregas”.
Peiti dejó deslizar cierto rencor hacia sus antiguos contactos en la política: “me corrieron a un costado”, dijo respecto de la concesión del juego on line al grupo Boldt. “Si yo colaboré para la campaña de Perotti lo hice pensando en que iba a conseguir el mejor negocio de mi vida”, agregó.
En la clínica de salud mental donde permanece detenido, Peiti siente que es el único perjudicado y hace pronósticos sombríos sobre el futuro. “El pato de la boda soy yo. El negocio va a estar toda la vida, solo va cambiando de dueños”, dice.
Cabe apuntar que ya hay dos datos sugestivos en esta causa: Jorge Fello, uno los jefes de la PDI y recaudador según Peiti, murió de un ataque al corazón repentinamente. En tanto David Perona, el zar del juego en Rafaela, falleció víctima del Covid internado en su ciudad. Sobre su destino final se han tejido especulaciones, que hasta el momento , no han podido ser corroboradas.
Balazos
Caravana hasta el Campo Militar San Pedro
Pasos por la memoria
Desde Santa Fe
El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe organiza para el sábado 11 de diciembre, a las 9, otra caravana al centro de exterminio que operó en el Campo Militar San Pedro, en cercanías de Laguna Paiva, donde en 2010 se descubrió una fosa común con los restos de ocho desaparecidos. La convocatoria redobla el reclamo por la “memoria”, la necesidad de continuar la búsqueda de otros enterramientos clandestinos y fundar en el lugar un Espacio de la Memoria y una Escuela de Ciencias Forenses.
La columna de vehículos se concentrará en el extremo sur del Parque Federal y partirá hacia Laguna Paiva, donde recorrerá las calles de la ciudad y llegará hasta la tranquera del campo. En el acto, se anuncia entre los oradores a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia Lucila Puyol y a un referente del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Juan Nóbile, quien participó en la última campaña que se realizó en San Pedro en octubre, en la búsqueda de otras fosas.
Entre las adhesiones que recibieron los organizadores se destacan las del intendente de Laguna Paiva Elvio Omar Cotterli y sus colegas de la zona, los presidentes comunales de Campo Andino, Néstor Moser y de Arroyo Aguiar Hernan Carraro. Están invitados a participar en la caravana varios legisladores.
Cerraron dos albergues destinados a adolescentes en riesgo social
Alerta por la política de niñez y adolescencia
Trabajadores estatales acusan a la Secretaría del área de tumbar convenios y tercerizar la atención de jóvenes con derechos vulnerados.
La contención estatal para mujeres adolescentes en riesgo social perdió en Rosario dos casas de alojamiento, y agravó el malestar de quienes trabajan en ello, en la órbita de la la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, un área sensible que ya este año transitó otras crisis en su cúpula y que derivó en la renuncia de su subsecretaria, en desacuerdo con la gestión.
Los espacios que cerraron a principios de octubre se llaman Chalecito y Casa Puente, dos alojamientos para mujeres y disidencias adolescentes, que funcionaban en convenio entre Niñez de la Provincia y el Programa Andrés Rosario (PAR). Según explicaron trabajadores a Rosario/12, la secretaria Patricia Chialvo decidió interrumpir el acuerdo de co gestión entre Estado y organizaciones civiles para tercerizar las casas de alojamiento destinadas a estas juventudes en riesgo. En el caso de los albergues cerrados (uno en República de la Sexta, y otro en Echesortu), alojaba a adolescentes rescatadas de situaciones de riesgo en su ámbito familiar o comunitario –algunas, desde que eran niñas de corta edad y habían sido alojadas en el extinto Hogar del Huérfano–, y les brindaba un espacio para acompañar su crecimiento en mejores condiciones, cuando no hubiera antes una posibilidad de adopción.
El colectivo de trabajadores lanzó este viernes una campaña destinada a hacer visible lo que consideran "un retroceso en la concepción de los centros residenciales de Niñez, el riesgo de volver a la lógica del patronato", según señaló uno de los múltiples mensajes en redes sociales que se hicieron eco del conflicto. Y emplazan a Chialvo a cumplir su compromiso de reemplazar estos espacios cerrados por la apertura de una casa estatal con la misma lógica de gestión que se venía realizando. "Si la política es tercerizar, entonces vamos a retroceder, con riesgo a volver al modelo del patronato", alertaron.
Ante la decisión "intempestiva y sin contemplaciones" del Ejecutivo, el PAR anunció su decisión de no renovar el convenio de alojamiento, debido a "ciertos cambios en la actual Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia", dirigida por Chialvo. "Vemos con preocupación cómo se están pensando y llevando a cabo las políticas públicas en torno a los alojamientos y programas para adolescentes mujeres sin cuidados parentales dentro de nuestra provincia", agregó el PAR en un comunicado.
La crítica implícita a la gestión provincial en la materia es un desapego a la Ley 12.967, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta legislación significó, precisamente, la consagración de los niños y niñas como sujetos de derecho y la erradicación del criterio de patronato como política pública para este sector de la sociedad.
"Creímos que esta nueva gestión abriría canales de comunicación para poder empezar a profundizar el trabajo llevado adelante durante todos estos años y poder así potenciar otras formas de “alojar”. Pero no fue así, y lamentamos profundamente que no parece que vaya a serlo. El cierre de ambas casas, forzado por la decisión de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia al no querer continuar co-gestionando, sin una propuesta concreta y superadora que permita continuar pensando y trabajando en alojamientos para las infancias vulneradas es un grave retroceso para la ampliación de derechos", reza el crítico documento emitido por el PAR, un programa a nivel nacional con autoridad en la atención de jóvenes con problemas de adicciones y otras situaciones de riesgo.
"Seguiremos apostando a la construcción conjunta entre el Estado y las Organizaciones Sociales como un modo superador de las lógicas instaladas. Las infancias son el futuro y las políticas públicas tiene que responder a y enmarcarse en sus necesidades y derechos", concluye.
En tanto, el colectivo de operadores y profesionales que se desempeñaba en Casa Puente y Chalecito lanzó una campaña en redes sociales para revertir la caída del convenio con la Asociación Civil PAR y la Provincia. "Ambos dispositivos vienen de casi una década. Su origen se remonta al trabajo de muches actrices de la sociedad civil y del Estado que fueron capaces de llevar adelante el cierre del Hogar del Huérfano, símbolo del Patronato y epicentro de gravísimas vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes, y de la convicción de que se podía gestar una política pública que ponga en práctica el compromiso que el Estado Provincial (y Nacional) han asumido con la Convención de los Derechos del Niño", señalaron.
Los trabajadores plantearon su preocupación y exigieron al Gobierno provincial "que cumpla con el compromiso de poner en marcha los recursos necesarios para la apertura de, al menos, una nueva casa de alojamiento en donde se mantengan o mejoren los estándares de calidad alcanzados. Tal compromiso es con lxs trabajadorxs, pero principalmente es con las jovencitas que eran alojadas allí, y con todas las que a futuro, merecen de parte del Estado que se le reconozcan sus Derechos a un centro de vida en donde poder proyectar un futuro mejor".
La Secretaría de Niñez, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, tuvo visibilidad periodística en octubre pasado, cuando la subsecretaria Alejandra Fedele renunció ante diferencias de criterio con la directora del área en Rosario, Patricia Virgilio. El disenso, esa vez, estribó en los tiempos que la titular se tomó para denunciar una situación de abuso sexual contra una niña interna en un hogar de tránsito. Por ese caso hay un celador detenido y a la espera de sentencia penal.
Denuncian un caso de violencia infantil en Granadero Baigorria
Hay un niño en peligro y el Estado lo sabe
Un niño de 6 años, en Granadero Baigorria, padece una situación de maltrato de tal grado que captó la atención de vecinos y docentes. El caso llegó a conocimiento de una psicóloga que al movilizarse para activar la intervención estatal comprobó que hay denuncias desde el invierno pasado, y sin embargo el niño continúa en las mismas circunstancias de vulneración de derechos.
Hay personas que observaron marcas de violencia física. Cuentan además que el nene no asiste a la escuela ni realiza ninguna otra actividad fuera de su casa, donde convive con su madre. Sí advirtieron con estupor que el chico se escapó algunas veces para alimentarse con la comida que otros dejan para perros callejeros.
La psicóloga Gabriela Giménez hizo visible la situación a partir de varios comentarios coincidentes a una publicación suya en redes sociales. Ella había posteado una opinión a propósito del crimen del niño Lucio Dupuy en La Pampa, a manos de su madre y su pareja. Así fue que algunas personas le comentaron el caso de este niño en el barrio Paraíso, de Baigorria, según publicó el portal El Urbano Digital.
"Tantos comentarios me llamó la atención y decidí ir a verificar. Hablé con los vecinos, con la gente que me había escrito por privado y me contaron la situación", relató Giménez a Rosario/12. Así comprobó que la situación había sido denunciada ante el área de Niñez de la Municipalidad de Granadero Baigorria. Sin embargo, el Estado todavía no intervino a pesar de la evidente vulneración de derechos.
En la escuela del radio catastral pudo averiguar que el niño concurría a clases, pero que cuando las docentes advirtieron signos de maltrato, la madre dejó de llevarlo. Un dato insoslayable –reparó Giménez– es que el niño solo se comunica en idioma inglés, y que su madre habla castellano pero de manera no fluida.
La vivienda que habitan hace suponer que la falta de recursos económicos no es un problema como para explicar por qué el niño se alimenta a escondidas de comida para perros. La casa no tiene al parecer visitas de un entorno familiar más amplio. Solo la madre y el niño.
"Una vecina le ofreció a la madre tener al niño en su casa, y ella le cerró la puerta de golpe. No tiene trato con el vecindario, y el nene permanece encerrado, los vecinos aseguran que sufre violencia física también. No sale a la vereda, no hace ninguna actividad ni juega con otros chicos. Es preocupante", dijo la profesional que se involucró en el tema.
Al parecer, desde la escuela también se había denunciado el caso antes del receso de invierno, y se reiteró el aviso el pasado 3 de noviembre. Giménez llegó hasta la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia para informar la situación y requerir intervención urgente, según señaló con lógica preocupación.
Comienza el cuarto juicio contra el ex juez Brusa
La Corte ya anuló su domiciliaria
Es el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad. Un Tribunal de Santa Fe deberá dictar un nuevo fallo sobre su prisión.
Desde Santa Fe
El lunes 20 de diciembre comenzará el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad al ex juez Víctor Brusa, ya condenado en los tres anteriores –en 2009, 2014 y 2017- a una pena unificada de 23 años de prisión que hoy cumple en su casa, aún cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó su libertad domiciliaria y ordenó dictar un nuevo fallo. Lo juzgará el Tribunal Oral de Santa Fe integrado por tres jueces de Rosario: Mario Jorge Gambacorta –que lo presidirá-, Germán Sutter Schneider y Eugenio Martínez Ferrero por “apremios ilegales” a tres militantes peronistas: Carlos Chiarulli, Luis Eduardo Baffico y Francisco “Pancho” Klaric, durante la dictadura. Chiarulli y Baffico lo denunciaron por judicializar las declaraciones que les arrancaron bajo tortura en un centro clandestino conocido como "La casita", en las afueras de Santa Fe. “No hay apremios ilegales en la Argentina y si querés saber lo que son los apremios ilegales te llevo a la pieza de al lado”, les contestó Brusa. A Klaric lo presionaba para que involucre al ex líder de UPCN, Alberto Maguid en la organización Montoneros y –años después- en diciembre de 1983, cuando Klaric denunció el hecho ante el juez federal Héctor Tripicchio, Brusa –que era el secretario del Juzgado- interrumpió la audiencia de manera intempestiva. Tripicchio le pidió que se retirara, pero antes de salir del despacho gritó: “¡Con ustedes, la próxima vez se termina en la primera noche!”. Klaric solicitó al juez que dejara constancia en el acta.
El juicio concluye una investigación que se inició hace once años, en setiembre de 2010, con las denuncias y testimonios que se escucharon en el primer proceso a Brusa y a otros represores, que finalizó en diciembre de 2009. La causa fue elevada al Tribunal Oral en noviembre de 2018, hace tres años. En enero y febrero de 2019 se excusaron los tres jueces de Santa Fe: José María Escobar Cello, Luciano Lauría y María Ivón Vella, que ya se jubiló- por su relación con Brusa. El Tribunal se integró entonces con sus colegas de Rosario: Gambacorta, Sutter Schneider y Martínez Ferrero, así que el debate oral comenzará recién en dos semanas. Los tiempos de la justicia.
Brusa ya fue sentenciado en los tres juicios: en 2009, a 21 años de prisión por “apremios ilegales” a ocho militantes políticos: Anatilde Bugna (hoy subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia), Stella Vallejos, Alba Sánchez, Daniel García, José Schulman (líder nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos), Mariano Millán y Roberto Cepeda. En 2014, a siete años de prisión por “asociación ilícita”. Y en 2017, a tres años de prisión por “apremios ilegales” a otro militante de la Juventud Peronista, Daniel Gatti. Si se sumaran las tres condenas, totalizarían 31 años de cárcel, pero los jueces las unificaron en 23 años.
En los juicios de 2009 y 2017, las acusaciones fueron por “apremios ilegales” en nueve casos, el mismo cargo por el que se lo juzgará a partir del 20 de diciembre en los otros tres (Klaric, Chiarulli y Baffico). Once, hasta ahora.
En paralelo al debate, el Tribunal Oral de Santa Fe –con otra integración- deberá dictaminar nuevamente sobre la detención domiciliaria de Brusa. El 28 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el beneficio que le había otorgado la Cámara de Casación Penal (Sala 2) en diciembre de 2018 –en un trámite escandaloso- y ordenó dictar un nuevo fallo. Esta semana, la misma Sala 2 remitió el incidente al Tribunal de Santa Fe para que cumpla la orden de la Corte, aunque ya sin la firma de los dos jueces de la Cámara, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci, que beneficiaron a su ex colega, que hoy cumple su condena, a media cuadra del Juzgado Federal.
El trámite ya cumplió cinco años. En noviembre de 2016, la defensa solicitó la libertad domiciliaria de Brusa con el argumento de que en la cárcel de Las Flores no podía “recuperarse” y “tratar su patología”. En setiembre de 2017, el Tribunal de Santa Fe –en una resolución de la jueza de ejecución Lilia Carnero- rechazó el planteo por falta de pruebas. “No corresponde conceder el beneficio, en razón de que su cuadro de salud puede ser tratado en su lugar de detención por los médicos del Servicio Penitenciario y por su psiquiatra personal”, explicó la magistrada. Sin embargo, en diciembre de 2018, la Sala 2 de Casación (con los votos de Ledesma y Yacobucci) revocó el fallo de Carnero y concedió la domiciliaria a Brusa, no por su estado de salud, sino porque su ex colega había cumplido 70 años el 13 de agosto de ese año. Brusa salió de Las Flores dos semanas antes de Navidad.
El 28 de octubre, la Corte anuló la libertad domiciliaria de Brusa por mayoría, en un voto conjunto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. El presidente del tribunal Horacio Rosatti no votó –el acta no dice por qué-, aún cuando sí constan otros votos, antes y después del caso Brusa. Y el vice Carlos Rosenkrantaz lo hizo en disidencia al proponer que se “desestime” la queja del procurador general de la Nación interino Eduardo Casal por “inadmisible”.
El 30 de noviembre, la Sala 2 remitió el incidente al Tribunal de Santa Fe para que dicte un nuevo fallo en línea con la doctrina de la Corte, que obliga a “neutralizar toda posibilidad de fuga” y cumplir el compromiso internacional del Estado argentino de “investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”.
Celebramos reclamando
Cada 3 de diciembre, resulta propicio para ratificar el mandato fundacional de nuestra institución, la Asociación Médica de Rosario (AMR): la defensa del trabajo médico en todas sus formas. Así lo hemos hecho a lo largo de casi nueve décadas y, hoy, esa defensa tiene claras definiciones: la actualización de los aranceles, y el cobro en tiempo y forma de nuestras consultas y prácticas, situaciones que han puesto en condiciones de extrema precarización a muchas médicas y médicos, a quienes -por otra- la sociedad reconoce como “esenciales”.
A diario, la AMR trabaja por incrementos en nuestros honorarios, que lleve a condiciones de dignidad estos ingresos empobrecidos por la inflación; a la vez que procuramos que las y los profesiones reciban de los prestadores su pago sin demoras ni quitas excesivas.
En este sentido, por las características de nuestra institución, además de nuestros reclamos y negociaciones, hemos desarrollado herramientas propias a través de AMR Gestión en las que, con un sistema moderno, eficiente y transparente, hemos demostrado que no hay ningún impedimento para que las médicas y los médicos cobren en término.
Lo dicho nos lleva a destacar nuestra fortaleza y los alcances de nuestra entidad, que -para enfrentar distintas coyunturas, por lo general, adversas- ha desarrollado la Red AMR, gremial, prestacional y social, que ha expandido los alcances de esa histórica “defensa del trabajo médico”, contemplando aspectos que hacen a su calidad de vida, y generando puestos de empleo en condiciones dignas.
Entonces, conmemorar el “Día del Médico” es también celebrar los valores de la Red AMR no solo en defensa de los derechos de nuestras asociadas y asociados, sino también en la promoción del derecho a la salud de toda la sociedad, porque ambos van de la mano.
Es por eso que también queremos expresar nuestro compromiso con la sociedad asumiéndonos como actores calificados para participar en el debate de lo que entendemos -sobre todo a la luz de la pandemia que atravesamos- es una necesidad: la reforma en el sistema de salud en la Argentina, de modo tal de garantizar derechos y procurando que no haya profesionales precarizados ni excluidos del sistema.
Entonces, en esta conmemoración del “Día del Médico”, reconociendo las dificultades que atraviesan los profesionales y en consecuencia con nuestros principios fundacionales, decimos: “Celebramos reclamando”.
*Secretario general de Asociación Médica de Rosario.
Rosario tendrá desde mañana su primera Semana de las Masculinidades
Una chance de revisarse
Desde mañana y durante toda la semana, de forma virtual y presencial, se realizarán en Rosario, por primera vez, actividades de reflexión, formación y capacitación acerca de masculinidades diversas y no hegemónicas, a fin de construir sociedades libres de violencia de género. "La Semana de las masculinidades apunta a generar espacios donde los varones puedan discutir, detectar y poner en cuestión no solamente sus privilegios, sino también cuáles son los estereotipos acerca del deber ser varón en nuestra sociedad y visibilizar aquellas prácticas que sostienen la violencia. No hay Ni una Menos posible si los varones no se suman al cambio cultural y en ese sentido creemos fundamental que desde el Estado acompañemos este tipo de procesos", señaló la concejala Susana Rueda, de Rosario Progresista, autora de la iniciativa, que fue sancionada por el Concejo Municipal de Rosario. La llevarán adelante la Secretaría de Género y Derechos Humanos junto con la Universidad Nacional de Rosario.
La apertura de la Semana de las Masculinidades será mañana, a las 9, con la firma del convenio de colaboración en materia de masculinidades entre el municipio y la Universidad Nacional de Rosario. En ese marco, a las 10, en el Espacio Cultural Universitario (ECU), el politólogo Luciano Fabbri, coordinador del Área de Género y Sexualidades de la UNR dará la conferencia ¿Por qué, para qué y con quiénes trabajar masculinidades?
Desde la Secretaría de Género y Derechos Humanos plantearon que las actividades fueron "pensadas para discutir y trabajar sobre la temática, junto a organizaciones sociales, trabajadorxs y profesionales especializadxs". Una de esas oportunidades será el Encuentro de Espacios que trabajan con Varones, que se realizará el martes, a las 10, en el auditorio José Ugarte del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) en avenida Pellegrini 3205, 1°piso.
La Secretaría municipal presentará también el Programa de Masculinidades, "que tiene como objetivo visibilizar y discutir mandatos, privilegios y complicidades machistas", plantearon. En ese marco, el jueves, a las 18.30, se realizará la charla-debate “De la complicación a la implicación: Trabajar con varones que ejercen o ejercieron violencia de género”, a cargo de Ignacio Rodríguez, Daniela Viña y Matías de Stéfano Barbero. Esta actividad se desarrollará por zoom, con inscripción previa. También se transmitirá en vivo por el canal de YouTube.
La última actividad prevista será el miércoles 15 de diciembre, a las 11, en el Galpón de las Juventudes, donde habrá mesas de trabajo con los equipos de programas municipales que trabajan en territorio y organizaciones sociales.
Jornadas de debate sobre la movilización popular de 2001
La ebullición de antes y después
Las escuelas de Historia y Antropología organizan esta semana proyecciones audiovisuales y conversatorios.
El recuerdo del 19 y 20 de diciembre de 2001, el estallido popular y la represión estatal, más de una vez, empaña la intensa resistencia popular que jalonó todo ese año. En Rosario, el movimiento estudiantil se organizó en coordinadoras de lucha contra el ajuste, que tuvo un punto altísimo con el rechazo a los planes de Ricardo López Murphy. Antes y después de los dos días bisagra, la movilización popular se hizo cuerpo. "Memorias de la resistencia en Rosario. A 20 años del 2001", se llaman las jornadas que se realizarán mañana, el jueves 9 y el viernes 10 de diciembre, organizadas por las Escuelas de Historia y Antropología de la Facultad de Humanidades y Arte. Todo empezó con las fotos que Luciana Seminara, actual directora de la escuela de Historia, subió en redes sociales, sobre la intervención "UNR Liquida", de septiembre de 2001, que rápidamente sumó los recuerdos de muchxs de sus participantes. Y se convirtió en una apuesta a recuperar esas memorias. El final del ciclo, el viernes, a las 17, en el salón de Actos, es la proyección del documental "Fondo, otra vez la misma receta", con comentarios vía streaming de su director Alejandro Bercovich. Con ese gesto, se subraya también la continuidad histórica y las heridas abiertas.
Cuando Seminara subió sus fotos -que también ilustran esta nota- "se armó una bola de nieve, y se pusieron en contacto varias personas, ahí surgió la idea de hacer estas jornadas y recuperar las memorias de las coordinadoras de lucha, que tuvo ese punto más álgido en la UNR Liquida", cuenta Seminara. Así empezó a armarse la actividad que comienza mañana. "La propuesta es apelar a la memoria de lxs participantes, cómo fueron las luchas posteriores, pensando particularmente en los familiares de las víctimas de la represión, y cómo ahí se gesta un nuevo espacio de memoria y de lucha", cuenta Laura Bianciotto, secretaria técnica de la Escuela de Antropología.
Mañana, a las 17.30, habrá una proyección audiovisual. "Paremos el ajuste cambiando el sistema: memorias de la crisis de 2001 desde la universidad" y "Vivencias", son las dos producciones que se verán en el Patio de la Facultad de Humanidades y Artes. Esta actividad terminará con un conversatorio con activistas y militantes sociales.
El jueves, a la misma hora y el mismo lugar, habrá nueva proyección audiovisual, y conversatorio con protagonistas del movimiento estudiantil y una recuperación de la experiencia artística UNR Liquida, con la participación de varias personas que participaron.
"La intención con estas jornadas fue actuar en dos coordenadas: una tiene que ver con nuestra trayectoria en la Universidad, y lo que se fue dando en el movimiento estudiantil, recuperando la experiencia performativa, artística, contra los recortes universitarios", plantea Bianciotti, quien apuntó que los conversatorios tienden a "pensar en cómo toda esa organización se vinculó con otros espacios gremiales, sociales".
Bianciotti apuntó que "la Universidad tuvo un rol preponderante, destacado, en esos años de tanta conflictividad. Muchas de las asambleas estudiantiles derivaban en marchas, en actos o cortes de calle, en sumarse a otras actividades". Para llegar a las jornadas de mañana, hubo un trabajo de recuperación de materiales audiviosuales. "Se armó un equipo que generó entrevistas y buscó archivo documental sobre las vivencias, las experiencias de organización, que quede como material de aquellos docentes, referentes de aquella época y de quienes éramos estudiantes y hoy estamos en lugares de responsabilidad".
Una de ellas es la propia Seminara, hoy directora de la Escuela de Historia, y en 2001 estudiante, militante, manifestante, y fotógrafa con profusa documentación de -entre otras actividades- UNR Liquida. ¿En qué consistió? Una intervención artística para denunciar la mercantilización y el intento privatizador. Hay quienes todavía recuerdan los códigos de barra, o las góndolas callejeras. "Nos marcó mucho esa experiencia de lucha, porque una de las cosas que rescatamos quienes participamos de esas coordinadoras, es que fue una experiencia muy alegre. El final del 2001 fue fatídico, terminó mal, con esas represiones, y la cantidad de muertos (nueve solo en la provincia de Santa Fe), pero para nosotros ese año fue de creación de formas de militancia nuevas, muy colectivas", siguió la historiadora y recordó: "En las asambleas decidíamos todo entre todas y todos, hubo un momento de efervescencia y creación política muy grande".
Por eso, y ante la coyuntura con tantas reminiscencias, definieron la actividad de cierre. "Pensamos que era bueno traerlo a Bercovich, con su documental Fondo, para volver a pensar esas continuidades que tenemos con el Fondo y cómo nos determina política, económicamente, esa deuda", dijo Seminara. Para Bianciotti, "parte del documental habla a algunas generaciones que crecieron sin saber lo que era el Fondo Monetario Internacional". Consideró que "es conmovedor porque nos vuelve sobre un pasado que no es tan pasado".
Todas las actividades son presenciales, abiertas y gratuitas. Y se transmitirán por el canal de Youtube de la Facultad de Humanidades y Arte.
La necesidad de una nueva ley de sida para la atención integral
La pandemia silenciada por oscuros intereses
El comunicador Cristián Alberti plantea que la investigación sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana no avanzó por los intereses de la industria farmacéutica.
El Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (sida) irrumpió en el ámbito público hace poco más de 40 años, 4 años después se conoció qué causaba la enfermedad y se determinó la diferencia entre el virus VIH y el síndrome, sida.
Cristián Alberti, activista pro-sexo, licenciado en Comunicación Social y docente en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, considera que en el imaginario social el sida se asocia a la homosexualidad, “cuando en realidad la identidad de las personas infectadas no es determinante, sino lo que importan son las vías de transmisión, es un virus que se propaga por la sangre y los fluidos genitales, hay unas prácticas que conllevan más riesgo que otras, pero ninguna persona sexualmente activa está exenta de contraer el virus, sea homosexual, hetero, trans, lesbiana”.
El comunicador sostiene que, desde sus comienzos, el sida se convirtió en un elemento para disciplinar a las sexualidades disidentes. “El primer emergente del discurso mediático fue la instalación de una enfermedad homosexual, primero se llamó Cáncer Gay, cuando todavía no se sabía que era el VIH el que causaba el síndrome y después empezó a ser la Peste Rosa, y lo que se buscaba era englobar bajo el discurso del sida a las identidades sexo disidentes. Identidades que venían ganando espacio público y que habían empezado a disputar cierto relato sobre la sexualidad, el ejercicio de los placeres, del sexo como comunicación, como trabajo, como posibilidad de encuentro y no sólo como una práctica de reproducción de la heterosexualidad”.
"Sólo se habla cuando llega el 1º de diciembre o cuando surge alguna noticia amarillista, pero es necesario hablar del sida desde salud sexual y de la expectativa de vida”
Durante mucho tiempo, el diagnóstico de VIH se convirtió en una sentencia de muerte y llevó a la culpabilización y estigmatización de quienes se infectaron. “Hubo que replegarse nuevamente a la monogamia, a la familia nuclear y esas sexualidades que venían conquistando derechos, disputando los límites de los posible en términos identitarios y sexuales, quedaron cubiertas bajo ese velo de culpa, enfermedad y anormalidad”, señala.
Alberti considera que en la actualidad, el síndrome ha ido perdiendo agenda pública, “sólo se habla cuando llega el 1º de diciembre o cuando surge alguna noticia amarillista, pero es necesario hablar del sida desde salud sexual y de la expectativa de vida”. Para el comunicador social “todavía hay ciertos imaginarios que hacen que la vida con VIH siga siendo una vida de armarios, porque es una condición crónica, estigmatizada y asociada a ciertas identidades sexuales y sobre eso hay que batallar, ya que no sólo genera discursos de odio, sino que deja en un estado de desinformación a un conjunto de la población que cree que no corre riesgos de infectarse”.
En este sentido, Alberti aclara que “en el ejercicio de la sexualidad siempre aceptamos riesgos, pero esto debería darse desde la información, conociendo y pudiendo elegir. La información tiene que estar disponible y ser de conocimiento de todas las personas para que el ejercicio de la sexualidad sea más placentero, un poquito más libre y experimental, como debería ser la sexualidad en términos de potencia, comunicación y encuentro”, sostiene.
El hecho de que aún después de 15 años de su promulgación, la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) no se haya implementado en muchas instituciones educativas expresa mucho del discurso sexual que socialmente se sostiene. “De la sexualidad se está hablando constantemente. En la actualidad, creo que se hace desde la culpabilización de los placeres, desde la normativización de la identidad heterosexual. Entonces hay que insistir en la implementación de la ESI porque no sólo nos posibilita pensar otros usos de la sexualidad sino que nos da información de cuáles son los riesgos que se contraen en el ejercicio de los placeres”, resalta el docente.
La otra pandemia
En Argentina hay 136 mil personas que conviven con el sida, pero se considera que hay un 17% de las personas infectadas que no lo saben y el 30% de los diagnósticos se realizan en estadios tardíos, lo que afecta la calidad de vida de las personas afectadas.
“Muertes a causa del sida siguen existiendo y esto me parece que es un dato que hay que remarcar porque los que siguen muriendo por HIV son las poblaciones más vulnerables y empobrecidas que llegan tarde a los diagnósticos, y entonces el síndrome ya avanzó y las enfermedades marcadoras también. Siempre insisto con una reflexión que habla del sida como un espejo en el cual se reflejan las desigualdades de la sociedad. Si nos ponemos a pensar en términos epidemiológicos, las poblaciones más vulnerables son las usuarias de drogas intravenosas y las mujeres travestis, trans y transgénero, son las poblaciones que más diagnósticos positivos presentan y más riesgos de muerte tienen”, señala.
Alberti considera de mucha importancia develar el rol de la industria farmacéutica en administrar la salud y la enfermedad a nivel global. El comunicador sostiene que en el caso del sida no hubo inversión en la investigación ya que se trataba de una población que no estaban dentro de los intereses públicos ni privados y no generaban renta.
Plantea que la pandemia de covid puso al descubierto el modo en que el poder farmacéutico rentabiliza la vida. “Con la pandemia hubo una naturalización de eso que veníamos discutiendo los activismos seropositivo, el poder de la industria farmacéutica, laboratorios interviniendo en la legislación de los países como requisito para darles la vacuna. Ese poder empieza a construirse a partir de la crisis del sida y la falta de respuesta para evitar las muertes”.
En este sentido destaca la importancia de que se trate en el Congreso, después de que perdiera estado parlamentario en dos oportunidades, la nueva legislación que reemplace la Ley Nacional de sida, sancionada en 1990. “Para esa época era una ley de vanguardia que hace valer el derecho a la salud de todas las personas que vivimos con VIH y muchos de los derechos que hemos conquistado son en base a esa ley, pero el contexto cambió, hay otras necesidades. La nueva ley tiene su espíritu enmarcado en un enfoque de derechos humanos y uno de sus puntos es declarar de interés nacional la producción pública de los medicamentos, la cura como horizonte y promover investigaciones en ese sentido”.
Actualmente el tratamiento está compuesto por una combinación de diferentes medicamentos que evita la replicación del VIH, no cura la infección pero impide que el virus se multiplique y afecte la salud de la persona infectada. Es crónico, una vez que se empieza el tratamiento es necesario tomarlo de por vida.
"La nueva ley tiene su espíritu enmarcado en un enfoque de derechos humanos y uno de sus puntos es declarar de interés nacional la producción pública de los medicamentos".
“Desde los activismos insistimos en la cura, obviamente que hay que apostar a la prevención y al acceso de los medicamentos para las personas que viven con VIH y sida en la actualidad, porque corren riesgo de muerte sino se medican, pero también remarcar que no queremos depender de las pastillas de por vida, por el altísimo costo, las dificultades al acceso y, sobre todo, por los efectos secundarios que tiene esa medicación en el cuerpo, por eso queremos la cura del VIH y creemos que es posible. Obviamente faltan los incentivos políticos y económicos para lograrlo”, destaca Alberti
Desde 1988, todos los primeros de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el sida, una fecha que sirve para volver a poner al síndrome en el espacio público y promover el diagnóstico, aunque las campañas suelen tener una impronta puesta en la prevención, más que en plantear políticas para las personas que ya viven con VIH, y habilitar la reflexión en torno a “qué presentes pueden discutir y qué futuros pueden imaginar”.
Fuente:Rosario12
Conversaciones republicanas
El colaborador de un encumbrado funcionario del Gobierno de Santa Fe le pregunta al ministro: “¿Quién maneja a estos vagos?”. Se refiere a un par de fiscales que molestan al poder político con sus investigaciones. El ministro responde: “El tema es que no los maneja nadie, los vagos van y van y nadie les pone límites. Para mi están motivados políticamente”.
La charla se produjo en 2017. Los protagonistas son un asesor del entonces vicegobernador radical, Carlos Fascendini, y el ministro de Seguridad del mismo partido en el Frente Progresista, Maximiliano Pullaro, y sirven para ilustrar el presente de operaciones e indignaciones por las presuntas maniobras en la recolección ilegal de información en el Ministerio de Seguridad.
Plasman con nitidez el aceitado vínculo existente entre el ahora diputado de Cambiemos, el ex progresista Pullaro, el jefe del MPA, Jorge Baclini, y el fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, quien le habría prometido detener a un policía corrupto “después de las elecciones”, aunque algo salió mal.
Aquella conversación quedó grabada judicialmente en una causa por presuntas irregularidades en las horas Ospe de la Policía en la que dos fiscales de Santa Fe, María Laura Martí y Roberto Apullán, solicitaron a un juez la intervención del teléfono del entonces ministro.
Cuando Pullaro se enteró, se alteró. El juez que las había autorizado, Nicolás Falkenberg, puso marcha atrás y dijo que no sabía que se trataba de la línea del ministro. Ambos fiscales fueron apartados del caso por su superior, Arietti.
La causa había derivado en una sospecha de que la cartera de Seguridad “arreglaba” los exámenes de ascensos policiales a partir de un diálogo del ministro con un comisario: “Te vamos a tener que dar las preguntas, viste… como en la escuela…”, dijo Pullaro.
Allí se reveló también un diálogo entre Pullaro y Baclini. El ministro estaba enojado por la detención de un jefe policial, el comisario Adrián Rodríguez que, si bien admitía que estaba sucio, le habían prometido que se realizaría luego de las elecciones de octubre de 2017.
—Pullaro: ¿Qué haces Jorge? Che, ahí me informan que detuvieron a Adrián Rodríguez, el Jefe de la 5ta.
—Baclini: ¿Adrián Rodríguez?
—Pullaro: El jefe de la 5ta, un tipo que fue jefe de La Capital.
—Baclini: Ah, en Capital. No, no sabía nada.
—Pullaro: Che, bueno, no. Qué se yo, ¿eh?
—Baclini: Ahora voy a preguntar. ¿Quién lo detuvo, Apullán?
—Pullaro: Apullán, tengo entendido que es por las Ospe.
—Baclini: Y sí, Arietti yo estuve hablando el otro día y me dijo que tenía, pero que no sabía que lo iban a detener.
—Pullaro: A mí me dijo que tenía, pero que lo iban a detener después de las elecciones a todos. No sé por qué han apurado.
—Baclini: Sí. Dejame que lo llamo y te averiguo, te averiguo bien. Averiguo bien y te digo.
Otra escucha de esa causa, de una conversación entre Pullaro y una colaboradora suya, remarca la presunta promesa incumplida por Arietti.
Voz femenina: “No, y no sé… ¿Cómo se cortan? Yo no entiendo, una fiscal se corta en una detención de un policía, sin que sepa Baclini, sin que sea, no sé… Tienen ahí un quilombo igual que el nuestro me parece, ¿o no?”.
Pullaro: “A mí me parece que más, la Fiscal no le dice, no le avisa a Arietti, va y detiene. Arietti a mí me había dicho que lo hacían después de las elecciones”.
Denuncias de Sain que patearon el tablero
Los allanamientos por presunto espionaje, sin información pero con mucha especulación. La intencionalidad política del “elenco estable” del poder provincial, sus antecedentes. Persecución a Sain y la pública enemistad con un fiscal prometedor.
La intencionalidad político-institucional de los allanamientos a las sedes rosarina y santafesina del Ministerio de Seguridad provincial del viernes 26 de noviembre, en una investigación por presuntas maniobras ilegales en la recopilación de información estatal, quedó expuesta en las declaraciones periodísticas del diputado radical Maximiliano Pullaro, quien afirmó que se trata del “hecho más grave de la democracia santafesina” porque “es una empresa criminal dedicada a la extorsión a través de inteligencia ilegal constituida y construida por el Estado”, aunque aclaró que no conoce la evidencia recolectada por los fiscales del caso, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, sino que su dictamen se basa en “las crónicas periodísticas” que, por cierto, aportan poco. Es decir, no sabe de qué se trata, pero asegura que es el hecho más grave “de la democracia santafesina”. Los investigados, desde el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain hasta parte de su equipo que continuó en la gestión de Jorge Lagna, están convencidos de que se trata de un caso de lawfare pergeñado por un entramado político-judicial-mediático y ejecutado por el fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, quien mantiene una enemistad pública con el ex funcionario y tiene motivos para ello. El concejal rosarino de Cambiemos, Roy López Molina –y no un legislador oficialista- sostuvo tras el resonante episodio que evoca a la bóveda en la casa de Cristina Fernández Kirchner que sólo se vio en forma de fantasiosa réplica en el programa televisivo de Jorge Lanata, que “en Santa Fe el nuevo objetivo del elenco estable es la construcción de un relato para garantizar que nunca más nadie se atreva a perseguir a las poderosas mafias que explican la violencia: como no alcanzó con la demonización de Sain, ahora pretenden crear la idea de espionaje”.
Si un fiscal federal excavó suelo patagónico en busca del dinero enterrado sin conseguir los resultados deseados, pero parte de la opinión pública aún considera cierto ese relato, el “espionaje ilegal en Santa Fe” sentenciado por parte de los medios de comunicación incluso antes de una audiencia imputativa que certifique cierta apariencia de responsabilidad penal y exponga evidencia al respecto, posee todas las chances de asentarse como una verdad tan inconsistente como irrefutable.
Tan grotesco luce todo que ni la prensa ni las oposiciones políticas se preguntaron sobre la posible responsabilidad del actual ministro Lagna, que ejerce el cargo hace ocho meses, acerca de la supuesta existencia de una estructura de espionaje ilegal que habría funcionado en la cartera que conduce, a pocos metros de su despacho, según las crónicas periodísticas aludidas por Pullaro. ¿No debería ser el ministro el principal sospechoso de lo que ocurre en su cartera? Determinar quién advirtió a los fiscales que el viernes 26 un grupo de seis funcionarios del Ministerio de Seguridad rompía papeles en las oficinas que dejaban, luego de presentar sus renuncias y no antes, tal vez permita aportar un poco de luz sobre la todavía opaca trama.
“Carpetas varias”
Mientras en forma casi simultánea a los allanamientos en Rosario y Santa Fe los medios del más grande multimedio de la provincia publicaban –aunque no fueron los únicos- versiones sobre la presunta existencia de “mil carpetas” con información de políticos, empresarios y periodistas que eran secuestradas en las sedes del Ministerio de Seguridad, en el acta del procedimiento realizado por el Organismo de Investigaciones y supervisado en vivo por los fiscales Hernández y Jiménez, la fantasía de una KGB santafesina se reducía al impreciso “carpetas varias”.
Así quedó plasmado en el acta oficial, de la que los sospechados pudieron obtener copia no sin antes tener que elevar el volumen de sus voces, ante la negativa de los policías a otorgársela. El acto se realizó, para curiosidad de los investigados, sin la presencia de testigos.
En escritos presentados ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el martes 30, Sain y los funcionarios involucrados indicaron que el procedimiento estuvo plagado de “irregularidades”, que se realizó “sin orden judicial” y con “absoluta amplitud e indeterminación” del objeto de la medida, es decir, sin detallar lo que la Policía tenía que secuestrar.
Para el abogado que representa al ex ministro, Hernán Martínez, se trató de un caso en el que los investigadores “van de pesca”, término de uso jurídico que significa allanar o requisar un sitio a ver qué se encuentra, procedimiento contrario a lo que indica la ley, que dispone que las órdenes en ese sentido deben ser detalladas y precisas.
En una entrevista con Radio 10, el mismo día que el expresidente Mauricio Macri fue procesado por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, Sain explicó que “lo que requisaron es la oficina donde se hacía el control policial, Asuntos Internos, y esa oficina está a diez metros de la oficina del ministro y se llevaron expedientes que comprometían a sectores policiales”
—¿Vos qué decís, que hay más una maniobra de encubrimiento que otra cosa?—, preguntó el periodista Pablo Duggan.
—Y, no sabemos, porque el acta de secuestro dice «carpetas varias», con ese grado de imprecisión, sin testigos.
—Pero, ¿de dónde sale la versión de que son carpetas en donde vos hacías supuestamente inteligencia y demás?
—La prensa. No, eso lo han dicho autoridades judiciales, lo ha dicho el fiscal Hernández y lo ha dicho el fiscal General (Jorge Baclini), dijo que la carátula del expediente es en relación a la Ley de Inteligencia.
—¿Y qué tenés para contestarle?
—Nosotros siempre hicimos investigaciones dentro del marco de las causas judiciales. No solamente eso, el Ministerio también contribuía a las causas judiciales, de hecho ahí se trabajaba mucho con el Organismo de Investigación, pero siempre en el marco de causas judiciales. Se habló en la prensa, porque fue un gran lawfare, de carpetas sobre periodistas, sobre empresarios: eso lo desmiento rotundamente. Pero, además, yo me fui hace ocho meses del Ministerio, si yo hubiera hecho algo así y formado una gran estructura de inteligencia, ¿hubiera dejado una oficina que está a 20 metros del ministro y el ministro convivido con todo eso durante ocho meses? Es una locura, fíjate que no había terminado el allanamiento el viernes y ya un diario muy importante, La Capital, estaba publicando que había carpetas de inteligencia.
Equitativa distribución
Para entender este presente es necesario hurgar en el pasado reciente. La constitución del MPA como órgano del nuevo sistema penal santafesino, que entró en vigencia a principios de 2014, no estuvo ajena al reparto político por medio de un acuerdo entre el entonces gobernante Frente Progresista y la pata legislativa del justicialismo.
Decenas de exfuncionarios políticos del Frente Progresista, socialistas y radicales, pasaron del gobierno a la estructura del nuevo sistema penal, en fiscalías y defensorías. Algunos de ellos –de una lista mucho más extensa y sin que su mención aquí signifique juicio alguno sobre sus capacidades técnicas ni su estatura ética- fueron Guillermo Rabazzi, Carla Cerliani, Mariano Bufatrini, Fabio Mudry, Diego Poretti, Matías Drivet, Rafael Coria, Rolando Galfrascoli, María Laura Blacich, Gonzalo Basualdo, Hebe Marcogliese y Julia Tonero.
En 2017, cuando se produjo la renovación de autoridades del MPA, el radicalismo propuso a Jorge Baclini –hasta entonces fiscal Regional en Rosario- para ocupar la Fiscalía General en reemplazo de Julio De Olazábal, y el peronismo a Patricio Serjal para la Fiscalía Regional de Rosario.
En un caso que encuentra similitudes con el de Sain, a fines de 2016 había sido suspendido de su cargo como titular del Servicio Público de la Defensa el molesto Gabriel Ganón, cuyo lugar fue ocupado por Jaquelina Balangione, la esposa del miembro de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rafael Gutiérrez, primo político de quien lo propuso para ese cargo, el ex gobernador Carlos Reutemann.
También la secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales del gobierno de Antonio Bonfatti, María Cecilia Vranicich, una abogada que trabajó durante años en el estudio del exministro de Justicia, Héctor Superti, fue ungida como titular de la Auditoría General de Gestión del MPA.
Pero más curioso es la antesala de la llegada del cuestionado fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, a ese lugar.
Arietti había sido hasta entonces el jefe de la Regional 5ta del MPA, con sede en Rafaela, bajo cuya autoridad ejerció el rol de fiscal de grado Diego Fernando Vigo, quien lo reemplazaría a partir de 2017.
Vigo estuvo a cargo de una investigación por presuntas irregularidades en la distribución de subsidios del senador Raúl Gramajo (PJ-9 de Julio), que tuvo causas espejos en Rosario por las mismas sospechas.
Los fiscales rosarinos de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos que investigaron esos legajos fueron apartados de sus funciones apenas asumió como fiscal Regional Patricio Serjal, hoy imputado con prisión por el supuesto cobro de coimas al capitalista del juego ilegal, Leonardo Peiti, en la misma causa en la que todavía está implicado el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Ramón Traferri.
En marzo de 2017 Vigo archivó la causa a Gramajo. Su entonces jefe Arietti explicó que “no había elementos para continuar la investigación”. En abril, con dictámenes de la comisión de Acuerdos firmados por Gramajo y con su voto en el recinto, Arietti fue designado fiscal Regional de Santa Fe y Vigo de la circunscripción 5ta, Rafaela.
Entonces Arietti pidió “no especular” con la conexión y cercanía temporal de ambos hechos, puesto que “los legisladores votaron” y “nosotros resolvimos lo que vimos”.
Ariete judicial
Arietti es ahora el superior de los fiscales Hernández y Jiménez, los que impulsan la investigación sobre la presunta violación a la ley de Inteligencia por parte –aparentemente- de funcionarios del Ministerio de Seguridad, excepto Lagna.
Cuando Sain renunció en marzo pasado al gabinete de Perotti, Arietti interpuso un planteo para que no pudiera regresar a su cargo concursado como director del Organismo de Investigaciones. No bastaba con que dejara el gabinete, debía dejar la provincia.
El planteo, con el guión ya escrito por la oposición política, fundamentalmente el bloque radical de diputados que preside Pullaro, apuntó al hacinamiento en las comisarías, presuntas escuchas ilegales (ya desde entonces) y supuestas irregularidades en una licitación para la compra de armamento policial, que finalmente se suspendió, lo que dificulta la consumación de un delito.
Un planteo similar habían realizado los bloques de diputados del Frente Progresista, el PRO y Somos Vida apenas Sain renunció al Ministerio. Unos días después se sublevó el fiscal Regional Vigo, quien ordenó a sus inferiores que no deleguen investigaciones en el OI mientras lo dirija Sain. Para fundamentar la secesión de la Fiscalía Regional 5ta del resto del MPA, se apoyó en la denuncia de Arietti ante la auditoría interna, que se declaró incompetente para entender en el asunto.
La denuncia no prosperó y Baclini aceptó el regreso de Sain al OI, mientras desde la Legislatura el senador de la UCR, Lisandro Enrico, impulsaba su remoción por mal desempeño e incompatibilidad, atento a que había sido ministro de Perotti y ahora podía dirigir investigaciones que alcanzaran a funcionarios públicos. Antes había fracasado un juicio político para destituirlo, pues ya había renunciado.
A fines de diciembre de 2020 Enrico y otros senadores radicales votaron, junto a una de las bancadas del PJ, la que conduce Armando Traferri, contra el desafuero del jefe político del departamento San Lorenzo, requerido por la Justicia como presunto organizador de una red de juego clandestino. Lo que puede leerse como una acción corporativa de autoprotección.
La embestida contra Sain trastabilló con un fallo judicial que dejó sin efecto el impulso removedor, pero Enrico volvió a la carga con el mismo planteo, esta vez basado en los tuits “proselitistas” que publicaba Sain que, según consideró, no maridaban bien con el artículo 89 de la Constitución Provincial, que establece que “los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política”.
Para poner en evidencia que no era la adhesión partidaria de Sain lo que molestaba sino el alcance de sus investigaciones hasta las complicidades políticas y judiciales, durante la reunión conjunta de diputados y senadores que votó su remoción, el diputado peronista Leandro Busatto leyó los tuits del segundo en orden jerárquico del OI, Víctor Moloeznik: “CFK acaba de superar a Blumberg hablando de los jueces «garantistas». Le está fallando la medicación a la talentosa abogada?”, dice uno.
En otro trata de “chorizos” a los adherentes a la agrupación La Cámpora y en uno más, entre varios, sostuvo: “Escucho a Perotti decir «el estado se administra como una casa». Concepto neoliberal, pero además, sobre todo, de pedorro vuelo intelectual”. También bregó en la red social por “Bonfatti gobernador, Lamberto diputado!!”.
Antes de ser subdirector del OI, Moloeznik fue un ascético asesor del Ministerio de Justicia durante la gobernación de Hermes Binner y subsecretario en la cartera de Seguridad, con Raúl Lamberto como su conductor, en la gestión de Bonfatti.
Las enemistades cosechadas por Sain en poco más de dos años en el corazón del bloque de poder histórico de la provincia –el que el concejal López Molina llama “elenco estable”- se unieron finalmente en una votación que lo removió del cargo como director del OI. Pero la historia no había terminado.
“Hechos relevantes”
En los escritos que Sain y los integrantes de su equipo presentaron esta semana al MPA, en el que denuncian “irregularidades” en los procedimientos del viernes 26 y solicitan el apartamiento de los fiscales Hernández y Jiménez de la investigación por “falta de objetividad”, trazan el mapa de la “enemistad evidente” que el fiscal Regional Arietti posee con ellos. Y que, en el caso de Sain, se señala que es “recíproca”.
La presentación, a la que accedió El Eslabón, señala que en 2020 en Santa Fe se produjeron “tres hechos de relevancia institucional”.
El primero fue el caso “Peiti”, una investigación que “reveló los vínculos de integrantes del Poder Legislativo, así también como de policías provinciales y dirigentes políticos” con una organización ilícita.
Por esa megacausa fue imputado el ex diputado provincial y asesor legislativo del PJ, Darío Scataglini, por presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones”, al alentar el ingreso de la empresa Wildar Gaming SRL, de Peiti, para que la Lotería de Santa Fe le otorgue la explotación de terminales virtuales de juegos de azar.
Del otro lado del mostrador apareció un ex funcionario del Frente Progresista, el secretario de Legal y Técnica del municipio de Villa Gobernador Gálvez, José Fernández Chemes, quien como apoderado de la firma de Peiti hizo la solicitud a Lotería. Luego, según los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, Peiti le cedió “simuladamente” cuotas accionarias de la firma a Fernández Chemes, porque el prontuario del empresario resultaba un escollo para acceder al negocio lícito.
Finalmente, el abogado fue imputado junto a Peiti y el exconcejal de Rosario y empresario frigorífico, Oscar “Popy” Larrauri, en una causa por presunta “estafa procesal con lavado de activos” por maniobras con lotes en Funes y Casilda.
Volviendo al escrito de Sain, reseña que en la causa por juego clandestino “Peiti dio cuenta de una instancia superior comandada por un senador provincial, quien presuntamente se desempeñaba como organizador de dicha red de juego clandestino y a quien, a su vez, Peiti debía abonarle determinada cantidad mensual de dinero”.
Traferri, el senador en cuestión, fue convocado a audiencia imputativa pero, por mayoría, el Senado rechazó su desafuero y el asunto se discute ahora en la Corte Suprema de Justicia provincial, luego de que un camarista declarara inconstitucional un artículo de la norma procesal y de la Constitución provincial que legislan sobre la “inmunidad de proceso”.
El segundo hecho de “relevancia institucional” mencionado por el ex ministro es el caso Oldani, la investigación por el asesinato en febrero del año pasado del empresario turístico santafesino Hugo Oldani, que derivó en una causa federal con diez procesados por intermediación financiera no autorizada.
Sain confrontó entonces con el fiscal Regional Arietti al entender que, además del homicidio, debía investigarse la desaparición de la escena del crimen –que, luego se supo, fue con la anuencia de la subordinada de Arietti, la fiscal Cristina Ferraro- de más de 3 millones de pesos y 1,1 millón de dólares, que pusieron en evidencia el funcionamiento en el lugar de una cueva financiera.
Finalmente, el entonces ministro logró que la causa fuera al fuero federal, donde el fiscal Walter Rodríguez desentrañó la madeja y consiguió diez procesamientos.
Por un informe de la fiscal Jiménez, Arietti supo de la actuación irregular de Ferraro un mes antes de apartarla del caso, cuando el escándalo ya se había hecho público. La investigación provincial por el crimen está estancada. El vínculo entre el fiscal Regional y el ministro de Seguridad comenzó a agrietarse.
El tercer hecho subrayado en el escrito de Sain es la denuncia realizada por el Ministerio de Seguridad en agosto del año pasado por la “utilización por parte de la gestión del Frente Progresista –encabezada por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro- de fondos reservados para la defensa de policías imputados por el homicidio de Franco Casco, un caso de gatillo fácil”.
Según la investigación que realizó Asuntos Internos, hubo desembolsos de hasta un millón de pesos de fondo reservados de Seguridad para pagar los honorarios de los abogados que asistían jurídicamente a los policías implicados en el caso.
La denuncia cayó en manos de la fiscal Jiménez –la misma de los allanamientos a la cartera de Seguridad- y, según el escrito de Sain, más de un año después la investigación “se encuentra estancada”.
Traferri, Arietti y Pullaro conforman el tridente al que apunta el ex ministro y ahora asesor de Aníbal Fernández en la cartera de Seguridad de la Nación –lo que es probable que produzca nerviosos cosquilleos- para lo que considera una persecución política por sus investigaciones.
Al concejal rosarino del Frente de Todos y diputado nacional electo, Eduardo Toniolli, la causa por presunto espionaje no le parece “seria”.
“Espero que el valor probatorio sea efectivo y real para el despliegue que han hecho, aunque no lo creo por quiénes son los actores y por cómo se han movido, y esto huele mucho a una especie de vuelto por dónde han llegado algunas investigaciones que involucran al poder económico, político y judicial, como el caso Oldani”, dijo a Radio UNR (ver aparte).
Rivalidad pública
Sain y parte de su equipo pidieron en varias presentaciones al MPA, como se dijo, que aparte a los fiscales que los investigan por “falta de objetividad”.
“Resulta evidente (y de hecho es pública y notoria) la rivalidad entre el señor fiscal Regional, Carlos Arietti, y el suscripto”, señala Sain.
Recuerda que “el propio Arietti fue quien solicitó mi destitución” como director del OI y agrega que “si bien en dicha oportunidad el pedido no prosperó, finalmente fueron los mismos legisladores oportunamente investigados quienes la determinaron por sí y ante sí en el ámbito de la Asamblea Legislativa, situación que aún se encuentra judicializada”.
También recuerda que “se hizo conocida” la instrucción de Arietti a sus subordinados de “no dar información ni acceso a los legajos al OI mientras me encuentre como director”, sigue el escrito.
Y agrega que “la situación es recíproca: he acusado –con sólidos fundamentos y evidencias- en reiteradas oportunidades al doctor Arietti por no investigar las causas” mencionadas, “en una abierta crítica al funcionario”.
Así, Sain considera que “en tal contexto, resulta imposible pensar en el cumplimiento del deber de objetividad por parte de cualquier funcionario que responda jerárquicamente al docto Arietti”, por lo que solicita el apartamento de Hernández y Jiménez “sin desmedro del alto criterio que ellos merecen al suscripto, a fin de preservar el principio rector de objetividad que debe primar en la investigación”.
La carencia de información oficial sobre los allanamientos al Ministerio de Seguridad torna difícil brindar precisiones sobre el caso. Los investigados desmienten haber violado la ley, los investigadores se llamaron a silencio, prudente decisión por la resonancia política de la causa.
Perotti solicitó al Fiscal de Estado una auditoría de la cartera de Seguridad y dijo que pondrá sus resultados a disposición de los fiscales del MPA que instruyen el legajo penal.
Sin información veraz, el escenario se vuelve propicio para el rumor, los trascendidos, los siempre interesados off the record. Por ahora, sólo es posible analizar las acciones conocidas de los actores en juego, que contextualizan el escenario en el que se desenvuelven los hechos.
Fuente:ElEslabon
Historia e investigación
El libro El peronismo de Santa Fe. Frentismo, rupturas internas y desestabilización institucional (Tinta libre) es un trabajo del profesor de historia y magíster en estudios políticos, Marcelo Adriani, que será presentado en el salón de la COAD, Tucumán 2254, el próximo martes 7 de diciembre desde las 18.30.
La obra -detalla el autor- llega luego de tres años de elaboración, con un exhaustivo relevamiento bibliográfico sobre esa etapa y la concreción de 16 entrevistas, entre las que se cuentan las realizadas a Roberto Rosúa, Luis Rubeo, Rubén Dunda, Eduardo Cevallo, Victorio Paulón, Danti Aranda, Berta Temporelli, Bety Tony, Oscar Lamberto y Domingo Pochettino, entre otros; dirigentes de la JP de aquel tiempo, funcionarios provinciales, legisladores nacionales y provinciales, militantes de base, de la UES, entre otros.
El libro tiene como punto de inicio el retorno a la democracia en 1973 y del peronismo al ruedo electoral luego de 18 años de proscripción. “En ese contexto, la decisión de Perón de impulsar la candidatura de un extrapartidario, el Doctor Carlos Sylvestre Begnis, a la gobernación de Santa Fe, provoca un cimbronazo interno que termina con la decisión de «romper» por parte del sector encabezado por el Capitán Antonio Campos y Alberto Bonino, quienes habían sido consagrados en el Congreso provincial del partido”, repasa Adriani.
Luego del análisis del triunfo electoral de Sylvestre, “el texto se orienta hacia las terribles disputas internas que encabeza el vicegobernador Cuello, de extracción gremial, en busca de la intervención federal a la provincia, en sintonía con lo que ocurriera en otros distritos”. Se describen también -repasa el autor- las características de los diferentes espacios internos del peronismo santafesino y cómo repercuten en ellos las esquirlas del enfrentamiento interno a nivel nacional. Los niveles de enfrentamiento son de tal envergadura, que superan en mucho al ya clásico “Montoneros vs burocracia sindical”; se cuentan también los que involucran al interior del movimiento obrero, como el de la UOM y el sindicato de la carne, o el referido al frondoso espacio de la juventud, en el que se destaca la disputa entre Montoneros y la disidencia corporizada por la llamada Lealtad, encabezada por Obeid y Pochettino en la provincia.
Ante un panorama de tal complejidad, Adriani observa con detenimiento la gestión del gobernador Sylvestre Begnis, jaqueada por dificultades de todo tipo.
El autor relata que su motivación al escribir este libro fue el de dar cuenta de una etapa traumática, que se desarrolla entre dos dictaduras cívico-militares, desde la mirada de la historia política, aunque ingrese de lleno en elementos de análisis económicos y sociales, en un contexto espacial subnacional, la provincia de Santa Fe, tan extensa y diversa, con matices no siempre armónicos, entre el norte y el sur, entre lo urbano-industrial y lo agrícola-ganadero, que terminan influyendo también en las cuestiones de orden político.
Adriani extiende su invitación a todos los interesados en esta etapa de la historia argentina, que tiene al peronismo como un protagonista excluyente.
Fuente:RedaccionRosario
El proyecto de La Muni para convertir a La Lata en La Boca rosarina
El secretario de Cultura pretende darle otro color al sector discriminado del barrio Hospitales a través del color, el diseño y la imaginación, hasta transformarlo en un lugar de visita turística. Lo contó en Sí 98.9
Una de las ideas a desplegar por Taparelli que ya tiene el visto bueno del intendente Pablo Javkin es el rescate de Barrio Corrientes, conocido también como villa La Lata, en la zona de Hospitales y donde el artista busca emular un barrio al estilo La Boca en Buenos Aires con un gran polo cultural. Sobre eso informó que están a poco de firmar un convenio con una empresa que será la encargada de dar la infraestructura, entre ello pintura y sanitarios.
“El barrio La Lata antes se llamaba así con desprecio, después pasó a llamarse barrio Corrientes. Nosotros una vez terminado este proyecto, vamos a insertar otro proyecto que se llama “Árboles de comida”, que son los árboles frutales en los espacios públicos, vamos a convocar a los vecinos de ese barrio para que le pongan un nombre, que decidan ellos cómo quieren llamarse, que no sea por imposición”, explicó el titular del área, Dante Taparelli.
Funcionario cultural, pero sobre todo creador constante, contó que cada una de las viviendas del barrio estarán pintadas con los colores del mutualismo y tendrán en su dintel las iniciales de la familia. “Va a ser uno de los puntos selfies de la ciudad, además estamos en tratativas con la National Geographic para que haga un documental”, precisó y proclamó sobre este proyecto que en parte intentó llevar a cabo en 2016 cuando era funcionario a cargo de la dirección de Diseño e Imagen de la ciudad y que ahora, cree, está próximo a hacerlo realidad.
Usina de ideas
Taparelli está muy entusiasmado con algunos proyectos, que según dijo, “le vienen a cambiar la cara a la ciudad y van a ser permanentes”. Tras un año de dificultades, como consecuencia de la pandemia, el verano viene asomando y la ciudad se prepara para recibir un sinfín de eventos culturales.
Entre los adelantos que tiró al aire de Si 98.9, está un posible acuerdo con los gestores culturales con la votación de la ordenanza que los regula y de esta forma volver a abrir las salas independientes.
A seis meses de la presentación de un proyecto de ordenanza en el Concejo de Rosario para regular los espacios culturales que realizan talleres, muestras y eventos en la ciudad, los espacios reclaman una reunión que fue prometida por las autoridades municipales y nunca se concretó. Cabe recordar que ya han naufragado varias iniciativas similares. “Hay que facilitar porque, al estar tanto tiempo cerrados, hay que habilitarlos de nuevo y la habilitación e inspección sale mucha plata”, dijo en ese sentido Taparelli.
Que luego adelantó, mediante los abogados del Municipio, están por firmar un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para que por el precio de una habilitación se puedan habilitar diez espacios, muchos de ellos espacios alternativos a los cuales, indicó “están ayudando a regularizar su situación para que se terminen los problemas”. “No vamos a ver si es el huevo o la gallina, vamos a resolver”, ratificó.
Fuente:RosarioPlus
Nueva etapa
La Usina Social superó un año difícil y se consolida con nuevas metas y desafíos
El espacio sufrió la muerte de su fundador, Miguel Lifschitz, pero siguió adelante y la segunda mitad del año desplegó una variada e ininterrumpida agenda de actividades. “Hemos construido una identidad que nos diferencia y estamos poniendo todo para hacer honor a ese legado”, aseguró Clara García
4 de diciembre de 2021
La Usina Social realizó un balance de las actividades desplegadas a lo largo de 2021 y avanzó en la planificación para el año próximo en el marco de un encuentro denominado “Pensamos el 2022 entre todxs”, que estuvo encabezado por su presidenta, la diputada provincial Clara García.
“Hemos construido un nosotros, una identidad que nos diferencia y tiene que continuar abonando a un proyecto político progresista, y aportar a una sociedad más democrática, inclusiva, sustentable y feminista”, señaló García en la actividad que tuvo lugar en la sede de Jujuy al 2800.
Durante este año, La Usina Social afrontó la muerte de su fundador, Miguel Lifschitz, a causa del Covid-19. Pese a ello y a las circunstancias impuestas por la pandemia, el espacio siguió adelante y a partir de julio desplegó una variada e ininterrumpida agenda de actividades.
En la misma semana, García, quien pasó a estar al frente de la organización, también encabezó una reunión de su Consejo Asesor. “Estamos poniendo todo para hacer honor a ese legado que Miguel nos dejó y a las que fueron las bases de su proyecto: la seriedad, el trabajo en equipo, la transparencia, la mirada social y de futuro, la innovación”, sostuvo en la oportunidad.
Dicho organismo, coordinado por la diputada provincial Érica Hynes, está integrado por Diana Maffia (género), Hugo Quiroga (Estado y política), María de los Ángeles “Chiqui” González (cultura), Alejandro Katz (Estado y política), Daniela Soldano (políticas sociales), Oscar Fay (salud y producción), Ingrid Beck (género), Ricardo Silberstein (justicia), Verónica Geese (energías), Juan Carlos Zabalza (política), Andrea Uboldi (salud), Ángel Sciara (economía), Rubén Chababo (derechos humanos), María del Pilar Bueno (ambiente), Pedro Núñez (educación), Rubén Piacentini (Ambiente).
“Hacia el fin de su mandato como gobernador –rememoró García ante los miembros del consejo-, Miguel buscó que toda esa inversión en lazos sociales que da la gestión pública, todo ese colectivo de personas con trayectoria de trabajo en equipo con las que se vinculó, no quedara inmóvil o se perdiera. Por eso, imaginó la usina como un espacio social y generador de energía; no aquel típico centro de estudios que los partidos políticos solían desarrollar sino un espacio innovador para diseñar políticas públicas, con toda la apertura y el dinamismo que estos tiempos requieren”.
En tal sentido, los miembros del Consejo Asesor coincidieron en la valoración de La Usina Social en tanto espacio de diálogo, escucha y debate, que podría resumirse en las palabras de Katz: “La tradición progresista de la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe son una muestra de que la política puede seguir siendo un instrumento privilegiado de transformación de una realidad cada vez mas degradada. En ese reconocimiento, la memoria de Miguel ocupa un lugar central. Estamos atravesando momentos muy críticos y la existencia de La Usina Social sin dudas es una de las formas posibles de buscar respuestas a las dificultades que enfrentamos. Uno de los déficits de nuestro país es la falta de capacidad de construir espacios de deliberación pública que sean robustos, que interpelen a la sociedad y se pregunten por sus problemas para imaginar algunas respuestas para romper con este ciclo de deterioro”, señaló.
Sin freno pese a la pandemia
La segunda ola de pandemia retrasó la apertura de las actividades presenciales y obligó a retomar algunas actividades en formato virtual y a reducir los aforos en otras presenciales.
Con la conducción de García, en julio comenzó una nueva etapa de La Usina Social, en la que el espacio se orientó a generar mayores comunidades y que se sientan parte del proyecto general, ampliar los públicos y participantes, concretar la apertura del Bar y el área Coworking “Usina.Co”, y consolidar el trabajo alrededor de los 3 grandes proyectos transversales que se plantearon desde el inicio: 1) Innovación y cultura, 2) Estudios y formación política, y 3) Participación y construcción de iniciativas públicas.
A lo largo del año se realizaron alrededor de 360 actividades, organizadas por las diferentes comisiones de trabajo con el compromiso de generar propuestas de calidad, que aborden temas de relevancia no sólo coyuntural sino, sobre todo, coherentes con el desarrollo de los principales interrogantes y temas de debate planteados por la agenda progresista.
Esa agenda incluyó cursos de capacitación con y sin certificación, charlas, talleres, ciclos de proyección de películas, exposiciones, etc., actividades que permitieron sumar otras temáticas de relevancia, muchas veces coyunturales y otras de contenido dirigido a públicos específicos (profesionales, organizaciones sociales, mundo académico, emprendedores, etc.). Asimismo, se desplegó una vasta programación cultural que abarcó todos los jueves, viernes, sábados y domingos de la semana con diferentes propuestas artísticas.
En el marco de la reunión de planificación, Clara García valoró el esfuerzo y remarcó los desafíos que tienen por delante: “Sueñen muy grande y comprometámonos a llevar todo eso adelante el año que viene”, finalizó la actual presidenta de la institución.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
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