Diecinueve policías al banquillo por desaparición forzada seguida de muerte
La hora del juicio para el caso Franco Casco
Hace 7 años el joven fue detenido y llevado a la comisaría 7°. A las torturas, muerte y desaparición les siguió una larga cadena de ocultamiento y complicidades.
Un tribunal federal juzgará desde hoy a 19 policías de la provincia acusados de tener diferentes grados de participación en la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, por quien su familia reclama justicia desde hace más de siete años. La mayoría de los agentes prestaba funciones en la Comisaría 7°, donde el joven de 20 años fue detenido y visto por última vez. Durante este mes se realizarán tres jornadas de audiencia y el debate retomará en febrero, cuando comenzará la producción de la prueba que tiene previstos más de doscientos testimonios. "Esto es coronar un proceso de lucha que empezó Elsa, la madre de Franco (fallecida en 2016), desde una plaza de barrio Ludueña, donde llegó con una foto de su hijo para pedir ayuda", recordó el querellante Guillermo Campana sobre el devenir de un proceso "colectivo" de búsqueda de justicia que se llevó adelante en las calles y en los tribunales.
La familia de Franco no llegará sola a la instancia más esperada en el reclamo de justicia. Desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional convocaron a diferentes organizaciones a los Tribunales Federales de Oroño al 900 para acompañarlos. Al mismo tiempo, recordaron que Casco llegó a Rosario desde Florencio Varela a fines de septiembre de 2014 para visitar a familiares en el barrio Empalme Graneros. "El 6 de octubre quiso emprender el regreso a Buenos Aires y fue detenido arbitrariamente por la policía santafesina (en la comisaría 7°). Fue torturado, asesinado y su cuerpo arrojado al río Paraná", donde fue encontrado semanas después, resumieron sobre el caso.
Luego de siete años, 19 policías serán juzgados por el tribunal que integran Otmar Paulucci, Osvaldo Facciano y Beatriz Caballero. La acusación estará a cargo del fiscal Fernando Arrigo y cuatro querellas: los abogados Campana y Salvador Vera en representación de una de las hermanas de Franco y de su hijo, que tenía 3 años cuando ocurrió el hecho; la Defensoría General de la Nación, que representa a Ramón Casco, el padre del joven; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y el abogado Gabriel Ganón, exdefensor provincial, en representación de otro de los hermanos de Franco.
La lista de acusados está encabezada por el entonces comisario de la seccional séptima, Diego Álvarez, seguida por agentes, cabos, sargentos y oficiales. Las imputaciones tienen que ver con diferentes responsabilidades del delito de desaparición forzada agravada por la muerte de la víctima; encubrimiento y participaciones secundarias. En la elevación de la causa a juicio, Fiscalía consideró “que se encuentra acreditado que los funcionarios policiales imputados participaron en la privación ilegal de la libertad de Franco Ezequiel Casco, negaron información sobre las circunstancias de su detención, ocultaron su paradero y obstaculizaron su búsqueda, resultando de ello la muerte de la víctima. Conductas éstas que resultan encuadrables en el delito de desaparición forzada de persona".
Campana resumió lo que se investigó en la causa: "El 6 de octubre se dirigía a tomar un tren que salía a la medianoche hacia Florencio Varela cuando fue detenido por policías que lo sometieron, dentro de la comisaría, a torturas mediante golpes, baldazos de agua fría, insultos. Entendemos que falleció en esa situación y que luego intentaron instalar un procedimiento en relación a él que tenía manifiestas irregularidades, inconsistencias y contradicciones. Recién reconocieron la detención el 8 de octubre, cuando Ramón fue a la seccional", recordó sobre los días previos a que el cuerpo del joven fuera encontrado en el río.
Luego de un extenso proceso, el abogado señaló que el juicio significa "coronar un proceso de lucha que se inició cuando conocimos a Elsa, que estaba en una plaza de Ludueña, con una foto de su hijo, preguntando si alguien la podía ayudar. Empezamos a acompañarla muchas organizaciones que se sumaron a denunciar que era un hecho grave y que había personal de la comisaría involucrado; y a Elsa esto le llevó la vida", recordó Campana sobre el sufrimiento de la madre.
El querellante recordó que por esos días "el Ministerio Público de la Acusación instruyó las medidas 16 días después que se supiera que Franco había estado detenido en la comisaría 7°".
"Esperamos que se pueda demostrar qué sucedió, descubrir la verdad jurídica de lo ocurrido, que se pueda identificar a los responsables, que haya sanción para ellos y que eso signifique una reparación desde lo simbólico para la familia, porque obviamente hay una cuestión irreparable. También que sea un aporte a que haya justicia y que estas cosas no puedan suceder. Esperamos que sea la culminación de un proceso colectivo de muchas organizaciones y de la lucha de la familia", sostuvo.
Por otro lado, días atrás se solicitó la elevación a juicio de un vecino del barrio Luis Agote, donde está ubicada la comisaría. Según se indicó, la Fiscalía Federal Nº 1 apuntó al delito de falso testimonio para el hombre de 59 años, por considerar que brindó datos falsos. Además, continúa el trámite sobre una médica policial y odontólogos que realizaron informes de pericias. También, el Ministerio de Seguridad denunció el año pasado el uso de fondos públicos para la defensa de agentes acusados de encubrimiento, entre 2017 y 2018.
Niños
Cierre de dos alojamientos por convenio con ONGs
Niñez justificó las modificaciones
La secretaria Patricia Chialvo defendió la medida porque las asociaciones carecían de personal propio y explicó la política del área.
Ante el artículo publicado en Rosario12 que reflejó el reclamo de trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe por el cierre de dos alojamientos para mujeres y disidencias adolescentes, desde el área provincial consideraron necesario hacer conocer su posición sobre el tema. En la nota publicada ayer, el colectivo de trabajadores criticó la interrupción por parte de la Secretaría del acuerdo de cogestión entre Estado y organizaciones civiles para tercerizar las casas de alojamiento destinadas a las juventudes en riesgo. Como respuesta a esta denuncia, ayer se difundió un documento con declaraciones de la propia responsable del área en el que argumentó sobre el trabajo que se viene realizando desde diciembre de 2019 y se refirió a la situación de algunos empleados y el funcionamiento de los centros residenciales.
“En la provincia de Santa Fe, el objeto de máxima arrancó en diciembre de 2019 elevando el rango a Secretaría del área encargada del tema, jerarquizando la temática de la Niñez. Además, sumó una Dirección de Interior, a las que ya existían en Rosario y Santa Fe, con seis delegaciones y otros tantos equipos interdisciplinarios para descentralizar la atención en el territorio y estar bien cerca de cada una de las localidades”, explicó Chialvo. El esquema así diseñado, congrega a unos tres mil trabajadores, nucleados en dos gremios, y un desafío claro: revincular a los niños y niñas en núcleos familiares originales o los que se pudieran formar.
“Cuando llegamos a la gestión, había 1.090 niños, niñas y adolescentes alojados en 20 centros residenciales oficiales y 50 centros residenciales a través de convenios, ingresados desde 2011, en adelante. Hoy tenemos 749 alojados, esto tiene que ver con un trabajo que estamos haciendo de revinculación, en distintos formatos”, comentó. En su opinión, es justamente la institucionalización lo que se quiere evitar con distintos recursos, porque llegar “a un Centro Residencial, significa un gran fracaso de todas las intervenciones anteriores que no lo han podido evitar”, explicó Chialvo.
Según se detalla en el documento, de los 50 centros residenciales que están conveniados, unas ocho son comunas y el resto asociaciones civiles que reciben fondos capitados (de acuerdo al número de alojados). “Con estos centros, se trabaja en el marco de los Estándares de Alojamiento acordados con recomendaciones de UNICEF y de organismos nacionales”, explicó Chialvo. Y dijo además que "los convenios se firman por diferentes cantidades de plazas abonadas mensualmente desde el Ministerio de Desarrollo Social, para abonar alimentos, vestimenta, equipos interdisciplinarios y personal".
Por otro lado, se plantea que en las tareas de monitoreo que Chialvo encabezó, y que incluyó un proceso de evaluación de cada uno de los centros residenciales conveniados, se detectaron algunas discordancias altisonantes. “Se relevó que en dos de esos centros, desde hacía ocho años, había 35 trabajadores de la Secretaría de la Niñez, cumpliendo trabajos en una ONG”, relató. Y dijo que en función de una cuestión de equidad con los demás centros, "se dispuso que los trabajadores de planta iban a ser relocalizados en otros servicios de la Secretaría de la Niñez, y que esa asociación, debería poner a sus propios trabajadores".
Según la funcionaria, esta medida motivó una reacción. “Nosotros respondimos que tenemos voluntad de continuar el alojamiento, pero planteamos que los trabajadores de la Secretaría debían cumplir sus funciones en planta y nos respondieron que con esas condiciones, no iban a continuar”, explicó. Y desestimó que la relación con dicha asociación se tratase de una cogestión: “Si le pago las plazas y también a los trabajadores, claramente eso no es una cogestión. Cada organización se hace cargo de sus propios empleados y no la Secretaría de la Niñez”, replicó.
“En la actualidad, los empleados de la Secretaría fueron reubicados en sus tareas específicas, en distintas áreas, porque tenemos muchos servicios. Nadie se quedó sin trabajo, pero están dentro del esquema normativo que deben estar”, aclaró Chialvo y reiteró que el interés no es rescindir el convenio con nadie. Además, adelantó que "ya se está trabajando en transformar el convenio en cuestión en un centro residencial oficial", para lo cual ya disponen de una casa que les cedió la provincia.
María Eugenia Schmuck será reelegida presidenta del Concejo
Juran los trece concejales
Son los elegidos en la elección del 14 de noviembre y asumirán las bancas el 10 de diciembre. Cinco de los trece fueron reelectos.
El Concejo Municipal tendrá hoy la ceremonia de jura de los nuevos ediles que fueron elegidos en los comicios de noviembre pasado y que implicará una reestructuración de la composición de bloques y de minorías legislativas. La sesión preparatoria donde prestarán juramento los 13 concejales y concejalas electos será a las 14 y luego deberán elegirse las autoridades (presidencia y vicepresidencias primera y segunda) para el nuevo período legislativo que se iniciará el 10 de diciembre próximo. La actual presidenta, María Eugenia Schmuck, cuenta con los apoyos necesarios para ser reelegida por un año más.
De los 13 ediles que asumirán sus bancas a partir de hoy, tres son del Frente Progresista (Ciro Seisas, Nadia Amalevi y Verónica Irizar), tres del Frente de Todos (Lisandro Cavatorta, Julia Eva Irigoitía y Norma López), tres de Juntos por el Cambio (Ana Laura Martínez, Martín Rosúa y Carlos Cardozo), dos de Ciudad Futura (Juan Monteverde y Jésica Pellegrini) y dos del partido Mejor (Miguel Tessandori y Valeria Schvartz). Vale mencionar que en los casos de Verónica Irizar, Norma López, Ana Laura Martínez, Carlos Cardozo y Jésica Pellegrini renuevan sus mandatos por un periodo más.
Por su parte, los concejales y concejalas que finalizan sus mandatos y dejan el cuerpo legislativo local son cuatro de Juntos por el Cambio (Roy López Molina, Agapito Blanco, Renata Ghilotti, Germana Figueroa Casas); dos del Frente Progresista (Lorena Carbajal y Lisandro Zeno); y dos del peronismo (Alejandra Gómez Sáenz y Andrés Giménez).
De esa manera, con esta nueva composición, el interbloque del Frente Progresista tendrá ocho integrantes y pasará a ser la primera minoría, seguido por Juntos por el Cambio y el peronismo con seis ediles cada uno, con cinco quedará Ciudad Futura y ahora se suma el bloque Mejor de Tessandori con dos integrantes, mientras que Ariel Cozzoni mantiene su bloque unipersonal.
Fuente:Rosario12
"Lamentamos que sean juzgados sólo policías y no otros actores políticos"
En la previa al esperado juicio en el Tribunal Oral Federal de Rosario por la desaparición forzada, torturas y asesinato de Franco Casco donde serán juzgados 19 efectivos de la policía provincial de Santa Fe, el abogado de la familia de la víctima analizó la jornada: "La perspectiva es que se devele todo lo que ocurrió".
Vera lamentó que no se pudiera llevar al banquillo a autoridades políticas que, según explicó, influyeron en el ocultamiento de la causa: "Lamentamos que en este juicio sean sólo policías y no otros actores políticos que tuvieron un rol muy fuerte en el ocultamiento de evidencias. Esa fue la parte que hemos fallado y no logramos traer a juicio".
La desaparición forzada es una figura que necesita de encubrimiento y negativa a informar. Según Vera, eso fue lo que sucedió: "Hubo algunos funcionarios del ministerio de Seguridad que tuvieron un rol activo en el ocultamiento de la detención de Casco. De hecho se plasmó en la disposición de fondos para pagar los honorarios de los abogados defensores de los agentes de la división de asuntos internos que eran los que investigaban a sus pares".
"Acá se evitó la investigación y se pagó la defensa de los policías", sostuvo. Alrededor de la mitad de los imputados por la desaparición forzada como coautores y aplicación de tormentos están en libertad y el resto con prisión preventiva.
Fuente:RosarioPlus
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