Recuperación económica y la alarma
de los datos del Indec
Por Máximo Paz, Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022.
La recuperación económica luego del levantamiento de todo tipo de restricciones para hacer frente a la pandemia en Argentina tiene proyectado alrededor de un 10% de crecimiento de la actividad. Contra todo pronóstico –que indicaba algún tipo de dificultad para la salida a la profundización de la crisis de la república ocasionada por el parate- el país multiplica día a día postales de consumo y generación de empleo. Sin embargo, los últimos informes, entre otros, del Instituto Nacional de Estadística y Censo (también conocido como Indec) muestran un claro deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera nacional. Los datos del organismo destacan la informalidad imperante en la creación de puestos de trabajo, sueldos muy por debajo del promedio para no ser pobre, la imposibilidad de acceder a una canasta básica y una inflación constante que carcome el poder adquisitivo a las mayorías.
Empleos
Según los datos gruesos expuestos por el Indec para el tercer trimestre de 2021, estos indicaron que la desocupación descendió a un 8,2%. De todos modos, y a partir de una mirada más exhaustiva, el documento reveló que tal porcentaje se compone a partir de la creación de empleos de baja calidad. En ese sentido, el Instituto señaló que la torta del incremento de puestos laborales está constituida por un 33% de empleos formales y un 67% de trabajo precario.
La medición del establecimiento estatal se dio entre la población urbana y es el número más bajo desde el comienzo de la nueva serie de la institución, inaugurada en 2016. A su vez, el estudio marcó las tendencias en la marcha de la recuperación económica post-Covid. Esas directrices reconfiguran el escenario sobre la recuperación del llamado mercado laboral a un mayor despliegue del trabajo en negro, precario y de baja calificación.
El documento informó que la población se acrecentó en 434 mil personas en los 31 conglomerados urbanos encuestados. Con ello, la suma total de habitantes llegó a los 28.940.000. Sobre ese universo urbano, la cantidad de personas ocupadas crecieron en 1.746 millones y las desempleadas decrecieron a 302 mil.
Sobre los 1.746 millones de trabajadores incorporados al campo de la ocupación, los datos del informe demuestran que únicamente un 32,8% de ellos fueron contratados en blanco, mientras que de forma simultánea, un 24% ladeó por algún tipo de changa o auto emprendimiento y los integrantes del 42% restante encontraron un lugar donde vender su fuerza de trabajo, aunque en negro.
Tales porcentajes demuestran que por cada empleo formal que se creo en el último año, se establecieron casi dos puestos informales y casi un puesto por cuenta propia, en su mayoría vinculados a desempeños de baja calificación.
Asimismo, el informe destacó que las y los trabajadores que se encuentran ocupados en un puesto o en búsqueda laboral activa crecieron, sobre el último trimestre, a un 46,7%. En igual plazo, pero del año anterior (2.020), la cifra fue de 42,3%. El incremento en la tasa de actividad, según explica el Indec, se dio por la incorporación de jóvenes como nuevos activos y los desincentivados –ahora vueltos a la búsqueda- inmovilizados en su momento por el parate económico ante la pandemia.
Pobreza
Incluyendo al tercer trimestre de 2021, como el caso anterior, el Indec, además, publicó el documento “Evolución de la Distribución del Ingreso”, informe llevado a cabo en base a la Encuesta Permanente de Hogares. Allí, entre otras referencias, el organismo destacó que al menos el 60% de las y los obreros del país transcurren su subsistencia mensual con salarios que promedian los 51.597 pesos.
A su vez, el paper muestra que entre el conjunto de personas con descuento jubilatorio y, por ende, con mayor nivel de regularización, el monto medio rondó los 62.038 pesos y 27.301 pesos mensuales para quienes no se encuentran sujeto al beneficio previsional, reflejo que marca la surcada precarización en gran parte de la población obrera.
Entre otros datos recluidos, el organismo calculó que el 50% de los hogares no llega a cubrir la Canasta Básica Total.
Otro dato a destacar fue la distancia salarial entre géneros. Mientras el ingreso promedio de los hombres fue de 60.348 de pesos, el de las mujeres alcanzó sólo los 43.183 de pesos. La resultante desembocó en una brecha del 40% de los ingresos entre ambos sectores.
Canasta básica
Siguiendo con sus informes, el organismo estatal marcó que tras su última suba, el salario mínimo vital y móvil alcanzó los 32.000 pesos en octubre. Un aditamento exiguo, si se considera que se requerirían más de dos salarios mínimos para completar una canasta básica familiar y casi un sueldo entero para obtener una canasta alimentaria que satisfaga las necesidades de un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores.
Mismo, una familia tipo requirió en noviembre casi 74.000 pesos para escaparse del precipicio de la línea de la pobreza y más de 31.700 pesos para superar la marca que señala la indigencia.
En detalle, el Indec interpretó que la suma por individuo para llegar a la Canasta Básica Total -que comprende alimentación, vestimenta y servicios, entre otros- se necesitaron para el mes de noviembre pasado 23.922 pesos (2,1% más que octubre). Por ello, un grupo doméstico de cuatro integrantes precisó 73.918 de pesos para no caer debajo de la línea de pobreza. El ingreso mínimo llegó a 77.745 de pesos en los hogares de cinco personas.
Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria, que, como bien indica, solo encierra el consumo alimentario y, con ello, estipula la línea de indigencia, subió a 10.267 pesos por sujeto. Así, reconoció un incremento del 2,6% en el penúltimo mes del año. En efecto, un grupo familiar tipo requirió 31.724 pesos para no ser indigente. Esa cifra alcanzó los 33.367 de pesos en el caso de hogares formados por cinco personas.
Inflación
Mientras los especialistas debaten sobre sus causas y el equipo del gobierno la observa desde lejos, la inflación en la República Argentina no da respiro. Ahora, a días del comienzo de nuevo año y luego de las fiestas, algunas consultoras privadas retrocedieron sobre sus estimaciones acerca de los incrementos de precios de fin de año y las posibles subas para 2022.
En un primer momento, tales empresas estipularon una inflación que rondó el 3% para diciembre. Ya con el mes consumado, la vista gorda del proceso de la treintena hace que el número tenga que ser revisado. Por ello trasladaron la estimación a un 4,6% promedio. Los ojos están puestos en arrimar la bocha a la publicación del Indec que hará el jueves 13.
El último informe del organismo estadístico arrojó un 2,5% en noviembre y un aumento acumulado en el año de 45,4%. Si se confirman las sospechas de los especialistas, la inflación anual quedaría por encima de 51% y sería segunda en el podio del siglo XXI, sólo superada por 2019 (53,8%).
Fuente: ANRed
Acordar o recordar, primero está el
Fondo ó el Pueblo?
Por F. Ramos., Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022.
El acuerdo de pago al FMI se estanca por las exigencias del propio organismo internacional,.
AF no se anima a rendirse incondicionalmente a sus planteos, cosa que si harían con mucho gusto, Macri, Larreta o Morales…
La rendición que se está proponiendo desde el gobierno aparenta ser más «digna» pero rendición al fin. Y todo esto en medio de una inedita pandemia mundial.
Mientras no se firme ninguna rendición de ningún tipo aún estamos a tiempo de seguir presionando por otras alternativas dignas pero en serio, como la declaración de Deuda Odiosa que venimos sosteniendo desde la Corriente IN y que R. Saa popularizó en la última reunión de gobernadores, o la denuncia a la Corte Internacional de la Haya como ha expresado Soberanxs.
Para el gobierno la enorme Estafa de la Deuda Externa nos condiciona mucho más que la vieja Deuda Interna que tenemos con nuestro Pueblo. Y el plan económico «plurianual» (no le pusieron Quinquenal para no asustar a los Mercados) está supeditado al acuerdo con el Fondo, una vez más el carro delante del caballo, la usura foránea vale más que nuestras propias necesidades…
Y en esta cuidada obsesión de no tocar los intereses de la oligarquia, la misión «donde sacamos dolares» está a tope, y entonces vamos por la Mega minería en Chibut y el Pueblo se planta y resiste! Dejan abierta a los privados extranjeros nuestra arteria mayor: el río Paraná, y proponen plataformas petroleras frente a la costa de Mar del Plata, e irán por el litio privatizado y las granjas porcinas con China. Todo lo que sea, no solo para no tocar al enemigo histórico sino para beneficiario con más contratos de exportaciones primarias y así pescar algunos dólares entre medio de tanta entrega de Soberanía, para hacer frente a los futuros vencimientos de la Estafa con el Fondo.
Y el Fondo como todo organismo mafioso sin importarle pandemias ni pueblos empobrecidos, juega con el ancho de espada del próximo vencimiento de 19000 mill dólares y el gobierno claudicante tiembla como una hoja…
Con Menem la diligencia peronista traicionó completamente todos los postulados de la Constitución del 49, que ni el mismo Perón se animo a restablecerá en los ’70 (realidad efectiva), recuperó la memoria con Nestor y con AF pareciera haber caído en un Alzheimer de alto grado.
Estamos hablando del vaciamiento doctrinario de su dirigencia, no de muchos de sus cuadros intermedios y de su base travajadora.
En ellos y con ellos esta la esperanza que podamos conformar un Frente Patriótico para lograr modificar algunos rumbos políticos de este gobierno que votamos para echar a Macri de la Rosada y que en el 23 haya una alternativa verdaderamente nacional, popular y revolucionaria, para encauzar nuestra gran nave hacia mejores puertos de liberación y emancipación para lograr la felicidad de todo el Pueblo argentino y latinoamericano.
F. Ramos. PSSIN
SOCIALISMO SANMARTINIANO
El plan de Larreta para los pibes:
más comisarías, menos escuelas
Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022.
El jefe de gobierno tiene aprobado su Presupuesto 2022, en el que planea destinar más fondos a la construcción de comisarías que a la infraestructura escolar o de salud. Al mismo tiempo, impulsa un proyecto para que los estudiantes de quinto año vayan a trabajar gratis. Para Larreta, el destino de los pibes es el calabozo o la precarización laboral.
Hace unos días, desde CORREPI denunciábamos el incremento de recursos destinados a la represión para el ministerio de Seguridad bonaerense a cargo del funesto Sergio Berni, en medio de la crisis social, económica y habitacional que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Del otro lado de General Paz, en la Ciudad, la situación no es para nada distinta. En esto, pareciera no existir grieta.
El 9 de diciembre se aprobó en la Legislatura porteña la ley de presupuesto enviada por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Un presupuesto que él mismo definió “de contingencia”, a partir de la disputa que sostiene con el gobierno nacional por la distribución de la coparticipación federal. Esta excusa no tiene un mínimo de validez. El 90% de los recursos de la Ciudad son propios (de lo que el 70% corresponde al impuesto a los ingresos brutos de actividades instaladas en CABA) y, además, prevé un superávit de $181.085 millones para 2022.
Amparado en esto, el gobierno porteño decidió, por ejemplo, aumentar la partida destinada a salud en un 28%, llevándola a un 16,4% sobre el total del presupuesto, permeable a la posibilidad de perder peso específico ante el aumento inflacionario, que con certeza estará ampliamente por sobre ese número. Pero para que queden claras cuáles son sus prioridades, Larreta decidió sostener, en términos porcentuales, su “inversión” para la cartera de Seguridad en un 15,9%. Casi 6% más que, por ejemplo, lo destinado a Promoción Social. Es decir, en la ciudad más rica del país, donde enfermerxs no son reconocidxs como personal de salud y médicxs ganan salarios de miseria, el gobierno del PRO (que ya lleva 14 años al frente de la gestión), decide destinar prácticamente la misma cantidad de recursos a la salud que a la represión.
Pero peor es aún la situación si se pone la lupa sobre algunos reflejos centrales en el desglose de estos números fríos. La remuneración básica de un miembro de la Policía de la Ciudad, incluyendo ítems suplementarios, se encuentra en torno a los $90.000. Es decir, la fuerza más letal del país, que lleva 121 asesinatos a punta de pistola desde su creación, y que este año se cobró, entre otras víctimas, la vida de Lucas González de dos tiros en la cabeza, percibe un ingreso mayor al del 80% de los trabajadores del país y casi el doble del 60% que apenas llega a los $50.000, según cifras del INDEC. Ni hablar si comparamos con unx enfermerx, aquellxs que continúan poniéndole el cuerpo a la pandemia, que con suerte llega a los $45.000. Para el jefe de gobierno porteño parece ser más importante aleccionar a lxs pibxs a punta de pistola, que salvar vidas en una sala de terapia intensiva.
Si volvemos al presupuesto, también podemos ver que Horacio Rodríguez Larreta planea gastar más en construcción y refacción de comisarías que en infraestructura escolar, y casi el triple que en infraestructura de hospitales públicos. El gasto destinado a la infraestructura represiva alcanzará este año los $3.161 millones, mientras que a las escuelas irán destinados $3.021 millones y para hospitales apenas $1.124 millones.
Esto tiene total coherencia, si tomamos en cuenta la ley recientemente impulsada por el PRO en la Ciudad, bajo la premisa de “Secundarias del futuro”. Este proyecto busca obligar a lxs alumnxs de quinto año de los colegios secundarios a realizar 120 horas de “prácticas profesionales” en el sector privado y algunas dependencias públicas, más 30 horas de espacio de capacitación sobre educación financiera y “habilidades blandas” para el trabajo. Actualmente esto se lleva adelante en 91 instituciones escolares, y la ley busca extenderlo a un total de 442, alcanzando así a 29.400 estudiantes. A pesar del enorme maquillaje con el que esta iniciativa fue presentada y el interminable blindaje mediático a base de pauta que sostiene el gobierno porteño, es imposible esconder lo que realmente significa: precarización laboral sobre menores, pura y dura. Esto implica menos estudiantes en las aulas, mientras son explotadxs por empresas privadas, no solo a costo cero (las “pasantías” son no remuneradas) sino también subsidiadas por el propio gobierno porteño. Mano de obra gratis y transferencia de recursos del estado al sector privado. El destino de lxs pibxs en la Ciudad de Buenos Aires para 2022 está escrito: la precarización laboral o el calabozo.
Estas medidas constituyen una muestra de lo que Larreta proyecta de cara a su candidatura presidencial. La Ciudad de Buenos Aires en particular, y el país en general, se encuentran subsumidos en una crisis económica, social y habitacional de magnitudes astronómicas. La debacle macrista, la deuda y la decisión política de todos los sectores políticos hegemónicos de “resolverla” acordando con el Fondo Monetario Internacional, y la pandemia agravada a partir de una gran cantidad de malas decisiones por parte del gobierno nacional y los gobiernos locales, constituyen un yunque sobre la cabeza de un pueblo trabajador que no resiste una sola medida más en su contra. Cualquier intento de ajuste en el corto plazo no pasa, como ocurre siempre, sin represión. Y, como vemos, la derecha rancia, representada, entre otros, por Horacio Rodríguez Larreta, ya proyecta a nivel local el modelo de país que buscará llevar adelante desde 2023.
La única salida que tenemos para hacerles frente y evitar estas avanzadas, es con mayor organización y unidad, dando la lucha donde históricamente lo hemos hecho: en las calles.
Fuente: CORREPI
Una niña de 10 años, violada y
llevada al parto en Tucumán
Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022.
Una niña de 10 años fue obligada a parir, este lunes, en el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en San Miguel de Tucumán. El abusador, Carlos Alberto Merlos, de 54 años, está prófugo. Claro, decir «parir» que ya es un horror a esa edad, deja fuera de cuestión los 7 meses previos que llevó la gestación -porque no se trata de milagros-, y quienes hayan estado a cargo de la niña, no solo sus tutores (porque había una disputa de tenencia de por medio con la madre biológica y porque Merlos es pareja de Isolina, quien tenía la guarda provisoria), sino la escuela a la que asistía la niña, la justicia de familia que llevaba la causa judicial, la Dirección de Niñez, que debía ser parte en la causa; todos ellos asistieron al crecimiento del cuerpo de la niña durante la gestación sin que se les haya movido un signo de interrogación. No solo eso. Para cerrar el tremendo caso equiparable a una tortura, a la prensa local se le informó que se había cumplido con el protocolo ILE, pero que por la avanzada edad gestacional nació con vida. «Esto es equivocado, ya que de haberse activado el protocolo eso no debiera haber sucedido», aseguró la abogada Soledad Deza, feminista, fundadora de Mujeres x mujeres.
Según la información pública, que comenzó a circular de boca del representante legal de la madre, Patricio Char, la niña quedó en el medio de una disputa por la tenencia entre la madre biológica y la cuidadora (Isolina), con un fallo favorable de parte de la justicia, primero en favor de quien llevaba la guarda, y después de la madre, pero con una orden judicial: «Si bien la madre biológica obtuvo la tenencia, la justicia provincial determinó que quedaría a cargo de Isolina, hasta entonces la madre pudiera resolver la situación de vulnerabilidad en la que vive», dijo a este diario.
A lo que importa de la situación, la vida de la niña estuvo atravesada por un mundo de adultos que miraron para otro lado. Porque la intervención judicial llevó varios años. Actualmente, por la situación irregular de la custodia de la niña, interviene el Juzgado de Familia, a cargo de la Dra. Rossana Martínez. No hubo ninguna mención de su lado. Durante la judicialización tuvo que ser parte interesada la Dirección de Niñez y Familia., que tampoco se percató de nada. Por otro lado, la niña estaba escolarizada y en el establecimiento deberían haberse percatado de su situación o simplemente el Estado debería haber intervenido si no estaba escolarizada.
Según la información que circuló en los medios locales, y que confirmó Char, la niña ingresó al Hospital Eva Perón, que la derivó sin garantizarle la ILE y luego, en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, tuvo lugar el parto. «Entonces, otra vez el Estado la revictimiza en otro espacio institucional -sostuvo Deza-. Es inaceptable.»
«Acá hay que pensar varias cosas -sostuvo Deza-. Por un lado, los embarazos en niñas tan pequeñas suelen detectarse tarde. Y acá abro dos interrogantes: ¿Qué hace el sistema de proteccion de las infancias para disminuir este horror? Ahí hay una niña que fue entregada a otra familia vecina por una vulnerabilidad previa de una estructura familiar y el Estado no tenía ni noticias al parecer. Y si tenía noticias de esa situación, ¿por qué no hubo un seguimiento? Si hizo un seguimiento, fue claramente un fracaso. Hay una Dirección de Niñez y Familia absolutamente ausente. También una escuela para quien esa niña abusada fue invisible. Luego de ello, también hay que reflexionar acerca de una política pública sanitaria. No puede sostenerse recargando las espaldas de uno o dos profesionales que hagan abortos en el tercer trimestre», denuncia Deza, y agrega, «fetolisis, que ya se ha hecho en Tucumán, en el tercer trimestre es muy duro, y no hay formación de profesionales en ese sentido. Pero, lo cierto es que es una realidad de las niñas abusadas. Y no se puede cargar en sus espaldas la ausencia un Estado y, mucho menos, validar las violencias institucionales en ellas. Es muy injusto, muy triste, pero sobre todo, imperdonable.»
«Esto es parte de otro problema más macro que es que el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, es un objetor de conciencia. De hecho es quien el organizó el abrazo simbólico al Hospital Avellaneda cuando ocurrió lo de Belén -la joven condenada a 8 años de prisión por un aborto espontáneo y que finalmente, con la presión de la militancia y la representación de Soledad Deza, logró ser liberada por decisión de la Corte tucumana-. Entonces, hay ahí una intencionalidad en ese tipo de nombramientos que aunque no sean explícitas manifestaciones en contra de la politica pública de aborto legal, revelan una opción por frustrar el acceso a la prestación.»
En lo que concierne al violador prófugo, el fiscal a cargo, Carlos Sale, caratuló el expediente como «abuso sexual agravado» y solicitó la captura nacional e internacional del fugitivo.
Deuda fraudulenta: Juristas internacionales
afirman que el acuerdo con el FMI
de 2018 debería ser nulo
Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022.
Se trata de académicos, abogados e incluso ex funcionarios del Fondo. Dicen que «fracasó en todos sus objetivos centrales y viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo”
Un análisis jurídico internacional asegura que el Acuerdo Stand By del FMI con la Argentina, que suscribió el entonces presidente Mauricio Macri en el 2018, debería considerarse nulo. Así lo informó hoy la agencia de noticias Télam.
La investigación, cuya autoría corresponde a los especialistas Karina Patricio Ferreira Lima y Chris Marsh, sostiene que el mayor programa en la historia del Fondo «fracasó en todos sus objetivos centrales, viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto ’ultra vire’.»
El «ultra vires» es el principio jurídico internacional que considera inválidos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley.
«Analizando los fundamentos macroeconómicos del Acuerdo Stand By, no se cumplieron los requisitos sustantivos para el ejercicio de la competencia funcional del FMI de prestar apoyo a la balanza de pagos de Argentina», sentenciaron los autores.
Karina Patricio Ferreira Lima es profesora e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds, donde trata temas de derecho económico y financiero, mientras que Chris Marsh es un exfuncionario del FMI y actualmente actúa como consultor senior de Exante Data, una consultora internacional de análisis macroeconómicos y de mercado.
Los autores analizaron los pormenores del programa que negoció David Lipton -hoy asesor de Yanet Yellen- cuando estaba bajo el mando de Christine Lagarde en la gerencia del FMI, y de esta forma, concluyeron que «el Fondo no aseguró las garantías adecuadas para la provisión de sus recursos generales, ya que el programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un «agujero negro» contable de al menos 20.000 millones de dólares», indicaron en la investigación publicada en el sitio especializado SSRN.
Todo ello, continuaron, «hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir», con lo que «el análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso*, y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente.
Para los investigadores, «era razonablemente previsible que el diseño del programa diera lugar a una ampliación de la duración y del grado del desequilibrio de la balanza de pagos de Argentina debido a la falta de pedidos de controles de capitales», que el Fondo «estaba legalmente obligado a solicitar».
Otro de los supuestos considerados «ridículos» tuvo que ver sobre los ingresos estimados de capital durante el programa, que incluían «la confianza en entradas de capital financiero por casi 80 mil millones de dólares», remarcaron.
Por todo esto, los autores afirman que «el programa debería considerarse nulo».
Sin embargo, la solución que proponen no termina de ser coherente con el diagnóstico. Los analistas proponen que dado que el país no tiene los recursos para repagar el programa, «debería haber un período (quizás mayor a 10 años) durante el cual se debería permitir a Argentina recuperarse». Proponen entonces «un préstamo sin intereses, y la devolución de todos los intereses y cargos hasta la fecha».
La realidad es que, como ha planteado el Frente de Izquierda, se trata de un acuerdo fraudulento que sirvió para la fuga de capitales y subordinar al país nuevamente el Fondo Monetario. Los argumentos de los analistas confirman que se trata de un acuerdo fraudulento que hipoteca al país. Lejos de la política de marcar sus fallas para negociar nuevas condiciones, tal como plantea el Gobierno argentino, la izquierda propone el desconocimiento soberano de la deuda y una ruptura con el Fondo Monetario Internacional como parte de un plan de conjunto para que la crisis la paguen los capitalistas.
Fuente: Izquierda diario
Diana Sacayán: llevaron a dos
millones de pesos la recompensa
para dar con el coautor del travesticidio
Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022.
El ministerio de Seguridad de la Nación elevó a dos millones de pesos la recompensa para quien brinde «datos útiles que sirvan para dar con la aprehensión del coautor del travesticidio» de la activista trans Diana Sacayán, asesinada en octubre de 2015 en lo que la Justicia consideró como un «crimen de odio» motivado por «el prejuicio a la identidad de género travesti».
El incremento del monto fue dispuesto por la Resolución 36/2022, publicada en la edición del Boletín Oficial de este miércoles.
Por el crimen, en 2018 fue condenado a prisión perpetua Gabriel Marino, con quien Sacayán tenía una relación sentimental. Sin embargo, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, en el momento del crimen había un hombre más en la casa de la dirigente, aunque su identidad hasta ahora no fue establecida.
En la declaración indagatoria, el luego condenado Marino reconoció que había conocido a Sacayán en el marco de un tratamiento por adicciones y que había tenido un par de encuentros sexuales con ella, pero negó haberla matado. Marino habló sobre la presencia de otro hombre al que señaló como responsable del hecho. Para los fiscales que estuvieron a cargo de la instrucción, el contexto y el modo en el que se produjo el hecho permitieron suponer que el homicidio estuvo motivado “por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual de Inadi, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)”.
«Dispóngase el incremento de la recompensa oportunamente ofrecida mediante Resolución M.S. Nº 67/2019 a la suma total de pesos dos millones ($2.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con la aprehensión del coautor del travesticidio de quien en vida fuera Amancay Diana Sacayan», detalla la resolución.
El ministerio indicó que quienes deseen aportar datos «deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia (…) al número telefónico de acceso rápido 134″.
Encontraron muerto en una celda
a joven que había denunciado a
policías por violencia institucional
Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022.
En 2010, con 15 años, había sido uno de los testigos relevantes en la causa que incluyó a altos oficiales y exjefes policiales, todos ellos condenados en un juicio oral pero que permanecen en libertad porque el fallo aún no está firme. En noviembre de 2011, había sido amenazado.
Un hombre que en 2010 había sido un testigo clave en el juicio en el que fueron condenados efectivos de la Policía de Río Negro por casos de violencia institucional, en los que fueron asesinados tres jóvenes en Bariloche, fue encontrado muerto el miércoles en una comisaría de esa ciudad luego de haber sido detenido supuestamente por poseer documentación falsa, según informaron fuentes policiales.
Se trata de Fabián Eduardo Gallardo (27), quien fue hallado muerto el pasado lunes, supuestamente ahorcado con una frazada, en una celda de la comisaría 2a.de San Carlos de Bariloche, cercana al Centro Cívico.
Según los investigadores, Gallardo había sido detenido cerca de las 7.30 de la mañana del lunes en la intersección de las calles Palacios y Albarracín, de Bariloche, por policías que llegaron hasta allí por una denuncia por el robo de un teléfono celular.
De acuerdo a la versión policial, si bien en la requisa efectuada de las pertenecías de Gallardo no se encontró el aparato telefónico, los agentes intervinientes constatan la posesión de documentos de identidad que no le pertenecían y, por ello, decidieron aprehenderlo.
Los policías lo llevaron a la seccional y lo alojaron en una celda junto a otro detenido, pero luego quedó solo y horas más tarde fue encontrado muerto, cerca del mediodía del mismo lunes.
Los policías aseguraron que Gallardo se había ahorcado utilizando una frazada que se les suministra a los detenidos.
El fiscal de la causa Guillermo Lista ordenó la realización de la autopsia y le encomendó todos los peritajes a expertos de la Policía Federal, dado que el hecho ocurrió en dependencias de la Policía de Rio Negro.
El fiscal Lista también secuestró las imágenes de video surgidas de las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en el hall y los pasillos de las celdas de la comisaria.
Por su parte, el jefe de la Policía de Río Negro, comisario general Osvaldo Tellería, aseguró que la existencia de la frazada en la celda es algo «habitual y obligatorio» y explicó que «hay cámaras en el hall y en el ingreso a las celdas y esos registros fílmicos fueron aportados a la Fiscalía».
«También se entregó el parte diario del cuartelero a cargo de la celda de detención, donde queda registro del ingreso de personas que sean detenidas por procesos judiciales o contravenciones», explicó el comisario.
En tanto, el jefe de la Unidad Regional Tercera, comisario Elio Tapia, explicó que «la Policía de Río Negro se brindó todo lo que pidió el fiscal» para lograr el esclarecimiento del hecho.
En junio de 2010 cuando tenía apenas 15 años, Gallardo había sido uno de los adolescentes heridos por la represión policial durante una manifestación realizada por vecinos por la muerte de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, tras el caso de gatillo fácil contra Diego Bonefoi.
En aquel caso, Gallardo fue un testigo relevante en la causa que incluyó a altos oficiales y exjefes policiales, todos ellos condenados en un juicio oral pero que permanecen en libertad porque el fallo aún no está firme.
Desde esa época en adelante, tanto Gallardo como el resto de su familia denunciaron haber recibido amenazas y actos intimidatorios constantes, que motivaron distintas denuncias por apremio ilegales y amenazas.
En noviembre de 2011, la Pastoral Social de Bariloche se solidarizó con él luego de haber realizado nuevas denuncias: «Tres encapuchados me amenazaron colocándome un arma en la cabeza y sugiriéndome que retire las denuncias porque sino soy boleta».
La Liga monitoreó el traslado de
Facundo Molares desde el penal
de Rawson al de Ezeiza
Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022.
Este miércoles 12 de enero, en uso de sus atribuciones como organismo integrante de la red de prevención de la tortura de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, la Liga Argentina por los Derechos Humanos monitoreó el traslado de Facundo Molares Shoenfeld desde el penal de Rawson al de Ezeiza realizado el siete de enero pasado.
Llegados a las 8.30hs de la mañana al Penal, unidad uno, fuimos correctamente recepcionados por la guardia aunque no pudimos cumplir con la entrevista previa con la dirección del penal dada la ausencia del titular y de su segundo por lo que procedimos a solicitar visitar a Facundo en el Hospital Penal Central lo cual fue concedido solícitamente.
Pudimos conversar en privado con Facundo Molares Shoenfeld por un espacio de más de una hora, confirmar que ha sido alojado allí en virtud del protocolo de aislamiento por Covid19 siendo las condiciones de alojamiento razonables y en línea con lo vigente para estos casos.
Lo que corresponde denunciar es el traslado efectuado por el Servicio Penitenciario Nacional del cual observamos las siguientes transgresiones:
a) A diferencia de otros internos, a Molares no le fue comunicado el traslado con anterioridad debiendo preparar sus pertenencias en un mínimo de tiempo sin que pudiera trasladar unos veinte libros que constituían su biblioteca personal y otras pertenencias.
b) El traslado se efectuó en un camión del SPF que no contaba con baño, siendo sujeto a una cadena que lo sujetaba al piso y soportando veinticuatro horas sentado en una silla rígida sin acolchado alguno.
c) Durante las 24hs no se le suministró alimentación adecuada a su régimen de salud y solo recibió un sándwich que Molares entiende que fue donado por el personal a cargo del traslado.
d) Cabe acotar que Facundo se encuentra cursando una serie de tratamientos para las enfermedades que sufre que fueron severamente agravadas durante su cautiverio en las cárceles de la dictadura boliviana, cautiverio que el propio Presidente Fernández contribuyó personalmente a terminar en diciembre de 2020 enviando dos aviones de la flota presidencial.
Consideramos este accionar típicamente violatorio de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 39/46, el 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27. Incorporada en nuestra CN en 1994, Y su protocolo facultativo de Prevención contra la tortura tratos crueles o degradantes.
Hacemos responsable de este accionar, y de las consecuencias que pudiera traer en el estado de salud de Facundo Molares Shoenfeld a la interventora del Servicio Penitenciario Nacional Doctora María Laura Garrigos.
Por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman y Ángel Panduro
Envio:RL
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