Porque tenemos memoria
y sabemos la verdad
luchamos por la justicia
12 de enero de 2022
TROPEL del 12.01.2022.
Libertad a Facundo Molares
Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022.
«Facundo es un fotorreportero, un comunicador popular», sostiene el papá. Tras su agitada estadía en Colombia, pasó sus días en la Argentina de Mauricio Macri, con la misma convicción de querer cambiar el mundo. Según su familia, ahora desde otro lugar: el periodismo.
Lejos de las balas y los fusiles, su camarada, Glomba, destaca más aspectos de la personalidad, incluyendo su costado sensible: «Es de esos que escuchan una canción o algún poema que se arraiga en el pueblo, y se le llenan los ojos de lágrimas». En su tierra, Molares estableció vínculos con distintos movimientos sociales, siendo bastante respetado. «Si hay algo que sostienen todas y todos sus compañeros es que es un tipo genuino, solidario. Dice lo que piensa, y hace lo que siente».
Imagen en blanco y negro de Facundo MolaresFacebook / Solidaridad con Facundo Molares
Después de meses sin grandes sobresaltos, este romántico de la revolución, en todas sus formas, se marchó a Bolivia. El 2019 lo encontró en el departamento de Santa Cruz apoyando al Gobierno de Evo Morales, en medio de la tensión suscitada por su triunfo electoral, cuando se disponía a tener un cuarto mandato consecutivo.
Entre denuncias de fraude avaladas por la OEA, y acusaciones de que el Movimiento al Socialismo (MAS) violó la Constitución para permanecer en el poder, en las calles reinaban las protestas y los enfrentamientos. Así, Facundo resultó herido a fines de octubre en la localidad de Montero, donde también murieron dos personas vinculadas a los denominados ‘cívicos’, de la ultraderecha.
La detención: «Es evidente que no vino a pasear»
En noviembre de ese año, con el golpe de Estado consumado y Jeanine Áñez autoproclamada como presidenta interina, las fuerzas de seguridad bolivianas anunciaron la aprehensión de Facundo, acusándolo de ser «un instructor» de las FARC. «Es evidente que no vino a pasear», dijeron desde la Policía departamental. Mientras, el argentino permanecía internado «con un diagnóstico grave» por una herida de bala y problemas renales. Sin embargo, a diferencia del ‘Che’, Molares no murió en Bolivia, y el resto de su reclusión lo pasó con un crítico estado de salud.
En su entorno cercano, sostienen que estaba en el país vecino cubriendo los sucesos electorales para la Revista Centenario, ligada al comunismo argentino, aunque no se conocen publicaciones suyas. El director de ese medio, Leonardo Juárez, le explica a RT que «de Bolivia no escribió nada porque estuvo preso en pésimas condiciones, y también más de 20 días en terapia intensiva».
Antes, indica Juárez, había publicado algunos artículos de opinión bajo la firma de «Julián Katari», en honor a Tupac Katari, referente del último levantamiento en el alto Perú contra el imperio español.
Igualmente, los uniformados bolivianos insistieron con su versión, basados en la revisión de mensajes telefónicos con Hugo, el padre: «Le indicaba que ya habían tomado el puente y que avanzarían ayudando al Gobierno», relató en ese entonces el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (EFLCC), haciendo alusión al Puente de la Amistad, entre las jurisdicciones de Montero y Yapacaní. Así, Facundo Molares, ‘Camilo’, ‘El Argentino’ o ‘Julián Katari’, fue señalado por los presuntos delitos de «homicidio, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir», y permaneció un año privado de su libertad.
De liberarlo como política de Estado a volver a encerrarlo sin reparos
Con el regreso del progresismo en Argentina y el ascenso de Luis Arce en Bolivia, el Gobierno de Alberto Fernández se puso como objetivo hacer las gestiones diplomáticas para liberar a Facundo, en prisión preventiva. ¿El argumento? Su delicada situación clínica ameritaba un traslado para ser atendido en su país de origen.
«Fue detenido de manera irregular por el Gobierno de facto de Jeanine Añez», dijo la Cancillería argentina en un comunicado. Para el Ejecutivo peronista, Facundo recibió «acusaciones que el Ministerio Público Fiscal nunca acompañó de cargos concretos en su contra». Ello, sumado a las dilaciones de por lo menos cuatro audiencias y los traslados de cárceles, mientras su salud seguía crítica.
Panfleto con el rostro de Facundo Molares, exigiendo su liberación mientras estaba detenido en BoliviaFacebook @FacundoMolares
En diciembre del 2020, el Tribunal de Montero aceptó el pedido, tras la intermediación del Ministerio de Justicia boliviano. De hecho, Molares fue regresado a Argentina como si fuese un político de primera línea, a bordo del avión Tango 11 de la Fuerza Aérea, el mismo que fue usado por el presidente en alguna ocasión.
Así, el año pasado, este exguerrillero residió en la casa de su padre, en la sureña provincia de Chubut, mientras se recuperaba de las secuelas físicas de los enfrentamientos y el encierro. El domingo 7 de noviembre, cuando Facundo y Hugo regresaban de un almuerzo, fueron sorprendidos por un operativo de la Policía Federal, que detuvo al militante por un pedido de extradición emitido por la Justicia colombiana.
Hoy, el excombatiente está encerrado en un penal de máxima seguridad en la ciudad de Rawson, el mismo del cual se fugó un grupo de guerrilleros en la dictadura de 1972, concluyendo con el asesinato de 16 de ellos, en la conocida Masacre de Trelew.
La circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que pesa sobre Molares se corresponde al viejo caso del secuestro del concejal. Así, el Gobierno argentino pasó de abogar por su liberación a anunciar públicamente su apresamiento: «Era buscado a nivel mundial», dijo el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien asumió el cargo hace pocos meses, luego de que el Ejecutivo se viera obligado a modificar casi todo el Gabinete tras la derrota en las elecciones de medio término. https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1457510861656899588&lang=es&origin=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F415075-facundo-molares-argentino-farc-extradicion-secuestro&sessionId=6400c86b9253b6f143550a2e2193e84cfb322a70&siteScreenName=ActualidadRT&theme=light&widgetsVersion=86e9194f%3A1641882287124&width=550px
La respuesta de las agrupaciones de izquierda en Argentina no se hizo esperar, y de forma reciente protagonizaron algunas protestas para exigir que no se extradite a Facundo, afirmando que allí no está garantizada su seguridad.
«El tratado de paz en Colombia no significa garantía de vida para los y las militantes de las FARC. Sabemos que el Gobierno de Iván Duque lo que ha hecho sistemáticamente es destruir ese proceso, y muchos de los amnistiados han sido asesinados a diario», alerta Mónica, la camarada de Molares.
En las movilizaciones, dijeron que la extradición equivaldría «a una pena de muerte», y responsabilizaron al Estado argentino por su seguridad. Igualmente, el pedido de la Justicia colombiana no fue rechazado por la Cancillería, conducida por Santiago Cafiero hace pocos meses. https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1475788293799301124&lang=es&origin=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F415075-facundo-molares-argentino-farc-extradicion-secuestro&sessionId=6400c86b9253b6f143550a2e2193e84cfb322a70&siteScreenName=ActualidadRT&theme=light&widgetsVersion=86e9194f%3A1641882287124&width=550px
La trinchera judicial
En el plano jurídico, el abogado defensor dice que harán todo lo posible para que el asunto sea dirimido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, como cualquier otro firmante del tratado, con amnistía.
Sobre los hechos concretos que se le imputan, el letrado indica: «Por todo lo que se muestra en el expediente que se envió, y por la declaración del propio concejal secuestrado, la participación de Facundo en el secuestro se redujo al momento de la entrega». Según Franquet, la principal hipótesis contra su cliente se basa en comentarios de arrepentidos, que tienen sus propios intereses. «También se le adjudica la participación de un combate entre las FARC y la Policía, donde murieron efectivos», agrega.
Entre tanto, la extradición se demora por motivos burocráticos: la solicitud de Colombia no cumple con los requisitos de la legislación argentina y los convenios existentes, y los defensores de Molares plantearon su impugnación. Frente a ello, el juez de Esquel no anuló el procedimiento, pero le pidió a Bogotá que realizara otra solicitud acorde, con un plazo de 30 días.
Si el asunto avanza, se haría una audiencia del juicio, con testigos y alegatos. La defensa planea pedir pruebas documentales y testimoniales, y hasta solicitará la participación de peritos. El magistrado podrá aceptar o rechazar los planteos, y después resolver la extradición de Molares, cuyo procedimiento puede tardar algunos meses.
«Es imposible negar el contenido político de los delitos que se le imputan a Facundo. La ley argentina y los convenios de extradición dicen que en esos casos no se puede extraditar a la persona. Es lo que diremos ante al juez cuando llegue al momento», anticipa Franquet. «También hay cuestiones humanitarias, el proceso de paz se ha convertido en un exterminio«, concluye.
Con este escenario, ‘El Argentino’ sigue recluido en la cárcel sureña. Tal vez leyendo textos de la causa revolucionaria, planeando un escape como sus predecesores de los 70 o simplemente tachando palitos en la pared, contando los días que faltan para conocer su suerte.
«Así funcionan las cosas para los perseguidos políticos», lamenta su padre. En las calles, sus compañeros lo recuerdan con más entusiasmo: «Es un internacionalista».
Chaco y Salta: al desamparo del
desarrollo
Por Vanina Lombardi, Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022.
Acaparamiento de tierras, contaminación de las aguas, desmontes, sequías y oleadas migratorias son algunas de las problemáticas que prevalecen en la región del Gran Chaco argentino, tras el avance de un modelo productivo que promete desarrollo local, pero genera beneficios para pocos. Así lo detalla un artículo recientemente publicado que analiza las dinámicas de producción y exclusión en esos territorios.
“Uno de nuestros objetivos era dar cuenta de cómo dos provincias con diferentes historias y productividades terminan teniendo una situación de acaparamiento territorial e hídrico, para abastecer o cumplimentar los objetivos de producción de un sector, sobre todo del empresariado agroganadero, en detrimento de las poblaciones locales de comunidades indígenas y poblaciones campesinas”, explica la doctora en Antropología, Malena Castilla, coautora, junto con su colega Mariana Schmidt, de un artículo recientemente publicado en la revista Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC), en el cual dan cuenta de las dinámicas territoriales, sociales y productivas que se desarrollaron en las provincias de Chaco y Salta, y sobre cómo se fueron modificando durante las últimas décadas y han ido afectando a las poblaciones locales de esa región.
“Las líneas de investigación presentadas en el artículo tienen que ver con proyectos de investigación tanto individuales como colectivos, que venimos llevando adelante cada una de nosotras y con otros compañeros y compañeras de los institutos de investigación en los que participamos”, agrega Schmidt, que es investigadora del CONICET en el Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Uno de los ejes centrales de este trabajo da cuenta del acaparamiento de tierras y otros recursos como el agua (que en muchos lugares es escasa) y la deforestación, que avanzan de la mano de la expansión de la frontera agraria, bajo el argumento de alcanzar el desarrollo regional por medio del paquete tecnológico del agronegocio. Según detalla el documento, por ejemplo, entre 1998 y 2018, la pérdida de bosques nativos en la Argentina fue de alrededor de 6.500.000 hectáreas (ha). Lo más preocupante de ese dato es que el 43% de las deforestaciones ocurrieron dentro del período de vigencia de la Ley N° 26.331/2007, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Específicamente, el 87% de la deforestación practicada entre 2007 y 2018 se localizó en la región chaqueña, principalmente en Chaco (14%), Formosa (13%), Salta (21%) y Santiago del Estero (28%). De igual modo, en el período 2019-2020, aún en épocas de pandemia, los desmontes alcanzaron las 30.368 ha en el Chaco y las 35.606 ha en Salta.
(Imagen: Agencia TSS)
El desigual acceso al agua refiere tanto a la falta de infraestructuras de distribución y a su acaparamiento por parte de los emprendimientos agroindustriales, que impiden el acceso a ríos y aguadas.
“Tampoco se cumple la Ley de Biocidas, que regula y es la que tiene que establecer límites a las fumigaciones, por ejemplo. Esto es un problema, porque las leyes que existen podrían poner un freno al extractivismo que avanza. Sin embargo, muchas veces no lo hacen y las respuestas gubernamentales terminan siendo similares a las del empresariado o esconden su accionar indebido”, agrega Castilla, que trabaja con las comunidades rurales de Chaco desde hace alrededor de una década en cuestiones vinculadas con el ordenamiento territorial, la gestión de cuencas hídricas y la participación indígena en proyectos de desarrollo.
El otro eje central que observa esta publicación se refiere al acaparamiento hídrico en ambas provincias, no solo por el acceso al agua, que muchas veces es escaso e insuficiente para las poblaciones locales, sino por la mala distribución del recurso y el impacto de las fumigaciones que no solo contaminan las napas, sino también el agua de lluvia que recolectan en muchos lugares, en los que no hay otra fuente de agua potable, ya sea por alto contenido de arsénico o porque son salobres.
Al respecto, el artículo advierte que “entender el problema hídrico de la región como un problema de escasez sería errado”, ya que gran parte del agua es utilizada para producir materias primas, bienes o servicios. Es decir, el desigual acceso al agua refiere tanto a la falta de infraestructuras de distribución y a su acaparamiento por parte de los emprendimientos agroindustriales –que impiden el acceso a ríos y aguadas, por ejemplo– como a mecanismos más sutiles e invisibles, como la cantidad de agua que se incorpora y exporta en cada grano producido.
Evolución de los desmontes en Chaco y Salta Campaña 1990/91 a 2019/20
(Fuente: Castilla, M. y Schmidt, M.)
La publicación destaca el rol de los organismos de crédito internacionales que muchas veces acompañan estos procesos, con financiamientos multimillonarios para la construcción de infraestructuras regionales que finalmente terminan beneficiando a grandes empresarios, en detrimento de las comunidades rurales y campesinas locales. Al respecto, por ejemplo, menciona un préstamo otorgado por el Banco Mundial en el marco del Plan Belgrano, anunciado por el Gobierno nacional en el año 2015, con el objetivo de ampliar el abastecimiento de agua, saneamiento y obras de protección contra inundaciones, mediante el cual se construyeron desde plantas potabilizadoras y sistemas de acueductos hasta aljibes, techos colectores de lluvia y canillas comunitarias, pero las obras no han alcanzado a cubrir las necesidades de gran parte de la población regional.
“Todas estas conflictividades que emergen en el territorio son el resultado de políticas que se fueron implementando y se siguen implementando, muchas veces a partir de los intereses de los empresarios del agronegocio, que tienden a aumentar o a buscar el aumento de la productividad en detrimento de las poblaciones indígenas o campesinas”, comenta Castilla, que es investigadora del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la (UBA).
Otro caso que menciona el trabajo es la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales que surgió en el año 2000 y que busca alcanzar la integración y el desarrollo en la región del Gran Chaco, que abarca a cinco países. Su contracara es una distribución absolutamente inequitativa para las poblaciones locales, principalmente indígenas y pequeños productores campesinos o rurales, que no solo se ven afectados a nivel sanitario, sino también imposibilitados de desarrollar sus actividades productivas tradicionales.
Pérdida de bosques nativos en la Región Chaqueña (1998-2017)
(Fuente: Castilla, M. y Schmidt, M.)
“Cuando se ven obras hídricas, un desarrollo vial o una pavimentación, realmente no están buscando beneficios para la población que habita en esos territorios, sino potenciar la productividad sin generar una redistribución, porque tampoco se hacen las consultas que se tienen que hacer ni los informes ambientales necesarios”, advierte Castilla y agrega que las oleadas de migraciones forzosas son otra de las consecuencias de este modelo. Al respecto, la publicación especifica que, entre 1991-2010, la población total de Chaco y Salta se vio incrementada en un 25,7% y 40,2% respectivamente, pero mientras que la población urbana aumentó 55% en Chaco y 54,6% en Salta (cifras que aumentan en los departamentos agrícolas: +97,3% en Anta, por ejemplo), en ámbitos rurales descendió a un -62,2% en Chaco y -16,3% en Salta.
“Lo interesante de esta publicación es que permite ver las múltiples dimensiones involucradas en el avance de la frontera agropecuaria y del agronegocio hacia el norte argentino porque, a partir de los relevamientos y nuestras investigaciones, damos cuenta no solo de las consecuencias vinculadas con el proceso de acaparamiento de tierras y a los desalojos y despojos territoriales de indígenas y campesinos, sino también a otras consecuencias e impactos sanitarios, ambientales y sociales”, destaca Schmidt.
Castilla dice que ahora están observando las lógicas que se dan en los diferentes mecanismos a través de los cuales avanza el extractivismo, de la mano de los incendios, por ejemplo, o con las fumigaciones. “Nos centramos en analizar las estrategias empresariales para avanzar sobre los territorios, observando cómo estos proyectos, que son millonarios y que se instalan en estas provincias, son producto de una falta de política de control y una capacidad de gestión, pero también en cómo estas políticas que se articulan y que están conectadas con proyectos internacionales y de desarrollo regional son procesos que no solo se dan en el Chaco o en Salta, sino que tienen que ver con un contexto más amplio”, concluye Castilla.
Fuente: La tinta
Marcha en La Plata de organizaciones
sociales por la aparición con vida de
la joven María Luján Barrios
Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022
Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022.
En la mañana de este martes la ciudad de La Plata se parecía a un infierno. Una sensación térmica rozando los 40 grados y un sol que rajaba la tierra. Pero cuando se trata de solidaridad entre los de abajo, no hay impedimento que se pueda oponer a que esta se concrete. Asi fue la marcha de organizaciones populares de la Coordinadora por el Cambio Social que hoy convergieron sobre los tribunales y la Procuración de la provincia de Buenos Aires, para reclamar por la aparición con vida de María Luján Barrios. La joven, vive en Luis Guillón, partido de Estéban Echeverría, y desapareció ya hace un mes. Es prima de otra chica que también había desaparecido hasta que encontraron su cadáver en Ezeiza.
Quienes se movilizaron reclamando por su aparición señalan en un comunicado: «no naturalizamos que en nuestra provincia las pibas desaparezcan y toda la estructura política, judicial y policial del Estado esté puesto al servicio de encubrir tamaño hecho…A las violencia permanentes que entrañan vivir hacinados, pobres, socialmente precarizados, ahora nos dicen que debemos tolerar la desaparición».
Frente a la Procuración provincial exigieron que se acabe la impunidad y que se esclarezca ya este hecho que preocupa y provoca zozobra a los familiares de María Luján Barrios.
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Sin agua potable ni atención
médica: huelga de mujeres y
disidencias en el Penal de Ezeiza
Por Christopher Loyola, Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022.
Denuncian falta de agua potable, difícil acceso a la atención médica, límites en las comunicaciones, horas de trabajo impagas y hostigamiento del Servicio Penitenciario Federal.
Luego de reiteradas denuncias, mujeres y disidencias del Complejo IV de Ezeiza decidieron llevar a cabo una «huelga de brazos caídos», una medida que consiste básicamente en no ir a trabajar. La misma se mantendrá hasta que obtengan una respuesta a sus demandas. «Esta medida es absolutamente pacífica, no busca confrontar con el Servicio Penitenciario, sino que pretende hacer efectivo el respeto por sus derechos más básicos como el acceso al agua potable, la remuneración por su trabajo, el acceso a la salud y la comunicación con el exterior a través de los teléfonos», explicó en diálogo con El Grito del Sur Ema Suárez, integrante de una asamblea de organizaciones por las mujeres y trans privadas de su libertad.
Más allá de sus reclamos concretos, lo principal pasa por la conformación de una mesa de diálogo de la que participen los ministerios de Justicia y DDHH, Salud, y Mujeres, Géneros y Diversidad, la Procuración Penitenciaria, la Defensoría General de la Nación y organismos de Derechos Humanos. Allí buscan plantear varias urgencias: la falta de acceso al suministro de agua potable, las complicaciones para acceder a la atención médica y el maltrato al que se exponen, las limitaciones impuestas en la comunicación de adentro hacia fuera y de afuera hacia dentro del Penal, el adeudamiento del pago de las horas trabajadas durante el mes de diciembre, y el hostigamiento que reciben por parte del Servicio Penitenciario Federal tras las protestas.Así se ve el agua que sale de las canillas del Comple IV de Ezeiza.
«La situación actual de las mujeres y disidencias privadas de libertad en el Complejo IV es crítica», aseguró Suárez. «Están sin agua potable y con un suministro mínimo de bidones que no alcanza a cubrir ni la cuarta parte de las necesidades de cada persona alojada en esa unidad. Esta semana pronostican calores que superan los 35 grados, estar encerrada en esos pabellones que parecen hornos sin poder acceder a agua potable es tortura -denuncia-. Producto de la mala atención médica, a la que se suman los malos tratos, la discriminación, el desprecio por sus cuerpos, y la indiferencia ante sus dolencias -un reclamo histórico de las personas privadas de su libertad-, están solicitando que intervenga el Ministerio de Salud de la Nación», describió.
El principal motivo de la huelga de brazos caídos -cuenta la integrante de la asamblea- es la falta de pago de las horas trabajadas durante el último mes de 2021. «El Servicio Penitenciario hizo pagos arbitrarios, de montos mínimos, y en algunos casos ni siquiera los hizo. Hay que tener en cuenta que muchas compañeras mantienen a sus hijes con su peculio y que ese dinero es sacado del Penal para que sus familias sobrevivan; y para otras compañeras, las extranjeras, es su única forma de sobrevivir allí dentro porque con lo poco que te da el Penal nadie come, ni se higieniza, ni vive», expuso Suárez.
Por otro lado, advierten que la pandemia habilitó, entre otras cosas, el autogobierno de los Servicios Penitenciarios del país, ya que se manejaron sin mucho control externo debido al poco ingreso de instituciones del Estado, universidades, organizaciones y otros actores sociales que, previo a la pandemia por COVID-19, recorrían diariamente las cárceles.
Cuando las organizaciones tomaron conocimiento de las distintas problemáticas que denuncian las personas privadas de su libertad en el Complejo IV de Ezeiza se comunicaron con la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, quienes informaron que ya se habían realizado algunas presentaciones al respecto. Allí también les informaron que el presupuesto para la construcción de un nuevo pozo de agua había sido aprobado y que en el transcurso de la semana debía comenzarse la obra. Por otra parte, notificaron de la realización de los reclamos correspondientes a la empresa telefónica para solucionar el tramo de cable faltante para dar comunicación saliente a toda la unidad, ya que por el momento se pueden realizar llamadas al exterior, pero no se pueden recibir. Resta resolver aún el adeudamiento de las horas de trabajo de diciembre, para lo que se comprometieron a revisar caso por caso, y aún no hay información sobre si se conformará efectivamente la mesa de diálogo que solicitan, en la que buscan plantear, entre otros ítems, la problemática del acceso a la salud.
Fuente: El grito del sur
Corrientes: Incendios devoran grandes
extensiones
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022.
Aún sin reportes oficiales de daños, grandes extensiones de áreas naturales han sido devoradas por focos de incendio aún sin control, que ya han sido denunciados como intencionales, en la Reserva de Iberá y en Colonia Carlos Pellegrini, se informa desde la localidad a momarandu.com.
El evento, que ha sido calificado como un desastre natural, «azota fuertemente los Esteros del Iberá, más precisamente Colonia Carlos Pellegrini» se informa desde el área.
Los fuegos fueron vistos por primera vez entre la medianoche de ayer y en el transcurso de la madrugada por los vecinos de Pellegrini.
Los «hemos visto avanzar con voracidad; un foco ígneo iniciado intencionalmente unos kilómetros antes en dirección a la ruta que nos comunica con Santo Tomé», denunciaron.
«Al no contar con una dotación de bomberos, ni camiones hidrantes solicitamos por favor la ayuda conjunta por parte del Estado y asociaciones que quieran prestar servicio para combatir el fuego», afirman.
«El Iberá es el emblema más importante de la provincia y es, además, el refugio de cientos de especies de animales y plantas», expresan.
Envio:RL
La investigación sobre la mesa judicial bonaerense
"Gestapo" macrista: María Eugenia Vidal fue imputada por la persecución a sindicalistas
La fiscala Ana Russo pidió hacer un entrecruzamiento de llamadas entrantes y salientes entre la exgobernadora y quienes participaron en la reunión en la sede platense del Banco Provincia. Así la acción penal involucra también ahora a la actual diputada.
Por Irina Hauser
La causa sobre la Gestapo antisindical y la mesa judicial bonaerense avanza sobre el papel de la exgoberandora María Eugenia Vidal. La fiscal Ana Russo pidió hacer un entrecruzamiento de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de la actual diputada de Juntos por el Cambio y los de todos los exfuncionarios presentes en la reunión en el Banco Provincia del 15 de junio de 2017 donde su exministro de trabajo, Marcelo Villegas, y otros hombres del gabinete provincial, planificaban el armado de causas contra dirigentes sindicales y daban instrucciones a empresarios. En el dictamen presentado ante el juez Ernesto Kreplak, junto con el pedido de análisis de comunicaciones la fiscalía aclara que "la acción penal" no sólo se dirige a quienes estaban en el encuentro en cuestión, sino contra "toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos vinculados a los acontecimientos...". Como es evidente, esto habla de Vidal y de otros nombres que puedan surgir de la investigación.
La semana pasada, en su demorada aparición pública tras la difusión del video que dio origen al expediente, Vidal intentó darle una pátina de legalidad al encuentro en el Bapro, con el argumento de que se trató de una simple y habitual "una reunión de trabajo". Un elemento central que pone en duda de plano ese concepto es que, como informó Raúl Kollmann en este diario, ninguno de los asistentes registró su entrada al edificio del Banco Provincia, como es habitual. Un ángulo adicional y no menor de la afirmación de la exgobernadora es que reconoce la reunión. Pero lo que no puede explicar es la presencia de tres altos directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dos de los cuales --Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos, y Darío Biorci, exjefe de gabinete del organismo-- tuvieron un papel central en la conversación, que incluyó instrucciones para que los empresarios presentes dieran el puntapié para denuncias penales contra sindicalistas, entre quienes mencionan en particular al dirigente de la Uocra Juan Pablo "Pata" Medina. En la peculiar teoría de Vidal, son los espías quienes deben explicar qué hacían ahí ya que el resto no sabía quiénes eran, pese a que interactuaban con total naturalidad y se repartían el speech.
Ausencias bajo sospecha
Según la fiscala Russo puede ser tan importante lo que se ve en la filmación del encuentro que entregó la AFI y dio origen a la causa como el papel de otras personas que no estaban presentes. De ahí que hiciera lugar al pedido de entrecruzamiento de llamadas que había hecho la querella de Medina, que incluye a Vidal. El dictamen pide que el análisis abarque las comunicaciones dentro del período entre el 1 de mayo de 2017 y diciembre del mismo año. Vidal era, cuanto menos, la máxima autoridad política por sobre Villegas y los otros miembros de su gabinete presentes, que eran Roberto Gigante, exministro de Infraestructura, y el exsubsecretario de Justicia y antes fiscal Adrián Grassi, hoy mano derecha de Carolina Stanley en el Ministerio Público tutelar porteño. En la mesa también, como es conocido, también estaban el intendente de La Plata, Julio Garro, y el senador Juan Pablo Allan. Las reiteradas acusaciones de la exgobernadora sobre Medina de la misma época fueron públicas y conocidas. Otro dato que seguramente cobrará relevancia es que la sede del Bapro escenario del cónclave en cuestión, también solía ser el lugar utilizado por Vidal cuando no iba a La Plata.
En el mismo escrito Russo extendió la imputación a todas las personas que estaban presentes en la mesa, lo que incluye a los empresarios, como informó Página/12, y especificó la hipótesis investigada: "la supuesta organización de una estrategia elaborada por el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata". También precisa posibles delitos: asociación ilícita, abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y violación a la Ley de Inteligencia.
Teléfonos encriptados
Otra de las nuevas medidas que impulsó la fiscalía apunta a saber quiénes de las personas investigadas utilizaban teléfonos encriptados de la AFI. Como reveló este diario en 2020, Vidal era una de las destinatarias de esos aparatos que compró el organismo de inteligencia y cuyas facturas pagaba también, y que tienen la característica de que sus comunicaciones no se pueden interceptar ni rastrear. No fue la única que los recibió por fuera del Poder Ejecutivo Nacional. También se le otorgó uno a su exjefe de gabinete, Federico Salvai, al exministro de seguridad bonaerense Cristian Ritondo y al procurador de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand. Son nombres significativos en esta trama, que aparecen de manera explícita en otra denuncia presentada ante Kreplak por Alberto Pérez, el exjefe de gabinete de Daniel Scioli, quien entregó dos grabaciones atribuidas al subcomisario Hernán Casassa donde describe el funcionamiento de la mesa judicial y la relaciona con el área de Asuntos Internos de la policía bonaerense. Según el criterio de la fiscalía, en algún momento y si hay pruebas, todo podría integrar una misma hipótesis.
Russo también pidió a los jueces de Comodoro Py que tramitan causa por espionaje y también al juzgado federal de Dolores acceso a los análisis que se hayan hecho de las comunicaciones de los tres espías presentes en la reunión de la "Gestapo".
Las cámaras
Como informó este diario, las imágenes de las cámaras que estaban en el salón del séptimo piso del BaPro y que registraron la reunión de la mesa judicial bonaerense tenían un sello de agua de una empresa norteamericana llamada Axis. Ante una solicitud de la Comisión de Bicameral de Inteligencia, la firma informó que no es ella la que provee el servicio en Argentina donde, en cambio, tiene dos distribuidoras, Anixter Argentina S.A. y Distecna S.A., a las que ahora se les requirió información para establecer quién compró o alquiló los aparatos. La principal hipótesis señala a la AFI, que conducían el amigo de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, y Silvia Majdalani, y que como quedó claro en una de las causas de espionaje hacía inteligencia sobre el propio macrismo (aunque para la Cámara Federal se trató de unos agentes cuentapropistas). Tampoco se descarta que haya intervenido alguna empresa que prestara servicios simultáneamente al banco y al organismo, pero está por verse. Las cámaras tenían memoria propia, ni siquiera necesitaban cables. El juez Kreplak también rastrea en la causa judicial la contratación de las cámaras.
Este semana será clave la actividad de la Bicameral donde, la subcomisión destinada a investigar este tema, convocó a los empresarios que se reunieron con Villegas, los agentes de la AFI y compañía. También está citado el jueves el subcomisario Casassa y están convocados agentes que trabajaban en el área técnica del organismo de inteligencia que podrían tener relación con la instalación de las cámaras.
Se abonaron 692 millones de dólares a acreedores
Nuevos pagos de deuda externa
Imagen: Leandro Teysseire
Los pagos de deuda se ubicaron esta semana en 692 millones de dólares, vinculados a la reestructuración de bonos de 2020. Se trata de un monto importante si se tiene en cuenta las dificultades en el frente externo y los compromisos con el Fondo Monetario para los próximos meses.
En el primer trimestre del año, el país debería pagarle al FMI unos 3976 millones de dólares entre capital e interés, de los cuales 1100 millones vencen entre fin de este mes y comienzos de febrero.
Por ello, el presidente Alberto Fernández junto al equipo económico asegura que la deuda con el FMI no puede ser pagada en las condiciones actuales y se debe renegociar antes de marzo. Pero la prioridad de esta negociación es que el programa del acuerdo no implique una austeridad fiscal que lesione la recuperación interna.
En esta misma línea se manifestó este lunes el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, cuando aseguró que el Fondo Monetario cometería un error si le pide a la Argentina que avance en un nuevo programa de ajuste que frene el crecimiento del PIB de los últimos meses.
“El FMI ha ganado un nuevo respeto por respuestas efectivas a las crisis globales, desde la pandemia y el cambio climático hasta la desigualdad y la deuda. Si se invirtiera este rumbo con anticuados requisitos de austeridad a la Argentina, las consecuencias para el propio Fondo serían graves”, dijo el economista internacional.
“La recuperación de la economía argentina es sorprendente”, agregó en su última columna de opinión en el portal Project Syndicate. El economista planteó que la recomposición del mercado interno argentino es resultado de las políticas del Estado para fortalecer la economía real. “Dado el lío que heredó, el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández a fines de 2019 parece haber logrado un milagro económico”, consideró.
Este martes, el dólar blue registró un salto de casi 3 pesos para ubicarse en 209 pesos. En cambio, el contado con liquidación perdió 1 por ciento y cerró en 210,46 pesos. El Banco Central consiguió comprar otros 20 millones de dólares y acumula compras por 200 millones en lo que va de enero. En total se operaron 126 millones de dólares en la plaza cambiaria durante este martes y otros 63 millones de dólares en el mercado de futuros.
En cuanto a los activos bursátiles, se destacó una suba del Merval del 1,3 por ciento. A su vez, los bonos en moneda extranjera registraron otra jornada de caídas de hasta casi 2 por ciento. El riesgo país terminó en 1821 puntos.
Nuevo esquema para la ola de covid
No se deberán aislar los contactos estrechos vacunados sin síntomas
La ministra de Salud confirmó que a partir de ahora se tomarán otros criterios que apuntan a disminuir los períodos de aislamientos en esta nueva etapa de la pandemia. Las medidas vigentes distinguirán entre vacunados y no vacunados. El detalle de cada caso en particular.
Imagen: Leandro Teysseire
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció un nuevo esquema de aislamiento, en medio de la ola de coronavirus generada por Ómicron, con picos de contagios sin precedentes. Tras la reunión que mantuvo este martes por la mañana con el Consejo Federal de Salud (Cofesa), la ministra confirmó que no deberán realizar aislamiento obligatorio quienes sean contacto estrecho y tengan esquema de vacunación completo (dos o tres dosis) y no presenten síntomas.
A partir de ahora, quien haya estado con alguien que contrajo la enfermedad y por ende pasen a ser considerado como contacto estrecho no tendrá la obligación de recluirse en su domicilio siempre y cuando tenga el esquema completo de vacunación y no tenga síntomas.
En ese caso, los contactos estrechos deberán realizarse un test de antígenos entre el tercer y quinto día luego de haber estado con la persona contagiada. Quienes, en cambio, tuvieran aplicada la dosis de refuerzo no necesitarán siquiera hacerse el test de antígenos.
Para los no vacunados se mantienen los criterios vigentes. Las jurisdicciones deberán definir si siguen o no las nuevas recomendaciones.
La decisión se toma tras observar “un impacto importantísimo en el sistema de salud y en servicios esenciales como en Aerolíneas Argentinas, Bomberos, Policías, Seguridad, Energía y también por supuesto en el sector privado”, según explicó la funcionaria.
Vizzotti agregó que hay que priorizar los testeos para quienes inician síntomas y para quienes tienen condiciones de riesgo. “El mundo también está reformulando la estrategia de testeo, para tener un uso racional del insumo”, expresó en diálogo con Radio con Vos.
La ministra había adelantado ayer que se estaba evaluando tomar una decisión en este sentido para hacer frente a la nueva etapa de la lucha contra el covid-19. Particularmente, había hablado de un "momento bisagra".
"Vemos un número muy alto de casos, que se traducen en un leve aumento de las internaciones, que a su vez reclaman cada vez menos uso de los respiradores y oxígeno”, describió Vizzotti entonces. El lunes discutió además el tema con el comité de expertos y sociedades científicas.
Contacto estrecho asintomático sin vacunación o con esquema incompleto: debe realizar los 10 días de aislamiento como se viene haciendo hasta ahora o 7 días y una PCR.
Contacto estrecho asintomático con esquema completo de vacunación, sin dosis de refuerzo: no es necesario realizar aislamiento. Se debe realizar un test de antígenos entre el 3° y 5° día
Contacto estrecho asintomático con esquema completo de vacunación y refuerzo: no es necesario realizar aislamiento ni test de antígenos.
Cada jurisdicción podrá adaptar las recomendación a su contexto epidemiológico.
Los números de la tercera ola de coronavirus
Record de contagios en Argentina: se registraron 134.439 nuevos casos y 52 muertes
El porcentaje de ocupación de camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) subió ligeramente, llegando al 40% a nivel nacional y al 41,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los casos activos en las últimas 24 horas ascendieron a 761.294 pacientes.
Imagen: Bernardino Avila
Con estos nuevos números, un total de 6.533.635 personas cursaron la enfermedad, de los cuales 5.654.746 son pacientes recuperados y 761.294 permanecen como casos activos.
Además, se notificaron 52 muertes (22 hombres y 30 mujeres), que suman 117.595 personas fallecidas desde marzo del año pasado hasta la fecha a causa de la COVID-19.
La provincia de Buenos Aires, con 49.864; Córdoba, con 14.641; la Ciudad de Buenos Aires, con 15.736 casos y, Santa Fe, con 11,571, fueron las jurisdicciones que acumularon más contagios en las últimas 24 horas.
Vuelve Conectar Igualdad, el programa de entrega de netbooks a estudiantes
Se entregará una computadora a cada estudiante y a cada docente para las escuelas de educación secundaria y de educación especial de gestión estatal y para el resto de los niveles educativos de acuerdo con los criterios que entienda conveniente la Autoridad de Aplicación.
12-01-2022
El Ejecutivo resolvió que el programa funcione y sea instrumentado por el Ministerio de Educación. Foto Victoria Egurza
El Gobierno nacional oficializó este miércoles la creación del Programa Conectar Igualdad "con el fin de recuperar el espíritu" de la iniciativa lanzada en 2010 y ante las necesidades de conectividad que se imponen en el contexto de la pandemia de coronavirus.
Además, el Ejecutivo resolvió que el programa funcione y sea instrumentado por el Ministerio de Educación.
En el decreto 11/2022, publicado en el Boletín Oficial, se define que el objetivo del programa pasa por "proporcionar recursos tecnológicos en las escuelas públicas de gestión estatal y elaborar propuestas educativas con el fin de favorecer la incorporación de las mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje".
La asignación de recursos tecnológicos "se realizará bajo la modalidad de entrega de una computadora a cada estudiante y a cada docente para las escuelas de educación secundaria y de educación especial de gestión estatal y para el resto de los niveles educativos de acuerdo con los criterios que entienda conveniente la Autoridad de Aplicación", que es Educación, detalla el texto.
La cartera educativa promoverá "los acuerdos necesarios con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el adecuado cumplimiento de los objetivos del programa.
Conectar Igualdad se financiará con las partidas que anualmente asigne la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional a Educación con fondos provenientes del Tesoro Nacional, precisa el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Educación, Jaime Perczyk.
Fuente:Telam
La Unión Industrial Argentina respaldó la eximición de aislamiento para contactos estrechos vacunados
Acercaron una encuesta a las autoridades que da cuenta de un ausentismo del 12,5% y picos del 30%. Creen que la medida ayuda a garantizar "el abastecimiento de bienes".
Sus dirigentes no participaron de la reunión que se realizó el jueves pasado en el Palacio de Hacienda de la que fueron parte dirigentes de la CGT y CEO’s de multinacionales en las que acordaron la creación de una mesa con el Gobierno para evaluar el impacto del ausentismo por Covid-19 en la producción.
Sin embargo, su titular Daniel Funes de Rioja declaró esta mañana en Radio Rivadavia que «la industria está con un gran nivel de estrés, por eso se ve con preocupación el abastecimiento. Hay entre 70 mil y 80 mil personas que se acumulan todos los días por ausentismo vinculado con el Covid-19».
Una vez conocida la decisión de la cartera sanitaria de flexibilizar los protocolos en lo que se refiere al aislamiento de contactos estrechos con vacuna completa y sin síntomas fuentes, de la Unión Industrial Argentina (UIA) confiaron a Tiempo que “en función del monitoreo constante y el diálogo con los socios de la institución, acercamos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales los datos relevados que mostraban el impacto que estaba teniendo el ausentismo por contacto estrecho en la producción y el abastecimiento”.
Allí, según las mismas fuentes, se contribuyó con información al gobierno nacional emanada de una encuesta realizada a más de 200 industrias donde “el promedio del ausentismo laboral por temas vinculados a COVID-19 y contactos estrechos era del 12,5%, con casos que llegaban entre 25% y 30%”.
De la misma encuesta, además, “se obtuvo que más del 82% de los trabajadores de las encuestadas se encontraban con el esquema completo de vacunación con dos dosis o monodosis”.
Para la UIA, las autoridades nacionales y provinciales trabajaron para modificar los protocolos de aislamiento para contactos estrechos “como resultado de estos diálogos”. Para la entidad que agrupa a los industriales “este nuevo protocolo le permite al país contar con un esquema de previsibilidad en términos de continuidad productiva y el abastecimiento de bienes”.
La sequía ya afecta al 40% de los campos sembrados con soja y maíz
Son datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La ola de calor y la ausencia de lluvias de estos días profundizan el problema.
Las temperaturas extremas de esta semana en toda la zona agrícola nacional han profundizado los temores sobre la situación hídrica de los cultivos de soja y maíz. Entre los productores reina la preocupación, que ahora se trasladó al gobierno que este martes anunció medidas de emergencia para paliar la crisis climática.
La soja y el maíz se siembran desde noviembre hasta enero, y se cosecha entre marzo y mayo. Los cultivos se encuentran en pleno proceso de desarrollo, cuando precisan mucha agua. Por caso, después de su siembra, una semilla de maíz absorberá aproximadamente del 30 al 35% de su peso en agua.
Buenos Aires, en el caso de la soja, los productores ya sembraron 14,35 millones de hectáreas, lo que representa el 87% de las 16,5 millones de hectáreas proyectadas con esta oleaginosa para esta campaña. “La ausencia de lluvias, junto a las altas temperaturas registradas a lo largo de los últimos siete días, demora el avance de las sembradoras, siendo el NOA, NEA y el Sudeste de Buenos Aires las regiones más comprometidas. Mientras que sobre el extremo norte la ventana de siembra se extiende hasta finales del presente mes, el sur de Buenos Aires depende de lluvias durante la próxima semana para cumplir con los planes de siembra”.
Los mismos problemas –elevadas temperaturas y falta de agua afectan los sembradíos de maíz. Según el mismo informe (el Panorama Agrícola Semanal) se sembraron hasta ahora 5,6 millones de hectáreas con maíz, equivalentes al 77% de la proyección de siembra total (7,3 millones de hectáreas), pero el retraso por la falta de lluvias crece: para esta misma época del año pasado ya se había sembrado el 86%.
También crece la cantidad de hectáreas sembradas que se encuentran en estado de sequía o con falta de agua. En el caso de la soja, ya se encuentra en esa situación el 41% de los cultivos (dos semanas atrás era el 10%). En el caso del maíz, la falta de agua afecta al 42% del total de las hectáreas sembradas.
Hay otras visiones más pesimistas. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario de fines del año 2021 indicó que el 70% de la región núcleo está afectada por la falta de agua. La región núcleo es el centro productor agrícola de la Argentina.
Este mismo martes, desde la Oficina de Riesgo Agropecuario, que sigue la evolución de riesgos climáticos, señalaron que “el maíz evidencia un importante impacto debido al déficit hídrico que fue aumentando en área a lo largo de diciembre y enero”.
Ampliación del fondo de emergencia
Este cuadro de situación motivó un encuentro entre el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para poner en marcha una ampliación de un fondo de emergencia para ayudar a productores afectados.
En un comunicado de Agricultura, Domínguez dijo: «Estamos en un monitoreo permanente, en contacto con los ministros de las provincias, haciendo una evaluación y un diagnóstico de la situación y del impacto del cambio climático sobre los distintos cultivos».
El texto agregó que Agricultura sigue “con preocupación” la evolución de la zona núcleo, especialmente en lo que respecta al maíz de primera (el que se siembra en primavera), la soja, y la falta de disponibilidad de forraje o pasto para la ganadería en algunos lugares.
Domínguez adelantó que espera tener una evaluación del “impacto” de la sequía en la semana próxima. “Coincidimos en poner operativo el fondo de emergencia nacional para asistir y acompañar a los productores en este momento de dificultades», agregó.
El fondo de emergencia realiza aportes de dinero tanto a organismos públicos como a privados para ayudar a superar la sequía y ayudar a recuperar la producción. Según algunas fuentes, tiene un presupuesto de $ 500 millones anuales, una cifra evidentemente baja.
Para tener una dimensión del problema, en la última sequía que afectó a la Argentina, entre diciembre de 2017 y abril de 2018, la cosecha de soja fue un 35% menor a la esperada, al caer desde los 54 millones de toneladas previstos a poco más de 36 millones efectivamente recolectados. En total, fueron 30 millones de toneladas perdidos entre todos los productores, por un valor superior a los U$S 7000 millones.
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