Pueblos Originarios. Censo 2022:
Denuncian la invisibilización
estadística contra los pueblos
originarios
Resumen Latinoamericano, 30 de enero de 2022
El Gobierno nacional confirmó el Censo 2022, a través del Decreto 42/2022 publicado en el Boletín Oficial.
La fecha elegida es el miércoles 18 de mayo de 2022. Se oficializo la fecha de realización del Censo 2022 (https://censo.gob.ar/) y se dieron a conocer las preguntas que van a formar parte del cuestionario, entre las incorporaciones anunciadas se encuentra la pregunta sobre autopercepción étnica, en la cual la población será consultada sobre su pertenencia a alguno de los 39 pueblos originarias de nuestro país; sin embargo en el cuestionario no se hace mención directa a ninguna de las nacionalidades pre existes al estado argentino.
La politóloga Mapuche, Verónica Azpiroz Cleñan en diálogo con originarios.ar sostuvo que el cuestionario, Si tiene la pregunta de autoreconocimiento étnico, pero está incompleta por que no está la lista de los 39 pueblos y afirmo que eso se llama «invisibilización estadística».
Cleñan además integra el Tejido de Profesionales Indígenas que realizo una campaña nacional para que sean incluidas más variables estadísticas relacionadas a los pueblos indígenas del país, como la referida a las lenguas originarias presentes en el país, sobre este punto informo que van a mantener reuniones y definirán las próximas acciones.
La politóloga indico que en esta situación puede suceder lo que se llama un «error provocado». Ya que, si el censista escribe el nombre del pueblo originario de diferentes formas, porque algunos pueblos originarios se escriben de diferentes formas, eso conduce a un error. O simplemente supongamos que la persona no complete ese casillero y lo deje en blanco, porque no tiene la obligación de tildar. Cuando eso va a la base de datos para contar se cuenta mal o da error«, explico
FUENTE: El Extremo Sur
Este martes 1F convocan marcha
por la reforma del Poder Judicial
Resumen Latinoamericano, 30 de enero de 2022.
Referentes de derechos humanos, asociaciones judiciales, organizaciones políticas y gremiales explicaron la importancia de movilizarse para reclamar cambios en la Justicia y la Corte Suprema.
Bajo la consigna «Basta de impunidad» y para exigir “el fin del lawfare”, el próximo martes se llevará a cabo la marcha del 1F. La movilización, que se replicará en más de 30 ciudades de todo el país, aglutinará a diversas organizaciones que exigen una reforma integral del Poder Judicial. En diálogo con Página/12 referentes políticos, gremiales, de derechos humanos y asociaciones jurídicas explicaron la importancia de llevar adelante cambios en el sistema judicial, en general, y la Corte Suprema, en particular.
«Un acto patriótico, no político ni partidario»
Juan María Ramos Padilla,juez titular de la Cámara del Tribunal Oral N°29 de la Ciudad de Buenos Aires.
–¿Cómo surgió la idea de la marcha?
— El 15 de diciembre se contactó conmigo un grupo de militantes, personas autoconvocadas que me pidieron que las acompañara en una marcha en repudio de la Corte Suprema, que hiciera un retuit a la convocatoria. La gente empezó a acompañar, entusiasmada, porque siempre se habló de una convocatoria pacífica, para todos, sin ningún personalismo. Un acto patriótico, no político ni partidario.
–¿Por qué adhiere a la movilización?
–Hace más de diez años que pienso que el Poder Judicial tiene que ser un poder de servicio para el pueblo, no un lugar de privilegios para los poderosos. No creo que haya mucha gente, desde el lugar del ciudadano común, que diga que tenemos un buen servicio de Justicia. Ya lo decía Hernández con el Martín Fierro: que la ley es una telaraña que atrapa al bicho chico, y esa es una verdad que es difícil que te puedan discutir. Y no podemos naturalizar estas cosas.
–¿Cuál es la importancia de que el pueblo se movilice el próximo martes?
–La Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Cuando tu representante te traiciona, tenés que reasumir tus responsabilidades. Y el soberano, el que tiene el poder y lo delega, es el pueblo. Espero que esto despierte algo de dignidad y se vayan los miembros de la Corte Suprema y nos dejen hacer una Justicia para todos y no para un grupito que roba riquezas, se aprovecha de los vulnerados y permite las deudas.
«El Poder Judicial es patriarcal e injusto»
Martina Forns, jueza federal de San Martín e integrante de Justicia Legítima.
–¿Cuál es la expectativa frente a la movilización?
–Hay mucho entusiasmo porque se ha logrado poner en agenda el tema de la Justicia. Es un momento muy importante porque se va a manifestar en la calle, se van a hacer visibles cuestiones que hasta ahora estaban en manos de un Poder Judicial patriarcal, elitista, injusto, lejos del pueblo.
–Usted ya venía denunciando a la Corte desde hace tiempo, ¿qué siente al ver el camino recorrido respecto de este tema?
–Alegría, en el sentido de que es en la cabeza del Poder Judicial en quien hemos visto todas las consignas que trae esta marcha. Es una Corte que ha permitido el espionaje; con dos integrantes designados por decreto; compuesta solo por hombres y sin diversidad. Son heridas a la democracia que la sociedad no perdona a este poder antimayoritario.
–¿Por qué cree que diferentes organizaciones de la sociedad se sumaron a la convocatoria?
— Por el cúmulo de prácticas que la sociedad ha decidido poner de manifiesto. Para que todos se enteren de que queremos una Justicia mejor, que represente al pueblo porque, a pesar de que no sean elegidos por voto directo, eso no nos exime a los jueces de representar al pueblo y respetar sus derechos. Yo voy a ir a la marcha porque considero que, si bien integro el Poder Judicial, tengo que estar al lado del pueblo escuchando estos reclamos. Es una oportunidad histórica.
«Es una pieza esencial de la persecución»
Leopoldo Moreau, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires (Frente de Todos)
–¿Cuál es la importancia de la manifestación?
–Esta marcha arrancó de una autoconvocatoria de la ciudadanía, y eso le da un inmenso valor porque es la respuesta a una demanda que tenemos aquellos que queremos una Justicia independiente. Esta estructura del Poder Judicial no da respuesta a los ciudadanos comunes y en algunos casos es pieza esencial en el engranaje de persecución política e impunidad.
Todos los que estamos comprometidos con el Estado de derecho tenemos que estar presentes en esta jornada porque es muy difícil remover estas estructuras judiciales tan ligadas al bloque de poder de la Argentina. Pero el pueblo ha protagonizado luchas más complejas y difíciles. Es el principio de un camino que hay que transitar. Y hay que hacerlo, además, para darle fortaleza al Gobierno para que tome las decisiones que no se pueden seguir retrasando.
–¿Y cree que este camino que comienza tiene en su final la reforma de la Justicia?
— Si unimos la demanda de la sociedad, si la organizamos y la transformamos en una conciencia extendida en la mayoría de nuestros compatriotas, y a eso lo acompaña la voluntad política, no tengo dudas de que se puede llevar adelante la reforma judicial.
«Tienen prácticas oscuras e inquisidoras»
Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional
–¿Cuál es el objetivo de la movilización?
— La idea es que se pueda construir una convocatoria ciudadana que sintetice colectivamente algo que está instalado en la calle: la necesidad de terminar con un aparato de Justicia que, en su cabeza, está permanentemente alineado detrás de los mandatos de los poderosos, que tiene pasillos y laberintos oscuros donde el poder de los intereses corporativos y de la derecha política terminan imponiéndose.
–¿Y qué expectativas tiene respecto de la convocatoria?
— La expectativa es una gran movilización que va a ser el primer paso de una continuidad que va a escalar no solo en masividad, sino en la convocatoria de sectores que se van a ir sumando para convertir esto en una verdadera epopeya del pueblo, pidiendo una Justicia que deje de ser corrupta y de estar alineada al poder y fundamentalmente alejada de la democracia. Esto es una construcción de una fuerza social articulada a una demanda ciudadana que tiene que ver con recuperar la Justicia como un valor vinculado a prácticas transparentes, a la defensa del criterio de verdad y a la idea de que quienes forman parte de la familia judicial tiene que ser ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que el conjunto. Es en pos de democratizar un sistema judicial elitista, alejado de la gente, con prácticas oscuras e inquisidoras, que se cree dueño de la democracia. Pero es importante construir este movimiento desde la idea de que tiene que representar a todos los sectores de forma horizontal para que se expresen en todo el país.
«Se manejan al compás de la política»
Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillitas y senador bonaerense
–¿Cómo se gestó la movilización y de dónde surge la necesidad de marchar?
–Todos los sectores de la sociedad se fueron involucrando con la movilización porque hay pendiente una reforma de la Justicia que el mismo presidente Alberto Fernández planteó como necesidad. Y luego los sucesos posteriores confirmaron las sospechas de las organizaciones que fueron perseguidas sistemáticamente por el gobierno anterior. Era inevitable que confluyéramos y nos organizáramos en pos de una reforma que tiene que ser muy profunda, porque un sector muy importante de la Justicia se maneja al compás de la política y de aquellos que ostentan poderes.
–¿Qué expectativas tiene sobre la convocatoria?
–Esperamos un pueblo movilizado y que esto se modifique lo antes posible, porque un funcionario del gobierno provincial planteando conformar una «Gestapo» es algo atroz, y en esto la Justicia tiene que actuar. En el campo sindical fuimos muchas las organizaciones que sufrimos este padecimiento, esta persecución. Hay temas de fondo sobre los que avanzar, y para los cuales es necesario modificar la relación de fuerzas: y esto se consigue con la movilización del pueblo y con instituciones legítimas, acompañando al Gobierno.
«Es el Poder con menos credibilidad»
Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas
–¿Qué significa esta convocatoria y por qué es tan importante?
— Se trata de una convocatoria que ha prendido rápido y transversalmente en nuestra sociedad, porque emergen los damnificados de este sistema de Justicia. Hace años venimos repitiendo que esta falta de servicio ha damnificado los derechos económicos, sociales y culturales de nuestra población. No queremos agotar ni personalizar el reclamo en la Corte, lo que hay que cambiar es nuestro sistema. Esta marcha es la voluntad de una sociedad de terminar con un Poder Judicial que es el Poder con menos credibilidad, a pesar de que tiene muy buena prensa.
–¿Cuál es la importancia de que sea el pueblo el que se movilice?
–Es importante porque le da un sentido profundamente democrático y permite desarmar algunos clichés discursivos de sectores que se arrogó el sentido de la democracia pero defienden un poder patriarcal, corporativo y elitista.
–¿Qué espera de los miembros de la Corte Suprema?
– Sería bueno que como hombres de derecho que son, den un paso al costado por reivindicación propia, y permitan que de una vez por todas este país tenga un servicio de Justicia.
«Son un grupo elitista y autoritario»
José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
–¿Cuál es el significado de la marcha?
–Es un proceso de participación ciudadana en donde no hay personalismo. Esta es una lucha que no termina, porque no estamos pensando cuestiones personales, sino proponiendo una reforma judicial verdadera y con respeto. Por eso esperamos una participación masiva y tenemos confianza de que este va a ser el comienzo de un proceso para cortar con la reproducción de la persecución judicial y recuperar un sistema de administración de justicia que hoy está en manos de un grupo elitista y autoritario, subordinado a las decisiones de los sectores más derechistas de la Argentina.
–¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir y hacia quién está dirigido?
–Le hablamos a la Corte: queremos que se vayan. Creemos que también el Gobierno va a escuchar porque sabemos que hay sectores que quieren producir cambios, y podrán sentirse respaldados. Pero le hablamos a la sociedad: tenemos derecho a un sistema distinto, y hay que empezar por la Corte que impide la transformación democrática del sistema.
Informe: Sofía Moure
Ex embajadora Alicia Castro:
«Alberto Fernández es un error
histórico» /Duras críticas por el
acuerdo con el FMI
Resumen Latinoamericano /Radio Gráfica/ 30 de enero de 2022.
Continúan expresándose críticas al gobierno de los Fernández debido a la firma del acuerdo con el FMI. A las declaraciones que ya hemos publicado este fin de semana se agrega esta jugosa entrevista realizada por Radio Gráfica a la ex embajadora en Venezuela y actual referente del espacio «Soberanxs», Alicia Castro.
Alicia Castro advirtió que «solamente alguien muy fantasioso puede pensar que después de esto el presidente va a ser reelecto».
«Lo vivimos como un duelo, con una gran preocupación». Con esas palabras, la ex embajadora argentina en Bolivia y Reino Unido sintetizó parte del ánimo que tienen los dirigentes políticos del kirchnerismo más fiel a la vicepresidenta Cristina Kirchner tras el acuerdo anunciado este viernes por la mañana por el presidente y el ministro de Economía.
«Nosotros lamentamos profundamente que el Gobierno no haya querido recibir nuestra propuesta de dar un ejemplo llevando al Fondo Monetario a rendir cuentas ante la Corte Internacional de Justicia. Era la oportunidad de decir ‘basta’, de obtener mejores condiciones en la negociación. Con el acuerdo se está forzando al pueblo argentino a pagar una estafa«, sentenció Castro al ser consultada por PERFIL.
En esa línea, la dirigente calificó de «poco ética» la actitud del Gobierno «de decir que no va a haber ajuste, que el gasto cero será a partir de 2025″ porque «se están alegrando porque evidentemente eso ocurrirá durante la gestión de otro Gobierno».
Castro sobre el acuerdo con el FMI y el impacto en el Frente de Todos
Consultada respecto del impacto político del acuerdo en el Frente de Todos, la ex funcionaria e integrante de «Soberanxs«, un espacio ultrakirchnerista que lanzó junto al ex vicepresidente Amado Boudou y la diputada Fernanda Vallejos, entre otros, fue tajante. «Solamente alguien muy fantasioso puede pensar que después de esto Fernández sería reelecto», dijo.
Y agregó: «Con este acuerdo se va a pulverizar la base electoral del Frente de Todos. Recordemos que venimos de perder 40% de votos en las legislativas, lo cual es enorme».
Pero fue más allá con un mensaje puertas adentro de la coalición oficialista. «Por más que haya un negacionismo bastante extendido de base militante y autocensura, es evidente que nadie lo va a reelegir porque se sabe que va a haber ajuste y que lo va a pagar el pueblo argentino», lanzó.
También comparó al gobierno de Alberto Fernández con el del ex presidente Néstor Kirchner. «Cuando empezó el Gobierno de Néstor, una vez por semana surgía una buena noticia, había una alegría o por lo menos un alivio con ciertas medidas. Pero ahora cada semana sólo tenemos malas noticias», consideró.
Envio:RL
Por tercera vez, la sanción del proyecto se truncó en el Congreso
La caída de la Ley de Humedales
El proyecto no ingresó en el temario de las sesiones extraordinarias. El lobby empresario y la crítica de los ambientalistas.
Qué pasó con la Ley de Humedales
"Todos tuvimos la sensación de que esta resolución fue la crónica de una muerte anunciada del proyecto, que estuvo guardado en un cajón del despacho de un diputado del oficialismo, José Aragón, en la Comisión de Agricultura y Ganadería", dice a Página/12 la geógrafa e investigadora Patricia Pintos, miembro de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu).
En agosto de 2020 miles de personas cortaron el Puente Rosario-Victoria para manifestarse contra los incendios en el Delta del Paraná y exigir una norma que protegiera a los humedales. En noviembre del mismo año, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados dio dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales. Diez textos habían sido unificados. Al perder estado parlamentario la propuesta se encontraba en Agricultura y Ganadería. Debía ser tratada por otras dos comisiones: Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y Presupuesto y Hacienda.
"Desde que llegó a Agricultura intuimos que no había una voluntad de darle curso --continúa Pintos--. Fue una gran desilusión para todo el colectivo de organizaciones socioambientales y referentes del mundo académico que tanto habíamos apostado por la ley, sobre todo a partir de que el Gobierno la tomara como lema de campaña." "Sí a cuidar el planeta. Urgente la Ley de Humedales" fue uno de los mensajes del oficialismo en la previa de las legislativas.
Desde Rosario, Rodolfo Martínez, de la Multisectorial por la Ley de Humedales, expresa, en un tono parecido: "No nos quedaban muchas esperanzas luego de ver el tiempo transcurrido y no ver ningún manifiesto de Alberto Fernández o personajes de referencia dentro del Congreso. En su momento nos recibieron sólo dos diputados: Leonardo Grosso (Frente de Todos, titular de Ambiente) y Enrique Estévez (Partido Socialista). Si no se laburaba dentro de las demás fuerzas no íbamos a tener una ley". Martínez cuestiona al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, por "salir a celebrar" en su cuenta de Twitter que en las extraordinarias estuviera incluido el tratamiento de proyectos ambientales de creación de áreas protegidas cuando a la par una importante y esperada norma se caía.
"Creemos que el debate se inició por las maniobras que hicimos de cortar el puente: fueron un faro para toda la región", sugiere Martínez. Y recuerda: "Todo ocurrió en un contexto de aislamiento. Mientras nos cuidábamos nos llegaban cenizas por la ventana, fotos de animales muertos, familias que defendían sus casas... teníamos que estar en la calle, decir 'basta' aunque fuera con los barbijos puestos. A partir de ese momento se dio una fisura en la sociedad. Fisura que todavía no ha alcanzado a legisladores y gobernantes".
Fuentes legislativas revelaron a este diario que lo que frenó el tratamiento de la ley fue un lobby "fuerte, invisible", no tan expuesto y específico como el que amenazó en su momento la aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal. La única manera --muy remota-- de revertir el panorama es que el Ejecutivo amplíe el temario de las extraordinarias, para lo cual debería convocarse en conjunto a las tres comisiones por las que debía transitar el proyecto y obtener dictamen para su llegada al recinto. En caso de que esto no ocurra el 28 de febrero se produciría la caída definitiva del proyecto y debería iniciarse de nuevo todo el proceso. En tal caso otra posibilidad es que haya un cambio de giro a Senado, "un gesto de querer avanzar más fácil en caso de que se caiga lo avanzado en Diputados".
Qué es un humedal
Un humedal, explica Pintos, es "un tipo particular de ecosistema", que se caracteriza "por la presencia de un suelo fundamentalmente hídrico, no drenado" y que "se mantiene saturado de agua de manera temporal o permanente". Posee una fauna y una flora que le son propias. Constituyen un "patrimonio natural que vale la pena preservar en términos de calidad ambiental" por muchísimas razones: son reguladores de temperaturas, morigeran los efectos de las inundaciones, retienen excedentes hídricos, atenúan los efectos de sequías prolongadas. Tienen la capacidad de disminuir el portencial erosivo de las tormentas y de estabilizar las líneas de costa. También, una función depuradora, ya que contribuyen a mejorar la calidad del agua para el consumo y la producción. Fundamental: secuestran dióxido de carbono, responsable directo del calentamiento global.
"Tenemos la idea de que los humedales son los del Delta, pero en cada región del país existen humedales de diversas características. Tenemos las turberas en Tierra del Fuego, los mallines en la Patagonia, los salares de altura en el noroeste, los esteros del Iberá en la mesopotamia", enumera la geógrafa. La amenaza sobre estos ecosistemas proviene de distintos sectores. Entre ellos, la agricultura y la ganadería, el extractivismo urbano, la megaminería (por la extracción de litio en los salares). La lucha por una Ley de Humedales es federal, potente en distintas regiones de la Argentina.
Emilio Spataro, licenciado en Gestión Ambiental, es fundador de la organización Guardianes del Iberá. Cuenta: "Lo que ocurre en el nordeste argentino es similar a lo que ocurre en el resto de país. En las grandes ciudades, como Corrientes y Resistencia, y en el periurbano, hay una presión inmobiliaria de countries, nuevas urbanizaciones sobre humedales. Y en el ámbito rural se da el avance de modelos extractivistas, monocultivos, usos intensivos del suelo". Agrega que "en todo el nordeste, el único enfoque de conservación que tienen los gobiernos es el basado en áreas protegidas", como ocurre, por ejemplo, con los Esteros del Iberá. Ese enfoque "no garantiza el mantenimiento de los servicios ambientales que los ecosistemas brindan a las personas ni la conservación de la biodiversidad".
Por qué es importante una ley
"Hace años que buscamos una ley para que haya una mayor transferencia de recursos del presupuesto nacional hacia las provincias para mejorar la gestión de sus humedales y realizar un inventario, pero también para abrir espacios participativos en los cuales se diseñe el ordenamiento territorial. El fin es que las comunidades de cada provincia puedan decidir sobre la gestión de estos ambientes tan importantes", explica Spataro. "Los sectores concentrados que obtienen ganancias con la destrucción de los humedales no quieren que haya una ley que ponga en relevancia su conservación. Quieren seguir haciendo un uso intensivo sin que se ponga en discusión en cada provincia si esto conviene a la sociedad, si genera un entramado de desarrollo o si implica ganancia para unos pocos y problemas graves y cotidianos para muchos, que se quedan sin agua, sin buenas pasturas, sin peces para pescar, sin lugares de recreación, actividad turística u oportunidades de un verdadero desarrollo en armonía con la naturaleza", concluye.
Por su parte, Zoe Tojo, de Consciente Colectivo, sintetiza: "Lo más importante del proyecto es que busca generar un criterio a nivel nacional para la protección y el uso sostenible y racional de los humedales. Es una creencia falsa la que sostiene que la ley prohibiría la actividad sobre ellos. El objetivo es que el Estado controle cuáles son las actividades que se pueden realizar y de qué manera. Establece evaluaciones de impacto ambiental y limita todo lo que genera degradación, como quemas intencionales o bloqueos de cursos de agua". Resalta, como Spataro, la creación de un inventario nacional. "No hay un registro sistemático que refleje cuáles son los territorios, qué características tienen, cuánto porcentaje del país ocupan." Se estima que estos ecosistemas abarcan el 21 por ciento de la superficie del país.
Los proyectos en el Congreso
El primer proyecto para la protección de humedales fue presentado por la exsenadora por Entre Ríos Elsa Ruiz Días (Frente para la Victoria) en abril de 2013. En septiembre del mismo año, el exsenador Rubén Gustiniani (Partido Socialista) presentó otro con el mismo fin. Se unificaron los textos y el debate llegó al Senado. La iniciativa obtuvo media sanción. La Cámara de Diputados nunca la trató y perdió estado parlamentario en 2015. Fernando "Pino" Solanas volvió a impulsarla en 2016. La misma historia: media sanción, pérdida de estado parlamentario en 2018.
En agosto de 2021, con el proyecto estancado en Ganadería y Agricultura, la Multisectorial de Humedales realizó la "Travesía por los humedales", un recorrido en kayak desde Rosario hasta Buenos Aires para exigir su tratamiento en plenario de comisiones frente al Congreso de la Nación. Durante ese mes el tema se instaló en los medios a propósito de la aparición de los carpinchos en Nordelta: entonces, el Ministerio de Ambiente vinculó a la "invasión" con "el avance de la urbanización sobre los humedales".
Nada alcanzó: hubo petitorios, festivales, tuitazos, marchas, entre otras movidas de la sociedad civil. También hubo una carta dirigida al Presidente, firmada por la Multisectorial y otras 380 organizaciones, cuando el Gobierno anticipó el llamado a sesiones extraordinarias. "La ley a todas luces es necesaria, habida cuenta de los conflictos ambientales de los que todos hemos sido testigos en los últimos dos años, a partir de la quema de pastizales y de humedales en el Delta, que consumieron más de 300 mil hectáreas", postula Pintos. "Si no consideramos esta crisis socioambiental como una oportunidad para discutir y sancionar una ley tan necesaria francamente no sabemos cuáles pueden ser las condiciones para que finalmente alcance su sanción definitiva. La frustración se repite sistemáticamente. Y es mucho más cara a las expectativas de los grupos que la veníamos impulsando, porque considerábamos que estaban dadas todas las condiciones en términos de conflictividad socioambiental para que se sancionara", agrega.
"Ni siquiera se llegó a votar en el recinto. Es importante que la discusión se dé de cara a la sociedad, pero en este caso se cajoneó en comisiones. Más frustrante todavía. Notamos la indiferencia de todo el arco político: no hay una posición que rescate más la ley", protesta Tojo.
Pese al clima de desilusión, Pintos rescata un aspecto positivo: "Si bien volvemos a foja cero no estamos en la misma situación. Todo este tiempo ha servido para dotar a estos proyectos de ley de mucha densidad, en términos de los alcances, de los sectores contemplados, a los que se piensa como beneficiarios de la ley, como las comunidades locales y los pueblos originarios. Ahora hay una mirada mucho más situada en territorios, diferencias entre los distintos humedales que existen en nuestro país. Es una riqueza que se ha ido ganando en los debates que arrancan allá por 2013". Martínez asegura que la lucha continuará en las calles, "visibilizando lo que ha pasado", y con una convocatoria abierta a "legisladores interesados en el tema". Justo se acerca el Día Mundial de los Humedales, que se conmemora el 2 de febrero.
El directorio del organismo y el Congreso deberán aprobar la carta de intención
Los próximos pasos del acuerdo con el FMI
El objetivo del gobierno es que el acuerdo esté formalmente sellado antes del vencimiento previsto para el próximo 21 de marzo, que Argentina no está en condiciones de pagar.
El presidente Alberto Fernández anunció el viernes un principio de acuerdo para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y cumplió con el pago del último vencimiento de 731 millones de dólares. De este modo, se despejó la posibilidad del default y disminuyó la presión cambiaria. No obstante, todavía restan una serie de pasos clave para oficializar el acuerdo y evitar el pago de 2800 millones de dólares el próximo 21 de marzo, vencimiento que Argentina no está en condiciones de pagar.
Ahora mueve el Fondo
El staff técnico del FMI validó el viernes el principio de acuerdo a través de un comunicado, pero aún resta que el board del organismo apruebe la carta de intención del gobierno argentino, oficializando de ese modo el aval de los principales accionistas del organismo multilateral. En la carta de intención el gobierno deberá precisar las políticas que implementará para cumplir con los objetivos acordados.
En 2018, por ejemplo, Mauricio Macri anunció el 8 de mayo el inicio de las negociaciones con el FMI, el 7 de junio el equipo económico comandado por el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acordó con el staff del organismo el acceso a un crédito de 50.000 millones de dólares sin dar mayores detalles, el 15 de junio Argentina dio a conocer la carta de intención del convenio y el 20 de junio el directorio del organismo aprobó el préstamo stand-by, habilitando de ese modo un primer desembolso millonario, sin que el Congreso haya intervenido en ningún momento.
El Congreso decide
Una vez que el directorio del FMI apruebe el acuerdo, el gobierno argentino elevará esta vez el acuerdo al Congreso Nacional para que sea validado por los legisladores. Es una obligación prevista en la ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública que el Congreso convirtió en ley en febrero del año pasado por iniciativa del oficialismo. De ese modo, se busca evitar que un gobierno hipoteque el futuro del país sin tener que dar explicaciones ni siquiera en el Congreso, como hizo Macri en 2018.
Si bien el gobierno podría sumar el tema a las sesiones extraordinarias de febrero, por ahora no está previsto porque resta la aprobación del directorio del FMI. Por lo tanto, lo más probable es que el nuevo acuerdo se termine analizando en las sesiones ordinarias de marzo. La fecha límite para el gobierno es el 21 de marzo, pues ese día debería afrontar un vencimiento de 2800 millones de dólares y no tiene con qué hacerlo.
Por ahora, pareciera que el oficialismo no tendrá mayores dificultades para validar el nuevo acuerdo, pues varios referentes de Juntos por el Cambio anticiparon que no buscarán bloquear el acuerdo. No obstante, todos quieren ver la letra chica del entendimiento antes de levantar la mano en el recinto.
Lo que viene después
Una vez que el Congreso valide el nuevo acuerdo, vendrá lo más difícil que será cumplir las obligaciones asumidas con el FMI. El ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló este domingo a Página/12 en los próximos dos años y medio habrá 10 revisiones trimestrales por parte del organismo multilateral y del resultado de esas revisiones dependerá el refinanciamiento de los vencimientos previstos. “Hay tres criterios de desempeño. El resultado fiscal, las reservas internacionales y la emisión monetaria. Y en cada revisión hay asociado un desembolso. Si no se cumple con las metas, hay una negociación que se conoce como "waiver", una dispensa, que puede pasar también porque todo acuerdo se hace sobre ciertos supuestos en un momento dado, y no sería inesperado que todo el tiempo tuvieran que ir adaptándose las condiciones a las circunstancias que se van dando, aseguró el funcionario.
Si las metas se cumplen, cada uno de esos desembolsos recibidos, que son deuda, se empiezan a pagar cuatro años y medio después, y se pagan en 12 cuotas semestrales. “El primer desembolso, si todo marcha bien, tanto en el Congreso de la Nación como en el Directorio del FMI, debería llegar en marzo. Ese primer desembolso se empieza a pagar en septiembre de 2026, o sea cuatro años y medio después, y se termina de pagar a los diez años, en marzo de 2032”, aclaró Guzmán.
Fuente:Pagina12
31.01.2022 / Economia
Ahora 12: el Gobierno extendió el programa hasta junio
El plan de cuotas sin interés estará vigente hasta el 30 de junio de 2022 “siendo su plazo prorrogable”, según se expresa en la Resolución 34/2022 que se publicó en el Boletín Oficial. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ahora 12 cerró 2021 con un récord histórico.
De esta forma, el plan de cuotas sin interés estará vigente hasta el 30 de junio de 2022 “siendo su plazo prorrogable”, según se expresa en la Resolución 34/2022 que se publicó en el Boletín Oficial.
La Secretaría de Comercio Interior mantuvo hasta el final de la semana las negociaciones con los bancos para la oficialización de su nueva versión. Las entidades que agrupan a los comercios aguardaban que el programa se renueve con un leve aumento de las tasas vigentes y que se sumen rubros clave como los celulares, que habían quedado excluido en la última versión del programa. Sin embargo, los celulares volvieron a quedar afuera de los planes de cuotas.
Los bancos pedían un aumento de 17,5 puntos porcentuales en la tasa de interés nominal anual (TNA) del programa, hasta 42,5%, pero finalmente se acordó una tasa nominal anual de 31% para los plazos de 3, 6 y 12 cuotas, y de 36% para 18 y 24 cuotas.
De acuerdo al monitoreo realizado desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, se detectó “un incremento sostenido” del uso de la financiación en 24 cuotas fijas por parte de los consumidores. No obstante, “se evidenció una baja incidencia” en el uso de las 30 cuotas, con lo cual el Gobierno decidió eliminar esta modalidad de financiación, “con el fin de destinar los recursos del referido Programa AHORA 12, hacia nuevos beneficios y alcances, relevantes para fortalecer el consumo, fomentar la producción nacional y generar empleo”.
Si bien no se sumaron nuevos rubros, hubo una modificación en dos que tienen tope: anteojos y lentes de contacto pasan de $15.000 mil a 20.000; y motos, cuyo precio final no podrá ser superior a los $300 mil, cuando antes el límite $250 mil.
De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ahora 12 cerró 2021 con un récord histórico: el nivel de facturación y los volúmenes de operaciones crecieron sustancialmente en términos interanuales, un 85% y un 25% respectivamente. El nivel de facturación en todo 2021 por ventas de la mencionada iniciativa fue de 944 millones de pesos y la cantidad de operaciones fue de 71,5 millones.
Fuente:PoliticaArgentina
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