La pareja acribillada a balazos era investigada por la justicia
La idea de un entregador en el casamiento
Novedades en la causa del triple crimen de Ibarlucea. La pareja muerta sabía que los seguían y utilizaron otro vechículo. La declaración sobre el auto quemado.
El fiscal de Homicidios Gastón Ávila confirmó ayer que la pareja acribillada a balazos el sábado de madrugada en Ibarlucea –junto con su beba de un año y medio– estaba investigada por narcotráfico. En la Justicia Federal se consideraba a Iván Giménez y a Erica Romero como "traficantes de mediana escala", un eslabón relevante en la distribución de drogas en la ciudad. Y reveló la solidez de una hipótesis: que entre los invitados a la fiesta de donde las víctimas salieron en su auto pudo estar quien avisó a los sicarios que ejecutaron el triple crimen. Es decir, que las víctimas compartieron sus últimas horas con quien ya los había marcado y luego los delataría.
Avila habló con la prensa ayer, tras las primeras 48 horas de pesquisa. Confirmó que la familia ejecutada se retiró a las 4 de la madrugada del salón de fiestas Campos de Ibarlucea, sobre la ruta 34 Sur, que une el pueblo con Granadero Baigorria. El fiscal sorprendió con un detalle clave: Giménez (33 años) y Romero (39) no se movían habitualmente en ese Audi TT de color blanco, registrado a nombre de la hermana de la mujer asesinada. Los asesinos que los emboscaron en una camioneta deben haber sido advertidos del nuevo vehículo que se transformaría en blanco de más de 20 disparos de calibre 9 milímetros.
"Es posible que alguien de adentro de la fiesta haya tenido participación. Lo menciono porque el vehículo en el que se manejaba la familia esa noche no era el habitual, por lo cual alguien tiene que haber advertido a los homicidas que ellos iban en ese Audi TT. Además, cualquier invitado puede retirarse a cualquier hora de una fiesta, y los homicidas han sabido cuál era el vehículo y en qué momento salían", observó.
En cuanto a la calcinación del coche en un camino rural cercano, y con el cadáver de Romero adentro, ya carbonizado, la explicación también fue otra sorpresa: un invitado a la fiesta, por solidaridad se involucró en llevar a la mujer, acaso muerta ya por los disparos, pero se confundió de camino, se asustó y optó por quemar el vehículo. Se presentó solo en Fiscalía a contarlo y por ahora está libre de sospecha.
Ávila contó que cuando la fiesta terminó a las 4, los invitados comenzaron a irse. Allí fue el desfile de autos de alta gama, y entre ellos Giménez, su pareja y su hija en el Audi. Enfilaron hacia el este, de regreso a Rosario, pero la camioneta con los sicarios le cerró el paso. El fiscal confirmó que Giménez maniobró para volver enloquecido y veloz en busca de refugio en la fiesta que terminaba, o en algunos invitados a la misma. Pero quedó encajado en la cuneta frente al ingreso al salón, y entonces los asesinos descargaron sus balas delante de varios testigos que por ahora callan. Trece plomos le sacaron al hombre del cuerpo, y 4 a la bebé.
Una vez que los sicarios se marcharon, algunos invitados a la fiesta acudieron en auxilio del matrimonio y la bebé. Rompieron las ventanillas para desbloquear una puerta y sacar al hombre y a su hija, pero con la mujer no pudieron. "Por la premura de las circunstancias, los subieron a una camioneta, Giménez ya muerto, y los llevaron al hospital Eva Perón. E intentaron llevar a Romero en el propio vehículo, pero las ruedas giraban en falso hasta que lo empujaron y uno de los jóvenes invitados se ubicó como conductor para acelerar.
Cuando por fin lograron desencajar el auto, los testigos le gritaron al joven que llevara a la mujer baleada al Eva Perón, aunque algunos declararon que ya parecía sin vida. "Este chico –reveló el fiscal– agarró para el lado contrario, para Ibarlucea, se asustó: se vio manejando un vehículo de alta gama, baleado por todos lados, con un cadáver al lado, y para el lado equivocado. Él era un invitado al casamiento, una relación familiar lejana con la pareja del novios. Testigos lo vieron bajar del auto, agarrarse la cabeza y gritar 'Ahora qué hago, adónde te llevo, no sé qué hacer", y que después decidió incendiar el auto y el cuerpo de Romero para no ser incriminado en el homicidio.
"Vino voluntariamente a explicar que se llevó el auto, que lo hizo para ayudar, que estaba ebrio, que se equivocó cuando salió y se asustó. Que en el camino le pareció ver un móvil policial y temía que lo persiguieran. Estaba acongojado, vino a la fiscalía llorando. No está imputado por ahora. No puedo valorar en su contra la declaración que él mismo hace. No veo que haya intención de él en encubrir a los homicidas", sopesó Ávila.
El jefe de la investigación confirmó que la principal hipótesis de la masacre es el tráfico de drogas. Señaló que tanto Giménez como Romero estaban bajo la lupa de la Justicia federal, luego de que el año pasado se los involucrara en ese negocio ilegal tras el secuestro de una partida de estupefacientes. "Hasta diciembre pasado la investigación federal los ubicaba en un cuarto escalafón en la distribución de drogas, de mediana escala, a cargo de abastecer a personas que luego se encargan de zonas en la ciudad", reveló Ávila. Desde el vendedor callejero al menudeo, el fiscal mencionó dos niveles más arriba y recién entonces a Giménez y su pareja.
Ávila se abstuvo de revelar relaciones y enemistades de bandas delictivas, pero a nivel policial hay quienes relacionan a la pareja de novios que organizó la boda con el clan Los Monos (había personas relacionadas a esta organización como invitadas en la fiesta), y con una mujer ya condenada por distribución de drogas en zona norte, Olga Tata Medina. En cuanto a Giménez, tiempo atrás había estado relacionado con el entorno de Esteban Lindor Alvarado, pero ya no. Y ese cruce de vereda podría ser un camino para explicar tan atroces asesinatos.
Por ahora, el equipo de fiscalía se aboca a escrutar la lista de invitados a la fiesta y la grabación completa de esa noche. Además, el registro de cámaras públicas situadas a lo largo de las calles en el ingreso a Ibarlucea, en busca de identificar la camioneta que los pistoleros utilizaron. Los teléfonos de las víctimas hubieran sido de valor, pero desaparecieron de la escena del crimen.
ARMAS
Repercusiones políticas del triple crimen en Ibarlucea
Vuelan palos a jueces federales
Javkin, funcionarios provinciales y hasta un magistrado federal en Rosario cargaron contra el trasfondo del crimen.
El intendente Pablo Javkin cargó contra el sistema federal de Justicia, espantado por el triple crimen de Ibarlucea y su telón de fondo. "Pareciera que Rosario no está en la Argentina. Un presidente de la Cámara Federal recomienda que no se otorgue prisión domiciliaria (a Brisa Leguizamón, novia de la boda trágica). La causa va a Buenos Aires, se otorga prisión domiciliaria y termina en el hecho que vimos el fin de semana", hilvanó. "En este evento tenemos no menos de cuatro personas con prisión domiciliaria involucradas, con condenas, con causas que llegan a la máxima apelación penal, y no se controló", reprochó por radio Sí 98.9.
También el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, expresó su contrariedad y acusó a los jueces porteños : “No me tiembla la voz para decir que si no ajustamos las garantías constitucionales a lo que sucede en la realidad y jueces de Capital Federal, que no comprenden la realidad que está viviendo Rosario, y dejan en libertad a personas que dentro de dos meses van a ser sometidas a juicio donde hay acabadas pruebas de su participación en empresas narcocriminales”, declaró en LT8.
El secretario de Seguridad, Jorge Bortolozzi, apuntó en la misma dirección y hasta con una mirada literaria o, al menos, de alguna serie por Netflix: El contexto de la matanza en Ibarlucea fue "un cantante, un hotel, un country, una fiesta ostentosa a la vista de todos, con una previa en lugares conocidos y con artistas conocidos (por el bailantero Sergio Torres). Todo al mejor estilo (de un cartel) mexicano o colombiano”, afirmó a una radio santafesina.
En ese sentido, señaló el funcionario que "la Justicia federal tiene que comprometerse más y desarticular este tipo de bandas”. Y, en línea con Somaglia y Javkin, advirtió que “se trata de delitos exclusivamente federales, no solo se dedican a la venta de droga sino al lavado de dinero, de activos". "Es gente que dispone de dinero del que nadie conoce su origen. Es un claro ejemplo de ostentación que no puede pasar desapercibido para la justicia federal", amonestó el responsable de Seguridad en Santa Fe.
Bortolozzi también tuvo reproches para con los empresarios que se sirven del dinero narco: “La colaboración y la responsabilidad social empresaria de aquellos que facilitan salones de fiesta, hotelería, etcétera porque ese es su negocio, pero para que se regodeen integrantes de las bandas de narcocriminales conocidas en Rosario y que ponen permanentemente en jaque a la sociedad”, reprobó al diario El Litoral.
“El caso de los narcos, el código es la muerte. Así disciplinan a su gente. Obviamente que esas personas fueron marcadas. Las interceptan a la salida de un casamiento, en plena ruta, en un auto que casi nunca usaban. La Justicia federal se debe hacer cargo de la función que tiene”, apretó Bortolozzi.
Javkin señaló que "esta situación no se aguanta más. Necesitamos que Rosario sea tratada en términos prioritarios y que los organismos que tienen que ver con el control de las personas condenadas, garanticen que efectivamente estén privadas de la libertad para no seguir cometiendo delitos", dijo.
Por otra parte, el vicepresidente de la Cámara de Apelaciones federal en Rosario, Aníbal Pineda, habló al sentirse interpelado por una situación que lo tuvo como juez. Y se despegó de sus colegas de Casación Penal, en Buenos Aires.
“Nosotros, desde la Cámara de Apelaciones de Rosario habíamos revocado la excarcelación y habíamos dejado a Esteban Rocha (el novio de la boda trágica) en prisión preventiva porque había pruebas suficientes de que esta persona participaba de una estructura de venta y distribución de droga”, aclaró el magistrado ayer por Radio Dos.
"Luego –explicó Pineda– intervino la Cámara Federal de Casación Penal, que son los superiores nuestros, y recurrió ese fallo. Aplicaron un criterio diferente al nuestro, consideraron que se debe aplicar el principio de inocencia y el derecho de estar en libertad del imputado cuando no hay pruebas suficientes sobre lo que se denomina riesgo procesal”.
El juez rosarino consideró que “ahí queda clara la diferencia de criterio que existe en la Justicia”. Y aseguró que “desgraciadamente hay otras personas que tienen otra mirada”.
Aumenta el boleto de colectivos
"Corrección menor"
El intendente Pablo Javkin anticipó que la tarifa del servicio de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) tendrá "una corrección menor" en los próximos días. Cabe recordar que el titular del Palacio de los Leones recibió la potestad del Concejo Municipal para incrementar la tarifa cuatro veces al año (en febrero, mayo, agosto, y noviembre).
"Ninguna de las medidas que podamos tomar va a ser acorde al costo. Va a haber una corrección menor, siempre en función del valor del combustible", anticipó el jefe municipal, en conferencia de prensa. El último estudio del Ente de la Movilidad de Rosario, correspondiente a octubre de 2021, arrojó un valor de 104,70 pesos para la tarifa del TUP.
Asimismo, Javkin comentó que se reunirá con el intendente de Córdoba y Santa Fe para evaluar la situación del transporte en el interior del país. "En el Presupuesto nacional iba a haber una solución al tema del subsidio al interior, pero lamentablemente no hubo presupuesto", lamentó el mandatario y recordó: "Nos vamos acercando a pagar el triple del valor del boleto en CABA".
Por otro lado, el titular del Palacio de los Leones señaló: "Queremos acelerar la aplicación de la SUBE, que tiene un montón de beneficios". El Sistema Único de Boleto Electrónico ofrece descuentos al personal doméstico registrado, jubilados, estudiantes y ex Combatientes de Malvinas.
Alcoholemia
Aumento de positivos
Acueducto
Más agua para todos
Vacunación
Capacitan a empresas
Javkin
Mayores de 40 años
Crisis institucional en Santa Fe
Foto:Manuel Costa
Organizaciones de derechos humanos de todo el país –como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hijos Capital, entre varias otras– afirmaron que la causa de supuesto espionaje ilegal contra la abogada Nadia Schujman es “sin pruebas ni verdades”.
En el marco de la persecución judicial, política y mediática contra la abogada de Hijos Rosario –de extensa trayectoria en DDHH, quien quedó involucrada en la causa por presunta recopilación ilegal de información por parte del Estado santafesino, al integrar el equipo del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain– diversos organismos de derechos humanos expresaron su apoyo “ante la grave situación de persecución que atraviesa y ante la audiencia que se realizará este martes 1º de febrero en una causa armada en Santa Fe”.
“Nadia es víctima de la persecución judicial a raíz de su último trabajo como directora de la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad de Santa Fe”, remarcaron los organismos en un comunicado, y agregaron: “La fiscal Mariela Jiménez y el fiscal Ezequiel Hernández armaron una acusación en su contra y un grupo de personas, sin pruebas ni verdades, basándose en la decisión de distintos sectores locales de impedir el avance del trabajo de reforma de la Policía de Santa Fe, entre otros objetivos”.
Las organizaciones de derechos humanos nacionales afirmaron que la abogada y parte querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en Rosario, militante por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Hijos Rosario y el Colectivo Mario Bosch, “está siendo atacada por prácticas de persecución que dañan fuertemente la democracia”.
“Estamos a su lado y reclamamos que cese la persecución en su contra”, indica el escrito firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos Capital, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria.
“Quienes deben dar explicaciones son quienes incumplieron derechos y garantías, armaron una causa sin pruebas y pretenden avanzar en una persecución judicial que, claramente, es política”, concluyeron.
Fuente:RedaccionRosario
La autogestión al escenario
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