Levantaron el secreto de la causa por presunto espionaje ilegal en Santa Fe
Así lo determinó el juez Jorge Patrizi este jueves, permitiendo el acceso del expediente a las defensas de las personas bajo sospecha, entre ellas, el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain
Sain no fue imputado todavía por espionaje ilegal. (Alan Monzón/Rosario3)Un juez de la ciudad de Santa Fe ordenó en el mediodía de este jueves levantar el secreto del expediente por presunto espionaje ilegal que involucra a varios ex funcionarios santafesinos, entre ellos al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y su vice Germán Montenegro. De esta manera, las defensas de las personas bajo sospecha podrán acceder a la información de la investigación que llevan adelante los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez. En ese marco, el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, confirmó que recibió una notificación de parte de los fiscales de la causa, confirmando que fue "uno de los espiados".
La resolución de ocho páginas sostiene en los considerandos que “no se advierte motivo alguno para continuar con la reserva, perjudicando el derecho de las personas a las que se le hizo conocer los derechos del imputado de imponerse los motivos por los cuales se encuentra bajo investigación”.
La decisión tuvo lugar por una presentación que hizo Hernán Martínez, abogado del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, una de las personas bajo investigación por presunto espionaje ilegal.
Como antecedente inmediato, la semana pasada los fiscales Hernández y Jiménez pidieron la duplicidad de plazos en la investigación y la jueza Rosana Carrara hizo lugar. Esto significa que los fiscales ahora cuentan con más tiempo para recolectar evidencia para luego volcarla a la audiencia imputativa, que se estima que ocurrirá entre finales de febrero e inicios de marzo.
La causa tomó estado público en noviembre pasado, cuando se hicieron procedimientos del Organismo de Investigaciones (OI) en las sedes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y Rosario, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la causa.
Después de esos operativos renunciaron a sus cargos el secretario de Seguridad, Germán Montenegro; el subsecretario de Prevención y Control Urbano, Alberto Mongia; el subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; el subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Lluma; el director de Análisis Criminal, Sebastián Sánchez;, el subsecretario de Control, Diego Rodríguez; los asistentes técnicos, Nadia Schujman y Ramiro Cortese; el director provincial de la Agencia de Investigación Criminal, Rodolfo Gallardo; y la directora de los Centros Territoriales de Denuncia, Carla Pecorini.
También salieron a la luz nombres “fichados” desde el Ministerio de Seguridad, que formarían parte de la prueba para los fiscales. Entre los datos obtenidos aparentemente de forma ilegal se detectaron consultas en bases de información sobre dirigentes políticos, de medios de comunicación –entre ellos de Televisión Litoral–, empresarios de la salud, de la industria y del Poder Judicial, entre otros.
Pullaro fue notificado
En este contexto, el diputado provincial Maximiliano Pullaro confirmó que recibió en las últimas horas la notificación de que es una de las personas perjudicadas en la causa que investiga presunto espionaje ilegal en Santa Fe durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad. El legislador fue notificado luego de que en enero pasado se presentara en la Fiscalía luego de que su nombre apareciera en una lista donde aparecían presuntos investigados de manera ilegal. “Si la causa avanza, estamos ante el hecho más grave de la democracia” afirmó Pullaro.
En el texto que recibió por parte de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández se le informó al diputado que resultó “penalmente ofendido (victima) por la comisión de los delitos” de abuso de autoridad y violación a las leyes de Inteligencia y de Protección de Datos Personales.
Para Pullaro “es gravísimo lo que se está investigando, que Sain, Montenegro y Schujman estén sospechados de haber recabado información de manera ilegal mientras deberían haber estado cuidando a los santafesinos, es algo nunca se vio en la historia de la democracia santafesina”.
Así mismo, Pullaro adelantó que su abogado, el Dr. Pablo Cococcioni, tiene instrucciones de ir "hasta las últimas consecuencias". “Queremos saber para qué desde el gobierno se recopilaba esta información, si es cierto que se recolectaba información sobre empresarios queremos saber con que fines, si es cierto que se investigaba a dirigentes políticos, no solo opositores también integrantes del propio gobierno enfrentados a Sain, cuales eran los fines y conocer también si es verdad que había periodistas investigados y para qué”.
En la notificación recibida por parte de la Fiscalía también se le aclara al legislador que “lo asisten en su carácter de víctima -entre otros- los derechos previstos en el art. 80 del Código Procesal Penal (CPP)” y además se le informó que “la Investigación Penal Preparatoria permanece bajo reserva (artículos. 258 y 259 del CPP), motivo por el cual no podemos aún autorizarle el acceso a las constancias de la misma”.
Por último, le requirieron que “en caso de poseer información o evidencia que pueda ser considerada útil para el avance de la investigación, nos lo haga saber inmediatamente”.
Fuente:Rosario3
Convertirán un millón y medio de hectáreas en tierras para la producción
Durante el encuentro el ministro del Interior reafirmó “la voluntad del Gobierno nacional de seguir trabajando todos los días por una Argentina federal” y de continuar “apostando al poder adquisitivo, apostando a la generación de empleo, apostando a la inversión y al aumento de la producción” al tiempo que ponderó la sinergia “que se produce cuando el campo y la industria se ponen de acuerdo y más aún cuando convocan a la ciencia y a la tecnología para ver cómo se puede potenciar y aumentar esa matriz productiva”.
Según indicó el ministro de Pedro tras el encuentro de trabajo desarrollado en la sede de la Sociedad Rural de Reconquista, para el Gobierno nacional "avanzar en la resolución de este problema estructural es central para potenciar al sector y volver productivas un millón y media de hectáreas en una de las zonas de producción agropecuaria más importantes de Argentina".
De Pedro también destacó la labor de los gobernadores que “de manera bilateral y de manera conjunta con el Gobierno nacional están encontrando soluciones de manera consensuada a problemas que son de todos los argentinos y que tienen que ver con aumentar a felicidad de nuestro pueblo mediante el trabajo” y resaltó que “a pesar de la pandemia, a pesar de todo, pudimos conseguir por decisión del Presidente y de la vicepresidenta, presupuestos para comenzar las obras, la voluntad y la decisión para comenzar el plan estratégico”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, indicó que se está avanzando "en una agenda de trabajo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Obras Públicas muy certera y muy clara" y que "este es un camino y un sendero de concreción de proyectos, más de hacer que de decir, con obras que ya están en marcha y con la voluntad política de todos los actores para que realmente esta cuenca sea un enclave desarrollo productivo de las tres provincias".
El Gobierno nacional y las provincias buscan que los Bajos Submeridionales, una extensión de 4 millones de hectáreas y que abarca la zona productiva de las tres provincias, puedan tener un manejo inteligente del agua y evitar inundaciones o sequías dependiendo la época del año, y a la vez desarrollar el potencial productivo de la zona.
El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, indicó que la reunión se podría "sintetizar en tres palabras: unidad, cooperación y acción" y elogió la unidad que "nos ha permitido transitar el camino de la cooperación, indispensable para lograr algunas iniciativas".
"Este proyecto tiene que ver con darle a toda la zona la posibilidad de desplegar el potencial que tiene" indicó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y sostuvo que "se empieza a materializar una realidad distinta que tiene que ver con los caminos, con la infraestructura eléctrica, con la infraestructura sanitaria, que tiene que ver con la mejora de los vínculos entre las provincias vecinas".
A su turno, Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, celebró "la seriedad del trabajo" realizado hasta el momento y la importancia de “generar que esta gran cantidad de hectáreas de esta Cuenca generen producción y valor agregado a la producción para poder exportar no solo productos sino también exportar trabajo argentino".
En lo concreto, Nación iniciará la ejecución del Plan Director con un plazo estimado de 18 meses. Las tres provincias, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y los Ministerios del Interior y de Obras Públicas, cumplirán el rol de supervisar el avance.
En paralelo, Chaco y Santiago del Estero avanzan con la presentación de la documentación necesaria para la ejecución de las obras hídricas acordadas en el CIRHBAS, a cargo del Ministerio de Obras Públicas: 2 obras en ejecución en Chaco, con finalización estimada en junio del 2022 ($92 millones); 6 obras fueron aprobadas en Chaco ($187 millones); 46 obras quedan pendientes en las tres provincias involucradas, con diferentes observaciones y grados de avance ($37.600 millones).
Del encuentro participaron además el intendente de la ciudad de Reconquista, Amadeo Vallejos; la Secretaria de Provincias, Silvina Batakis; el Subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional, Martin Pollera; el Secretario de Infraestructura y Políticas Hídricas, Fernando Zarate y el Presidente del INA, Juan Carlos Bertoni.
Investigación por presunto espionaje ilegal
Ordenan que se muestren pruebas
El juez Patrizi consideró que no hay motivo para mantener en reserva el legajo y habilitó el acceso a la defensa del ex ministro Sain.
Desde Santa Fe
El juez de garantías Jorge Patrizi levantó ayer el secreto de la investigación sobre el ex ministro Sain y su equipo y les ordenó a los fiscales que los investigan, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, que abran el legajo a las defensas para que éstas puedan acceder a las pruebas contra sus defendidos, si es que las tienen. Patrizi hizo lugar a una demanda del abogado Hernán Martínez –defensor de Sain- y levantó la “reserva de las actuaciones” al considerar que “no hay ningún motivo” para que el legajo se tramite entre cuatro paredes. Y citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia: “El secreto del sumario penal tiene carácter excepcional y sólo puede imponerse en aquellos casos y dentro de las condiciones que las normas legales establecen. Ello deriva de la publicidad de los actos que caracteriza a la forma republicana de gobierno”.
El fallo del juez Patrizi revocó la decisión de su colega Rosana Carrara, quien hace una semana había dispuesto lo contrario. El 3 de febrero, Carrara aceptó el pedido de los fiscales, mantuvo “el secreto de las actuaciones” y ordenó duplicar los plazos procesales ante un supuesto riesgo de frustrar la pesquisa. “Lo que no puede admitirse es que (la defensa) aspire a que se exhiban antecedentes o tareas de investigación que se encuentren inconclusas y con riesgo de fracasar si son anticipadas, ya que se pondría en riesgo la propia investigación”, enfatizó la magistrada. Patrizi hizo una interpretación diferente. Para el juez los fiscales nunca indicaron “motivo alguno” por el cual levantar la reserva podía causar “un perjuicio a la investigación”. Por lo tanto, tampoco “se advierte motivo alguno para continuar con la reserva” y “perjudicar el derecho de las personas” señaladas en la causa a saber por qué “se encuentra bajo investigación”, sentenció el magistrado.
Patrizi recordó que el defensor de Sain pidió la “convocatoria de la audiencia imputativa” de sus defendidos el 6 de diciembre. “El décimo quinto día hábil se cumplió el 29 de diciembre, llevando hasta el momento 23 días hábiles de la presentación”. Pero “si contamos días corridos, conforme lo dispuesto por el artículo 129 del Código Procesal Penal, al día de la fecha (ayer) pasaron 75 días corridos desde la petición”, explicó el juez.
El 20 de diciembre, los fiscales Hernández y Jiménez solicitaron la duplicación de los plazos procesales estipulados en la ley. Sin embargo, el 29 de diciembre, cuando ya se había cumplido el tiempo previsto originalmente, “no hicieron ninguna objeción para que la audiencia” en la que se debatió el tema se realizara el 1º de febrero, que fue la que presidió la jueza Carrara. El 3 de febrero, Carrara resolvió a favor el de los fiscales: ratificó el secreto del sumario y duplicó los plazos.
La “regla general” –señaló Patrizi- es que los plazos se cumplan “en días y horas hábiles” y la “excepción” es que se cuenten “en días corridos y no hábiles”, como es el “presente caso”.
Si bien Hernández y Jiménez pidieron el “procedimiento extendido un día antes del vencimiento del término de 15 días corridos desde la presentación de la defensa, no podemos dejar de observar que habiéndose fijado audiencia para su tratamiento el día 1º de febrero”, los fiscales no hicieron “objeción alguna” a esa fecha. Por lo tanto, “ahora no pueden invocar la duplicidad de términos dispuesta el 3 de febrero (por la jueza Carrara), como obstáculo para hacer valer la reserva de las actuaciones”.
Además, fueron los propios fiscales Hernández y Jiménez -sostuvo Patrizi-, quienes tomaron en cuenta lo previsto por el artículo 129 del Código Procesal (el de los días corridos) “al disponer la apertura de elementos informáticos secuestrados en la causa, el 3 de enero de 2022”, en plena feria judicial y “en un día inhábil”, reveló el juez. Un procedimiento que plantea interrogantes acerca de si hubo control de la defensa y se garantizó la cadena de custodia.
Los fiscales han hecho “manifestaciones sobre los actos realizados en la causa” –relató el juez-, entre ellos los operativos en el Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre, la posterior “renuncia de algunos funcionarios” del equipo de Sain y “el material que está siendo analizado”. Pero sobre esto, “ya no existe posibilidad de entorpecer la investigación por el simple motivo de que (la supuesta evidencia) ya está secuestrada”. Y “lo mismo sucede con los pedidos de informes a diferentes empresas prestatarias de servicios”, que “resta analizar”.
Hernández y Jiménez han mencionado “las labores realizadas”, pero no indicaron “motivo alguno” por el que levantar el secreto “cause un perjuicio a la investigación”, dijo el juez. Por lo tanto, tampoco “se advierte motivo alguno para continuar con la reserva” y perjudicar “el derecho de las personas” señaladas de saber por qué “se encuentra bajo investigación”.
En consecuencia, Patrizi dijo que “el plazo previsto por el artículo 259 del Código Procesal penal está vencido” y al “no haber motivo para mantener la reserva de las actuaciones, corresponde hacer lugar a la petición realizada” por el abogado de Sain. Y así lo hizo: levantó el secreto del sumario y ordenó a los fiscales Hernández y Jiménez abrir el legajo y ponerlo a disposición de las defensas.
Bola
Tire y afloje en Diputados por la Ley de Presupuesto
Por lo menos acordaron en ponerlo en agenda
En sesión extraordinaria votaron por unanimidad tratar en 15 días el proyecto que vino del Senado. Persisten las diferencias.
El proyecto de ley de Presupuesto 2022 pareció destrabarse ayer en Diputados, que en sesión extraordinaria votó por unanimidad una moción de preferencia para tratarlo en la próxima sesión, a realizarse dentro de quince días. Esto en el oficialismo lo interpretan como la antesala del OK definitivo que el Ejecutivo no consiguió en diciembre. En la oposición, no tanto, porque se mantienen con las modificaciones que pretenden –sobre todo, incluir a Rosario y Santa Fe dentro del Fondo de Obras Menores– y porque le reprochan al oficialismo poca predisposición al diálogo.
El asunto no tuvo dictamen ayer en la reunión de comisión de la mañana, pero entró sobre tablas una moción de preferencia para tratar el proyecto en la próxima sesión. Y ahí sí fue aprobado por unanimidad. Esto alentó la perspectiva del oficialismo. El diputado del PJ Ricardo Olivera cifró expectativa en que el Gobierno tendrá su presupuesto aprobado en 15 días, o al menos con modificaciones que lo harán volver al Senado, donde ya se había votado por unanimidad.
"Creo que hay voluntad de todos los frentes en sacar adelante el Presupuesto, con alguna modificación. Se verá en las reuniones de comisión, pero me quedó la sensación de que hay consenso. Se bajaron los decibles y la semana próxima empezaremos a charlar. Claro que puede haber modificaciones, el Senado votó por unanimidad y con dos tercios alcanzará. Tal vez en el medio se acuerden las modificaciones con el Senado, pero veo voluntad de todos los sectores para aprobarlo", observó Olivera.
El presidente del PJ asume que una pretensión clave de la oposición, en particular el Frente Progresista, es mejorar los aportes a los municipios de Rosario y Santa Fe, retrasados por el Fondo del Conurbano que quedó congelado en el tiempo. Otra demanda es revisar el mecanismo de transferencias a municipios y comunas, pero en esto el oficialismo le recuerda que el Ejecutivo aceptó resignar unos 1500 millones de pesos en la reformulación de partidas de la Ley Tributaria sancionada el año pasado. "Se aprobó un 60% para municipios y comunas y un 40% para el Ejecutivo. Nosotros no acompañamos eso, pero el Gobierno lo aceptó y reformuló la ley", facturó Olivera.
Rubén Giustiniani, del bloque Igualdad, valoró como "un gran avance que por lo menos se ponga en agenda y en la sesión próxima se trate el Presupuesto, porque veníamos de un teléfono descompuesto. Es un gran paso". El legislador descuenta que el texto que vino del Senado tendrá modificaciones. "Primero, contemplar a Rosario y Santa Fe con más recursos porque quedaron muy retrasados con el Fondo del Conurbano. Segundo, actualizar el monto previsto para el plan Incluir. El Ejecutivo repite el mismo monto de $4000 millones del año pasado, cuando la inflación prevista será alrededor del 50 por ciento", anticipó.
El socialismo acompañó la moción de volver a discutir la ley de leyes, pero pidió al peronismo "vocación de diálogo". "Estamos comenzando el tercer año del gobierno de Omar Perotti y queda una sensación de vacío de esta gestión, pero también de la Legislatura por no poder avanzar con temas de fondo, en no poder ponernos de acuerdo en políticas de mediano y largo plazo. Lo que pasó en diciembre con el presupuesto fue lamentable y no podemos repetirlo. Damos esta preferencia para poder encontrar un camino donde no tiene que haber vencedores y vencidos, sino un marco de seriedad y previsibilidad a los santafesinos y santafesinas. Reclamamos una lógica de respeto”, dijo Joaquín Blanco.
Desde el rincón radical de Legislatura, Felipe Michlig (aun convaleciente de Covid) y Maximiliano Pullaro se quejaron del reproche institucional que les dedicó el PJ. “Buscan construir un relato permanentemente sobre cosas que no son así, siempre estuvimos dispuestos a dialogar”, dijeron ayer. "Lo que estamos reclamando –puntualizaron– son las deudas que tiene el gobierno con respecto a los presupuestos 2020 y 2021 con gobiernos locales que no son del Justicialismo. Durante el gobierno de Omar Perotti los presidentes comunales e intendentes de la UCR, el PS, el PDP y el PRO sufrieron una fuerte discriminación. Por ejemplo, los pueblos gobernados por el PJ recibieron 877 pesos por habitante, los pueblos gobernados por la oposición recibieron 180 pesos por habitante, más de cuatro veces menos”.
Y concluyeron: "Este es un gobierno que tiene 80 mil millones en cuentas a la vista, tomó deuda como ningún otro gobierno desde 1983 y hasta llegó a pedirle prestado 5 mil millones a un banco para dejarlos depositados en el mismo banco, cobrando la Provincia una tasa menor a la que le tiene que pagarle al mismo banquero. Queremos que nos expliquen estas situaciones”.
El titular de la comisión de Presupuesto, Fabián Palo Oliver, había advertido antes del debate que "Perotti no mienta diciendo que no tiene presupuesto y lo use de excusa para no convocar a paritaria de empleados públicos ni para invertir en obras, porque lo tiene: está vigente el presupuesto reconducido de 2021". En este contexto la semana que viene retomarán el debate final.
Guardias nocturnas de salud mental en hospitales
Dar respuestas en la urgencia
Las direcciones provincial y municipal del área garantizan la atención en situación de crisis o consumos problemáticos.
Un nuevo paso en el efectivo cumplimiento de la ley de salud mental fue el anuncio conjunto de la directora provincial de Salud Mental, Celina Pochettino y la responsable del área a nivel municipal, Jésica Redondo. Desde ahora, todos los hospitales y centros de salud tendrán guardias nocturnas -de 20 a 8- para atender urgencias en salud mental y consumo problemático de sustancias, a partir de un equipo integrado por unx psicólogx y unx psiquiatra "con la función de garantizar el acceso y el abordaje interdisciplinario al paciente". La necesidad acuciante de este servicio quedó en evidencia con la internación de ocho personas el pasado domingo, a partir del consumo de cocaína en la zona sur y Villa Gobernador Gálvez.
“Vamos a contar con equipos interdisciplinarios, como lo refiere la ley nacional de salud mental, en todos los efectores en la franja nocturna que era una vacante histórica en la ciudad de Rosario. Cabe destacar que ya existía un dispositivo soporte por las tardes y los fines de semana pudiendo hoy lograr los cuidados de salud mental las 24 horas”, señaló Pochettino, quien indicó que "en el marco del Plan Provincial de Salud Mental que venimos desarrollando desde el Ministerio de Salud, hoy se concreta una estrategia para la red asistencial, diseñada para garantizar el acceso a la población al sistema sanitario por motivo de salud mental y consumo problemático en situaciones de urgencias”.
La dupla de psicólogos y psiquiatras son equipos itinerantes que hacen base en el Hospital de Niños Zona Norte, pero que están a disposición de toda la red. "Se trasladarán a cada uno de los efectores con la función de intervenir ante las situaciones de crisis y urgencias y ser el enlace con otros equipos de salud”, puntualizó la funcionaria provincial.
“Esta es una estrategia más de los cuidados que se desarrollan en el marco del plan provincial de salud mental. Va a funcionar a demanda de los equipos de salud de las guardias de los hospitales y en articulación con el sistema de emergencias y traslados. Como todo dispositivo, será evaluado sistemáticamente y se rediseñará de acuerdo a los objetivos trazados”, agregó. Pochettino recordó que “desde la provincia seguimos contando en el 0800 555 6549 (covid) con un equipo de salud mental que se encuentra a disposición para acompañar y resolver situaciones vinculadas a la salud mental”.
Por su parte, la directora de salud mental de la Municipalidad, Jésica Redondo, explicó que “esta ampliación que brinda este dispositivo responde a una gestión político-clínica sostenida entre la Secretaría de Salud Pública del municipio junto con el Ministerio de Salud de la provincia” y agregó que “desde los hospitales generales, las guardias recepcionan estas situaciones. Los centros de salud tanto municipales como provinciales que hay en toda la ciudad sostienen estos abordajes junto con algunos dispositivos específicos”.
“Nuestros usuarios y la comunidad tienen que saber que cuando tengan una necesidad crítica de salud mental o consumo problemático, acercándose a cualquier guardia en cualquier día y horario, va a contar con atención en salud mental”, cerró Redondo.
En tanto, la directora del Hospital de Niños Zona Norte, Mónica Jurado, señaló que “es un avance importante para el Ministerio de Salud para poner en marcha de manera interdisciplinaria la salud integral”.
“Durante estos años de pandemia, se observó mucho más condiciones de salud mental en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes un impacto fuerte del abuso de sustancias y otros efectos en la salud mental”, agregó Jurado.
La directora del Hospital de Niños Zona Norte afirmó que “es muy positivo que podamos integrarnos y planificar una estrategia que va a avanzar y a sumar nuevas formas de abordaje pero sobre todo acompañar todo este proceso a nivel territorial que es muy necesario”.
Imputan por otras 25 estafas a tres empresarios
El viejo truco de pedir adelantos
Los empresarios del Grupo Praga, una inmobiliaria investigada por administración fraudulenta y estafa en más de $130 millones por venta de autos de alta gama y desarrollos inmobiliarios, todos de Rosario, fueron involucrados por la fiscalía en otros 25 delitos. En la audiencia imputativa también quedaron involucrados un cadete de un delivery, que figura como gerente de una de las cuatro firmas investigadas, y un abogado, a quien detuvieron la semana pasada por tenencia de arma de fuego y administración fraudulenta en las cuatro firmas bajo la lupa: Praga, Integral Automotores, Integral Motors y Ortopedia Técnica SRL.
A Leandro Damián "El Tanque" González (39 años), Bruno Poletti (45) y Jorge Daniel Fonaroff (41), la fiscal Valeria Haurigot les atribuyó la administración fraudulenta de las sociedades mencionadas, en tanto que a César Ramón Metto (56) se lo mencionó como cadete de las cuatro firmas y gerente de una de ellas, es decir, Ortopedia Técnica SRL. La fiscal consideró que provocaron "daño patrimonial y obligaron abusivamente a las sociedades que administraban, generando obligaciones pendientes de determinación, no obstante lo cual se han rechazado cheques por falta de fondos".
Asimismo, Haurigot acusó a González, Poletti y Fonaroff de actuar por derecho propio, como socios gerentes, socios ocultos o administradores de hecho de las sociedades que administraban, "abusando de la confianza de las víctimas, aprovechando el perfil que les daba la pertenencia a círculos sociales de alto poder adquisitivo, aparentando solvencia mayor a la que tenían y a sabiendas de la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones que de buena fe simularon asumir". Además de "haber desplegado maniobras ardidosas en el marco de la compraventa de vehículos propiedad de las víctimas".
Según la investigación, las maniobras se llevaban a cabo bajo la promesa del pago diferido del precio acordado por los vehículos. Les prometían a las víctimas la entrega de otros autos cero kilómetro a través del pago mediante cheques diferidos y así lograban que los damnificados dispusieran de un monto a su favor. De esta manera, captaban el ahorro de las víctimas y su núcleo familiar bajo la promesa de pagarle un rendimiento mensual por el uso del capital ajeno. "Todo ello tenía el objetivo de obtener un beneficio económico resultante", apuntó Haurigot.
Fuente:Rosario12


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