El brutal crimen de la adolescente de Rufino que dio inicio al Ni Una Menos
Revisarán la pena al femicida de Chiara Páez
El exnovio había sido condenado a 21 años y la Cámara lo ratificó. La Corte ahora ordenó fijar otro monto de pena, acorde al derecho penal juvenil, que resultará menor.
El 10 de mayo de 2015 el país se conmovió por el femicidio de Chiara Páez en la localidad de Rufino, en el sur de Santa Fe. En el marco de la investigación, su exnovio que entonces tenía 17 años fue detenido e imputado por el asesinato de la adolescente de 14 años, que además cursaba un embarazo reciente. El crimen motivó el primer grito de Ni Una Menos que retumbó el 3 de junio de ese año en todo el país y desde entonces es una de las fechas más importante de la agenda contra las violencias machistas. Dos años después, en 2017, Manuel Mansilla fue condenado a 21 años y medio de prisión en primera instancia. Al año siguiente la Cámara Penal confirmó la sentencia. Finalmente el caso llegó a la Corte provincial, donde los jueces ordenaron que un nuevo tribunal revise el monto de la pena y se expida de acuerdo al derecho penal juvenil, que implica hacerlo, para un delito como el que cometió Mansilla, dentro de la escala de 10 a 15 años de prisión, ya que la ley no permite que se le dé prisión perpetua, que es la pena establecida para el femicidio, a los menores de 18 años. El padre de Chiara manifestó su desacuerdo.
Fabio Páez, papá de Chiara, dijo en Radio Nacional Rosario que "causa mucha tristeza, impotencia, que pasen estas cosas. Que tengamos una Corte que da pena, no me salen palabras. Estoy muy dolido. Tardaron tres años en contestar esto, la anulación y un pedido de que sea tratado como menor alguien que asesinó y enterró a mi hija. Esto (el fallo) fue el 27 de diciembre y yo me enteré anoche (por el jueves)", sostuvo. Además, según indicó Télam, voceros judiciales indicaron que Mansilla podría acceder en corto tiempo al beneficio de salidas transitorias por el tiempo que ya transcurrió detenido.
En un fallo del 27 de diciembre pasado, el máximo tribunal provincial hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Mansilla, considerado responsable del femicidio por la Justicia de Menores y condenado en primera instancia en 2017. La resolución fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en 2018, en un fallo que ahora fue analizado por la Corte provincial y en el que se indica que deberá fijarse una nueva pena basada en la normativa y en tratados relacionados con el derecho penal juvenil. Es decir, "reducir la respuesta punitiva en la forma regulada para la tentativa (de homicidio), como prevé el artículo 4 de la ley 22.278".
Cabe aclarar que el fallo de la Corte no anula la condena que lo encontró responsable del crimen sino que manda recalcular la pena.
La resolución indica que debe partirse de considerar que el delito por el cual se declaró la responsabilidad penal del imputado tiene prevista como sanción la prisión perpetua. Sin embargo, "tal como lo sostienen los jueces de la causa, su aplicación se encuentra vedada para las personas menores de edad", expresa el fallo, que además menciona jurisprudencia: "En tales condiciones, no resta otra solución que reconocer que la reacción punitiva estatal debe ser inferior que la que correspondería, a igualdad de circunstancias, respecto de un adulto...”.
Así, agrega que "la única solución respetuosa de los estándares vigentes en el derecho penal juvenil y del principio de legalidad, era reducir la respuesta punitiva en la forma regulada para la tentativa, tal como lo prevé el artículo 4 de la ley 22.278. En consecuencia, debía fijarse la sanción a imponer dentro de la escala del artículo 44 del Código Penal para los casos de delitos reprimidos con prisión perpetua, esto es, de 10 a 15 años de prisión".
Según se detalla, la cámara de apelaciones, "luego de considerar que la reducción prevista por la ley 22.278 es facultativa y no obligatoria, brindó las razones por las cuales no correspondía -en su estima- aplicarla en el caso y en consecuencia recurrió a una integración normativa para buscar la escala penal a tener en cuenta. En ese cometido, entendió que debía ser la prevista para la figura básica del delito por el cual se había condenado al justiciable y, dentro de la escala del homicidio simple -máximo de 25 años-, confirmó la pena impuesta en primera instancia que había sido de 21 años y 6 meses de prisión".
El tribunal supremo tuvo en cuenta en su resolución tanto lo mencionado sobre la reducción en caso de la las personas menores de 18 años, como cuestiones relacionadas con principios vigentes en la materia -privación de la libertad como “última ratio” y por el menor tiempo posible-, y la Convención sobre los Derechos del Niño. En tanto, anula el monto impuesto en la sentencia, en la que se optó por "una escala penal que le permitió imponer una pena más gravosa que la que hubiera correspondido". Por ello, resolvió "remitir la causa al Tribunal que corresponda a los fines de que la misma sea nuevamente juzgada conforme las pautas sentadas".
También destacaron que "no se desconoce la magnitud de los hechos juzgados y las circunstancias del caso que tuvieron en cuenta los magistrados para agravar el reproche del imputado -al tratarse la víctima de una mujer menor de edad, embarazada- y la particular protección constitucional y convencional que ello implica, más tales extremos no pueden motivar el apartamiento del marco legal establecido por las normas y principios aludidos".
Dieciocho
Investigación por presunto espionaje ilegal en la gestión Sain
La orden del juez no se cumplió
Los fiscales negaron el acceso a las pruebas a los abogados defensores y apelaron la resolución que mandaba levantar la reserva.
Desde Santa Fe
La orden del juez Jorge Patrizi que levantó el secreto del sumario en la causa contra el ex ministro Marcelo Sain no se cumplió. Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez impidieron a las defensas el acceso a las supuestas pruebas que pesan sobre sus defendidos, a pesar de que el jueves Patrizi levantó la “reserva” de las actuaciones y ayer –cuando el Ministerio Público le pidió una aclaratoria- ratificó esa resolución, que es la segunda en la misma línea, en 24 horas. Ayer, uno de los abogados defensores, Daniel Culleres, concurrió a la sede del MPA en dos oportunidades para conocer todas las actuaciones: la primera vez, le dijeron que los fiscales le pidieron al juez que aclare la resolución del jueves y en la segunda, cuando Patrizi ya había ratificado su fallo, le explicaron que tampoco “podía ver la causa” porque los fiscales apelaron ante la Cámara Penal de Santa Fe. Su colega, Juan Lewis, se indignó ante el operativo. “Mientras los fiscales notifican (al diputado de la UCR Maximiliano) Pullaro que es una presunta víctima para que se victimice por todos los medios, a nosotros nos niegan el acceso a las actuaciones. Siguen tratando de ocultarlas, ahora de cualquier manera, de la forma más absurda”, le dijo a Rosario/12.
Culleres se pasó gran parte de la mañana en el MPA, en el intento de tener acceso al legajo, pero sin éxito. La resolución del juez Patrizi que levantó el secreto obligaba a Hernández y Jiménez a brindar copias de todas las constancias que existen en la causa. Todas. Ya el mismo jueves a la tarde, otro de los defensores, Hernán Martínez, que asiste a Sain, había solicitado la apertura apenas se anotició del fallo de Patrizi. Y ayer, a Culleres le tocaba concretar el pedido, pero se topó con una doble negativa de los fiscales.
A primera hora Culleres se presentó en el MPA para tener copia del legajo. Los fiscales le dijeron que no porque habían pedido al juez Patrizi que aclare el “alcance” de su orden que dispuso el “levantamiento de las actuaciones”. El abogado se fue entonces a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) para ver si el juez resolvería la “aclaratoria” ayer mismo y cuando le dijeron que sí, se quedó a esperarla. La segunda resolución de Patrizi fue tan contundente como la primera. A la pregunta de los fiscales sobre el “alcance” de la orden, el juez les aclaró que debían levantar la reserva de “todas” las actuaciones. Todas. Culleres volvió entonces al MPA, pero tampoco pudo acceder a la causa. Ahora le dijeron que todavía no los habían notificado y seguramente los fiscales iban a apelar ante la Cámara.
Y así ocurrió. A media tarde, Hernández y Jiménez anoticiaron a las defensas que habían apelado “la resolución del doctor Patrizi del 10 de febrero”. Culleres interpretó que el objetivo de los fiscales era “evitar que los defensores puedan acceder al legajo”, por eso primero le pidieron la “aclaratoria” al juez Patrizi y cuando éste les contestó que había levantado el secreto de “todas” las actuaciones, formalizaron el recurso de apelación.
La “aclaratoria” del doctor Patrizi –dijo Culleres- “es una clase de derecho procesal para los fiscales, les dice que el levantamiento de la reserva implica la totalidad de las actuaciones. Y que si ellos tienen algún elemento probatorio específico que quisieran preservar para no entorpecer la investigación lo podían pedir, excepcionalmente”.
“No obstante eso, igual apelaron para evitar que las defensas pudieran acceder al legajo, aún después de la segunda resolución de Patrizi que aclaró que el levantamiento del secreto implica la totalidad de las actuaciones”, insistió el abogado.
En su resolución de ayer, el juez Patrizi dijo que si los fiscales aún no pidieron la audiencia imputativa es porque “se encuentran en plena tarea de investigación”. “Sin embargo, no se puede dejar a las personas investigadas ‘sine díe’” en una situación que se prolonga indefinidamente en el tiempo y sin saber por qué “se encuentran bajo investigación”. Al borde de que se vulneren el derecho de defensa y el debido proceso.
“Este presunto ‘conflicto’ –enseñó el juez- está previsto en la ley. “Excepcionalmente, si resultara útil al éxito de la investigación, el fiscal podrá solicitar fundadamente autorización al juez disponer la reserva total o parcial del legajo de investigación por un plazo que no podrá exceder los 10 días. Entonces, si la Fiscalía estima que el conocimiento de determinada documentación podría dar lugar al entorpecimiento del éxito de la investigación, podrá disponer la reserva y solicitar la autorización respectiva. De esta forma el juez, en ejercicio de resguardo de las garantías constitucionales, verificará si corresponde o no hacer lugar a la reserva, garantizando el derecho de la persona investigada”, cerró el magistrado.
Entre los acusados están los novios del triple crimen de Ibarlucea
Postergan juicio a la banda de la Tata
El juicio contra miembros de la banda narco de Olga “Tata” Medina, entre los que se encuentran Brisa Leguizamón Ferreyra y Esteban “Pinky” Rocha, quienes se casaron el pasado 28 de enero en una fiesta en Ibarlucea que a la salida fue escenario del crimen de una pareja y su bebé que habían asistido como invitados, no se iniciará el próximo lunes como estaba previsto a causa de un pedido de la Fiscalía federal.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario a cargo del juicio aceptó la petición del fiscal Federico Reynares Solari para unificar dos investigaciones que involucra a las mismas personas: Pedro Villalba y Maira Bazque, considerados como los principales colaboradores de Olga Medina, a quien se sindica como jefa de una organización dedicada a comercializar estupefacientes. Ayer se le corrió traslado a las defensas de los imputados y se estima que la nueva fecha se fijará para dentro de uno o dos meses, según informó el portal Rosario3.com.
En la causa figuran “Tata” Medina, Maira Bazque, Pedro Villalba y el flamante matrimonio de Leguizamón Ferreyra y Rocha. La pareja está prófuga desde la mañana del 29 de enero y con pedido de captura por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) por orden del fiscal federal Claudio Kishimoto y el fiscal de la Procunar Diego Iglesias.
La mujer estaba con prisión domiciliaria y salió de su casa para celebrar su casamiento en la vecina localidad de Ibarlucea sin autorización judicial. Mientras que el novio estaba excarcelado, pero como la Justicia lo citó para tomarle declaración y no se presentó, entonces también se libró orden de captura.
A la salida del casamiento en la madrugada del 29 de enero, fueron acribillados Érica Vanesa Romero, Iván Maximiliano Giménez y la beba de ambos, Elena Giménez, de un año y medio. El cuerpo de la mujer y el auto de alta gama en el que se movilizaban aparecieron carbonizados en un camino rural de Ibarlucea horas después.
Familiares de Aranda, Pérez y De San Segundo
Marchan por justicia y seguridad
Bajo el lema "Nos une el dolor", familiares de víctimas de homicidios convocaron a una movilizacion que se realizará el lunes, a las 10, en el Centro de Justicia Penal (Sarmiento 2850), para exigir justicia. En principio, la marcha tiene que ver con el reclamo de esclarecimiento de tres homicidios cometidos en Rosario en los últimos cuatro meses y para exigir seguridad.
“¡Nos estamos uniendo con otras familias para gritar y exigir justicia, esperamos que nos acompañen! Lautaro Aranda, Joaquín Pérez e Iván de San Segundo esperan que luchemos por ellos”, difundieron en redes sociales.
Joaquín Pérez fue baleado el 19 de octubre de 2021 cuando fue abordado con fines de robo de su auto en la entrada a la cochera donde lo guardaba, en el barrio de Arroyito.
El 14 de noviembre de 2021, Lautaro Aranda fue asesinado en la vecina localidad de Capitán Bermúdez. Tenía 22 años cuando recibió un disparo en el pecho dentro de su casa.
El 6 de enero, Iván de San Segundo, de 18 años, sufrió una herida de arma blanca y se desvaneció mientras era trasladado en una moto, en la zona del shopping Alto Rosario.
El Gobierno aceptó el aumento que le pidió Assa
El agua se descongeló y encarece su tarifa
El servicio no se actualizaba desde 2020. Tendrá un incremento del 30% en la boleta de marzo, y luego 20% en la de setiembre, y 10% en la de diciembre.
La tarifa del agua potable y servicio cloacal llegará en la próxima factura con un aumento del 30 por ciento en marzo, y luego habrá otro retoque del 20% en setiembre, y otro del 10% en noviembre. Tal es la actualización de tarifa que el Ejecutivo provincial aceptó aplicar, a pedido de Aguas Santafesinas SA, y redondearía al final del año una actualización total del 68%.
La empresa estatal había elevado el pedido de aumento en las audiencias del mes de enero, al 60% de incremento pero en dos tramos (40 y 20). El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat , según la Resolución N° 104/22, dispuso que sea en tres, con la facturación de los bimestres 2, 5 y 6. La tarifa de este servicio estaba congelada desde 2020.
"La estructura de costos de la empresa sufrió grandes variaciones, y esos cambios hacen necesario que llevemos adelante esta discusión para, al menos, cubrir los gastos corrientes", había argumentado el titular de Assa, Hugo Morzán. El fundamento apunta al hecho de que buena parte de los insumos que la prestataria del servicio necesita para potabilizar el agua están dolarizados.
Desde la cartera que conduce Silvina Frana se explicó que la actualización se dispuso en tres etapas, "para disminuir el impacto en el bolsillo de los santafesinos y atender la realidad socioeconómica actual".
La resolución autoriza la adecuación de los precios y valores tarifarios aplicando un ajuste del factor denominado “k”, según lo estipulado en el régimen tarifario, y manteniendo asimismo el sistema de subsidios vigente.
En rigor, el servicio sanitario está subsidiado, remarcó la comunicación ministerial en el anuncio del aumento. "Eso favorece a los usuarios necesitados de ayuda estatal en tanto se ha diagramado según rangos o categorías de usuarios elaboradas de acuerdo a pautas igualitarias de consumo, de manera de no afectar con incrementos tarifarios a los sectores que no pueden afrontarlo”, se aclaró.
La resolución reconoce además que “los incrementos de costo producto de la inflación acumulada y las modificaciones en el tipo de cambio repercuten negativamente en el servicio público”.
Se destacó también cuál ha sido la evolución en materia de obras e inversiones del servicio en los distintos distritos durante 2020/21 así como los costos derivados de la atención de la bajante extraordinaria del río Paraná.
Por lo demás, el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress) renovó el pedido a Assa de continuar con la instalación de caudalímetros (medidores de agua) en las conexiones domiciliarias, con el fin de avanzar con el plan de micromedición para optimización del consumo. Asimismo, se recalcó la misión de continuar con las campañas de difusión masiva sobre el valor del agua como recurso escaso y demás actividades de concientización.
De esta manera, Assa actualiza sus tarifas como ya la Empresa Provincial de la Energía hizo lo propio: 15% de incremento a partir de febrero, y 10% más desde abril, y con aumento de hasta 35% para casos de mayor consumo eléctrico.
El gobernador habló de paritarias, inicio de clases y subsidios
"Iremos a buscar a los chicos a sus casas"
El gobernador Omar Perotti dijo ayer que espera que la semana próxima el gobierno nacional alcance un acuerdo en la paritaria docente para avanzar con el acuerdo salarial con los maestros santafesinos en la previa del inicio de clases, fijado para el 2 de marzo próximo. “El año pasado nos pusimos de acuerdo y la mecánica será la misma, con los mejores resultados para que, con el aspecto sanitario, estemos todos preparados y aprovechar la presencialidad plena”, confió.
También recalcó que la semana próxima se realizará una reunión de las autoridades de Educación con los intendentes y presidentes comunales de toda la provincia para “entregarles el listado de todos los alumnos que terminan la escuela primaria y no figuran ingresando a ninguna escuela secundaria. Iremos a buscar a los chicos a sus casas para hablar con sus familias y traerlos a la escuela. El listado está armado y se entregará a cada intendente y presidente comunal. Tenemos el registro de los que terminaron séptimo grado y también el de los inscriptos en primer año”, aseguró.
El gobernador también habló sobre los pasos que está dando el gobierno nacional en materia de subsidios al retirarlo fondos especiales que recibía Ciudad de Buenos Aires- "La inequidad en la distribución de subsidios al transporte es una discusión que debe darse a fondo y debe sumarse al de la energía y al del costo del gas en Argentina. Son esas brechas que tienen que cerrarse, equiparando lo que se paga en esta provincia y con lo que se paga en Capital Federal. No puede ser que en los lugares de mayores ingresos, tengan menores costos en el transporte”, dijo tras revelar que "estos problemas no son nuevos, cuesta abordarlos y tomamos la decisión con varios gobernadores de dar esa discusión".
Desde marzo cierran el de la exRural
El vacunatorio se muda al shopping Portal
Justicia radicalizada
Los fiscales Hernández y Jiménez resisten dos resoluciones judiciales que los obligan a hacer lo que no quieren: permitir el acceso a la causa por “espionaje ilegal” a las defensas de los sospechosos. Pullaro, ofendido.
A pesar de dos decisiones judiciales en sentido contrario, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez siguen manteniendo la reserva sobre las evidencias de la investigación acerca de presuntas maniobras ilegales en la recopilación de datos por parte del Estado, que tiene como sospechosos al exministro de Seguridad, Marcelo Sain, y aparte de su equipo, en un caso que también mezcla supuestos ilícitos en una licitación que no se realizó.
Para no caer en falsos disimulos, los fiscales notificaron al diputado radical Maximiliano Pullaro, en cuyo espacio político parece haberse originado la causa, que es “víctima” de los delitos que aún no se conocen con precisión.
En la resolución del jueves 10, el juez Jorge René Patrizi dispuso, ante un planteo del abogado defensor de Sain para acceder al legajo en el que está investigado su cliente, “el levantamiento de la reserva de las actuaciones” de la causa.
Los fiscales respondieron este viernes con un pedido de aclaratoria, porque no entendieron.
La misma sostiene que existe “un concepto oscuro”, ya que para Hernández y Jiménez el juez no indicó los alcances de la expresión “levantamiento de la reserva”.
Clarito
En una sintética pero sólida clase de derecho procesal, el juez Patrizi les aclaró el asunto: el Código Procesal Penal establece que el órgano acusador debe exponer las pruebas en la audiencia imputativa, y una vez concluida el acusado podrá “conocer las actuaciones”, por lo que opera el “cese de la reserva”.
Pero mientras se filtran presuntos detalles de la investigación a la prensa, Jiménez y Hernández no imputan a los sospechosos, a quienes ya notificaron que están bajo pesquisa.
Patrizi les explicó que una vez notificados, los investigados poseen el derecho a conocer las actuaciones en un plazo de 15 días si los fiscales no solicitan la audiencia imputativa.
El juez tiene en cuenta en su resolución que los fiscales advirtieron que se encuentran “en plena tarea de investigación” y a la pesca de pruebas, pero destaca que “no se puede dejar a las personas investigadas sine die (sin plazo)”.
El magistrado aclaró que la resolución a ese “presunto conflicto” entre el derecho del imputado a conocer la prueba y el de los investigadores a guardar reserva de las evidencias antes de la audiencia, está previsto en el propio código, que prescribe que “excepcionalmente, si resultara útil al éxito de la investigación, el fiscal podrá solicitar fundadamente autorización al juez disponer la reserva total o parcial del legajo de investigación por un plazo que no podrá exceder de diez días”.
Es decir que, si hay algo que no pueden revelar a la defensa sin poner en riesgo la investigación, pueden solicitarlo al juez. Pero no pueden jugar, eternamente, a las escondidas con las evidencias.
Aclarado el asunto, Hernández y Jiménez debían permitir a las defensas acceder a las evidencias sobre los investigados, que exigen desde diciembre pasado el ejercicio de ese derecho.
Vale recordar que a principios de febrero, otro juez les otorgó la posibilidad de duplicar los plazos procesales, en base a la presunta “complejidad” de la causa, por lo que desde fines de noviembre tienen a un grupo de personas entre sus manos, exponiéndolas públicamente pero sin imputarlas. Vale aclarar, también, que los fiscales aseguran que desconocen cómo llega a la prensa la información que a la que las defensas no pueden acceder por la reserva del caso.
Sin embargo, cuando los abogados fueron a buscar el legajo, se encontraron con un nuevo escollo: los fiscales apelaron la resolución de Patrizi y volvieron a sentarse sobre el reservado legajo. Hasta que la Cámara Penal resuelva el planteo, las pruebas seguirán bajo secreto.
Ofendido
Paralelamente, los fiscales santafesinos notificaron al diputado Pullaro, exministro de Seguridad durante la gestión del Frente Progresista Miguel Lifschitz, hoy en Juntos por el Cambio, de que fue “penalmente ofendido por la comisión de los delitos” de abuso de autoridad y violación a las leyes de Inteligencia y de Protección de Datos Personales en la causa que ellos investigan.
Es decir, que habría sido víctima de “espionaje”, un delito de clara competencia federal, que Hernández y Jiménez buscan subsumir en la amplia y difusa calificación de “asociación ilícita”.
Como contó a través de varias notas el semanario El Eslabón, replicadas en este diario digital, la causa que buena parte de la prensa denomina de “espionaje ilegal” se originó en una denuncia realizada por el vicedirector del Organismo de Investigaciones, el militante radical y exfuncionario del Frente Progresista, Víctor Moloeznik, narrada en la nota “El vuelto”.
La denuncia fue aderezada con los testimonios de siete u ocho empleados del OI (la policía judicial que depende del Ministerio Público de la Acusación) que ingresaron a la dependencia por su capacidad y experiencia en la Unión Cívica Radical santafesina, como contamos en “Testigos protegidos”.
Uno de ellos, incluso, declaró en su sumario administrativo del OI que accedió al cargo “por el pullarismo”, ya que todas las incorporaciones a la dependencia tuvieron “alguna raíz política”.
Las que parecieron poner en evidencia el carácter político del caso –independientemente de sus avatares judiciales- fueron las declaraciones del propio Pullaro el 26 de noviembre pasado, mientras todavía se realizaban los allanamientos a las sedes Rosario y Santa Fe del Ministerio de Seguridad en busca de las ahora tan reservadas evidencias.
Cuando aún no habían concluidos los procedimientos, el diputado dijo por la prensa que se trataba del “hecho más grave de la democracia santafesina” porque “es una empresa criminal dedicada a la extorsión a través de inteligencia ilegal constituida y construida por el Estado”, aunque aclaró que no conocía la evidencia recolectada sino que su dictamen se basaba en “las crónicas periodísticas”, escritas con sus propias declaraciones.
Fuente:RedaccionRosario
Alquileres: los puntos en disputa ante la posible modificación de la ley
El Gobierno abrió el diálogo entre partes para establecer un nuevo escenario en la economía de las locaciones familiares y comerciales. Las posiciones, hasta ahora.
El alquiler en Argentina sigue siendo una problemática sin solución y el Gobierno nacional abrió una mesa de diálogo entre inmobiliarios, inquilinos y propietarios para encontrar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados y reactiven el sector.
A principios de febrero, el Secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, recibió a representantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) para conocer el estado de situación del mercado inmobiliario en relación a los alquileres.
Durante la reunión, las autoridades de la cámara plantearon sus preocupaciones y análisis sobre la escasez de oferta de bienes para alquilar y la sobreoferta de propiedades para la venta, a pesar del bajo nivel de operaciones en este rubro.
En este sentido, Feletti manifestó la necesidad de fomentar el incremento de la oferta y remarcó su preocupación por lo que definió como "una situación cada vez más precaria de las y los inquilinos" debido a la dificultad de acceso a propiedades para alquilar.
En cuanto a la preocupación de la CIA por la falta de viviendas para alquilar, desde la Asociación Inquilinos Rosario afirmaron que la postura de la entidad no coincide con su accionar. "Cuando finalizó el Decreto Nº 320/20 y sus prórrogas (el cual que prohibía desalojos y aumentos en el precio del alquiler y prorrogaba contratos), en marzo del 2021, empezaron a retirar las propiedades de alquiler, fue algo prácticamente orquestado", indicó Emmanuel Canelli, referente de la agrupación, y comentó que en ese momento se inició el "lobby inmobiliario" para derogar la Ley de Alquileres.
"La Ley como se había sancionado era un punto inicial, no de llegada", afirmó el inquilino, en diálogo con Rosarioplus.com, y continuó: "Siempre estamos tratando de debatir qué es el alquiler en nuestro país y cómo el estado debería tutelar esta situación".
En cuanto a las modificaciones que se deberían hacer en la Ley 27.551, sancionada en 2020, los pedidos son muy distintos desde ambos sectores.
"Hay dos ejes fundamentales que debemos debatir este año: los primeros doce meses de alquiler, donde el Estado no tiene ningún tipo de control y creemos que esto no puede ser así: y el ajuste anual, donde el índice no debe contemplar a la inflación sino sólo al salario", señaló Canelli.
Por su parte, inmobiliarios y propietarios le solicitaron al Gobierno nacional la necesidad de ajustar el alquiler al menos dos veces por año, una reducción de tasas e impuestos (ingresos brutos) y retomar a la modalidad de contratos por dos años.
Cabe recordar que la ley actual considera contratos de tres años y un incremento anual que se ajusta al Índice de Precios del Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), mediante un índice elaborado por el Banco Central.
"No se entienden el discurso que sostienen las inmobiliarias, ganaron dinero y han podido generar el aumento anual", afirmó el integrante de la Asociación Inquilinos Rosario, y concluyó: "Hay que buscar otra manera de intentar regular el precio de los alquileres".
Fuente:RosarioPlus
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