Acuerdo con el FMI
La CTA advirtió que las consecuencias del acuerdo con el FMI no pueden caer sobre les trabajadores
La Mesa Nacional, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, señaló que el preacuerdo evitó que cayera en el default, pero advirtió que las consecuencias de esta grave situación – heredada de la deuda monstruosa contraída por Macri y su gobierno – no puede ni debe recaer sobre las espaldas del pueblo trabajador
Foto: CTA-T
Tras observar los informes de la Secretaría General como del instituto CIFRA, con la presencia de 30 integrantes de la Mesa Nacional, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, analizó los anuncios realizados por el gobierno nacional sobre el preacuerdo con el FMI, concluyendo que “el abordaje del preacuerdo evitó que cayera en el default y, por consiguiente, quedara a expensas de una corrida cambiaria y toda clase de presiones económicas y financieras de los sectores dominantes que el campo popular difícilmente hubiera podido neutralizar”.
Sin perjuicio de ello, y consciente de que aún falta conocer los términos precisos de los memorandos de entendimiento, la Mesa advierte que las consecuencias de esta grave situación – heredada de la deuda monstruosa contraída por Macri y su gobierno – no puede ni debe recaer sobre las espaldas del pueblo trabajador”, subrayó el comunicado de la Central.
Por ello destacaron que “lo que es preciso abordar es un programa político, económico y social que resguarde los intereses populares y construya las condiciones para que los costos de esta grave crisis los paguen quienes se beneficiaron con la deuda y fugaron esos capitales en provecho propio”.
Finalmente, la Mesa convocó para la semana próxima al Plenario Nacional de Secretarios Generales con el objetivo de avanzar en la discusión y elaboración de los ejes antedichos.
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#ESPECIAL Las mejores fotos de la movilización del #1F que colmó el frente de los Tribunales
Las mejores fotos de Ariel Gaspardi (@arielgaspardi) de lo que fue la movilización al Palacio de Tribunales que reclamó una reforma en la justicia y pidió la renuncia de los miembros de Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Según la OIT, en América Latina y el Caribe todavía faltan recuperar 4.5 millones de empleos de los 49 millones perdidos en pandemia
Para la OIT, tras dos años de pandemia la recuperación del empleo ha sido insuficiente en América Latina y el Caribe. Del total de 49 millones de empleos perdidos en el peor momento de crisis sanitaria, todavía no se recuperaron 4.5 millones.
El crecimiento económico registrado en 2021 fue insuficiente para recuperar el mercado laboral de América Latina y el Caribe, que dos años después de iniciada la crisis registra una situación de alta desocupación y la perspectiva de un aumento de la informalidad.
«El panorama laboral es incierto, la persistencia de los contagios por la pandemia y la perspectiva de un crecimiento económico mediocre este año podrían prolongar la crisis del empleo hasta 2023 o incluso 2024», dijo Vinícius Pinheiro, Director de la OIT para América Latina y el Caribe.
«Una crisis del empleo demasiado larga es preocupante porque genera desaliento y frustración, lo que a su vez repercute sobre la estabilidad social y la gobernabilidad», agregó Pinheiro.
La nueva edición del Panorama Laboral de América Latina y el Caribe ofrece una mirada a la peor crisis del empleo registrada desde que este que este informe anual de la Oficina Regional de la OIT comenzó a publicarse en 1994.
La fuerte recuperación económica registrada en 2021, con un crecimiento superior al 6 por ciento, no fue suficiente para recuperar los empleos perdidos. De los 49 millones de puestos de trabajo que se habían perdido en el peor momento de la crisis por la pandemia en el segundo trimestre de 2020, aún faltan por recuperar 4,5 millones.
Cerca de 4 millones corresponden a personas que se han incorporado a las filas del desempleo por la crisis de la pandemia. Al comenzar 2022, se estima que en total hay unas 28 millones de personas que buscan ocupación sin encontrarla.
La tasa promedio de desocupación regional a fines de 2021 ha sido estimada en 9,6 por ciento, lo que representa una mejoría desde el 10,6 por ciento que alcanzó en 2020, pero un retroceso frente al 8 por ciento que se registró para el año 2019, que en este caso se usa como referencia para calcular el impacto de dos años de pandemia.
La OIT destaca que el pronóstico de un crecimiento económico mucho más bajo en 2022, apenas por encima de 2 por ciento, es un indicio claro que a la región le costará más tiempo salir de la crisis por COVID-19. En estas condiciones, y considerando la persistencia de la pandemia, la OIT estima que la tasa de desocupación este año podría bajar entre 0,2 o 0,3 puntos porcentuales, manteniéndose por encima de 9 por ciento.
Esto sería insuficiente para regresar a 2019 cuando, de todas maneras, la situación del mercado laboral distaba de ser positiva en una región que ya estaba entrampada en un escenario de crecimiento lento, con baja productividad y altos niveles de informalidad y desigualdad.
El informe de OIT destaca que tras el inicio de la pandemia la crisis se manifestó de manera atípica y en vez de afectar más a las ocupaciones formales se reflejó en una pérdida mayor de empleos en informalidad que dejaron a millones de personas sin ingresos. En algunos países, la tasa de informalidad incluso se redujo.
Pero desde entonces la situación se ha revertido. Los países con datos disponibles indican que entre 60 y 80 por ciento de los empleos recuperados hasta el tercer trimestre de 2021 habían sido en condiciones de informalidad. La tasa ya es de 49 por ciento, similar a la que había antes de la pandemia, e indica que 1 de cada dos personas ocupadas están en la informalidad.
El informe también destaca que en el caso de las mujeres, la tasa de desocupación se mantiene elevada en 12,4 por ciento desde 2020. Es decir que no ha experimentado ninguna mejoría en 2021, lo cual contribuye a amplificar el impacto de la crisis sobre la desigualdad de género en el trabajo.
«El impacto más intenso entre las mujeres en la región se asocia a la mayor presencia femenina en sectores económicos fuertemente afectados por la crisis como hotelería y restaurantes, y en otras actividades de servicios y del sector de hogares. Por otro, a la mayor incidencia de la informalidad entre las mujeres», dice el informe.
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Las universidades analizan la exigencia de «pase sanitario» para la vuelta a la presencialidad
En el contexto de inminente inicio del ciclo lectivo 2022 en el ámbito de la educación superior, algunas universidades nacionales ya confirmaron que exigirán a sus alumnos la presentación del “pase sanitario” para poder ser parte de las clases presenciales. Este martes, la provincia de Buenos Aires difundió los lineamientos para la presencialidad plena en universidades e institutos universitarios bonaerenses, descartando esta exigencia y recomendando una serie de protocolos de cuidado epidemiológico y la implementación de una modalidad “mixta” presencial y virtual.
A nivel nacional, las universidades que ya confirmaron el pedido de pase sanitario son la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Salta (UNSA), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional de Formosa (UNaF). Algunas universidades ya definieron su negativa a este requerimiento: la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).
Otras instituciones universitarias todavía se encuentran evaluando esta posibilidad. Entre ellas Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), la Universidad de Morón (UM), la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). En la mayoría de estos casos esperarán a las reuniones de sus respectivos Consejos Directivos, que se irán realizando durante febrero, para terminar de definir criterios.
En cuanto al ámbito bonaerense, este martes se difundieron los protocolos para el sector universitario “Lineamientos Sanitarios para el Retorno a la Presencialidad Plena”, con la firma de jefe de Gabinete Martín Insaurralde y del ministro de Salud Nicolás Kreplak. El documento presenta recomendaciones para “prevenir y gestionar de manera adecuada” los riesgos ante la epidemia de coronavirus y “se erige como un piso mínimo de exigencias, a partir de las cuales cada institución podrá definir criterios específicos que se adapten a las particularidades de las actividades que realizan”.
Entre los puntos más importantes destaca el hecho de que el aforo será del 100% en espacios cerrados y abiertos, procurando “la máxima distancia posible entre personas”, mientras que se evaluará el uso de otros espacios más allá de las aulas (salones de usos múltiples y patios). También se deberá “garantizar la ventilación natural permanente de las aulas y espacios comunes”, aclarando que los espacios que no puedan ser ventilados naturalmente no se utilizarán.
Seguirá vigente la exigencia del uso de tapabocas para el ingreso y la permanencia en espacios cerrados compartidos. También se aconseja evitar aglomeraciones en los espacios de espera para lo que se propone el uso de señalética y “se recomienda la limpieza húmeda de superficies y desinfección con hipoclorito de sodio al 5%, alcohol al 70% u otra solución aprobada”. Los baños deberán estar “provistos adecuadamente con los elementos de higiene necesarios (jabón líquido, toallas de papel descartables, cestos, entre otros)” y los ascensores “serán de uso preferente para personas con movilidad reducida”. Además, se recomienda “evitar el uso compartido de mate o vasos, cubiertos u otros utensilios de cocina”.
Finalmente, Provincia propone “sostener un modelo de cursada mixto con clases a distancia (virtuales) y clases presenciales, cuando las actividades, por sus características, lo permitan”. En cuanto a la educación primaria y secundaria, el ministro de Educación bonaerense Alberto Sileoni descartó por el momento la implementación de un pase sanitario, aclarando que se buscará impulsar la vacunación contra el coronavirus.
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Camioneros busca que el Covid siga como enfermedad profesional y moviliza a la SRT
Sindical / Nacionales / Sonido Gremial /1 persona /6 temas02FEB
Pablo Moyano exigirá junto al gremio de Camioneros que el Gobierno prorrogue el Decreto que considera al Covid, enfermedad no listada
Camioneros avisó que pondá una movilización en la calle con destino a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, el 3 de febrero al mediodía con el reclamo sobre la consideración del Covid como enfermedad profesional.
El decreto 367/20 no fue prorrogado por el Poder Ejecutivo y el gremio verde le exigirá a las autoridades nacionales que se prorrogue hasta al menos culmine la pandemia y que venció el 31 de diciembre de 2020, por lo que las ART ya dejaron de darle cobertura.
“Lo hemos charlado con el Ministro de Trabajo y no hemos tenido la respuesta, sabemos el negocio y el curro que hay con las ART que lo que menos les importa es la salud de los trabajadores”, criticó el secretario Adjunto de la FNTC, Pablo Moyano.
“Nuestra actividad de camioneros, que fue esencial en el peor momento de la pandemia donde entraban los choferes a las provincias o en algunas intendencias y eran tratado como leprosos, compañeros que le fajaban la cabina para que no bajen a la estación de servicio a comprar una bebida o algo para comer y hoy después de casi dos años de plena pandemia nos quieren sacar ese derecho de no ser considerada una enfermera profesional”, recordó con crudeza.
Esta medida se da en momentos cuando los contagios en la Argentina avanzan dada la variante Omicron. El Ministerio de Salud informó durante las últimas 24 horas un total de 49.122 casos y una ocupación del 51.1 por ciento de camas UTI.
Salvo que lo justifique
Fue la propia SRT que emitió un comunicado de prensa a mediados de enero en el que dejaba expreso que el trabajador iba a tener que justificar que el contagio de Covid se había producido dentro del ámbito laboral parea poder ser cubierto.
Las dudas surgieron a raíz del “cómo” es que el empleado o empleada iba a lograr tal cosa y el organismo argumentó su decisión en que la vida de la Argentina casi sin restricciones posibilitaban que el trabajador se contagie en cualquier espacio. Previo a las diferentes aperturas, el Covid podía ser transmitido principalmente en áreas laborales. La realidad es hasta los propios abogados laboralistas coinciden en la dificultad para tal certificado que justifique que el contagio se dio en el trabajo.
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Para ATE, la suba de los combustibles afecta salarios y jubilaciones
Aguiar: «Cada vez que aumentan las naftas, aumenta todo»
El secretario adjunto nacional de ATE y titular de la CTA Autónoma de Rio Negro, Rodolfo Aguiar, criticó el incremento de los combustibles impulsado por YPF, que derivará en un incremento en otras petroleras y en el índice general de precios.
«Cada vez que aumentan las naftas, aumenta todo. El incremento de los combustibles se traslada de manera inmediata y directa al costo de los productos, bienes y servicios que componen la canasta básica», dijo Rodolfo Aguiar.
«La decisión de YPF ataca salarios y jubilaciones. Esta nueva suba es una medida que perjudica fundamentalmente a los sectores populares», agregó.
La decisión de la petrolera de mayoría accionaria estatal acelera estrepitosamente las perspectivas inflacionarias previstas por el Gobierno argentino. Ya en el segundo mes del año YPF incrementa sus precios en un 9% promedio, cuando la inflación calculada para 2022 por el ministro Guzmán es del 33%.
Esta variable afecta por sobre todo a los sectores asalariados, que destinan la mayor parte de sus ingresos a los alimentos cuyos precios están vinculados estrechamente al de las naftas.
ATE cuestionó la decisión de YPF, cuya dirección está en manos del Estado argentino, y recordó que cuando el precio del barril se ubicó por debajo de los 20 dólares, las compañías no bajaron proporcionalmente el precio en las estaciones de servicio
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Covid-19: no extenderán la presunción de enfermedad laboral pese a la presión sindical
POLÍTICA02 Febrero 2022 – 21:55
El Gobierno alega que la cobertura está garantizada siempre y cuando el caso se compruebe en un comité médico. Los gremios protestan por la burocracia.
Ignacio Petunchi
El Gobierno resolvió mantener por fuera del listado de enfermedades profesionales el coronavirus, como comenzó a suceder en el arranque del año, por lo que la cobertura para trabajadores dependerá de los dictámenes de las comisiones médicas. La decisión fue confirmada en el Gabinete nacional pese a la presión del camionero Pablo Moyano, que hoy hará una marcha de protesta, y los gremios que integran la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) para reclamar la extensión de un decreto que garantizaba la cobertura mediante la ley de ART sin necesidad de constatación previa.
El principal argumento para no extender el DNU 431/2021 que dejó de regir el 1 de enero es que, a diferencia del inicio de la pandemia, cuando regían restricciones a la circulación y la mayor chance de contagio estaba en los lugares de trabajo de los asalariados considerados esenciales, en la actualidad los reportes oficiales dan cuenta de que el grueso de quienes contraen el virus lo hacen en el ámbito social a tono con la progresiva apertura de actividades. Y que, en comparación a partir de la aplicación de protocolos, los lugares de trabajo se convirtieron en espacios más seguros, siempre de acuerdo a la visión oficial.
La controversia se instaló a partir del anuncio de Pablo Moyano de que este mediodía marchará a la sede del Ministerio de Trabajo para exigir la prórroga del decreto por entender que en la actualidad “las ART dejan sin cobertura a los trabajadores y trabajadoras camioneros en caso de contraer covid”. En rigor, explicaron en la cartera laboral, la cobertura está contemplada siempre y cuando el trabajador que alega haber contraído el virus en el ámbito laboral pruebe su caso ante las comisiones médicas. En la CGT, que no acompaña el reclamo de Camioneros, admitieron que los trámites ante las aseguradoras para viabilizar las coberturas se convirtieron en un pantano de burocracia que termina por desalentar el reclamo del asalariado.
El planteo de Moyano consiguió ayer el aval de Mario Manrique, número dos del sindicato de mecánicos (Smata) y su principal aliado en la CGT, y de la CFT en un encuentro del que participaron varios de sus referentes, como la judicial (Sitraju) y presidenta de la Comisión de Legislación laboral de Diputados, Vanesa Siley, Carlos Minucci (personal superior de empresas de energía) y Cristian Jerónimo (vidrieros), entre otros.
El hijo de Hugo Moyano apuntó sus críticas a Claudio Moroni, titular de la cartera laboral y responsable funcional de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según el dirigente, el ministro desoyó los reclamos hechos hasta ahora por una extensión del decreto. Cerca el funcionario alegaron que la presunción a favor de los trabajadores fue una decisión única a nivel internacional adoptada por la Argentina y que rigió durante toda la pandemia, hasta el 31 de diciembre pasado. Y que, pese a haber dejado de regir el decreto, la cobertura está garantizada para quienes presentan sus casos con éxito ante las comisiones médicas.
De todos modos admitieron que las demoras en el sistema de ART se convirtieron en una norma en la crisis sanitaria por lo que aseguraron estar en diálogo con las aseguradoras, las cámaras empresarias y la CGT para implementar un protocolo de pronta respuesta para los casos que se presentan ante las comisiones médicas.
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Tarjeta Laboral: una alternativa para que los trabajadores afronten el aumento del boleto
También denominada «tarjeta de uso frecuente», se trata de iniciativa impulsada por el Sindicato de Empleados de Comercio que rige desde el año 2014 y ofrece bonificaciones en las cargas de 40 y 80 viajes, en las cuales el valor de las tarifas descienden un 15 y 20 por ciento.Feb 2, 2022 | Ciudad |
El aumento del boleto, que comenzó a regir este miércoles vuelve a golpear el bolsillo de los trabajadores. Pero, la «tarjeta laboral» o «de uso frecuente» brinda un alivio al cual podrán aferrarse quienes día a día usan el transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo otorgándoles un descuento de entre el 15 y 20%.
El pasaje de colectivo tiene un costo de $59,35, pero con el uso de la tarjeta laboral, quienes carguen 40 viajes pagarán $51,13. En tanto, si se cargan 80 viajes, el precio será de $48,27 por viaje.
El «boleto obrero» fue una iniciativa impulsada desde el Sindicato de Empleados de Comercio en el año 2014. La medida se presentó ante el Concejo Municipal con la gestión del entonces concejal Jorge Boasso y poco después, con el voto de los ediles rosarinos, se convirtió en ordenanza.
Una vez aprobada, posibilitó descuentos del 15 y 20 %, dependiendo de la cantidad de viajes. Es decir, a partir del incremento tarifario que rige desde este miércoles el pasaje de colectivo tiene un costo de $59,35, pero con el uso de la tarjeta laboral, quienes carguen 40 viajes pagarán $51,13. En tanto, si se cargan 80 viajes, el precio será de $48,27 por viaje.
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Movilización 8F: contra el acuerdo con el FMI, por tierra y vivienda, todos a Plaza de Mayo
Contra un acuerdo que dejará a millones sin acceso a la tierra y la vivienda profundizando las penosas condiciones de vida de la mayoría, es necesario este martes 8 de febrero lograr la más amplia movilización contra el sometimiento del FMI al pueblo trabajador en la pelea por un plan de obras públicas y viviendas controlado por vecinos, técnicos y trabajadores.
Franco VillalbaTrabajador de Alicorp | La Matanza
Con el último desembolso del gobierno de 731 millones de dólares a la entidad financiera se podrían haber construido 20.800 viviendas. Con los pagos anteriores la suma llega a unos 7 500 mil millones de dólares pagados desde que asumieron Fernández y Cristina, lo equivalente a la construcción de 215 mil viviendas. Hagamos la cuenta o no, con diferencias en el FDT o no como se mostró en la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de la banca de diputados, todos tienen acuerdo en que al fondo hay que pagarle dólar a dólar mas allá de los ritmos y las formas. Si fuera de otra manera, pondrían la fuerza de los sindicatos y organizaciones sociales que dirigen para frenar este acuerdo de estafa al pueblo que endeuda a varias generaciones trabajadoras.
Se ve a las claras dónde están las prioridades del gobierno en un país con 19 millones de pobres. Solo el FITU desde que Macri contrajo esta deuda ilegal y fraudulenta se opuso a este embargo al pueblo trabajador planteando su desconocimiento soberano y el no pago porque sabemos que detrás de este acuerdo hay más pobreza, menos vivienda y peores condiciones de vida para las grandes mayorías.
En La Matanza el problema habitacional avanza
En La Matanza los números hablan por sí solos; según el RENABAP en este distrito hay 122 barrios vulnerables y es el distrito con más asentamientos informales de toda la Provincia de Buenos Aires. Sumado a las más de 53 mil personas que viven en situación de vulnerabilidad hace un combo explosivo. Con este nuevo acuerdo con el fondo y el presupuesto municipal hecho a su medida el ajuste lo pagará el pueblo con recortes en salud, gastos sociales y más.
En este sentido la concejal Natalia Hernández, electa por el PTS en el FITU, señaló en la sesión de votación del presupuesto municipal 2021:
“Se plantea un presupuesto con una pauta inflacionaria mentirosa, cuando hasta el Banco central dice que la proyección de inflación será del 52,1 % , según el presupuesto de salud de este municipio estamos a la baja un 10,66%, desarrollo social un 10,56 %, ciencia y tecnología 10,62% a la baja, géneros y diversidades 11,09% a la baja también. aquí se expresan parámetros de ajuste y para no atender las enormes necesidades que tiene el pueblo trabajador, y las mujeres y diversidades de este distrito” haciendo alusión a un presupuesto de ajuste que afectará los intereses de los trabajadores de conjunto.
Además de un presupuesto votado para el fondo monetario hay un agravante en la situación de vulnerabilidad de las familias que pelean por tierra y vivienda en La Matanza que son los desalojos ilegales por parte de la policía en barrios y recuperaciones de tierras del municipio. En barrios como 1 de noviembre de Ciudad Evita, donde la policía acude al constante amedrentamiento o el barrio Berenice del km 34 en González Catán, donde el mismo día que el gobierno firmaba el acuerdo con el fondo la policía arremetía una vez más contra los ocupantes del predio. El barrio 23 de agosto de Gonzales Catan también ha sido blanco de ataques del municipio y de empresas como Edenor efectuando cortes de suministro a las cientos de familias.
Así también hoy día se mantiene una orden de desalojo sin fecha que pesa sobre “La nueva Unión” de Rafael Castillo donde cientos de familias se han movilizado una y otra vez para encontrar soluciones al enorme problema habitacional que acarrea el municipio más poblado del país. La Nueva Unión es un símbolo de lucha por tierra y vivienda en La Matanza no solo por su extensión geográfica sino por la voluntad de sus vecinos de poner en pie un barrio con sus propios esfuerzos apostando a la movilización y la lucha. Por haber resistido más de una veintena de desalojos ilegales por parte de la policía. rodear de solidaridad este y todos los barrios recuperados es una necesidad de primer orden para la defensa de miles de familias trabajadoras. El gobierno municipal y provincial es responsable de esta situación.
Este 8F movilicemos contra el acuerdo con el fondo por tierra vivienda y trabajo genuino
El ajuste que trae el acuerdo con el fondo lo pagaremos los trabajadores y el pueblo si no logramos pararlo con la movilización obrera y popular. Los intereses del gobierno son claros: honrar una deuda que nos llevará a la absoluta dependencia y no en poner las necesidades del pueblo en primer lugar.
Si dejamos pasar este acuerdo y el ajuste que trae consigo los empresarios y sus gobiernos querrán seguir hundiéndonos en la pobreza y a la falta de tierra y vivienda para las más de 3 millones de personas que no tienen techo propio en el país. La movilización del martes 8 de febrero quiere reunir a todos los sectores que se opongan a este acuerdo contra el pueblo trabajador, los barrios recuperados tienen una cita de honor para enfrentar esta situación que con el ajuste del gobierno de Fernández con el fondo traerá consigo un empeoramiento en las condiciones de vida de los trabajadores y vecinos de barrios recuperados.
Porque sabemos que con este acuerdo se profundiza el problema habitacional del país y es solo con la organización y movilización que se puede derrotar este plan de hambre del fondo te invitamos a movilizar este 8F para seguir desarrollando un gran movimiento contra el fondo como ya empezamos el 11 de diciembre en las calles por tierra vivienda y trabajo genuino.
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Gerardo Morales criminaliza la lucha del movimiento feminista en Jujuy
El gobernador de Jujuy Gerardo Morales intimó con contravenciones a familiares y organizaciones feministas que reclamaron justicia por Dafne Morena Soto de 18 años víctima de femicidio. Desde la Multisectorial de Mujeres de Jujuy repudiaron la situación y exigieron la derogación del código contravencional. «Garantizar la vida de las mujeres requiere política públicas efectivas, no persecución y violencia institucional. Por ello, exigimos la anulación de todo procedimiento contravencional iniciado para atemorizar, silenciar y disolver la lucha de #NiUnaMenos». Asimismo la reconocida antropóloga feminista Rita Segato quien reside en Tilcara agregó “puedo decirte que el derecho a manifestar la insatisfacción con la administración de protección a las mujeres y de justicia para las mismas es un derecho ciudadano sagrado, de una sacralidad civil inalienable. ¿Qué más te puedo decir? Que en Jujuy los números hablan y revelan que las mujeres no contamos con la protección del Estado» afirmó. Por ANRed
Dafne Morena Soto de 18 años fue hallada asesinada en su casa, en circunstancias en las que su pareja Martín Sábando salió huyendo del lugar cuando la familia de Dafne advirtió una situación irregular en la casa, según trascendió durante la tarde del jueves pasado.
El lunes familiares junto a organizaciones feministas realizaron una manifestación y denunciaron las irregularidades que acompañaron el caso. «El mal accionar de la policía y los bomberos de nuestra provincia, y también por la negligencia del SAME, por no tomar los recaudos necesarios y por la negación de todos ellos a la petición que hizo la familia de Dafne para que el caso se investigue. Se intentó ensuciar la escena del crimen para entorpecer la futura investigación. La justicia jujeña se ha negado a escucharnos en cada caso de femicidio por el que manifestamos y ha ignorado a las familias de las víctimas desde siempre. Exigimos la investigación del hecho porque sin exigencia no hay respuesta» explicaban desde la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.
Sin embargo, luego de las manifestaciones el gobernador Gerardo Morales intimó mediante la aplicación del Código contravecional a familiares de víctimas y activistas feministas que participaron de la movilización.
«Repudiamos enérgicamente los intentos del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de criminalizar con causas contravencionales la lucha del movimiento de mujeres y familiares de víctima de femicidio contra la violencia machista. Garantizar la vida de las mujeres requiere política públicas efectivas, no persecución y violencia institucional. Por ello, exigimos la anulación de todo procedimiento contravencional iniciado para atemorizar, silenciar y disolver la lucha de #NiUnaMenos. Tambien reclamamos la derogacion del Codigo Contravencional provincial, que es inconstitucional por «crear delitos» que persigue y sanciona el Porder Ejecutivo, siendo el dictado del Codigo Penal una función exclusiva del Congreso Nacional conforme nuestra Constitución Nacional» expresaron mediante un comunicado.
Asismimo la reconocida antropóloga feminista Rita Segato quien reside en la provincia en Tilcara, se pronunció sobre la situación, sumando su firma a la declaración colectiva que reclama la anulación del procedimiento contravencional:
“Puedo decirte que el derecho a manifestar la insatisfacción con la administración de protección a las mujeres y de justicia para las mismas es un derecho ciudadano SAGRADO, DE UNA SACRALIDAD CIVIL INALIENABLE“.
¿Qué más te puedo decir?. Que en Jujuy los números hablan y revelan que las mujeres no contamos con la protección del Estado.
Que muchos hombres de la región son antisociales, parecen barbarizados, destruidos, transformados en máquinas infelices y letales por el resentimiento que los aflige. Que esa amargura letal parece ser consecuencia del fracaso general de los hombres y su derrota ante la opresión racial, económica y política propia del escenario del noroeste andino del país. Y que ese ocaso de la masculinidad en la región se traduce en muerte para las mujeres, se descarga sobre sus cuerpos.
Es indispensable indagar los mecanismos que van a dar en tanta muerte sobre nosotras. Cuál es la maquinaria social que deshumaniza y encallece a los hombres, que les impide vivir una vida con decencia, ternura, comprensión y compasión.
¿Qué les causa la insuperable amargura y fragilidad que los transforma en máquinas de muerte, que los transforma en una legión inferior y maligna? Porque quien mata por resentimiento y frustración no es otra cosa que un miembro de una clase derrotada de gente.
¿Es eso el hombre jujeño? ¿Se tomarán medidas para evitarlo? ¿Medidas capaces de transformar la masculinidad en la provincia?» finalizó la especialista en violencia de género.
Envio:RL
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