Marcha por la Soberanía de Lago Escondido
Los que protestan contra Joe Lewis bloqueados en la montaña y amenazados de muerte
El reclamo de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua provocó la reacción de los “gauchos” del magnate Joe Lewis que amenazaron a la caravana. "Nos los vamos a comer en un asado", les dijeron exhibiendo armas.
Un grupo de 21 manifestantes de la "Marcha por la soberanía de Lago Escondido" organizada en Río Negro por Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) en reclamo al impedimento del magnate Joe Lewis de acceder al espejo de agua, permanece bloqueado y amenazado en la montaña, complicado para volver luego de tres días. El lunes por la tarde, el abogado Sergio Cuestas, un miembro del grupo de manifestantes, bajó solo denunciando que los agresores les pincharon un kayak de un machetazo. El grupo quedó aislado y amenazado con que "nos los vamos a comer en un asado", mientras se tocaban el poncho como señalando que tenían pistolas. Al frente de los agresores estaba un administrador de Joe Lewis, Nicolás Van Dickmar.
El grupo tenía planeado regresar por el camino corto del Tacuifí, pero no les permiten pasar, lo que agrega dos días de caminata por zonas escarpadas. Algunos manifestantes no están en condiciones de hacerlo, como el médico sanitarista Jorge Rachid, quien sufrió una descompensación. Excepcionalmente, el ministerio de Seguridad de la provincia envió un equipo de bomberos a rescatarlo.
El abogado Cuestas amplió un pedido ya previo de habeas corpus y los organizadores reclaman que el juez no se expide cuando el grupo lleva tres días en la montaña, carece de custodia policial y está amenazado. La resolución del juez es necesaria para ser rescatados por la policía y bomberos.
El fallo incumplido de la Justicia
El 4 de febrero comenzó el reclamo con dos grupos de manifestantes que comenzaron a caminar por los dos caminos que el fallo judicial 64/2009 determinó como las formas legales de acceso al lago para cualquier persona. Los guardianes de las tierras de Lewis siguen cerrando el paso y no quitan las tranqueras sino que las refuerzan con rejas y alambre de púa. Lewis es dueño de 12.000 hectáreas que rodean el lago Escondido completamente.
Trescientas personas partieron en uno de los grupos por el camino vecinal de veinte kilómetros llamado Tacuifí, preexistente a la llegada de Lewis, quien lo cerró a quien no sea de la zona. Julio César Urien, presidente de FIPCA, declaró a Página/12 que se encontraron con ese camino bloqueado con alambres de púa y personal armado. Tuvieron que retroceder y se han instalado junto a la Ruta 40 donde harán un acto de toma de conciencia sobre el problema (participan también miembros del sindicato ATE con su secretario general Claudio Catalano, el padre Paco y militantes políticos provinciales.
La guardia armada de Joe Lewis
El otro grupo intentó acercarse al lago por el segundo sendero legal que va por la montaña, pero fueron interceptados. Urien explicó que "nos conectamos por teléfono satelital y contaron que cincuenta hombres con machetes, la mitad a caballo, los agredieron. "El problema es que hemos perdido contacto con ellos ya por muchas horas y sospechamos que las comunicaciones han sido afectadas desde los equipos tecnológicos de la estancia de Lewis, ya que no habría razón para la incomunicación y en el pasado eso nos sucedió en otro intento por llegar al lago. Esos compañeros iban acompañados por dos policías de montaña provinciales, los cuales recibieron la orden de retirarse ante cualquier inconveniente y eso hicieron".
"La nuestra es una movilización pacífica y estamos ante la posibilidad de una agresión de parte de personas armadas. Hemos presentado un habeas corpus para que les envíen protección a la montaña, que fue rechazado por el juez civil de Bariloche Mariano Castro. Nuestra prioridad es cuidar la seguridad de los compañeros y entablar un diálogo que resuelva la situación. La idea original era que los dos grupos confluyéramos y acampar en la servidumbre de paso a orillas del lago, derecho que nos corresponde".
Según Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, "la causa judicial contra Joe Lewis y su empresa Hidden Lake S.A. comenzó en 2005 con un amparo colectivo para cumplimiento del artículo 73 de la Constitución Provincial que garantiza el libre acceso a todos los espejos de agua. En 2009 obtuvimos sentencia ordenando que se abra al público el camino Tacuifí que nace en la localidad El Foyel, algo que Lewis nunca cumplió porque dicha vía pasa cerca de sus mansiones: lo mantienen cerrado con un portón, alambre de púa y cámaras de vigilancia ocultas en los árboles".
¿Cómo compró las tierras Lewis?
El historiador Alejandro Olmos ha denunciado que la compra de las tierras patagónicas por Lewis fue ilegal. En 1996 Lisandro Allende, presidente de H.R. Properties Buenos Aires S.A., pidió autorización para la compra a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, aprobada por tratarse "una persona jurídica argentina con un presidente argentino". Poco después, esa empresa pasó a llamarse Hidden Lake S.A., parte de la sociedad Lago Corp. representada por Lewis. Y fue esta sociedad la que realizó la escritura de la propiedad en una zona de seguridad de fronteras: se autorizó a una sociedad pero se la inscribió a nombre de otra. Y esto está en infracción con las disposiciones del decreto Ley 15.385/44 porque la estancia está dentro de una zona de valor estratégico para la defensa del territorio nacional y no se podía vender a un extranjero.
La mano de Mauricio Macri
Carlos Balbín, el procurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri, intentó que se invalidara esa venta y fue apartado del cargo, lo cual está sospechosamente conectado con la amistad íntima entre el expresidente y el magnate inglés quien lo ha invitado varias veces a su estancia, llevándolo en su helicóptero privado mientras su invitado era el jefe de Estado.
El reemplazante del procurador fue Bernardo Saravia Frías, otro amigo personal de Macri quien según Olmos frenó la iniciativa de su antecesor. El historiador presentó al actual procurador Carlos Zannini antecedentes del caso para que la causa sea retomada por la justicia. En 2016 Macri modificó por decreto la Ley de Tierras Rurales que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros: amplió del 25 al 51 por ciento la participación de extranjeros en las sociedades autorizadas a comprar tierras y cambió el máximo de 1000 hectáreas que un titular extranjero podía adquirir.
El expresidente declaró que no entendía la “sistemática búsqueda para agredirlo”, en referencia a su amigo inglés, y agregó que gracias a él, los vecinos de Lago Escondido “tiene un mejor acceso que el que tenía antes”.
Los exfuncionarios Villegas y Grassi hablaron con la AFI macrista antes de la detención de Medina
La "Gestapo" macrista y las llamadas a los ministros de Vidal
Los exfuncionarios hablaron De Stéfano, uno de los tres exjerarcas de la AFI que dirigieron la reunión que se hizo en el Bapro.
Apenas un primer vistazo al extenso entrecruzamiento de llamados en la causa donde se investiga la "Gestapo" antisindical y la fabricación de causas penales, revela que al menos dos hombres del gabinete de la exgobernadora María Eugenia Vidal se comunicaban con el exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan Sebastián De Stéfano, y que lo hicieron en fechas significativas para el expediente. El exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, registra por lo menos un llamado con el exdirectivo del organismo y de el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, con el mismo agente aparecen dos, incluso el día previo a la detención del dirigente de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina.
De Stéfano es uno de los tres exjerarcas de la AFI que llevaron la batuta en la reunión que se hizo en el Banco Provincia el 15 de junio de 2017 donde se pergeñaban estrategias para generar acusaciones penales contra sindicalistas, y en particular contra Medina. Los otros dos exintegrantes de la exSide son Diego Dalmau Pereyra, exjefe operacional de Contrainteligencia y Darío Biorci, exjefe de gabinete. El exministro Villegas es quien sinceró su deseo de tener una "Gestapo" propia para "terminar con los gremios" y expuso que, con denuncias de los empresarios que de la construcción también estaban allí presentes se lograría generar causas, para lo cual ya tenían todo acordado --según expuso allí-- con "la Procuración, fiscalía y con el juez". Grassi también participó, e incluso planteó que como había sido fiscal podía señalar que con los reclamos sindicales no podrían ser por sí mismos interpretados como delitos a denunciar. Entonces De Stéfano dio la idea de generar situaciones de provocación.
En una presentación espontánea ante el juzgado de Ernesto Kreplak, Villegas dijo que se consideraba una víctima y que nadie en aquella reunión sabía que estaba hablando con espías de alto rango. Era de por sí una afirmación llamativa, porque a él mismo se lo veía hablar con familiaridad en el video del encuentro, que se encargó de filmar la propia AFI, y también con un papel que descollaba. La diputada y exgobernadora Vidal, también en esa línea, había dicho que esos agentes deberían dar explicaciones. El primer dato contudente en la causa que los llevó a no repetir más esa teoría fue el informe que reveló que habían visitado la AFI tanto Villegas, como Grassi, su ex jefe el entonces ministro Gustavo Ferrari, y el intendente de La Plata Julio Garro.
Ahora se agrega la información sobre las llamadas, cuyo análisis recién comienza, y que muestra el contacto directo de algunos de los exfuncionarios con el directivo de la AFI que manejaba precisamente las cuestiones judiciales. En parte del listado de llamadas, al que accedió Página/12, figuran: un llamado de De Stéfano a Villegas el 17 de agosto de 2017 a las 11.33 que dura 182 segundos; y dos comunicaciones breves de 6 y 3 segundos, de De Stéfano a Grassi, una de las cuales está consignada el 23 de septiembre de 2017 a las 10.55 y la otra el 25 de septiembre a las 10.40. Al día siguiente fue detenido el "Pata" Medina en dos causas, una a cargo del juez federal Luis Armella y la otra, de l juez de garantías Jorge Moya Panicello, impulsada por el fiscal Alvaro Gargana. Ambos expedientes estaban basados en denuncias anónimas. El celular de Grassi es un número que él mismo dio en la reunión en el Bapro. El de Villegas es uno de los que fueron notificados en la causa como suyo.
Como reveló este diario, en la agenda de Villegas entregada al juzgado por la actual gestión provincial, están anotadas al menos cinco visitas suyas al juzgado de Armella. Una de ella fue el 24 de agosto, el mismo día de una de sus visitas a la Casa Rosada, al despacho de Mauricio Macri, en esa ocasión en el mismo horario que Vidal, quien según el registro de ingresos se dirigía a la jefatura de gabinete. Al día siguiente el exministro presentó en la justicia un compilado de notas que habían hecho los empresarios siguiendo el instructivo que les había dado en la cumbre en el Banco Provincia. Una de las citas más llamativas en el juzgado tiene fecha del 18 de octubre a las 10.30. Ese mismo día, la agenda de Darío Nieto, secretario de Macri, decía en un archivo creado a las 18.52: "VILLEGAS, juez de Quilmes quiere hablar con MM en privado". En el entrecruzamiento de llamados, surge un llamado breve el 31 de agosto entre De Stéfano y un celular que sería de Pablo Wilk, secretario del juez Armella.
En la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso están al tanto de la existencia de siete informes de inteligencia sore el Pata Medina y su entorno, y en especial sobre su patrimonio y su familia, que habría elaborado ilegalmente la AFI. Hay uno que incluso es del mismo día de la reunión de en el Bapro aunque habían comenzado el mes anterior. En esos partes, al sindicalista lo apodaban "conejo".
De Stéfano es el mismo agente que en 2018 fue a ver al juez de Avellaneda Luis Carzoglio a su despacho para decirle que tenía que meter presos a Pablo y Hugo Moyano. Fue, sugestivamente, junto con el jefe de finanzas de entonces de la exSide, Fernando Di Pasquale. "¿Usted qué quiere?" Le preguntaron. Luego le hicieron llegar un borrador de la orden de detención y de allanamientos en Camioneros. Carzoglio hizo público el episodio, y se ganó un pedido de juicio político, por lo que hoy está suspendido en sus funciones. Este lunes, dos exagente de la AFI del grupo conocido como Super Mario Bros, resaltaron en una presentación judicial el papel de De Stéfano en el reparto de directivas. Estos espías son de los pocos que quedaron procesados en la causa de espionaje donde la Cámara Federal dijo que no había existido una asociación ilícita, sino cuentapropistas. En su apelación responsabilizan a la cúpula y al exdirector de Jurídicos.
Cada vez es más evidente el papel medular que tuvo la AFI --en sintonía con lo que han revelado otros expedientes sobre la maquinaria de inteligencia ilegal -- en el armado de denuncias, carpetazos y campañas de hostigamiento contra todo opositores políticos, sindicalistas, organizaciones sociales y todo aquel que incomodara en algo al macrismo. Para el caso: ¿Qué hacen dos ministros provinciales hablando con un jefe de la central de inteligencia? Lo que también es palpable es que aunque algunas operaciones se montaran en la provincia de Buenos Aires, todo confluía en la Casa Rosada.
La Comisión de Selección aprobó ternas
La pulseada en el Consejo de la Magistratura por los cargos en Comodoro Py
En la cuenta regresiva hacia la fecha límite que estableció la Corte Suprema para que el Consejo de la Magistratura cambie su integración, la Comisión de Selección votó este lunes las ternas para ocupar cargos claves en Comodoro Py: dos lugares en la Sala I de la Cámara Federal, tres juzgados federales y seis en tribunales orales. Estos concursos habían quedado trabados en diciembre por pedidos del macrismo, que busca tener bajo control los tribunales federales porteños, donde tramitan decenas de causas contra sus referentes.
La votación incluyó la discusión por el reemplazo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que habían sido designados a dedo, sin concurso ni acuerdo del Senado, con un mecanismo de "traslado" por el gobierno de Cambiemos. Dos consejeros que funcionan como terminales de Juntos por el Cambio en el organismo, Pablo Tonelli y Diego Marías, hicieron lo imposible --aunque por ahora sin suerte-- por incluir a Bertuzzi en la terna, pese a que estaba posicionado en el lugar 21 de acuerdo a las notas obtenidas.
La pelea por la Cámara Federal
Los cargos en la Cámara Federal son tan codiciados que tres consejeros presentaron dictámenes con ternas distintas. Consiguió aprobación, con cinco de nueve votos, la propuesta de la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) y las dos ternas quedaron así: una integrada por el juez de Tucumán Fernando Poviña, la fiscala de Lomas de Zamora Cecilia Incardona (quien investigó la trama de espionaje del macrismo) y el juez en lo penal económico Javier López Biscayart; la otra compuesta por la coordinadora de la Unidad fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) Agustina Rodríguez, el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires Gonzalo Viña, y el juez de tribunal oral de San Martín Julio César Di Giorgio.
La Cámara de apelaciones de Comodoro Py se ocupa de revisar las decisiones de los jueces de primera instancia y es donde el macrismo había logrado designar a tres jueces: Mariano Llorens, por concurso, y a Bruglia y Bertuzzi por "traslado". Algunas características de este tribunal muestran que así como propició el avance de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios, suele revocar casi sistemáticamente los procesamientos a los exfuncionarios del macrismo, además de haber favorecido el traspaso de las causas de espionaje a los tribunales de Retiro.
En noviembre de 2020 la Corte resolvió que los "traslados" no pueden ser definitivos y que los camaristas deberían irse una vez terminado el concurso. Bruglia no se presentó al examen pero Bertuzzi sí, y no le fue muy bien, porque quedó en el puesto 21 según el resultado de su examen y evaluación de antecedentes. Sin embargo, el diputado Tonelli y el abogado Marías hicieron dos propuestas más de ternas, en las que incluyeron a Bertuzzi. Marías, quien no integra la comisión, canalizó la suya a través del juez Juan Manuel Culotta. Para ayudarlo a escalar posiciones, ponderaron la instancia de entrevista que toma el Consejo a los concursantes.
"Subirlo (desde el puesto 21) para integrar la terna, no sólo desvirtúa el sentido de la entrevista sino del examen y el conjunto de antecedentes. No se pueden usar las entrevistas para armar ternas con arbitrariedad. Se debe evaluar la idoneidad", se enojó Siley en la reunión. La diputada recordó que el propio Tonelli había planteando una reforma reglamentaria para que las entrevistas no sean utilizadas con discrecionalidad, sino con "transparencia, igualdad y objetividad". El diputado macrista le devolvió una chicana: "Aprovecho que Siley está de acuerdo conmigo para que lo lleve a la comisión de administración". La consejera dobló la apuesta: "El dictamen de Tonelli no respeta el reglamento de que debe haber en las ternas como mínimo una aspirante mujer".
"Va a ser muy difícil conseguir mayoría si tenemos tres propuesta distintas", regañó le camarista Alberto Lugones, quien intentó la unificación de dictámenes. En efecto, la fragmentación de posiciones permite vislumbrar que no será fácil para ningún sector juntar dos tercios para votar las ternas en el próximo plenario, previsto para el 17 de febrero. En esa reunión, además, se elegirán nuevas autoridades.
Juzgados federales porteños
El debate de este lunes incluyó la votación de las ternas para los tres juzgados federales porteños que están vacantes:
- Para el 12, que ocupaba Sergio Torres, obtuvo mayoría de seis votos la propuesta de Graciela Camaño y Diego Molea integrada por: el secretario del juez Ariel Lijo, Diego Arce, el fiscal Leonel Gómez Barbella, quien está a cargo de la investigación de la asesinato de Lucas González que involucra a policías porteños, y el juez Di Giorgio. Otra vez Tonelli presentó su propia terna, pero perdió.
- Para los juzgados 6, que ocupaba Rodolfo Canicoba Corral, y 11, el del fallecido Claudio Bonadio, la dupla Lugones-Tonelli (que no suele estar en sintonía), postuló dos ternas: la primera integrada por el juez porteño Gonzalo Rúa, el secretario de un tribunal oral de San Martín César Cina y a la secretaria del juzgado federal 12 Mabel Castelnuovo; en la segunda terna están Albertina Caron, secretaria del juzgado de Daniel Rafecas, Matías Latino, secretario de la Cámara de San Martín, y Raúl Roust, secretario del juzgado federal de Campana. Estas ternas consiguieron un récord de siete votos, ya que Tonelli las impulsó con Lugones, y votaron también el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, Ricardo Recondo, Siley, Molea y Camaño. Hugo un dictamen de minoría, de Marías, que solo votó Culotta.
Tribunales orales federales
El otro gran capítulo fue la votación de candidatos a los tribunales orales federales, puestos que desvelaban al gobierno de Macri, a sabiendas de que allí se definen las sentencias, tanto que intentaron aplicar "traslados" para tener control. Esta vez hay seis cargos en juego en los tribunales 2,4,5 y 6. Hubo un dictamen de Siley y Recondo y otro con una disidencia parcial, de Lugones y Molea. La primera fue la de mayoría e incluye como "cabezas" de las ternas a Agustina Rodríguez (UFEM), al juez de garantías de San Martín Nicolás Schiavo, al fiscal porteño Luis Arnaudo, la secretaria de cámara Ivana Quinteros, al secretario de tribunal oral Ignacio Labadens y al juez de Ejecución Marcelo Peluzzi, entre otros. Votaron esta alternativa Camaño, Culota, Ustarroz, Siley y Tonelli. El dictamen de minoría pide ascender a Roust.
Mientras tanto, no se sabe cuál será la futura conformación del Consejo, ni si quedará paralizado el 16 de abril, como algunos anuncian, que es la fecha que fijó la Corte como plazo. El Congreso, se supone, trataría el proyecto del Poder Ejecutivo para llevar la composición de 13 a 17 consejeros/as, pero la oposición ya plantea discrepancias. Juntos por el Cambio hizo saber este lunes que quiere que la presidencia del organismo esté a cargo del presidente de la Corte. Si no hay ley, el Consejo mismo debería lograr que todos sus estamentos voten a 7 nuevos representantes para cumplir con la sentencia suprema, que indicó restablecer la integración de 20 miembros, que había sido derogada, y que también cuenta al presidente cortesano, caso Horacio Rosatti.
Por diversas inconsistencias en declaraciones juradas
AFIP intimó a más de 32 mil contribuyentes
La AFIP intimó a 32.746 contribuyentes con incumplimientos en las fiscalizaciones electrónicas. Los procedimientos se encuentran abiertos por inconsistencias en la valuación de inmuebles en el exterior, el uso de facturas apócrifas, liquidaciones de granos no declaradas y la falta de presentación de declaraciones juradas referidas a rendimientos financieros, entre otros motivos.
Las fiscalizaciones electrónicas automáticas son verificaciones y controles no presenciales que se basan en información de distintas bases de datos para detectar inconsistencias en el cumplimiento tributario. La herramienta es utilizada por la AFIP de Mercedes Marcó del Pont desde 2020. A lo largo de los últimos dos años, los ingresos generados por la herramienta automática superan los 4500 millones de pesos.
La fiscalización electrónica potenció las tareas de control sobre los sectores de mayor capacidad contributiva durante la pandemia del Covid-19. Se trata de utilizar recursos para identificar inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes.
La herramienta ofrece un avance tecnológico en materia de fiscalización para abordar distintas maniobras que afectan la recaudación. El mecanismo permite realizar fiscalizaciones de amplio alcance a partir de distintas fuentes de información que, en la mayoría de los casos, no requieren ningún tipo de información adicional de los contribuyentes.
Los datos de la AFIP muestran un elevado nivel de respuestas de los contribuyentes a estas fiscalizaciones, que fueron rectificando declaraciones juradas y cumplieron la pretensión fiscal. No obstante, el organismo identificó a un grupo de contribuyentes que no cumplieron con los requerimientos o que no se allanaron a la pretensión fiscal.
Las notificaciones enviadas por el organismo representan el paso previo al inicio de las acciones de fiscalización presencial que, ante la persistencia de los incumplimientos por parte de los contribuyentes, permitirán profundizar en el análisis de las inconsistencias identificadas.
Las misivas enviadas por la AFIP al Domicilio Fiscal Electrónico de los contribuyentes incumplidores recuerda la vigencia hasta el 15 de marzo de 2022 de la moratoria establecida por la Ley de Alivio Fiscal. El plan de regularización permite incluir obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas al 31 de agosto de 2021.
Existen 14 motivos por los cuales se iniciaron fiscalizaciones electrónicas. Algunas de estas fueron:
-Falta de presentación del Impuesto Cedular
-Liquidaciones de granos no declaradas.
-Subvaluación de inmuebles en el exterior en las declaraciones juradas de Bienes Personales.
-Utilización de facturas apócrifas (cómputo indebido de crédito fiscal por compras a proveedores que tienen irregularidades e incumplimientos).
-Rendimientos no declarados por diversas inversiones financieras en el Impuesto a las Ganancias.
-Acreditaciones del exterior no declaradas.
-Falta de declaración de contratos de arrendamiento.
El gobierno creó una mesa de diálogo con propietarios e inquilinos para avanzar
Debatirán cambios en la ley de alquileres
Luego de la sanción de la nueva norma, se contrajo la oferta y los precios aumentaron por encima de la inflación. Los propietarios piden reducir el plazo del contrato.
Las preocupaciones por la escasez de oferta de bienes para alquilar, la sobreoferta de propiedades para la venta y la suba indiscriminada de los precios de los alquileres, ponen sobre la mesa la problematica habitacional. Ante esta situación, la Secretaria de Comercio Interior informó la creación de una mesa de diálogo para abrir la discusión por cambios en la nueva ley de alquileres sancionada en 2020.
A fines del 2021, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y luego la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, adelantaron la necesidad de una modificación de la Ley de Alquileres.
Todavía no hay una propuesta de un nuevo proyecto que regule los contratos de locación para vivienda pero el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti anticipó la creación de una mesa de diálogo cuatripartita en donde participarán el Estado, los inquilinos, los propietarios y las inmobiliarias con el objetivo de comenzar a esbozar una solución. La mesa de diálogo servirá para analizar la oferta inmobiliaria tomando en consideración a todos los actores.
Luego de haber recibido en distintas oportunidades a la Cámara Argentina Inmobiliaria y a la Federación de Inquilinos, el secretario de Comercio indicó que “armamos una mesa para escuchar” y sacar conclusiones sobre las problemáticas y reclamos de cada una de las partes.
A su vez, manifestó la necesidad de fomentar el incremento de la oferta y remarcó su preocupación por lo que definió como “una situación cada vez más precaria de los inquilinos” debido a la dificultad de acceso a propiedades para alquilar.
El problema reside en que “el propietario no quiere alquilar y el inquilino no puede pagarlo; y el inquilino puede pagar un alquiler que el propietario no considera rentable. Por ende el alquiler no les sirve a los dos, no hay un punto de encuentro”, explicó el secretario y agregó en diálogo con El Destape Radio que “hay que dar cuenta de que estamos ante un problema”.
Según los números del funcionario, hay 120.000 viviendas publicadas en venta en la ciudad de Buenos Aires, cuando el promedio histórico es 50.000. Eso redunda en menos viviendas para alquilar.”
"La solución no la tengo ahora, pero tal vez sea una mezcla de palo y zanahoria para los propietarios para que oferten sus propiedades, con beneficios si las ofertan y si no lo hacen, algún gravamen, como se hace en otros países", anticipó el Secretario de Comercio Interior sobre el esquema que se puede presentar. "Algo está pasando y el Estado debe buscar un consenso. Junto con el tema alimentos, el tema vivienda se ha vuelto muy complicado".
En declaraciones a Radio 10 Roberto Feletti manifestó: "Si este es un país que va a estar gobernado por la renta agropecuaria, la renta inmobiliaria, la renta financiera, así no hay país que aguante".
Además, cargó contra el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y cuestionó su política habitacional y de desarrollo urbano en ese distrito. "Larreta fomenta el negocio inmobiliario y después tenés una ciudad vacía y gente durmiendo en la calle", dijo Feletti.
De parte de los sectores que representan a las Cámaras inmobiliarias, presentaron algunos puntos en sus reclamos. Los puntos de mayor importancia del planteo son una reducción de tasas e impuestos (ingresos brutos) y la revisión del plazo de los contratos que actualmente es de 3 años.
En ese sentido, pretenden que se considere un “índice alternativo” que ajuste los precios de los alquileres al menos dos veces en el año de contrato. Cabe recordar que la ley actual considera un incremento anual que se ajusta al Índice de Precios del Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), mediante un índice elaborado por el Banco Central.
Desde la Federación de Inquilinos aseguran que el verdadero problema está en la falta de regulación del precio de los nuevos alquileres. Desde la secretaría afirman que la semana que viene Feletti se juntará con las inmobiliarias, los propietarios y los inquilinos para comenzar a diseñar una respuesta a este problema que contemple las exigencias y necesidades de cada una de las partes.
Fuente:Pagina12
07.02.2022 / Economia
Paritarias: Bancarios acordaron llevar el salario mínimo a 137 mil pesos
La Asociación Bancaria y las cámaras empresarias de la actividad acordaron este lunes en paritarias el pago de un adelanto salarial para enero y febrero en concepto de anticipo del convenio final.
Los empresarios abonarán sumas a cuenta del acuerdo paritario definitivo y el pago de ese adelanto se realizará con los haberes de febrero, tanto "el equivalente de ese mes como el retroactivo de enero", informaron desde un comunicado gremial.
El salario mínimo bancario será ahora de 133.368,38 pesos, más otros 3.436,11 pesos por participación en las ganancias (ROE), por lo que ascenderá a 136.804,49 pesos, en tanto durante la segunda quincena de marzo se retomarán las negociaciones en el Ministerio de Trabajo para alcanzar un acuerdo definitivo.
Los trabajadores que perciben desde 155.433 pesos cobrarán en enero un adelanto de 10 mil pesos y de 14.500 en febrero, y aquellos cuyos ingresos asciendan hasta 201.334 pesos recibirán esos meses 13.076 y 18.960 pesos, respectivamente.
Los bancarios ubicados en el segmento salarial de entre 201.335 y 241.602 pesos recibirán un anticipo de 16.937 y 24.559 pesos en enero y febrero, y quienes cobran más de 241.603 pesos percibirán un adelanto de 20.325 y 29.471 pesos.
"Una vez más, la Bancaria ratifica el compromiso de mantener el poder adquisitivo del salario, más allá del contexto que atraviesa el país", aseguraron en el documento Palazzo y el secretario de Prensa del sindicato, Claudio Bustelo.
Fuente:PoliticaArgentina
Bloqueo de Lewis a la marcha a Lago Escondido: «Está en peligro la vida de los compañeros»
Organizaciones reclamaron ante los tribunales de Bariloche que la justicia actúe rápidamente ante la denuncia de que los integrantes de la "Marcha por la Soberanía de Lago Escondido" fueron “secuestrados virtualmente” por matones que responden al empresario británico.
07/02/2022
Una nutrida movilización a los tribunales de Bariloche reclamó que la justicia actúe rápidamente ante la denuncia de que los integrantes de la «Marcha por la Soberanía de Lago Escondido» fueron “secuestrados virtualmente” por personas que responden al empresario británico Joe Lewis y que desde el domingo por la tarde no tienen comunicación con ellos.
“Llama la atención la demora de la justicia. Ayer (por el domingo) presentamos un habeas corpus y como todavía no tuvimos respuestas, esta mañana pedimos una audiencia donde el juez Juan Pablo Laurence se comprometió a resolverlo ante de las siete de la tarde. Es urgente que haya una respuesta porque está en peligro la vida de los compañeros”, le dice a Tiempo el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), Julio Urien.
Las organizaciones movilizadas a los tribunales de Bariloche ya habían tenido un revés del juez civil Mariano Castro, quien se declaró incompetente frente al recurso de habeas corpus preventivo que había presentado Raúl Pytrula, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de El Bolsón, junto a otras personas, con el objetivo de que se garantizara la “integridad de las personas intervinientes en una marcha a realizarse por el camino Tacuifí hasta el margen del lago Escondido”.
“Desde ayer (por el domingo) que no tenemos comunicación con los compañeros. Creemos que la patota de Joe Lewis pudo haber bloqueado el teléfono satelital que llevaban los compañeros”, destaca Urien.
Un grupo 22 personas, integrantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales, entre los que está el médico sanitarista Jorge Rachid, emprendieron el último viernes «La Sexta Marcha por la Soberanía» a Lago Escondido. La movilización se interrumpió cuando se cruzaron con unos 50 custodios, armados y a caballo, del magnate inglés Joe Lewis. Los matones rentados bloquearon el camino y hostigaron a los marchantes con todo tipo de amenazas.
Llegar al camino bloqueado por Lewis implica una travesía de tres días por la montaña hasta el espejo de agua y fue reconocido tanto por el británico como por su amigo personal y ex presidente Mauricio Macri, como un acceso válido a las costas del Lago Escondido.
Independiente de lo que decida el juez, se espera una nueva movilización hasta el puesto de Gendarmería ubicado en Villegas, sobre la ruta 40, a la que se sumarían ex combatientes de Malvinas.
Fuente:TiempoArgentino
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