«Jaru podría haber sido cualquiera
de nosotros que se encontrara ese
día en la plaza»
Por Manuela Wilhelm, Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2022.
¿Quién es Jaru? ¿Por qué está privado de su libertad? Vivimos un 24 de marzo con presos políticos y estas son preguntas que responde Fran, un amigo de Jaru Carrero Alexander Rodríguez. Es uno de los tres presos políticos allanado y detenido después de la manifestación que se hizo contra el pago de la deuda el 10 de marzo pasado afuera del Congreso de la Nación.
El nuevo pacto del gobierno del Frente de Todos con el FMI para pagar la multimillonaria deuda en dólares que tomó Mauricio Macri en 2018 está legalizado. Incluso ayer fue aprobado por el auditorio del organismo internacional. De esta manera, ambas partes, al gobierno y al FMI sólo les resta coordinar los pagos. Mientras tanto para la parte que reclama lo ilegítimo e ilegal del pacto, continúa alargándose un hilo de detenciones de militantes sociales y allanamientos a algunas de las organizaciones que participaron de la manifestación contra el FMI el 10 de marzo pasado, cuando se votaba el proyecto de acuerdo en Cámara de Diputados.
Libertad para Jaru es una campaña organizada por un grupo de amigxs y compañerxs de Jaru Carrero Alexander Rodríguez, detenido acusado de conformar una asociación ilícita. Fran es uno de sus amigos y compañeros que se conocieron en la Facultad de Sociales de la UBA. Aclara que habla de parte de un grupo más grande que se conformó para pedir su libertad «ya que somos su familia acá». Jaru tiene 29 años y vino a estudiar Sociología desde su Caracas natal a la Universidad Nacional de Bs. As. También tiene militancia barrial en Ciudadela y en Liniers con la organización MTR cuba. «Le dieron la prisión preventiva, que jurídicamente se caía a pedazos, no tiene ningún sustento más allá de la presión política y le firmaron el pase a una unidad penitenciaria».

En comunicación con ANRed, Fran comienza a hablar sobre qué pasó con su amigo Jaru después de la marcha contra el FMI el 10 de marzo. «Nos enteramos de la detención de Jaru el día martes 15 por la mañana. Por las redes, en una nota de Infobae, en la cual se lo veía con la cara tapada y dos oficiales de la DDI en su casa de Acassuso, donde hemos estado tantas veces. Nos pusimos en contacto rápidamente con el abogado».
«El día lunes Jaru le manda un mensaje a uno de nuestros amigos diciéndole que había un policía de civil siguiéndolo desde que había salido de la casa. Él trabaja de repartidor muchas horas al día para sobrevivir económicamente y mandarle plata a su familia en Venezuela que la tiene complicada. Lo siguió un civil y Jaru se dio cuenta, imagínate salió de su casa a la mañana y a la noche lo termina allanando se lo llevan detenido, nosotros estuvimos un día para averiguar su paradero».
Jaru es oriundo de Venezuela y trabaja de repartidor, estudia en la Universidad Nacional de Bs. As. y también participa en la militancia barrial en Ciudadela y en Liniers.
¿De qué se lo acusa a Jaru?
Fran explica: «A Jaru se lo acusa de un montón de cosas, la más grave es asociación ilícita, y a partir de ahí le meten todos los cargos posibles que te puedas imaginar, incendios, daños a la propiedad pública, lesiones, etc. Para que se entienda al acusarlo de asociación ilícita básicamente lo acusan de todos los actos que ellos creen ilegales el día de la marcha contra el acuerdo con el FMI en el contexto de la votación en diputados. ¿Por qué? O cuál es el fundamento, es que él supuestamente milita en el MTR histórico, cuando en realidad es cercano al MTR cuba, una línea y una trayectoria distinta. Lo acusan junto a los demás compañeros detenidos todos presos políticos y la conexión que encuentran entre todos los detenidos es que supuestamente militaban en el mismo lugar cuando ni siquiera pudieron verificar eso. En el caso de Jaru se acercó hace un tiempito a través de la facultad al MTR Cuba dando una mano con organización y activando las ollas populares, y activando una huerta social que estaban armando ahí en el barrio». Facundo Cibelli otro amigo de Jaru explicó a Lobo Suelto que también lo conoció en la facultad y el recorrido militante de Jaru hasta participar en la concentración del 10 de marzo contra el FMI.
La mala víctima
Los medios de comunicación empresariales hicieron foco en la condición migrante de Jaru para criminalizarlo. No hablaron de por qué las organizaciones se estaban manifestando el contra del Acuerdo del gobierno con el FMI. Fran dice: «Jaru, y en esto hacemos especial hincapié, podría haber sido cualquiera de nosotros que se encontrara ese día en la plaza»
Fran dice que están viviendo una locura. «Jaru lejos está de ser la persona que demonizan los medios, tanto por derecha y por izquierda. Por derecha que es inmigrante piquetero que viene a cobrar el plan, y por izquierda diciendo que es un servicio: un enviado macrista de un grupo de venezolanos que trajo Macri en el 2018 para no se qué, y Jaru es uno de nosotros, seguramente sería tu amigo porque es una persona hermosa. Estamos tratando de humanizarlo más allá de los presos políticos del 10 marzo porque se lo ha vendido de un montón de maneras horribles que lejos están de hacerle justicia. No es santificarlo. Jaru es eso. Es un trabajador que la pelea como todos nosotros y que encima tiene las ganas, el cuerpo y voluntad para activar ollas, y huertas y en todo lo que pueda dar una mano, conciencia social, por eso nos estamos moviendo tanto también»
¿Hay pruebas para tenerlo detenido y acusarlo de asociación ilícita? «Las pruebas que tienen contra él es un video de Jaru dando vuelta un tacho en un momento de replegar para que la policía no avance y poder cuidar a la gente de la organización como podría haber hecho cualquiera de nosotros. Y una foto de Jaru con una piedra en la mano, de ahí a acusarlo de asociación ilícita y un montón más de delitos andá a saber cómo lo hicieron» dice Fran, y agrega: «Esta claramente es una causa impulsada con una fuerte presión política. Tanto al oficialismo como a la oposición le sirve encontrar un culpable o varios culpables y crear una supuesta red de organización criminal que según ellos habría atacado la oficina de cristina, una confabulación y una verdadera locura»
¿Dónde está Jaru?
Al día de hoy Jaru se encuentra en la alcaidía número 8 del barrio villa Lugano donde afirman que está recibiendo «un trato humano»; pero el Juez ya firmó el pase a una penitenciaría. «Eso nos tiene muy preocupados dadas las condiciones de vida que ya todos conocemos. El abogado apeló la prisión preventiva, y estamos esperando cómo se resuelve eso, es el momento de difundir el caso de Jaru en particular y todos los presos políticos en general. En cuanto se abra un cupo en alguna unidad penitenciaria lo van a traspasar» dice Fran.
Con el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

La campaña Libertad para Jaru recorrió la marcha del 24 de marzo a 46 años del golpe genocida. «Nos vimos rodeados de un contexto en el cual había un montón de gente más luchando y alzando la voz por tantas causas más que hablan de los baches de la democracia. Memoria de saber que si no salimos a la calle a pelear por nuestros derechos, si, en coloquial, no le tocamos el hombro al de adelante, no nos van a escuchar y va a seguir todo en su rumbo. Pero ver tanta gente que se solidarizó con la libertad de Jaru fue un mimo», dice Fran.
El rumbo al que se refiere es ni más ni menos que el entramado político-judicial que sigue adelante al día de hoy con más de 24 allanamientos por la causa FMI y tres personas presas: su amigo Jaru, Oscar Santillán y Julián Lazarte.
En comunicación con ANRed, Martín Alderete, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep) y abogado de Jaru expresó: «Considero que acusar a un manifestante, al que no se le probó ningún hecho violento, de asociación ilícita (por el solo hecho de participar de una organización social) y de todos los hechos cometidos en la plaza (daños, lesiones, incendio, etc), sin una sola prueba de la participación en esos hechos es muy grave. Es una abierta violación de los derechos y garantías más elementales. Es criminalizar la protesta y el pensamiento».

Una coordinadora contra la criminalización de la protesta
El Encuentro Memoria Verdad y Justicia realizó una conferencia de prensa en la sede del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) en Ciudad de Buenos Aires donde afirmaron: «Esta persecución tiene como objetivo desviar el eje del verdadero problema: las consecuencias nefastas para el pueblo trabajador de este nuevo acuerdo con el Fondo, a la par de amedrentar a quienes luchamos contra ellas. La quita de la ayuda social a los detenidos habla de un escarmiento sin precedentes. A su vez, la acusación de asociación ilícita abre una puerta muy peligrosa en términos de persecución política, ya que ataca el derecho a organizarse«.
Allí estuvo presente Daniel Ruiz, condenado junto a César Arakaki por el Tribunal Oral Federal 3 por su participación en la multitudinaria jornada de protesta contra la reforma previsional promovida por el gobierno de Mauricio Macri en 2017. Aseguró que están recuperando la tradición de solidaridad entre las organizaciones ante los ataques de la burguesía y expresó: «El proceso de enfrentamiento a las políticas del FMI y hambre, los compañeros que están privados de la libertad, es muy importante porque no están solos, hoy este 24 marzo levantar la bandera de los presos políticos, tenemos el derecho de organizarnos y defendernos de la represión».
Y agregó: «En mi caso, nos han acusado y estamos apelando, de cosas que no están probadas, como a Cesar Arakaki, Dimas Ponce; de Sebastián Romero y a mí decían que teníamos una coordinación, todo el expediente son 20 toneladas fojas y fojas y no hay ninguna comunicación directa de Sebastián Romero conmigo, ni siquiera de César Arakaki que estamos condenados, eso demuestra que todas las imputaciones que hacen no las van a justificar porque se creen impunes, y ahí está la tarea de nosotros de revertir el efecto represivo y plantear al fondo monetario que si sigue el hambre lo que va a haber es una rebelión por eso organizarnos con todas las recomendaciones«
Fuente: ANRed
La terrible historia de Paula Martínez,
víctima de una violación grupal y de
la justicia machista
Por Silvina Freire, Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2022.
Paula sufrió el ataque cuando tenía 18 años y fue permanentemente revictimizada por el acoso de los abusadores y sus familias y por el maltrato de una justicia sin perspectiva de género. El juicio empieza en abril, pero ella no lo verá. Se suicidó a los 23, en diciembre de 2021.
Foto de portada: Sandra Zapata, la mamá de Paula, continúa la lucha contra los que agredieron a su hiija.. Imagen: Sandra Cartasso
“La violencia deja marcas, no verlas deja femicidios”, afirma el juez de Garantías, Diego Agüero, titular del Juzgado Nº 6 de Florencio Varela, en el fallo que elevó a juicio la causa en la que al menos cinco hombres violaron a Paula Martínez en diciembre de 2016, cuando tenía 18 años. La víctima –que vivió un infierno por las amenazas de los familiares de los violadores y no contó con una asistencia eficaz del Estado— atravesó varios intentos de suicidios y estuvo internada en el hospital psiquiátrico Melchor Romero. Antes de que se conociera la fecha de ese juicio que tanto esperó, y que se realizará el próximo 4, 6 y 7 de abril, Martínez se suicidó, a los 23 años, el 26 de diciembre de 2021.
Cuatro de los violadores, Diego Domínguez, Gustavo Carbonel, Cristian Chávez y Rubén Chávez, están detenidos. Pero hay un prófugo, Mauro Nair Goncalves, imputado también por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas, y una recompensa de 4 millones de pesos para quien pueda aportar información sobre su paradero.
A los 42 años, Sandra Zapata, la mamá de Paula, sabe que la lucha continúa para que su hija tenga la justicia que no llegó a tiempo. “Estamos buscando a un prófugo y necesitamos que la sociedad se comprometa, que donde lo vean lo denuncien para que no le quede hueco por donde esconderse. Quiero que el prófugo y los detenidos paguen por lo que hicieron. Y, si es posible, que salga a la luz quiénes más estuvieron esa noche, porque Paula vio más siluetas que no pudo identificar”, dice Zapata a Página/12.
Cuando la invitaron a una fiesta enfrente de su casa en Florencio Varela, Paula dijo que no quería ir. Entonces trabajaba en la concesionaria Autos del Sur, se levantaba temprano y tenía dos hijos chiquitos. Pero le insistieron tanto que terminó aceptando. Ese 10 de diciembre de 2016, en la fiesta, un joven le dio una bebida que tenía burundanga, una droga que provoca “un estado de sumisión ante cualquier orden”, como explica Agüero en el fallo que elevó a juicio la causa. Paula empezó a sentirse mal, muy mareada. En un momento salió de la casa, la subieron a una Traffic blanca y la llevaron a la habitación de otra casa cercana, donde la violaron más de cinco hombres. Aunque la filmaron, nunca se secuestraron los celulares. Cuando fue a la comisaría a hacer la denuncia, no se aplicó el protocolo para víctimas de violencia sexual.
La sociedad machista y la víctima
“Siempre luché al lado de mi hija. Yo necesito honrar su memoria buscando justicia por ella. No estoy sola, tengo a todo un equipo acompañándome que creyó en Paula. Eso es lindo porque Pau se chocó con que nadie creía en ella; hasta que llegó acá, al juzgado, en una de sus marchas, y se encontró con que había gente que sí le creyó: el doctor Diego Agüero y Martín Grizzuti, el secretario. Gracias a ellos hubo allanamientos y detenciones”, repasa Zapata desde el Juzgado de Garantías N°6 de Florencio Varela. “Esta es una sociedad machista donde lo primero que se mira es a la víctima; me duele mucho que no se juzgue al victimario porque tiene la apariencia de una vida sana o buena, cuando en realidad son los peores perversos que hay; dan asco cómo someten a las chicas”, reflexiona Zapata y agrega que lo primero que criticaron de su hija fue “cómo va a una fiesta si es madre”. “Paula inició su lucha sin el apoyo de la sociedad –recuerda–. Las víctimas siguen solas, se las deja sin trabajo, sin asistencia, sin apoyo, sin contención; es muy difícil sobrellevar un abuso y más un abuso en manada”.
Paula convivió con el hostigamiento permanente de los violadores y sus familiares, vecinos de Florencio Varela. “El hombre que vive al lado de mi casa es el tío de Chávez, uno de los violadores. En estos cinco años construyó en un terreno baldío tres casas él solo; no sé cómo hizo porque yo no puedo cambiar un vidrio. Los vidrios de mi casa todavía están rotos de cada crisis que tuvo Paula; rompía un vidrio y se cortaba, rompía un vidrio y se cortaba… El hostigamiento hacia Paula fue total. Más allá que la mató lo que le hicieron, lo que más la mató fue el hostigamiento”.
Zapata confiesa que tiene miedo de que la maten porque es la testigo principal de la causa de su hija, “que incluye trata, narcos, policía, políticos, gente muy poderosa”, aclara. “Me amenazaron que van a matar a mis hijos y a mí y que van a decir que yo los maté y me maté. Eso me generó mucho más miedo del que ya de por sí tengo. Aunque todo encaje en un suicidio, todavía no puedo decir si mi hija se suicidó”, duda la madre de Paula.
Los tiempos de la justicia
Al mes de la violación grupal, Paula fue a ver a la fiscal. La atendió en la ventanilla de la fiscalía Gustavo Rodríguez, jefe de asistencia a la víctima que se presentó como secretario de la fiscal Claudia Brezovec, la primera que tomó la causa, y le dijo: “la fiscal no te cree”. Ese día empezó a cortarse, a tomar pastillas; luego decidieron medicarla.
“Paula estuvo internada en el Melchor Romero y también en un centro; recorrimos mil y una guardias psiquiátricas; estuvo internada por cortarse, por tomar pastillas, por ataques de nervios…”, enumera Zapata ese calvario íntimo y cuenta cómo encontró a su hija muerta en el living de la casa donde vivían. “Como se colgó con una cadena de un ventilador, a mi hermano, que fue el primero que la vio, le pareció que ella estaba parada porque tenía un pie apoyado en el piso, el otro en una silla y la mano sobre la mesa. Cuando entré, también pensé que estaba parada porque no veía la cadena. La abracé, pero ya estaba muerta. Esta vez no la pude salvar; llegué tarde”.
“Los tiempos de la justicia a Paula la angustiaban muchísimo, como a todas las sobrevivientes –plantea Romina Doncel, abogada especialista en género–. La víctima tiene que hacerse una pericia y quizá está ocho horas esperando a que la atiendan y la tratan mal. La justicia no tiene la voluntad de ser expedita, respetuosa y tener perspectiva de género. No les creen en muchos casos y se toman demasiado tiempo, y eso no tiene que ver con avasallar los procesos judiciales, sino con entender que una sobreviviente no puede estar cinco años esperando un juicio. Es muy angustiante”, define Doncel.
“A las sobrevivientes las dejan sin asistencia económica, sin asistencia habitacional, sin asistencia psicológica y sin recursos; tienen que estar convenciendo todo el tiempo de que fueron víctimas de un abuso y no les permiten ponerse fuertes; hay que ser una víctima ideal, mostrarse débil y destruida. Si te mostrás fuerte y sos sobreviviente, estás mintiendo. Eso es muy revictimizante”, advierte la abogada.
La madre de Paula coincide. “No nos podemos mostrar fuertes porque entonces no te duele. Mi hija, por más que estaba mal, subía fotos en sus redes sociales y se mostraba fuerte. Eso es de una guerrera que sabía que toda una sociedad la juzgaba porque una persona violada tiene que estar destruida. Paula estaba destruida, pero se puso fuerte y empezó a mostrar fortaleza. Paula deja una huella muy grande, aunque también un dolor muy grande”, concluye Zapata.
A 16 años de la masacre de Luis Viale
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2022.
La Comisión por la Memoria y Justicia de lxs obrerxs textiles de Luis Viale realizará este miércoles 30 una jornada de lucha y festival de resistencia en la calle Luis Viale 1269, a partir de las 12 horas, al cumplirse 16 años del incendio en los talleres clandestinos que se llevaron la vida de una mujer embarazada y a 5 niños.
El 30 de marzo de 2006 se produjo un incendio en un taller textil clandestino ubicado en la calle Luis Viale del barrio porteño de Caballito. Murieron 5 menores y una joven embarazada.
Desde su habilitación en 2000, el taller no había sido inspeccionado y allí vivían 64 personas, la mitad era menor de edad. Dormían en cuartos de 3 x 2,5 metros separados por telas y tabiques de madera, compartían colchones y no contaban con un espacio para comer. Solo tenían un baño, sin agua caliente. Trabajaban en promedio 14 horas por día de lunes a viernes, y entre 5 y 6 horas el sábado. En 2006, los trabajadores cobraban 200 pesos por mes, lo que equivalía a un 25% del salario de convenio de aquel momento.
Tras el incendio, el gobierno porteño le dio a los sobrevivientes subsidios de 300 pesos, cuando el salario mínimo en ese momento era de 800. No les ofreció alojamiento y tardó 52 días en entregar los cuerpos de las víctimas para ser velados.
En junio de 2016, dos capataces fueron condenados. Tres años después los dueños de las marcas y del inmueble, Damián Fischberg y Javier Geyler resultaron absueltos, e incluso en noviembre de 2019 la Justicia les devolvió la posesión del inmueble.
Un mes más tarde, la Comisión por la Memoria y Justicia de las obreras y obreros textiles de Luis Viale presentó ante la Legislatura de la Ciudad un Proyecto de Expropiación para que el edificio de Luis Viale 1269, o lo que queda de él, se transforme en un Espacio de Memoria y Organización para migrantes y trabajadores en lucha.



















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