Sobre el aumento de las retenciones
y el impacto en los productores
Por Diego Fernández*, Resumen Latinoamericano 29 de marzo de 2022.
El Gobierno aumentó en dos puntos porcentuales las retenciones a los derivados de la soja. De inmediato sectores del agronegocio se pusieron en pie de conflicto, pero la medida no afecta a quienes cultivan la oleaginosa. El rol de las grandes exportadoras y, con los precios internacionales en alza, la posibilidad de aumentar las retenciones a los grandes productores.
El Gobierno aumentó dos puntos porcentuales los derechos de exportación de los principales derivados de la soja, llevando su gravamen específico del 31 al 33 por ciento, equiparándolo así al que tributa la exportación de granos sin procesar. Esto se da en un contexto de suba vertiginosa en la cotización de dichas materias primas, con lo que es casi imposible concluir que esta alza de retenciones le genere alguna dificultad económica importante a la cadena de producción sojera.
Mientras escribo estas líneas el aceite de soja cotiza (considerando el precio internacional al que accede la argentina, el llamado “FOB puertos argentinos”) a 1690 dólares y la harina a 570. Dos meses atrás los valores eran 1260 y 450 respectivamente, con lo que han crecido alrededor de un 30 por ciento en pocas semanas.
La existencia de diferencias en las alícuotas impositivas entre el grano y sus derivados es un tema históricamente discutido. Están puestas allí para beneficiar al conglomerado procesador, conformado por empresas (fundamentalmente, propiedad del capital extranjero, como Cargill, Cofco, Bunge y Glencore) tan gigantes como su influencia, supuestamente favoreciendo la “industrialización” del poroto de soja dentro del país (concedamos por un momento el llamar “industrialización” a esas actividades de bajísimo valor agregado).
Esto sencillamente ocurre porque el grano conforma su precio igualándolo al valor internacional menos sus retenciones del 33 por ciento. Y a ese valor, entonces, lo puede adquirir la industria local, para luego de un mínimo procesamiento revenderlo pagando impuestos sólo del 31 por ciento, quedándose así con la diferencia.
¿Es realmente necesario ese dos por ciento para favorecer la industrialización fronteras adentro? ¿O es sólo es un regalo, un bonus, que el Estado les da a ese núcleo de grandes firmas? Como en este país nadie revisa los costos de las empresas, eso lo sabrá Dios.
El mecanismo recién descrito implica por lógica que en teoría la supresión de aquel diferencial no tiene efectos sobre el precio al cual venden sus granos los productores primarios. Simplemente deshace el beneficio que estaba siendo apropiado por las aceiteras, hecho que cuenta con algún antecedente en los liberales tiempos de la presidencia de Mauricio Macri.
El precio a los productores antes y ahora es conformado en relación a la mercadería que vendían: el grano. Desde diversos medios, sin dar mayores precisiones, se anuncia un inevitable impacto sobre las cuentas de los chacareros vía una caída de la cotización de la soja pues la industria tendría una menor “capacidad de pago”. Tal razonamiento implica el supuesto de que previamente el diferencial de retenciones, puesto allí en explícito socorro de las aceiteras, no estaba siendo apropiado por éstas, sino que graciosamente lo cedían a los productores, cosa que a partir de ahora ya no podrían hacer.
A quien escribe esto le parece una total y completa fantasía. Sólo puede registrarse realmente una baja en las cotizaciones de la soja si la medida actúa como una suerte de señal coordinadora que posibilite el aumento en el grado de colusión de las grandes empresas. Vale decir, que logre que éstas se pongan aún más de acuerdo entre sí y la utilicen de excusa para disminuir artificialmente los precios. Hecho que no se puede descartar de plano pero que ciertamente es una invitación a incrementar la intervención estatal en este eslabón de la cadena agroindustrial, y no a disminuirla como reclaman los voceros oficiales y oficiosos de las aceiteras.
Otro punto, quizá el más importante, a seguir es qué destino tendrá el excedente de dinero recaudado, que se ha calculado en torno a los 400 millones de dólares. Existe la clarísima necesidad de que esos fondos se destinen a paliar las urgencias que padece el pueblo argentino (en temas alimentario, de salud, de trabajo). Sería francamente de lamentar que, por el contrario, el dinero se utilice para pagar la deuda con el FMI (en un acuerdo que, por cierto, el organismo había pedido por la suba de impuestos).
Concluyo estas líneas transmitiendo mi esperanza sobre que esta coyuntura permita abrir un debate más amplio sobre la forma en la cual se aplican estos tributos en la Argentina. No ya a los derivados de la soja, sino en general.
Señalo como problema principal el que se constituyen (por su volumen) en el método fundamental de captación de excedentes agrarios por parte del Estado, y son cobrados sin ningún tipo de diferenciación que considere la capacidad económica de las unidades productivas sobre las que finalmente recaen.
Así, las retenciones disminuyen los ingresos por tonelada en igual proporción de un chacarero que explote 100 hectáreas sojeras, que los de un gigantesco pool que haga lo propio con 20.000 hectáreas (¿Que implican una facturación de cuánto en este momento? ¿2500 millones de pesos al año, en un tentativo cálculo a mano alzada?). Y dicha igualación, se recalca, es sobre los ingresos, merced a las economías de escala en todo tipo de costos que el grande puede aprovechar, resulta sobre la rentabilidad mucho más gravoso el impuesto para los chacareros. La política fiscal aparece así como regresiva, y da combustible al proceso de concentración económica que está convirtiendo nuestras icónicas pampas en un desierto verde.
En este sentido, es muy de lamentar que iniciativas que propusieron —vía un subsidio cruzado— segmentar las retenciones no hayan tenido la continuidad que merecerían. Es un buen momento para volver a intentarlo, sobre todo considerando los niveles a los que han trepado los precios internacionales de los alimentos, factor que le da un empujón adicional a nuestra inflación doméstica, ya de por sí una de las más altas del mundo.
Con un ojo puesto en atender las situaciones de sequía que se han dado en esta campaña agrícola, una segmentación de retenciones que implique subas para los productores a gran escala y un mantenimiento o acaso una rebaja a los chacareros no tiene por qué implicar una baja en la recaudación estatal. Al contrario, desde el momento en que el 26 por ciento de los productores controla el 77 por ciento de la soja (el cultivo más difundido) es posible repetir las (mejorables) experiencias de 2015 y 2020 (de compensaciones a los pequeños productores), cuando se han demostrado que políticas así son completamente factibles y beneficiosas, tanto para chacareros como para el Gobierno.
*Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (FCE-UBA).
Fuente: Agencia Tierra Viva
Cristina Kirchner se reunió con el
embajador de Estados Unidos,
Marc Stanley
Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2022.
El encuentro tuvo lugar el mismo día que los senadores del Frente de Todos presentaron una iniciativa para que se recupere dinero de la evasión fiscal para pagar el millonario préstamo que tomó Mauricio Macri durante su gestión.
Foto de portada: Cristina Kirchner reunida con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley.
La vicepresidenta Cristina Kirchner se reunió este lunes con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc R. Stanley. En el encuentro dialogaron sobre distintas temáticas -lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos fueron algunos de los tópicos, según la publicación de la vicepresidenta- pero lo más destacado fue el pedido de la presidenta del Senado al representante del país norteamericano: Cristina le pidió que EE.UU. colobare con el nuevo proyecto de los senadores del Frente de Todos, quienes proponen que aquellos que poseen bienes en el exterior, que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia equivalente al 20% de sus bienes no declarados.
Afiches contra Cristina Kirchner: ¿Quiénes pegaron los carteles?
“Además le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los @Senadores_Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión”, expresó Cristina Kirchner en su cuenta personal de Twitter.
¿Qué se sabe del proyecto de los senadores oficialistas? Lo que trascendió hasta ahora fue que la iniciativa «no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas», ya que «solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero». También serán alcanzados quienes hayan hecho un cambio de domicilio fiscal, «cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina».
«Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica», sostuvieron en el bloque del oficialismo en el Senado, y recordaron la estimación oficial de que existen unos 400 mil millones de dólares de residentes argentinos en el exterior.
Entre los argumentos que sostiene el cuerpo que encabeza la vicepresidenta Cristina Kirchner, resalta que el acuerdo stand by con el FMI, firmado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri, «significó el ingreso de 44.500 millones de dólares, de los que en gran parte tuvieron como destino el financiamiento de la salida de divisas de nuestro país, en un claro proceso de fuga de capitales».
Es urgente: presentan por cuarta
vez la ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis
e ITS
Resumen Latinoamericano 29 de marzo de 2022.
Este martes 29 se presenta por cuarta vez un nuevo proyecto de ley de VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual. El proyecto propone un abordaje integral y desde la salud colectiva, que brinde contención e información para derribar el estigma persistente.
Luego de que perdiera estado parlamentario, organizaciones civiles, activistas positivxs y legisladores presentarán por cuarta vez el proyecto de ley de VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual. Esta ley es urgente.
El proyecto amplía el abordaje por parte del Estado, yendo desde las clásicas respuestas biomédicas a la contención y el apoyo social, laboral, educativo, legal, y de la seguridad social. El proyecto propone un abordaje integral y un enfoque social, desde la salud pública y colectiva, que brinde contención e información para derribar el estigma persistente.
Florencia Ceballo, cordobesa que actualmente preside la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), identifica la falta de información por parte del Estado como una de las causas que impiden avanzar hacia una sociedad con menos discriminación: “La única información que hay sobre VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS la brindamos las organizaciones civiles. El Estado debe brindar esa información con el apoyo de las organizaciones civiles que hemos estado trabajando en esto hace años”.
La activista positiva agrega que en diciembre juntaron más de 10 mil firmas y que han adherido más de 200 organizaciones a nivel nacional apoyando la ley. “Tenemos expectativas de que esta vez suceda porque vemos que hay más compromiso”, el proyecto cuenta ahora con el respaldo de legisladores y legisladoras de varios bloques de la Cámara baja. “No hace falta vivir con el virus para sumarse a esta lucha, para luchar entre todes. Se trata de obtener nuestros derechos humanes como sociedad y desde una salud colectiva”, destaca.
RAJAP es una organización civil no gubernamental donde participan más de mil personas. No solo brindan información, sino que también es una red de contención donde se brindan distintas herramientas: “Nos juntamos a contar nuestras experiencias y vivencias, y ayudarnos en varios aspectos para la vida cotidiana: ayuda legal, acceso a tratamientos, etc. También todos los años, realizamos encuentros donde nos juntamos todas esas personas de diferentes puntos del país para compartir esta información y tener un espacio de contención”, explica Florencia.
El estigma y la discriminación perduran, generando exclusión y limitando los derechos de las personas seropositivas: “A la hora de querer formar un vínculo sexoafectivo con alguien, tenemos que estar dando una clase de ESI porque, en realidad, a la educación no la tienen ni en el sistema educativo ni en las casas. No es obligación manifestar tu diagnóstico y eso está amparado por la ley, pero a la hora de querer formar un vínculo, la mayoría aparece por el miedo y la falta de información. Entonces desde ahí ya parte el estigma y la discriminación en los jóvenes. Y de ahí se reproduce en todos los ámbitos: institucional, medios de comunicación, centros de salud que no tienen perspectiva de VIH ni sensibilidad al respecto.
En el ámbito de la salud, el personal está totalmente desinformado y hablan desde el lado biomédico cuando, en realidad, desde las organizaciones ponemos el cuerpo para brindar información: hablamos en primera persona de nuestras vivencias víricas y nuestros testimonios. Hay falta de empatía y sensibilización. En los medios de comunicación también: siempre desde el amarillismo, generando más pánico en la sociedad en vez de informar. En el sistema educativo falta específicamente brindar información para tener contención, no hay ESI. A los adolescentes les cuesta asumir sus diagnóstico, sobre todo las personas verticales que nacen con el virus. A la hora de buscar un trabajo, te piden los exámenes ocupacionales, más allá de que está penado por la ley, pero sigue sucediendo y siguen denunciando que se excluye ese derecho y necesidad de acceder a un trabajo”, explica la joven.
El proyecto
Actualmente, se encuentra vigente la Ley Nacional de Sida, que data de 1990 y no se corresponde con la realidad que viven las personas con VIH hoy en día. El Proyecto de Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS, escrito entre distintas organizaciones que trabajan el tema, promueve la capacitación, la investigación y la difusión de campañas masivas sobre esas patologías. Establece que toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, así como el acceso universal y gratuito a la salud, y el derecho a recibir asistencia integral por parte de personas expuestas o afectadas por VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS.
La ley también prevé otros aspectos interesantes, como la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis -integrada por organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema-, y la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación -para visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas-.
Entre las medidas específicas que propone, se encuentran la prohibición y sanción de las pruebas diagnósticas de ITS en los exámenes preocupacionales y la protección frente a despidos discriminatorios. Además, se propone un régimen de jubilación excepcional a los 50 años de edad para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C (para quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios), así como una Pensión No Contributiva vitalicia para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
Otra de las medidas específicas contra la desinformación y el estigma que produce es la formación y capacitación obligatoria para todos los equipos que trabajan con ITS, incluyendo poderes del Estado, medios de comunicación y trabajadorxs de la salud y la educación.
Imagen de portada: Tomás Ramírez Labrousse.
Fuente: La tinta
La juventud no es peligrosa, está
en peligro
Resumen Latinoamericano 29 de marzo de 2022.
El viernes 25 de marzo un grupo de jóvenes que se encontraban en una fiesta privada en Godoy Cruz, fueron violentamente desalojadxs por la policía con la excusa de una supuesta denuncia por ruidos molestos.
Como se observa en los videos, lxs jóvenes fueron golpeadxs, insultadxs, amenazadxs, violentadxs de diferentes maneras y hubieron algunas detenciones.
El hecho sucedió el viernes por la noche, en Godoy Cruz, Mendoza. Dos móviles policiales se presentaron por una supuesta queja por ruidos molestos e impidieron arbitrariamente y sin instrucciones correspondientes la salida de las personas que se encontraban en el lugar. Además los agentes habrían ingresado a la propiedad sin orden judicial. Luego, llegaron 6 patrulleros más y los agentes comenzaron a reprimir, reducir y violentar a algunxs de lxs pibxs que estaban en la calle. A otrxs les tiraron el celular, entre insultos y maltratos.
Se llevaron a seis personas detenidas, una de ellas inconsciente debido a que un agente le apretó la cabeza con su rodilla contra la vereda, desoyendo los gritos de que se detuviera.
A pesar de que se presentó una abogada que solicitó hablar con el oficial a cargo, ninguno de los agentes le respondió y tampoco le brindaron información acerca de a dónde se llevaban a lxs detenidxs. Lxs abogadxs que concurrieron a la fiscalía fueron amenazados, violentados verbalmente y se les negó todo tipo de información acerca de la condición de las personas detenidas, algunas de ellas lesionadas.
Gracias a la presión ejercida por organismos de derechos humanos y medios de comunicación comunitarios, cinco de ellxs ya están en libertad.
Basta de criminalizar a lxs jóvenes, basta de represión policial
Fuente: Correpi y La tinta
Semblanza de un preso político:
Juan Grabois escribe sobre el
venezolano Jaru Alexander Rodríguez,
a quien fue a visitar adonde sigue
detenido
Por Juan Grabois, Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2022.
foto: Grabois y Jaru en la Alcaidía de la Policía, donde el militante venezolano está preso.
Fui a visitar a Alexander Rodríguez, Jaru, uno de los detenidos por los incidentes en el Congreso el día que se aprobó la llamada ley de acuerdo del Fondo. Comparto mi nota al respecto en El Diario AR:
Cuando llegué a la Alcaidía Octava de la Policía de la Ciudad me impresionó ver una columna de infantes entrenándose para combate. Llevaban sus armas antidisturbios y toda la parafernalia propia del caso. No sé si sería un entrenamiento de rutina, pero tuve un escalofrío. ¿Se estarán preparando para algo? La mano no viene fácil.
Estaba ahí porque fui a visitar a Alexander Rodríguez, Jaru, uno de los detenidos por los incidentes en el Congreso el día que se aprobó la llamada ley de acuerdo del Fondo. Está a disposición del poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires que lo mantiene en una ridícula prisión preventiva pese a la ausencia de cualquier elemento probatorio que lo involucre con los delitos que le imputan. Me cuenta su abogado, Martín Alderete, que la querella no se opuso a ninguna excarcelación.
La preventiva es una definición del poder porteño que busca darle a los hechos su propia narrativa a costa del debido proceso judicial y la libertad de personas inocentes.Jaru irradia luz desde atrás del blindex policial.
Como tantos otros venezolanos que vinieron a la Argentina, trabajaba hasta el mismísimo día de su detención como vendedor de Rapi pedaleando nueve horas por día para juntar el mango. Antes de Rapi, tuvo un barcito frente al Colegio Mariano Acosta que quebró con la pandemia. Ahí conoció a varios padres que mandamos allí a nuestros hijos a esa escuela, como Nacho de la Poderosa; también a su ex directora, la pedagoga Raquel Papalardo. Todos tienen un gran recuerdo del venezolano que les servía el café de la mañana y pueden dar testimonio de su carácter.
Jaru llegó al país hace unos 6 años desde Cotiza, un barrio de monoblocs muy pobre de Caracas. Allá en el Bloque 1 de un Torre de más de 30 pisos su abuela espera la pequeña remesa que Jaru llegaba a juntar con horas de trabaja para ayudarla a ella, su madre soltera y su hermano deportista.Vino como todo migrante a buscar un futuro mejor y a pesar de todas las dificultades y su injusta detención está agradecido de la Argentina. Empezó la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires. Ahí conoció a Laura, su novia hace cinco años, y a Facundo, un compañero de Nuestramérica que le abrió la puerta a la militancia social.
Detrás del vidrio del locutorio carcelario se le saltan las lágrimas cuando habla de ellos. Su novia, su amigo, sus compañeros.Es que Jaru es un pibe sensible que siempre tuvo vocación por ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Trabajó en huertas comunitarias, merenderos y ollas populares durante la pandemia. No le importaba demasiado la orientación política del grupo mientras hubiera trabajo social genuino sobre todo si implicaba trabajar la tierra. El quería realizar la contraprestación por el salario social complementario que cobraba dónde fuera, pero ganárselo laburando, como la mayoría de los que reciben este derecho siempre tan estigmatizados.
En política, Jaru tiene sus propias ideas que sabe expresar con claridad, pero sin fanatismo, con esa humildad que demuestra sed de conocimiento y deseo profundo de encontrar el camino correcto para reparar las injusticias que él mismo sufrió en su país natal. Ahora se agregan nuevas injusticias en su país adoptivo.Lo que tiene de bolivariano Jaru es por un ascensor. El ascensor que colocó Hugo Chavez en el Bloque 1 del Barrio Cotiza que permitía a su abuela bajar sin romperse los meniscos. También por un torneo de futbol que organizó el gobierno en el que pudo darle la mano a Maradona y al comandante.
Esas experiencias simples que se marcan a fuego en el corazón de los humildes, los siempre despreciados, cuando sienten que por una vez hay quien los defienda. Me recordó las anécdotas que todavía alguna anciana puede contar de Evita. Tal vez por eso, paradójicamente Jaru también simpatiza con Cristina.
Jaru reivindica la dignificación que significó el proceso bolivariano sin dejar de criticar la situación actual de Venezuela dónde, me cuenta, conviven cuatro monedas: el dólar en el norte, el peso colombiano en el oeste, el real brasilero en el sur y el bolívar en el centro. Sin escatimar críticas al actual gobierno de su país, también es consciente del impacto tremendo de las sanciones norteamericanas que ahora se están levantando por las necesidades geopolíticas del gran hermano del norte.
En la realpolitik se puede pasar de integrar el eje del mal al eje del bien de un día para el otro.Acá pasa algo parecido. La delgada línea entre ser un luchador contra el Fondo Monetario Internacional o un delincuente conspirador en tentativa de magnicidio. Milagro Sala es la presa política emblemática de la Argentina que sigue padeciendo la persecución en Jujuy por tirar, en este caso, huevos. Todo ello ante un silencio que aturde. Aturde tanto como el que efectivamente imperó frente a los destrozos en el despacho de Cristina porque pareciera que las violencias físicas y simbólicas que se descargan sobre el cuerpo y el alma de esa mujer, de tan reiteradas, quedan normalizadas. Por su férreo temple ella no parece necesitar la solidaridad de los compañeros frente a una agresión. La necesita.
Jaru también la necesita. No es tan “importante” pero es un laburante, estudiante, pobre, migrante, militante, buena persona, sostén de su familia de allí en Venezuela. No hizo nada de lo que le imputan ni tuvo participación alguna en los destrozos de las oficinas de Cristina. Es un caído más de la cacería de brujas en la que hasta ahora sólo vemos gente pobre de piel marrón y trabajo precario.
No permitamos el silencio ante esta cacería de brujas tampoco ¿Acaso ellos hambreados y en patas son la violencia? No imputemos la violencia, que es multidimensional y permanente, que excede con creces el vuelo de una piedra. Siempre a los débiles. Mucho menos quienes luchamos por la liberación social y económica de un país cada vez más dependiente como el nuestro.Lo que genera violencia es el Fondo Monetario Internacional como bien dijo Cristina Kirchner en su video; ahí está el responsable mediato. Si se quiere buscar al inmediato en torno al hecho puntual, hay que apuntar a la negligencia criminal de no colocar un vallado perimetral en una movilización que, al igual que la reforma previsional, tenía todos los números para terminar como terminó. Es una enorme negligencia que el despacho de una autoridad política como la vicepresidenta quede desprotegido y a tiro de piedra de la cabecera de una marcha que expresa bronca y frustración.
Es un problema cuando se confunden los conflictos políticos y sociales con cuestiones judiciales y policiales. Son formas de criminalización de la política y la protesta, esas formas que combatimos los que pusimos el cuerpo contra el lawfare que sufrió la vicepresidenta o defendimos por obligación militante a dirigentes sociales con los que ninguna afinidad política o metodológica nos une. Esto no implica minimizar lo que sucedió en su despacho. Podría haber lastimado feo a alguien. Me consta la gravedad de la situación y la angustia traumática que vivieron todos los que habitaban ese despacho – dirigentes o trabajadores. Pero es harina de otro costal la interpretación que de esos hechos se haga y las responsabilidades que se deslinden.
Las interpretaciones están mediadas por interpretes que en general ofician de construir las hipótesis que refuerzan ciertas ideas o prejuicios de los dirigentes para endulzarles el oído. A veces hay tanto chupamedia rondando los espacios del poder -como la Casa Rosada como el Palacio Legislativo- que nuestros dirigentes, con lo oídos hinchados de los que meten cizaña en beneficio propio y saben decirle a cada uno lo que inconscientemente quiere escuchar, caen en exegesis totalmente erróneas que derivan en posiciones y acciones equivocadas. Estos personajillos rastreros tienen reservado el octavo circulo del Infierno.
También se escucha a los charlatanes del off the record diciendo de un lado que las piedras fueron arrojadas por Grabois y la Cámpora en una suerte de autoatentado; se escucha otros diciendo que fueron sectores afines a Alberto que buscaban amedrentar a Cristina.El Fondo siempre trajo a nuestro país violencia, hambre y sufrimiento, males de lo que las víctimas nunca son los dirigentes sino el pueblo que lo padece.
Ojalá que lo que vi en la Alcaidía Ocho haya sido sólo un ejercicio de rutina. Ojalá que Jaru, los otras detenidos políticos y futuros integrantes de las clases populares no sean quienes paguen con la cárcel por enfrentar la violencia que generan los poderosos. Ojalá nuestros gobernantes sepan revertir o al menos minimizar los males que augura el futuro para que no sea el Pueblo quien pague la fiesta de los capitales financieros fugados con dolor, exclusión, represión y sangre.
Amnistía denuncia que se sancionan
«leyes de vanguardia que luego no
se implementan»
Resumen Latinoamericano 29 de marzo de 2022.
Así lo remarcó la filial local de Amnistía Internacional, en el marco del informe anual global 2021 de esa ONG sobre la situación de los derechos humanos en 154 países. «Aunque tenían más opciones, los gobiernos escogieron políticas y vías de actuación que aún nos alejaron más de la dignidad y los derechos. En lugar de acabar con las prácticas y estrategias que nos dividen, lanzaron a nuestros países a una competición autodestructiva por la riqueza y los recursos. Y al conflicto», adelantó Agnès Callamard, Secretaria general de la ONG, sobre la situación global. Mientras, en el caso de Argentina y la región, Mariela Belski, directora ejecutiva de la filial local, señaló que «la inestabilidad y las falsas promesas siguen haciendo mella en los derechos humanos». En la misma línea, señaló que en nuestro país «hubo algunos avances como la ley para la interrupción voluntaria del embarazo, etiquetado frontal, el cupo laboral trans y el documento no binario pero, sin embargo, hay deudas pendientes que pareciera no podemos superar. Sancionamos leyes de vanguardia que luego no se implementan», sentenció.
Amnistía Internacional difundió su Informe Anual 201/2022 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que hace un relevamiento de aquellos países a los que la ONG con sede en Londres hace un seguimiento durante el año, y que «en general, son Estados independientes sujetos a rendición de cuentas por la situación de los derechos humanos en su territorio», según aclara la misma Amnistía.
«Aunque tenían más opciones, los gobiernos escogieron políticas y vías de actuación que aún nos alejaron más de la dignidad y los derechos. Más que reducirse sistemáticamente, las desigualdades sistémicas derivadas de la pandemia se reforzaron aún más. En lugar de ofrecer mayor seguridad a más personas, nos empujaron hacia el abismo de la inseguridad y, en algunos casos, hasta la guerra. En lugar de acabar con las prácticas y estrategias que nos dividen, lanzaron a nuestros países a una competición autodestructiva por la riqueza y los recursos. Y al conflicto. El año 2021 debería haber sido un año de cura y recuperación. En cambio, se convirtió en el vivero de una desigualdad más profunda y una mayor inestabilidad. Y no sólo en 2021 y de cara a 2022; también para lo que quedaba de década», sentencia, a modo de adelanto de conclusiones globales, el prefacio del informe, firmado por Agnès Callamard, Secretaria general de la ONG.
La situación de Argentina y la región: «la inestabilidad y las falsas promesas siguen haciendo mella en los derechos humanos»
En cuanto a la mirada sobre Latinoamérica, el informe detalla cómo, «dos años después de empezada la pandemia, las Américas sigue siendo la región con más muertes causadas por COVID-19, en gran parte debido al acceso limitado y desigual a la atención sanitaria, a sistemas de salud pública con financiación insuficiente, y a políticas y medidas de protección social inadecuadas para las comunidades marginadas».
Asimismo, resalta que «la impunidad por violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional sigue siendo motivo de gran preocupación en más de la mitad de los países de la zona, al mismo tiempo que han aumentado los ataques contra la independencia judicial». Finalmente,
Además, destaca que «estados de todas las Américas llevaron a cabo en 2021 un ataque sostenido contra la defensa de los derechos humanos dirigido contra personas que se manifestaban pacíficamente, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en un intento de silenciar o erradicar la disidencia».
Finalmente, en el capítulo que se refiere a la situación de los derechos humanos en Argentina, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, expresó a modo de conclusión: «el 2021 debería haber sido un año de recuperación. En cambio, dejó un legado de profunda desigualdad. Si bien podemos mencionar esfuerzos como el plan de vacunación para contener el COVID o la continuidad de avances en políticas de género y diversidad, la inestabilidad y las falsas promesas siguen haciendo mella en los derechos humanos tanto de la población de nuestro país como en la de toda la región”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En la misma línea, amplió: «hubo algunos avances la ley para la interrupción voluntaria del embarazo, etiquetado frontal, el cupo laboral trans, el documento no binario. Sin embargo, hay deudas pendientes que pareciera no podemos superar. Sancionamos leyes de vanguardia que luego no se implementan», sentenció.
A continuación, compartimos las principales conclusiones de Amnistía sobre la situación en Argentina en relación a los derechos sexuales y reproductivos, la violencia contra las mujeres, la paridad de género, la violencia institucional, los pueblos indígenas y la crisis climática:
- «Derechos sexuales y reproductivos: a un año de la aprobación de la ley de interrupción del embarazo, no se logró su efectiva implementación. Entre varias dificultades, se registra la escasez de información, la falta de acceso a medicación, el desarrollo de políticas públicas y la insuficiente capacitación. Además, se observa la injusta criminalización de una profesional.
- Violencia contra las mujeres: en 2021 se registró un femicidio cada 30 horas. La violencia de género en la Argentina es, a esta altura, una crisis endémica que ningún gobierno ha podido resolver.
- Paridad: Se perpetúa la histórica exclusión de las mujeres de los espacios de decisión en los tres poderes del Estado. El 15 de diciembre de 2021 venció el plazo para el envío del pliego al Senado para ocupar el cargo vacante tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en el máximo tribunal de Justicia de la Nación. La perpetuación de la vacancia actual supone una situación de absoluta gravedad institucional, porque hoy está compuesta íntegramente por varones.
- Educación sexual integral (ESI): a 16 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral persiste una brecha significativa entre el marco normativo y su implementación real. Solo el 4% de estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos básicos. Por su parte, siete de cada diez docentes sostienen que necesitan más capacitación.
- Violencia Institucional: al finalizar el año quedó pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional por parte de funcionarios policiales en los Servicios de Seguridad y Penitenciarios. En los últimos años, Amnistía Internacional relevó casos en todo el país. Muchos de los que se siguieron registrando a lo largo de 2021 ilustran prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas por parte de las fuerzas de seguridad.
- Pueblos indígenas: Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hay en el país 1.760 comunidades identificadas por el Programa de Relevamiento Territorial. Pese a la obligación que surge de la Ley de Emergencia Territorial de relevar a todas a 16 años de su sanción solo el 43% concluyeron el proceso.
- Crisis climática: Las intensas olas de calor, sequías e incendios en grandes extensiones de tierras en todo el país volvieron a poner en la agenda la necesidad de tratar en el Parlamento, con la mayor celeridad posible, la Ley de Humedales.»
Foto de portada: Acción de Amnistía Internacional Argentina frente al Palacio del Congreso Nacional Argentino en Buenos Aires, con motivo del primer aniversario de la legalización del aborto en el país, el 30 de diciembre de 2021. | Foto: Amnistía Internacional.
Fuente: ANRed
Higui habló tras su absolución: «Los
pobres somos carne de cañón»
Resumen Latinoamericano 29 de marzo de 2022.
En una conferencia de prensa, Higui se quebró y contó cómo fue su paso por la cárcel. También agradeció por el apoyo durante todo el juicio.
Eva Analía De Jesús, más conocida como Higui, y su equipo de defensa brindaron una conferencia de prensa para dar detalles de la sentencia absolutoria. Higui fue juzgada por homicidio simple tras defenderse de un intentó de violación grupal y fue absuelta el pasado jueves.
Higui se quebró en medio de la conferencia y contó cómo fue su paso por la cárcel durante los ocho meses que estuvo presa hasta que la Cámara de Apelaciones de San Martín le concedió la excarcelación. Ella, quien se autopercibe como lesbiana, comenzó a contar que en la celda vivía en malas condiciones y alcoholizada, pero no pudo seguir hablando porque quebró en llanto. «Ahora tengo un montón de proyectos», afirmó Higui y pasó el micrófono.
Además, admitió que «hay un montón de pibes encerrados con causas armadas, muertos o gatillos fácil». «Creo que esto-en referencia a su caso-va a servir para los pobres que somos carne de cañón», reconoció Higui y agradeció constantemente por el apoyo que recibió para impulsar su absolución. También pidió que el Estado «se haga cargo de quienes» quieren llevarse a los sectores más marginados de la sociedad con violencia.
La absolución de Higui
Eva «Higui» de Jesús fue absuelta en el juicio por matar a un hombre mientras se defendía de una violación grupal durante el mes de octubre del 2016 en la localidad bonaerense de Bella Vista. El veredicto fue dado a conocer por el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Martín luego de que la Fiscalía solicite 10 años de prisión por «homicidio simple» y la defensa, su absolución.
Después de más de tres horas de audiencia, durante la que declararon cuatro testigos y la propia Higui, los jueces Gustavo Varvello, Germán Saint Martin y Julian Descalzo decidieron adelantar los alegatos y el veredicto. Antes de dichos alegatos, durante la tercera jornada, declararon una mujer policía que asistió a la mujer en el lugar de los hechos, tres peritos -dos oficiales y uno de parte- y la acusada, quien se proclamó inocente.
En consecuencia, las y los manifestantes que durante tres días mantuvieron cortada la avenida Balbín al 1700 frente a los Tribunales para reclamar la absolución de esta cartonera y futbolista fortalecieron su presencia en el lugar para que se escuchara más fuerte el grito de «Yo también me defendería como Higui». Luego de conocerse el fallo y al hablar ante las y los integrantes de las organizaciones presentes, «Higui» les dio las «gracias por la protección y el respeto que ustedes solamente tuvieron».
A pesar de que ella denunció un intento de violación grupal y de que fue encontrada desvanecida en el lugar de los hechos, con traumatismos en diferentes partes del cuerpo, el pantalón y la ropa interior rotos; el hecho nunca se investigó como tal. Tras ocho meses presa, la Cámara de Apelaciones de San Martín le concedió la excarcelación extraordinaria gracias a una fuerte movilización para exigir su libertad y, finalmente, su absolución.
Fuente: El destape
Envio:RL
Los documentos del FMI, OCDE y la ONU que exigen perseguir la evasión
Un mundo detrás de los fugadores
Recuperar dolares no registrados, corazón del proyecto del FDT para pagar la deuda, es una idea global contra la desigualdad.
En plena pandemia de la COVID 19 y con su consecuente impacto en la desigualdad, los líderes del mundo empezaron a plantear la necesidad de perseguir la fuga y la evasión para cubrir ingresos insuficientes vía esos dólares no registrados. Incluso, los organismos internacionales como el Fondo Monetario (FMI), la OCDE y Naciones Unidas, han elaborado documentos recientes en los que hacen hincapié en la necesidad de perfeccionar esquemas de recaudación fiscal de los países para captar divisas negras radicadas en paraísos fiscales o en bancos off shore. Ese escenario refleja que el planteo de senadores del Frente de Todos para recuperar divisas fugadas y usarlas para pagar una parte de la deuda con el FMI, no es descabellado sino más bien una regla gobal. En ese contexto se inscribe la disputa política que se viene, con todo el Gobierno Nacional alineado con la iniciativa y Juntos por el Cambio, la oposición mayoritaria, asegurando que la norma es inconveniente, una posición que es una excepción casi mundial.
La ley que buscan llevar adelante los senadores del oficialismo cuenta con el aval del presidente Alberto Fernández y hubo colaboración de organismos del Estado en la confección de la misma. También, afirman, tiene apoyo general del Ministerio de Economía. Fue el propio ministro Martín Guzmán quien llevó esa posición a diferentes foros internacionales. Naturalmente, quien más recorrió esa línea en la esfera pública fue la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien ya en 2019, en la presentación de su libro "Sinceramente", habló de avanzar en la recuperación de dinero evadido. Lo propio hizo el año pasado, en el acto por el Día de la Democracia en Plaza de Mayo.
En este contexto, los documentos de organismos internacionales echan luz a una problemática que aumenta la desigualdad y perjudica más a países de ingresos medios y en vías de desarrollo. A fines del 2019, el FMI publicó un trabajo titulado "El rastro del dinero", cuya portada se ilustró con un hombre de traje y rostro pícaro llevándose una parva de dólares en una carretilla. La editorial estuvo a cargo de David Lipton, ex número dos de la francesa Christine Lagarde en el organismo y actual asesor de Janet Yellen en el Tesoro de los Estados Unidos. Un cruzado del establishment y clave en el préstamo récord a Mauricio Macri, redactó así y todo un texto titulado "Sacar a la luz", en el que precisa que "con el dinero fuera de las sombras, mejora la gobernanza".
El informe del FMI, cuya línea viene siguiendo la actual conducción de Kristalina Georgieva, tiene artículos que plantean "taclear a los paraísos fiscales" y controlar "el costo de la corrupción". Hay "vastas sumas de dinero que podrían usarse para mejorar la vida de la gente, (y) son depositadas en paraísos fiscales o perdidas debido a la corrupción", describen. Y hacen uno de los tantos cálculos de impacto global. Afirman que, en conjunto, "se estima que el costo de los paraísos fiscales, medido como pérdida de recaudación del impuesto sobre sociedades, es de 500.000 a 600.000 millones de dólares anuales, por medios legales y no tan legales. De esa recaudación perdida, 200.000 millones corresponden a economías de bajo ingreso".
Las Naciones Unidas tienen un acercamiento más social al tema. "La evasión fiscal en América Latina, un obstáculo para la recuperación de la crisis del Coronavirus", se titula un artículo de la ONU fechado a mediados del 2020. Se plantea allí que "hay que recaudar más dólares con los que mitigar el impacto económico y social creado por el COVID-19, en lugar recurrir a una mayor endeudamiento". Y hacen un apunte preciso a la evasión de los grandes capitales al señalar que "la evasión del impuesto sobre la renta corporativa en la región es especialmente aguda. Los sistemas tributarios en algunos países generan menos de 50 por ciento de los ingresos por concepto de este impuesto que en teoría deberían generar, lo que resulta en brechas tributarias de entre 0,7 por ciento del PIB y 5,3 del PIB".
Por último, destacan en la ONU que "si el aumento de los gastos va acompañado por nuevos impuestos o modificaciones de las tasas actuales, podrían incrementarse los ingresos recaudados. En cambio, si se recurre al endeudamiento, el cambio en el nivel de gasto no conlleva una variación en los ingresos recaudados a corto plazo".
La OCDE apunta, en el trabajo "Transparencia Fiscal en América Latina", que los flujos financieros "sustraen grandes cantidades de recursos financieros de la región, con un impacto severo y negativo en el cumplimiento de la agenda de desarrollo latinoamericana". Asimismo, en el informe titulado "Acabar con los montajes financieros abusivos", destacan que "los avisos anónimos y las denuncias han dado lugar a investigaciones exitosas en muchos países, y siguen siendo una fuente útil de obtención de datos en un entorno de creciente descontento público con los evasores fiscales y aquellos que lo permiten". Citan dos casos: el de Australia, que creó un sistema de aviso accesible al público, y el de México, donde el Código Nacional de Procedimiento Penal, que permite que los denunciantes tengan inmunidad en los procesos, incluso cuando la persona haya participado en un delito fiscal o financiero.
El Gobierno presentó los ejes de un programa de desarrollo
Plan 2030 para crear dos millones de empleos
Desarrollo Productivo armará mesas sectoriales para potenciar actividades y aumentar la base exportadora. Se proyecta que 9 millones salgan de la pobreza.
El gobierno lanzó Argentina Productiva 2030, el plan económico que busca traducir el crecimiento de la actividad productiva en la creación de 2 millones de empleos asalariados formales, reducir la pobreza y la desigualdad. A través de misiones productivas, el Ministerio de Desarrollo Productivo armará mesas multisectoriales con el objetivo de aumentar la base exportadora, incorporar innovación, competitividad e integrar insumos locales para potenciar el crecimiento y desarrollo económico.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en el marco del lanzamiento de la agenda productiva federal del Consejo Económico y Social. "Es el momento adecuado para lanzar este plan. El sistema productivo se está poniendo nuevamente de pie", aseguró el ministro tras recordar números positivos de la economía: crecimiento del 10,3 por ciento en 2021, creación de 1,8 millones de puestos de trabajo en el mismo periodo y reducción del desempleo al 7 por ciento, el nivel más bajo en cinco años.
"Este auspicioso panorama no nos debe confundir. Hemos tenido en nuestra historia repetidos episodios donde buenas coyunturas no fueron debidamente aprovechadas para forjar cambios estructurales que nos permitan crecer y sacar a más argentinos de la pobreza. Por eso, fue una clara instrucción de nuestro Presidente que es el momento adecuado para lanzar este plan", aseguró Kulfas.
Además de la presentación oficial, se creó formalmente la Unidad Ejecutora del Plan en el ámbito del Ministerio que, bajo la coordinación del actual director del CEP XXI Daniel Schteingart - presentado por el ministro como "uno de los jóvenes talentosos que tiene este gobierno" y ovacionado en la sala- para elaborar y monitorear la implementación.
Los objetivos
El Plan propone los siguientes objetivos generales:
* Crear aproximadamente 220.000 puestos de trabajo asalariados formales en el sector privado por año, para llegar a los 2 milones en 2030.
* Reducir la pobreza en 1 millón de personas por año para sacar a 9 millones de argentinos y argentinas de la pobreza para el período 2022-2030.
* Crear más de 100.000 empresas formales para 2030 , alrededor de 12.000 por año.
* Reducir la desigualdad para 2030 a los menores niveles en 50 años, bajando el coeficiente de Gini de 0.43 a 0.38.
* Disminuir el impacto ambiental de las actividades productivas y cumplir con los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París
* Incrementar la participación de mujeres en el empleo formal en las empresas, con un mínimo de 50 por ciento de participación de mujeres en los nuevos puestos de trabajo generados.
* Aumentar la participación del Interior en el PBI y el empleo formal, con un 70 por ciento de los nuevos empleos formales radicándose fuera del AMBA.
Misiones productivas
Para alcanzar los objetivos, se determinarán diez “misiones” productivas, un enfoque tomado de la economista Mariana Mazzucato que guía las políticas industriales de diversos países partiendo del supuesto de que las respuestas a los problemas se deben abordar desde el punto de vista económico, social, tecnológico y ambiental en sentido amplio.
"Resolver tales problemas involucra múltiples oportunidades para el desarrollo del aparato productivo nacional: de ahí que las llamemos misiones productivas ", asegura el texto que formaliza la creación del plan. Kulfas repasó las diez misiones que tiene el plan, entras las que se destacan el desarrollo del potencial minero con un estricto cuidado del medioambiente, duplicar las exportaciones para hacer sostenibles las mejoras sociales y económicas, digitalizar empresas y hogares para aumentar la capacidad tecnológica del país modernizar y crear empleos de calidad en los sectores industriales tradicionales.
"Hoy estamos convencidos de que tenemos la capacidad para que en esta década demos un gran salto exportador, que no significa descuidar el mercado interno; es una falsa antinomia. Todo lo que hablamos tiene que ver con el mercado interno pujante, que mejore la escala, y que permita que muchos sectores den un verdadero salto exportador y de incremento de las divisas", explicó Kulfas con respecto a la misión de duplicar la exportaciones.
Otras misiones mencionadas por el ministro son: desarrollar la economía verde para una transición ambiental justa; producir más bienes y servicios ligados a la salud para garantizar el acceso equitativo al sistema sanitario nacional; impulsar la movilidad del futuro con productos y tecnologías nacionales; equipar a las fuerzas armadas y de seguridad con mayor producción nacional de alta tecnología; adaptar la producción de alimentos a los desafíos del siglo XXI; y potenciar encadenamientos productivos a partir del sector primario para generar más trabajo y más desarrollo
Hoja de ruta
Cada misión cuenta ya con un conjunto de documentos base sobre el que trabajar. Entre abril y agosto comienzan las mesas participativas previendo al menos 30 reuniones en todas las provincias argentinas. Entre septiembre y noviembre se consolida el trabajo con todas las participaciones realizadas para presentarlo formalmente en diciembre ante el Consejo Económico y Social.
El anuncio de plan se da a apenas días de la aprobación definitiva del acuerdo con el FMI, último paso que debía dar el gobierno para ordenar el endeudamiento externo que heredó de la gestión anterior. Primero fue la reestructuración con acreedores privados, luego el FMI y al mismo la extensión del "puente de tiempo" para renegociar la deuda con el Club de París.
También se eligió presentar el plan invitando a empresarios y con la presencia de gobernadores, intendentes y sindicalistas consejeros, en unas semanas de tensión con el sector privado dadas las remarcaciones de precios, sobre todo en alimentos, de las últimas semanas. En este sentido, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que convocó a este evento, aseguró que uno de los objetivos de la agenda es “fortalecer consensos, pluralidad y la amistad social”.
Fuente:Pagina12
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