Protesta en el Indec: las personas en situación de calle reclamaron una inclusión "real" en el Censo 2022
Se llama Juan José, vive en el Monteagudo, un centro integral para personas en situación de calle que no administra el gobierno porteño sino -desde hace 11 años- la organización Proyecto 7, una institución que se ocupa de atender integralmente las necesidades de las personas que viven a la intemperie.
Juan José estaba contento porque el domingo fue a la cancha por primera vez desde hace dos años, restricciones inevitables de la pandemia.
Él se ocupa de cuidar coches y a cambio le dan una entrada. No le importó que haya perdido Boca, el club de sus amores, haber vuelto a la cancha fue para él muy importante. Este lunes a la mañana lo encontró movilizándose frente al Indec con otras personas en situación de calle para pedir que el Censo 2022 los incluya de manera "real".
"Cansades de no existir, cansades de que nos desaparezcan, de que solo se hagan 'conteos' o 'fotos' sobre la población en situación de calle del país, movilizamos y acampamos frente al Indec. Exigimos Censo Real con censistas preparades, planillas consensuadas con las organizaciones que hace años trabajamos la problemática y con las personas en situación de calle. ¡Basta de ignorarnos e invisibilizarnos ¡La calle no es un lugar para vivir!", decía la convocatoria.
Y lograron ser escuchados.
"Nos recibió Marco Lavagna, el titular del Indec. Subimos tres, nos dijo que el 16 se iba a hacer a la noche en censo para personas en situación de calle en todo el país. Nos dijo que iba a ser sólo de noche y le pedimos que se haga durante el día y durante la noche", dijo a Télam Horacio Ávila, titular de Proyecto 7.
Y agregó que les garantizó que durante toda esa semana lo que se va a hacer es ubicar en todos los dispositivos a la gente que está en situación de calle "y en agosto tendríamos una reunión con varias instituciones como Desarrollo Social, el Indec y el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) donde haríamos las planillas desde cero".
El primer censo de la historia
Aunque las organizaciones tienen sus reparos respecto del primer censo para personas en situación de calle de la historia, lo cierto es que está previsto para el 16 de mayo, dos días antes del censo general. Se va a hacer de noche por las particularidades de la población, el censista irá con un chofer y acompañado por un asistente social que pueda abordar a esta población tan vulnerable.
Hasta esta última edición, el mismo censista que iba casa por casa se encargaba de anotar si veía a una persona durmiendo en la calle, lo que muy probablemente haya generado un subregistro histórico que pretende ser saldado.
A pesar de la dureza de sus vidas, los manifestantes amenizaron la mañana con chistes sobre su situación.
Un señor que estaba sentado en una de las mesitas callejeras que están frente al Indec, tomando su mate cocido y comiendo la cremona que preparan en uno de los centros, les habló a un mozo y a un amigo imaginario.
"Señor, mi amigo quiere un café y una torta de ricota", dijo.
Es cierto eso que escribió alguien respecto del humor: es nomás la aristocracia del alma.
En el marco del Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí
Encuentro nacional de pueblos originarios: Reconocer, reparar y construir
Dirigentes y líderes de cuarenta pueblos originarios de toda la Argentina se reunieron en Resistencia para acompañar el inicio del juicio por la Masare de Napalpí, que empieza este martes, y comenzar a construir un espacio autónomo de representación indígena.
El histórico Juicio por la Verdad caratulado “Masacre de Napalpí” que comienza este martes en la ciudad de Resistencia, permite pensar en un acto reparador en la relación entre el Estado nacional y los pueblos originarios de la Argentina. El proceso iniciado por la Justicia federal del Chaco toma como antecedente los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura. En ese marco, más de ciento cincuenta representantes de cuarenta pueblos originarios de todo el país se reunieron en el Chaco para acompañar el inicio del juicio y, al mismo tiempo, gestar la construcción de un espacio genuino de representación indígena.
Junto a funcionarios nacionales como la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el presidente del Inaes, Alexander Roig, la vicegobernadora del Chaco, Analía Quiroga, y otras autoridades provinciales; referentes de los pueblos indígenas sesionaron en comisiones el lunes por la tarde. En la mañana, las actividades habían comenzado en Napalpí, con la presencia del gobernador Jorge Capitanich, en un homenaje al historiador qom Juan Chico --que murió por covid--, quien motorizó el registro de gran parte de los testimonios que formarán parte probatoria en el juicio.
Durante un mes, en siete audiencias en Resistencia, Machagay y Buenos Aires, se juzgará la matanza del 19 de julio de 1924, donde más de 400 personas fueron asesinadas. Pertenecían a los pueblos qom y moqoit. Hoy “todos los responsables fallecieron, pero el Estado argentino tiene el compromiso internacional de juzgar el hecho, a pesar de eso” explica el fiscal federal, ad hoc, del caso, Diego Vigay.
Vigay también participó de las instancias previas a este encuentro. Se buscó que las agrupaciones pudieran conocer los detalles del proceso judicial. “Porque muchos conocen la historia de sus comunidades, pero no lo que sucedía en otros lugares”, explica Silvia González, docente de historia y de cultura y lengua guaraní, e integrante de Matria (Mesa de Articulación Territorial Indígena de la Argentina), la organización que lidera el encuentro.
La intención es construir una representación indígena nacional, define. Para eso se autoconvocaron, en una instancia inédita –"como este juicio", agrega--, delegados de los pueblos mapuche, huarpe, diaguita, coya, guaraní, lules vilela, tehuelche, qom, moqoit, wichi y pilagá, entre otros. “Queremos contar con un espacio de participación que nos represente”, insiste González. Y que porte capacidad de presentar demandas y soluciones propias de sus culturas ante el Estado nacional y en forma colectiva.
Una de las demandas refiere a las situaciones territoriales. Por eso “es necesaria la construcción de un espacio indígena, autónomo” señala Luis Pilquimán, representante del pueblo mapuche. “Siempre se habla de reparar el daño a los pueblos originarios, pero si no se reconoce el origen del daño, no se sabe qué es lo que hay que reparar”, reflexiona Pilquimán, actual vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Y subraya el carácter de representación indígena del encuentro ya que el INAI es una organización estatal.
“La presidencia del INAI no es elegida por los indígenas sino por el Presidente de la Nación”, advierte otro representante mapuche. Quien añade: “La dispersión de los pueblos entre sí y entre las propias comunidades ha imposibilitado una construcción organizativa y política que nos permita tener una voz unificada para que, junto a los demás actores de la sociedad podamos formar parte del rediseño social, cultural y político, hoy necesario en la Argentina”.
En horas de la tarde, en Resistencia, las deliberaciones tuvieron su punto de apoyo “en el reconocimiento del genocidio indígena que se abre con el juicio por la matanza de Napalpí”, aporta Pilquimán. “Porque todo el debate sobre la cuestión indígena parte de reconocer el genocidio como el principio de todos los males, un genocidio fundante en la formación del Estado argentino”, afirma.
La fundamentación del genocidio es justamente el sostén jurídico del juicio que dará lugar a la palabra de las comunidades masacradas en Napalpí. De ahí que buscan una representación genuina para la voz indígena. Porque “históricamente no solo hay olvido, también hay discriminación”, señalan, a la hora de reconocer a los pueblos originarios como actores políticos. Han corrido la misma suerte que las organizaciones sociales y es con ellas que se gestó este encuentro, explican. "Tener una voz propia que participe en los debates fue evidente en los últimos años”, repasan. Se refieren a la decisión que los convocó durante tres meses frente al Congreso de la Nación por la prórroga a la Ley 26.160 de emergencia territorial. La norma se efectivizó por un decreto presidencial de Alberto Fernández, quien puso la prorroga en vigencia, ya que no pudo salir esta vez por decisión del Congreso nacional.
Fuente:Pagina12
Femicidios indígenas: piden la
intervención de la Comisión
Provincial por la Memoria
Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2022.
Ante la falta de avances en las causas judiciales de los asesinatos de las mujeres qom Micaela y Nancy Fernández, ocurridos hace casi una década en el Municipio de Tigre, la hermana e hija de las víctimas solicitó la intervención activa de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo bonaerense autárquico dedicado a la defensa de los derechos humanos.
Micaela Fernández tenía 14 años y era integrante de la Comunidad Qom Yecthakay de Tigre. Su muerte, ocurrida en febrero de 2013, fue caratulada como suicidio por la Fiscalía de El Talar pese a que apareció con un tiro en la cabeza en la casa de Dante ‘Pato’ Cenizo, un conocido narco y proxeneta en el barrio La Paloma. Un año después, en mayo de 2014, encontraron sin vida a su madre, Nancy Fernández, de 36 años, en su domicilio en Las Tunas, quien llevaba adelante la lucha por justicia y había sido amenazada en varias oportunidades.
Lisette era una niña cuando ocurrieron ambos asesinatos y a partir de 2019 comenzó a levantar la bandera de justicia por su hermana y su mamá, con el apoyo de distintas organizaciones y de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar. Su primer avance importante fue en mayo de 2021, cuando junto a su abogada Paula Mercedes Alvarado Mamani lograron desarchivar la causa de Micaela. Poco después fue aceptada como «particular damnificada». Sin embargo, en todo este tiempo no hubo novedades concretas.
El pasado miércoles 13 de abril, en la ciudad de La Plata, la joven qom y su letrada (integrante del Pueblo Kolla) mantuvieron una audiencia con responsables de la Comisión Provincial por la Memoria, la cual fue calificada como «muy positiva» por Lisette. Entre otros aspectos, solicitaron la intervención del organismo bonaerense en los dos expedientes judiciales y realizar gestiones para que se involucre el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.
Según detalló Alvarado Mamani, el objetivo es analizar la autopsia realizada a Micaela Fernández en 2013, a los fines de ubicar elementos que demuestren violencia. «Pedimos hacer una nueva pericia para poder demostrar que de ninguna manera fue un suicidio sino que hay elementos que configuran que fue un homicidio», explicó la letrada. «También pedimos distintos medios de prueba, llamados, vinculaciones, declaraciones testimoniales de conocidos en ese momento y que Lisette aporte en primera persona su testimonio porque nunca fue llamada», precisó la abogada kolla.
En contraposición a la buena predisposición que encontraron en la Comisión Provincial por la Memoria, ambas cuestionaron la falta de voluntad de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), cuyos responsables les comunicaron hace pocas semanas que no iban a poder intervenir.
«No quieren tomar la causa de Micaela porque dicen que no hay trata de personas. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque dos chicas que estaban en la misma situación que mi hermana, declararon que no saben nada. Estas chicas están amenazadas, obviamente no van a hablar, no quieren terminar asesinadas como mi hermana y como mi mamá», señaló Lisette, integrante de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar.
Al respecto, su abogada fustigó que «siendo que existe una oficina especializada (la PROTEX), vamos a tener que hacer nosotras las vinculaciones para demostrar la red de trata, dándonos más trabajo». Consideró que «hay indicios de sobra» pero como «no hay un testimonio con nombre y apellido no lo quieren ver».
«¿Quién va a hablar? Es imposible obtener un testimonio así, nadie quiere terminar como Micaela, como Nancy y como Tamara López», señaló en relación a otro crimen que se encuentra relacionado al mismo proxeneta.
FEMINICIDIO INDÍGENA
La letrada kolla hizo hincapié en la particularidad del feminicidio indígena: lo definió como una interseccionalidad de vulneraciones que tienen que ver con la discriminación, el racismo y la pobreza que sufren las mujeres de pueblos originarios.
De hecho, Alvarado Mamani destacó que tanto ella como Lisette «hemos sufrido este tipo de violencia sobre nuestros cuerpos» y explicó que «además de la búsqueda específica de justicia por los casos de Micaela y Nancy, esto es un aporte para frenar este tipo de violencia que no es ajena a ninguna mujer indígena».
Fuente: ANRed
La casa está en orden y el Paraná
también
Por Carlos del Frade, Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2022.
«La casa está en orden…» Aquella frase del presidente Raúl Ricardo Alfonsín, treinta y cinco años atrás, mutaba la identidad de carapintadas golpistas en héroes de Malvinas que tomaron un camino equivocado. Vendría la ley de obediencia debida y la economía de guerra de Juan Vital Sorrouille. El orden de la casa supuso el principio de un país reglado por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, la concentración y extranjerización de riquezas.
En los años noventa, el presidente Carlos Saúl Menem construyó la colonización del estado nacional a favor de los intereses ajenos al pueblo que lo votó creyendo que era la reencarnación de Facundo Quiroga.
En aquella fenomenal entrega, también quedó en manos foráneas el lugar por donde salen las mayores riquezas producidas por el trabajo argentino, el río Paraná.
Fue el negocio de la privatización del servicio del dragado, balizamiento y peaje. Se conformó una empresa llamada “Hidrovía SA”, compuesta por la belga Jan de Nul y la argentina, EMEPA SA, del contratista Gabriel Romero que se ufanaba de ser amigo de Alfonsín.
Durante un cuarto de siglo la explotación del negocio se mantuvo más allá de los cambios de presidentes y discursos.
El miércoles 13 de abril de 2022, el gobierno del presidente Alberto Fernández, a través de la llamada Administración General de Puertos, adjudicó a la empresa Emepa S.A. la licitación 22/2021, correspondiente al “Mantenimiento de boyas, balizas y spars de la Vía Navegable Troncal”.
“Esto significa que Emepa continuará a cargo de las tareas de balizamiento hasta septiembre de 2022, siempre y cuando no se demore la “licitación internacional” que definirá el responsable de operar la hidrovía hasta 2037”, recuerda el reconocido periodista Mauro Federico.
Agrega que “los Romero´s boys también pretenden retener el manejo de este renglón. Para ello se asociaron con una empresa danesa líder en el rubro: Rhode Nielsen. Y compite contra otros tres grupos oferentes que pulsean para obtener un contrato cercano a los cien millones de dólares, por nueve meses de trabajos…Por su expertisse en estas lides, Emepa lleva las de ganar también en la licitación del dragado, aunque no son pocos los que miran con recelo el sostenimiento de este negocio en manos de un empresario «que jugó feo con el kirchnerismo» durante la llamada Causa de los Cuadernos, donde este empresario con múltiples terminales políticas, declaró como arrepentido”, apunta en su artículo.
Cuando en estos días miles de personas marchen en las calles de Capital Federal hacia el Ministerio de Transporte y también hacia la Bolsa de Comercio en la ciudad de Rosario, lo que estará en juego es esta disputa entre la resignación y la necesidad de recuperar algo de la soberanía económica y ambiental para democratizar la felicidad.
A cuarenta años de la guerra de Malvinas, cuando arrecian los discursos nacionalistas berretas, es indispensable sumar algo más a la repetida consigna “las Malvinas son argentinas”. Claro que lo son. Pero también la Argentina es de la Argentina.
Porque más allá de los dichos del tango sobre que veinte años no son nada, efectivamente en la Argentina crepuscular del tercer milenio, se confirma el orden de la casa semicolonial.
El Paraná y sus riquezas serán propiedad de los intereses extranjeros.
El peaje que se cobra a los casi 5 mil buques que se llevan cualquier cosa y que traen cualquier cosa, es un negocio de 300 millones de dólares y quizás sea eso solamente lo que quede en manos del denominado estado nacional.
Pero el volumen de las exportaciones que se van por el Paraná son 30 mil millones de dólares.
La Argentina, la casa del orden semicolonial, se queda con la centésima parte de lo que producen sus miles y miles de trabajadores.
Pésimo negocio para las mayorías.
Un gran negocio para las minorías que concentran y extranjerizan las riquezas.
La casa está en orden.
El río Paraná, también.
Fuente: Pelota de trapo
Aniversario de la desaparición de
Abigail Carniel, en Mendoza: “Un
año sin mi hija, un año sin respuestas”
Por Luciana Rosende, Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2022.
La joven de 18 años fue vista por última vez el 16 de abril de 2021, al bajar de un colectivo. Durante la investigación fueron detenidos tres presuntos responsables de la desaparición, pero quedaron en libertad.
“Un año sin Abigail y un año sin respuestas”. Así resume Verónica Carniel, mamá de Abigail, el camino recorrido desde la desaparición de su hija, el 16 de abril de 2021. El sábado, cuando se cumplía el primer aniversario de su ausencia, cientos de personas marcharon en Mendoza para exigir la aparición de la joven, que tenía 18 años cuando se subió a un colectivo de la línea 353 en el barrio Sargento Cabral, en la localidad de Las Heras. Estaba con una amiga muchos años mayor, y bajó del vehículo antes de la parada más cercana a su casa. Fue lo último que se supo de ella.
“Lo que me genera este aniversario, igual que desde que empezó este triste camino hasta ahora, es mucha bronca. Porque la justicia y la policía no hacen nada. No buscan a mi hija. Están cómodamente en sus escritorios, nada más. No hay novedades, no hay búsquedas. Un año sin Abigail y un año sin respuestas”, lamenta Verónica en diálogo con Tiempo. “Solamente el aumento de la recompensa, que me parece una burla. Nada más. Hay gente que no habla: delincuentes y asesinos que no hablan. Sigue todo igual que en un primer momento”, critica y agrega: “Por parte de la justicia, siempre fue una tomada de pelo lo que hicieron hacia mi familia, hacia mí y hacia mi hija. Jamás la buscaron”.
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El mes pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó a dos millones de pesos la recompensa para quien pueda aportar información sobre el paradero de Abigail Carniel, cuyo caso está caratulado por la Justicia provincial como femicidio. La recompensa fue solicitada oficialmente –según consignó la agencia Télam- por el fiscal de Homicidios y Violencia Institucional de Mendoza, Carlos Torres.
A lo largo de la investigación, la Justicia detuvo e imputó como coautores de la desaparición de la joven a Vicente Cayetano Chumacero Martínez, de 42 años, y a Martín Ezequiel Márquez, alias «Chupete» o «Chupetín». Quedaron arrestados durante los rastrillajes realizados en mayo de 2021, en un predio del barrio Sargento Cabral. También fue detenido Claudio Armando Díaz, «Fido», quien había sido acusado de haber instigado el crimen, aunque luego fue desvinculado. En agosto 2021, los abogados de Chumacero Martínez y Ezequiel Márquez apelaron la prisión preventiva y fue aceptada por los jueces María Belén Salido, Víctor Comeglio y Marcelo Gutiérrez del Barrio, por lo que recuperaron la libertad. “Chupetín”, además, fue denunciado por violencia de género por una expareja.
A comienzos de este año, cuando Abigail llevaba casi nueve meses desaparecida, su madre decía a este medio: “Llegaron a confirmar que a Abi la asesinaron por escuchas telefónicas; hacía casi dos años que venían investigando a una red de narcotráfico: ahí escucharon la conversación de un hombre y una mujer que peleaban y la mujer le decía que era un asesino porque había matado a la pendeja desaparecida y el tipo le decía que se callara, porque le iba a pasar lo mismo a ella”. Además, aseguró que en el barrio Sargento Cabral hay gente que tiene información, pero calla “por miedo”.
Abigail, de 1,70 de altura, cabello negro, largo y ondulado y contextura robusta, estudiaba en un Centro de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (CEBJA). Quería ser peluquera y “hacía unas trenzas hermosas”, según su mamá. “Quería avanzar. En mayo iba a cobrar el Progresar. Estaba ilusionada con eso”, contó. Y recordó que lo último que escuchó de su hija fue un “nos vemos, mamita”, cuando la fue a visitar a su casa para reconciliarse tras una discusión.
«Quiero saber dónde está, qué le hicieron, poder llevarle una flor. Y si está viva, saber a ciencia cierta que es así», dijo su mamá. Y añadió, en diálogo con el portal MDZ: «Lo que llegó a oídos de nosotros es que a mi hija sí le hicieron daño y estuvo tanto viva como muerta en un container. Ellos pensaron que Abigail estaba sola, que no tenía familia, ni una madre que la iba a buscar. Cuando vieron que empezamos a movilizarnos por todos lados, la sacaron de ahí y la llevaron para otro lado. Ojalá supiera para dónde”.
Fuente: Tiempo Argentino
«Estamos invisibilizadxs»: Las personas
sin techo exigen que las contabilicen
en el actual censo poblacional
Por Leandro Lutzky, Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2022.
Después de 12 años, el país sudamericano vuelve a realizar la estadística, pero otra vez se excluye la información sobre personas en situación de calle.
Proyecto 7, una agrupación que intenta sacar de la calle a personas sin techo en Argentina, realizó una protesta este lunes frente a las puertas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para pedir que el Estado contabilice a los ciudadanos sin hogar, que no son tenidos en cuenta por los datos oficiales.
La movilización ocurre mientras se desarrolla un nuevo censo poblacional para actualizar las cifras que se habían obtenido en el 2010 y conocer cómo se vive en la actualidad, mediante encuestas. Así, desde el 16 de marzo las personas pueden cargar su información en el sistema de forma digital, para culminar el proceso el 18 de mayo, cuando se producirán las visitas presenciales a los domicilios de los ciudadanos. El problema es que muchos argentinos no tienen vivienda y no se sabe exactamente cuántos son.
«Estamos pidiendo que la población de gente en situación de calle sea incluída en el censo nacional. No hay ningún ítem que nos contenga, porque es solamente de hogares», remarcó Horacio Ávila, referente de la agrupación. «Hace años que estamos invisibilizados, es fundamental que haya un número, cuantitativo y cualitativo, sobre la problemática. Si no, no se pueden aplicar políticas públicas«, subrayó.
De manera informal, las organizaciones sociales estiman que a nivel nacional hay unas 100.000 personas deambulando por la vía pública. Aunque no hay registros oficiales, en muchas ciudades se puede ver cómo el conflicto habitacional recrudeció en los últimos años: «Se va incrementando día a día, porque la crisis económica afecta cada vez a más gente», le dijo Ávila a RT. Según sus cálculos, este segmento poblacional «ha aumentado más de un 30 %» en el tiempo reciente, aunque las certezas son pocas.
En parte, el déficit estadístico podría explicarse por las dificultades técnicas que significaría obtener datos de personas que, muchas veces, son difíciles de encontrar, al no estar en un lugar fijo. Para el entrevistado, la verdadera falencia es que «no hay decisión política». Y agregó: «Se puede hacer perfectamente. Si cada provincia organiza su propio censo, no hay posibilidad de no hacerlo. Las organizaciones sociales en la capital hemos hecho dos censos populares, en 2017 y 2019, poniendo cerca de 1.000 personas en la calle, y obtuvimos números reales. El Estado tiene muchos más recursos».
«El presente es muy duro, más ahora que se acerca el invierno»
Proyecto 7 se desempeña hace 20 años y cuenta con cuatro centros de integración, donde reciben a los más vulnerables y les dan un techo, una cama y la posibilidad de ducharse. En efecto, todos los manifestantes que estaban frente al INDEC, gritando al compás de bombos y platillos, ya pudieron dejar la calle y hoy realizan actividades para ayudar a otros: los excluidos de todo.
«Estuve un año y pico viviendo abajo de la cancha de Huracán», comentó Juan José Leal, al recordar sus vivencias del 2014 y 2015, durante el último tramo del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en medio de la desaceleración económica. Sin embargo, gracias a la contención del grupo, pudo recomponerse y planificar un nuevo proyecto de vida. «Me vinculé con mi familia y parte de los problemas se fueron solucionando», contó este hombre de 61 años.
Julio Gabriel Sosa (32) pudo dejar la calle hace tan solo una semana, tras pasar diez años en esa condición: «Hoy tengo una mesa donde comer, antes comía de la basura o pedía», repasó. «La calle es todo un tema. Te levantás a la mañana y tenés que buscar un comedor comunitario o algún desayunadero de una parroquia, para tomar leche caliente con un pan», añadió. Ahora, junto a sus nuevos compañeros, le dice al Estado que no es invisible.
«Queremos acompañarlos para hacer el censo»
Carlos Alberto Gorente vivió en la vía pública entre el 2010 y 2012, «por circunstancias de la vida», resumió. Después de un matrimonio de 23 años, ya ni se hablaba con ninguno de sus siete hijos y tenía rotos sus vínculos familiares, tras haber perdido su trabajo en la admnistración pública, en medio de una severa adicción a la cocaína. «La realidad era muy triste. Si quería ir a un parador del Gobierno de la Ciudad, llegaba a las 14 para entrar a las 19, porque había que hacer fila. Si yo no estaba en condiciones, me maltrataban», expresó. «Me veían mal y no me daban soluciones, me mandaban a la calle. Y cuando entraba, a las cinco de la mañana me daban un café y me tiraban de nuevo afuera. Positivo, para mi vida, no había nada», acotó.
También solía dormir en el hospital Pena, pero al sumarse a Proyecto 7 juntó algo de dinero y pudo alquilarse un lugar donde vivir. «Soy como el ave Fénix, salí de las cenizas», bromeó. Ahora dedica su tiempo para rescatar a otros, pero sabe que para solucionar daños estructurales, se requieren mediciones. «Estamos exigiendo acompañarlos para hacer el censo», sostuvo. A su criterio, históricamente se ha intentado esconder a la gente de la calle y muchos censistas no se atreven a ingresar a los barios más pobres. «Si no estamos nosotros, no va a ser un censo real», opinó.
El año pasado, Argentina aprobó una ley que promueve garantizar los derechos de las personas sin hogar. «Necesitamos saber cuántas son, para que se empiece a trabajar con la legislación», remarcó el hombre. Igualmente, si bien Alberto Gorente no es un estadista, conoce la calle como la palma de su mano y advierte que el contexto cambió: «Ya no predominan los pibes con problemas como el mío, de adicciones o peleas familiares, sino que ahora son familias que pierden el trabajo y no pueden pagar un hotel».
Fuente: RT
La Corte revisará la condena a una
mujer que denunció en redes que
su pareja abusaba de su hija
Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2022
La Corte Suprema de Justicia revisará la condena que recibió una mujer que denunció en redes sociales que su pareja abusaba de su hija de 8 años. El máximo tribunal de la Nación aceptó un recurso extraordinario de queja por denegatoria y revisará la condena que impuso la Cámara del Crimen de Cruz del Eje sobre de Flavia Saganias en 2019.
“Es el último recurso posible que la ley autoriza para que un caso penal sea revisado por la Corte. Es un recurso excepcional que demuestra que todas las instancias anteriores no fueron atendidas y es así como presentamos ante la Corte la queja por denegatoria de justicia que fue admitida y se le dio trámite rápidamente”, comentó Carlos González Quintana, abogado que integra la defensa de Flavia, en Radio Garabato.
Por otro lado, el letrado se refirió a la prisión domiciliaria de su defendida: “El beneficio de la prisión domiciliaria no es para la persona condenada, es para los menores por el interés superior del niño, que tiene el derecho sagrado de crecer en contacto con su progenitora. En este sentido, la jueza que tiene en sus manos la modalidad de la prisión domiciliaria ha decidido admitir un pedido que hicimos a fines del año pasado para que la modalidad de encierro domiciliaria continúe”.
La mujer había denunciado en 2017 a su ex pareja, Gabriel Fernández, por abusar sexualmente de su hija y publicó su caso en las redes sociales ante la inacción de la justicia. Enterados por ese medio, su madre y su hermano incendiaron la casa de Fernández en Capilla del Monte, y lo golpearon y apuñalaron hasta dejarlo hospitalizado.
Por eso, un jurado popular integrado por 12 personas, en consonancia con el voto de los 3 jueces técnicos que integran la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, fue condenada por instigar a la violencia contra el abusador de su hija y recibió la pena de 23 años de prisión.
Fuente: FARCO
Alberto Fernández señaló que quiere
volver a recuperar vínculo diplomático
pleno con Venezuela
Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2022.
El mandatario instó a los Estados miembros de la Celac a recuperar las relaciones con Venezuela.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en el marco de una reunión que sostuvo con su homólogo ecuatoriano, aseveró este lunes en la importancia de volver a retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela.
«Hemos hablado de Venezuela y como primer paso, Argentina quiere recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela (…) Convoco a todos los países a que revicemos porque Venezuela ha pasado por un tiempo difícil», indicó el mandatario.
Al mismo tiempo, el jefe de Estado argentino destacó el avance de las autoridades constituciones venezolanas en acuerdos, «han ido avanzando en su proceso electoral y creemos que es momento de ayudar a Venezuela a que en el diálogo recupere su normal funcionamiento», acotó.
Como presidente pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el mandatario Fernández instó a los Estados miembros a evaluar el pleno vínculo diplomático con Caracas, «no podremos ayudar a Venezuela si la dejamos sin embajadores», añadió.
Asimismo, Fernández ponderó el trabajo mancomunado entre el Gobierno venezolano y la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michel Bachelet, quien han llegado a acuerdos, «muchos de esos problemas se han ido disipando con el tiempo», agregó.
Por su parte, el mandatario ecuatoriano expresó que el llamamiento de Argentina se analizará y considerará, «no estamos listos para tomar todavía una decisión, pero vemos con muy buenos ojos el llamado del presidente Fernández», puntualizó.
fuente: Telesur
La justicia pidió la liquidación de la
empresa de Lewis que incluye las
tierras que encierran el Lago
Escondido
Por Néstor Espósito, Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2022
Solicitó la intervención judicial de la empresa Hidden Lake S.A., propiedad del magnate británico, la nulidad de la compañía y la liquidación de su patrimonio. “En realidad, resulta ser una pantalla jurídica”, dice en los considerandos.
La Inspección General de Justicia (IGJ) pidió hoy la intervención judicial de la empresa Hidden Lake S.A., propiedad del magnate británico Joe Lewis, y la nulidad de la compañía y posterior liquidación de su patrimonio, lo que incluye los terrenos que encierran el Lago Escondido, en la provincia de Río Negro.
El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, firmó la Resolución Particular 393/2022 “tendiente a requerir la intervención judicial de la entidad comercial y solicitar la declaración de nulidad de tal compañía y la posterior liquidación de su patrimonio, el cual podría incorporarse al conjunto de los bienes estatales para el fomento de la educación común”.
Así lo establecen los artículos 18 y 19 de la Ley General de Sociedades para el caso de la liquidación de bienes de sociedades en condiciones de irregularidad como las detectadas en Hidden Lake.
El expediente se inició en marzo pasado, tras los episodios de principios de febrero en los que un grupo de unas 20 personas que reclamaban por la apertura de una vía de acceso al Lago Escondido fueron interceptados y retenidos por guardias privados que respondían a Joseph Charles Lewis.
“Se requirió a las autoridades de la sociedad mercantil mencionada una serie de documentación e informaciones, a resultas de lo cual se concluyó que la compañía era controlada por el Sr. Lewis y presentaba un sinnúmero de irregularidades”, explicó la IGJ.
La resolución destaca la existencia de causas judiciales con varias resoluciones firmes del Superior Tribunal De Justicia de la Provincia de Río Negro y hasta de la Corte Suprema de Justicias desde el año 2005, pese a las cuales “a más de 17 años todavía se sigue sin materializar el acceso público al Lago Escondido”.
La resolución explica que la empresa de Lewis presentó “múltiples recursos procesales dilatorios” para evitar el cumplimiento de los fallos que obligan a la apertura de un paso público hacia el espejo de agua.
La IGJ determinó también que “la sociedad del Lewis no realizó durante décadas actividad comercial alguna que le permitiera sufragar, entre otras cuestiones, la construcción de la mansión en las proximidades del Lago Escondido, ni mucho menos auto-sostenerse como entidad mercantil genuina”.
“Hidden Lake, en realidad, resulta ser una pantalla jurídica que no tiene por finalidad el intercambio, la producción o prestación de bienes o servicios, sino que se la está utilizando para disfrazar un cuantioso patrimonio del Sr. Lewis en la Patagonia”, sostiene la resolución.
La parte resolutiva del documento, de 62 páginas, dispuso “promover de inmediato la acción judicial tendiente a obtener la declaración de nulidad de la sociedad”.
Al mismo tiempo, requirió “la intervención judicial de la administración de dicha sociedad, en evidente resguardo del interés público habida cuenta del gravísimo incumplimiento en que ha incurrido dicha sociedad respecto de sentencias judiciales firmes”.
El documento menciona, además, “las gravosas consecuencias que esa actuación omisiva y el relacionado abuso procesal ha ocasionado y ocasiona a la comunidad”.
Fuente: Tiempo Argentino
Envio:RL
Para empresas con ganancias de más de mil millones de pesos
Cómo buscará Guzmán la "renta inesperada"
El Gobierno ofreció detalles sobre el proyecto mediante el cual buscará gravar la "renta inesperada" de las empresas que se benefician de los superprecios de los commodities a causa de la guerra en Ucrania. "Se aplicará una alícuota sobre el componente de renta que es inesperado. El enfoque estará puesto en empresas con ganancias netas imponibles altas, superiores a los mil millones de pesos en el año. Para tener una idea del universo implicado, en 2021 solo el 3,2 por ciento de las empresas del país tuvieron ganancias superiores a eso. Además, la ganancia neta imponible real debe haber aumentado de forma significativa y el margen de ganancia tiene que ser anormalmente elevado", indicó el ministro de Economía, Martín Guzmán.
El funcionario especificó que "si la renta inesperada se canaliza a la reinversión productiva, el monto de la contribución será menor". La iniciativa supondrá una modificación del impuesto a las Ganancias y Juntos por el Cambio anticipó su rechazo, de modo que el proyecto tendrá un tránsito complicado en el Congreso. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que "Argentina no soporta un impuesto más a la producción", y en una línea similar se manifestó el diputado nacional por el PRO Diego Santilli.
"Estamos frente a un shock sin precedentes desde el punto de vista de la combinación de la pandemia y las medidas para lidiar con eso y la guerra en Ucrania. Como sociedad, debemos construir una solución y esa es la convocatoria que hace el Gobierno nacional", dijo Guzmán. El ministro dijo que en el primer trimestre "las metas en el plano fiscal, monetario y de acumulación de reservas se han cumplido" y detalló que "el déficit fiscal primario se ubicó en solo el 0,25 por ciento del PBI".
Anuncio del presidente Fernández junto al ministro Guzmán
Bonos a trabajadores informales y jubilados para amortiguar el impacto de la inflación
Se realizarán dos pagos de 9 mil pesos a trabajadores que no perciben ingresos formales, monotributistas y trabajadoras de casas particulares. Además, habrá un bono de 12 mil pesos en una cuota para jubilados que cobran hasta dos haberes mínimos, que se suma a los 6 mil pesos anunciados semanas atrás.
El Gobierno anunció el pago de 18 mil pesos a trabajadores que no perciben ingresos formales, monotributistas y trabajadoras de casas particulares. Se aplicará en dos cuotas de 9 mil pesos, a pagar en mayo y junio. Además, confirmó un bono de 12 mil pesos en una única cuota para jubilados que cobran hasta dos haberes mínimos, que se suma al reciente refuerzo de hasta 6 mil pesos destinado a los jubilados de menores ingresos. Por otro lado, el Ejecutivo busca aplicar un impuesto a la renta inesperada en empresas con ganancias superiores a mil millones de pesos anuales.
"Nuestro modelo se funda en tres pilares: producción, empleo y la distribución. Estamos fallando en el tema de la distribución, porque la inflación se come gran parte de los aumentos salariales. Con estas medidas, hoy estamos atacando ese problema", indicó el presidente, Alberto Fernández, quien estuvo al frente del anuncio junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
El "refuerzo en la política de ingresos", como definió las medidas el ministro Guzmán, aparece el primer día hábil después de que se conociera, el miércoles de la semana pasada, el dato de inflación de marzo, de 6,7 por ciento. Fue la suba mensual más alta de los últimos veinte años. En apenas tres meses, los precios acumulan un alza del 16,1 por ciento y en el último año muestran un avance del 55,1 por ciento.
Medidas
De manera similar a como funcionó el IFE durante la etapa más complicada de la pandemia, se anunció que los trabajadores sin ingresos formales percibirán una asignación de 18 mil pesos en dos cuotas de 9 mil pesos cada una. El estipendio alcanza a trabajadores de entre 18 y 65 años. Están incluidos monotributistas de las categorías A y B y trabajadoras, registrados o no, de casas particulares. Guzmán adelantó que habrá criterios de exclusión referidos al patrimonio.
Por otro lado, jubilados y pensionados recibirán un nuevo bono de 12 mil pesos en una cuota. El beneficio corre para quienes perciben hasta dos jubilaciones mínimas y complementa el bono anterior otorgado de 6 mil pesos, con lo cual el monto total se equipara con el ingreso extra de 18 mil pesos que reciben trabajadores informales y monotributistas.
El presidente Fernández dijo que en el caso de los trabajadores registrados, el Gobierno apuesta a la apertura anticipada de las negociaciones paritarias, según lo acordado semanas atrás entre la CGT y la UIA. "Estamos avanzando bien, la semana que viene vamos a tener más definiciones en muchas paritarias", dijo el mandatario.
Además, Guzmán anticipó el proyecto que tiene el Gobierno para aplicar un impuesto al componente de renta "inesperado" en las ganancias empresariales. "Buscamos construir un mecanismo que permita captar la renta inesperada que no es producto de inversiones sino que es resultado de los precios a causa de la guerra en Ucrania. El objetivo es que el shock de la guerra no tenga impacto regresivo. A nivel global se vive una crisis de la distribución de los ingresos y los gobiernos deben actuar para evitar que aumenten las desigualdades", dijo el ministro.
Neutralizar
"Debemos garantizar que el impacto de la inflación del primer trimestre no recaiga en los bolsillos de los sectores más vulnerables. En este mismo sentido está la suba del 50 por ciento en la Tarjeta Alimentar --que asciende a los 9 mil pesos y beneficia a 2,4 millones de titulares de la asignación-- y el bono de 6 mil pesos a los jubilados --que comenzó a pagarse este lunes--. Lo podemos hacer al mismo tiempo que cumplimos los objetivos fiscales porque la economía y la recaudación crecen", indicó Fernández.
Las medidas se encuadran en un escenario de recuperación económica que se mantiene desde el año pasado, junto a una baja del desempleo y mejora de las exportaciones, aunque sin resultados positivos en el frente de la distribución del ingreso. Según el último informe del Cifra, que depende de la CTA, el año pasado el salario promedio anual de los trabajadores registrados en el sector privado cayó un 2,3 por ciento, mientras que la baja en no registrados fue del 7,1 por ciento. Por ello, se deterioró la participación del salario en la torta de ingresos y creció el peso de las ganancias empresariales.
El anuncio también aparece en un contexto de recrudecimiento de la interna política al interior de la coalición del Frente de Todos. Desde el sector que responde a la vicepresidenta, Cristina Fernández, se le reclama al Gobierno medidas más drásticas para evitar un mayor deterioro en la distribución del ingreso. Parece una señal positiva el hecho de que referentes del espacio kirchnerista presenciaron el anuncio oficial, como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro del Interior; Eduardo "Wado" De Pedro, y la titular del PAMI, Luana Volnovich.
El acto también contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, entre otros. Entre los empresarios, participó Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina; mientras que por el lado sindical sobresalió la figura de Pablo Moyano, de Camioneros.
Fuente:Pagina12
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