El Consejo Superior de la UNR respaldó a Edery y Schiappa Pietra
Un aval universitario a los fiscales antimafia
La Universidad expresó su "reconocimiento y valoración" por las investigaciones sobre el crimen organizado y se solidarizó con la abogada de HIJOS Nadia Schujman.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario expresó un fuerte respaldo institucional a los fiscales de Rosario Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, en un gesto de “reconocimiento y valoración” por las investigaciones que tienen a cargo, entre ellas una causa por corrupción en la que pidieron el desafuero del senador Armando Traferri, en diciembre de 2020. Al tiempo que manifestó también su “solidaridad” con la abogada de Hijos Nadia Schujman, "sometida a una investigación de características y alejadas de normas procesales expresas, con seria afectación de sus derechos y dignidad".
El documento se conoció ayer, aunque ya había trascendido en el reciente Encuentro Nacional de la Asociación de Profesores de Derecho Penal que deliberó en Rosario, con referentes de todo el país, entre ellos su presidenta, la diputada Matilde Bruera; el juez de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta y el ex ministro de la Corte Suprema de la Nación Raúl Zaffaroni.
El Consejo Superior de la UNR se pronunció ante “hechos que comprometen el funcionamiento adecuado y la calidad de las instituciones de la provincia de Santa Fe” –como los llamó- por iniciativa de 250 docentes universitarios que promovieron el respaldo académico a sus colegas Schiappa Pietra, Edery y Schujman.
Si bien el documento no lo menciona, está claro que el apoyo institucional de la Universidad de Rosario a los fiscales es una respuesta al operativo político de Traferri en la Legislatura para que la comisión de Acuerdos –que preside uno de sus socios políticos, Joaquín Gramajo- y la Asamblea Legislativa aparten a Schiappa Pietra y Edery de la causa en la que pidieron su desafuero para imputarlo como supuesto “organizador de una organización criminal”. La Asociación de Fiscales de Santa Fe definió el hecho como un “ataque sistemático” del legislador a quienes pretenden que rinda cuentas ante la justicia.
En esa línea, el Consejo Superior señaló su "reconocimiento y valoración por la actividad llevada a cabo" por los fiscales y remarcó "la labor de los doctores Schiappa Pietra (graduado y docente de esta Universidad) y Edery, tanto en la investigación como el enjuiciamiento de estructura vinculadas a mercados ilícitos de los que derivan múltiples delitos violentos y económicos".
Del mismo modo, expresó "su solidaridad con la abogada Nadia Schujman, graduada de esta Universidad, referente ineludible en materia de defensa y promoción de los derechos humanos y sometida a una investigación de características inapropiadas y alejadas de normas procesales expresas, con seria afectación de sus derechos y dignidad", denunció.
La Universidad Nacional de Rosario exhortó a los “actores institucionales de todos los sectores políticos a actuar con la responsabilidad que la hora impone y a disponer sin demora las medidas tendientes a recuperar los valores esenciales que hacen a la vigencia de un sistema republicano, preservando la división de poderes y la independencia de los jueces y del Ministerio Público de la Acusación”.
Los fiscales y fiscales adjuntos del MPA "no pueden estar condicionados" y "sometidos a la potestad disciplinaria de otro poder del estado", dijo la UNR. Así aludió a la ley impulsada por Traferri y los senadores radicales Felipe Michlig y Lisandro Enrico y el sociaista Emilio Jatón, en noviembre de 2017, que adjudicó a la Legislatura el "control político" de los fiscales y la facultad de suspenderlos y removerlos de sus cargos. Una norma "anacrónica que no guarda relación alguna con el libre ejercicio de funciones legislativas, ni con las demandas sociales de transparencia pública de todos los actos de sus representantes, de acceso a la información y del sometimiento de todos por igual ante la ley", agregó.
Rosario/12 ya informó que en la Cámara de Diputados hay cuatro proyectos de ley para derogar la ley Traferri-Michlig-Enrico-Jatón para terminar con el "control político" del MPA que "subordinó a los fiscales a un "régimen disciplinario” operado por la comisión de Acuerdos y la Asamblea Legislativa y volver al sistema anterior de la ley orgánica del MPA, de 2009, que delegó el enjuiciamiento de los magistrados a un Tribunal de Disciplina, similar al jury previsto para los jueces de la provincia. El primer proyecto fue presentado por la diputada peronista Matilde Bruera, en abril de 2021; el segundo, por su colega de la UCR Fabián Palo Oliver, en marzo último. En abril, el fiscal general de la provincia Jorge Baclini propuso otro con el mismo objetivo. Y el cuarto proyecto lo impulsaron la semana pasada los doce diputados socialistas.
MAFIA
La Comisión de Gobierno escuchó otras propuestas antilavado
Alertas que se disparen solas
Fernanda Gigliani planteó que la clave es despersonalizar el control de activos y Martín Rosúa también expuso su proyecto.
En el marco de la continuidad del debate por el proyecto antilavado que envió al Concejo el intendente Pablo Javkin, la Comisión de Gobierno que preside Caren Tepp (Ciudad Futura) escuchó las propuestas presentadas por la concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y el concejal Martín Rosúa (UCR-Juntos por el Cambio). Las iniciativas, a la que debe sumarse la del bloque que integra Tepp que será debatida en la próxima reunión, plantean diferencias con la enviada por el Ejecutivo. Mientras Rosúa impulsa la creación de un cuerpo de especialistas, en clara oposición a la Unidad de Control propuesta por la intendencia y que conformarían funcionarios de las áreas de Hacienda y Gobierno y del Tribunal Municipal de Cuentas, Gigliani apunta a un sistema de alertas despersonalizado que esté digitalizado y se disparen de forma automática. Además, la comisión recibió a referentes del Foro Regional Rosario, quienes manifestaron su desacuerdo con el proyecto del oficialismo.
Como reflejaba Rosario/12 tras la primera reunión de la Comisión de Gobierno para tratar la iniciativa antilavado enviada por el intendente Javkin, que defendieron el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, y la subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, el debate promete varios capítulos. En ese sentido, Tepp anticipó que debatirán el proyecto de la intendencia cada 15 días en el Salón de los Acuerdos, en las semanas que no haya sesión, como lo hicieron con el tratamiento del nuevo Código de Convivencia.
Ayer fue el turno de debatir los proyectos de Rosúa y Gigliani. "Nuestro proyecto fue el primero que se presentó en 2016. En realidad, la propuesta del Ejecutivo toma gran parte de la nuestra, respecto a la ampliación de rubros y la actualización permanente de los montos, poniendo como criterio la base utilizada para la licitación pública, como así también la posibilidad de firmar convenios con distintos organismos estatales para entrecruzar información", dijo Gigliani al término de la reunión.
La edila agregó que tanto el proyecto de Rosúa como el de Ciudad Futura no plantean la derogación de la ordenanza vigente si no la creación de agencias. "Lo que focalizamos en esta ordenanza, que es la vigente, es cómo en este sistema de control económico y financiero de inversiones tenés la materia prima para que el municipio pueda accionar judicialmente o informar a la Unidad de Información Financiera (UIF)", destacó Gigliani, para luego expresar que tanto la Unidad de Control que plantea el municipio como las agencias que proponen Rosúa y Ciudad Futura le generan muchas dudas. "La clave es despersonalización", apuntó.
De todos modos, la edila de Iniciativa Popular rescató el sistema de alertas que contiene el proyecto de Javkin: "Hay que trabajar sobre cuáles serán esas alertas y generar con las tecnologías que cuenta el municipio un sistema de alertas que esté digitalizado y que las alertas se disparen de forma automática, que no dependan de un funcionario/a o de un trabajador/a". Gigliani dijo estar "convencida que tanto un trabajador con secundario completo o una persona que tiene especializaciones en lavados de activos en el exterior son seres humanos, pueden equivocarse, pueden no ver, sufrir amenazas o pueden ser corruptibles. Soy escéptica en creer que con la creación de una mega área con gente especializada se resuelve el problema".
Por su parte, Rosúa sostuvo en la reunión que el proyecto del Ejecutivo "es válido” pero lo estimó “insuficiente porque la herramienta legislativa no les da la oportunidad de actuar dado que actúa en el momento de la inversión”. El edil radical agregó que "hoy no tiene herramientas” dado que se actúa cuando se presenta el pedido de habilitación, "recién allí el Ejecutivo puede detectar alerta sospechosa”.
Rosúa mencionó que a partir de ese cruce de datos se puede elevar la información a la Unidad de Información Financiera (UIF), al Ministerio Público Fiscal –Justicia Federal- y al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Además, planteó la necesidad que para dicha tarea haya "equipos con experiencia y formación en la materia”.
La comisión recibió a Selva Raggio, directora ejecutiva del Foro Regional Rosario, a quien acompañó la ex secretaria de Producción municipal, Eleonora Scagliotti. "Entendemos que los mecanismos de control ya existen", sostuvo Raggio. También dijo que lo que se plantea es un control “ex ante (antes del suceso) para todos, lo que nos parece que no va a ser una buena señal para el desarrollo productivo. Tener que controlar todo va a aumentar la planta del Estado”.
Scagliotti preguntó “cuál va a ser el volumen" de los casos por controlarse y “cuál va a ser el perfil profesional y la capacitación específica" de quienes estarán a cargo de la tarea. Si bien expresaron que celebran la realización de estos controles, las referentes del Foro Regional Rosario consideraron que “hay que tener en cuenta competencias y capacidades del municipio", y remarcaron que "no hay que crear más organismos, cuando los que existen no funcionan".
Demuestran que Alvarado elegía jefes de la policía
Las relaciones peligrosas
En la segunda jornada del alegato de clausura del juicio contra Esteban Alvarado por asociación ilícita, balaceras y homicidios, el jefe de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra volvió a destacar "la serie de relaciones y vínculos de Alvarado con un sector importante de la policía para poder tener una incidencia alta en el funcionamiento de la misma”. "Establecimos vínculos desde el año 2012 con quien después sería el jefe del área de investigaciones, Marcelo Rey, con Pablo Báncora que fue investigador de Los Monos”, explicó el fiscal, al tiempo que sumó a la lista a "Luis Quebertoque, que fue quien investigó a Los Monos y quien arrancó este juicio como condenado por nosotros como integrante de la banda de Alvarado. Hay más de un ejemplo. Esa misma estructura policial que enjuiciaba a Los Monos, acordaba con Esteban Alvarado”.
Inclusive, durante las audiencias, se pasaron audios sobre la influencia de Alvarado sobre la designación del jefe de la policía de aquel entonces, durante la gestión provincial de Antonio Bonfatti. En ese sentido, Schiappa Pietra remarco que "este juicio muestra las relaciones y las posibilidades que tienen estos criminales en influir en distintas áreas del Estado".
Como en cada jornada del juicio, ayer estuvo presente el diputado provincial de Soberanía Popular, Carlos del Frade, quien destacó que esta "se trata de la mayor organización narco, policial, empresarial de la ciudad de Rosario, especialmente a partir del 2013, cuando asesinan a Luis Medina, que fue socio de Alvarado durante mucho tiempo y al Pájaro Cantero, que era el líder de Los Monos". En ese mismo comentario, pidió apoyo para los fiscales de la causa por parte de la clase política.
"Desde entonces -agrego el legislador- Alvarado hasta llegó a impulsar a jefes de policía, especialmente durante alguno de los gobiernos del socialismo y tuvo complicidad desde la justicia federal y desde la justicia provincial".
“En los 4.500 audios analizados de Esteban Alvarado jamás dijo que lo engarronaron, que le inventaron cosas. Alvarado y Báncora generaron un sistema de teléfonos espejos. Conversaciones falsas de teléfonos vinculados a los reales. Objetivos varios, entre ellos incriminar a Los Monos”, señaló el legislador. Según contó Del Frade, más de cien personas trabajaban para Alvarado.
“Este es un excelente trabajo de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra junto a Marina Marsili y su equipo", agregó el legislador, y pidió para ellos "el respaldo explícito de todo el MPA”.
El tribunal provincial que juzga a Alvarado fijó el 26 de mayo como fecha para dar a conocer el veredicto. Al comienzo del juicio, los fiscales solicitaron la pena de prisión perpetua para quien consideran jefe de una “violenta y extendida organización criminal tramada desde la cárcel”, así como la imposición de multas por $1.500 millones al conjunto de los imputados.
Operativo contrarreloj para salvar a un nene de 8 años
Salió bien, pero hay que esperar
El trasplante al niño afectado con la nueva hepatitis de origen desconocido fue exitoso. Ahora debe superar la cirugía.
De un día para el otro, el niño de 8 años afectado por la nueva variante de hepatitis de origen incierto renovó su chance de vida, tan pronto como su salud había empeorado. La aparición de un donante en La Pampa activó una ablación urgente, el debido operativo de traslado aéreo, y el trasplante contrarreloj en una cirugía que insumió más de ocho horas en el Sanatorio de Niños de Rosario. Los médicos supeditaron todo a la evolución de las primeras 24 horas, pero hasta ayer valoraban la intervención como positiva. "Este cuadro, de tanta gravedad, es lo raro de lo raro", dijo el coordinador del equipo médico, Alejandro Costaguta, para desalentar el pánico social. Y ponderó el rol del Cudaio Santa Fe en costear el trasplante y el control posterior del paciente. "Un buen ejemplo de la articulación entre el sistema público y el privado de salud", dijo.
El paciente es el niño oriundo de Funes que la semana pasada cobró notoriedad al ser internado en el Hospital de Niños Zona Norte con un cuadro de hepatitis de la variante desconocida que ya había alertado en Reino Unido. La enfermedad evolucionó de manera tal que motivó su derivación al equipo de trasplante hepático del Sanatorio de Niños Rosario, y su inclusión en la lista nacional de emergencias del Cudaio.
Los médicos ya examinaban a familiares del niño para realizar un trasplante con donante vivo. Pero el fin de semana surgió la novedad de un donante compatible con el paciente pediátrico de Rosario. Era un joven de 18 años que el viernes murió en un accidente de tránsito en La Pampa. Sus deudos decidieron donar los órganos y así salvar vidas, como la del niño funense.
En el sanatorio, en tanto, el equipo médico se dispuso desde el lunes a la noche a preparar al paciente y realizar el trasplante. Ayer de mañana, un avión sanitario voló desde Santa Rosa y en 50 minutos tocó la pista de Fisherton alrededor de las 10. En 3 minutos un helicóptero trasladó el hígado hasta el helipuerto del centro médico de Córdoba al 2200, y la cirugía comenzó. Se redujo el órgano al tamaño del paciente, y se implantó solo el lóbulo izquierdo.
Duró hasta las 19. "Las primeras 24 horas nos enfocamos en detectar complicaciones de la cirugía, y aguardar que el hígado reconectado al cuerpo comience a funcionar, porque existe la posibilidad de que, por haber estado conservado en frío y el tiempo que pasa entre que se ablaciona y se implanta, algunas veces demora en empezar a funcionar, pero esperamos que no suceda en este caso", aclaró Costaguta en rueda de prensa.
No obstante, valoró que el paciente "es un niño sano, y la recuperación entonces debería ser tan abrupta como se enfermó". "Si logra superar la cirugía, las chances son muy buenas, luego llevará una vida normal", continuó.
Costaguta coordinó la intervención junto a Lisandro Biteti, David Biagiola y numeroso equipo. Todos enfatizaron en la excepcionalidad de este cuadro. "La llegada del donante fue muy oportuna porque el paciente estaba muy crítico. Esta hepatitis aguda severa es de causa indeterminada, una inflamación del hígado cuyo origen aún no se logró establecer, pero el cuadro no es novedoso: lo vemos 2 o 3 veces al año", aclaró el médico en el único centro de trasplante hepático pediátrico de la región. Dijo que desde 2007 han realizado 16 cirugías como esta y que resultaron exitosas "en casi el 90% de los casos".
"Son formas especialmente severas –remarcó–, pero es la excepción, es lo raro de lo raro. Hay que evitar entrar en pánico, no creer que por tener hepatitis la vida está en riesgo. Las formas de hepatitis que deben observarse es cuando los chicos se ponen amarillos, la ictericia, la orina oscura, pero basta con consultar, no alarmarse".
Para una familia de a pie, es imposible afrontar el costo de esta intervención médica. Aquí lo costeó el Cudaio, dependiente del Ministerio de Salud provincial. "No hay impedimento para que la gente del sistema público pueda atenderse con nosotros. Es un muy buen ejemplo de la integración del sistema público con el privado. Tenemos más de 60 trasplantes hechos en niños y más de la mitad proviene del sector público", concluyó.
Diplomatura en Género y Participación Comunitaria
"Una vida más equitativa"
La provincia y la Universidad Nacional de Rosario lanzaron una diplomatura en Género y Participación Comunitaria, dirigida especialmente a mujeres y diversidades sexuales de organizaciones sociales y populares. Con modalidad presencial, gratuita, en una primera edición se ofrecerá en Rosario, Casilda, Venado Tuerto, Villa Constitución y Cañada de Gómez. Las inscripciones estarán abiertas desde mediados de mayo. “Esta Diplomatura nos posibilita avanzar en tres objetivos fundamentales; profundizar las articulaciones académicas con las universidades públicas de la región, en este caso con la Universidad Nacional de Rosario; promover la articulación en red entre el gobierno provincial, los gobiernos locales y las organizaciones y, en tercer lugar, fortalecer la territorialidad de las políticas de formación con anclaje local, de la mano de las mujeres y diversidades sexuales organizadas”, sostuvo la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, quien firmó el convenio con el rector Franco Bartolacci.
Por su parte, la Secretaria del Área de Género de la UNR, Florencia Rovetto, afirmó que es un hito importante porque “nos conecta fuertemente con el territorio, fortalece las políticas que venimos llevando desde las Universidades y los gobiernos con la intención de potenciar todo lo que se hizo en materia de investigación, extensión y formación”. Para Rovetto “es una política que recupera las reivindicaciones y necesidades desde abajo y potencia las producciones comunitarias de generación de una vida más equitativa en los territorios”.
En la ocasión también se firmó el convenio para la realización de las jornadas Haciendo Universidades Feministas, que serán el 26 y 27 de mayo en Rosario, con una nutrida agenda educativa y cultural.
Juicio a diez integrantes de la empresa Monticas
Nueva fecha para la acusación
Uno de los imputados por el accidente vial que terminó con trece muertos pidió junta médica, el juez lo aceptó y la causa se frenó.
A más de cinco años del siniestro fatal que involucró a dos colectivos de la empresa Monticas en la ruta 33, Fiscalía pedirá penas de entre 3 y 5 años de prisión para los diez acusados que formaban parte del directorio de la firma. Ayer se dio inicio a la audiencia preliminar, donde se iba a formalizar la acusación, pero la misma pasó a un cuarto intermedio ante el planteo de la defensa de uno de los imputados que solicitó una junta médica por cuestiones de salud. El juez Pablo Pinto hizo lugar al planteo para ese análisis y deberá convocarse a una nueva fecha. El fiscal Walter Jurado les atribuye a los acusados el delito de "homicidio culposo agravado por multiplicidad de víctimas (13) en concurso ideal con lesiones culposas graves y gravísimas (también) agravadas". El pedido de pena incluye 10 años de inhabilitación para desempeñarse en puestos similares.
El 24 de febrero de 2017 un inconveniente con un neumático provocó el siniestro vial entre dos unidades de la empresa de colectivos Monticas que dejó 13 víctimas fatales y unos 30 heridos, en la ruta 33, entre Pérez y Zavalla (kilómetro 779).
La causa lleva varios años de investigación de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos del Ministerio Público de la Acusación. Ayer se iba a realizar la audiencia que dejaría el caso a un paso del juicio oral, pero hubo un nuevo planteo. "Antes de su inicio, la defensa del imputado Raúl R., de 67 años, realizó un planteo sobre el estado de salud de su defendido. Ante esta situación el juez Pinto dispuso que se realice una Junta Médica para determinar el estado de salud del mismo y establecer si puede estar presente en la audiencia preliminar", por lo que se dictó un cuarto intermedio.
La acusación indica que algunos de los acusados ejercía "funciones relevantes con poder de mando dentro de Monticas S.A.", relacionados con el directorio y con áreas de mantenimiento. En tanto, otro grupo cumplía tareas como encargados de taller de turno, con "funciones esenciales para el buen funcionamiento" de las unidades. Mientras que "todos fueron parte de una organización y cada uno de ellos tuvo en su accionar la relevancia suficiente para ser considerados autores en la producción del resultado dañoso", expresa el fiscal.
La causa y mecánica del siniestro tuvieron que ver con la explosión del neumático delantero izquierdo del colectivo interno 145, que circulaba desde Pérez hacia Zavalla y que se cruzó de carril cuando el chofer perdió el control y dio de frente con la unidad 105, que viajaba en sentido inverso. La rueda que se reventó había sido colocada el 24 de noviembre de 2016 en el ómnibus, aunque su uso no estaba recomendado, según indica la imputación.
Extorsionan por teléfono a restaurantes y bares
En nombre de los Cantero
Durante la noche del lunes, diferentes locales gastronómicos recibieron llamados intimidatorios en nombre de "los Cantero", a modo de extorsión, y Fiscalía ya abrió una investigación. Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación son comunicaciones en las que "se exige dinero y electrodomésticos", a cambio de protección. Se trata de establecer si las llamadas tienen relación con las detenciones de la semana pasada en las que Máximo "el Viejo" Cantero fue imputado como uno de los cabecillas de una asociación ilícita dedicada a hechos de violencia, según la acusación. En tanto, apareció una nueva pintada sobre el frente del cementerio La Piedad, que pide "Libertad para Ariel Cantero", en referencia al sindicado fundador de la banda de Los Monos.
Referentes del comercio gastronómico local indicaron que entre las 21 y las 23 del lunes se recibieron llamadas telefónicas al número que utilizan los bares y restaurantes para tomar pedidos, con mensajes "intimidatorios" en los que se pedía dinero a cambio de no atacar los locales.
Walter Fiore, encargado de prensa del sindicato de trabajadores gastronómicos de Rosario, dijo en LT8: “Esto es reiterativo: hemos tenido la misma problemática en El Establo y algunos lugares de Pichincha, meses atrás, pero (el nivel de) la seguridad es igual y sigue afectando a nuestro sector. Entiendo que a los dueños les den ganas de bajar la persiana, pero de esa manera quedará gente sin trabajo, y nosotros bregamos por conservar la fuente de trabajo”, indicó.
En ese sentido, planteó que "es la justicia la que tiene que actuar, tomar cartas en el asunto"; y que "los funcionarios deben ponerse los pantalones largos y resolver este tema que es muy, muy, difícil”.
Más temprano, Alejandro Pastore, integrante del Paseo Pellegrini, dijo en Radio2: “Lo vivimos con preocupación, pero es algo que ya viene desde hace un tiempo y que vinculamos a un mismo modus operandi. Uno encuentra una matriz de funcionamiento muy similar que se ha repetido hasta el hartazgo”.
Fuente:Rosario12
El concejal Miguel Tessandori reclamó respuestas del municipio sobre el incendio intencional
que afectó al edificio de Desarrollo Social. “Es preocupante porque no conocemos la
documentación que había allí”, dijo.
El bloque Volver a Rosario solicitó al presidente de la Comisión de Control, Convivencia y
Seguridad Ciudadana del Concejo Municipal que cite a presentarse ante ese organismo al
secretario de Desarrollo Social del municipio, Nicolás Gianelloni, para brinde información
respecto del incendio que afectara a la sede del área a su cargo.
“Entendimos desde un primer momento, cuando aparecieron las cajas en el comedero,
que la gente tenía necesidad de saber qué había pasado, teniendo en cuenta que Rosario
está sufriendo un proceso que nos viene afectando hace bastante, como el narcotráfico a
pleno, con muertes que se repiten”, indicó el edil en declaraciones al programa Poné la
Pava (Radio Rebelde Rosario).
El ex periodista deportivo recordó que el pedido de citación al funcionario ocurrió antes
del incendio. Se originó “tras el hallazgo de cajas de alimentos en una propiedad allanada
por supuestos vínculos de su propietario con el narcotráfico y otros delitos”, indicó el
concejal, y agregó: “Lo del incendio nos alertó aún más de la necesidad de que las
autoridades expongan ante la gente y no solamente ante nosotros, qué fue realmente lo
que sucedió”. “Esto es preocupante, teniendo en cuenta que nosotros no conocemos la
documentación que había allí. Por eso le pedimos a Gianelloni que exponga sobre lo que
realmente pasó. Si había alguna prevención, si hay copia del material, si había personal
autorizado en el momento de producirse el incendio”, repasó.
Por otra parte, Tessandori lamentó que “además está el tema de la Justicia, generalmente
lenta, que no nos permite conocer este tipo de cosas que son importantes y preocupantes
para una ciudad que ya demasiado fastidio tiene” sobre el tema inseguridad y
narcocriminalidad.
“El intendente Javkin ha sido claro al presentarse como querellante en este tema. Como
representante del municipio, tiene que dar explicaciones a los rosarinos”. Y cerró: “Lo
único que tenemos es que el fuego no habría afectado ninguna información importante.
Sería bueno conocer qué fue lo que pasó, qué se quemó, si se puede reponer. Como está
la película Lo que el viento se llevó, nosotros queremos saber lo que el fuego se llevó”.
Violencia sin fin
En la tarde de este martes, motociclistas atacaron a balazos la fachada de la sede de la
Dirección de Asistencia Pospenitenciaria en avenida Pellegrini y Alsina. Según las primeras
versiones del hecho, un encapuchado bajó y gatilló al menos en cinco oportunidades
contra su blanco y al escapar dejó un cartel amenazante, como en la última agresión
similar, ocurrida en enero último.
Como en los tres ataques anteriores, no hubo heridos. Según voceros policiales y vecinos,
el ataque fue minutos después de las 15. Paró una moto, bajó un hombre vestido de
negro, encapuchado y con barbijo, caminó unos metros, se detuvo, hizo puntería y gatilló
varias veces contra la sede penitenciaria. “Fue como una ráfaga. Pero no es nuevo. Cada
mes y medio lo balean y esta vez dejaron una nota”, dijo un transeúnte al móvil de Radio Dos.
De acuerdo con fuentes de la Unidad Regional II, se constataron cinco agujeros en la
puerta de ingreso y se incautaron cuatro vainas servidas. También una nota escrita en
un papel blanco con un fibrón azul cuya leyenda reza: “Para Centurión, dejá de
verduguear a los altos perfil. Firma: la mafia”.
Balaceras anteriores
No es el primer ataque armado que se comete contra la sede. El primero de los ataques
armados contra el edificio del Servicio Penitenciario fue el 10 de enero de 2021. Los
empleados llegaron por la mañana y descubrieron que había un impacto de bala en una
de las ventanas. Esta balacera se cometió en el contexto de una seguidilla de hechos de
violencia como el ataque armado contra el edificio del Centro de Justicia Penal, y también
a poco de conocerse el desplazamiento del entonces jefe de la Unidad Regional II,
Claudio Romano, y de otros funcionarios policiales.
Nueve meses más tarde, volvieron a tirotear el frente de la sede en pleno día. Fue el
lunes 12 de octubre pasadas las 13 cuando un motociclista disminuyó la marcha al pasar
por el frente de las oficinas y su acompañante abrió fuego media docena de veces. Dos
de los plomos impactaron en el frente y uno alcanzó a entrar al edificio al traspasar una
ventana. En ese momento, los pesquisas recolectaron seis vainas servidas. Los dos casos
no poseen personas imputadas.
El último registro fue el domingo 23 de enero pasado a las 4, cuando uno de los empleados
del servicio penitenciario hacía un recorrido y advirtió un balazo contra la puerta principal.
En la noche del jueves anterior, alguien había deslizado debajo de la puerta un cartón,
también escrito en manuscrito, que hacía hincapié en el trato a los presos de alto perfil:
“Si sigue verdugueando a la familia de los alto perfil, para la próxima, vamos contra la
familiar de los empleados de servicios. El que avisa no traiciona”.
A raíz de esta amenaza, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe había ordenado un
refuerzo de las custodias de las cárceles, sobre todo la Unidad Nº 11 de Piñero, donde
se encuentran presos la mayoría de los miembros de las bandas criminales más
resonantes.
Fuente:RedaccionRosario
Envíos de WhatsApp sobre
falsas balaceras suman a la
ola de violencia
En el contexto de violencia sostenido, una serie de mensajes
de presuntos atentados en avenida Pellegrini metieron miedo
el martes por la noche. La Fiscalía alertó al respecto y dijo
que buscan causar conmoción pública.
La confusión es total. Las balaceras como extorsión e intimidación pública sobran en
Rosario y no hace falta explicar el miedo que genera; con solo recordar el atentado
en la parrilla El Establo hace unos meses alcanza. Pero estos últimos días, puntualmente
el martes por la noche, se generaron una serie de mensajes por WhatsApp alertando
de posibles atentados en el centro rosarino que resultaron ser falsos aunque generaron
igualmente conmoción.
El temor se siembra rápido si hay un anclaje previo. En este caso, el nombre de Los
Monos y la serie de balaceras contra estaciones de servicio, concesionarias, edificios
de justicia y otras actividades, incluso el incendio en la secretaría de Desarrollo Social
municipal, prepararon el terreno para demostrar que están dispuestos a todo.
El lunes por la noche existieron unos llamados amenazantes a distintos locales
gastronómicos de avenida Pellegrini y Pichincha. Este martes por la tarde la cuestión
se empiojó. "Atentos!!
Traten de no estar en bares, restaurantes, o en lugares muy públicos … hace un rato
amenazaron al bar EL GRAN CHOP! De Pellegrini y roca… “diciendo que si no se presenta
en persona, le balean todos los locales”… y lo mismo hicieron antes con HELGA, de
Pellegrini al 1300 y lo balearon hace un rato", narraba el falso mensaje.
Luego agrega: "Por otro lado me llego el comentario, de que va a haber amenazas y
ráfagas de balas por todos lados, porque se las están midiendo entre los narcos y la
política… Por el cambio de la cúpula de la policía y el nuevo jefe de la gendarmería".
También hubo audios donde presuntamente advertían de un atentado contra la UAI,
la universidad de avenida Pellegrini.
Lo cierto es que esto causó revuelo y los mensajes preguntando si se trataba de algo
cierto corrieron en diferentes familias. La situación llegó al Ministerio Público de la
Acusación (MPA), desde donde un grupo de fiscales imputaron a Ariel Máximo "Viejo"
Cantero, primer líder de la banda Los Monos, por las balaceras y prácticas mafiosas
relatadas antes. El fiscal Franco Carbone afirmó en Radio2 que "una de las hipótesis
probables" es que las fake news del martes busquen generar temor y se vincule a la
detención de Cantero.
Festram se reunió con el
director de Iapos
El pasado miércoles 4 de mayo, el Director de IAPOS Sr. Broggi Oscar, recibió a Raquel
Toledo, Miguel Simonutti, María José Barrios y Walter Britos del Consejo Directivo de
FESTRAM, y en representación de la zona centro-sur de la Provincia.
Los mismos llevaron a la mesa de diálogo diferentes reclamos que requieren atención
y resolución inmediata, y que se reiteran en distintos puntos del territorio provincial,
pudiendo citar ejemplos concretos: autorización parcial de análisis de control glicocilado
en pacientes diabéticos crónicos, falta de cobertura en atención odontológica.
Demora de autorización en recetas electrónicas y en autorizaciones de audífonos,
falta de atención en sanatorios, entre otros; donde también se planteó el aumento
en costos de Órdenes de consultas y bonos asistenciales.
Ambas partes -IAPOS Y FESTRAM- se comprometieron a reunirse una vez al mes y así
poder avanzar en las situaciones que requieren atención inmediata a cada afiliado o
afiliada.
Es necesario resaltar que si bien los trabajadores y trabajadoras municipales revisten
en carácter de adherentes, lo aportes que realizan son de suma importancia pues los
haberes que perciben tienen la características de ser remunerativos y bonificables.
Fuente:RosarioPlus
DATOS DE ROSARIO
Una pareja de jubilados necesitó
66.252 pesos para cubrir su canasta
básica en abril
Los datos corresponden a un informe del Cesyac y exponen un aumento de
56,27% respecto al mismo mes del año anterior y un salto de 3,68% en
relación a marzo.
El Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac)
informó este martes que una pareja de jubilados necesitó 66.252 pesos para
cubrir su canasta básica en abril. Esto significa un aumento de 56,27% respecto
al mismo mes del año anterior y un salto de 3,68% en relación a marzo.
Según el relevamiento del Cesyac, del total de 66.252,63 pesos que se necesitaron
para cubrir la canasta básica, 42.622,86 pesos correspondieron al pago de servicios
básicos para el hogar y 23.629,77 pesos a la compra productos de consumo masivo.
Asimismo, dentro de los servicios básicos el principal gasto estuvo asociado al pago
de alquileres e impuestos (24.960 pesos), seguido por servicios de vivienda (10.881)
y transporte (3.401), entre otros.
Por otra parte, al momento de acceder a productos de consumo básico, una pareja
de jubilados tuvo como principal gasto la compra de carnes (9.003 pesos), combustibles
(7.983), bebidas (2.770), frutas y verduras (2.116) y productos de limpieza (1.756).
Fuente: Cesyac
El estudio del Cesyac resalta que esta canasta básica escaló 3,68% con respecto a marzo, principalmente impulsada por subas sensibles, como las registradas en carnes (21,52%), productos de limpieza (14,23%), TGI (9,18%), EPE (7,85%), medicamentos (5,93%), comestibles envasados (2,06%) y bebidas (0,82%).
El Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor también marca que el incremento acumulado a lo largo de 2022 llega a 16,66%, mientras que la variación interanual expone un alza acumulada de 56,27%. Según la información presente en el relevamiento, una pareja de jubilados necesitaba 42.395 pesos para acceder a la canasta básica en abril del año pasado, casi 25 mil pesos menos que en la actualidad.
Fuente: Cesyac
Fuente:Conclusion
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