Después de 30 años, actualizan las
multas a empresas contaminantes
Por Gustavo Sarmiento, Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022.
Lo dispuso el gobierno nacional. Ahora será por Unidades Fijas (UF). Cada unidad se establece en 104 pesos. Las sanciones van desde 1000 UF hasta más de 10.000 UF. Y se irán ajustando en la medida en que aumenten los niveles salariales públicos.
Aunque parezca mentira, hacía 30 años que no se actualizaban los montos de las multas a las empresas contaminantes. Recién hoy se actualizaron los valores que se imponen a los establecimientos que contaminan cursos de agua o provocan perjuicios a las instalaciones cloacales, y se dispuso que sigan ajustándose en la medida en que parámetros como el salario promedio nacional también aumente. Las sanciones actualmente van a pasar a ser de un mínimo de 104 mil pesos hasta más de un millón de pesos.
Para establecer una multa, las autoridades utilizarán unidades fijas (UF). Cuanto más grave sea el hecho, el valor de la unidad (por el momento, 104 pesos) será multiplicado por mayor cantidad de UF. Así lo dispuso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al dejar convalidada la actualización de los montos y crear la unidad fija (UF) como medida para la determinación de las infracciones que se cometan en violación de la Ley 13.577.
El valor será equivalente al de la unidad retributiva al Sistema Nacional del Empleado Público (SINEP), que desde abril de 2022 asciende a la suma de $104 cada unidad. «Antes eran montos fijos de 50 a 100 mil pesos», comentaron a Tiempo desde la cartera ambiental. Y describieron la nueva normal: «Después de 30 años se modifica la escala de valores de las multas de las empresas contaminantes. Para saber cuánto es una sanción, se multiplican los 104 por la cantidad de unidades; la más chiquita, que es por ocultar información u omitir presentar a término la declaración jurada anual, es de 1000 unidades por 104. La más grande llega a las 10.000 UF. Y el valor de la unidad, que es hoy es de 104 pesos, se irá ajustando con los aumentos salariales».
El Decreto 241/22, publicado el 6 de mayo pasado, establece multas con montos mínimos, «graduadas de acuerdo a la peligrosidad y cantidad del vertido». Los establecimientos que descarguen vertidos sin autorización o que no se registren ante la cartera ambiental a los fines de su empadronamiento serán los que reciban la multa mayor, que va a ser de (mínimo) 10.000 UF. «Aquellos que efectúen vertidos no tolerados podrán recibir una multa mínima de 2.000 UF», indicaron.
Los establecimientos que descarguen vertidos de cualquier actividad directa o indirectamente en la vía pública y napas freáticas serán pasibles de una multa mínima de 3.500 UF. Aquellos que que incurran en omisión o falsedad de datos en su declaración jurada, ocultando la existencia de actividad contaminante, podrán recibir una multa de 2.500 UF.
Según la nueva normativa firmada por el presidente Alberto Fernández, “los importes de las multas en cuestión han quedado desactualizados y obsoletos y perdieron su facultad punitiva en relación con el daño causado”.
La última actualización se había efectuado por decreto en 1992 y establecía multas máximas de $ 50.000 para las personas humanas o jurídicas que no cumplieran con las obligaciones establecidas y de $ 100.000 para el caso de los establecimientos industriales. Y así siguieron durante décadas, a pesar de que en ese momento había convertibilidad y que la inflación fue constante en los últimos años. Nunca se actualizaron.
Según manifestaron, lo que se busca con el nuevo sistema es que «la multa mantenga su carácter disuasivo en el transcurso del tiempo y genere un mecanismo de actualización automática de los montos con el objetivo de evitar el impacto ambiental asociado a la contaminación hídrica en todas sus etapas».
Fuente: Tiempo Argentino
El fallo que expuso las irregularidades
de la minería de arenas de fracking
en Entre Ríos
Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022.
El Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos falló contra la clandestinidad de las plantas de arenas silíceas, insumo clave para el desarrollo de Vaca Muerta. La medida involucra nueve empresas areneras y cuatro plantas de lavado que operaban sin certificados ambientales. Según el fallo, las empresas tienen 45 días para revertir su situación. Al respecto conversamos con Ricardo Luciano, el abogado que impulsó acciones legales para proteger los humedales y acuíferos.
Foto: Eduardo Bodiño
Por Martín Álvarez Mullally.- Ricardo Luciano es el abogado de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, localidad entrerriana que vive el boom de la extracción de arenas silíceas, insumo clave para la aplicación del fracking en Vaca Muerta. La explotación intensiva empezó en 2017 y desde entonces la circulación cotidiana de camiones, así como las nubes de polvo en el ambiente, es notable. Las areneras, además, requieren de grandes cantidades de agua para el lavado y la extracción. Agua que se obtiene de un reservorio subterráneo, la formación Talavera, la misma fuente con la que se abastece la población de Ibicuy y por la que se libraron importantes disputas. Según Ricardo, se trata de un sistema de aguas subterráneas muy frágil que abastece con 60 millones de litros de agua mensuales a la población, mientras las areneras consumen 360 millones de litros. La presión sobre este reservorio cambió la concentración de minerales del agua que se extrae, al respecto Ricardo señala que la presencia de hierro, por ejemplo, se multiplicó por nueve, de los 0,05 miligramos por litro, la media previa a la instalación de las plantas de lavado de arenas, ascendió a 0,45 miligramos por litro, condición que complica su potabilización.
Con el amparo ambiental que presentó Ricardo Luciano quedó en evidencia que las empresas de minería de arenas trabajaban de forma clandestina y violaban la Ley General de Ambiente 25.675. Según él, para el desarrollo de estos proyectos se omitieron audiencias públicas, se operó con certificados de aptitud ambiental vencidos y se negó el acceso a la información que también contempla la ley. Por esta última irregularidad, el letrado presentó otro amparo judicial con el que logró acceder a la información.
Las arenas de sílice se utilizan en el proceso de fracking. Cada pozo de shale en Vaca Muerta de alrededor de 50 fracturas requiere aproximadamente 15 mil toneladas de arena, que representan más del 15% del costo total del pozo. Cumplen la función de agente sostén, se acumulan en las grietas y aportan la porosidad que requiere la fractura para que el hidrocarburo fluya. Según se declara en el Capítulo IV de la Secretaría de Energía de la Nación, solamente en 2019 las empresas que operan en Vaca Muerta utilizaron 1.403.624 toneladas, mientras se proyecta que la demanda llegue a los dos millones de toneladas anuales para 2022.
Foto: Eduardo Bodiño
Ricardo Luciano presentó dos amparos, uno en la justicia provincial ordinaria y otro en el fuero federal. El amparo del ámbito provincial es contra el gobernador Gustavo Bordet, responsable a cargo del Ejecutivo provincial que, según explica el abogado, debe obrar por el ambiente y la población, ya que de ese poder dependen secretarías como la de Ambiente, responsable de aprobar los proyectos y controlarlos. Para llegar al Tribunal Superior de Justicia, agrega, hubo una serie de instancias previas, entre ellas el rechazo de la Procuración General al amparo.
En el fuero Federal, Ricardo Luciano representa al ingeniero agrónomo Carlos Cadoppi, cuyo campo se inunda como consecuencia del accionar de la arenera La República, de Cristamine SA. Las pruebas indican que la empresa arroja sus residuos en los arroyos Cuartillo, Carqueja, Los Perros y Baltasar, con lo que obtura sus cauces naturales, afecta los humedales e impacta en el ecosistema del río Paraná. En esa causa se busca probar la interjurisdiccionalidad de la afectación sobre el río Paraná y de esta manera adjudicar a la justicia Federal la resolución del caso. Esta empresa, explica Ricado, también operaba con el certificado de aptitud ambiental vencido.
Foto: Eduardo Bodiño
Con el fallo a favor del acceso de la información, Ricardo recibió 33 expedientes de entre 200 y 350 páginas que estudió minuciosamente. Entre lo que encontró, manifiesta que le llamó especialmente la atención el caso de El Mangrullo, la cantera de YPF en Ibicuy, cuyo estudio de impacto ambiental niega el consumo de aguas subterráneas y declara que hasta comprarán agua en bidones para abastecer al personal. Sin embargo, en un expediente ampliatorio YPF agrega que consumirá 335 metros cúbicos hora, mientras en la audiencia pública que realizó la Municipalidad de Ibicuy declaró 1000.
Según Ricardo Luciano, este tipo de contradicciones e inconsistencias son características de la información que figura en los expedientes. Con este fallo, el Tribunal Superior de Justicia reconoce las irregularidades cometidas por las empresas vinculadas a la minería de arenas silíceas para el desarrollo de Vaca Muerta. Un paso a favor de la visibilización de los impactos que la industria genera en la provincia de Entre Ríos.
Fuente: Observatorio Petrolero Sur
Una buena: Fallo a favor de la Asamblea
en Defensa del Agua y la Tierra de
Mallin Ahogado
Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022.
La Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallin Ahogado comunica a la comunidad y a todas y todos los que acompañan esta causa que es de todas y todos, que en el día lunes 16 de mayo de 2022 la Cámara en lo Civil y Comercial de Bariloche dictaminó en favor del justo y real reclamo de la asamblea en relación al pretendido loteo en Pampa de Ludden.
Comunicado de Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallin Ahogado
La lucha que venimos sosteniendo en defensa del agua y la tierra, desde hace mas de 10 años y por la que seguimos militando, con eje en que «El agua no se vende, se defiende» se ve coronada en el dia de hoy con este fallo contundente y esperado por todas y todos.
Queremos destacar que esto sólo fue posible gracias al esfuerzo de muchas y muchos profesionales y vecinos que nunca bajamos los brazos.
Ahora los tres jueces, reconocieron que no se puede hacer ningún emprendimiento urbanístico (loteo) en la Reserva Municipal NP6 y en los fundamentos y desglose se deja en claro que lo que dijimos en aquel entonces era tal como lo planteamos.
Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra.
La Policía «confundió» su auto con
otro y plantó “pruebas” en su casa:
lleva 17 meses preso
Por Valeria Jasper, Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022.
Oscar Vega lleva casi dos años detenido en la Unidad 43 de González Catán. Está acusado de haber participado en un homicidio ocurrido en octubre de 2020 en la localidad de Virrey del Pino. Allanamiento, pruebas plantadas y amenazas. Otra causa armada contra un joven trabajador.
scar Ezequiel Vega vivía hasta diciembre de 2020 en Virrey del Pino (La Matanza), junto a Zulema y sus cinco hijos de 16, 11, 9, 7 y 2 años. Trabajaba como repartidor de embutidos en una fábrica del barrio y por las tardes en el Mercado Central. Como cientos de familias trabajadoras, con mucho esfuerzo, la familia siempre intentó llegar a fin de mes.
A fines de septiembre de 2020 Oscar vendió su auto, un Peugeot 504 blanco, modelo 89, para poder festejarles el cumpleaños a sus hijas más pequeñas que, con mucho esfuerzo, concretaron el 3 de octubre. Dos días antes, el 1° de octubre, había sido asesinado Pablo Flores, chofer de la línea de colectivos 218 de Virrey del Pino. Oscar y su familia se enteraron por televisión.
Estos hechos podrían ser parte de las anécdotas de la familia Vega, sin embargo se volvieron fundamentales para lo que ocurrió a partir del 29 de diciembre. Ese día, a las 3.30 de la madrugada, efectivos de la Policía Bonaerense, incluído el Grupo Halcón, allanaron el domicilio de la familia Vega. Allí se encontraba el matrimonio, sus cinco hijos y tres hermanos de Zulema. Redujeron a todos y los hicieron tirar al suelo. Con una foto de Oscar junto a su auto que habían sacado de su Facebook, lo buscaban por el homicidio de Pablo Flores.
“Entró un policía con aparatos para tomar nota y le preguntaron por el auto, que venían a buscar el auto. Mi marido les dijo que lo vendió el 27 de septiembre, justo el día de cumpleaños de uno de mis hermanos. Sin esconder nada les dijo a los policías a quién se lo vendió y dónde estaba”, relató Zulema en una extensa charla con La Izquierda Diario.
Así fue que encontraron el auto y procedieron a secuestrarlo. Mientras tanto, en la vivienda familiar el único policía que había quedado, comenzó a requisar la casa, junto a dos personas que trajo la Policía, señaladas como testigos. “Uno de mis hermanos le dijo a mi hija mayor que los siga ‘porque estos tienen la costumbre de plantar cosas’”, afirmó Zulema, sabiendo que las palabras de su hermano se volverían ciertas.
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Al finalizar la requisa con resultado negativo y mientras el oficial se encargaba de escribir el acta, ingresó una persona de civil y gritó “¡testigos, campera!”. Traía, sin los resguardos básicos para cualquier supuesta prueba, una campera negra con la insignia de River. Oscar, esposado y tirado en el piso, les dijo dice llorando: “por qué me hacen esto, soy un flaco laburador, acá somos todos fanáticos de Boca, eso no es mío”. El policía que tenía la campera le respondió con la impunidad que los caracteriza : “flaco, ¿tanto por una campera? Peor hubiera sido que te pongamos un fierro”.
Oscar fue trasladado a la comisaría de Altos de Laferrere. Pasó por el penal de Olmos, Florencio Varela y desde hace cinco meses permanece detenido en la Unidad 43 de González Catán, donde permanece detenido desde hace cinco meses.
Zulema comenzó a recorrer los pasillos de tribunales y fiscalías, intentando entender qué pasaba. En la UFI de San Justo le informaron que su esposo estaba acusado de participar en la muerte de Flores. “Me dijeron que el auto que nosotros habíamos vendido era el que usaron las personas que mataron al colectivero, pero nada que ver”, sostuvo Zulema, quien pudo acceder a las filmaciones de ese día.
“En las filmaciones se ve que es un auto blanco Peugeot 504 pero modelo nuevo, el nuestro era un modelo viejo, cambia la forma de los faroles de atrás”. Según relató la joven a este medio, pidió peritajes tanto al auto como a la campera, señalando que ningún integrante de la familia tocó esa prenda; pero todos los pedidos fueron denegados. Tampoco pudieron presentar pruebas ni testigos que corroboran que, al momento del asesinato de Flores, Vega estaba jugando un partido de fútbol. Al mes de estar preso, Federico Medone, fiscal de UFI de San Justo, cerró la etapa de instrucción y pidió la elevación a juicio.
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“Para mí es todo nuevo, no me queda otra que aprender y pelear”, reflexiona Zulema, que cuenta con el apoyo de vecinos y familiares de víctimas de gatillo fácil y causas armadas. “Hay que visibilizar estas cosas, estas injusticias y estar juntos y pelear, no puede ser que la Justicia nos dé la espalda”.
El armado de causas contra trabajadores, sobre todo jóvenes, es una práctica cotidiana de la Policía Bonaerense. Por lo general se trata de detenciones y procesos que buscan “resolver” homicidios, robos u otros crímenes cambiando a los verdaderos responsables por “perejiles” que tienen alguna característica o elemento común con algún aspecto de esos casos reales. El caso del Peugeot blanco de Oscar es elocuente.
Todas las fuerzas represivas provinciales y federales saben que ese modus operandi casi no tiene costo y sí muchos beneficios para su propia impunidad. Porque al mismo tiempo que buscan mantener controlada y amenazada a la población trabajadora y pobre procuran encubrir los diversos delitos que cometen diariamente las mismas fuerzas, desde el narco a la trata de personas y la piratería en calles y rutas.
La Izquierda Diario viene denunciando de forma sistemática las muertes, desapariciones, causas armadas a jóvenes trabajadores, los brutales desalojos a familias que exigen un pedazo de tierra para vivir; trabajadores y trabajadoras que exigen por sus puestos de trabajo. Una política criminal a manos del Estado, gobierne quien gobierne, que se impone como “solución” a las necesidades de los sectores populares.
Fuente: ANRed
Arrancó la Semana de Acción contra
el FMI en todo el país / Durará hasta
el 21 de mayo
Por Fernanda Paixao, Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2022.
En el marco del primer control trimestral del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el cumplimiento del acuerdo pactado con el gobierno argentino, tuvo inicio este martes (17) la Semana de Acción Fuera FMI, lanzada por la agrupación de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. Una volanteada en el centro de la ciudad de Buenos Aires difundió las razones del rechazo al acuerdo con el FMI, tras la deuda contraída por Mauricio Macri en 2018, y las alternativas aún vigentes.
“Hay alternativas, eso es lo importante”, dice Beverly Keene, integrante del colectivo Dialogo 2000, durante la volanteada de este martes. “El gobierno tiene todos los motivos el respaldo nacional e internacional para suspender los pagos e investigar a fondo. Mientras tanto, no podemos seguir pagando nosotres, con más hambre, más pobreza y más extractivismo.”
El economista Julio Gambina, quien también estuvo presente en la inauguración de la jornada de la Semana de Acción, destaca la necesidad de concientización sobre el contexto de esta deuda y sus consecuencias. “La única forma de terminar con este acuerdo es una inmensa movilización popular. Una organización consciente de la población argentina de rechazo a este acuerdo”, afirma.
Gambina plantea que el acuerdo de Argentina con el FMI significa un cogobierno. “Este acuerdo y monitoreo del FMI en la Argentina tiene induce a un programa económico favorable para que los grandes inversores puedan recrear y continuar con su lógica para obtener ganancias, acumular capitales, transferir al exterior cuando sea necesario”, enumera.
El economista también puntúa que el ajuste sobre las tarifas de energía y gas, discutidas en audiencias públicas la última semana, demuestra lo que sucede en larga escala respecto de la presencia del Fondo en el país. “No es solo la tarifa de energía y gas, si no el incremento del combustible, que no solo tiene que ver con el costo de cargar una moto, un automóvil, sino con el transporte de mercancías en su conjunto, de carga, de personas, y por lo tanto un involucramiento directo en el incremento de los costos de producción. Los incrementos de tarifa pautados con el FMI es un elemento clave de ese monitoreo. Por eso, el FMI en cada visita que haga o en esos monitoreos diarios que realiza en línea está cogobernando.”
“El Estado paga menos, la población paga más y las empresas privatizadas de servicios públicos reciben un volumen de ingresos producto del crecimiento de precios. En el fondo, lo que Argentina debería discutir no es la disminución de subsidios, si no revertir la situación de la privatización que se planteó hace 30 años.”
Esta semana, la primera misión del FMI empieza ya no de manera presencial, pero virtual, algo que, según Bervely Keene, “para no encontrarse, efectivamente, con una fuerte movilización en las calles”. Ella destaca que el rechazo colectivo al organismo estuvo reflejado en la manifestación masiva de la última semana. “Estuvimos decenas de miles de personas protestando por trabajo, salario digno, contra el hambre y la pobreza, contra das condiciones que impone el FMI. También protestando contra el aumento de las tarifas, una de las exigencias del FMI.”
En los días 21 y 22 de junio serán las próximas fechas de vencimiento de pago al Fondo, cuando nuevas movilizaciones deberán suceder. “Ese día y todos los que hagan falta estaremos en las calles en todo el país contra esta estafa que es esta deuda ilegítima y por la sanción de los responsables.”
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