La justicia federal de Rosario durante la dictadura
Respuestas que aún hay que dar
El fiscal federal Reynares Solari cree que la justicia federal de aquella época estaba "consustanciada" con la dictadura.
El fiscal federal Federico Reynares Solari volcó esta semana en un escrito una de las lecturas más crudas del accionar de la justicia federal rosarina durante la última dictadura: lo hizo al pedir que el ex fiscal Pedro Tiscornia sea citado a declarar por el delito de coacción agravada, por haber hecho renunciar a dos empleados de su fiscalía ni bien asumió, después del golpe de estado: se trata del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, y de la exjueza provincial Adriana Quaranta. “Suele presentarse a la justicia de aquel tiempo como a un grupo de trabajadores que nada pudo hacer ante la monstruosidad que se gestaba. Pero la justicia penal, específicamente en las causas por la ley 20840 (la Ley Antisubversiva, de persecución política) y en los habeas corpus, tenía consustanciación con los principios del plan clandestino. Las altas esferas de la justicia federal exigieron la renuncia de esas dos personas, Quaranta y Bielsa, que hasta fueron secuestrados por Inteligencia del Batallón de Comunicaciones 121”. Reynares además adelanta a Rosario/12 que pretende que junto a otros ex funcionarios judiciales de entonces se le aplique la figura de la asociación ilícita , que hasta el momento ha rechazado el juez federal Marcelo Bailaque.
La agrupación Hijos de Rosario con el patrocinio de Nadia Schujman había denunciado a tres personas que fueron funcionarios judiciales durante la última dictadura militar. Se trata de Pedro Tiscornia y José Luis Vázquez, quienes se desempeñaron como fiscales federales durante el Proceso. La denuncia también alcanzaba a Horacio Claverie, quien por esa época fue secretario del Juzgado Federal Nº2 de Rosario. A ellos se sumaba el ex juez federal Guillermo Ernesto Tschoop, ya procesado. luego de ser indagado por ilícitos como secuestros, desaparición forzada de personas y homicidios.
En el final de de su escrito Reynares señalaba que "no hace falta explayarme acerca de la conexión íntima de estos hechos con el programa represivo ilegal de la última dictadura cívico – militar. No son delitos conexos, son parte del mismo plan. Más aún, estos hechos que traemos en este escrito permiten colocar a la complicidad judicial con el Terrorismo de Estado en otro nivel. No sólo en lo que podríamos llamar el “rostro diurno” del régimen, aquellas garantías de no interferencia en sus tropelías y la consecuente fijación de una verdad formal conforme las necesidades aquel. Aquí vemos dos aspectos insoslayables: la actuación del Poder Judicial de la Nación como una estructura orgánica impropia de la judicatura y de su independencia. Los hechos que aquí relatamos son una bofetada ruidosa en el rostro de la pretendida 'neutralidad' y 'formalidad' del actuar judicial en materia penal federal durante la última dictadura cívico militar. La palabra 'superioridad', más vinculada al mundo castrense que al respeto de los derechos y garantías constitucionales, es concluyente. Y no sólo ello, el descenso al 'nivel operativo', reflejado en un presidente de la Alzada que ejecuta la orden de echar a empleados del nivel más bajo del escalafón los coloca ya no en aquel pretendido 'rostro diurno', sino en la nocturnidad del régimen. En realidad, más bien pone blanco sobre negro. Nunca existió tal 'rostro diurno. Eran simplemente la formalidad, plagada de latinazgos, de la nocturnidad".
En rigor, Pedro Tiscornia fue indagado junto a Claverie y Vázquez - el ex abogado del senador Armando Traferri- en mayo pasado por el juez Bailaque, por los delitos de privación ilegal de la libertad, desapariciones forzadas y homicidios. A pesar de que transcurrió más de un mes, el juez aún no resolvió la situación procesal de los imputados, y el fiscal a cargo del caso, Federico Reynares Solari, solicitó al magistrado que amplíe la indagatoria a Tiscornia por coacción agravada.
En su escrito, Reynares Solari presenta los casos de los dos empleados de la Fiscalía Federal 2 de Rosario, a cargo de Tiscornia, cuando fueron secuestrados por el aparato represivo del Estado. Los secuestros y torturas a Bielsa y Quaranta, quedaron probados en los juicios por delitos de lesa humanidad denominados “Guerrieri”. En esos procesos fueron condenados militares y Personal Civil de Inteligencia (PCI) del entonces Batallón 121 de Rosario.
La investigación de Reynares avanzó sobre otro perjuicio que sufrieron ambas víctimas del terrorismo de Estado, al ser “obligados” a renunciar a sus puestos de trabajo en la Fiscalía Federal a cargo de Tiscornia.
Según la investigación, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 quien estaba a cargo de esa fiscalía, José Giusepponi, fue desplazado y en su lugar asumió Pedro Tiscornia.
Bielsa fue secuestrado a fines de junio de 1977 en la esquina de los Tribunales Federales de Rosario, cuando iba a su trabajo, recordó el fiscal Reynares en su pedido de ampliación de indagatoria. Tras permanecer una semana secuestrado, fue liberado, pero luego fue citado a la sede del II Cuerpo de Ejército, que entonces estaba radicada en Rosario, y sometido a “una suerte de Consejo de Guerra”, según declaró en el juicio Guerrieri.
Bielsa testimonió que luego de eso “el lunes vine a tribunales, y quien entonces era fiscal de Cámara, doctor Saccone, me dijo que o bien renunciaba a mi cargo en la Justicia Federal o bien me iban a someter a la ley 20.840 (que penalizaba “actividades subversivas”); renuncié a la Justicia Federal a los 10 días”.
Una situación similar vivió la otra víctima, Quaranta, aunque en su caso primero fue forzada a renunciar a la Fiscalía de Tiscornia y luego secuestrada, señala el escrito.
Según el testimonio de Quaranta, el propio Tiscornia le pidió la renuncia “con la única explicación de que había sido una exigencia hacia él, de la superioridad, sin ningún tipo de explicaciones hacia él tampoco”.
Quaranta fue a hablar entonces con el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Celestino Araya, quien tampoco le brindó explicaciones hasta que, ante la insistencia de la mujer, le dijo que “que “no me daba garantías de vida”, relató la víctima.
Fundado en esas razones, el fiscal Reynares solicitó la ampliación de la indagatoria a Tiscornia por “coacción agravada”.
Y explicó que en el caso de Bielsa –donde no actuó en forma directa- “desde su posición reglamentaria garantizó que otro delito de iguales características se lleve adelante con un dependiente suyo, incluso que había sido recientemente secuestrado y mantenido en carácter de desaparecido”.
“Sabido es que la renuncia (de Bielsa) debía ser presentada al titular de la dependencia, doctor Tiscornia, y que éste era quien podía darle trámite a tal procedimiento ilegal, cosa que hizo”, abundó Reynares.
Fuente:Rosario12
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