Superávit
Juicio a la patota de la Federal que actuó en 1976
El testimonio de Amalia
Amalia Antonini habló después de 46 años. Los Cattáneo, una familia devastada.
Desde Santa Fe
El Tribunal Oral de Santa Fe ordenó investigar el secuestro y las torturas de una testigo de cargo, Amalia Antonini, que no tenía militancia política, pero fue capturada por un grupo de tareas en Paraná, el mismo día que fusilaron a su ex esposo Carlos Cattáneo en Santa Fe, en un operativo del Ejército y la Policía Federal, el 27 de febrero de 1976. Amalia declaró en el juicio a la patota que está imputada por la persecución a militantes del PRT: los “homicidios calificados” de Cattáneo y de Fernando Lucio López, que tenía 17 años y la “privación ilegítima de la libertad agravada” y “tormentos agravados” de sus compañeros: María Inés Gutiérrez, Carlos Courault y Eusebio Cabral. “No sabía en qué momento de mi vida estaba”, les dijo Amalia a los jueces, al relatar –por primera vez en 46 años ante un tribunal- el shock de aquella tarde y sus secuelas: el allanamiento a la casa de un pariente de Cattáneo que la había alojado a ella y al hijo de ambos, Aníbal, de 10 meses; su arresto, la separación forzosa de su bebé, los suplicios en la comisaría 5ª de Paraná y en la Unidad Penal de Mujeres y el traslado a la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires, donde recuperó su libertad un año después, el 23 de abril de 1977.
El 25 de febrero de1976 -dos días antes de la caída-, Amalia se reencontró con su ex esposo, en Paraná. “Carlitos –como le decían a Cattáneo- fue a la casa de ese familiar a ver a su hijo”. “¿Cómo lo observaste en ese encuentro?”, le preguntó la abogada querellante, Lucía Tejera, que representa a Hijos. “Perseguido. Esa fue la sensación que tuve”, respondió Amalia. “Más allá de lo que haya podido ocultar un poco porque estábamos con nuestro hijo, pero era así”.
Cattáneo regresó a Santa Fe y a las 48 horas, el viernes 27, el grupo de tareas asaltó la casa de Primera Junta al 3400, donde vivía con su pareja, María Inés Gutiérrez, que estaba embarazada. En el juicio, Inés contó que apenas vieron el despliegue militar escaparon por techos y tapiales hasta salir por la calle de atrás, San Lorenzo, donde fueron acribillados. Los dos cayeron heridos. Cattáneo quedó inmóvil en la vereda, uno de los represores que los perseguía se detuvo frente a él y le disparó tres balazos por la espalda. Cuando se acercó a ella, Inés le gritó: “¡No me tire, no me tire, estoy embarazada!”. Otro de los heridos, “Lucho” López falleció en el hospital Piloto, y ella también escuchó su último grito.
El sumario de la Policía Federal señala que el operativo comenzó “alrededor de las 14.45”. Amalia dijo que a ella la fueron a buscar a Paraná, a las 16.45, dos horas después. “Eran tres personas con uniforme azul y armas largas. Yo estaba en la casa de un familiar (de Cattáneo) con mi hijo de 10 meses. No sabía absolutamente nada de lo que había pasado”. Recién se anotició a los dos días “en un calabozo” en la Comisaría 5ª, donde le acercaron una hoja del periódico. “Creo que era ‘El Diario’ de Paraná, y ahí me enteré de las muertes y de los presos”.
Amalia no era militante y se había separado de su ex esposo mucho tiempo antes de su secuestro. Su testimonio en el juicio completa la trama de la persecución política a Cattáneo, a su familia y a sus compañeros. “Carlitos era muy joven. Una persona muy buena, muy afectiva, muy empática. Le gustaba mucho dibujar, viene de familia de dibujantes”, lo recordó.
La historia de los Cattáneo es la de una familia devastada por el terrorismo de estado. El 30 de enero de 1976, Marita Cattáneo –hermana de Carlos- fue secuestrada en su casa en Reconquista. Su esposo, Mario Cuevas, zafó por minutos porque se pudo escapar por el techo. Mario era peronista revolucionario. Marita cayó en una “razzia militar” –como la llaman en Reconquista- sin precedentes. Un operativo de persecución política del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Federal, la Policía de Santa Fe, la Guardia Rural Los Pumas y la Prefectura que copó la ciudad, allanó decenas de domicilios y detuvo a unas 40 personas, entre ellas dos niñas. Los caminos de acceso fueron cerrados, mientras aviones Pucará de la Brigada Aérea sobrevolaban la zona.
En ese clima de terror, el 19 de febrero de 1976, Marita pasó a disposición del Poder Ejecutivo (decreto S 689). Su marido ya había escapado hacia el Chaco. Y el hijo de ambos, Mario Andrés, de un año, quedó con los abuelos, Carlos y Carmen Cattáneo. Amalia Antonini se fue de Reconquista con Aníbal, de 10 meses. La razzia del 30 de enero y el escape increíble de Mario Cuevas fueron contados con detalles por el investigador Raúl Héctor Borsatti, otra de las víctimas de la persecución política, en su libro “Solo digo compañeros”.
El 27 de febrero de 1976, la patota del Ejército y la Policía Federal atacó la casa de Primera Junta al 3400. Cattáneo fue asesinado en la vereda. Su pareja, María Inés Gutiérrez, sufrió una herida gravísima en la pierna izquierda que la obligó a una internación de meses, inmovilizada, en el Hospital Piloto, donde estuvo al borde de la muerte. La beba de ambos nació prematura, el 6 de junio de 1976. Sobrevivió 16 días, hasta el 22. La pérdida de Livia –el nombre elegido- “fue más de lo que yo podía soportar. No tengo palabras para explicarlo", les dijo Inés a los jueces. La misma tarde del operativo, Amalia era secuestrada en Paraná y su hijo quedaba a cargo de los abuelos Cattáneo que ya cuidaban a su otro nieto, Mario Andrés.
Después del golpe del 24 de marzo, otra incursión punitiva en Reconquista allanó la casa de los Cattáneo y secuestró a Carmen, la madre de Carlitos y Marita, que estuvo presa durante meses en la Guardia de Infantería Reforzada en Santa Fe. Carmen falleció en julio de 2016. Una de sus compañeras de cautiverio, Silvia Abdolatif, la recordó en estos días del juicio al que no llegó a dar testimonio. "No olvidamos tu presencia, tu mirada, tus silencios, tu canto en el corto recreo. Tampoco olvidamos tu risa y tu profundo dolor".
El 16 de noviembre de 1976, Mario Cuevas ingresó a la Unidad Penal 7 de Resistencia con una herida en la rodilla izquierda. Tenía 28 años, 60 kilos. El 31 de marzo, a la semana del golpe, el capitán Danilo Sambueli, que era el jefe de inteligencia de la III Brigada Aérea y asumió como interventor de la Municipalidad de Reconquista ya había decretado su cesantía en el municipio. Si iba a trabajar, lo hubieran desaparecido. Uno de sus compañeros en la prisión de Resistencia, Ricardo Ilde, contó que lo vio muy mal. Le dijo: “No doy más, me torturaron en el hueso de la herida, me pegaron un balazo”. El 13 de diciembre de 1976, Mario fue uno de los 22 presos políticos fusilados por personal del Ejército que respondía a VII Brigada –a cargo del general Cristino Nicolaides- en cercanías de la localidad de Margarita Belén.
Amalia Antonini dijo que tras salir libertad en abril de 1977 regresó a Reconquista, donde se quedó “a vivir hasta hace cuatro años”. “Me reencuentro con mi hijo, que ya tenía dos años”. Aníbal y su primo Mario habían quedado con el abuelo, Carlos Cattáneo, el único libre. En meses, habían fusilado a su hijo en Santa Fe y a su yerno en Margarita Belén, mientras todas mujeres de la familia eran presas políticas: Carmen, Marita, Amalia y María Inés Gutiérrez.
Ante una pregunta, Amalia dijo que era la primera vez –en 46 años- que relataba ante los jueces su secuestro y los tormentos en la dictadura. A pedido del fiscal Martín Suárez Faisal, el Tribunal ordenó entonces remitir copia de su testimonio en el juicio a la unidad de derechos humanos de Paraná para que “se inicie la investigación de los hechos padecidos por la testigo”.
Ordenan el desalojo del represor Jorge Balla en San Francisco
El inquilino se tiene que mudar
El genocida condenado a perpetua debe irse porque alquiló sin decir que iba a cumplir la prisión domiciliaria en esa casa.
La justicia de Córdoba ordenó el desalojo de Jorge Balla, el represor santafesino condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura que se radicó en San Francisco (Córdoba), y ahora deberá dejar el departamento céntrico en el que vive. Balla se mudó de provincia tras haber amenazado a sus vecinos cuando cumplía prisión domiciliaria en Santa Fe. Entonces, el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe autorizó que cumpliera la prisión domiciliaria en el límite entre Córdoba y Santa Fe, desde mayo de 2021. Su presencia levantó repudios y manifestaciones. Fue declarado persona no grata por el Concejo municipal y el propietario del departamento pidió el desalojo porque le habían ocultado que lo alquilaban para que viviera un condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. El alquiler lo concretó Guadalupe Bourquín, la esposa de Balla, sin mencionar la situación de su esposo y por eso, el juez en lo civil y comercial Pedro Chialvo ordenó que debe dejar el inmueble, en un plazo de diez días.
Según remarca el fallo de Chialvo, al propietario, Alberto Esper, la presencia del represor en ese inmueble le era “totalmente desconocida”, ya que -al momento de celebrar el contrato- “Bourquín ocultó maliciosamente el verdadero destino que le iba a dar a la vivienda”. La sentencia agrega que el locador, de haber conocido el verdadero destino del inmueble, no hubiera celebrado el acto jurídico. “Su engaño o dolo fue determinante para la concreción del contrato, lo que evidencia la mala fe de la demandada al momento de celebrar el contrato, viciando por dolo su eficacia”, se sostiene.
El juez considera que se incumplió la cláusula quinta, ya que se alteró el destino de “vivienda familiar”, porque el inmueble es utilizado para la ejecución de una pena privativa de la libertad, bajo el régimen de la prisión domiciliaria.
Chialvo tuvo en cuenta los argumentos del locador, quien consignó haber sufrido un grave perjuicio frente a los demás inquilinos del edificio de su propiedad, quienes le manifestaron “insistentemente” su preocupación e inseguridad por la presencia de Balla en el lugar. En el fallo, que tiene fecha del 21 de junio, Chialvo precisó que uno de los motivos invocados para el desalojo fue que se afectó la libertad del locador de elegir entre alquilar o no el inmueble, y en su caso a quién alquilar su propiedad y establecer también su destino.
El 24 de marzo pasado, vecinos de San Francisco se trasladaron a la casa donde vive el genocida para gritar "Adonde vayan los iremos a buscar". El acto del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia tuvo como destino el domicilio donde Balla se alojó, sin avisar que se mudaba después de haber amenazado y hostigado a sus vecinos de la ciudad de Santa Fe. El pedido de la manifestación, encabezada por murgas, fue que el represor cumpla su condena en cárcel común.
"Montonero hijo de puta, te voy a matar, te voy a agarrar por el patio". Así le gritó Balla a su vecino, en diciembre de 2020. El ex militar fue condenado por la masacre de Ituzaingó y Las Heras, cometida en la ciudad de Santa Fe en 1977. Sin embargo, nunca cumplió condena en cárcel común porque el Tribunal Oral le concedió la domiciliaria en 2017.
Así estaba en 2020. Vivía en su casa, lindera a la de una joven pareja integrada por Juan y Daiana, a quienes llegó a intimidar trepándose al tapial que los separaba. El Foro contra la Impunidad por la Justicia pidió que le revocaran la domiciliaria, pero el Tribunal Oral definió que podía continuar en ese régimen, en Córdoba.
Cuando llegó a San Francisco, comenzaron los repudios. El concejal del Frente de Todos Andrés Romero fue el impulsor del repudio del Concejo municipal de San Francisco a la presencia del represor. Así se enteró el propietario del inmueble de la identidad de su inquilino. Por eso, inició el juicio de desalojo. El fallo de Chialvo le da la razón.
Para el concejal Romero, "lo que hizo el juez Chialvo sienta un precedente muy importante, porque hubo una acción de ocultamiento al locador, que fue engañado en su buena fe, porque se enteró de quién era su inquilino por las acciones políticas que hicimos en el Concejo". Romero también consideró que "hubo complicidad de la policía de la provincia de Santa Fe, porque trasladaron a Balla sin que nadie supiera".
La llegada de Balla fue repudiada también por la Comisión Memoria, Verdad, Justicia de San Francisco, que pidió públicamente que los genocidas "cumplan sus condenas en una cárcel común, para que no se repitan casos como el de Jorge Balla, beneficiario con la prisión domiciliaria pero que se encuentra hoy en San Francisco por haber violado tal privilegio, y siendo favorecido por un Poder Judicial cómplice”. El integrante de la Comisión, el abogado Guillermo Peretti destacó la movilización social que permitió hacer visible la presencia de Balla en la ciudad cordobesa.
El 27 de agosto de 2019, Balla fue condenado en el marco del juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe constituido por Luciano Lauría, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci. Lo encontraron culpable como coautor del homicidio doblemente calificado en perjuicio de Osvaldo Pascual Ziccardi, Ileana Gómez, Carlos Frigerio y Jorge Luis Piotti.
El diputado Mirabella defendió el acuerdo por la deuda histórica que firmó el gobernador
"Deberían celebrar la noticia"
“Es una deuda que Santa Fe está esperando cobrar desde hace más de diez años. Creo que están equivocados, deberían celebrar esta noticia porque esto fue una política de Estado de todos los gobernadores, que hicieron lo que tenían que hacer para que la provincia reciba lo que le corresponde”, remarcó el legislador.
“Este acuerdo para el pago de la deuda histórica con Santa Fe es un acto de justicia no con un gobierno en particular sino con todas las familias santafesinas, después de que nos sacaron indebidamente lo que era nuestro”, agregó Mirabella. “Para nosotros la defensa de Santa Fe no tiene bandera política ni partidaria. Esto va a ser inversión pública real para la provincia y para las familias santafesinas. No es para un gobierno”, enfatizó.
Durante la jornada, Mirabella visitó el Museo del Automóvil de Casilda junto al intendente Andrés Golosetti y el senador departamental Eduardo Rosconi. La institución recibió fondos del Plan Incluir, que serán destinados a obras de ampliación y modernización. Posteriormente, los funcionarios recorrieron la empresa Tornado Ingeniería, un emprendimiento de tres jóvenes ingenieros electrónicos que producen reflectores led diseñados exclusivamente para alumbrado público e instituciones.
Posteriormente, los tres mantuvieron un encuentro en la Intendencia de la ciudad con la ministra de Infraestructura de Santa Fe, Silvina Frana, el senador nacional Marcelo Lewandoski, los presidentes comunales de Godeken, Bigand, Pérez, Villa Mugeta, Carmen del Sauce, Soldini, Sandford y Villada; el gerente ejecutivo de Regiones y Distritos Provinciales de Vialidad Nacional, Patricio García y el jefe del Distrito 7 Santa Fe del organismo, Fabio Sánchez. En el encuentro, se anunció la firma de un convenio con Vialidad Nacional y la próxima licitación de un nuevo tramo de autopista en la Ruta Nacional 33, entre el acceso a San Eduardo y Murphy.
La UNR investiga y enseña sobre usos del cannabis
Un amplio campo para descubrir
Un Instituto de Investigaciones en Cannabinoides y una Diplomatura de pregrado avanzan en los usos medicinal e industrial.
El crecimiento de consumidores y cultivadores de cannabis para uso medicinal en los últimos años planteó la necesidad de regulación de este mercado. En Argentina, desde 2017, está vigente la ley 27.350 referida a la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. En 2020, un decreto amplió los alcances de esta ley para promover un acceso oportuno, seguro e inclusivo a aquellas personas que lo requieren con fines terapéuticos.
En mayo de este año se promulgó la ley 27.669, que apunta a la regulación del cannabis medicinal a nivel industrial en la cadena productiva. La misma contempla la importación, exportación, cultivo, producción y la creación de un organismo regulador. Si bien esta norma complementa a la anterior, aún no fue reglamentada.
Las doctoras Carina Mazzeo y Julia Canet, especialistas en Derecho de la Salud y Bioética de la UNESCO, afirman que antes de 2020, a las personas que necesitaban aceite de cannabis por cuestiones de salud, nadie las autorizaba. Como representantes de varios pacientes en esta situación, recuerdan que debieron derribar mitos. Las presentaciones judiciales contaban con muchos recaudos y una justificación médica que demostrara la falta de respuesta al tratamiento convencional. Por ejemplo, en casos de niños que padecían convulsiones las 24 horas y no respondían a las drogas tradicionales. “Para ellos y sus familias esto era una tragedia”, dicen.
Si bien la nueva ley plantea el derecho al acceso de cannabis de manera gratuita, en el momento que se sancionó, el Estado no estaba en condiciones de proveerlo. Por otro lado, el aceite de Charlotte, que era el más seguro, había que comprarlo en el exterior a precio dólar y pedir autorización a la ANMAT. Lo cierto es que muchos pacientes no podían costearlo y tampoco cultivar su propia planta. Frente a estas dificultades, Mazzeo cuenta que en varias oportunidades debió demandar a las obras sociales en tanto prestadoras de servicio de salud y los fallos siempre resultaron positivos para los pacientes.
Esto cambió con la nueva legislación, que permitió una mayor flexibilización para su uso y también para el autocultivo. En cuanto a los profesionales de la salud, “los neurólogos pediátricos fueron los primeros que observaron las virtudes del aceite de cannabis y avanzaron en recetarlo pero hoy hay muchos otros especialistas que lo están indicando”, expresan y aclaran que no sólo se receta para las epilepsias refractarias sino que comprende un espectro más amplio de patologías.
Actualmente, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe está produciendo aceite de cannabis para distribuirlo de forma gratuita como garantía de acceso a la salud pública. Paralelamente, las personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis y tengan la indicación médica, pueden inscribirse en el Registro de Programa de Cannabis (REPROCANN) y obtener un certificado autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación.
Investigaciones
En este contexto, un equipo interdisciplinario de docentes de las Facultades de Derecho, Bioquímicas y Medicina de la Universidad Nacional de Rosario está estudiando la legislación vigente en materia de investigación y uso terapéutico de la planta, en distintos países americanos. El proyecto está radicado en el Instituto Universitario de Investigaciones en Cannabinoides (IdIUC) de Vicerrectorado.
Este estudio comparado de las normativas adoptadas en diferentes países y los resultados de su implementación “proporcionará valiosos elementos para establecer un marco normativo claro, eficaz y al mismo tiempo flexible para ir incorporando las innovaciones que se presenten”, explican Mazzeo y Canet, que integran el grupo de investigación.
En América Latina, Uruguay cuenta con la normativa más avanzada de la región siendo el primer país en legislar, seguido por Colombia, Paraguay, Ecuador y Perú. En Chile, los pacientes pueden acceder a través de prescripción médica y Bolivia fue el último país latinoamericano que modificó su legislación sobre drogas para permitir el cannabis medicinal.
En lo que al Caribe respecta, Jamaica establece como excepción a la ilicitud la posesión de marihuana con fines médicos o terapéuticos recomendado o prescripto por un médico certificado u otro profesional de la salud aprobado por el Ministerio de Salud; la posesión de cannabis con fines de investigación científica llevada a cabo por una institución de educación superior acreditada o cuando esté aprobada por el Comité Científico del Consejo de Investigación.
En México, tras las reformas a la Ley General de Salud y el Código Penal en 2017, se permitió el uso del cannabis con fines médicos y científicos y se ordenó a la Secretaría de Salud emitir la política pública en la materia para garantizar el acceso de los pacientes a productos farmacológicos con y sin THC.
Estados Unidos y Canadá son los países más avanzados en cuanto al desarrollo de esta industria. En Estados Unidos, 29 estados actualmente cuentan con legislaciones que habilitan el uso medicinal y donde se cultiva, produce, transforma, vende y grava el cannabis y sus derivados. En Canadá, por su parte, hay cerca de 44 productores con licencia autorizados por el Ministerio de Salud, así como miles de canadienses con licencia para posesión y consumo.
La Diplomatura
El Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR impulsó este año la creación de una Diplomatura de pregrado de seis meses que tendrá cinco módulos: investigación en cannabis y canabinoides; cannabis de uso medicinal; producción de cannabis y desarrollo industrial; aspectos jurídicos de la regulación del cannabis y políticas públicas.
Está destinada a profesionales de la salud, abogados, productores, empresarios, emprendedores y todos los interesados en la problemática del uso medicinal e industrial del cannabis. Cuenta con un plantel de docentes de diferentes disciplinas de la UNR, del Centro de Estudios Interdisciplinarios y de la Fundación para los Estudios Internacionales de Rosario (FUNPEI) con máxima experiencia en la materia
“Pretendemos brindar un trayecto académico de formación interdisciplinaria que aporte el desarrollo de recursos humanos capaces de intervenir en los diferentes eslabones de la cadena de valor del cannabis ya que hay mucho por hacer, no solo desde el punto de vista medicinal sino a nivel industrial”, explica la coordinadora académica de la diplomatura, Carina Mazzeo y destaca que la formación es de carácter integral contribuyendo a acompañar este proceso productivo que se abre y poniendo énfasis en el derecho de la salud y la seguridad pública, la soberanía económica y los derechos humanos.
Carina Mazzeo y Julia Canet son abogadas egresadas de la Facultad de Derecho de la UNR, especialistas en Derecho de la Salud y Bioética de la UNESCO y presiden el Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados.
Fuente:Rosario12
137 crímenes en lo que va del año
El 20% de los 137 asesinatos cometidos en el primer semestre del año, en Rosario, tuvo como víctimas a jóvenes de entre 15 y 19 años, la franja etaria que aporta más “matables” al fenómeno de la violencia letal y cuyas muertes “no generan demasiados efectos” y “no son investigadas”, dijo la doctora en Antropología y docente de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de Rosario, Eugenia Cozzi.
De los 131 asesinatos registrados hasta el 19 de junio –fecha de cierre del último informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, luego de la cual se produjeron otros seis-, 25 tuvieron como víctimas a jóvenes de entre 15 y 19 años, equivalente al 20% del total.
Otras 18 víctimas (el 14%) tenían entre 20 y 24 años cuando fueron asesinadas y 23 eran jóvenes de entre 25 y 29 años (17%).
Es decir que casi el 60% de las muertes ocurridas en el primer semestre del año en el Departamento Rosario abarca la franja etaria que va de los 15 a los 29.
El 77% de los 131 homicidios tuvieron como víctimas a varones que, en su mayor parte, residen en barrios populares y revisten la condición de “matables”, que Cozzi describe en sus trabajos académicos sobre el tema.
“Estos jóvenes son construidos socialmente como desechables, como matables, y sus muertes no generan demasiados efectos, no son investigadas ni sancionadas adecuadamente”, señaló Cozzi en diálogo con Télam.
Para la doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), “hay un proceso social muy complejo que convierte a estos jóvenes como matables y a la vez estos jóvenes comparten ese mismo criterio de victimización”.
Cozzi, que además de la producción teórica realizó trabajos de campos entre 2008 y 2015 en barrios populares de Rosario, sostuvo que “ciertas explicaciones que se han dado sobre las violencias inciden en el tipo de intervenciones que se han intentado dar y también inciden en la configuración del fenómeno”.
De ese modo, la idea de “una guerra narco” como explicación dominante del fenómeno de las violencias “refuerza siempre salidas punitivas”, cuyos resultados quedan en evidencia en las propias estadísticas criminales.
Otra perspectiva
Uno de los aportes de sus trabajos consiste en centrar la mirada no en la “explicación hegemónica” sobre el fenómeno, sino en “los usos y sentidos que los jóvenes dan a ese despliegue de violencia, más allá de las explicaciones externas que dan otros actores como los medios de comunicación, las autoridades judiciales o políticas”.
Desde esa perspectiva, dijo que “ahí lo que aparece es que esa violencia horizontal contra otro joven construido como matable, hay una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de construir cierto prestigio, cierto honor, construir autoridad o poder, con los materiales socialmente disponibles” entre los jóvenes de barrios populares.
Cozzi aseguró que en los procesos de construcción de identidad “hay muchos otros materiales disponibles, porque en los barrios populares de la ciudad hay diferentes formas de producir autoridad o poder, hay organizaciones sociales, religiosas”.
Sostuvo que “un número menor (de jóvenes) se involucra más activamente en estos circuitos, en relación a grupos que buscan formas de construir identidad y prestigios por otros canales”, aunque son menos visibles a la mirada dominante sobre el tema.
La doctora en Antropología aclaró que cuando se refiere a “que el narcotráfico no lo explica todo”, lo dice “en relación al narcotráfico como categoría que está anexada a un montón de imágenes”, como la idea de “ese narco ogro, poderosos que disputa territorio con el Estado”.
“Eso no quiere decir –abundó- que la expansión de determinados mercados ilegales (como el de la cocaína) no acelere determinados conflictos, que son cosas distintas”, indicó.
Pero “no lo explica únicamente, porque la violencia que se da en esos mercados ilegales no es puramente instrumental, también hay dispuestas de honor, de lealtades”, señaló.
En sus trabajos de campo, dijo, al ser consultados sobre el fenómeno que en parte protagonizan, los entrevistados afirman que “acá no hay una guerra narco, «los pibes se quieren hacer ver»”.
“Estaba ese despliegue de violencia como una forma de construir cierto prestigio, o construirse un nombre, ser nombrados”, señaló Cozzi, para quien el uso de la violencia para “adquirir cierta fama y que aparezcas en los diarios, puede generar efectos positivos en los pares, pero también negativos en las familias o en otros ámbitos”.
Así, “la idea de que «lo que sucede en Rosario es una guerra narco», tiene como otro de los efectos negativos, además de no poder analizar la complejidad, que lo que hace es ensayar respuestas punitivas” de las agencias estatales que, como lo prueban las mismas estadísticas sobre violencia altamente lesiva, no han arrojado los resultados propuestos.
Mayor número de homicidios
En el primer semestre del año se registraron 137 homicidios en el Departamento Rosario, el más poblado y con mayor conflictividad de la provincia de Santa Fe, la cifra más alta de asesinatos de los últimos ocho años, según los registros del Observatorio de Seguridad Pública.
Las estadísticas oficiales también muestran que la alta conflictividad en la región, vinculada mayoritaria pero no únicamente a la narcocriminalidad, es una constante desde hace una década.
El mayor registro de víctimas de homicidios dolosos en el primer semestre de un año, anterior al de 2022, se produjo en 2014, cuando se notificaron 135 asesinatos en el Departamento Rosario.
Al año siguiente hubo 120, bajó a 108 en el primer semestre de 2016 y descendió a 86 en los primeros seis meses de 2017, para luego volver a crecer en guarismos siempre altos en relación a la media nacional de la tasa de homicidios.
El año pasado fueron 115 en el primer semestre, de acuerdo a los datos del Observatorio.
Las estadísticas del organismo muestran que de las víctimas de asesinatos ocurridos entre enero y junio de este año, el 20% corresponde a jóvenes de entre 15 y 19 años.
El 85% del total de crímenes fue cometido con armas de fuego y el 6,1 con armas blancas, mientras que más del 75% tuvieron como escenario la vía pública.
Sólo seis homicidios de los 137 fueron “en ocasión de robo”, mientras que el Observatorio calificó al 65% de ellos como cometidos en contextos de “organizaciones criminales” y vinculados a “economías ilegales”, principalmente las disputas del narcomenudeo.
El 75% de los asesinatos, en tanto, tuvieron según las investigaciones una “planificación previa” y el 48% fue por “mandato o pacto previo”.
Fuente: Télam
Fuente:RedaccionRosario
La oposición jugó sus cartas, ¿cómo se posiciona el peronismo provincial?
Luego de las críticas opositoras al anuncio del acuerdo entre Nación y provincia, el gobierno santafesino respondió con el detalle fino. El diputado provincial, Leandro Busatto, respaldó a Perotti y habló de "pequeños hitos en los últimos meses que muestran un peronismo unido en sus riquezas y en sus diversidades"
El acuerdo entre Nación y Santa Fe por el pago de la deuda histórica generó revuelo político en la provincia y trajo consigo diferentes interpretaciones en pocas horas. El anuncio oficial el miércoles por la tarde, generó una respuesta inmediata de la oposición al día siguiente, y una pronta ratificación el viernes por parte del gobierno provincial, respaldada por referentes del peronismo santafesino.
En diálogo con Rosarioplus.com, el presidente del bloque justicialista en la Cámara de Diputados provincial, Leandro Busatto, respaldó al gobernador Omar Perotti y a su ministro de Economía, Walter Agosto, quienes el viernes al mediodía brindaron precisiones sobre el convenio, y aunque sin hacer menciones, devolvieron algunas “gentilezas” al arco opositor que se manifestó en términos hostiles respecto al pago de la deuda.
Así como para los referentes de la oposición el repudio al acuerdo por la deuda fue motivo para una foto de unidad, donde confluyeron quienes podrían formar parte del denominado Frente de Frentes, Busatto reconoció que la rúbrica del acuerdo entre Alberto Fernández y Omar Perotti, puede ser un motivo para acercar las partes en el peronismo provincial. “Hay pequeños hitos en los últimos meses que muestran un peronismo unido en sus riquezas y en sus diversidades. Este es un tema que hay que apoyar fuertemente”, deslizó.
- ¿Qué nivel de importancia cobra este acuerdo para la gestión provincial teniendo en cuenta los detalles que brindó el gobernador?
- Es una de las noticias más importantes para la provincia en los últimos cinco o seis años. Implica un acuerdo muy beneficioso para la provincia a partir de una sentencia que le ha dado validez a lo que en su momento exigimos. La historia reciente nos remonta a que otras administraciones, a pesar de haber hecho los intentos para el cobro, no pudieron hacerlo.
Y como es una noticia de relevancia que pone al ejecutivo de la Nación y al de la provincia de cara a la sociedad con una muy buena noticia, la oposición trató de montar una operación política para infravalora y desprestigiar el hecho, para llenar de incertidumbre algo en lo que hay certezas.
Llama la atención que, habiendo sido el reclamo de Santa Fe un motivo de unidad para la política, y nosotros habiendo sido oposición acompañamos siempre al gobierno de Lifschitz y de Binner en el reclamo ante la Corte, hoy no tengamos una actitud recíproca de la oposición. Claramente hay más preocupación por una foto pensando en las elecciones que en el futuro de los santafesinos.
- A partir de esta discusión, ¿la política santafesina dejó pasar una oportunidad para unificarse transitoriamente en pos de un objetivo común?
- Yo creo que en caso de haber una oportunidad la despilfarra la oposición, que está mucho más pendiente de ver cómo puede acercar sus chances a ganar la elección que por preocuparse por el bienestar de los santafesinos. Están haciendo terrorismo mediático con una situación clara y contundente. Intentan infravalorar una noticia muy buena y quieren hacer creernos que el gobierno provincial está de rodillas frente a Nación. Pero ya estamos acostumbrados a que esto ocurra y es porque siempre cerraron filas con la idea de que a ellos les va a ir mejor si al gobierno le va peor. Pero en realidad si al gobierno le va peor al que le va a ir peor es a los santafesinos. Es lo que la política no entiende. En la foto de ayer (por el jueves) donde está el socialismo, el PRO y el radicalismo, está reflejado eso.
- ¿Notás que este hecho le puede dar más fuerza a un armado para competirle al peronismo en la provincia?
- A mí no me cabe la menor duda de que van a terminar en el mismo lugar esos actores, porque lo único que los une es la vocación de que le vaya mal al peronismo. Están desesperados y están permanentemente obsesionados con terminar con el peronismo, y el peronismo me parece que logra siempre regenerarse para que la gente pueda vivir mejor. Estamos en modelos de país distintos.
- ¿Y hacia adentro del peronismo? ¿Esto puede acercar a las partes que manifestaron diferencias?
-Venimos trabajando en esa sintonía. Hay pequeños hitos en los últimos meses que muestran un peronismo unido en sus riquezas y en sus diversidades. Este es un tema que hay que apoyar fuertemente porque es una decisión política de Alberto (Fernández) y de la gestión de Perotti. De hecho se va a pagar mucho tiempo antes de que inicie el proceso electoral.
- El reparto de los fondos a comunas y municipios, ¿va a ser otro tema de discusión, o ya fue saldado en Legislatura?
- Los fondos se van a distribuir como se hizo históricamente en términos de coparticipación, descontando los adelantos que hubo en 2019 para municipios y comunas. Así como se adelantó plata que no había para municipios (en ese entonces) oficialistas porque venían las elecciones, ahora corresponde que devuelvan lo que el gobierno les adelantó. No se les va a pedir, se les va a descontar de lo que les toca recibir.
Fuente:RosarioPlus
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