Realizan «abrazo solidario» a Cuba
Resumen Latinoamericano. 12 de julio de 2022
Este 11 de julio, al cumplirse un año del intento de desestabilización provocado en Cuba, organizaciones políticas, sociales y sindicales solidarios con la Revolución Cubana se dieron cita en Buenos Aires para dar un «abrazo» simbólico y solidario al pueblo cubano y manifestar su incondicional apoyo; así como el repudio a los intentos de golpes blandos y guerras de cuarta generación que atentan contra la soberanía y autodeterminación de nuestros pueblos.
Asimismo, repudiaron el brutal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace seis décadas, el cual indudablemente afecta a todas las esferas de la sociedad cubana.
Documento de apertura del acto
Elimina el Bloqueo
Cuba por la Paz
Hoy, 11 de julio de 2022, las organizaciones políticas, sociales, culturales y sindicales abajo firmantes nos encontramos frente a la Embajada de la República de Cuba para mostrar, una vez más, nuestra solidaridad y apoyo al pueblo cubano y a su gobierno.
Repudiamos el bloqueo económico, financiero y comercial que los Estados Unidos de América le imponen a Cuba desde hace 61 años. Esa inhumana acción unilateral, recrudecida por cientos de medidas en los últimos años, constituye una violación sistemática a los derechos humanos del pueblo cubano e impide el desarrollo armónico y sustentable de la isla, con pérdidas históricas de cientos de miles de millones de dólares.
La República de Cuba viene presentando desde 1992 resoluciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas donde expresa la necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos. Nos hacemos eco de esas victorias diplomáticas y rechazamos firmemente toda acción externa que implique la violación de los principios de igualdad soberana y de no intervención en asuntos internos de los Estados. Reafirmamos la solidaridad y la cooperación entre todos los países como los únicos caminos posibles para superar las dificultades de la crisis económica global y las consecuencias de la pandemia.
Tal como lo expresara un memorando del Departamento de Estado hace más de sesenta años, la política estadounidense de hostilidad contra la revolución cubana nunca tuvo ni tendrá otro objetivo que el de “provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.
Exigimos que cesen la campaña internacional de desestabilización contra Cuba y los permanentes ataques contra un pueblo que ha decidido construir una sociedad justa, libre y soberana.
Expresamos nuestra más profunda admiración hacia el pueblo cubano por ser un ejemplo mundial de solidaridad, por haber podido sostener los mejores índices en salud y educación en un mundo y un continente cada vez más desiguales.
En pandemia, Cuba destinó brigadas médicas a más de 40 países para combatir el Covid-19, sin exigir nada a cambio. Cuba ha desarrollado y aprobado tres vacunas y tiene dos más en desarrollo contra el covid-19, con las que ha vacunado a toda su población teniendo uno de los menores índices de contagios y fallecidos del mundo.
Gracias a Cuba y su método de alfabetización Yo Si Puedo millones de personas en el mundo hoy pueden leer y escribir y también recuperaron la vista por la Operación Milagro que operó millones de habitantes de los lugares más desprotegidos de nuestro continente.
Son miles los egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba que fueron becados por esa asediada Isla y que regresaron a sus países y comunidades para contribuir a una mejor salud integral, entre ellos más de mil cien profesionales argentinos.
Cuba es para América Latina y el Caribe y para los pueblos de todas las latitudes un símbolo de lucha y solidaridad internacional.
Cuba es un claro ejemplo de que un mundo mejor es posible, como dijo el Comandante Fidel Castro. Por eso nos comprometemos a seguir apoyándola en su resistencia, por eso exigimos el fin del bloqueo.
BASTA DE BLOQUEAR A CUBA!
VIVA CUBA!
VIVA ARGENTINA!
VIVA LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA!
CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores. La Cámpora, Movimiento Evita, Descamisados, Partido Comunista, Barrios de Pie, MTL, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Comisión Gremial Banco Credicoop, Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero, Federación Sindical Mundial, Frente Agustín Tosco, AELAC Asociación de Educadores de América Latina y el Caribe.
Fuente: Resumen en Cuba
Ante Economía: la Unidad Piquetera
reclamó bono y aumento del salario
mínimo
Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2022.
La Unidad Piquetera realizó una conferencia de prensa ante el Ministerio de Economía, a cargo de Silvina Batakis, donde presentaron una nota reclamando por un bono de compensación por la inflación para desocupados y precarizados y el aumento del salario mínimo para cubrir la canasta básica.
En la nota hacia la ministra, las organizaciones piqueteras solicitan una reunión para colocar la necesidad de un bono de refuerzo para jubilados, trabajadores precarizados, monotributistas A y B y programas sociales de $ 20.000. Además, insistieron en la necesidad de un aumento inmediato del salario mínimo, hoy en escasos $45.540 de indigencia.
Agregaron que el próximo jueves 14 de julio se movilizarán a Plaza de Mayo con estos y otros reclamos, por trabajo genuino, asistencia alimentaria a los comedores populares, seguro universal al desocupado y libertad de organización.
Reproducimos a continuación el contenido de la nota dirigida a la ministra Silvina Batakis.
A la Señora Ministra de Economía de la Nación.
Licenciada Silvina Batakis.
Presente.
Por la presente las organizaciones sociales pertenecientes a la Unidad Piquetera le solicitamos en forma urgente, dado el carácter alimentario de nuestra solicitud, una reunión con usted para llevarle propuestas actualización de ingresos de los programas sociales y de las personas en estado de vulnerabilidad, agravada por una incremento del proceso inflacionario que está destruyendo el poder adquisitivo de aquellos trabajadores con ingresos fijos.
Por esto estamos solicitando un bono de emergencia de $20.000 que cubra al menos en parte la pérdida de ingresos y la urgente puesta en discusión del aumento del salario mínimo vital y móvil.
Acompañando esta solicitud, el día 14 nos movilizaremos en todo el país para apoyar nuestro reclamo.
UNIDAD PIQUETERA
Fuente: Prensa Obrera
Allanamientos, multas, detenciones y
causas armadas: el manual de la
persecución a las organizaciones
sociales en Jujuy
Por Irina Hauser, Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2022.
Testimonios de las víctimas del hostigamiento impulsado por la gobernación de Gerardo Morales.
“Acá para decidir poner 250 pesos cada uno para la organización hacemos una asamblea que puede llevar horas y horas de debate ¿Eso es una asociación ilícita? Lo hacemos porque la comida no alcanza para los comedores y merenderos». Ana Julia Ramos, militante de AJI-20 (Agrupación Joven Independiente 20 de Agosto), se hace esa pregunta al promediar la semana en que la policía de Gerardo Morales desplegó 16 allanamientos en casas, sedes de movimientos sociales y comedores populares y repartió notificaciones del fiscal Diego Funes que no sólo los señala como si fueran bandas criminales sino de extorsión por la administración de los planes Potenciar Trabajo, entre otros. «Estos días juntamos plata para pagar el ataúd de un abuelo del barrio ¿Eso es delito? ¿Es extorsión?», se suma Miguel Ramos, de la misma agrupación.
La persecución judicial-política es ostensible, está exacerbada desde que Alberto Fernández visitó a Milagro Sala cuando estaba internada por una trombosis venosa profunda y advirtió que es ilegal que lleve siete años en prisión preventiva. Ahora la ofensiva aprovecha el debate por el manejo de los planes sociales. Pero en Jujuy es de larga data y es poli-temática, aunque todo converge en intentar debilitar a los movimientos y sociales evitar que se vea el fruto de sus estrategias de supervivencia –como la economía popular– y en especial que ganen las calles. El gobernador Morales, como es conocido, armó una estructura judicial a su medida que es clave en su estrategia. El asedio a las organizaciones populares se instrumenta a través de causas penales y de contravenciones que se judicializan y derivan en multas monstruosas, impagables, 15 días de arresto en calabozos inhumanos o en el ofrecimiento de hacer tareas comunitarias, una verdadera burla para los/as militantes.
Contravenciones y aprietes
“Parece que luchar es un crimen», vuelve Miguel, que tiene 53 años. Por debajo de su boina asoma una tupida melena gris y una argolla que pende de su oreja izquierda. Hay una fila de sillas contra la pared de uno de los salones de la sede de Nuestramérica, donde se comparten bizcochitos. A tres sillas de él habla Silvia Valdiviezo, que lleva una remera con un 22 que se agiganta sobre su panza de ocho meses de embarazo. Es el símbolo del Frente 22 de Agosto. Tiene los pómulos morenos marcados y el pelo lacio negro largo. «El viernes nos llegó una cédula contravencional, por la movilización de los 20 años del asesinato de Maxi Kosteki y Darío Santillán. A notificar vinieron ocho policías en una camioneta y un patrullero, para que se entere el barrio», dice. Con el hijo por llegar, tendrá cuatro «y tres contravenciones». A su pareja, Diego Bustamante, que trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, lo echaron hace dos años después de ir a ver a Milagro Sala. Ahora hace obras en cooperativas. A su hija, del Ministerio de Salud.
Sebastián Copello, del Partido y del Polo Obrero en Jujuy, estuvo detenido una semana con dos compañeros. Lo acusaron de quemar gomas y obstruir el tránsito en una protesta por asistencia para comedores y merenderos. Lleva una campera azul larga y hasta el cuello. Cuenta que tiene dos procedimientos en su contra: “Uno penal, que está cajoneado, y uno contravencional”. “Me pusieron una multa de 400 mil pesos”, precisa.
Miguel Ramos recuerda que después que detuvieron a Milagro Sala “la gente no se animaba a nada”, pero con el tiempo y la pobreza la lucha siguió. Cuenta sus contravenciones con resignación para no dejarse amedrentar. Recuerda un hecho que causó conmoción en 2021, cuando descubrieron que en el Colectivo Radio Pueblo llevaba tres años infiltrado un agente de la Policía de Jujuy, Ezequiel Rodrigo Rosales, que se hacía pasar por periodista. El hallazgo se produjo cuando su esposa lo denunció por violencia de género. Lo denunciaron pero nada pasó.
La doble vara es explícita: a Ana Julia Ramos y Marisol Velázquez, ambas de AJI-20, les armaron una causa por por supuestas amenazas contra Morales. Les adjudican un grafiti con la cara del gobernador que dice “se lo busca sin vida”. El expediente no tiene ni una prueba que las comprometa. “No prueba más que nuestra militancia en los barrios”, dice Ana Julia, de pelo negro largo y flequillo, labios y sweater rojos. “Hay capturas de nuestras redes sociales y la lista que presentamos para las elecciones legislativas. En una foto de campaña me marcan con un círculo rojo; de Marisol toman un posteo de Instagram y le ponen ‘fan destacada de AJI-20”, cuenta. “¿Cómo se va a sentir amenazado Morales por un grafiti si los amenazados somos nosotros?”, plantea Ana Julia. El fiscal es Diego Funes, el de los últimos alllanamientos masivos.
Los allanamientos
El fiscal Funes es el número dos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que dirige Sergio Lello Sánchez, un leal a Morales, con denuncias de violencia laboral y de género. Los allanamientos de la semana pasada siguieron el fin de semana: Funes mandó a la policía y a asistentes fiscales a requisar casas particulares, comedores, merenderos y sedes de organizaciones, vinculados con el Movimiento Evita, la Tupac Amaru, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la CTEP, Nuestramérica, el MTR 12 de Abril y el Frente Darío Santillán. Fue una excursión de pesca, para buscar documentos, computadoras, celulares, pen-drives. Quería información de los planes Potenciar Trabajo que reciben y administran las organizaciones. Su primer dictamen hablaba de asociación ilícita –usada para meter gente presa– y extorsión por el supuesto pedido de un porcentual del plan a las/los militantes o la exigencia de asistir a movilizaciones.
Daniel Galián, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), estaba a las 7 de la mañana del miércoles en la casa donde viven su papá, dos sobrinos pequeños y dos tías en Alto Comedero. A él y su padre los encañonaron y los esposaron. “Nos tuvieron así hasta las 12. Pusieron como excusa que no tenían papel carbónico para hacer el acta.» Revolvieron todo. Se llevaron hasta celulares viejos con tapa. A Gonzalo Maurín, de Nuestramérica, le golpeó la puerta temprano “un hombre con una escopeta en la mano”. Además de dispositivos, se llevaron su agenda, una vieja costumbre dictatorial.
“Desde que llegó Morales y se creó el MPA, empezaron con represión en una marcha a la Legislatura, luego órdenes de allanamiento y detenciones. En 2020 nos llevaron a juicio por un corte a ocho militantes de varias organizaciones. Nos condenaron a pagar 150 mil pesos y la sentencia fue publicada en el diario El Tribuno”, cuenta José Surita, del Evita. Ese diario pertenece a Rubén Rivarola, presidente del PJ jujeño, socio político de Morales, con quien diseña la estrategia para 2023. Surita, de 55 años, también fue allanado la semana pasada. No estaba en su casa, en Maimará, porque estaba trabajando en San Salvador de Jujuy. Rompieron un vidrio y la puerta. El broche de oro fue que lo llamó la policía: “¿Anda por Maimará? Pasa que queremos retirar la consigna. ¿Podrá volver?”, le preguntaron. Parecía una broma.
Las y los abogados de los militantes fueron a la fiscalía y les dijeron que, por ahora, no hay imputación para nadie pese a que les incautaron de todo y armaron un show. Están todos con temor de detenciones porque conocen la tradición. El día de los operativos se juntaron en una foto Morales, Rivarola, Facundo Manes y otros dirigentes.
Mensajes y debates
Ivone Aparicio es una suerte de mujer “todoterreno” en el MTE. Entiende que el allanamiento a Daniel Galián fue un mensaje: “El es mi socio comunitario, va a preparar la olla en el espacio, es un aviso de que nos tienen en la mira”, dice, en una época donde apenas les llega alimento. “Yo tengo contravenciones. Mi mamá que tiene 73 años fue la que tuvo que recibir a un operativo de siete policías que mandaron para notificarme. Se enojó y me dijo: ‘qué vergüenza, ni con tus hermanos paso esto’”, explica. Ivone desearía que su madre y tantos entiendan que “en los barrios estamos evitando un estallido, para esto trabajamos en el territorio”. Ella trabaja “con chicos con consumos problemáticos” en un espacio llamado Vientos de Libertad. «La mayoría está en situación de calle”, alerta. Otra de sus tareas es acompañar a mujeres víctimas de violencia de género. “Buscamos sustento de distintas formas, vendiendo empanadas o con nuestro polo textil. Para bancar el alquiler hacemos rifas. Pero claro, ahora parece que si recaudás sos una asociación ilícita. Nadie vive con el Potenciar trabajo y nos encantaría un trabajo formal, mientras creamos nuestra fuente», se enorgullece.
Otra de las formas de hostigamiento en Jujuy es atacar proyectos educativos. En Nuestramérica dan clases en modo taller para gente de 16 años, hasta más de 55. “El plan es crear una cooperativa educativa y bachillerato de educación popular”, cuenta Malka Mercado. Pero no les habilitan títulos oficiales, que quedan reservados para la gestión privada. “No hay legislación de gestión social en la provincia”, dice Malka. “Ahora –suspira– quieren denunciarnos como espacio ilegal educativo”.
Policías y ladrones
Fani Martínez es concejala de Calilegua desde hace seis meses. Milita en la Tupac Amaru y representa al Frente Unidad para la Victoria en un cuerpo de seis, para un pueblo de 7500 habitantes donde «no hay correo ni cajero automático, sólo un hospital», dice. Su allanamiento la semana pasada tuvo todas las irregularidades habidas y por haber: se hizo sin testigos, antes del horario de 7 a 20 fijado en la resolución de la fiscalía, violando sus fueros (que impiden entrar a su domicilio sin un procedimiento especial e indagatoria previa) y la policía robó 15 mil pesos de su casa. Lo más insólito es que cuando Fani fue a ver al jefe de la brigada «reconoció lo de la plata y me la devolvió».
«Rompieron las puertas, ventanas, tiraron todo, rompieron sillas, se llevaron dos celulares, anduvieron por el fondo por el techo. Era la brigada de investigaciones, eran dos camionetas llenas y una fiscal de Ledesma. En ese lugar ahora vive mi hijo, pero no estaba.» Cuando le insistió al jefe policial que quería saber qué estaba pasando, la respuesta fue: “Fuimos por orden de la provincia y la fiscal Moreno”. «Yo trabajo en la organización, dicen que les sacamos plata a los compañeros. Yo no les saco nada. Ellos trabajan vendiendo bollos entre otras cosas para la copa de leche. Siempre digo que no nos conformemos con el plan ni con el bolsón con mercadería sino con obras», señala la concejala que aspira en las próximas elecciones a disputarle la intendencia a Elsa Flores, que lleva dos décadas en el cargo y pasó por todas las fuerzas políticas.
En Lozano
Lozano es un pueblito en la montaña lleno de casas sin terminar y con ladrillo gris a la vista. El hambre acecha y hay varios comedores. Uno de ellos pertenece al Movimiento Evita. Es el único de la zona no alineado con Morales, y por eso es castigado. La semana pasada merodeaba esa manzana un auto sin patente. Allí vive y se ocupa de la comida y la merienda Jackie Salguero, de 36 años. «Empecé atendiendo a 15 chicos hace ocho años, hoy son 120», cuenta mientras amamanta a su bebé. «El intendente (Santiago Tizón) no nos da mercadería para poder dar de comer y administra más planes que nosotros, que al final somos los acusados.»
La semana pasada la policía se llevó documentos personales de muchas de las personas que asisten allí como parte de la avanzada del fiscal Funes. Jackie no tiene computadora ni otros dispositivos, apenas un celular, que le quitaron. «No estoy asustada, pese a que nos quieren generar miedo, pero sí con bronca. Nos arman investigaciones para ensuciarnos y que no llevemos gentes a las elecciones». Jackie es bajita, tiene una sonrisa amplia y gran carisma frente a todas las personas que van llegando. Son mayoría mujeres. Es una tarde especial, de «repostería». Las adolescentes prepararon manjares para vender (pasta frola, torta de manzana, otra marmolada, con chocolate también) y poder conseguir la comida para seguir asistiendo a los chicos y chicas que no tienen nada.
Suspenden la extradición del argentino
exmiembro de las FARC y abogados
convocan a rueda de prensa
Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2022.
Los abogados del argentino Facundo Molares Schoenfeld convocaron este martes a una conferencia de prensa para el miércoles próximo luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) suspendiera el pedido de extradición de su defendido, quien integró las FARC y desde febrero se encuentra detenido en la Unidad 19 del complejo penitenciario de Ezeiza.
Los letrados se notificaron de la resolución de la JEP el último viernes, aunque la suspensión del traslado judicial tiene fecha del miércoles 6 de julio, y anunciaron que el próximo miércoles a las 9.30 informarán novedades del caso desde la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), ubicado en Piedras 730 del barrio porteño de San Telmo.
Con el pedido de extradición suspendido, los defensores de Molares Schoenfeld insistirán en el reclamo de su «inmediata liberación» en una rueda de prensa conjunta en la que se presentarán junto a abogados colombianos y organismos de derechos humanos, según adelantaron en un comunicado.
La JEP es el tribunal especializado que interviene en los procesos judiciales enmarcados por el conflicto armado de Colombia.
A Molares Schoenfeld se lo acusa de intervenir en el secuestro de un exconcejal del municipio de Garzón-Huila en el año 2009.
El miércoles 6, la jueza de la sala de amnistía o indulto de la JEP Diana María Vega Laguna reconoció la competencia de ese tribunal sobre los delitos que se le imputan a Molares Schoenfeld («secuestro extorsivo, rebelión, terrorismo», entre otros) y ordenó suspender el proceso de extradición.
En paralelo, instruyó a varias carteras del Estado colombiano iniciar los procedimientos consulares, gestiones judiciales y administrativas para que el argentino «suscriba al régimen de condicionalidad y de aporte a la verdad» que establece el tribunal.
En su resolución de 20 fojas a la que tuvo acceso Télam, la jueza Vega Laguna dispuso que el imputado responda una serie de preguntas desde su lugar de detención para que, una vez que complete esa requisitoria, «suscriba el régimen de condicionalidad» y se le conceda «la libertad condicional o previsional» mientras «se resuelve de fondo su situación jurídica ante la JEP».
La solicitud de extradición había sido requerida por el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano a partir de una orden de detención emitida por una fiscalía del fuero penal ordinario del departamento de Caquetá.
En la Argentina, el pedido de traslado judicial fue convalidado por el juez federal de Esquel Guido Otranto que lo declaró «parcialmente procedente» el traslado judicial.
«La JEP rechazó el pedido de extradición reconociendo el riesgo de vida que implicaría el traslado de Facundo a Colombia, donde más de 300 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de La Habana», señalaron los letrados Gustavo Franquet y Eduardo Soares.
Los dos integran La Gremial de Abogados y desde que asumieron la defensa plantearon que la extradición era «inadmisible» porque las acusaciones formuladas eran «inciertas e infundadas» pero además porque los delitos que se le imputan son anteriores a la firma del Acuerdo de Paz de La Habana del año 2016, con lo cual correspondía que fueran tratados por la JEP.
El 7 de noviembre de 2021, Molares Schoenfeld fue detenido en la casa de su padre, en la localidad chubutense de Trevelin, en base a un pedido de captura internacional emitido por la orden de extradición de Colombia: desde febrero está alojado en la Unidad 19 del complejo penitenciario de Ezeiza.
El 7 de enero de este año, Molares Schoenfeld se presentó ante la JEP para solicitar la amnistía con el patrocinio de un abogado, y en esa petición declaró haber ingresado «a las FARC-EP en el año 2003, bajo el alias de ‘Camilo Fierro’ o ‘Camilo El Argentino’», donde asumió «labores principalmente políticas» hasta que a partir de 2017, tras la desmovilización de la guerrilla, se estableció otra vez en la Argentina.
socializamos la denuncia del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, ante la deportación del reconocido jurista Diego Martínez Castillo, quien llegara al aeropuerto de Ezeiza, Argentina, durante la madrugada del 11 de julio, invitado por la Gremial de Abogados y Abogadas.
Posteriormente a su arribo fue retenido en migraciones y ante argumentos endebles y de raíz persecutoria, se procedio a expulsarlo del país en un vuelo del mismo lunes a las 7.30 de la mañana, entre el silencio de los funcionarios argentinos a los que acudimos.
Las expresiones de solidaridad para con el jurista, reconocido internacionalmente por haber sido uno de los arquitectos del proceso de Paz en Colombia y de la creación de la JEP, han llegado de diversas organizaciones.
Reiteramos que éste atropello deja nuevamente expresa la decisión política de resolver con un «no podemos hacer nada», de los funcionarios de éste gobierno, que prefieren pagar costos políticos con organismos de DDHH a nivel internacional y no con el uribismo genocida y sus jefes del norte, atentando una vez más contra el proceso de paz.
Vale recordar que Diego Castillo fue además uno de los testigos de la defensa en el juicio que se le hizo a Facundo Molares.
El campo realiza su lock out con
movilización en varias provincias
Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2022.
Las entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace harán este miércoles una jornada de protesta y un cese de comercialización de granos y hacienda, en reclamo de la normalización del abastecimiento de gasoil y con la demanda de que «la política recupere la estabilidad macroeconómica».
La convocatoria contempla la realización de concentraciones a la vera de las rutas y en ciudades del interior, sin que inicialmente existan previsiones de cortes en la circulación vehicular.
En los puntos de concentración, que serán definidos por los organizadores locales, se distribuirá un documento confeccionado con el resto de la cadena agropecuaria, que entre otros conceptos incluye el pedido de que «la política recupere la estabilidad macroeconómica».
Además, el escrito plantea la necesidad de que se normalice el abastecimiento de gasoil y la compra de fertilizantes, entre otras cuestiones.
Si bien la jornada se llevará a cabo en diferentes puntos del país, los presidentes de Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; y el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, estarán en Gualeguaychu, donde se realizará una movilización y asamblea sobre la ruta 14, en horas del mediodía. También habrá protestas en Chaco, Mendoza, Santa Fe, Formosa, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa. En estas dos últimas provincias habrá concentraciones en Azul, Chascomús, Las Armas, Tres Arroyos, Chivilcoy, San Pedro, Santa Rosa, Guaminí y Pehuajó.
Al referirse a la convocatoria, Achetoni dijo hoy que «los productores nos manifestaremos pacíficamente en todo el país. Llevaremos adelante la jornada nacional de demanda, donde buscaremos visibilizar la enorme cantidad de problemas y necesidades que tenemos como sector, que venimos arrastrando hace años, pero que se profundizan con la crisis que vive el país», añadió.
Fuente: Tiempo Argentino
Las organizaciones sociales y las
CTA le meten presión a la ministra
Batakis /La Unidad Piquetera convoca
movilización este jueves
Por Laura Vales, Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2022.
Tras los primeros anuncios de la ministra de Economía, exigen políticas de ingreso para los trabajadores informales, estatales y privados. Muchas de estas medidas estaban siendo preparadas antes de la salida de Guzmán, pero ganaron en intensidad luego de los anuncios de su sucesora.
Los movimientos sociales, la CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma se preparan para poner en agenda, con movilizaciones callejeras, el reclamo de medidas que mejoren los ingresos de los trabajadores. La creación de un salario universal y el pago de un aumento de emergencia para los trabajadores estatales y privados son las banderas en las coinciden. Tras los primeros anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis -que habló de “no gastar más de lo que tenemos” y de congelar los ingresos a la administración pública-, consideran que es momento de mostrar la gravedad de la crisis social y remarcar la necesidad de que Estado avance con medidas como el impuesto a la renta inesperada.
Hugo Yasky, titular de la CTA de la Argentina, Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, Juan Grabois, del Frente Patria Grande, fueron algunos de los que se expresaron en este sentido.
Los movimientos sociales se preparan para realizar, este miércoles, 300 asambleas en los barrios. Las están convocando el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Darío Santillán y Nuestramérica, La Poderosa, La CTA Autónoma. Desde otras organizaciones, como la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita, dijeron que van a participar.
La idea del plan de lucha empezó a perfilarse antes de que asumiera Batakis, cuando la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aclaró que el gobierno nacional no va a avanzar con la creación del salario universal; y en estos días ganó en intensidad.
Si bien están motorizadas por los movimientos, se trata de encuentros propuestos en clave vecinal, que proponen a la gente acercarse a hablar del salario básico universal y de un aumento de emergencia para los salarios y jubilaciones. “Son asambleas para discutir el escenario económico”, indican los convocantes, que tienen la idea de definir una acción para el 20 de julio.
Hugo Godoy, titular de la CTA Autónoma y referente de la Asociación de Trabajadores del Estado, dijo que su central también las está convocando. “Las declaraciones de Batakis nos causan mucha preocupación, porque es más de lo mismo. La idea de reducir el déficit fiscal, sin que aporten más los sectores más concentrados de la economía, y sin que haya anunciado mejoras en los ingresos de trabajadores, implica un ajuste sobre los que menos tienen. Esta sociedad sigue en estado de emergencia, mientras los grandes grupos económicos y transnacionales siguen fugando y evadiendo impuestos”, señaló.
Por otra parte, la CTA de los Argentinos viene de decidir, en un Congreso que realizó la semana pasada, “iniciar una serie de movilizaciones en todo el país para pelear por el salario básico universal, por el impuesto a la renta extraordinaria y para que la deuda la paguen los que la fugaron”. Tras la conferencia de prensa de Batakis, su titular Hugo Yasky lo reafirmó: “La ministra eligió dar señales al mercado. Dejó de lado las otras señales, que nuestro pueblo está aguardando. Quienes formamos parte del Frente de Todos y representamos los intereses de los trabajadores y jubilados, vamos a reclamar hasta que logremos una recomposición de los salarios, que por la urgencia tiene que ser a través de un aumento de suma fija”.
Unidad Piquetera
La Unidad Piquetera hizo un pedido de audiencia a Batakis para pedirle el pago de un bono de emergencia de 20 mil pesos para trabajadores informales y jubilados. En la puerta del ministerio de Economía sus dirigentes dieron una conferencia de prensa y confirmaron que este jueves van a movilizar a la Plaza de Mayo.
Para Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, la ministra prepara “un ajustazo, en línea con lo pedido por el FMI. Fue muy clara la representante del FMI, Kristalina Georgieva, al decir que la Argentina ‘necesita medidas dolorosas’”.
Esta será así una semana de movilizaciones, que se anuncian como las primeras de un ciclo de protestas. Al fixture hay que agregar, también este jueves, la feria de economía popular que realizará frente al Congreso la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). En este caso, para que los diputados y senadores traten la Ley de Tierra, Techo y Trabajo, que incluye la creación de un salario básico universal pero además otras el pedido de un ministerio de la Economía Popular que desarrollo políticas de urbanización y de reconocimiento de las actividades de quienes se inventaron su propio trabajo.
Comunicado de la Coordinadora por el Cambio Social
¡Las mismas caras para viejas fórmulas: suspensión de pago al FMI ya!
Capital Federal: 10 hs. Obelisco- 12 hs Plaza de Mayo.
El próximo jueves 14 de julio a partir de las 10 hs los movimientos sociales realizaremos una jornada de lucha a nivel nacional para exigirle a la ministra Silvina Batakis que escuche nuestras justas demandas y para visibilizar en cada punto del país la importancia de nuestro trabajo cotidiano frente a la avanzada persecutoria que estamos sufriendo.
Desde la Coordinadora por el Cambio Social expresamos nuestra profunda preocupación por el rumbo económico, político y social que está tomando el gobierno condicionado por la decisión, desde el día mismo de su asunción, de acordar con el FMI el pago de la deuda ilegítima y fraudulenta que contrajo (y fugó prácticamente en su totalidad) el gobierno de Mauricio Macri y sus aliadxs de los sectores concentrados de poder.
El cambio de ministrxs no planteó un cambio de rumbo, sino que las medidas de Batakis apuntan a profundizar el ajuste y a “calmar” los mercados descargando todo el costo de la crisis en quienes menos tienen. Pagar al FMI es incompatible con las promesas de campaña de mejorar las condiciones de vida de miles de trabajadores y trabajadoras; es incompatible con políticas públicas contra la violencia por razones de género, que sigue matando una mujer, lesbiana, travesti, persona trans o no binarie cada 30 horas; es incompatible con la implementación real del cupo laboral trans y mejoras en la situación laboral de miles de trabajadoras precarizadas; es incompatible con una educación y una salud pública de calidad; es incompatible con el acceso a la vivienda digna y la soberanía alimentaria.
Durante estos años de gestión, el Frente de Todos lo único que hizo fue profundizar el rumbo de la gestión macrista, con una caída a pique de los salarios -especialmente de las personas de más bajos ingresos- y una escalada inflacionaria que cada vez está más fuera de control y que para fin de año ya se calcula que ronde en el 90%. A su vez, las medidas orientadas a captar dólares impulsan el agronegocio y la explotación extractivista de nuestros bienes comunes y una nueva “teoría del derrame” que supuestamente favorece a los sectores populares e históricamente no ha hecho más que engordar las arcas de los ricos.
La salida de Martín Guzmán y la entrada de Silvina Batakis al ministerio de economía (ex ministra de la gestión de Daniel Scioli y quien llevó adelante un ajustazo en la provincia de Buenos Aires) no hace más que confirmar este rumbo, con el anuncio de un paquete de medidas que muestran que el principal interés de este gobierno es cumplir las “metas” que plantea el acuerdo con el Fondo y por esto repite viejas fórmulas que no han llevado más que a profundizar las crisis y empeorar las condiciones de vida del pueblo: un fuerte ajuste sobre el gasto público que anuncia mayor flexibilización y precarización laboral, hospitales sin insumos y escuelas-bomba que matan a compañeres docentes, aumento de tarifas, más devaluación, menos presupuesto para jubiladxs, menos acceso a la vivienda, menos políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres, personas del colectivo LGTB+, niñeces y juventudes.
A pesar de la escalada represiva, las persecuciones judiciales, las olas de allanamientos a nuestros espacios comunitarios y las falsas acusaciones mediáticas que hemos tenido que sufrir en estas últimas semanas, los sectores populares en lucha seguiremos movilizadxs en las calles, porque es la forma en la cual históricamente hemos conquistado nuestros derechos.
Los movimientos sociales somos parte de la solución y no el problema, somos quienes estuvimos en la primera línea enfrentando la pandemia en los barrios. Además el trabajo que desarrollamos de forma cotidiana es el que garantiza necesidades tan básicas como la de que cada familia pueda tener un plato de comida en su mesa. La disputa interna del Frente de Todos por el control territorial es una política mezquina y vergonzosa que ataca nuestro legítimo derecho a organizarnos y erosiona las redes comunitarias construidas con años de esfuerzo y trabajo colectivo.
Por eso, llamamos también a salir en la mayor unidad, junto a trabajadores formales, informales, precarizadxs, y todas aquellas personas que realizan trabajos de cuidado, sin remuneración y no reconocidos, a pesar de ser quienes sostienen la trama social ante la crisis. ¡En estos tiempos en los que las condiciones de vida se hacen cada vez más difíciles, es fundamental como pueblo salir juntxs a luchar!
¡Fuera FMI! ¡Suspensión ya de los pagos e investigación de la deuda!
¡Basta de persecución política a los movimientos sociales!
¡Nos quieren sacar de la calle, pero no de la pobreza!
Envio:RL
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, dijo que “el diálogo siempre está abierto”
El Gobierno cuestionó el lockout agropecuario: “No conduce a nada”
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró que el lockout que distintas entidades agrarias llevan adelante este miércoles “no conduce a nada”. “No estamos de acuerdo con este paro”, remarcó el funcionario esta mañana al llegar a Casa Rosada.
El ministro destacó que “las puertas del Gobierno nacional están abiertas de par en par” y que “el diálogo siempre está abierto”. “El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, es un gran ministro y está en diálogo permanente”, agregó.
El paro de comercializacion de este miércoles es organizado por la Mesa de Enlace bajo el nombre “Jornada Federal de Demandas” en rechazo al Gobierno y con el pretexto de reclamar por el faltante en gasoil; pedir la eliminación de las restricciones a la exportación; disminuir la brecha cambiaria y exigir que no se aumenten las retenciones al agro.
Manzur señaló que "tuvimos dificultades en cuanto a la provisión de gasoil" debido a la "situación energética a nivel mundial" que "felizmente se ha ido resolviendo" gracias a la implementación de medidas de abastecimiento.
A su vez, aseguró que el interés del Gobierno está puesto en "agregar valor a lo que produce nuestro campo argentino" y "producir más". "Esos son los grandes desafíos", sostuvo.
El ministro también fue consultado al respecto de la movilización que organizan la CTA y movimientos sociales en reclamo, principalmente, del Salario Básico Universal. "Forma parte de visiones que obviamente hay que atender y escuchar", respondió y aseguró que lo central es "cuidar a los sectores más vulnerables".
Concentraciones y cese de comercialización de la Mesa de Enlace
Protesta con más color partidario que sectorial
El cuarteto empresarial, en el cual dos se identifican con la línea dura del PRO, protesta en demanda de dos temas en vías de solucionarse (gasoil y fertilizantes) y un tercero (estabilidad monetaria) en el que son activos desestabilizadores.
Pese a que muchos de los reclamos formulados inicialmente ya quedaron resueltos, las entidades que conforman la Mesa de Enlace ratificaron la jornada de protesta y cese de comercialización de granos y hacienda para este miércoles 13. La consigna que levantan es "por la normalización del abastecimiento de gasoil" y la demanda de que "la política recupere la estabilidad macroeconómica". Desconocieron, de este modo, no sólo el cambio de ministro de economía y los anuncios lanzados este lunes por la flamante titular, Silvina Batakis, justamente para recuperar la estabilidad amenazada por el ataque especulativo de quienes promueven una devaluación. Intención a la que la propia Mesa de Enlace no es ajena.
Tampoco tomaron en cuenta el documento emitido en las últimas horas por los autotransportistas de carga en el que evalúan que la normalización del abastecimiento de gasoil en buena parte del país en los últimos diez días "genera alivio en el sector". Ni parecen haber dado crédito a las disposiciones oficiales que colocan la importación de fertilizantes como uno de los rubros con acceso directo a las divisas ofrecidas por el Banco Central al valor oficial.
La medida de fuerza lanzada por la Mesa de Enlace motivó discrepancias en el propio sector agropecuario. Incluso Coninagro, una de las cuatro integrantes de la Mesa, adhirió a la medida en nombre de mantener la cohesión de la organización, pero dejaron en claro que “las bases cooperativas de la entidad en los distintos sectores de las economías regionales de nuestro país no comparten un cese de comercialización, entendiendo que no es oportuno este contexto”.
Eduardo Buzzi a su vez (ex presidente de la Federación Agraria Argentina, incluso en la batalla por las retenciones de 2008/2009), consideró en una entrevista radial que "no está claro qué piden" las entidades que conforman la Mesa de Enlace. "Es una protesta que tiene más que ver con la oposición política que con reclamos que el campo le pide al Gobierno para mejorar sus condiciones", subrayó.
Por otra parte, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) informó este martes que se registró una mejora en el acceso del combustible para los transportistas, si bien advirtió que todavía existen algunos problemas en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, pese a los cuales describió una situación general de "alivio".
"Los datos relevados entre el 1 y el 10 de julio para elaborar el Mapa de abastecimiento de gasoil muestran una mejora en el acceso del combustible para los transportistas de cargas", informó hoy Fadeeac a través de un comunicado. “El cambio respecto del mapa anterior -que relevaba la situación entre el 25 de junio y el 1 de julio- nos genera alivio", señaló Roberto Guarnieri, presidente de Fadeeac.
El comunicado añade que también "se verificó un descenso en los precios máximos por litro". El mapa difundido por la entidad señala que aún se registra un alto impacto en el sector por el desabastecimiento en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, y en menor medida en Córdoba, Santa Fe y Formosa. En el resto de las provincias paulatinamente se va normalizando el servicio, según se informó desde la entidad.
La convocatoria a la jornada de protesta contempla la realización de concentraciones a la vera de las rutas y en ciudades del interior, sin que inicialmente existan previsiones de cortes en la circulación vehicular.
En los puntos de concentración, que serán definidos por los organizadores locales, se distribuirá un documento confeccionado con el resto de la cadena agropecuaria, que entre otros conceptos incluye el pedido de que "la política recupere la estabilidad macroeconómica". Además, el escrito plantea la necesidad de que se normalice el abastecimiento de gasoil y la compra de fertilizantes, entre otras cuestiones.
Si bien la jornada se llevará a cabo en diferentes puntos del país, los presidentes de Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; y el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, estarán en Gualeguaychú, donde se realizará una movilización y asamblea sobre la ruta 14, en horas del mediodía.
También habrá protestas en Chaco, Mendoza, Santa Fe, Formosa, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa. En estas dos últimas provincias se anticipan concentraciones en Azul, Chascomús, Las Armas, Tres Arroyos, Chivilcoy, San Pedro, Santa Rosa, Guaminí y Pehuajó.
Fuente:Pagina12
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