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14 de julio de 2022
TROPEL del 14.07.2022.
Humedales en riesgo: el Gobierno
planea avanzar sobre un millón de
hectáreas
Por Juan Chiummiento, Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2022.
La ministra de Economía, Silvina Batakis, es una de las impulsoras de «ampliar la frontera productiva» sobre los Bajos Submeridionales, un gran humedal que abarca regiones de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Junto con los gobernadores, proponen ganadería y agronegocio en un ecosistema frágil. Argentina sigue sin una ley que proteja los humedales.
Los Bajos Submeridionales constituyen uno de los humedales más grandes de Argentina. Ubicado en la región del Chaco, es objeto de una iniciativa para «recuperar tierras productivas», que genera entusiasmo entre las autoridades al tiempo que despierta críticas por sus potenciales riesgos ambientales. Con una superficie de 5,5 millones de hectáreas, la región constituye un sistema hidrológico que involucra a las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Su principal característica es la alternancia de inundaciones y sequías en breves lapsos de tiempo, lo que generó siempre un foco de atención de los gobiernos provinciales, que intentaron realizar acciones para controlar dichos eventos.
En el lugar conviven pueblos rurales con una actividad agroganadera dispersa, cuya producción central es la cría bovina extensiva. La inmensa planicie es hábitat también de más de 200 especies de aves, varias de ellas en peligro de extinción, como el cardenal amarillo. El humedal fue identificado por The Nature Conservancy como una de las regiones «más importantes y sensibles» del continente, al tiempo que es considerado «área Importante para la conservación de aves» por BirdLife International.
En un hecho histórico, el Estado nacional y las tres provincias delinearon recientemente un ambicioso proyecto en común, cuyo objetivo es «reconvertir y recuperar» entre 800 mil y 1,2 millones de hectáreas para la producción. Según una presentación realizada ante el director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Qu Dongyu, la región tiene potencial en algodón, girasol, maíz, soja, sorgo y trigo, así como también en lechería, producción de ganado ovino, caprino y de granja, extracción de leña y producción de miel.
Ariel Martínez, subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, sostuvo que el proyecto busca dar “cierta previsibilidad” ante las frecuentes inundaciones y sequías. Además, agregó que el incremento de la producción será «bajo determinadas características, amigables, que no cambien el uso del suelo del lugar».
A la fecha no hay certezas sobre qué tipo de trabajos se realizarán, pero la difusión de noticias relacionadas con la iniciativa generó la reacción de sectores ambientalistas. “Si la mirada es expandir la frontera agrícola, ese gran espacio de pastizales va a ser potencialmente sustituido por cultivos agrícolas, con lo cual hay una pérdida directa de biodiversidad”, analizó Andrés Pautasso, investigador del Museo Provincial de Ciencias Naturales «Florentino Ameghino».
Para Pautasso, quien sostiene que el humedal presenta un panorama similar “a la región pampeana antes de que la agricultura se comiera todo”, la discusión central es “qué tipo de producción queremos”. Según entiende, el debate es entre quienes piensan que la producción debe ser planteada adaptándose a los pulsos naturales o bien adaptar los ecosistemas a los ritmos productivos.
Humedales en manos privadas
El futuro del humedal se dirime al interior del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales (Cirbhas), una instancia creada bajo la administración del gobierno nacional anterior y ratificada en el actual. Allí se evaluará el plan director de obras, actualmente en elaboración por parte de un grupo de consultoras contratadas por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Según los términos de referencia de la compulsa pública, previo a cualquier intervención debe realizarse una evaluación ambiental estratégica, así como también implementarse una «red de monitoreo hidroambiental» y realizarse una ronda de consultas con actores clave de la región.
Las organizaciones ambientalistas alzan su voz atento a los antecedentes registrados en la región. Según una investigación publicada en 2017 las canalizaciones, endicamientos y terraplenes ya realizados en la zona para lidiar con las inundaciones y sequías «modificaron la dinámica natural y características de los humedales promoviendo la extensión de algunos y la degradación y pérdida de otros».
Las autoridades sostienen que esta vez la historia será diferente. «Es la primera vez que se toma la situación desde un punto de vista integral», sostuvo el ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, quien dijo que el proyecto contempla «no sólo obras, sino también manejo, porque las características productivas de la zona determinan que estemos ante un sistema muy vulnerable».
Para el funcionario, «lo que es bueno para el medio ambiente es bueno para la producción». En este sentido, resaltó que entre los principales desafíos del plan está aumentar la eficiencia de los rodeos bovinos, logrando incrementar un 50 por ciento la producción de terneros (hoy ubicada alrededor de los 110.000 cabezas, un cinco por ciento del total nacional).
Contrapuntos
El debate de fondo en torno a qué hacer en los Bajos Submeridionales repite la lógica de otras situaciones en las que el incremento de la capacidad productiva supone un desafío a las condiciones naturales, como el caso de las inversiones en el sector porcino o la exploración petrolera offshore. De un lado se ponderan las bondades económicas de la intervención, mientras que del otro se exponen principalmente sus consecuencias ambientales.
Mario Basan Nickisch es ingeniero en recursos hídricos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Su voz es encomiada por las autoridades políticas y respetada por los sectores ambientalistas. Para él, lo que se está buscando es producir «bajo buenas prácticas sustentables».
«Desde que estoy en esto nunca se había puesto en agenda crear reservas, hablar de humedales… Eso antes era materia prohibida», dijo Nickisch. El especialista buscó llevar tranquilidad a las organizaciones que advierten sobre los riesgos de las intervenciones, planteando que el Cirbhas está conformado por un equipo interdisciplinario y que además «ninguna obra pasa sin el estudio de impacto ambiental».
Para los sectores ambientalistas ya existe un «nivel de agresión importante». En un comunicado emitido a finales de marzo por diversas entidades, plantearon que obras ya ejecutadas «provocaron sequías extraordinarias», por lo que una futura intervención sin la debida evaluación «resultará en graves afectaciones a un ecosistema frágil». Dicha condición —sostuvieron— se ha agravado «debido a los cambios de uso de suelo, el desmonte y desagües clandestinos que presenta la región desde hace décadas».
Toda esta situación se da mientras el congreso argentino sigue postergando el debate de una ley de humedales, iniciativa que si bien registra apoyos en el Gobierno no termina de concretarse. Si bien no existe un único proyecto en la materia, las fuentes consultadas coinciden en que la sanción de una normativa ayudaría a contener posibles efectos adversos de la intervención en los Bajos Submeridionales.
*Artículo de Juan Chiummiento publicado originalmente en Diálogo Chino y se volvió a publicar bajo una licencia de Creative Commons.
El Estado argentino podría responder por la situación de la niña Arcoiris luego presentación realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las abogadas patrocinantes Ivana Cattaneo y Élida Barrera anticiparon que elevaron la denuncia el pasado 29 de junio a esa comisión que ya declaró admisible la causa, por lo que ahora deberán remitir pruebas. La situación de la niña y de su mamá que mediante orden del Poder Judicial de la Nación están protegidas en Buenos Aires “es grave”, reiteraron las letradas por la justicia no ha respondido ante las reiteradas denuncias de abusos sexuales realizadas por la madre.
En junio pasado, una resolución del Juzgado Civil 103 del Poder Judicial de la Nación determinó prohibir el acercamiento del padre a la niña y a su mamá en «cualquier lugar donde se encuentren ambas». La resolución judicial fue dictada ante el informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia que evaluaron el caso “de alto riesgo”.
Las abogadas Ivana Cattaneo y Élida Barrera.
La Corte Interamericana es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas provisionales. Argentina, junto a 20 estados, reconocieron su competencia.
La abogada de la madre de Arcoiris, Élida Barrera, recusó a la jueza de Menores Alicia Valdez por haber actuado con “parcialidad” en su contra, al momento de solicitar el paradero de la niña en junio pasado, y acusar a la letrada de no cooperar con la Justicia. Ahora también presentaron recusaciones en contra del defensor de Menores, Pablo Cubillo por no cumplir “con sus funciones”. “No se ha presentado en las audiencias ni se ha presentado en ninguna de las causas”, afirmó Cattaneo sobre el desempeño del funcionario judicial.
Conferencia de prensa por Facundo
Molares ante la suspensión de
extradición
Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2022.
Este miércoles se realizó una Conferencia de Prensa el próximo a las 9.30hs en el Serpaj (Piedras 730) ante la suspensión del pedido de extradición para informar la situación legal de Facundo Molares. Allí exigieron su inmediata liberación. Los abogados de la Gremial de Abogados que asumieron la defensa, los abogados de Facundo en Colombia y los Organismos de DDHH, estuvieron presentes para detallar los últimos avances de la causa.
Denunciaron la detención y expulsión arbitraria de la Argentina en el aeropuerto de Ezeiza del abogado y jurista colombiano Diego Martínez Castillo quien iba a ser uno de los oradores el próximo miércoles.
El pasado viernes la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia reconoció su competencia sobre los delitos políticos que se le imputan a Facundo durante su participación en las FARC – EP. Rechazó la JEP el pedido de extradición reconociendo el riesgo de vida que implicaría el traslado de Facundo a Colombia, donde más de 300 ex combatientes (y varios centenares de líderes y lideresas sociales) han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de La Habana.
En resumen, se valida lo que la denfensa viene sosteniendo a lo largo de estos 8 meses que Facundo está preso.
Detención y expulsión de un jurista
Este miércoles en el Serpaj hablaron representantes de la Gremial de Abogados, quienes defienden a Morales en Argentina, sus pares de Colombia (que atienden la causa allí) y organizaciones de derechos humanos y políticas. Dieron detalles sobre el estado actual de la causa y, además, sumaron una nueva denuncia. Se trata de “la detención y expulsión arbitraria de la Argentina en el aeropuerto de Ezeiza del abogado y jurista colombiano Diego Martínez Castillo, quien iba a ser uno de los oradores” de la conferencia de prensa.
Martínez Castillo es considerado uno de los “arquitectos” del régimen jurídico organizado para garantizar los acuerdos de paz. Fue miembro pleno de las comisiones que elaboraron los tratados discutidos por el gobierno colombiano y las FARC en la Habana (Cuba). Como parte de ese proceso fue parte del grupo de juristas que inauguraron la Jurisdicción Especial para la Paz y actualmente es uno de los abogados defensores que componen ese organismo. En esa calidad, declaró como testigo en el juicio de extradición de Molares. Según la defensa del imputado, fue un testigo “altamente calificado” que, tras varias horas de declaración, “dejó en ridículo a los fiscales colombianos y argentinos” que lo acusaban.
En la conferencia de prensa se informó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla, se negó a intervenir en favor de Martínez Castillo. La excusa fue que “no podían hacer nada” para que se le permitiera entrar al país, ya que el abogado figura en un listado de personas a las que el Estado colombiano pide que se les niegue el ingreso a países como Argentina. Una vez más, la colaboración interestatal para la criminalización de personalidades y organizaciones a las que sin empacho se las tilda de “terroristas”.
Como se viene informando en La Izquierda Diario, el caso de Facundo Molares también involucra a la Cancillería argentina, que siempre se negó a impulsar las medidas tendientes a terminar con la persecución política al periodista y militante. Ni Felipe Solá ni su sucesor Santiago Cafiero explicaron nunca el por qué de esa negativa, haciéndole un gran favor a los sectores reaccionarios del Estado colombiano y del Poder Judicial argentino.
La conferencia de prensa de este miércoles finalizó con la exigencia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de “que actúe con celeridad para poner fin a la injusta detención” de Molares. “¡Ni un minuto más preso! ¡Libertad a Facundo Molares!”, fue el llamado lanzado desde la mesa.
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