Sobre el lobby proxeneta de AMMAR
Por Escribe Javiera Sarraz*, Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2022.
La Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR), un intento de “sindicato de prostitutas” integrado a la CTA Autónoma y con fuertes lazos con el gobierno, se encuentra en una campaña por la legalización de la prostitución en Argentina. Para ello se vale de las legítimas denuncias de violencia que las fuerzas represivas ejercen contra las prostitutas callejeras. Apoyándose en el enorme grado de vulnerabilidad en que se encuentran las prostitutas, AMMAR actúa como un lobby a favor de la legalización de la prostitución, de la cual sus principales dirigentes funcionan como proxenetas.
AMMAR cuenta en su prontuario con diversas denuncias, demandas y condenas por trata de personas con fines de explotación sexual. En los últimos meses ha desplegado una campaña política alrededor del lanzamiento del libro “Puta feminista” de la Secretaria General de la organización, Georgina Orellano. El libro, que fue presentado en universidades nacionales de todo el país y en la Feria del Libro de este año, ha sido promocionado por diversos dirigentes y legisladores del Frente de Todos, quienes se han comprometido con AMMAR a tratar de manera favorable la legalización de la prostitución.
El texto carece del menor interés literario. Se trata más bien de un panfleto de propaganda por la legitimación la explotación sexual de la mujer. Con ese fin, levantan el lema “el trabajo sexual también es trabajo”. Lo mismo podría decirse del trabajo esclavo o del trabajo servil. Otro aspecto de esta campaña es la reivindicación de la imagen de los y las proxenetas, que son disfrazados de ‘cooperativista’ y de organizadores sindicales.
“Puta Feminista” relata en primera persona historias donde las proxenetas (las ‘cobraplazas’, dueñas de prostíbulos y otras punteras de la cadena prostituyente que se enriquecen con la explotación sexual de otras mujeres) son heroínas trágicas y maternales. Allí también se defiende el “derecho” a lo que sería una suerte de consumo recreativo de mujeres. Orellano niega que el deterioro físico y psicológico que sufren las personas que son explotadas sexualmente a cambio de un ingreso, ni la elevada tasa de femicidios y travesticidios que sufren, ni el bajo promedio de esperanza de vida de las prostitutas, ni de la drogadicción y la tasa de suicidios, etc., sean inherentes al ejercicio de la prostitución tengan o no estas prostitutas ‘derechos laborales’. Orellano vende un cuento de hadas, pero detrás de él se esconde un negocio fabuloso que se monta sobre la base de la destrucción de la vida de miles de mujeres y trans.
Prostitución y “control de daños”
La prostitución surge siempre como una posibilidad de ingresos para las mujeres cuando son golpeadas por el desempleo; algo similar a lo que hacen las bandas narcos en las villas. La base material de la prostitución es la pobreza, la guerra, el hambre e inclusive la falta de vivienda, que es uno de los principales ofrecimientos de los proxenetas que regentean migrantes recién llegadas y familias desalojadas. Junto al narcotráfico, la banca y la guerra, la explotación sexual de mujeres es uno de los negocios de mayor rentabilidad para el capital.
En los barrios y en nombre de las famosas campañas de ‘reducción de daños’, las organizaciones de la UTEP captan a chicas pobres para que se prostituyan con AMMAR. El modus operandis del ´reclutamiento´ es repartir folletos que con planteos como “si eres trabajadora sexual usá condón y sindicalizate con AMMAR”; o “recuerda cobrar antes de subirte al auto de un cliente”. Luego AMMAR le ofrece a las chicas un carnet sindical.
Diversas mujeres han denunciado en Encuentros Nacionales de Mujeres, y también en televisión, que AMMAR les entrega a los proxenetas este carnet de afiliación al ‘sindicato’ con los nombres de las chicas captadas para que, frente a cualquier allanamiento, denuncia o demanda, las mujeres prostituidas figuren como ‘trabajadoras que ofrecen voluntariamente un servicio’. Por cuestiones como estas es que se encuentra condenada por proxenetismo la ex dirigente seccional de AMMAR en Mar del Plata.
Que la deuda la paguen las prostitutas
Legalizar la figura del proxeneta tiene por objetivo convertir a la prostitución y el proxenetismo en una actividad económica que, como cualquier otra, deba pagar impuestos al Estado. Esto es promocionado por Grabois y la UTEP, Patria Grande, las feministas de Mala Junta, Movimiento Evita, entre otros. En esa línea es que la concejal del FdT de Mar del Plata, Sol de la Torre, se encuentra consensuando con un sector de JxC una ordenanza municipal que regula los lugares de la ciudad donde se puede ejercer la prostitución. Una especie de plan piloto del regulacionismo.
El interés por legalizar el proxenetismo ya lo demostró Alberto Fernández durante la pandemia, cuando incluyó la opción de ‘trabajadora sexual’ en el formulario de Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP).
Las lobbystas del regulacionismo (y pequeñas proxenetas) son el lumperío asociado al Estado a través del negocio de la explotación sexual. Al igual que sucede con las drogas, los gobiernos encuentran en la legalización de la prostitución un fondo de recaudación estatal, fundamental en momentos de crisis fiscal. Es lo que hizo Grecia para poder aumentar su PIB y entrar en la Unión Europea. Allí la prostitución es legal a partir de los 18 años y el Estado emite los permisos que habilitan el funcionamiento de los burdeles. Un caso similar es el del gobierno español, que en 2018 discutió la legalización de la prostitución como ‘actividad laboral’ con el fin de reducir el déficit público en el área de Seguridad Social y Jubilaciones (cuyos números negativos eran cercanos a 18 mil millones de euros).
Del otro lado del Atlántico, los Estados de países latinoamericanos también se benefician con los impuestos que cobran de la importación de dinero que envían prostitutas latinas para sus familias desde países de Europa u otros lugares. Una parte importante de mujeres azotadas por las guerras y las crisis económicas en los países del Este, como Ucrania, son arrastradas a prostituirse en el centro de Europa.
Trabajo y prostitución
En su discurso, Orellano iguala social e individualmente la fuerza de trabajo que ocupa una obrera con sus manos para trabajar en una fábrica, con la energía que ocupa una mujer prostituta con sus genitales: «-¿Y vos con qué parte de tu cuerpo te prostituís?’’, dice. Y así como los militantes de las drogas acusan a la ilegalidad de los estupefacientes como responsables del narcotráfico, Orellano acusa a la ilegalidad de los estupefacientes como responsables del narcotráfico, Orellano acusa a la falta de regulación y de ‘derechos laborales’ en la prostitución como responsables de las redes de trata y de la violencia policial.
El capitalismo ha entrado en una fase en la que ya no sólo explota la fuerza de trabajo de la mayoría de la humanidad para producir mercancías, sino que ha transformado a la humanidad en su mercancía. La prostitución sexual es la mercantilización del cuerpo y la sexualidad de la mujeres y trans como algo que se vende, se compra y compite dentro del mercado.
En los manuscritos filosóficos, Marx escribe: “el trabajador pone su vida en el objeto y su vida no le pertenece ya a él sino al objeto. Pero la vida que le ha dado al objeto se le opone como una fuerza ajena y hostil”. Diversos estudios psicológicos revelan que existe una fuerte tendencia a la despersonalización y rechazo del propio cuerpo en mujeres prostitutas. El objeto enajenado, en este caso, resulta ser el propio cuerpo, voluntad y sexualidad de la mujer; el estrés post traumático de una mujer sobreviviente de prostitución suele ser comparable al de los veteranos de guerra. La prostitución no es trabajo, porque si es que hubiera un producto sería el de la vida de la mujer que es consumida.
El supuesto derecho individual de prostituirse que defiende AMMAR es la negación del carácter social de la experiencia individual.
Las mujeres, las drogas y las armas, en su ‘libre e individual consumo’, se corresponden con ‘actividades recreativas sociales’ como la prostitución, el narcotráfico o el juego de masacrar escolares en una escuela. Son probablemente los eslabones más oscuros del capitalismo porque le ofrecen un mercado propio a la perversidad y la alienación.
El problema no gira entonces sobre la libertad individual que debe tener o no una mujer para prostituirse, sino en torno a cómo las mujeres y la clase obrera nos organizamos contra el desempleo, contra la pobreza, contra la violencia policial y estatal, en el entendimiento de que la prostitución ocupa un lugar bajo el régimen capitalista: el de explotar a las mujeres y disidencias sexuales de la clase obrera y rescatar a los Estados quebrados y darle rentabilidad al capital. Las mujeres trabajadoras y las disidencias sexuales necesitamos organizarnos y luchar, no como un imperativo moral, sino como una realidad objetiva.
Desde Política Obrera, invitamos a todas las familias víctimas de trata y drogadicción, y a todas trabajadoras y trabajadores en situación de prostitución a discutir este 16 de julio, en la Asamblea abierta del Polo Obrero Tendencia, cómo trazar una línea estratégica de lucha contra esta brutal opresión y explotación que atravesamos con esta crisis política y económica.
*Escribe Javiera Sarraz – Militante de Política Obrera y sobreviviente de prostitución
Allanamientos en Jujuy: Se dispara
el peligro de una ola de detenciones
Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2022.
A seis días de los operativos simultáneos en locales, merenderos y casas particulares los y las militantes de organizaciones sociales fueron notificados de que debían presentarse ante la Justicia. Las acusaciones incluyen delitos no excarcelables: extorsión y asociación ilícita.
A una semana de los allanamientos generalizados contra organizaciones populares en Jujuy, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos inició una nueva visita al feudo de Gerardo Morales, donde se propone continuar con el relevamiento y la denuncia de violaciones a los derechos humanos y, en el corto plazo, evitar las posibles detenciones de los y las militantes que el aparato judicial subordinado al caudillo radical parece haberse fijado como nuevo blanco.
El martes a la noche, seis días después de los 16 allanamientos simultáneos en locales, comedores, merenderos y casas particulares de quienes son estigmatizados y criminalizados por administrar los planes Potenciar Trabajo, las y los allanados –que pese a la brutalidad de los operativos y a la supuesta investigación previa no están imputados por ningún delito– fueron notificados de que debían presentarse este miércoles por la mañana junto con peritos informáticos para proceder a abrir los pendrives, celulares y computadoras que les secuestró la policía provincial.
El Ministerio Público de la Acusación, que Morales controla desde 2016, rechazó los planteos de sus abogados por las irregularidades en los procedimientos (en la mayoría de los casos les impidieron estar presentes) y también el pedido para que suspendieran las audiencias convocadas con pocas horas de anticipación. «Al cumplir cinco horas de audiencia pedí un cuarto intermedio, todos estamos cansados, incluso los propios funcionarios. Me rechazaron el pedido. Ya no podemos ver ni leer las actas”, apuntó el abogado Luis Paz este miércoles por la tarde, cuando ya llevaba ocho horas de audiencias.
“Acá no entiende el que no quiere. Intervención federal al Poder Judicial ya”, reclamó, en línea con el pedido de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que conforman el Frente Milagro Sala.
Solidaridad, episodio 3
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos se gestó tras el golpe de Estado en Bolivia en 2019, cuando un grupo de militantes viajó a relevar y a denunciar las múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno de facto de Jeanine Añez. “Después tuvimos intervenciones ante distintas situaciones que lo ameritaban, con compañeros y compañeras que participaron de actividades en Colombia, Paraguay, Chile, y ese mismo año hicimos dos visitas a Jujuy que derivaron en el informe que presentamos en octubre del año pasado”, repasa el abogado Sergio Job, militante de la Unión de Trabajadores Rurales que forma parte de la UTEP Córdoba y coordinador regional de la zona centro de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
“En aquel momento sistematizábamos 43 situaciones de graves violaciones a los derechos humanos que tenían que ver sobre todo con que el Estado jujeño, en particular su Poder Ejecutivo, manipulaba e intervenía otros poderes con una impunidad impresionante. Los casos que relevamos incluían desde femicidios impunes por su relación con fuerzas policiales y sectores del poder hasta las detenciones de las compañeras de la Túpac, y en medio un montón de situaciones complejas. Nos dividimos en grupos, recorrimos el interior de la provincia y encontramos mucho temor, miedo a hablar, nos mostraban un montón de denuncias que no avanzaban, y terror a hablar sobre todo en la zona de Ledesma que maneja (Carlos) Blaquier”, recuerda.
Luego de aquella visita de cuatro días y de la difusión del informe, “gente de distintas comunidades y organizaciones nos empezaron a contactar para denunciar todo tipo de situaciones, por lo que empezamos a organizar una nueva misión de la Comisión en principio para agosto de este año”, que decidieron adelantar ante la última embestida del gobernador Morales contra las organizaciones sociales.
Estatal y paraestatal
“Ante los 16 allanamientos que entendemos fundados en motivaciones absolutamente políticas contra dirigentes de organizaciones sociales, sus locales, merenderos y comedores, entendimos que había una urgencia que ameritaba adelantar el viaje, y aquí estamos”, apunta Job, que se hace un espacio para hablar con Página/12 en medio de una asamblea.
El objetivo más urgente que se plantea la Comisión de Solidaridad es impedir que las y los militantes que padecieron los allanamientos sean detenidos antes de la feria judicial. “Por las carátulas en principio pareciera que están orientando la investigación hacia los delitos de extorsión y asociación ilícita, lo que implica que, por el monto de las penas y por la arbitrariedad con la que actúa el Poder Judicial jujeño, podrían dictarles la prisión preventiva. En ese marco nos parece fundamental venir al territorio, mostrar solidaridad y evitar el agravamiento de un situación de por sí muy preocupante”, explica.
El segundo objetivo es continuar con la recolección de denuncias de quienes son perseguidos por el aparato paraestatal jujeño. “Recién comenzamos la asamblea y ya se acercaron varias comunidades originarias que están siendo violentadas o desalojadas o que les matan los animales en alianza entre policías, grupos paraestatales, poder judicial y empresas que quieren quedarse con sus tierras. Ya estamos empezando a escuchar situaciones que exceden por mucho a los allanamientos, inclusive de compañeros y compañeras de movimientos sociales que fueron torturados durante sus detenciones”, apunta.
La Comisión está integrada por militantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Para este jueves esperan la llegada de Pablo Pimentel, de la ADPH Matanza, y de la diputada Natalia Zaracho. Entre los presentes, Job apuntó a “compañeros del Encuentro de Organizaciones de Córdoba, del MTE de La Plata, de la CTA-A” y destacó que “por primera vez (la Comisión) cuenta con el acompañamiento de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia”, no sólo por su presencia (es coordinador de la regional zona centro) sino también de los coordinadores del NEA y el NOA. “Estamos acompañando y tratando de aportar herramientas porque entendemos que nuestra función en el Estado es defender las instituciones democráticas y los principios que tienen que ver con el acceso a la justicia”. “Jujuy atraviesa una situación sumamente preocupante en términos de democracia, de respeto a la institucionalidad y los principios republicanos, de garantías constitucionales y penales. Todo eso en Jujuy está en suspenso a partir de la decisión de un Poder Ejecutivo que utiliza al Judicial como grupo de choque y persecución”, destacó.
Conferencia de prensa: Amicus
presentados en el expediente
“Violación grupal en Playa Unión”
Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2022.
Este miércoles la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, harán entrega de los AMICUS presentados en el expediente «MINISTERIO PÚBLICO FISCAL RAWSON S/INVESTIGACIÓN» de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut, en la causa de la violación grupal en Playa Unión en 2012.
Brindaron mayor información de esta presentación, en la conferencia de prensa que realizaron a las 17hs en Uruguay 485, sede de la asociación.
Los únicos 3 acusados por la violación grupal ocurrida en Playa Unión, Chubut, en 2012, fueron absueltos en marzo por “falta de pruebas”.
Por ello, la fiscalía y la querella plantearon impugnaciones. El pasado miércoles 6 de julio en la Sala de Audiencias “Dr. Pedro Cristóbal Poppe” del Superior Tribunal de Justicia de Chubut se realizó una audiencia de impugnación en el marco de una causa que investiga un hecho de abuso sexual grupal ocurrido en Playa Unión en 2012
Durante la audiencia, tanto el Ministerio Publicó Fiscal como Verónica Heredia, la querella que representa a la víctima, plantearon sendas impugnaciones a la resolución del tribunal que actuó en el juicio oral y público concretado en la Oficina Judicial de Rawson el pasado mes de marzo. Heredia denunció la «falta de perspectiva de género que tuvieron las tres juezas».
En todo el país se realizó una jornada
de lucha contra el ajuste / Denunciaron
represión en Santiago del Estero
Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2022.
Este jueves se realizó una nueva jornada de lucha encabezada por las organizaciones sociales que forman parte de la Unidad Piquetera, con la participación del sindicalismo combativo, organismos de DDHH y el Frente de Izquierda Unidad. Las columnas comenzaron a marchar hacia Plaza de Mayo. Se encuentran presentes delegaciones de otras organizaciones sociales (UTEP, MTE, CTA), el Movimiento de Agrupaciones Clasistas y los diputados del PTS-Frente de Izquierda Unidad.
Además de rechazar la criminalización de la protesta y la pobreza, los manifestantes levantan el reclamo de aumento de los planes y sus montos, así como el rechazo al ajuste pactado con el FMI.
Fotos de OLP Resistir y Luchar
Rosario
Paraná
Salta:
Salta
Jujuy
Chaco (castelli)
Santiago del Estero: reprimen a trabajadores desocupados que se manifestaron contra el ajuste
En el marco de la jornada de lucha piquetera nacional, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, montó un operativo represivo contra los manifestantes de la Unidad Piquetera, con una saldo de heridos y la detención del dirigente del Polo Obrero, Sebastián Godoy, quien continuó siendo golpeado en el camión policial y fue liberado gracias a la movilización popular.
La respuesta represiva de Zamora es parte de una escalada de provocaciones de un gobierno provincial incapaz de atender los reclamos y necesidades urgentes de los y las trabajadoras desocupadas. Cómo en Jujuy, con Gerardo Morales, los gobernadores apelan a la represión contra un movimiento de lucha en ascenso, que sale a la calle a enfrentar el ajuste y a reclamar por trabajo genuino y asistencia social inmediata.
¡Las mismas caras para viejas fórmulas: suspensión de pago al FMI ya!
Capital Federal: 10 hs. Obelisco- 12 hs Plaza de Mayo.
El próximo jueves 14 de julio a partir de las 10 hs los movimientos sociales realizaremos una jornada de lucha a nivel nacional para exigirle a la ministra Silvina Batakis que escuche nuestras justas demandas y para visibilizar en cada punto del país la importancia de nuestro trabajo cotidiano frente a la avanzada persecutoria que estamos sufriendo.
Desde la Coordinadora por el Cambio Social expresamos nuestra profunda preocupación por el rumbo económico, político y social que está tomando el gobierno condicionado por la decisión, desde el día mismo de su asunción, de acordar con el FMI el pago de la deuda ilegítima y fraudulenta que contrajo (y fugó prácticamente en su totalidad) el gobierno de Mauricio Macri y sus aliadxs de los sectores concentrados de poder.
El cambio de ministrxs no planteó un cambio de rumbo, sino que las medidas de Batakis apuntan a profundizar el ajuste y a “calmar” los mercados descargando todo el costo de la crisis en quienes menos tienen. Pagar al FMI es incompatible con las promesas de campaña de mejorar las condiciones de vida de miles de trabajadores y trabajadoras; es incompatible con políticas públicas contra la violencia por razones de género, que sigue matando una mujer, lesbiana, travesti, persona trans o no binarie cada 30 horas; es incompatible con la implementación real del cupo laboral trans y mejoras en la situación laboral de miles de trabajadoras precarizadas; es incompatible con una educación y una salud pública de calidad; es incompatible con el acceso a la vivienda digna y la soberanía alimentaria.
Durante estos años de gestión, el Frente de Todos lo único que hizo fue profundizar el rumbo de la gestión macrista, con una caída a pique de los salarios -especialmente de las personas de más bajos ingresos- y una escalada inflacionaria que cada vez está más fuera de control y que para fin de año ya se calcula que ronde en el 90%. A su vez, las medidas orientadas a captar dólares impulsan el agronegocio y la explotación extractivista de nuestros bienes comunes y una nueva “teoría del derrame” que supuestamente favorece a los sectores populares e históricamente no ha hecho más que engordar las arcas de los ricos.
La salida de Martín Guzmán y la entrada de Silvina Batakis al ministerio de economía (ex ministra de la gestión de Daniel Scioli y quien llevó adelante un ajustazo en la provincia de Buenos Aires) no hace más que confirmar este rumbo, con el anuncio de un paquete de medidas que muestran que el principal interés de este gobierno es cumplir las “metas” que plantea el acuerdo con el Fondo y por esto repite viejas fórmulas que no han llevado más que a profundizar las crisis y empeorar las condiciones de vida del pueblo: un fuerte ajuste sobre el gasto público que anuncia mayor flexibilización y precarización laboral, hospitales sin insumos y escuelas-bomba que matan a compañeres docentes, aumento de tarifas, más devaluación, menos presupuesto para jubiladxs, menos acceso a la vivienda, menos políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres, personas del colectivo LGTB+, niñeces y juventudes.
A pesar de la escalada represiva, las persecuciones judiciales, las olas de allanamientos a nuestros espacios comunitarios y las falsas acusaciones mediáticas que hemos tenido que sufrir en estas últimas semanas, los sectores populares en lucha seguiremos movilizadxs en las calles, porque es la forma en la cual históricamente hemos conquistado nuestros derechos.
Los movimientos sociales somos parte de la solución y no el problema, somos quienes estuvimos en la primera línea enfrentando la pandemia en los barrios. Además el trabajo que desarrollamos de forma cotidiana es el que garantiza necesidades tan básicas como la de que cada familia pueda tener un plato de comida en su mesa. La disputa interna del Frente de Todos por el control territorial es una política mezquina y vergonzosa que ataca nuestro legítimo derecho a organizarnos y erosiona las redes comunitarias construidas con años de esfuerzo y trabajo colectivo.
Por eso, llamamos también a salir en la mayor unidad, junto a trabajadores formales, informales, precarizadxs, y todas aquellas personas que realizan trabajos de cuidado, sin remuneración y no reconocidos, a pesar de ser quienes sostienen la trama social ante la crisis. ¡En estos tiempos en los que las condiciones de vida se hacen cada vez más difíciles, es fundamental como pueblo salir juntxs a luchar!
¡Fuera FMI! ¡Suspensión ya de los pagos e investigación de la deuda!
¡Basta de persecución política a los movimientos sociales!
¡Nos quieren sacar de la calle, pero no de la pobreza!
La UTEP reclama al Congreso la
Ley de Tierra y una Empresa Nacional
de Alimentos
Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2022.
Las organizaciones de la economía popular piden «pensar una nueva forma de producción, comercialización y distribución de los alimentos» y «frenar la ambición y la especulación».
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realiza este jueves una feria popular frente al Congreso de la Nación para pedir la sanción de la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo y la creación de una Empresa Nacional de Alimentos, con «propuestas concretas» para «mejorar la realidad de los trabajadores y las trabajadoras que más lo necesitan».
Desde la 10 se desarrolla una «una gran feria» con productos y actividades de las diferentes ramas de la economía popular, informó la UTEP en un comunicado y señaló que el cierre de la actividad está prevista para las 15 con un acto en el que «buscará visibilizar el rol de los movimientos sociales y las cooperativas de trabajo del sector».
El referente de la UTEP, Rafael Klejzer, dijo que «dentro de las propuestas urgentes aparece con suma prioridad la necesidad de pensar una nueva forma de producción, comercialización y distribución de nuestros alimentos».
Asimismo, explicó que «durante la jornada vamos a realizar una reunión de trabajo con el diputado nacional Leonardo Grosso, con quien vamos a avanzar en el proyecto de Ley para la creación de una Empresa Nacional de Alimentos».
«Es necesario apostar a una sociedad entre el Estado, los pequeños productores y la economía popular, para ponerle freno a la ambición y la especulación de los grandes oligopolios que hoy controlan nuestras góndolas y nuestros precios», sostuvo el dirigente social en el comunicado.
En la feria
La feria de la UTEP mostró la actividad de la economía popular y el perfil de sus trabajadores. Lo más novedoso fue todo lo relacionado a la construcción: por ejemplo, a la plaza de Los Dos Congresos fueron bloqueras que están haciendo adoquines para la urbanización de barrios, cooperativas que fabrican ventanas de aluminio y empezaron a venderlas en sus municipios, para viviendas sociales. También mostraron lo suyo cooperativas que hacen obras de conexión del agua potable, otras que hacen techos, de extensión de cloacas, de capacitación para colocar termotanques solares. Son avances que reflejan pasos en la integración vertical del sector: las obras que urbanizan los asentamientos dan trabajo (en parte) a cooperativas de albañiles y plomeros, que compran (parte) de sus insumos a bloqueras o carpinterías populares. Es frecuente que las cuadrillas encarguen su ropa de trabajo a polos textiles de la economía popular, e incluso borceguíes de seguridad. Pero claro, la escala de este desarrollo aún es corta: por ahora son ejemplos que muestran lo que es posible hacer. Necesitan de más acompañamiento para multiplicarse.
“Empezamos con la bloquera hace dos años”, contó por ejemplo Gabriel Blanco, de la cooperativa Rompiendo Cadenas, de José C. Paz. Su cuadrilla fabrica bloques y adoquines. Sus compradores son compañeros de la organización y vecinos. Hace seis meses, sin embargo, recibieron un primer encargo grande, de otro MTE , y ahora están haciendo baldosas para el tendido de veredas en su municipio y en el vecino, de Malvinas Argentinas.
La bloquera, como proyecto, funcionó. Sin embargo, están esperando que técnicos del INTI, convocados por la Secretaría de Economía Social, los capaciten para lograr la certificación de los bloques. “La capacitación, el acceso a máquinas mejores, todo eso es un gasto. Y viene demorado”, apuntó Blanco. Una inversión que tal vez, en el marco de los anuncios de Batakis, no se cumpla.
¿Qué otras producciones había? Muchas textiles, que están con viento a favor por el cierre de las importaciones. También sus trabajadoras están pidiéndole al INTI, desguazado por el gobierno de Mauricio Macri, que les den más capacitación, pero les dicen que no tienen el personal necesario, el macrismo despidió a la mayoría. Con el congelamiento de las designaciones en el estado, este panorama difícilmente pueda mejorar.
La agricultura familiar llevó puestos de verduras agroecológicas, que ya son bien conocidas entre los consumidores. Había además panificadoras, en gran número. Los pescadores artesanales llevaron para su venta pescado de río y de mar (quieren una ley que los reconozca, para no ser perseguidos, y el acceso a equipos de frío propios, para no quedar presos de los grandes frigoríficos que les pagan poco y a destajo, y destinan el pescado a la exportación) .
En los puestos de las herrerías casi todas las consultas fueron sobre el precio de las parrillas para balcón. En el área de desarrollo informático lo más llamativo fue una cooperativa del Comedor Los Pibes, de La Boca, que recicla computadoras. Fueron también trabajadoras sociocomunitarios, de comedores, espacios de ni cuidado de niños. Y la rama de vendedores ambulantes.
Para cerrar la feria hubo un acto en reclamo de que sea debatida la ley de Tierra, Techo y Trabajo (a lo que algunas organizaciones sumaron el salario universal). En el escenario, la UTEP recibió a una delegación de la Unidad Piquetera que se acercó al Congreso a mostrar un frente común contra la criminalización de la protesta. Lo mismo habían hecho, más temprano, el titular de la UTEP, Esteban Castro, y el de la CCC, Juan Carlos Alderete, al acercarse a la concentración en la Plaza de Mayo de la Unidad Piquetera.
Castro adelantó que el conjunto de los movimientos sociales van a reunirse este viernes para acordar una movilización en conjunto a Tribunales por la libertad de Milagro Sala.
También defendió la figura de Alberto Fernández: «al Presidente lo pueden criticar, pero no está de acuerdo en que se judicialice a los militantes sociales”, sostuvo. “La semana que viene va a recibir en la Casa Rosada a los compañeros de los comedores y merenderos que fueron allanados”.
A Tribunales
Para la semana próxima quedó esbozada, así, una movilización de todos los movimientos contra la judicialización de las organizaciones sociales. También está anunciada una movilización, el miércoles 20, por el salario universal.
El acercamiento entre los movimientos de la UTEP y las organizaciones de la izquierda, apoyado en estas dos razones –hacer frente a la criminalización y oponerse a los recortes del gasto anunciados por Economía– difícilmente logre sostenerse más allá de esa marcha; pero expresa una lectura común: el rechazo a que la balanza se incline en favor del ajuste.
Fuente: Tiempo Argentino
«Chaquetazo» en Tribunales por la
nulidad de la causa contra la médica
que garantizó un aborto legal
Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2022.
Miranda Ruiz es médica residente de medicina familiar en Tartagal, Salta. Garantizó junto al equipo de salud, una interrupción legal del embarazo en el marco de la Ley 27.610.
Por este motivo, este jueves a las 17hs integrantes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizaron un «chaquetazo» frente a Tribunales de la ciudad de Buenos Aires a las 17hs en solidaridad con la médica.
✓Fue imputada injustamente, por la justicia patriarcal salteña, quienes aún no se actualizaron con los alcances de la ley, y pretenden que las mujeres y personas gestantes que deciden sobre su cuerpo, no accedan a su derecho y sigan exponiéndose a abortos inseguros y clandestinos.
✓ Es por este motivo que como profesionales de la salud decimos GARANTIZAR DERECHOS NO ES DELITO, BASTA DE CRIMINALIZAR PROFESIONALES, y sumamos nuestro apoyo al pedido de NULIDAD de la causa de Miranda Ruiz, que además de presentar muchsimas irregularidades jurídicas, no tiene sentido alguno, ya que se imputa por algo que está en el marco de ley.
Este jueves 14 de julio
A las 17hs
En Tribunales CABA
la Red de Profesionales de la salud por el derecho a decidir, dentro de la Campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, convocamos a un chaquetazo frente a tribunales, para que la justicia se haga eco y resuelva esta situación de manera urgente, y no vuelva a pasar.
Seguimos garantizando el acceso a los derechos sexuales.
CONTAS CON NOSOTRES
www.redsaluddecidir.org
Jujuy: Morales prohibió el uso de
lenguas indígenas
Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2022.
El impulso es con fuerza de Ley, mediante el uso “Exclusivo” de Español, en concordancia con la Real Academia Española, la estrategia política de la UCR de Juntos por el Cambio es eliminar cualquier posibilidad de perder votos en una carrera electoral.
Caba, Mendoza, Córdoba, Jujuy y Vicente López y otras ciudades de pcia de Buenos Aires serían los epicentros del instalar la eliminación de los idiomas Indigenas. La desesperada maniobra se da en el marco de imponer la eliminación de la herramienta electoral de los idiomas Indigenas.
El Consejo Nacional de Políticas Indígenas (CNPI) repudió la iniciativa y sostuvo que “Gerardo Morales prohibió el uso de idiomas indígenas”, debido a que pretende el uso “exclusivo” del español en el sistema educativo.
Daniel Segovia consideró que “la estrategia política de la UCR de Juntos por el Cambio, es eliminar cualquier posibilidad de que herramientas electorales como el uso del idioma indigena obstaculicen la pretensión de Morales de presidir el país y agregó que la mayoría de los jujeños dominan el idioma quechua, que obviamente el desconoce»
Asimismo, el responsable de la lucha por el idioma indígena en Argentina , hizo alusión a la ley nacional de educación que en su Art 17 contempla la educación intercultural bilingüe, “es decir están impulsando una ley provincial en contraposición de una legislación nacional”, lo que calificó como “una locura absoluta».
La UCR y JxC, con la presentación de un proyecto de ley que intentó disfrazar el objetivo del proyecto que fue luchar contra el lenguaje INCLUSIVO, quedaron totalmente expuestos ya que los comandados Diputados de la UCR, proceden con impunidad en todo acto, plasmaron la exclusividad del uso español como una estricta prohibición aclaratoria en contra de leyes nacionales.
El proyecto trata la iniciativa denominada «Uso correcto del idioma español en las escuelas», que tomó hoy estado parlamentario y pasará a las comisiones correspondientes para su evaluación y eventual debate posterior en un Jujuy.
La medida del oficialismo provincial, que cuenta con una marcada mayoría en el Parlamento, ya generó polémica en las redes sociales, donde los usuarios se manifiestan a favor y en contra del proyecto.
Los legisladores radicales buscan que se «aplique en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, tanto de gestión pública como privada, el uso exclusivo del idioma español con sus normas gramaticales y lineamientos oficiales que dicta la Real Academia Española (RAE)», de acuerdo al proyecto.
En su articulado especifica que lo establecido en el punto anterior, «deberá ser aplicado por los docentes en las actividades de enseñanza, dentro y fuera del aula, así como en las comunicaciones institucionales internas y externas del establecimiento educativo».
Asimismo, contempla que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Educación de Jujuy, que tendrá la responsabilidad de «controlar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto»; «dictar las normas complementarias que resulten necesarias», y «realizar un informe anual que detalle la evolución en la comprensión oral y escrita de la lengua española».
www.infopais.com.ar
La Unidad Piquetera marchó a Plaza
de Mayo contra el ajuste y la crisis
social: exigen ruptura con el FMI
Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2022.
Desde las 11 horas de este jueves 14 la Unidad Piquera se concentró en distintos puntos de CABA, y del país, para dirigirse a Plaza de Mayo y a los centros del poder político, contra el ajuste. En medio de la crisis nacional, el movimiento piquetero reclama una salida inmediata para los sectores más golpeados, con un bono de $20.000, salario mínimo por arriba de la canasta básica de $100.000 y seguro universal al desocupado igual al salario mínimo.
La Unidad Piquetera advirtió que seguirá con el «plan de lucha»
Foto: Egurza VictoriaTelam
Organizaciones agrupadas en el bloque Unidad Piquetera realizaron este jueves una nueva manifestación multitudinaria que tuvo su punto central en la Plaza de Mayo para reclamar aumento de los montos y cupos de los planes sociales, bolsones de alimentos y asistencia económica para familias de desocupados y jubilados, entre otras demandas.
Pese a las versiones que durante toda la jornada circularon acerca de un posible acampe de manifestantes, finalmente esa posibilidad quedó descartada. En votación a mano alzada, miembros de las organizaciones presentes acordaron «levantar la permanencia en la Plaza, pero continuar con el plan de lucha”.
El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni aseguró en el cierre de la movilización que «nosotros no somos parte de ninguna interna» y enfatizó que «hay que romper con este gobierno ajustador que sigue las consignas del Fondo Monetario Internacional». Remarcó la importancia de que al reclamo se hayan sumado grupos que «están teniendo una posición de acercamiento», refiriéndose al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
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Como primer paso anticiparon que acordarán una fecha para una nueva jornada de protesta en los próximos días, aunque otros movimientos sociales y organizaciones, como CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma, anunciaron una marcha con cortes en todo el país para el miércoles 20, en el marco de un plan en demanda del Salario Básico Universal y un «aumento de emergencia para los trabajadores».
Ante el pedido de reunión con la ministra de Economía, Silvina Batakis, Belliboni contestó que no fueron recibidos y que les dijeron que «la semana que viene» los recibiría «alguien de la Secretaría de Relaciones Institucionales, como si esto fuera un problema menor».
También estuvo en la plaza el dirigente del Movimiento Evita y Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación, Fernando «Chino» Navarro, quien manifestó que «creo que es un momento complicado de la economía Argentina y los reclamos son legítimos». Expresó que puede «compartir o no todas las consignas, pero hay necesidades y eso hay que reconocerlo. Nosotros seguimos reivindicando al trabajo como el gran ordenador de la crisis socioeconómica Argentina y hay muchas organizaciones que se expresan de distintas maneras», consideró Navarro.
En la Plaza de Mayo se realizaron diversas actividades, como la actuación de artistas en vivo y la instalación de puestos con muestras del trabajo de las organizaciones en los barrios populares, por ejemplo las tareas de costura y confección textil.
La manifestación se inició después de las 10.30 para exigir a las autoridades «un bono y la reapertura del programa Potenciar Trabajo», así como demandar un aumento de los montos y cupos de los planes sociales, bolsones de alimentos y asistencia económica para familias de desocupados y jubilados.
«Pedimos un bono de ayuda similar al que se realizó en los últimos dos meses, que sea para jubilados, trabajadores precarizados y desocupados y también solicitamos la reapertura del Potenciar Trabajo y la universalización del mismo», declaró Silvia Saravia, dirigente de Barrios de Pie.
«¡Derrotemos el ajuste! ¡Fuera el FMI! Por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza; basta de criminalizar a los que luchamos», fueron las consignas de UP, integrada por el Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, la Coordinadora por el Cambio Social, la Agrupación Armando Conciencia, la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), entre otros.
Foto de portada Federico Imas @ojoobrerofotografía.
Las organizaciones piqueteras denuncian que la designación de la ministra de Economía, Silvina Batakis, responde a una tregua de la crisis interna en el gobierno que profundizará la línea de ajuste emprendida por su predecesor Martín Guzmán.
Fotos: Leonardo Mora, Resumen Latinoamericano
La Unidad Piquetera que copó la Plaza de Mayo votó realizar un plan de lucha con la UTEP
En el marco de la multitudinaria marcha que trabajadores cooperativistas realizaron hasta Plaza de Mayo, la Unidad Piquetera consiguió llevar su reclamo contra el ajuste en el Ministerio de Hacienda aunque no fueron recibidos por la nueva ministra nacional de Economía, Batakis. El plan de lucha «para derrotar el ajuste» continúa: este viernes se reunirán con la UTEP para ponerse de acuerdo en unificar acciones de protesta en las calles.
«Hemos logrado consensuar algunos puntos en común, somos muchos más sectores hoy los que estamos dispuestos y dispuestas a repudiar el ajuste» fueron las palabras de Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, uno de los movimientos sociales que componen la Unidad Piquetera que hoy movilizó hasta Plaza de Mayo reclamando una audiencia con la nueva ministra nacional de Economía.
Fotografía: Germán Romeo Pena (ANRed)
Las demandas al gobierno nacional son principalmente un «aumento del salario mínimo igual a la canasta básica y el bono de 20 mil pesos» así como el cese de la criminalización a las organizaciones piqueteras que están siendo allanadas en distintos puntos del país, con el agravante de la deportación que realizó el gobierno de Zamora en Santiago del Estero donde no solo impidieron una movilización sino que «demoraron» a Sebastián Godoy, referente del Polo Obrero, quien denunció que fue deportado hasta la provincia de Tucumán.
Si bien la Unidad Piquetera no logró ser recibidos por Silvina Batakis, la nueva ministra nacional de economía, delegados y delegadas de la Unidad pudieron ingresar y conversar con otras autoridades en el Ministerio de Hacienda.
Fotografía: Germán Romeo Pena (ANRed)
Luego realizaron un acto en Plaza de Mayo donde exclamaron “nos quieren sacar de la calle, pero no de la pobreza” y votaron un plan de lucha.
Desde la Mesa Nacional de la unidad piquetera se propuso levantar la permanencia en Casa Rosada y votar «la continuidad del plan de lucha a partir de la propuesta de compañeros de la UTEP para coordinar una jornada de lucha contra la criminalización de la protesta social, y un bono de $20 mil para los monotributistas de la categoría mas baja y jubilados».
Fotografía: Germán Romeo Pena (ANRed)
Unidad de acción para «derrotar el ajuste»
«Tenemos que dejar un poco las diferencias políticas y sí ponernos de acuerdo en que este ajuste y este enfrentamiento con esta política del gobierno donde la vice presidente parece que no es la vicepresidenta porque no se hace cargo de la gestión y no hace nada más que decirnos que vuelvan todos los intendentes, los mismos punteros que nos precarizan, que pagan miserias en los municipios; mientras toda la derecha dice, grande Cristina, pero no se lo vamos a permitir. Por eso mañana vamos a discutir cómo enfrentamos la criminalización de la protesta y cómo salimos a luchar por lo que de verdad merecemos una vida digna, distinta donde los trabajadores podamos gobernar y decirle basta a todos estos ladrones que nos cagan el futuro», expresó Mónica Sulle, dirigenta nacional del MST.
De esta manera, mañana se reunirán la Unidad Piquetera y los movimientos sociales oficialistas nucleados en la UTEP para ir en unidad a la calles “contra el ajuste”.
Fotografía: Germán Romeo Pena (ANRed)
En este sentido, también «llamaron a la intervención de la CGT», que anunció que llamará al paro el 17 de agosto (dentro de 1 mes y 13 días) con la consigna «Por la unidad, contra la inflación», con una marcha desde el Obelisco al Congreso, a que se pliegue a los reclamos que llevan adelante actualmente.
Convocatoria:
JUEVES 14 MOVILIZACION NACIONAL
A PLAZA DE MAYO Y A TODAS LAS PLAZAS DEL PODER POLITICO DEL PAIS !
Batakis,Cristina, Alberto Fernandez + Massa son el gobierno del FMI.
ABAJO EL AJUSTE !
FUERA EL FMI !
Por un bono compensatorio por la inflación de 20.000$ para les jubilades con la mínima, trabajdores no registrados por debajo de la canasta básica y programas sociales.
Por un salario minimo que supere el ingreso basico( hoy $100.000).
El gobierno del Frente de Todos hizo una pausa en su interna para apoyar la designacion de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía.
La Ministra antes que nada hablo con Cristalina Giorgeva, la mandamas del FMI y esta le dijo lo mismo que siempre dice el FMI, más ajuste y más rapido.
Asi se anunciaron congelamiento de vacantes del estado y de presupuestos, ajuste a fondo!
A las y los trabajadores no nos queda mas que unirnos y profundizar la lucha, la unidad de ocupades y desocupades exigiendo un paro y un plan de lucha a las centrales sindicales por el salario minimo y por un bono de emergencia que sea un paliativo a la topadora de la inflacion que se lleva puestos los salarios.
Por eso mañana desde las 11 hs de la mañana en todo el país y aqui en CABA desde 3 puntos: Av Belgrano, Av de Mayo y Obelisco marcharemos hacia Plaza de Mayo.
Basta de ajuste !
Fuera el FMI !
POR TRABAJO, POR SALARIO.
CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA !
NOS QUIEREN SACAR DE LA CALLE PERO NO DE LA POBREZA.
Envio:RL
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