Avión venezolano: el pedido de Irán
y la respuesta del gobierno nacional
Por Raúl Kollmann, Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2022.
Tras la solicitud de Teherán para que los cinco tripulantes iraníes del avión retenido en Ezeiza puedan dejar el país, la Cancillería planteó que el caso está en manos de un juez. La defensa de la tripulación también reclamó la restitución del Jumbo y la autorización para salir de la Argentina, dado que no se han hallado pruebas ni indicios de delitos.
En las últimas horas, la Cancillería argentina contestó a un pedido de Irán -más bien suave-, que había solicitado la salida del país de los cinco tripulantes iraníes del avión venezolano retenido en Ezeiza. La cartera de Relaciones Exteriores respondió que el caso está en manos de la Justicia, que «dictaminará los pasos a seguir en la causa». Al mismo tiempo, la defensa de los tripulantes de la aeronave retenida en Ezeiza presentó este miércoles un escrito de 12 páginas pidiendole al juez Federico Villena la restitución del Jumbo y la autorización a los tripulantes para que abandonen el país. «En los 14 cuerpos que hasta la fecha han sido recopilados, hay que reconocerlo, se plasma el notable esfuerzo investigativo realizado, pero no se ha dado con un indicio, una pista, un acto medianamente sospechoso. Nada», dice el escrito.
Hasta ahora, Teherán había dejado todo en manos del gobierno venezolano, propietario del Jumbo. La administración de Nicolás Maduro no tuvo una intervención enérgica, sino que buscó evitar el conflicto. Caracas está conforme con el discurso de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas de Los Angeles, donde denunció el bloqueo contra Venezuela, y también con la decisión de la Casa Rosada de volver a enviar un embajador –Oscar Laborde– a Caracas. Por eso, en todo este tiempo –más de seis semanas– se movió con paciencia y reconociendo que es una cuestión judicial que la Casa Rosada no puede resolver, aunque quiera.
Este miércoles, Irán rompió el silencio a través de una nota de su canciller Hossein Amir Abdollahian, entregada a una funcionaria de menor rango de la embajada argentina en Teherán. Corina Anisko fue convocada a la cancillería iraní y le entregaron el texto, donde «Irán pide al gobierno de Argentina que cumpla con sus deberes y responsabilidades poniendo fin a las restricciones y facilitando la salida inmediata de los cinco miembros de la tripulación iraní». La cartera que encabeza Santiago Cafiero tardó pocas horas en responder y le contestó a Teherán que la cuestión está en manos de la Justicia.
En paralelo, en Lomas de Zamora, el abogado de los tripulantes, Hernán Carlucció, insistió en el texto que le presentó al juez: «No existe ni remotamente ni jamás existió siquiera un indicio de la comisión de delito alguno, lo cual luego de más de un mes de investigación secreta, en que esta defensa se ha tenido que manera prácticamente a ciegas, ha salido finalmente a la luz, lo cual resuta inobjetable». El abogado agregó que la tripulación está en el país sin familia, sin domicilio ni arraigo ni pertenencia, más aún en relación a los cinco iraníes, que ni siquiera hablan el idioma. «Tanto es así que habrá de notarse que, aún no existiendo ningún impedimento, prácticamente no han abandonado el hotel en el que se encuentran, para evitar el acoso mediático o generar cualquier sospecha», dice el escrito.
Resultó curioso que en los últimos días, hasta los medios más alineados con el macrismo y con Washington admitieron que no se encontró prueba alguna de un delito o una actividad relacionada con espionaje y mucho menos terrorismo. Uno de esos medios sostuvo que «están cuchareando la lata hasta el final a ver si hay algo”. Lo cierto es que ahora, tras el pedido del abogado Carluccio, lo más probable es que el juez le dé vista a la fiscal, Cecilia Incardona, y también al querellante, la DAIA. A menos que haya una sorpresa, será difícil seguir reteniendo a la aeronave y la tripulación sin generar mayores conflictos diplomáticos e incluso pedidos de resarcimientos.
Santiago del Estero: la policía
impidió reunión de delegados de
movimiento social
Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2022.
Otra denuncia contra el Gobernador Zamora por persecución y criminalización a los movimientos sociales. En la madrugada de este jueves, efectivos policiales impidieron una reunión de delegados y delegadas de la organización de cooperativistas y desocupadas del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). La semana pasada, un dirigente del Polo Obrero denunció que en medio de una represión que buscaba impedir una movilización la policía lo detuvo y fue deportado a la provincia de Tucumán.
Esta madrugada la policia en un reten, detuvo a los vehículos en donde se trasladaban las y los delegados de la organización de cooperativistas y desocupadas del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). La fuerza policial argumentó que faltaba un papel de la CNRT y no podían circular e incautaron los vehículos. «Tenemos todos los papeles en regla, esto fue una excusa para no dejarnos llegar» expresó uno de los delegados en comunicación con ANRed.
La organización señala que en el puesto de control en la ruta 6, en Sachayoj, no suele contar con la presencia de efectivos y hoy a la madrugada había unos 20 policías. «Es lo que evidencia que nos estaban esperando tantos policías en un lugar donde rara vez apenas hay uno o dos», explicó un delegado a ANRed.
Hace unos días, en la provincia gobernada por Zamora la policía detuvo al dirigente del Polo Obrero Sebastián Godoy mientras reprimían una protesta para impedir el avance de las columnas. Luego lo deportó acompañando al dirigente hasta la terminal de ómnibus para custodiar que no se baje del micro.
En sus redes sociales la organización FOL comunicó: «El gobernador de la provincia Zamora secuestra los vehículos en los cuales mas de 100 delegados de todos los pueblos de Santiago se dirigen a debatir en la capital. El gobierno deja a todos y todas nuestras compañeras a la intemperie en la ruta. Exigimos que se respete nuestro derecho constitucional; el derecho de reunión, el derecho de libre asociación, el derecho de organización, el derecho a la protesta contenido en la constitución nacional que el gobernador Zamora debe respetar. Exigimos que se abra un canal de diálogo para que se pueda resolver este grave conflicto y que nuestras demandas por trabajo, por salud, por educación, por tierra para vivir y producir sean escuchadas».
Ante el impedimento ejecutado por la policía durante la madrugada, las y los delegados tuvieron que volver en un micro de línea y no pudieron realizar la reunión presencial. «Nosotros estamos discutiendo un plan del lucha en toda la provincia y lo que quisieron hacer es evitar que avance nuestra protesta. Esta reunión era para tratar esto».
«En estos momentos estamos viendo cómo volver a intentar ir a la ciudad. En la provincia hay controles cada media hora en todos lados. Hay un clima represivo y utilizan las multas de tránsito para evitar que nos movilicemos», explicó el delegado. Como respuesta a la arbitrariedad la organización realizó varios bloqueos de ruta.
Fuente: ANRed
Ambientalistas de Andalgalá
rechazan la designación ilegítima
del fiscal Camps
Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2022.
Lxs integrantes de la Asamblea El Algarrobo hicieron pública, en redes sociales, su oposición
a la designación del abogado Martín Camps como Fiscal de Instrucción de la Segunda
Circunscripción Judicial SIN HABER PARTICIPADO DEL CONCURSO ABIERTO A TAL FIN.
.
Compartimos comunicado:
El accionar del Sr Martín Camps en este breve tiempo en que se desempeñó como fiscal da cuenta no sólo
de un grave desconocimiento del derecho, sino también de una evidente mala fe en su accionar, en relación
a la enorme cantidad de imputaciones y privaciones de libertad dispuestas en contra de vecinos y vecinas
que nos manifestamos en contra del proyecto MARA (ex Agua Rica).
El Sr Camps como fiscal ha evidenciado en cada una de las actuaciones iniciadas una evidente vulneración
de derechos elementales de los ciudadanos.
Por sólo dar un ejemplo: dispuso la privación de libertad de dos vecinos EN BASE A FIGURAS PENALES
EXCARCELABLES demostrando un EVIDENTE DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO PENAL Y PROCESAL
PENAL VIGENTE.
Tales situaciones son inaceptables para un cargo de tamaña importancia como el de Fiscal.
Por lo tanto, exigimos a la Cámara de Senadores de la Provincia de Catamarca que rechacen la designación
ilegítima del fiscal Camps.
Avanza la confluencia callejera de
las organizaciones sociales
Por Alfonso de Villalobos, Resumen Latinoamericano, 21 de julio de 2022.
La reunión de las diferentes organizaciones no llegó a un acuerdo integral para convocar un plan de lucha en común, pero ambos sectores anunciaron que participarán y apoyarán las medidas que tomen cada una de ellos. Por ello, va tomando forma una acción de confluencia entre la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unidad Piquetera para la próxima semana. Una semana atrás los principales movimientos sociales del país, tanto oficialistas como opositores, habían mostrado un importante gesto de unidad al movilizarse en simultáneo a la Casa Rosada y al Congreso de la Nación. Ayer confirmaron que el próximo miércoles 27 de julio realizarán una movilización conjunta. El eje aglutinador continúa siendo el antirrepresivo, a partir de los ataques públicos realizados por la vicepresidenta Cristina Fernández y los posteriores allanamientos realizados por la justicia contra la militancia de las organizaciones territoriales.
Las organizaciones sociales alineadas con el gobierno protestaron este miércoles con decenas de asambleas a la vera de las rutas, algunos cortes y acciones en todo el país. La medida impulsada por la UTEP de Juan Grabois fue resuelta en una serie de asambleas realizadas el martes de la semana pasada de las que participaron de manera solidaria los dirigentes de la Unidad Piquetera con Eduardo Belliboni a la cabeza.
De la jornada también participaron la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y la CTA Autónoma de Ricardo Peidró y Hugo “Cachorro” Godoy. Sin compartir el reclamo del salario universal, la Unidad Piquetera participó en forma solidaria con un acto en el Obelisco. En el acto de cierre, el líder de la UTEP hasta ahora identificado con el Frente de Todos lanzó un fuerte mensaje al gobierno: «¿Para qué te pusimos ahí Alberto?», arrancó para luego en forma más directa señalar que «es obvio que esto no da para más. Si no te gusta el salario universal, inventá otra cosa».
Ya el viernes pasado, en el local central del PO, se había realizado una reunión común entre las organizaciones sociales oficialistas también conocidas como el triunvirato de San Cayetano (UTEP, CCC, Barrios de Pie Somos), y las organizaciones independientes e identificadas con la izquierda agrupadas en la Unidad Piquetera.
Allí se acordó una acción común contra la criminalización de la protesta social y la ofensiva judicial contra las organizaciones que se realizó el martes en la provincia de Jujuy y en la Casa de esa provincia en la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo se había conversado sobre la posibilidad de una medida común cuyos detalles se ajustarían luego de un cuarto intermedio que se mantendría hasta el final de la jornada de lucha de hoy miércoles.
Es que, si bien en ambos sectores hay coincidencia acerca de la necesidad de rechazar la política de ajuste que anunció la ministra de Economía Silvina Batakis, no existe homogeneidad alrededor del pliego de reclamos. Mientras que las organizaciones oficialistas defienden la necesidad de avanzar en el proyecto de salario universal que garantiza un ingreso de $14 mil para todos los trabajadores desocupados y en condiciones de precarización, las Unidad Piquetera exige la universalización de los programas vigentes hoy valuados en $22 mil, un bono de $20 mil y, entre otros puntos, la creación de un plan de obras públicas y vivienda para generar un millón de puestos de trabajo.
Finalmente la cita se produjo a partir de las 17 horas del miércoles de la que participaron representantes de más de 50 organizaciones sociales que coincidieron en la necesidad de enfrentar la persecución a las organizaciones en su lucha contra el hambre y la pobreza. Sin embargo, de la reunión no surgió por el momento un plan de lucha convocado en común aunque sí el compromiso mutuo de participar de las acciones que cada uno de los bloques protagonizará en los próximos días. Así lo manifestaron en una conferencia de prensa unificada que realizaron luego de las deliberaciones.
En primer lugar, el mismo jueves la CCC y la UTEP convocaron a una marchacontra la criminalización de la protesta que irá del Obelisco a la Corte Suprema de Justicia de la que, adelantaron, participarán también columnas de las organizaciones que integran la Unidad Piquetera.
Por su parte, la Unidad Piquetera anunció una medida nacional para el próximo 27 de julio con una marcha a la Plaza de Mayo de la que invitaron a las organizaciones del triunvirato de San Cayetano en general y a la UTEP en particular. Eduardo Belliboni sostuvo que “vamos a movilizar fuertemente el 27 a Plaza de Mayo, contra el ajuste y por todos los reclamos. Un ajuste que golpea por igual a los barrios y a los trabajadores. A esta acción hemos invitado a la UTEP que, coincidiendo en muchos puntos, quedó en debatir la posibilidad de confluir. Vamos también contra la criminalización de la protesta social, por eso participaremos mañana, a las 10:00 en el Obelisco, de la movilización convocada por la CCC contra la persecución”.
El dirigente continuó señalando que “para que esta crisis no termine de demoler los ingresos populares, es necesario un paro nacional y un plan de lucha, medidas que seguimos reclamando a la CGT. La movilización del 17 de la CGT no tiene reclamos y es tarde, necesitamos salir ahora a defender los salarios y todos los reclamos populares”.
Para el dirigente «hay un proceso de confluencia y unidad. Está en discusión una gran jornada de lucha el 27 de julio, esperamos que se sumen».
Esteban «Gringo» Castro, secretario general de la UTEP participó de la reunión. Allí insistió en lo que había señalado en la jornada de ayer en la puerta de la Casa de Jujuy destacando la confluencia con la Unidad Piquetera: «hubo allanamientos en comedores y merenderos que son el núcleo de nuestras organizaciones. Que no aflojaron ni en pandemia, que fueron capaces de dar de comer, cuidar y organizar la vida de millones de personas. Esto es lo que hoy ataca el poder fáctico: económico y político que se pusieron de acuerdo en avasallar a los pobres. Por eso estamos construyendo la unidad para no permitir el avasallamiento del poder judicial y político. Esta unidad debemos cuidarla”. A la vez, ratificó la necesidad de avanzar con el salario básico universal.
El 27, todos a Plaza de Mayo y todas las plazas del país
El 27 de julio, la Unidad Piquetera convoca a movilizarse a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país. Vamos porque, frente al alza del costo de vida, necesitamos ya un bono de 20.000 pesos, un aumento de emergencia llevando a 100.000 pesos el salario mínimo y elevando los montos de los planes sociales. Porque frente al avance de la miseria y la desocupación en los barrios, más que nunca reclamamos trabajo genuino, un plan de obra pública y vivienda, y la apertura de la inscripción a los programas sociales.
La movilización es también una respuesta a la criminalización de la protesta social, que recrudece con allanamientos en Jujuy y en todo el país, persiguiendo fundamentalmente a las organizaciones independientes.
Hemos propuesto a la Utep (la CCC, el Evita y Somos) realizar la movilización en común, sobre la base de un programa. El recrudecimiento de la crisis inflacionaria requiere una acción de lucha común de las organizaciones populares. Atarse a seguir defendiendo al gobierno en este cuadro es una política que atenta directamente contra la defensa de los reclamos más básicos de los compañeros.
El planteo de la Unidad Piquetera es un programa de lucha contra la pobreza. No los 14.000 pesos de miseria de salario universal que propone Grabois y que solamente sería un nuevo piso de miseria para los salarios ya golpeados.
Unimos este planteo al reclamo a la CGT y la CTAs de un paro nacional y un plan de lucha, para enfrentar en las calles las consecuencias de una situación económica que se desmorona. Convergiendo y apoyando las luchas salariales en curso, como la gran lucha de los obreros del Neumático.
La burocracia de la CGT, en cambio, convocó a una marcha dentro de un mes, sin programa y sin paro, una maniobra para descomprimir frente a la bronca de la clase trabajadora.
El 27 será una gran jornada de lucha, vamos a organizarla con todo en los barrios, con asambleas y reuniones, para copar la Plaza de Mayo y todas las plazas del país por todos los reclamos.
Fuente: Tiempo argentino y Prensa Obrera
Envio:RL
Los sectores que recompusieron ingresos, en pie de guerra
Qué hay detrás de la corrida del dólar: La rebelión de los ganadores
El Gobierno tuvo lock outs patronales del campo "récord", se pisaron ventas de granos y los precios están fuera de control. Todo en el mejor momento de su historia reciente.
La foto asombra: con el salario perdiendo contra la inflación y problemas serios en la distribución del ingreso, la volatilidad cambiaria y de remarcaciones la hicieron los únicos sectores de la economía que en lo que va del Gobierno de Alberto Fernández ganaron a niveles récord o recompusieron márgenes de ingresos no sólo post pandemia sino luego de los años de Mauricio Macri en el Ejecutivo.
Si bien los errores políticos y de articulación del frente de Gobierno son centrales para explicar la situación de debilidad, los sectores antes mencionados son los mismos -algunos sectores de campo y los formadores de precios, sobre todo- que procedieron de forma similar en el tramo final del gobierno de Juntos por el Cambio. Con una diferencia: exceptuando al sector financiero, allí no hubo ganadores y las ventas se derrumbaron en buena parte del mandato.
Cuando esos mismos actores consiguieron, en plena crisis de los salarios y la inflación que pega a los más necesitados, mejoras importantes en relación a los tiempos de Macri, aún así salieron a dar una pelea política en todos los frentes.
El jueves al mediodía, la muestra de la Rural en Palermo era un hervidero de negocios y loas a la venta récord de maquinaria agrícola y cosechadoras. El sector que pasa sus mejores años de la historia viene de un lock out patronal de ventas y casi que estableció en los restaurantes del predio ferial un comité con dirigentes de Cambiemos para mirar la jugada que viene.
No son todos, pero el los empresartios agrarios pisaron más de 14 mil millones de dólares en ventas de granos a la espera de una devaluación y otro tanto tiene sin liquidar la agroindustria, según el ministerio de Agricultura. Tienen razones lógicas de reserva de valor, pero esa retención se está haciendo con los precios de los granos cayendo en Chicago. Ergo, la apuesta es que la devaluación les recupere incluso lo que pierden por no vender cuando los precios caen.
El segundo lock out que padeció el Gobierno fue el de los dueños de colectivos. El sector, aún recibiendo subsidios récord y convocado a una mesa de negociación, mantuvo el lock out de funcionamiento de unidades del 50 por ciento de la plaza. Y terminó forzando una recomposición en las tarifas que está demasiado conectada a esa medida de fuerza empresaria.
Ante un Gobierno débil por decisión propia, los factores de poder parecen demostrar que de ellos el Ejecutivo no podrá obtener nada distinto a condiciones de guerra constantes.
Pero el síntoma más serio el oficialismo lo padece en las góndolas. Esta semana volvieron a llegar listas de precios con aumentos muy fuertes de precios por parte de los fabricantes de alimentos y bebidas. Y un dato más duro: según fuentes del sector que hablaron con PáginaI12, el abastecimiento en góndolas, que normalmente está entre 95 y 97 por ciento, hoy llega sólo al 72 por ciento. En paralelo, las 10 empresas líderes del sector alimentos subieron los precios, en lo que va del año, por encima de los niveles de inflación.
Esa postal de las empresas que están nucleadas en la Cooordinadora de Productores de Alimentos (Copal), muestra un síntoma muy complejo. Los sectores que especularon con precios y abastecimiento ya trasladaron los aumentos a la evolución de los dólares paralelos. Es decir que forzar al gobierno a una devaluación redundaría en una doble ganancia de esos sectores. Lo curioso aquí es que buena parte de esas firmas, como los casos de Arcor y Molinos, volvieron a recuperar el signo positivo en los balances y en las ventas luego de los cuatro años del Gobierno de Macri, que fueron para esas firmas los peores años de su historia en la Argentina.
En medio de su propia interna, tan radical y despiadada respecto al rumbo a seguir, parece haber dejado de lado que el frente más complejo en las negociaciones era el poder económico. Que lo que disputa es su propio rumbo, más allá de que los contextos los pongan, hoy, en cifras de negocios históricas, aún en tiempos de post pandemia y una guerra en Ucrania que promete prolongar una crisis global.
En búsqueda de oxígeno, Alberto Fernández retomó las recorridas por el conurbano bonaerense
Los días más difíciles del Presidente
Reuniones con intendentes, pedidos de unidad para enfrentar la crisis económica y la emoción del mandatario ante las críticas.
En medio de lo que han sido algunos de los días más turbulentos de su gestión, Alberto Fernández se ha volcado de lleno en intensificar sus recorridas por municipios bonaerenses. Luego de haber cultivado un bajo perfil tras los primeros coletazos de la crisis desatada por la renuncia de Martín Guzmán, el Presidente ha decidido mostrar una actitud más enérgica, participando de diversas actividades a lo largo de toda la Provincia y reforzando el diálogo con el principal termómetro social que tiene en el territorio: lo intendentes. Inflación, pérdida de poder adquisitivo e inseguridad son las tres preocupaciones clave que los jefes comunales le han ido acercando al mandatario en los últimos días, sin embargo, en el contexto de una tormenta financiera que pareciera no tener techo, el reclamo es más bien político: "Necesitamos verlos a los dos juntos tomando decisiones", insistieron varios dirigentes que, si bien destacaron el proceso de deshielo entre el presidente y la vice de las últimas semanas, reclamaron una mayor reordenamiento interno.
"Yo nunca voy a romper con Cristina". La frase de Alberto Fernández resonó con insistencia en un quincho de Pila, el distrito bonaerense de menos de cuatro mil habitantes que el Presidente había visitado el martes con el objetivo de inaugurar un nuevo edificio de la Unidad Sanitaria. Sentados en la mesa lo escuchaban una decena de comensales entre los que se encontraban el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, la diputada Victoria Tolosa Paz y varios intendentes de la zona, como el anfitrión Sebastián Walker, Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Francisco Echarren (Castelli), Alberto Gelené (Las Flores), Jorge Paredi (Mar Chiquita), entre otros. "Yo no voy a romper. Y voy a hacer lo posible para que no vuelva Macri", sostuvo en una alocución que lo llevó a quebrarse cuando le tocó referirse al esfuerzo realizado durante la pandemia y las críticas recibidas tanto desde adentro como fuera de la coalición oficialista.
"El Presidente fue muy claro: esto es con unidad. Nosotros le planteamos nuestro diagnóstico, que la economía real se está reactivando pero que la realidad de la situación financiera con la inflación y el dólar hace que a la gente le cueste llegar a fin de mes", reflexionó uno de los intendentes que participó del encuentro y agregó: "Y eso se revierte desde lo político. Necesitamos una mayor gestualidad política que permita calmar a los mercados". En el último par de semanas, los gestos de acercamiento entre Alberto y Cristina Fernández de Kirchner aplacaron los enojos de varios jefes comunales que venían reclamando una línea de comunicación directa hace meses. Sin embargo, la corrida cambiaria y la especulación de los formadores de precios llevó a varios de los dirigentes comunales a insistirle al Presidente sobre la necesidad de dar un contundente mensaje político: "Lo de ellos dos fue un descongelamiento como producto de la coyuntura, los obligó la crisis. Esto no se soluciona ya con una foto de ellos dos, se soluciona con una mesa de laburo cotidiana de ambos sin intermediarios", resaltó otro dirigente bonaerense que participó del encuentro en Pila.
En la última semana, Alberto Fernández recorrió también Avellaneda, Berazategui y General Rodríguez, acompañado casi siempre por Katopodis. "Para los que están preocupados, quiero que sepan: ni la obra pública ni la vivienda se van a paralizar por nada. Vamos a seguir con las casas, haciendo caminos, cloacas, obras hídricas, que hacen falta en la Argentina", había sostenido el miércoles en Avellaneda, refiriéndose así a una de las áreas de gestión que más destacan los municipios y que, a su vez, mayor temor genera que pudiera ser frenada en el marco del proceso de estabilización fiscal que trazó Silvina Batakis: la inversión pública. "Nosotros tenemos un nivel de obra pública récord. Ahora, ¿cómo vamos a terminar las obras que empezamos con esta inflación?", cuestionó el intendente de una pequeña localidad bonaerense. Este tema fue uno de los ejes de conversación durante la reunión de anteayer de Batakis con intendentes del conurbano, en la cual la ministra les pintó un desolador panorama económico pero los "tranquilizó" asegurando que la situación no afectaría las partidas destinadas a la obra pública.
Más allá de sus recorridas, el Presidente ha mantenido también reuniones en Casa Rosada con intendentes que tienen un diálogo fluido con CFK, como Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Juan José Mussi (Berazategui). "Lo más importante es mostrar la importancia de la unidad del Frente de Todos porque cuando eso no se nota las repercusiones no son buenas. Tenemos que mostrar que estamos trabajando todos juntos, con Cristina y con Sergio, sabiendo que hay una crisis económica y política en todo el mundo y que hay que enfrentarla", sostuvo uno de sus últimos interlocutores, quien le acercó la preocupación de varias localidades respecto al aumento de precios, la caída del salario y, en un segundo plano, la inseguridad. "No hay una crisis como la del 2001", advirtió, sin embargo, y aseguró que había que darle "tiempo" a Batakis.
Con mayor o menor optimismo, los intendentes miran con ansiedad el 2023, a la expectativa de que el proceso de deshielo interno de los últimos días permita soñar con un escenario electoral un poco más prometedor. El panorama es, sin embargo, sombrío: "El 2023 es ciencia ficción, hoy lo que tenemos es que salvar a nuestro gobierno. Entramos a un quirófano con una arteria cortada: primero paremos la sangre antes de ponernos a pensar si podemos correr", reflexionó un dirigente.
Organizaciones sociales marcharon hasta la sede de la Corte Suprema para reclamar el cese de la persecución judicial
"Acá funciona un local del partido judicial encabezado por el macrismo"
La Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, Barrios de Pie y el Polo Obrero, entre otras organizaciones, se movilizaron unidas desde el Obelisco hasta la Corte Suprema de Justicia para repudiar la persecución judicial y mediática contra los movimientos sociales. La CCC subrayó que se allanaron más de 50 comedores, merenderos y hogares de 10 organizaciones en todo el país en menos de 48 horas. “Estamos aquí para decirles a los cortesanos que acá funciona un local del partido judicial encabezado por la mesa judicial del macrismo”, denunció Juan Carlos Alderete, diputado del Frente de Todos y dirigente de la CCC, desde el escenario montado en Talcahuano al 500. “No estamos dispuestos los trabajadores a pagar la fiesta de unos pocos que endeudaron y arruinaron el país y hoy nos dan consejo sobre qué es lo que tenemos que hacer”, afirmó Alderete, quien alertó que “la derecha reaccionaria y fascista está esperando a la vuelta de la esquina” y pidió por la libertad de Milagros Sala, la líder de la Tupac Amaru que cumple prisión domiciliaria en la provincia de Jujuy.
“Unidad de las trabajadoras y al que no le gusta que se joda que se joda”, cantaban las trabajadoras y trabajadores de las organizaciones que marcharon desde el Obelisco hasta el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Entre los carteles se repetían varias urgencias: “Que los pibes coman”, “Luchamos por Tierra, Techo y Trabajo”; pero también había consignas que fundamentan el sentido de estas organizaciones en la trama social de los barrios. “Luchamos, trabajamos y aportamos voluntariamente, gracias a nuestra línea tenemos independencia política y estamos orgullosos de esto”, se leía en uno de los carteles la sala de Salud Néstor “Chino” Oliveri del Barrio Villa Unión de la Matanza. “Con el plan que yo cobro trabajo dando oportunidades a cientos de pibes y pibas ante el flagelo de la droga”, ilustraba otro cartel. “Vamos a seguir luchando contra la difamación, los atropellos, la denigración y por los derechos que nos corresponden”, anunciaban en otro. Todos los oradores del acto coincidieron en la necesidad de la unidad.
Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), precisó que la realidad que están atravesando es “bastante compleja” y señaló que desde el gobierno de Mauricio Macri comenzó una persecución sobre distintas organizaciones sociales. “La derecha empieza a jugar sus cartas en alianza con la injusticia. Lo importante es que estamos unidas y unidos más que nunca porque el mensaje que dejan ellos es este: venimos por ustedes; no quieren que nos organicemos. Vamos a seguir en la calle luchando y no vamos a permitir que esta derecha vuelva y que sigan persiguiendo a los compañeros y compañeras. Cuando tocan a uno, nos tocan a todos y a todas”, dijo Sánchez.
Jeremías, desde el Polo Obrero, coincidió en que es “un paso adelante” que estén unidos para luchar contra la criminalización de la protesta social. “Es una vergüenza que allanen los comedores populares, que allanen las casas de compañeros, que persigan a los luchadores que están a la cabeza de organizar la lucha contra el hambre en cada uno de nuestros barrios”, definió el representante del Polo Obrero y anunció que más allá de las diferencias evidentes --el Polo Obrero integra la Unidad Piquetera, que no apoya al gobierno-- hay que “profundizar este camino de unidad” porque “la situación se va agravar” y anticipó que en la próxima movilización conjunta del miércoles 27 de julio “serán cientos de miles de piqueteros en las calles para enfrentar el ajuste”.
Para Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, “la derecha, los medios hegemónicos, una parte del arco político y ahora la justicia son esos esos monstruos que se juntaron para querer disciplinarnos” y aseguró que “donde nos quieren desarmar les vamos a seguir respondiendo con más organizaciones comunitarias”. Mónica, del MST Teresa Vive, fue contundente a la hora de llamar a continuar la lucha en unidad. “Nos quieren sacar de la calle, pero no de la pobreza”, resumió. Esteban “Gringo” Castro, secretario de la UTEP, destacó que “la dictadura se fue, pero nos dejó varias bombas encendidas”, entre las que mencionó al poder judicial. “Cada vez que avanzó la derecha es porque nos encontró divididos y divididas”, confirmó Castro y advirtió que esta movilización es para decirle al poder judicial y gran parte del poder político que “no nos han vencido; que la victoria final será nuestra”.
Alderete recordó que la causa contra la CCC --organización a la que le allanaron 23 comedores, merenderos y locales-- la inició la entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en septiembre de 2019 y que María Eugenia Vidal “la hizo reactivar” cinco días antes de dejar la gobernación de la provincia de Buenos Aires. “No estamos dispuestos a pagar un ajuste. El Fondo Monetario Internacional vino para someternos y también vino para condicionarnos en política y en la economía”, reflexionó el dirigente de la CCC. Como aliado del Frente de Todos pidió “no mirar al costado” de la realidad que están padeciendo los trabajadores. “Hay que cambiar el rumbo económico para que el pueblo tenga un aliciente y una esperanza; con esos poderosos que se creen dueños del país no se pueden sentar a negociar ningún precio porque esos poderosos están en la reunión y ya están remarcando los precios”.
En el cierre del acto señaló hacia el edificio donde está la Corte Suprema de Justicia y la definió como “la justicia de la mesa del macrismo”. “Si llegan a ganar las próximas elecciones, están preparando las causas para meternos en cana y sacarnos de las calles porque saben que no nos van a hacer arrodillar. Que nos metan en cana, que hagan lo que quieran, pero vamos a estar parados, firmes, para dar batalla”, concluyó Alderete.
Fuente:Pagina12
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