CON 17 ACUSADOS
Comenzó el cuarto tramo de la megacausa por delitos de lesa humanidad en Rosario
Con el acompañamiento de organismo defensores de los Derechos Humanos y de otras militancias, el proceso se inició este lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, en lo que constituye la cuarta parte del juicio conocido como “Guerrieri”, que investiga la represión ilegal cometida en un circuito de cinco centro clandestinos de detenciones bajo el mando operativo del Ejército.
El diputado nacional santafesino del Frente de Todos, Eduardo Tonioli, hijo del militante desaparecido homónimo, afirmó: "Esto es una foto de lo que fue la represión en la región”.
“Es importante este juicio porque Rosario fue sede del II Cuerpo de Ejército, que tuvo un rol fundamental en la represión durante la última dictadura cívico-militar”, dijo a Télam Tonioli.
En este proceso llegan a juicio 17 acusados, exmilitares del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, Personal Civil de Inteligencia (PCI) que reportaban a ese órgano y exmiembros de la delegación local de la Policía Federal.
De los 116 casos de víctimas de la represión ilegal que se ventilarán en el juicio, 54 ya formaron parte de los tramos anteriores de "Guerrieri", pero 62 de ellos nunca fueron juzgados.
"Después de haber transcurrido tres tramos de 'Guerrieri', que haya 62 víctimas nuevas habla de cómo sigue el proceso de reconstrucción y cómo siguen apareciendo víctimas, cuyos casos no han sido analizados", había dicho a esta agencia días atrás el fiscal, Adolfo Villate.
La titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario, Norma Ríos, evaluó -en diálogo con Télam- que "esta lucha de los juicios es día a día contra la impunidad, contra la impunidad biológica y contra todos los cómplices de los genocidas que todavía siguen parando los juicios, frenando pruebas y demás”.
"Más allá de las condenas, que ya no pedimos que sean a cárcel perpetua para tipos que tienen 80 años, este juicio tiene el valor de recuperar para la sociedad y la para historia el hecho de que nunca se mintió, que esto fue un genocidio", reflexionó.
También Tonioli valoró los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y evaluó que se trata de un proceso "que no está cerrado porque sus consecuencias no están cerradas y porque de alguna manera no está saldada esa discusión en la sociedad”.
El diputado del Movimiento Evita sostuvo que “si hay algo que fue sintomático y que explica las posiciones del círculo rojo y del poder económico para que no se reabrieran los procesos por delitos de lesa humanidad, es que cuando uno tira del hilo aparecen los nombres de quienes impulsaron la represión, de quienes la solventaron económicamente”.
Los imputados en el proceso son Pascual Oscar Guerrieri; Jorge Alberto Fariña; Juan Daniel Amelong; Marino González; Ariel López; Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Isach y Walter Pagano.
También Eduardo Costanzo; Federico Almeder; Juan Carlos Faccendini; Juan Félix Retamozo; Enrique Andrés López; José Luis Troncoso; Osvaldo Tebez; Oscar Roberto Giai y Roberto Raúl Squiro.
Durante el juicio, cuyas audiencias se celebrarán los lunes de cada semana y podría extenderse por dos años, se ventilarán hechos de homicidio, desapariciones forzadas, secuestros y torturas ocurridos en el circuito formado por los centros conocidos como "Quinta de Funes", "Escuela Magnasco", "La Intermedia", "La Calamita" y el que funcionó en la entonces Fábrica Militar de Armas "Domingo Matheu".
A ellos se suma un predio religioso de la localidad de Funes, donde hoy funciona el Liceo Aeronáutico, por el que se cree que pasaron tres víctimas cuyos casos serán analizados en el debate.
El Tribunal del proceso estará integrado, en esta oportunidad, por los jueces Jaime Díaz Gavier, María Noel Costa y Mariela Emilce Rojas, informaron fuentes judiciales.
Comenzó el juicio Guerrieri IV que juzga a militares y policías
Son 17 los miembros de la patota imputados
El debate girará en torno de los delitos de lesa humanidad cometidos contra 116 víctimas, durante la última dictadura militar. Cuarto tramo de esta megacausa,
"Adonde vayan los iremos a buscar...". El cántico retumbó ayer en la vereda de los Tribunales Federales de Oroño al 900, donde comenzó el juicio Guerrieri IV, que juzga a 17 imputados, entre integrantes de la patota de inteligencia del Batallón 121 del Ejército y expolicías federales. El debate girará en torno de los delitos de lesa humanidad cometidos hacia 116 víctimas, durante la última dictadura militar. Se trata del cuarto tramo de esta megacausa, que apuntó a la investigación de crímenes del circuito de quintas y casas operativas del ejército en Rosario y alrededores, y en el que se suman 62 casos nuevos que nunca habían llegado a esta instancia judicial. Durante los siguientes meses, el tribunal escuchará el testimonios de más de 340 testigos. La próxima audiencia será el lunes.
Las banderas que acompañan cada uno de los juicio a los responsables de los hechos cometidos de la última dictadura militar volvieron a formar parte de ingreso a los Tribunales Federales de Rosario. Hasta allí se movilizaron ayer las organizaciones de derechos humanos y sociales que militan los pedidos de verdad, memoria y justicia en cada juicio.
Durante la primera jornada de debate, dentro de la sala se empezó a leer la requisitoria fiscal de acusación, donde se apuntó al "plan represivo implementado por el destacamento de Inteligencia 121 con epicentro en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia, así como en la Fábrica Militar". La Fiscalía estuvo representada por Adolfo Villatte, de la Unidad de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. Dentro de la sala estuvieron algunos de los imputados, mientras que otros siguieron el debate por videoconferencia. Los delitos que les achacan son homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, tormentos agravados y asociación ilícita.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la abogada querellante Julia Giordano indicó que "es una jornada caracterizada por la formalidad y lectura de las imputaciones", por hechos cometidos hacia diferentes víctimas. "Como una cuestión a destacar, creemos quizás con este juicio tenemos una nueva oportunidad de dar cuenta del rol de la Iglesia, en relación a lo que entendemos que fue un centro clandestino de detención, que es donde funcionó el seminario Ceferino Namuncurá, que perteneció a la Iglesia de los salesianos", indicó. Se trata del lugar donde está ubicado el Liceo de Funes. La abogada Gabriela Durruty señaló: "Tenemos la particularidad del caso del excura (Santiago) Mac Guire".
Otro punto que destacaron es que por primera vez se juzgará a personal de la policía federal, junto a los miembros del destacamento de inteligencia que "fue la base neurálgica del entramado represivo", recordaron desde la Asamblea.
Por su parte, Alicia Gutiérrez, actual directora de Derechos Humanos municipal -querellante en lo que fue el primer tramo de la megacausa-, dijo que la jornada de ayer fue "muy importante por lo que significan los juicios en una ciudad como Rosario, donde hubo tantos desaparecidos, desaparecidas y asesinados, y que recién después de 46 años van a tener justicia".
En tanto, la militante de Hijos Rosario, Florencia Garat, recordó que entre los 62 nuevos casos está en el de su papá, Eduardo Garat. "La característica que tiene también esto es que mi papá fue visto en un centro clandestino de detención que hasta ahora no había sido visibilizado e identificado (por el Ceferino Namuncurá). Hay un testimonio de Santiago Mac Guire sobre ese lugar, y de un testigo que fue compañero de detención. Estuvieron los tres ahí. Mi papá es el único desaparecido. Santiago y Roberto Pistacchia estuvieron muchos años presos. Santiago falleció pero quedó su testimonio. El había sido cura, entonces tenía relaciones con la Iglesia y pudo saber que el lugar era de los salesianos. Su hijo va a ser testigo y es querellante también", destacó.
Además, estuvieron integrantes de Nietes Rosario. "Hemos visto pasar gente querida por esto y ahora me está tocando con mi abuelo (Eduardo Garat) que será parte de este juicio. Es difícil y emocionante a la vez. Este juicio tendría que haber pasado hace mucho", dijo Camila, hija de Santiago Garat. En tanto, Renata Labrador sumó que "es una deuda enorme que tenía el Estado para con los familiares de víctimas y para toda la sociedad. Gracias a Néstor y a Cristina y a la decisión política de iniciar con los juicios de lesa humanidad, marcamos también el rumbo y el país que queremos, donde no se tolere, donde no se mire para otro lado. Es nuestra historia y la memoria siempre tiene que estar presente".
Lucila Puyol, secretaria de DDHH de la provincia, sumó que "es importante tener una política pública que siga rescatando memoria, verdad y justicia. Estamos hablando del circuito represivo del Ejercito; esta causa habla de los centros clandestinos por los que pasaron tantos compañeros", dijo en Radio Nacional Rosario.
Fuente:Rosario12
Memoria, Verdad y Justicia
Con el tradicional apoyo de los organismos de derechos humanos en las puertas de los Tribunales Federales de Rosario, se inició el juicio del cuarto tramo de la mecagausa Guerrieri.
Con banderas colgadas de las rejas de los tribunales ubicados en Oroño 940, familiares de víctimas del terrorismo de Estado que comienzan a declarar este lunes, recibieron el caluroso apoyo de organismos de derechos humanos y gente de a pie que se acercó hasta el lugar.
Madres de Plaza de Mayo Rosario, APDH Rosario (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, Hijos Rosario, Hijos Santa Fe, el área de derechos humanos de la UNR, entre otras entidades, vistieron la jornada con banderas y trapos, para hacer el aguante. También sonaron los Redonditos de Ricota y los históricas cantitos contra los represores y por la Memoria, Verdad y Justicia. “Como a los Nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar…”.
El juicio oral y público del cuarto tramo de la denominada Causa Guerrieri se puso en marcha este lunes, pasadas las 10, con el análisis de 116 casos de delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran hechos de homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, tormentos y asociación ilícita cometidos durante la última dictadura cívico militar.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Rosario (Oroño 940), integrado por los jueces Carlos Julio Lascano, María Noel Costa y Mariela Emilce Rojas, estará a cargo de este proceso oral y público que se seguirá a ex integrantes del Ejército y la Policía Federal.
La lista de acusados está integrada por el ex jefe de la inteligencia militar en Rosario durante la dictadura militar, Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González, Ariel Antonio López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Isach, Walter Pagano, Eduardo Constanzo, Federico Almeder, Juan Carlos Faccendini, Juan Félix Retamozo, Enrique Andrés López, José Luis Troncoso, Osvaldo Tebez, Oscar Giai, Roberto Squiro.
En este cuarto tramo, entre las nuevas víctimas, se encuentra el caso de Ricardo Alberto Massa, un joven egresado de Medicina de la UNR desaparecido en agosto de 1977, hijo de Elsa Chiche Massa, histórica militante por los derechos humanos e integrante de la asociación Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario, quien falleció a los 93 años en 2018 sin poder ver justicia para su hijo.
También es la primera vez que se juzgará el caso de Eduardo Garat, abogado y escribano militante de Montoneros, secuestrado en la madrugada del 13 de abril de 1978, quien aún permanece desaparecido. Los querellantes en este juicio serán la agrupación Hijos Rosario y la APDH y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La última sentencia en la Causa Guerrieri fue en mayo de 2017 por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnésico y La Intermedia. En los anteriores procesos se investigaron crímenes cometidos en la Fábrica de Armas Portátiles Domingo Matheu y el Batallón de Inteligencia 121.
Fuente:RedaccionRosario
Guerrieri IV "destapará la complicidad de la Iglesia con la Dictadura"
Las querellantes de APDH en la causa Guerrieri IV, Julia Giordano, Jesica Pellegrini y Gabriela Durruty representan a la familia de Santiago Mac Guire, un ex cura salesiano que declaró ante la CONADEP, y aseguraron este lunes que con sus testimonios se expondrá la complicidad de la Iglesia con el centro de detención Seminario Salesiano Ceferino Namuncurá, donde se secuestró y torturó al menos a tres personas. Una de ellas es Eduardo Garat, todavía desaparecido.
El Ejército utilizó el predio del Seminario Salesiano que se ubicaba en Funes donde actualmente es el Liceo Aeronáutico. Se trataba de una propiedad de la Iglesia Católica Apostólica Romana durante la última dictadura cívico-militar que luego fue vendida a la Fuerza Aérea, y los salesianos conservaron propiedades linderas.
Dos sacerdotes atestiguaron ante la CONADEP. Uno integraba el grupo de tareas que secuestraba en Rosario, y el otro fue una de las víctimas de la tortura: Santiago Mac Guire, que era parte del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, se alejó de la Iglesia y reconoció el lugar de su cautiverio. Allí, aseguró al declarar, compartió celda con Garat y con Roberto Pistacchia. Este último también sobrevivió y confirmó haber compartido celda con ellos.
Pellegrini aseguró a Rosarioplus.com que “en su testimonio, Mac Guire denunció que estuvo detenido en dependencia de la iglesia en el Ceferino Namuncurá, y es importante desentrañar este circuito represivo en la región. Por haber sido cura y trabajado allí, reconoció perfectamente el lugar y ya en el ‘83 lo denunció”.
Florencia, la hija Eduardo Garat destacó por su parte que “entre los casos que nunca fueron juzgados está el de mi papá". "Él fue visto en el Namuncurá por Santiago Mac Guire, y de las tres personas que atestiguó haber visto, mi papá es el único desaparecido. Mac Guire y Roberto Pistacchia estuvieron muchísimos años presos. Santiago falleció pero quedó su testimonio, y su hijo Lucas es querellante y va a atestiguar también en la causa”.
Durruty sumó: “Mas allá de que está probado que en todo centro clandestino de detención hubo un cura o responsabilidad de las jerarquías eclesiásticas, en Rosario hasta ahora fue difícil mostrarlo. Con el testimonio de Mac Guire y otros sobrevivientes, la fiabilidad es indiscutible”.
Consultada ésta sobre los aportes en esta causa, ya que hubo avances sobre este centro de detención en la Guerrieri II, explicó que “son elevaciones parciales de la misma causa: un grupo de víctimas en relación a un grupo de imputados”.
Comenzó el juicio por la causa Guerrieri IV, el genocidio interminable
Se juzgan en el Tribunal Federal 116 crímenes de lesa humanidad, 62 de los cuales nunca habían llegado a esta instancia. Son 17 imputados que participaron del aparato represivo del Estado en Rosario, durante la dictadura cívico militar.
El canto “como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”, se escuchó poco antes de las diez de la mañana, mientras se colgaban las banderas por los 30 mil desaparecidos y de HIJOS Rosario en las rejas que dan al frente de los Tribunales Federales (Oroño al 900), a la espera de la primera jornada de juicio por la causa Guerrieri IV. El reencuentro de las militancias en las cuatro generaciones se observó en abrazos pospandémicos, donde faltaron Madres y Abuelas y militantes de derechos humanos fallecidos en estos años, y en el que varios entrevistados coincidieron en diálogo con Rosarioplus.com: “la Justicia se tomó su tiempo para llegar a este juicio, pandemia y burocracia mediante”.
A las once y veinte de este lunes 1° de agosto comenzó la primera audiencia del cuarto juicio en la causa Guerrieri -por Pascual Guerrieri, jefe de inteligencia del Ejército- por las torturas y desapariciones de un total de 116 personas durante la dictadura cívico militar, que sucedieron en seis locaciones de la región a manos de 17 imputados que pertenecieron al destacamento 121 del Ejército y de la Policía Federal. Entre ellos se destacó el rol cómplice de la Iglesia, a partir del testimonio del ex cura tercermundista Santiago Mac Guire sobre el centro clandestino de detención en el Ceferino Namuncurá de Funes, que atestiguó haber sido compañero de detención del desaparecido Eduardo Garat.
Su hija Florencia Garat, militante de HIJOS e investigadora durante años de los hechos, destacó con evidente emoción: "Luchamos todos estos años para llegar acá, y a la vez está el peso de la tardanza de esta instancia, y es doloroso. Esperamos estén los jueces a la altura de las circunstancias. Al haber pasado muchos años, algunos imputados tienen prisión domiciliaria y eso no lo podemos evitar. Investigué con HIJOS muchos años, y hay muchos detalles difíciles de escuchar que se van a ventilar. Y por primera vez nosotros vamos a atestiguar".
La abogada de APDH Julia Giordano destacó que "la de hoy es una jornada de lectura de las acusaciones sobre cada imputado, los delitos y sobre qué víctimas, presentado por la Fiscalía así como cada una de nuestras querellas. Esta causa Guerrieri es una oportunidad para dar cuenta el rol de la iglesia".
Desde la querella de APDH Gabriela Durruty destacó que "son más de 300 testigos presenciales pero además habrá testimonios de otras formas que por diversos motivos no pueden asistir. Veremos si es semanal o quincenal, pero mas de un año llevará seguro". También desde APDH, la querellante Jesica Pellegrini calificó esta causa como “importante", "por ser tantas víctimas, y algunos acusados llegan por vez primera al banquillo, entre ellos policías federales. Será un juicio largo que llevará este año seguro y esperamos tener sentencias en 2023”.
Según se pudo conocer en esta primera audiencia, serán jornadas extendidas -por ser los jueces oriundos de otras provincias-, que se llevarán a cabo los lunes entre las 10 y las 17 en los Tribunales Federales 2 de Rosario. El tribunal de juicio se compone por los jueces Carlos Julio Lascano (TOF 2 Córdoba), María Noel Costa (TOF 2 Córdoba), y Mariela Emilce Rojas (Concepción del Uruguay).
Sobre éstas audiencias, Florencia Garat destacó que se van a desarrollar "en el orden cronológico de caídas", y en ese marco la de su padre Eduardo "fue de las últimas porque esto fue a fines de 1978", y si bien ella y su hermano Santiago serán testigos, adelantó que en otras ocasiones también vendrá "a escuchar a amigues, familiares, compañeros que vienen desde Córdoba y Buenos Aires cuyos padres desaparecieron acá".
En la sala Anexo del Tribunal los familiares de las víctimas esperaron ansiosas a un demorado comienzo de la lectura de síntesis de la causa “Guerrieri Pascual y otros”. Antes del arranque, un defensor reclamó garantías por su defendido como persona mayor, de audiencias reducidas, levantarse para ir al baño y seguimiento de audiencias por videoconferencia -que en el Anexo se vivió entre protestas e ironías de los familiares-. El Tribunal le concedió en cierta medida estas últimas, pero aclaró que “por ser los jueces de otras provincias y viajar en cada audiencia, estas serán extensas, no podemos reducirlas”.
Estaban presentes en las audiencias: Juan Daniel Amelong, Eduardo Constanzo, Marino González Juan Carlos Faccendini, Juan Félix Retamozo, Enrique Andrés López, Roberto Squiro, Osvaldo Tebez, Oscar Giai y Walter Pagano. Siguen las audiencias de forma virtual: Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Ariel Antonio López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Isach y Federico Almeder.
La secretaria judicial comenzó la lectura en torno a la causa del “plan represivo con epicentro en la Fábrica de Armas Domingo Matheu, el Batallón de Inteligencia 121, y en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia”. Llevan las acusaciones y pruebas el Fiscal de la Nación Adolfo Villate y las querellas de Hijos Rosario, APDH y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Los nombres de las víctimas de este juicio: Daniel Héctor Querol, Nelly Balestrini de Larrosa, Sonia Rosa kindrasiuk, Gregorio Larrosa, José Enrique Nelio Animendi, Antonio Huerta, Horacio Huerta, Graciela Susana Capoccetti, Ricardo Alberto Massa, Susana Beatriz Becker, Abel Argento Fontaine, Clara Ruth Argento Fontaine, María de los Angeles Castillo Cano, Roberto Miguel Valleto Olivari, Olga Beatriz Ruiz de Bordesio, Mario Eduardo Bordesio, Mario Alberto Ramos, Emilio Etelvino Vega, Susana Busaniche, Graciela Busaniche, Pedro Pablo Delgado, Gustavo Adrián Rodríguez, Olga Lilian Vaccarini, Mónica Marta Cappelli, María Isabel Salinas de Bosso, Carlos Alberto Bosso, Miguel Angel D’Andrea, María Ester Ravelo, Gustavo Adolfo Pon, Irma Elena Montenegro, Ricardo Luis Franco, Domingo Laborde, Hilda Elena Miekle Rivas, José Alberto Madeo, Alberto Corazza, Alberto Galarza, Susana Elena Díaz, María Graciela Eier, Gustavo Guillermo López Torres, María Irma Ferreyra, Omar Fernando Bravo, Juan Carlos Amador, Santiago Mac Guire, Roberto Vicente Pistacchia, Jorge Ramón Fabián Peralta, Norma Horizontina Coutada Rosés, Mario Eduardo Menéndez, Guillermo Fernando Godoy, Adriana Elsa Tasada, Hugo Alberto Megna, Eduardo Garat, Raúl Luis Bustos, Daniel Adolfo Tripodi, Víctor Jorge Lowe, Segismundo Martínez, Bernardo Alfredo Depetris, Carlos Schreiber, Isabel Soto de Cian, Héctor Cian, José Alejandro Ruggero, Marta del Pilar Luque e Irma Edith Parra Yakin.
Las 54 víctimas que podría quedar afuera del juicio
La causa Guerrieri IV está sujeta todavía a sufrir un cambio no menor: del total de 116 víctimas mencionadas, puede ocurrir que sólo se avance sobre los casos de 62 (los mencionados en el párrafo arriba), ya que se espera un peritaje de salud mental sobre una de las personas que se encuentra acusada pero al momento no fue a juicio. Se trata de José Luis Troncoso, a quien se investiga como responsable de delitos de Lesa Humanidad en la Quinta de Funes y en la Escuela Magnasco, y quien padece de Parkinson. Si esta persona resulta inimputable, 54 víctimas no serán de la partida.
La abogada de la querella en nombre de APDH Julia Giordano explicó que “la defensa de Troncoso viene asegurando que él no tiene la capacidad de comprender los alcances del juicio, pero esto no se ha probado con los exámenes médicos. El párkinson que tiene no significa un deterioro, y es imputable al menos hasta que se demuestre lo contrario. Esta semana será la pericia que determine si puede o no ser parte”.
Fuente:RosarioPlus
Comenzó en Rosario el cuarto tramo de la megacausa
Guerrieri por delitos de lesa humanidad
Tiene 17 acusados, 116 casos de víctimas de la
represión ilegal y el posible reconocimiento de un centro clandestino en un
predio de la Iglesia católica.
1 de agosto 2022
El cuarto tramo de la megacausa conocida como Guerrieri, que investiga delitos de
lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Gran Rosario, se inició
este lunes con 17 acusados, 116 casos de víctimas de la represión ilegal y el posible
reconocimiento de un centro clandestino en un predio de la Iglesia católica.
Con el acompañamiento de organismo defensores de los Derechos Humanos y de otras
militancias, el proceso se inició en la mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
1 de Rosario, en lo que constituye la cuarta parte del juicio conocido como Guerrieri,
que investiga la represión ilegal cometida en un circuito de cinco centro clandestinos
de detenciones bajo el mando operativo del Ejército.
El diputado nacional santafesino del Frente de Todos, Eduardo Tonioli, afirmó que
"esto es una foto de lo que fue la represión en la región”.
“Es importante este juicio porque Rosario fue sede del II Cuerpo de Ejército, que tuvo
un rol fundamental en la represión durante la última dictadura cívico-militar”, dijo
Tonioli, hijo del militante desaparecido homónimo.
En este proceso llegan a juicio 17 acusados, ex militares del Destacamento de
Inteligencia 121 de Rosario, Personal Civil de Inteligencia (PCI) que reportaban a ese
órgano y
ex miembros de la delegación local de la Policía Federal.
De los 116 casos de víctimas de la represión ilegal que se ventilarán en el juicio, 54 ya
formaron parte de los tramos anteriores de Guerrieri, pero 62 de ellos nunca fueron
juzgados.
“Después de haber transcurrido tres tramos de Guerrieri, que haya 62 víctimas nuevas
habla de cómo sigue el proceso de reconstrucción y cómo siguen apareciendo víctimas,
cuyos
casos no han sido analizados”, había dicho días atrás el fiscal Adolfo Villate.
La titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario,
Norma Ríos, evaluó que “esta lucha de los juicios es día a día contra la impunidad,
contra la impunidad biológica y contra todos los cómplices de los genocidas que
todavía
siguen parando los juicios, frenando pruebas y demás”.
“Más allá de las condenas, que ya no pedimos que sean a cárcel perpetua para tipos
que tienen 80 años, este juicio tiene el valor de recuperar para la sociedad y la para
historia el hecho de que nunca se mintió, que esto fue un genocidio”,
reflexionó.
También Tonioli valoró los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la
última dictadura y evaluó que se trata de un proceso “que no está cerrado porque sus
consecuencias no están cerradas y porque de alguna manera no está saldada esa
discusión en la sociedad”.
El diputado del Movimiento Evita sostuvo que “si hay algo que fue sintomático y que
explica las posiciones del círculo rojo y del poder económico para que no se reabrieran
los procesos por delitos de lesa humanidad, es que cuando uno tira del hilo aparecen
los nombres de quienes impulsaron la represión, de quienes la solventaron
económicamente”.
Los imputados en el proceso son Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan
Daniel Amelong, Marino González, Ariel López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Isach
y Walter Pagano. También Eduardo Costanzo, Federico Almeder, Juan Carlos Faccendini,
Juan Félix Retamozo, Enrique Andrés López, José Luis Troncoso, Osvaldo Tebez,
Oscar Roberto Giai y Roberto Raúl Squiro.
Durante el juicio, cuyas audiencias se celebrarán los lunes de cada semana y podría
extenderse por dos años, se ventilarán hechos de homicidio, desapariciones forzadas,
secuestros y torturas ocurridos en el circuito formado por los centros conocidos como
Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia, La Calamita y el que funcionó en
la entonces Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.
A ellos se suma un predio religioso de la localidad de Funes, donde hoy funciona el
Liceo Aeronáutico, por el que se cree que pasaron tres víctimas cuyos casos serán
analizados en el debate.
El Tribunal del proceso estará integrado, en esta oportunidad, por los jueces Jaime
Díaz
Gavier, María Noel Costa y Mariela Emilce Rojas, indicaron fuentes judiciales.
Fuente:LaCapital
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