Nuevo sistema de control económico financiero
La ciudad ya tiene una ley contra el lavado
"Para cortar con la violencia hay que cortar con el lavado", dijo la concejala Tepp, una de las autoras de la ordenanza aprobada ayer.
Tras varios meses de debate, el Concejo sumó los consensos para delinear una nueva ordenanza que regula el Sistema de Control Económico Financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo. El sistema estará conformado por un mecanismo de solicitud y tratamiento de información, un protocolo de actuación para la detección de operaciones sospechosas y la creación de una agencia contra el lavado de activos, para la prevención y colaboración judicial. "Tenemos la satisfacción de poder lograr que este Concejo cree un instrumento que le otorgue al municipio la posibilidad, y además el acompañamiento político pleno, a que estos niveles de violencia que viene sufriendo la ciudad los podamos empezar a atacar a partir de la persecución de los delincuentes de guante blanco y los lavadores de dinero producto del narcotráfico"; valoró la concejala Caren Tepp (Ciudad Futura), titular de la Comisión de Gobierno que ayer aprobó el despacho para su posterior tratamiento en el recinto. Para el interbloque del Frente de Todos, el proyecto consensuado entre el municipio, Ciudad Futura y Juntos por el Cambio, "no ofrece un sistema despersonalizado e incorruptible" en la lucha contra el lavado de dinero (ver aparte).
La ordenanza antilavado, que derogará la que estaba vigente desde el 2014, se terminó de consensuar en la Comisión de Gobierno del Concejo, a partir de los proyectos enviados por el intendente Pablo Javkin, el del bloque Ciudad Futura, el del concejal Martín Rosúa (UCR-Juntos por el Cambio) y el de la concejala Fernanda Gigliani (IP). También fueron consideradas las opiniones de los especialistas convocados por la comisión, como los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, y la jefa de Investigaciones del MPA, Marina Marsili.
El texto de la norma establece que todas las áreas del Departamento Ejecutivo, empresas y sociedades del Estado, entes autárquicos y todos sus órganos descentralizados, estarán obligados a recabar la información correspondiente según el trámite o procedimiento de que se trate. También para aplicar el Protocolo de alertas sospechosas y elevar a la Autoridad de Aplicación los reportes de aquellas situaciones susceptibles de ser consideradas alertas sospechosas, y de acuerdo a las modalidades definidas en el protocolo.
Además, deberán receptar los informes o sugerencias de la autoridad de aplicación de la presente, relativas al criterio a adoptar en el trámite administrativo en el cual se ha generado la alerta. Cabe destacar que la aplicación del sistema de control no va a implicar la paralización de los trámites a iniciarse o en curso -quizás uno de los puntos que encendieron el debate durante el tratamiento de los proyectos que finalmente se consensuaron- salvo resolución fundada emitida por la autoridad de aplicación.
"Estamos convencidos que para cortar con la violencia hay que cortar con el lavado. Mucho se discutió sobre las competencias, las jurisdicciones y quién tiene que hacerse cargo de este problema. Hace muchos años que venimos insistiendo que la municipalidad no solamente puede si no que debe crear una agencia de estas características, para que con las herramientas y toda la información que hoy posee y la que pueda pedir sobre inversiones que se realicen en la ciudad de manera accesoria, hacer un análisis exhaustivo y en caso de detectar posibles maniobras de lavado de activos tome cartas en el asunto", argumentó la concejala Tepp.
La edila de Ciudad Futura explicó que la Agencia contra el lavado de activos, una propuesta del bloque y del concejal Rosúa que primó sobre la que planteaba el Ejecutivo, una unidad de aplicación integrada por funcionarios de distintas áreas del Municipio y el Tribunal de Cuentas, será un organismo especializado que tendrá como función primordial y facultado la prevención del lavado de activos en la ciudad.
"Va a estar a cargo de un jefe o jefa que será propuesto por el intendente de turno y tendrá que enviarlo al Concejo para votarse con acuerdo, mecanismo similar a los directores del banco Municipal, y su mandato dura lo que dure el mandato del intendente en funciones", agregó la titular de la Comisión de Gobierno.
La ordenanza establece que deberá requerirse la información en las solicitudes de permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro en los siguientes casos: Venta y alquiler de vehículos, motos y embarcaciones; armerías; casas de juegos, apuestas o casinos; la ordenanza de espectáculos públicos; hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas; playas de estacionamiento y cocheras; guarderías náuticas, restaurantes y bares, entidades financieras y cualquier otra institución que ofrezca préstamos de dinero y demás operaciones financieras; agencias de viajes y turismo.
En algunos casos será aplicable cuando en el plan de inversiones del proyecto se prevea una inversión igual o superior a 2 o 4 veces la suma establecida en el artículo 67° de la Ordenanza de Contabilidad por la que el Departamento Ejecutivo Municipal procede al llamado de licitación pública.
También alcanza a las concesiones públicas de obras y servicios, solicitudes vinculadas a trámites de edificación y/o urbanísticos para construcciones nuevas, ampliación y/o reforma de inmuebles, de más de 1000 m2, sin importar su destino o finalidad, y en la suscripción de convenios urbanísticos, edilicios y/o productivos. Adquisición, tenencia y/o transferencia de más de 2 (dos) licencias de explotación de taxis y/o de remises por parte de una misma persona humana o jurídica.
Como pautas generales a considerar para detectar una alerta sospechosa se definieron las siguientes: Inconsistencias entre una situación de exteriorización de activos y el perfil patrimonial o fiscal de una persona humana o jurídica; situación de transferencias sucesivas de habilitaciones municipales, licencias, bienes registrables, participaciones societarias, la posición de administración fiduciaria, con una frecuencia o inestabilidad que resulten inusuales dentro de la respectiva actividad; cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas correspondientes.
Además, se tendrán en cuenta para emitir un alerta sospechosa las operaciones o hechos económicos desarrollados por personas humanas o jurídicas que, sin tener capacidad patrimonial verificada, declaran como propias manifestaciones económicas, que pertenezcan a otra persona humana o jurídica, que no justifique o no pueda justificar las mismas; inversiones de elevado monto por parte de personas jurídicas o humanas que no declaran una actividad económica, o empleo remunerado que justifique los montos involucrados; actitud que pretende eludir o definitivamente rechazar la entrega de información respecto del propósito o del origen y/o destino de los fondos y/o antecedentes penales, y la constitución de empresas con altos aportes de dinero en efectivo, bienes inmuebles o rodados.
BARRIOS
Sin buscarlo, descubren un millonario alijo de droga en Puerto Gaboto
Una fortuna en cocaína para un humilde islero
La policía allanó una casa por una causa de amenazas y encontró la sorpresa. Suspicacias por el oficio del morador de la finca, ahora prófugo: puestero en la isla
Treinta kilos de cocaína mal escondidos en una modesta casita de Puerto Gaboto, alquilada por un puestero de hacienda en la isla, al otro lado del río Coronda, es algo que suena muy fuerte, tanto en ese pueblo a 60 kilómetros al norte de Rosario como también en escritorios lejos de allí. El hallazgo fortuito por un allanamiento destinado a un motivo ajeno al narcotráfico reinstaló en primer plano la sospecha de que por el río circula algo más que soja y sus derivados.
Una partida de agentes policiales de la comisaría 12ª, de Gaboto se apostó el miércoles a primera hora de la mañana en una vivienda de Solís al 600, a dos cuadras de la calle principal. Tenían la misión de cumplir con un allanamiento ordenado por la Fiscalía de San Lorenzo. Iban en busca de un arma de fuego a secuestrar, luego de que un hombre denunciara al morador de la casa por haberlo amenazado de muerte, pistola en mano, por un conflicto del que no trascendieron detalles.
Como en la casa no había nadie que abriera la puerta, los policías entraron por la fuerza y con licencia. Así, bastó una simple requisa en busca de la pistola para descubrir algo mucho más gordo. En uno de los dormitorios, debajo de la cama de dos plazas, había tres paquetes grandes envueltos con bolsas de nylon negro, con 28 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína. En conjunto, todo sumaría casi 30 kilos. A razón 7 mil dólares cada uno, más de 50 millones de pesos al valor de menudeo.
Eso atesoraba el puestero de la isla que ahora está prófugo y con pedido de captura del juzgado federal n°2 de Santa Fe, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo en subrogancia.
Los panes de cocaína estaban bien embalados de manera hermética con cinta azul y con un curioso sticker a modo de etiqueta: "Emirate - Qatar", decía cada paquete rectangular, como la sede del Mundial de Fútbol que empezará en noviembre. El peso exacto que midió personal de Drogas de la Agencia de Investigaciones Criminal dio 29.468 gramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza.
Del inquilino de la casa, ni rastros. Se llama Diego T., tiene más de 30 años y es un muchacho ya conocido en el pueblo. Los gabotenses lo conocen de pibe, como también a su familia. Alguna vez se ganó unos días en la comisaría por otros delitos, nada en comparación con lo que ahora se le ha caído encima, una tenencia de estupefacientes que por su volumen configura narcotráfico, directamente.
T., alias Pepe, no volvió a la casa desde el martes a la mañana, y Gaboto descuentan que no lo hará. Hay policías buscándolo en la isla, hasta ahora sin éxito. La preocupación extra de un investigador que habló con este diario es que quienes le confiaron a Pepe 30 kilos de cocaína, ahora perdidos definitivamente, lo encuentren antes que la policía.
La noticia de semejante hallazgo corrió rápido en la localidad, y hasta ayer era tema de conversación obligado en sus calles. Si bien Puerto Gaboto no es ajeno a la crónica narco reciente –tuvo procedimientos importantes en 2016 y 2018–, nunca hubo un decomiso tan grande de estupefacientes.
La investigación pasó ahora al fuero federal, al juzgado n°2 de Santa Fe, que está vacante desde 2020, cuando su titular, Francisco Miño se jubiló. Luego lo tomó en subrogancia el juez rosarino Marcelo Bailaque, y desde abril, el nicoleño Villafuerte Ruzo.
Nueve detenidos, entre ellos dos hijos de Cantero
El Viejo piensa en la familia
Nueve personas fueron detenidas ayer en esta ciudad, con drogas, dinero y armas en 11 allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina en una causa por comercio de estupefacientes que tiene como líder al detenido fundador de la narcobanda Los Monos, Ariel “Viejo” Cantero, y a dos de sus hijos que también están presos.
Los procedimientos, ordenados por el juzgado federal 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, apuntaron a desarticular una banda que “regenteada” desde el pabellón de alto perfil de la cárcel de Piñero por el “Viejo”. También fueron requisadas las celdas de dos de sus hijos que están alojados en la misma unidad penitenciaria: Ariel “Chanchón” y Alexis “Tartita” Cantero. Además, la PFA allanó en la cárcel de Coronda el pabellón donde se encuentra detenido “un colaborador del clan Cantero” identificado como “Willy” Bustamante, indicaron voceros de la fuerza de seguridad federal.
La investigación muestra que parte del clan Cantero sigue activo en el mercado ilegal de la venta de drogas al menudeo en Rosario y zona, a pesar de estar condenados y detenidos. Como resultado de los 11 allanamientos, la policía detuvo a nueve personas –seis varones y tres mujeres-, entre las que se encuentra otra hija del “Viejo”, llamada Bárbara Cantero. A ellos se suman las cuatro personas que están presas.
Según fuentes del caso, la investigación que desembocó en los procedimientos se inició en marzo pasado como desprendimiento de otra causa. Los pesquisas pudieron establecer la existencia de un vendedor de cocaína que abastecía a diferentes puntos de venta en los barrios Triangulo y Moderno, Villa Banana e Hipotecario.
La división antidrogas de la PFA profundizó la investigación "con observaciones, seguimientos y filmaciones, determinándose la existencia de una aceitada organización narcocriminal dedicada a la venta de estupefacientes en Rosario y Cañada de Gómez", indicó la fuerza de seguridad.
De acuerdo a la investigación, se pudo establecer que "todos y cada uno de los vendedores y cobradores de la recaudación por la venta de las drogas, respondían directamente y seguían expresas directivas" del "Viejo" Cantero, que daba las órdenes desde la cárcel "a diario".
En ese entramado aparece una de sus hijas, Bárbara Yamila Cantero, quien según los investigadores regenteaba y recaudaba las ganancias de los puntos de venta de drogas "habilitados" por el "Viejo" en la zona sudoeste, donde fue detenida.
La PFA informó que secuestraron 1.500 dosis de estupefacientes fraccionadas para la venta, $98.000, un automóvil, municiones calibre 9 milímetros, balanzas digitales y cinco celulares presuntamente utilizados por los miembros de la banda que están en libertad para el narcomenudeo.
El material quedó a resguardo de la fiscal Adriana Saccone, quien dirige la investigación, consignaron a esta agencia fuentes judiciales.
También fueron secuestrados cuadernos “con anotaciones encriptadas que se hallaban en poder los reclusos”, informó la PFA.
De acuerdo a la investigación, el “Viejo” Cantero y dos de sus hijos regenteaban una banda de narcomenudeo en sus lugares detención, desde donde daban las órdenes que eran ejecutadas por un grupo de personas en libertad.
Cabe recordar que Ariel “Viejo” Cantero, fue el primer jefe de la violenta narcobanda que luego continuaron sus hijos mayores, y que fue arrestado en mayo pasado , y mas tarde imputado junto a otras 23 personas por los delitos asociación ilícita, extorsión y balaceras. Por esa causa la jueza provincial Valeria Pedrana le dictó prisión preventiva por dos años.
“El Ariel”, como lo conocen en el universo criminal rosarino, había cumplido una condena a seis años de prisión por asociación ilícita como parte de la banda que orientaba su hijo homónimo, apodado “Guille”, y a mediados de 2020 quedó en libertad.
A principios de siglo fue condenado en Corrientes en una causa por transporte de marihuana, y ahora volvió a quedar involucrado en una investigación por drogas.
En tanto uno de sus muchos hijos, “Chanchón”, cumple una condena a 14 años de prisión en la cárcel de Piñero por el crimen del policía Cristian Ibarra, ocurrido en julio de 2019 en una trama narco de la que participaba el efectivo. Mientras su hermano apodado “Tartita”, otro de los involucrados en esta causa por drogas, cumple en la misma prisión una condena a 18 años por el asesinato de una chica llamada Débora Natalí Fernández, ocurrido en marzo de 2020.
Empresa debe indemnizar a pasajera
Un millón de razones
La Justicia Civil y Comercial condenó a una empresa de transporte de pasajeros a indemnizar a una mujer que sufrió lesiones cuando viajaba de Rosario a Paraná tras arrojarse una piedra contra la ventanilla. “El transportista tiene la obligación esencial de conducir al pasajero sano y salvo”, expresa el fallo.
El juez Marcelo Quaglia fijó el monto de más de un millón de pesos, por el hecho ocurrido el 10 de febrero de 2013, a la altura del km 20 de la autopista Rosario - Santa Fe, cuando un piedrazo reventó una de las ventanas laterales del colectivo y los vidrios lesionaron a una pasajera en su ojo derecho. Desde el peaje más cercano una ambulancia la trasladó a San Lorenzo pero debido a que allí no contaban con especialistas en oftalmología tuvo que volver a Rosario.
“El hecho de que una piedra haya sido arrojada desde el exterior al colectivo causando lesiones a un pasajero no puede volverse contra la víctima, pues persiste el deber de seguridad del transportista. La empresa demandada debe resarcir los perjuicios sufridos por el pasajero cuando no ha actuado diligentemente realizando erogaciones o adoptando medidas tendientes a extremar las medidas de seguridad y de prevención de riesgos, tal como la colocación de vidrios laminados, indicar a los pasajeros que cierren las cortinas al transitar por determinados lugares, etc., dado que hoy en día lamentablemente este tipo de hechos no pueden ya considerarse imprevisibles ni inevitables”, dice el fallo.
La pasajera sufrió catarata traumática y midriasis paralítica con una incapacidad del 23% de tipo permanente, de grado parcial y de carácter de definitiva.
Interbloque Justicialista
Acompañó con diferencias
El espacio integrado por los concejales Fernanda Gigliani, Norma López, Julia Irigoitia, Marina Magnani, Lisandro Cavatorta y Silvana Teisa, acompañó pero con diferencias el proyecto aprobado este jueves en el recinto. Para los concejales, las medidas planteadas para controlar el lavado de activos no constituyen un sistema de alerta despersonalizado e incorruptible. Entre los reparos planteados en la aprobación de la ordenanza, el interbloque manifestó que el proyecto no explica qué se entiende por lavado de activos, tampoco detalla los pasos del protocolo ni protege al empleado público que deberá ejercer el control de las inversiones. Para los ediles, se debió crear un registro de Reportes de Alertas Sospechosas, que debería contener todos los reportes que la Agencia reciba.
"La agencia que se crea con esta ordenanza trabajará con total discrecionalidad y siguiendo órdenes de los distintos ejecutivos de turnos, dejando margen para la discrecionalidad de funcionarios que son parte del poder ejecutivo local", afirmaron las y los integrantes del interbloque justicialista.
"Fuimos los primeros en insistir con la reglamentación de la ordenanza aprobada en el Concejo en 2014. Se tomaron dos años y medio para hacerlo. Cuando finalmente se ejecutó desnaturalizaron el espíritu de la norma. Mónica Fein y Pablo Javkin son los que tendrán que explicar qué hicieron desde que se aprobó la ordenanza. Pedimos que proyectos como el Hotel Sheraton en Puerto Norte o las obras en el Club MOP de la Costa Central pasen por el tamiz de esta ordenanza y nunca se nos acompañó. El proyecto nuevo que se aprobó, a excepción de la conformación de una Agencia, no aporta nada nuevo a lo que está en vigencia desde el año 2014", agregaron.
Para los ediles, la conformación de Alertas Sospechosas y el protocolo de actuación que se pondrán en práctica a partir de lo aprobado en el Concejo “no es nada que no hubiese podido implementarse con un Decreto Reglamentario”. Por su parte, en cuanto a la conformación de la Agencia de Control, explicaron que bastaría con una ordenanza adicional para su conformación. “Se creaba una oficina o dependencia que se aboque a filtrar estas alertas. Era un proceso mucho más sencillo y donde las cosas estarían más claras y no se expondría tanto a los trabajadores municipales como lo hace la actual iniciativa. Creemos que buscaron una respuesta rápida a una situación que Rosario viene padeciendo desde hace años", apuntaron en un comunicado.
"Las organizaciones criminales, muchas veces, están asesoradas por abogados, contadores y escribanos para sortear los filtros y controles estatales. Lo que debimos hacer es despersonalizar el control y crear un sistema digitalizado de alertas para prevenir el lavado. A partir de ahora, que las alertas queden definidas por la decisión de las personas, conlleva el riesgo de caer en fallas, amenazas y hasta intentos de corrupción. Una Agencia debe ser un ente público, descentralizado, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía de gestión”, afirmaron.
Finalmente, los ediles dudan de que la norma sea lo suficientemente precisa para que no haya discrecionalidad, arbitrariedad, clientelismo o colusión. “Creemos que esto último no se garantiza con el formato de Agencia que se quiere implementar. Pero no vamos a obstruir. Hasta esta normativa errónea, en parte, es mejor que no tener normativa anti lavado. Por eso vamos a acompañamos la votación en general, asumiendo el compromiso de realizar el seguimiento exhaustivo de su aplicación a todos por igual y de controlar a los que controlan de una aplicación imparcial del instrumento", advirtieron.
Pedido de condena entre 18 y 20 años a dos automovilistas
Acelelaron y mataron a padre e hijo
Con pedidos de pena de entre 18 y 20 años de prisión, ayer quedaron a un paso del juicio oral los dos conductores que protagonizaron una prueba de velocidad y provocaron el siniestro vial en el que murieron David Pizzorno y su hijo, Valentino, de 8 años. "Homicidio simple con dolo eventual", es el delito por el que la fiscal Valeria Piazza Iglesias pidió 18 años de cárcel para Germán Schoeller y Paulo Mancini, quienes el 20 de marzo de 2021 corrían una picada, en la zona de barrio Saladillo, y chocaron contra el auto en el que circulaba la familia Pizzorno. Tras la audiencia preliminar que comenzó ayer, esperan fecha de juicio para el primer trimestre del año que viene. Organizaciones que luchan por la seguridad vial acompañan el reclamo de justicia. La querella que representa a Cintia, esposa y madre de las víctimas, solicita 20 años de prisión para los acusados.
Aquella noche, Schoeller iba al volante de su Renault Sandero. Mancini conducía un Citroën C4. Ambos circulaban por Avenida del Rosario y aceleraron por encima de los 130 kilómetros por hora. Al llegar al cruce con la avenida Ayacucho, embistieron de lleno contra el coche en el que viajaban David Pizzorno, de 42 años, su esposa Cintia, de 32, y Valentino, el hijo de ambos, de 8 años.
La mecánica del hecho, según las pericias, indica que el Citroën rozó al auto de los Pizzorno y lo hizo dar un trompo. Rápidamente, el Sandero lo embistió. La acusación indica que todo ocurrió sin que los conductores accionaran los frenos y que tampoco respetaron el semáforo que estaba en rojo intermitente.
Como consecuencia, Pizzorno y su hijo murieron en el acto. Cintia sufrió lesiones diversas, por las que debió recibir atención médica, pero sobrevivió. Ella misma dijo en varias oportunidades que sigue adelante para hacer justicia por su familia.
El pedido de pena que presentó ayer la fiscal de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos frente a la jueza Melania Carrara, incluye la inhabilitación por 10 años para ambos conductores, al igual que el pedido de la querella.
Si bien la audiencia pasó ayer a un cuarto intermedio, se espera que retome en los próximos días para terminar con la etapa previa al debate oral y público. En su acusación, la funcionaria judicial indicó por qué les achaca el delito de homicidio simple con dolo eventual (que ya tiene antecedentes en causas anteriores), y no un delito culposo -sin intención, que implica penas menores- como solía verse en otros casos de siniestros de tránsito. A cada uno, les endilgó: "Usted se representó el resultado como una posibilidad seria, lo asumió, no desistió o renunció a dicha acción inusitadamente peligrosa para la vida de las personas y para usted mismo, continuando con su accionar sin importarle la producción del resultado".
"A la velocidad que venían y durante todo ese tiempo, podría haber impactado no solo con nosotros, sino con cualquier otro vehículo o colectivo que cruce. Podrían haber muerto ellos también. Fue una locura", dijo Cintia ayer desde el Centro de Justicia Penal, donde estuvo acompañada por organizaciones viales. "Los dos estaban lúcidos, concientes de todos sus actos. Los dos son igual de responsables", aseguró.
El Tribunal de Santa Fe condenó a Mario Rossini
Quince años al gran estafador
Es autor de los delitos de “administración fraudulenta” en 459 hechos y “captación de ahorro público sin autorización”.
Desde Santa Fe
En sus últimas palabras, el experto en inversiones financieras y presidente de Bolsafé Valores SA y BV Emprendimientos, Mario Rossini, insistió en su “inocencia”. Dos horas después, el Tribunal Oral de Santa Fe lo condenó a 15 años de prisión como “autor” de los delitos de “administración fraudulenta” en 459 hechos y “captación de ahorro público sin autorización” agravado por el uso de medios masivos. Lo inhabilitó por seis años y le impuso una multa equivalente a “tres veces el monto de las operaciones” que realizó que -según un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en 2016- superaban los 250 millones de pesos (y eran el equivalente a 17 millones de dólares). El fiscal Martín Suárez Faisal le había pedido una pena de 18 años de prisión y una multa de 900 millones de pesos. Rossini seguirá en su casa, la sentencia ordenó su “inmediata detención” –así lo dice-, pero cuando la condena “quede firme”, lo que es una incógnita porque las querellas ya anunciaron que apelarán ante la Cámara de Casación Penal y luego sigue el capítulo de la Corte Suprema de la Nación.
El veredicto se conoció ayer al mediodía tras un juicio que comenzó hace casi un año, en setiembre de 2021. Lo leyó el juez José María Escobar Cello, quien presidió el Tribunal que integraron sus colegas Luciano Lauría, Germán Sutter Schneider y Mario Gambacorta, como cuarto magistrado. Los fundamentos se conocerán el 12 de octubre, a las 13.
Además de considerar culpable a Rossini como “autor” de “administración fraudulenta” en 459 hechos, el Tribunal condenó también a los dos ex vicepresidentes de la empresa: el abogado Omar Santos Rossini –hermano del financista- y la contadora Mercedes Leiva como “partícipes necesarios” del mismo delito y la misma cantidad de hechos. Si bien la pena es similar: a Omar Rossini le impuso tres años y seis meses y a Leiva tres años, la modalidad es distinta: el primero la cumplirá recién cuando quede firme y en el caso de la contadora quedó en “suspenso”. La diferencia se explica: el hermano de Rossini fue vicepresidente del directorio desde 2006 hasta mayo de 2012, cuando lo reemplazó Leiva hasta agosto de 2012. El desplome se produjo tres meses después, en noviembre de 2012.
Mientras tanto, las seis empleadas de la empresa que llegaron a juicio fueron absueltas de “culpa y cargo”. Salvo una que estaba en la sala de audiencia, las demás escucharon el veredicto por video conferencia, entre el alivio y los llantos. La situación de las seis cambió en los alegatos, cuando el fiscal Suárez Faisal se abstuvo de acusarlas porque las consideró “víctimas” de Rossini. Suárez Faisal dijo que el empresario contrató a las jóvenes por su “aspecto físico y belleza” para dar una imagen de la empresa que no era real. En el juicio quedó probado que ellas no sabían que su jefe era “el autor de la mayor estafa conocida en la ciudad de Santa Fe”, dijo el fiscal. “Si todos los ahorristas fueron engañados, ¿Por qué no hubieran sido engañadas estas chicas? Tanto las engañó que hasta el día que lo metieron presos, les dijo: ‘Vuelvo en 15 minutos’”.
Rossini utilizó a sus empleadas como “instrumentos del delito”. Su conducta es “un acto de violencia de género en la modalidad de violencia” porque “las expuso a enfrentarse con clientes rabiosos por la estafa" y "ante los medios de comunicación que revelaron sus identidades y las dieron como culpables por esta causa”. El Tribunal las absolvió a las seis.
Ayer, en sus últimas palabras ante los jueces, Rossini insistió en su “inocencia”, dijo que “nunca” tuvo la intención de perjudicar a sus ahorristas. “Atendí a las personas hasta el momento mismo de mi detención. No tuve intenciones de defraudar a ningún inversor y menos de tener beneficios de provecho propio o de terceros”. “El incumplimiento se dio por medidas tomadas sin medir las consecuencias, ajenas a mi persona, en noviembre y diciembre de 2012, después de 20 años de funcionamiento normal y cumplir con los contratos. No explicó quién tomó esas “medidas” que generaron su derrumbe.
En su alegato, Suárez Faisal dijo que Rossini operaba como un “psicópata social y económico”. Su personalidad “extravagante”, “narcista” y “ególatra” quedó expuesta en el juicio “cuando nos contó distintas fábulas para justificar sus desfalcos millonarios donde todo giraba en torno a su persona y sus capacidades. Eso habla de un psicópata social, él es un psicópata económico" que "culpó a todos los demás" bajo el argumento de que 'todos me querían destruir porque yo era el más exitoso del mercado', dijo en su declaración. “Patrañas señores jueces, él destruyó la vida de cientos de personas que son miles si consideramos sus allegados”, concluyó el fiscal.
Conversación sobre humedales en la Crack Bang Boom
La agenda social está presente
En el Espacio 'Bang' del Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), hoy, a las 18.30, habrá una charla sobre humedales en la que participarán Jorgelina Hiba (periodista ambiental), César Massi (naturalista y miembro de la Red Nacional de Humedales) y Graciela Klekailo (docente e investigadora en la facultad de Ciencias Agrarias de la UNR). El lema de la edición 2022 de Crack Bang Boom gira en torno a la «Conciencia social por los humedales».
El intercambio tendrá a especialistas en la temática, que conversarán sobre los aspectos culturales, históricos y ecológicos de la región. César Massi, uno de los disertantes, naturalista y miembro de la RedNacional de Humedales, dijo que este tipo de espacios “atípicos” para charlas ambientales son importantes y necesarios: “Es fundamental que se multipliquen y que se hable en espacios culturales, de salud y de deportes, entre otros”.
Se hará foco en la importancia de los humedales. “Me parece importante que un evento tan convocante, y con un público joven y curioso, haya tomado el tema socioambiental como eje este año. Encaja en una agenda social que está muy presente, no solo por la crisis ecológica global sino lo que pasa en nuestra región: las quemas, la bajante, la sequía y el ecocidio". sostuvo por su parte Jorgelina Hiba.
La docente e investigadora en la facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, Graciela Klekailo, dijo que: “La Crack Bang Boom otro lado representa un espacio poco habitual para hablar de humedales. Creo que en parte es el reflejo de una sociedad cada vez más comprometida".
Fuente:Rosario12
Contra los formadores de precios
Sectores productivos, logísticos y de la comercialización de alimentos crearon la
Cooperativa de Provisión de Servicios La Nueva Argentina, con el objetivo de lograr la
soberanía alimentaria. La Asociación Empleados de Comercio y su mutual Amecro
fueron los representantes rosarinos.
Tras una multitudinaria reunión entre representantes de diversos sectores de la
producción y comercialización de alimentos, quedó conformada La Nueva Argentina, un
espacio cooperativo que apuntará –entre otros objetivos– a lograr la soberanía
alimentaria, y hacer frente a las grandes cadenas formadoras de precios.
“Logrado ese objetivo, será beneficiaria la población argentina a través de una economía
solidaria que luche contra los grandes monopolios formadores de precios y de esa
forma abaratar costos de los alimentos, muchos de los cuales no llegan a los hogares
de los argentinos”, resaltaron desde el gremio mercantil en un comunicado.
La creación de este espacio se produjo en la sede de Agricultores Federados Argentinos
(AFA), donde además acudieron, entre otros, representes de la entidad anfitriona y de
Capyc; Solidaridad, Productores de Hongos Comestibles y Medicinales; la Federación
de Cooperativas Federadas (Fecofe), Asociación de Supervisores, Técnicos, Administrativos
y Vigilancia de la Industria de la Carne (Astavic), la Mutual Amma, Cosmopolita y Smata
de la ciudad de Mar del Plata.
La delegación local del gremio mercantil estuvo representada por su secretario general
Luis Battistelli, también presidente de la Asociación Mutual Empleados de Comercio de
Rosario (Amecro), que cuenta con una proveeduría (con sede céntrica y en Fisherton) a
precios populares. Juan Gómez, secretario de Acción Gremial de AEC y secretario de
Amecro, Sebastián Ferro, secretario de Cultura del sindicato y Emeterio Pastor, asesor de
Amecro, también participaron de la reunión.
Naum Mirad, miembro del directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (Inaes), destacó la iniciativa e hizo hincapié en trabajar “codo a codo para lograr
que no haya ningún tipo de fragmentación” y que se convierta, entre otros objetivos, en
un “espacio de integralidad donde se compartan conocimientos, tecnologías, etc”.
Por su parte, el titular de AFA, Jorge Petteta, indicó que con el nacimiento de esta
cooperativa, “estamos pensando en la gente, en el presente y también en las generaciones
futuras”. Y agregó: “Las entidades que conforman La Nueva Argentina muchas veces son
competidoras, pero en esta oportunidad, pensando en el bienestar de la población,
vamos a dar una lucha en común contra los especuladores, contra los que provocan
inflación y contra los sectores del poder concentrado”.
En tanto, Battistelli instó a que “quienes pensamos igual y queremos el bienestar de la
gente, no estemos dispersos y de ese modo minimizar la presencia de los formadores de
precios que se llevan sus ganancias fuera de la Argentina”. También pidió que entre las
entidades que conforman esta nueva cooperativa “se cree un poder real para que seamos
escuchados y de ese modo tener una presencia activa en derredor de los alimentos”. Y
cerró: “Es un desafío importantísimo”.
Sistema de control económico financiero
“Es indispensable que haya voluntad política para su implementación y aplicación”,
aseguró la presidenta del bloque del Frente de Todos-PJ, Norma López, en referencia a la
creación de una agencia de control económico financiero de inversiones para la prevención
del lavado de activos de origen delictivo, que se votó este jueves en el Concejo.
El Concejo Municipal aprobó una ordenanza que crea el Sistema de Control Económico
Financiero de Inversiones que, como autoridad de aplicación, crea la Agencia contra el
Lavado de Activos. El Frente de Todos, que votó en contra en algunos artículos de la
norma, puso reparos tras su aprobación.
“Con esta nueva ordenanza, el Intendente tendrá más herramientas para prevenir que el
destino del dinero negro, de actividades ilícitas, termine en inversiones legales de nuestra
ciudad. Pero es indispensable que haya voluntad política para su implementación y su
aplicación porque antes de esta ordenanza había otra normativa que tenía el mismo
objetivo y que nunca fue puesta en funcionamiento por quienes tenían la responsabilidad
de hacerlo”, afirmó la también vicepresidenta del Partido Justicialista en Santa Fe.
Foto: Prensa Concejo
La concejala peronista remarcó que desde que comenzó la discusión sobre la creación
del Sistema de Control Económico Financiero “tuvimos decisión política de acompañar
estas herramientas normativas porque estamos convencidos que los gobiernos locales
tienen mucho para hacer en la prevención de delitos de guante blanco y que muchas
veces, esconden sangre. Fortalecer un sistema de Alertas Sospechosas ante la detección
de cualquier situación irregular de actividades económicas, es la contribución de este
Concejo para la gestión municipal y que será una gran herramienta para la justicia tanto
federal como provincial”.
“Hemos trabajado en propuestas de modificaciones al actual proyecto, con el fin de
fortalecerlo. Solicitamos incorporar los fideicomisos a la lista de los fondos a los que se
les solicitaban requisitos especiales para que estén dentro de la órbita de los sujetos de
control”, afirmó Norma López, y agregó que “también pedimos que se mantuviera la
exigencia, establecida en la ordenanza anterior, por la cual las personas jurídicas, sus
socios, fundadores o asociados, debían presentar constancia expedida por autoridad
competente que acreditara no estar sometidos a procesos concursales o falenciales”.
En ese sentido, la legisladora local del justicialismo remarcó que “esta última propuesta
fue rechazada sin ninguna fundamentación por parte del Secretario de Gobierno municipal,
nos prometieron una explicación de este rechazo, pero nunca llegó, sólo recibimos ataques
en los medios de comunicación cuando planteamos no estar de acuerdo con el texto
presentado”.
Con respecto a la creación de la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo,
la edil afirmó que la Municipalidad tiene información y recursos suficientes como para
trabajar en la prevención de lavado de activos, que puede incluso profundizar estas
aptitudes capacitando el personal a través de convenios con diferentes organismos.
“Podrían desarrollar herramientas digitales ya existentes, con el pertinente apoyo
tecnológico, sin tener la necesidad de crear una nueva estructura como una agencia, de la
cual desconocemos qué presupuesto tendrá, quiénes serán sus integrantes y sobre todo,
su jefe o jefa depende directamente del intendente municipal es decir, una instancia
burocrática y autocontrolada, y que corre riesgo de trabajar discrecionalmente
dependiendo de la mirada del intendente”, cerró.
“No es agencia, sino una Oficina Municipal”
En un comunicado conjunto de las y los concejales del Frente de Todos, recordaron que
unas la Justicia Provincial registró 120 causas por delitos económicos en la región entre
2014 y 2021, según el informe anual que la Fiscalía General presentó en mayo de este
año, por lo que –consideraron– “una nueva norma anti-lavado sólo será útil y efectiva si
tiene una mirada más integral. Debe mejorar el futuro e intervenir en el presente, pero
no debe legitimar lo que nos trajo hasta acá”.
“Estamos convencidos de que esta Ordenanza va en la dirección correcta y saludamos
que el municipio haya entendido que debía hacer algo con el circuito del dinero que
proviene y retroalimenta al delito en la ciudad”, resalta el comunicado, pero aclara:
“Lamentablemente, no creemos que la nueva agencia garantice el espíritu de la
ordenanza. Peor aún, deja un margen muy grande para la arbitrariedad de los
funcionarios que sean parte del Poder Ejecutivo local, sean del partido político que sean”.
“La ciudad necesita normas que den señales claras y concretas de que se está trabajando
contra el delito. La «agencia» propuesta no es agencia, sino una Oficina Municipal de
hecho, que nadie controla salvo el Ejecutivo, sea del partido que sea. Esto deja más
dudas que certezas”, afirmaron las y los ediles opositores.
Por último, el escrito del bloque del Frente de Todos-PJ subraya: “Apoyamos el camino
iniciado, pero creemos que restaba mucho trabajo por realizar. Nos quedan dudas sobre
sus resultados en dar más transparencia al control de las inversiones en nuestra ciudad”.
Fuente:RedaccionRosario
La quema de las islas y sus efectos copó la agenda del Concejo
El parlamento local se mete como querellante en las causas
penales contra ganaderos de isla y su acusación por las
quemas. Despachó pedidos para activar el programa PIECAS
y explicaciones sobre el desempeño de los faros de conservación.
Además, pone el acento en las mediciones sobre la calidad
del aire en Rosario.
Humo en la isla, al paso de dos buques en el río. (RosarioPlus)
Además de la aprobación de la normativa sobre control económico financiero de
inversiones, el Concejo Municipal trató en la sesión de este jueves varios proyectos
sobre las quemas en las islas y el humo que invadió la ciudad en los últimos días.
Entre las iniciativas aprobadas se destacan un pedido de reunión con el Piecas-DP y
la solicitud de información sobre las acciones realizadas por los Faros de Conservación
Una de las medidas que se tomó en el recinto fue la aprobación de una resolución de
la comisión de Labor Parlamentaria por la que el Palacio Vasallo dispone “constituirse
como querellante en las causas “Baggio, Rufino Pablo y otros s/incendio u otro estrago
culposo (Art. 186, inciso 1) y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves”,
causa FPA 840/2020, de trámite por ante el Juzgado Federal de Paraná y “N.NS/
incendio u otro estrago (Art. 186 inciso 1 Nº FPA 6507/2022)” de trámite en el Juzgado
Federal de Victoria.
A través de dicha resolución se faculta a la presidenta del Concejo, María Eugenia
Schmuck, y a la titular de la comisión de Ecología y Ambiente, María Luz Ferradas, de
Ciudad Futura, a encabezar y efectuar las presentaciones correspondientes ante los
juzgados respectivos, así como a disponer los medios y realizar las gestiones necesarias
para efectuar dichas actuaciones en aras de la defensa de los intereses colectivos de
los rosarinos.
Reunión con el Piecas-DP
En la sesión de este jueves, se aprobó la propuesta de la concejala Mónica Ferrero, del
bloque Socialista, para pedir al Ejectutivo que acuerde una reunión del Plan Integral
Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná
(Piecas-DP), “con el objeto de abordar la apremiante situación de la quema de los
humedales en el Delta del Paraná”.
La iniciativa plantea que se proponga a la ciudad de Rosario como sede de la reunión,
“pudiendo también realizar visitas o recorridos que permitan verificar el estado de
situación y trabajar en concreto sobre los sectores más perjudicados por los incendios
”.
Sobre los faros de conservación
En tanto, se votó un decreto presentado por la presidenta del Concejo, María Eugenia
Schmuck, para que la Municipalidad gestione ante los gobiernos provincial y nacional
informe sobre las acciones realizadas por los Faros de Conservación instalados por el
Estado nacional.
En tal sentido, requiere conocer el protocolo para el control de incendios, marco de
seguridad, recursos materiales (embarcaciones, camionetas, autos); personal –tales
como guardaparques y brigadistas- previsto para el resguardo de la zona que
conforman parte de las acciones de detección temprana, prevención y disuasión de
los incendios en el Delta del Paraná; cantidad de focos identificados por las cámaras
que se ubican en las torres, cantidad de alertas emitidas con coordenadas geográficas,
cantidad de embarcaciones, camionetas y autos para prevenir incendios, acciones y
promociones en dicho espacio realizadas por las unidades de guardia para las tareas
de manejo del fuego y acciones preventivas en territorio para evitar la acción del
fuego en los humedales.
Solicitan un protocolo de actuación sobre calidad del aire
Por último, se aprobó un decreto de la concejala Susana Rueda, de Rosario Progresista
que encomienda al Departamento Ejecutivo que elabore un protocolo de actuación
institucional y de recomendaciones a la población para aplicar cuando los valores de
calidad de aire medidas por la Municipalidad según lo establecido en la ordenanza
Nº 10.073/20 determinen que los niveles de contaminación atmosférica están por
encima de los parámetros saludables.
Asimismo se requiere al Ejecutivo municipal que en tales circunstancia publique en
intervalos de una hora los resultados emanados de las estaciones de monitoreo
automáticas establecidas de acuerdo al decreto Nº 58.824/20.
Reunión entre Massa y Perotti:
deuda histórica, pymes y
fondo kuwaití
El gobernador retomó con el ministro actual el cobro pendiente de la deuda
histórica que había acordado con Martín Guzmán. Además,
pidió contemplaciones para el sector pyme de la industria.
El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el ministro de Economía de la Nación,
Sergio Massa, mantuvieron en la tarde del jueves una reunión para evaluar una serie
de temas referidos a la relación entre Nación y la provincia.
Uno de los temas abordados por los funcionarios fue la instrumentación de la deuda
histórica. Cabe recordar que el acuerdo fue firmado y anunciado por el ex ministro
Martín Guzmán. El expediente aún se encuentra en la Corte Suprema de Justicia
aguardando la homologación.
Por otro lado, Perotti le solicitó a Massa que se consideren mecanismos que cubran
las necesidades de las pymes industriales priorizando las Pequeñas y Medianas
Empresas que sustituyen importaciones y generan divisas.
Por último, el gobernador afirmó que el encuentro se realizó, también, "para culminar
con el trámite administrativo de garantía del financiamiento que la provincia tiene
con el Fondo Kuwaití para dar inicio a la construcción del Acueducto Biprovincial
Santa Fe – Córdoba. La firma se realizará el próximo 19 de agosto".
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