27 de agosto de 2022

ROSARIO - SANTA FE.

 Ni un pibe menos

“Que Rosario sea una ciudad vivible, sin humo ni plomo”: masiva marcha contra el gatillo fácil

Este viernes se realizó la sexta marcha de este tipo en la ciudad. En Plaza San Martín, la Multisectorial contra la Violencia Institucional responsabilizó a los gobiernos en sus tres niveles por los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad y cuestionó el accionar de la Justicia

26 de agosto de 2022

Candela Ramírez

Fotos: Juan Jose García

La plaza frente a Tribunales Provinciales, Balcarce y Av. Pellegrini, se llenó de carteles y remeras con una serie de nombres propios que fueron condenados a un mismo destino: las balas de la policía. Este viernes la Multisectorial contra la Violencia Institucional marchó contra el gatillo fácil, acompañada de organizaciones sociales y políticas, por sexto año consecutivo. A nivel nacional ya lleva ocho ediciones.


La multisectorial está integrada por múltiples organizaciones dentro de lo que puede considerarse el arco progresista de la ciudad y familiares de víctimas de la violencia policial en Rosario. Se conformó oficialmente en 2016 aunque desde 2014 diversos colectivos reunidos a partir de casos particulares fueron constituyendo un antecedente de lucha colectiva.


Este año la convocatoria a la marcha fue bajo el lema “Donde hubo fuego, luchas quedan”, en alusión al ecocidio que se vive en toda la región a orillas del Paraná. “Nos interesó marcar esta asociación o hermandad de las luchas con lo que está sucediendo en los humedales y la forma en que la ciudad se vuelve invivible, donde hay plomo y humo por todos lados”, especificó a El Ciudadano Marilé Di Filippo, investigadora de la universidad, docente e integrante de la Multisectorial desde su creación.


Madres de Plaza de Mayo, La Poderosa, Movimiento Evita, Ciudad Futura, Barrios de Pie, Sindicato de Cadetes, La Toma, Corriente Clasista y Combativa, Partido de Trabajadores Socialistas, Partido Obrero, Frente de Izquierda, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Amsafé, Sur, Centro de Estudiantes del Superior de Comercio, se encolumnaron detrás de la multisectorial. También estuvieron presentes organizaciones del coltivo LGBTIQ+ con banderas contra los travesticidios y la pregunta ¿Dónde está Tehuel? (el joven trans desaparecido en marzo de 2021 cuando fue a una entrevista de trabajo en provincia de Buenos Aires).


Al menos cinco cuadras repletas de manifestantes realizaron el recorrido de la marcha que fue por Boulevard Oroño hasta la Plaza San Martín frente a la sede de gobierno provincial, Dorrego y Santa Fe. Cuando pasaron frente a los Tribunales Federales se detuvieron a cantar con más fuerza contra el accionar de la policía y la negligencia de los Estados en todos sus niveles.


Al llegar a la plaza los esperaban varios stands de una feria que incluía venta de comida y artículos varios. También un escenario listo para dar lectura al documento oficial.


Di Filippo sintetizó los principales lineamientos de la convocatoria de este año: “Tenemos una especial preocupación por una situación de la ciudad que creemos muy compleja, que la vuelve bastante invivible y que tiene que ver no solo con la violencia institucional que es nuestro principal reclamo sino también con la escena de violencia urbana  que estamos atravesando todos y que tiene principalmente a los victimarios y las victimas, sobre todo ellas, en los territorios de los barrios populares. No hablo de los victimarios en términos de quienes manejan los grandes negocios, las grandes economías ilegales, sino muchas veces de los que están ahí poniendo el cuerpo en esos enfrentamientos que se llevan la vida de los jóvenes”. Rosario lleva 194 asesinatos en lo que va del año.





Una deuda de la democracia

El primer punto del documento que se leyó en el acto fue para exigir al Estado “que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, de requisar, de humillar, de golpear, de manosear, de maltratar, de torturar en cárceles y comisarías, de ejecutar y desaparecer personas”.


“La violencia institucional es una de las deudas más importantes de nuestra democracia”, establecieron e indicaron que no se trata de casos aislados en la ciudad sino de una práctica que se extiende por todo el país, “violatorias de los derechos humanos”, “sistemáticas y extendidas en el tiempo” y llevadas adelante por “las policías, el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad nacional”.


También subrayaron que se trata de acciones que “muchas veces resultan permitidas, avaladas, generadas y negadas por distintos gobiernos; produciéndole al Estado Argentino responsabilidad internacional”.


Di Filippo también especificó de qué hablan cuando dicen gatillo fácil: “Para nosotros es una categoría discutible:  la utilizamos porque de alguna manera es la forma en la que  popularmente se nombra este problema pero para nosotros el gatillo fácil a veces hace alusión a la idea de una suerte de situación de pérdida de control de un agente especifico. Creemos que es efectivamente un problema  estructural, que la violencia institucional tiene que ver tanto con las formas más letales, es decir, con aquellas que se llevan la vida de los pibes como con otra serie de prácticas de menor intensidad como hostigamientos, apremios ilegales, persecución, agresiones verbales y físicas de las fuerzas de seguridad”.


En este sentido, puntualizó que éstas inciden excesivamente en el tránsito de muchos jóvenes por la ciudad y que generan situaciones de discriminación una y otra vez. “No a todos los ciudadanos de Rosario nos pasa lo mismo en nuestras interacciones con la policía”, refirió en relación a las discriminaciones contra los habitantes de los barrios más periféricos.


En la lectura del documento también hablaron de la construcción de un proceso de Memoria, Verdad y Justicia enlazado a las luchas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo así como de HIJOS, familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 y los Padres del Dolor.


Refirieron a algunas causas judiciales puntuales, como la del asesinato de Carlos “Bocacha” Orellano que el 24 de febrero del 2020 salió a bailar a La Fluvial y apareció sin vida en el río, dos días después. “Hay cuatro policías imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público y sus familiares amigues han padecido un sinnúmero de irregularidades y hostigamientos a lo largo de estos 29 meses de lucha”, recordaron.


También el caso de desaparición forzada de Franco Casco, ocurrido en octubre de 2014, cuyo juicio oral y público se está desarrollando, donde hay 19 policías imputados. Y el asesinato de Jonatan Herrera, donde expresaron “nos encontramos en estado de alerta, a la espera de la crucial decisión por parte del tribunal compuesto por Carolina Hernandez, Gabriela Sanso y José Luis Mascali, quienes deben dictar una nueva sentencia, ya que el fallo que rige sobre el policía Rosales, principal responsable del asesinato de Jonatan, fue considerado arbitrario por la Corte Suprema de Justicia de la provincia”.


María Elena, la mamá de Jonatan, dijo a El Ciudadano que esperan que haya una condena a prisión perpetua y que sería importante que toda la sociedad se solidarice con estos reclamos: “Nos gustaría que no esperen que les maten un hijo para salir a reclamar justicia. Todo el mundo tendría que salir a reclamar. A mí me paso y creo que a todos los padres que están acá les pasó lo mismo y no queremos que pase más porque del dolor y la tristeza no se sale nunca más”.


La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) contabilizó en Argentina, entre 1996 y 2021, 8.172 víctimas de violencia institucional.



El resto del documento dice así:

“El Poder Ejecutivo es responsable por las prácticas abusivas y represivas de las policías, las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario; y por no contar con políticas adecuadas para la detección, prevención y sanción.


Manifestamos en esta ocasión nuestra preocupación por lo que consideramos un gravísimo retroceso en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe en donde se ha designado como Ministro de Seguridad al ex comisario Rubén Rimoldi, colocando en manos policiales la conducción política de la seguridad provincial. Sostenemos que las políticas de seguridad deben ser democráticas y respetuosas de los derechos humanos y eficaces para proteger a quienes están más expuestos. El actual contexto ha puesto en evidencia, que continúan siendo recurrentes los casos de violencia institucional que incluyen hechos graves de tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones.


Las fuerzas de seguridad han profundizado sus prácticas represivas y delictivas en los barrios populares de nuestro país. Nos preocupa el fuerte consenso represivo extendido y consolidado socialmente que legitima esteaccionar punitivista del Estado y genera umbrales de tolerancia social de la violencia cada vez más altos.


El Poder Legislativo es responsable por la sanción de leyes que permiten el avance de la llamada “mano dura” y por la no creación de mecanismos de prevención adecuados, como el Mecanismo Provincial Contra la Tortura.


El Poder Judicial es responsable por la inadecuada e insuficiente respuesta de jueces y fiscales. La fiscalía, en casi todos los casos, avala el relato policial y permite que la propia policía realice las primeras actuaciones. Focaliza sus esfuerzos en investigar a las víctimas y sus familias, en vez de investigar a les victimaries.


Asimismo, la mayoría de les jueces no sancionan adecuadamente estas prácticas. En una ciudad donde se producen muertes violentas casi todos los días nos movilizamos para exigir al Estado políticas de cuidado que garanticen el derecho a la vida a les jóvenes de los barrios populares. Nos manifestamos para que Rosario sea una ciudad vivible, sin humo ni plomo.


Creemos firmemente que sólo a partir del activismo y la militancia de víctimas, familiares y amigues de las víctimas, con el apoyo y el trabajo de las organizaciones podremos resistir, denunciar y revertir estas graves violaciones a los Derechos Humanos.


Marchamos para visibilizar y construir justicia por Franco Casco, Pichón Escobar, Jonatan Herrera, Carlos “Bocacha” Orellano, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, David Campos, Emanuel Medina, María de los Ángeles París, Alexis Berti, Michel Campero, Sergio Giglio, Iván Mafud, Cristian Ordóñez, Alan Rivero, Gabriel Guzman, Dante Fiori, Maximiliano Rosasco, Jimena Gramajo, Juan Cruz Vitali, Kevin Pacheco, les jóvenes torturades en las 4 plazas, los 7 jóvenes de la masacre sucedida en la Comisaría 1° de Pergamino: Franco Pizarro, Sergio Filiberto, Juan José Cabrera, Alan Córdoba, Federico Perrotta, Fernando Latorre y Jhon Mario Claros; exigimos justicia por Leandro Bravo asesinado por la policía chaqueña el 26 de febrero de este año y por tantos otres pibes víctimas de violencia institucional.


Reclamamos también por las múltiples formas de violencia institucional, mujeres y la comunidad LGTTTBQI+.


Repudiamos las múltiples formas de violencia contra las trabajadoras sexuales.


Seguimos exigiendo justicia por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.


¡No al archivo de la causa! Justicia por Rafael Nahuel!


Denunciamos la participación de las fuerzas de seguridad y policías en mercados ilegales, como trata de personas, el de armas y municiones o drogas ilegalizadas.


Repudiamos la represión a las familias, vecines y militantes durante la toma de tierras en Magaldi.


Exigimos el acceso a viviendas dignas. No a los desalojos.


Exigimos el desarchivo de la causa que investiga los móviles políticos y autores intelectuales del asesinato del militante Cristian Aquino.


Exigimos el cierre de causas a los militantes de La Sexta Resiste y del Espacio Comunitario de La Paz y Esmeralda por defender a las familias del barrio contra los desalojos.


Exigimos el archivo de las causas penales armadas contra los familiares de Dante Fiori y militantes sociales.


Exigimos esclarecimiento de la causa por el asesinato de Alan Rivero.


Justicia por Lilian y María Carmen Villalba las dos niñas argentinas asesinadas por el estado paraguayo. Aparición con vida de Lichita. Libertad a Laura y Carmen Villalba.


Exigimos a Alberto Fernandez, Omar Perotti y a Pablo Javkin que, a través de políticas públicas adecuadas, garanticen el derecho a una ciudad que sea habitable y vivible.


Ley de Humedales ya!


Exigimos políticas de seguridad integrales. ¡No más muertes violentas en los barrios!


Exigimos a los 3 poderes que se implementen políticas adecuadas para la prevención, detección y sanción de violencia institucional.


Exigimos que se garantice el acceso a la justicia y la reparación integral de víctimas y familiares. No a la persecución de los peritos que acompañan las causas!


Exigimos el apartamiento inmediato de las fuerzas de seguridad y agentes policiales involucrados en casos de violencia institucional.


¡NI UN PIBE NI UNA PIBA MENOS!, ¡NI UNA BALA MÁS!


¡BASTA DE GATILLO FÁCIL!


¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA!


¡NO A LA MILITARIZACIÓN DE LOS BARRIOS!


¡EL ESTADO Y LOS GOBIERNOS SON RESPONSABLES!”

Fuente:ElCiudadanoyLaRegion





Más de 1.600 kilos de cocaína en un galpón de Empalme Graneros

Golpe certero en Rosario al tráfico global

El cargamento discimulado en bolsas de cereal iba a ser exportado a Dubai en barco. La investigación del juez federal de Campana demandó más de seis meses.

El material secuestrado sorprendió al vecindario de Génova al 2400. . Imagen: Sebastián Granata

A partir de una investigación de la Justicia Federal de Campana, la Policía Federal Argentina desplegó el operativo "Rosario-Dubai" durante la madrugada del viernes, que si bien implicó decenas de allanamientos en distintos puntos del país, tuvo su epicentro en el barrio Empalme Graneros de Rosario, donde se encontraron dentro de un galpón más de 1.600 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, que iban a ser exportados desde el puerto de Rosario hacia el emirato árabe. En total fueron 30 los allanamientos ordenados en diferentes provincias y se detuvo a 12 personas de una organización narcocriminal dedicada al tráfico internacional, en el marco de una causa que comenzó a investigarse hace seis meses. El material secuestrado sorprendió al vecindario de Génova al 2400 cuando se exhibieron en la calle los 1.535 paquetes que se encontraron en bolsas de alimento balanceado a base de maíz y rociadas con repelente para no ser captadas por perros rastreadores. Los responsables del operativo estimaron que el valor total de la sustancia secuestrada ascendería a 60 millones de dólares. 

 

La información oficial indicó que agentes federales de la Dirección General de Hidrovías Paraná y de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas secuestraron 1.658 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza que estaban "a punto de ser trasladados a los Emiratos Árabes" a través de la hidrovía. "Es una investigación de más de seis meses", indicó el titular de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, Mariano Giuffra. "La organización tenía programado finalizar el tráfico internacional consolidando esta mercadería ilegal dentro de una carga legítima de expeller de maíz. Éste (por el galpón de Génova al 2400) era el lugar previo al embarque que tenían planeado desde el puerto de Rosario", para principios de septiembre. "No pudieron redondear la operación justamente por este procedimiento”, dijo.

El titular de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, Mariano Giuffra.

Los efectivos policiales, con apoyo del área de Narcocriminalidad de la Afip/Aduana, determinaron que la organización ocultaba la droga en dos galpones del barrio Empalme Graneros, en bolsones que contenían alimento balanceado a base de expeller de maíz (un residuo de la industria aceitera, resultante del prensado del grano de maíz o soja, de alto valor proteico). Además, estaba fraccionada en estuches que llevaban impresa la marca Louis Vuitton. En cuanto al origen, se planteó que ingresó al país "de forma ilegítima desde otros países productores de Sudamérica".

Con las pruebas colectadas en la causa, el juez de Campana Adrián González Charvay ordenó los procedimientos en Rosario y Funes, Santiago del Estero, Villa María (Córdoba), Victoria (Entre Ríos), Bahía Blanca (Buenos Aires) y distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que se detuvo a "los 12 componentes de la organización". Sobre el secuestro de los 1.535 panes de cocaína, se indicó que estaban "a la espera de ser disimulada en seis contenedores cargados con 150 toneladas de cereal que serían exportados desde el puerto de Rosario hacia la ciudad de Dubai".

Más tarde, Giuffra señaló que los detenidos, sobre todo los organizadores, "son conocidos narcotraficantes con proyección al exterior" y "contactos globales”. En ese sentido, mencionó que “hubo intercambio de información con agencias internacionales en España y en Estados Unidos, a través de la DEA. Esa información seguirá siendo explotada para seguir con las investigaciones sobre las conexiones exteriores”, señaló.

El funcionario policial reveló que en la lista de sospechosos de integrar la banda hay una persona de nacionalidad colombiana. “Figura un colombiano investigado que no está detenido porque no está en el país”, aclaró. También dijo que “no hay persona que esté detenida en ningún instituto que tenga relación con este procedimiento”.

Giuffra mencionó además que "gracias al seguimiento que se hace cuando este tipo de investigaciones son conjuntas, no llegó a presentarse la documentación de despachos (para el traslado) porque hay instancias anteriores que fueron develando cuál podía ser el origen y el destino, y se pudo hacer el procedimiento que impide que se haya hecho algún trámite finalizando la exportación. La maniobra fue impedida", dijo en LT8. 

En cuanto al lugar desde el cual iba a salir la carga, el comisario mencionó "el Puerto de Rosario", y que aunque no lo especificó se entiende que se refería a las terminales I y II de la ciudad, ubicadas desde avenida Pellegrini hacia el sur, porque es el único multipropósito de la región que opera contenedores. Ese puerto, que es público, está concesionado a una sociedad que integran Vicentin y la chilena Ultramar.

Además, indicó que “la mecánica de exportación de droga a través de medios comerciales usuales y legales es común. Están en la búsqueda de la perfección. Plantan empresas de forma muy compleja (armadas para la maniobra). Las constituyen aquí y en el exterior para poder hacer un intercambio comercial y dentro de esa operación se infecta la carga con este tipo de sustancias ilegales”.

Logo de Louis Vuitton

Los 1.658 kilos de cocaína encontrados en Empalme Graneros estaban ocultos con un mecanismo que calificaron como "complejo y sofisticado", en bolsones usados para la exportación cerealera, conocidos como “big bags”.

Sobre los paquetes que tenían el logo de Louis Vuitton, Giuffra señaló: "La mayoría de los panes secuestrados tenían un logo similar a la marca. Usualmente, las organizaciones proveedoras usan este tipo de identificaciones para darle garantía de calidad a quienes adquieren estas sustancias para después hacer las exportaciones. Está en estudio y se tienen que analizar antecedentes".

En octubre de 2014 un container nacional que salió de Mendoza vía Chile con cajas de vino de distintas bodegas ocultaba 459 kilos de cocaína compactada en ladrillos que llevaban el logo de la marca Louis Vuitton, adentro de ocho bolsos de viaje que fueron hallados arriba de las cajas y cuyo destino fue Canadá.

Más secuestro

Además de la droga se secuestró dinero en efectivo, automóviles de alta gama, armas automáticas y dos utilitarios que poseían doble pared de fondo que los detenidos utilizaban para el traslado de los estupefacientes. Cabe destacar que uno de ellos, al momento del procedimiento, estaba cargado con otros 50 kilogramos de cocaína, los que se presumen habían sido dejados allí para ser utilizados en el tráfico local de la ciudad y la región.

Además, vecinos indicaron que en el galpón de Génova al 2400, que hace un año estaba siendo alquilado como depósito, previamente funcionó un astillero, como lugar de venta de puertas y aberturas de aluminio, y como un lugar donde se comercializaron autos. La propietaria del mismo se presentó ayer a la mañana en el lugar durante el operativo, dijo estar sorprendida e informó que el lugar lo alquilaba vía inmobiliaria "a un señor de Buenos Aires" desde hace aproximadamente un año, aunque no supo precisar el precio del contrato.

Los detenidos

Si bien en Rosario no se dieron los nombres de los detenidos, en medios nacionales trascendieron los nombres de Luciano Nicolás Argüello, Héctor Ernesto Pérez, Marco Rodrigo Páez, Lucas Eduardo Hitters, Gastón Sofía, Gabriel Nicolau, Oscar Rossi, Néstor Lombardi, Fabio Crucianelli y José Damián Sofía, apodado “El Tano”, con causas por narcotráfico y por amenazar en 2018 a la jueza Sandra Arroyo Salgado.


Prisión

El hombre imputado por el transfemicidio de la militante y referenta trans Alejandra Ironici, cometido en la ciudad de Santa Fe el domingo pasado, quedó en prisión preventiva sin plazo, ayer por la tarde. Damián B., de 32 años, fue imputado esta semana por la fiscal de la unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) Alejandra Del Río Ayala, quien dijo que "no se trató de un hecho común", sino de un crimen de "odio".  En la audiencia imputativa del miercoles pasado, la fiscal dijo que hacía cinco meses que el acusado estaba en pareja y convivía con Alejandra. También indicó que la víctima tenía 46 heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo y quemaduras en la zona de los glúteos.



Nutrida marcha contra el gatillo fácil en Rosario

Las balas para los de siempre

La composición social de la manifestación denotó el criterio selectivo de la violencia institucional y la indiferencia que hay.

Por Luis Vastus
El clamor llegó desde los barrios para hacerse sentir en el centro.. Imagen: Andres Macera

El clamor regresó al centro desde los barrios, y se hizo visible entre Tribunales y la plaza San Martín. Solo que la columna, de unas tres cuadras de largo, se nutrió como siempre de la misma gente, con víctimas de la violencia institucional y con los deudos de quienes pagaron con la vida esta calamidad que agrede casi en exclusiva siempre al mismo sector poblacional: los barrios, los pobres, los jóvenes la mayoría de las veces. El centro de la ciudad, casi indiferente a la manifestación popular. 

Fue la expresión rosarina de la 8° Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, la sexta movilización a nivel local en su tipo, y se hizo con la consigna "Donde hubo fuego, luchas quedan", bajo la convocatoria de la Multisectorial Contra la Violencia Institucional. Participaron algunos gremios, algunos partidos, y mucha movilización de base, organizaciones barriales que tienen la violencia que ejerce el Estado como un tema acuciante, de la agenda diaria. También estuvo representado el colectivo travesti trans, que evocó el crimen de odio de la santafesina Alejandra Ironici esta semana y una grave denuncia en boca de su víctima, atacada a golpes el miércoles en la terminal de ómnibus por proxenetas y revictimizada luego por policías. 

Pero antes, Julieta Herrera (hermana de Jonatan Herrera, asesinado por la policía en enero de 2015, en Ayacucho y Seguí) leyó el documento de la Multisectorial. "Exigimos al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, requisar, de humillar, golpear, manosear, maltratar, torturar en cárceles y comisarías, y de ejecutar y desaparecer personas. La violencia institucional es una de las deudas más importantes de nuestra democracia", dijo. 

El documento endilgó responsabilidad a todas las fuerzas de seguridad, provinciales y federales. Instó a "construir memoria, justicia y castigo a los culpables como tuvieron que hacerlo las Abuelas, Madres e Hijes". En eso puso como ejemplo el crimen de Carlos Bocacha Orellana (26/02/20, en La Fluvial). "Sus familiares y amigues padecieron un sinnúmero de irregularidades y hostigamiento en estos 29 meses de lucha", remarcó. Y agregó las dificultades que enfrentan ante el tribunal que debe dictar nueva sentencia en cuanto al crimen policial de su hermano. Siguió con el caso de Franco Casco (7/10/14, Comisaría 7ª), todavía impune 7 años después. Y la lista se le hizo infinita ante decenas de nombres de jóvenes muertos por mano del Estado armado.

El mensaje cuestionó la elección de Omar Perotti de designar ministro de Seguridad al policía retirado Rubén Rimoldi. "Es un gravísimo retroceso designar como ministro a un ex comisario y poner en manos policiales la conducción política de la seguridad santafesina", marcó. 

El documento denunció que "siguen siendo recurrentes los casos de violencia institucional, torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones. Las fuerzas han profundizado sus prácticas represivas y delictivas en los barrios populares; nos preocupa el fuerte consenso social que legitima este accionar punitivista del Estado", marcó. La ausencia de otro actor social que no fueran víctimas, familias o militantes sociales, confirmó ese diagnóstico adverso.

El planteo de la Multisectorial concluyó con una apelación a "no criminalizar la pobreza, no militarizar los barrios". 

La manifestación concluyó a toda música, con DJ en vivo y feriantes de la economía popular en el centro de la plaza. A un lado, Julieta Herrera reflexionó la evolución de la Multisectorial, construida con el dolor por cada joven asesinado, como el propio que sublimó en esta militancia. "Los barrios son criminalizados y la solución no es con más policías. Venimos acá y se nota la desigualdad que existe, lamentablemente seguimos siendo nosotros quienes ponemos los muertos. Somos personas como todas y tenemos el mismo derecho, pero en los barrios seguimos con ganas de cambiar la realidad".

 

Admitieron a Rosario como querellante

Saber más de las quemas

El Juzgado Federal de Victoria, a cargo de Claudio Kishimoto, admitió como querellante al municipio de Rosario en la causa de las quemas de las islas del Delta del Paraná. Mientras tanto, después de una jornada de trabajo interrumpida por las condiciones climáticas, los brigaditas retomaron ayer el combate al fuego, principalmente frente a San Nicolás y cerca del puente Rosario - Victoria.

El jueves, las tareas se vieron alteradas por la alerta meteorológica, lo que obligó a un repliegue para preservar a los brigadistas. En tanto que este viernes los brigadistas tienen previsto trabajar en el sector. Mientras tanto, desde Alvear también parte personal para asistir el trabajo en el foco que se encuentra frente a la ciudad de San Nicolás. Según explicaron desde la propia Municipalidad, la figura del querellante "habilita a participar activamente en la investigación del hecho, aportando y sugiriendo medidas probatorias”.

Ya este miércoles, acompañado por otros intendentes santafesinos y bonaerenses, el rosarino Pablo Javkin se acercó a Victoria para pedir que se limiten las actividades de explotación en suelo isleño, medida ya vigente.

Mientras tanto, continúa activo el Comando Operativo Unificado para el combate de incendios en el Delta del Paraná ubicado en la localidad de Alvear. En ese marco, informaron que el frente Gran Rosario cuenta con más de 80 brigadistas coordinados por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y que este jueves, las tareas se vieron alteradas por la alerta meteorológica, aún vigente, pero que ya los brigadistas tienen previsto trabajar en los focos cerca del puente. Y desde Alvear también partía personal para asistir el trabajo en el foco que se encuentra frente a la ciudad de San Nicolás.



Repercusiones

De Perotti hasta Javkin

El operativo que localizó un cargamento de más de 1.600 kilos de droga tuvo repercusiones en las altas esferas de la política. El intendente Pablo Javkin fue el primero que en el inicio de la mañana de ayer tuiteó: "Este es el camino. El secuestro de al menos 1500 kg de cocaína efectuado en la noche de ayer por la Policía Federal es un golpe fuerte a la narcomafia. Necesitamos más allanamientos, detenciones, juzgamientos fuertes y cumplimientos de condenas. Necesitamos paz para Rosario". 

Un rato después por la misma red social se se sumó el Ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández: "En un operativo de la Superintendencia de Drogas Peligrosas a cargo del Comisario General Giuffra, de la Policía Federal, en distintas provincias, ordenado por la Justicia Federal de Campana, decomisó alrededor de 1.658 kg de cocaína en n 1.535 panes".

Por último el gobernador Omar Perotti se refirió al ser consultado por la prensa: "Hay que tener en claro la dimensión de lo que se enfrenta, no Rosario ni Santa Fe, sino la Argentina. La dimensión de lo que se tiene que combatir es lo que la Argentina no puede permitir que pase en su territorio. Por lo cual la plena presencia de las fuerzas federales, también que se acelere de una vez por todas el tratamiento legislativo de los proyectos que nos tienen que dar una estructura federal mucho más consistente para llevar adelante esta lucha".



Docentes ratificaron huelga de 72 horas la semana próxima

El descuento no para los paros

Todo el arco gremial rechazó el descuento de días que anunció el gobierno provincial. ATE y UPCN definen el lunes nuevas medidas. Busatto y Toniolli tomaron distancia.
Bayúgar de Sadop y Rodrigo Alonso de Amsafe ratificaron las medidas.. Imagen: Prensa Amsafe

Los gremios de la administración pública, salud y docentes rechazaron al unísono el anuncio del gobierno provincial de que descontará los días de paro por el reclamo del adelantamiento de cuotas establecidas en el acuerdo paritario. Cabe aclarar que el anuncio se hizo con posterioridad a la liquidación de salarios, con lo cual recién se haría efectivo a principios de octubre, con el sueldo de septiembre. La medida generó preocupación en espacios y dirigentes del propio oficialismo provincial. La Cámara de Diputados dio preferencia a un proyecto de ley del oficialista Oscar Martínez para reponer la cláusula gatillo como forma de garantizar que los salarios que paga el Estado provincial no pierdan poder adquisitivo. En tanto, el diputado nacional Eduardo Toniolli sentó posición a través de Twitter: "Me sumo al rechazo del descuento de los días de paro a los docentes y trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe. No es el momento, no es la forma". Lo propio hizo el diputado Leandro Busatto: "Nos parece una mala decisión descontar los días de paro a trabajadoras y trabajadores estatales. No se corresponde con la acción que debe tener un gobierno peronista. Los conflictos deben solucionarse con diálogo. El gobierno debe dar marcha atrás con esta medida".

“Ante el anuncio de los descuentos de día de paro por parte del gobierno provincial, desde Amsafé ratificamos el plan de lucha para la próxima semana con paro de 72 horas para los días 30, 31 de agosto y 1° de septiembre", dijo Rodrigo Alonso, secretario general del principal sindicato docente, quien advirtió: "La resolución del conflicto nunca es la amenaza, nunca es el descuento de los días de paro, el gobierno debe convocarnos de manera urgente al ámbito paritario para discutir el salario, las condiciones de trabajo y las políticas educativas".

También Sadop, que reúne a los maestros de escuelas de gestión privada, ratificó el plan de lucha de 72 horas. "Lamentamos la actitud casi represiva del gobierno contra el derecho a huelga de los trabajadores y trabajadoras que no puede ser censurado ni coartado por estas amenazas. Instamos al gobierno a que en la mesa paritaria haga la propuesta salarial y de condiciones de trabajo y se dejen de lado estas medidas", dijo Pedro Bayúgar.

Sadop Rosario calificó de "decisión extorsiva" el anuncio del gobierno y recordó que "el 18 de marzo pasado presentó por escrito la aceptación de la propuesta realizada en ese mes, pero dejó expresamente aclarado que se reservaba el derecho a reclamar la revisión prevista para septiembre para el caso en que la inflación amenace disminuir el poder adquisitivo del salario. La misiva fue entrega y receptada por el Ministerio de Trabajo y fue condición esencial del acuerdo suscripto", dijo el gremio que conduce Martín Lucero.

UPCN expresó su total rechazo al anuncio de descontar días de paro. Lo calificó como "un retraso abrupto en la posibilidad de obtener la armonía y convivencia social". "En lugar de reconocer que la realidad económica viene objetivamente perjudicando el salario de los trabajadores, esta actitud nos amenaza y agrede de manera directa", expresó en un comunicado, donde recuerda que "las variables económicas cambiaron originando un desfasaje de más de 15 puntos en relación a los precios con respecto a los salarios".

Jorge Hoffman, de ATE, dijo en Santa Fe que "la lucha de todos los sindicatos es sumamente justa, no podemos perder más salario" y adelantó que "el lunes vamos a seguir con las asambleas en los lugares de trabajo y analizaremos qué decisiones tomamos. Pero no vamos a dar por hecho los descuentos". UPCN hará lo propio.

Perotti y la paritaria

Fue el propio gobernador el que ayer defendió los descuentos, aunque con los mismos argumentos que venía expresando el ministro de Trabajo Juan Manuel Pussineri. Insistió en que "el gobierno cumple lo que está planteado en la paritaria, estamos dentro del marco legal, por lo cual lejos se está de desconocer la situación del momento, no escapa a ninguno de nosotros, lo vivimos a diario con cada uno de los sectores sociales, con cada una de las realidades de nuestros habitantes, no solamente de los trabajadores”.

Abrazado a ese argumento legalista, Perotti dijo que "tenemos que poner todos", que hay que tener claro que de esta situación no se sale con un sector llevándose la parte del otro, sino tratando de tener un esquema equitativo... donde funcionen todas las áreas sociales de asistencia a muchos de los que están bajo del nivel de pobreza y no tienen trabajo, a muchos que necesitan la atención pública en el costo de los medicamentos y los alimentos, como subió el costo a cualquier familia”. También cargó en la cuenta "20 mil trabajadores de la obra pública que tenemos que estar tratando de juntar el dinero todos los meses para que no se resienta el nivel de empleo, y esa misma caja es la que también tiene que atender a los maestros, los trabajadores estatales y la policía". Ratificó: "Como nos comprometimos y lo dijimos siempre, iba a ser septiembre; y va a ser el 1, 2 y 3, clara voluntad de que no queremos dilatar un solo día nuestro compromiso" de reabrir la negociación paritaria.

 Fuente:Rosario12



Víctimas de la violencia institucional

Rosario se movilizó contra el gatillo fácil

 

Este viernes se realizó la octava marcha en la ciudad contra el gatillo fácil. La movilización partió desde las 16 hs en los Tribunales Provinciales (Av. Pellegrini y Balcarce) para luego marchar hasta la Plaza San Martín frente a la sede de gobierno provincial (Santa Fe y Moreno).

La movilización se realizó a nivel nacional cada año –esta fue la octava edición federal y la sexta local– y la actividad de Rosario coincidió con otras en Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Misiones, Mendoza, Jujuy, La Plata, Mar del Plata, Salta, Córdoba, Bariloche, Cipolletti, Chaco, y otras localidades de Argentina.

De la jornada participaron familiares de víctimas como Edgardo Orellano, padre de “Bocacha” y parientes de Franco Caso, entre otras personas que murieron violentamente.

“El pueblo contra la justicia corrupta, el gatillo fácil, la delincuencia, los narcos, contra los gobernantes que fueron elegidos por el pueblo, pero gobiernan para ciertos empresarios y los narcotraficantes” indicó Orellano y añadió: “Protestamos contra los que nos matan todos los días con balas que salen del Estado. Cada vez somos más, hasta que se vayan estos sinvergüenzas y todos los criminales caigan presos”.

Fuente: Conclusión


Legislatura provincial

Proponen crear un estatuto laboral de la policía

 
La Diputada Provincial Matilde Bruera

La diputada provincial Matilde Bruera, del Bloque Justicialista, presentó esta semana en la Legislatura santafesina un proyecto que busca ser un “verdadero estatuto laboral de la policía”. La iniciativa, que entre otras cosas, tiene como objetivo que los trabajadores de la fuerza policial sean reconocidos como tal, y hasta tengan la posibilidad de agremiarse.

En ese sentido, la legisladora afirmó que se trata de una normativa que “es más amplia” que la simple sindicalización de las fuerzas de seguridad, que reconoce derechos a los empleados y busca democratizar a las fuerzas de seguridad, pero que a la vez prohíbe la posibilidad de hacer huelgas por las características del servicio que prestan.

“El proyecto establece derechos y obligaciones de los trabajadores policiales y penitenciarios. Podrán acceder a la agremiación como cualquier trabajador”, sostuvo Bruera.

En el proyecto también se prevé la creación de una Defensoría de la Policía, a modo de ombudsman, “para defenderlos de los sumarios administrativos y demás”, indicó la diputada y añadió que “el derecho a la agremiación es de los trabajadores, no de los gobiernos. En la provincia de Santa Fe tenemos serios problemas de seguridad, con lo cual hay que impulsar reformas profundas en la concepción y estructuración de la policía”.

“Se han vuelto a presentar las tres leyes (de reforma policial) que en su momento ingresaron a la Legislatura y no fueron tratadas. Y me pareció que, además de ese debate que se va a dar en algún momento, la cuestión gremial es algo que no se puede obviar. En un estado de derecho no se pueden dejar de lado las obligaciones y derechos de los trabajadores. Los empleados policiales y penitenciarios son empleados públicos”, subrayó la legisladora del Frente de Todos.

En ese sentido, Bruera sostuvo que “la agremiación reconoce derecho a peticionar ante las autoridades, pero prohíbe hacer huelgas” y además se declara a la policía y al SPP “como servicios esenciales, por eso está restringido el derecho de huelga y a peticionar en horario de trabajo. Pero no hay restricciones sobre los otros derechos que tiene cualquier trabajador. Democratizar a las fuerzas policiales es un primer paso para empezar a jerarquizarlas y especializarlas”, enfatizó la diputada.

“Tenemos una policía muy mal paga, a la que no se le provee elementos, que no está capacitada, no está organizada en las distintas especialidades. Por ejemplo, una cosa es la policía de investigación, otra cosa es de prevención y de seguridad. Todo eso no existe. Tenemos una policía organizada con una ley provincial que es de 1974/1975, previa a la dictadura, con un criterio de orden público. Ese criterio organiza a la policía en la persecución política”, agregó Bruera.

La diputada del Partido Justicialista consideró que “a esta altura del estado derecho, la provincia debe tener una policía democrática, que se ocupe de resguardar los derechos y libertades de las personas, de prevenir riesgos de inseguridad, y que sea capacitada permanentemente y reciba un salario digno. Si no es una fuerza a la que le exigimos seguridad y no le reconocemos ningún derecho”.

Fuente:RedaccionRosario



GOLPE AL NARCOTRÁFICO

Perotti pidió "plena presencia federal" y apoyo de legisladores

"Que se acelere de una vez por todas el tratamiento legislativo de los proyectos que tienen que dar una estructura federal mucho más consistente para llevar adelante esta lucha", deslizó el gobernador

Este viernes por la tarde el gobernador Omar Perotti se refirió al secuestro del cargamento detectado en Génova al 2400 donde se incautaron 1658 kilos de estupefacientes y reforzó su pedido de "una plena presencia de Fuerzas Federales" en territorio santafesino. 

El despliegue de la Policía Federal se enfocó en 30 allanamientos librados en simultáneo en localidades de Santa Fe, Buenos Aires, Villa María (Córdoba), Bahía Blanca, Santiago del Estero y Victoria. Pero fue en Rosario, en el barrio Empalme Graneros, donde se encontró el cargamento en cuestión. 

Además de "la plena presencia de las Fuerzas Federales", Perotti pidió "que se acelere de una vez por todas el tratamiento legislativo de los proyectos que tienen que dar una estructura federal mucho más consistente para llevar adelante esta lucha". 

En ese sentido hizo un llamado al gobierno nacional para la provisión del equipamiento necesario, pero también a quienes tienen representación legislativa, para darle impulso a la estructura federal que solicita el gobierno provincial, y a la puesta en marcha del sistema acusatorio.

Respecto a las leyes que a las que refirió, el gobernador agregó: "Todos los que recorren nuestra provincia de distintas fuerzas políticas tienen representantes en el Congreso de la Nación, y ya que vienen a Santa Fe muy preocupados por la seguridad, que le ordenen a sus diputados y senadores, que los convenzan que acompañe lo que Santa Fe está necesitando en este momento".

Por último, en relación al aporte que puede hacer la provincia con este tipo de investigaciones, manifestó: "Lo que necesitamos es la mejor disposición de los fiscales y los jueces en las órdenes de allanamiento, en la posibilidad de realizar operativos permanentes, estamos en un momento extraordinario, con lo cual se requieren también medidas de acompañamiento de la Justicia en esa dirección".

Fuente:RosarioPlus









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