Y de otros cuatro dirigentes montoneros

Masacre de la calle Corro: confirman  procesamientos por la muerte de Vicki Walsh

La Cámara Federal confirmó procesamientos de seis represores y desvinculó de la causa a otros cuatro exintegrantes del GADA 101. Los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens encomendaron investigar a Gendarmería y Policía Federal. Las querellas piden que se indague el rol del Batallón de Inteligencia 601.

Por Luciana Bertoia

El clima en la mañana del 29 de septiembre de 1976 estaba irrespirable. En una casa de la calle Corro al 105 se habían dado cita cinco integrantes del Secretariado Político de Montoneros, incluida María Victoria “Vicki” Walsh. Los cinco militantes terminaron muertos después de un operativo brutal en el que participaron el Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal. Los represores se llevaron también a la mujer que vivía en su casa, a dos de sus hijos y a su yerno. El jueves se cumplirán 46 años de la masacre de la calle Corro y la Cámara Federal porteña confirmó seis de los diez procesamientos que había dictado el juez federal Daniel Rafecas por estos hechos.

Los preparativos comenzaron muy temprano ese día en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101, a cuyo cargo estaba el área V de la subzona Capital Federal. Sus hombres partieron hasta la casa de Villa Luro. Durante cerca de una hora dispararon sin piedad. Había también tanquetas –supuestamente de la Gendarmería– y personal policial.

En la casa se habían encontrado “Vicki” Walsh, Alberto Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel. Gran parte del operativo fue reconstruido días después por Rodolfo Walsh en las cartas que envió por la muerte de una de sus hijas. “Vicki” había llegado con su hijita Victoria. La dueña de casa, Lucy Matilde Gómez de Mainer se encontraba con su hijo Juan Cristóbal Mainer. También estaban de visita su hija Maricel Mainer y su marido, Ramón Baravalle. La familia Mainer terminó secuestrada. A algunos de ellos los llevaron al Vesubio, a la Superintendencia de Seguridad Federal –Coordinación Federal– y siguieron por las cárceles de la dictadura. Los represores también se llevaron a la pequeña Victoria y a la más chica de los Mainer –que estaba en la escuela– hasta que finalmente las entregaron a sus familias.

En Carta a mis amigos, Walsh contó que las últimas palabras de su hija fueron “Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir”. Las defensas usaron esto como argumento para desresponsabilizar a los represores por su muerte. Sin embargo, la Cámara Federal replicó que su final no puede escindirse de los “verdaderos motivos” del operativo que, como mínimo, implicaba el secuestro y la tortura. “Dentro de ese marco coactivo generado por la propia injerencia de los recurrentes, no cabe duda alguna que la autodeterminación de una persona no puede ejercerse con plenitud”, sostuvieron.

En marzo pasado, Rafecas procesó a diez integrantes del GADA por los homicidios y los secuestros de la calle Corro. Después de meses de revisión, la Cámara Federal –con las firmas de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens– confirmó seis de esos procesamientos: los de Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González. Viola es el personaje más famoso de los represores acusados por la masacre de la calle Corro porque durante años lideró la Unión de Promociones, uno de los grupos pro-militares que resisten el avance de las investigaciones de lesa humanidad –por razones obvias.

La Cámara, además, sobreseyó a uno de los militares retirados, Hugo Eduardo Pochón, que era jefe de la Batería A. En simultáneo, les dictó falta de mérito a otros tres y ordenó al juez Rafecas profundizar las medidas para determinar cuál fue el rol que tuvieron durante ese 29 de septiembre. Tal es el caso de Domingo Giordano, Gustavo Gilberto Tadeo Juárez Matorras y Abel Enrique Re.

Re integraba la Plana Mayor del GADA 101 como oficial de inteligencia –lo que en la jerga militar se conoce como S2–. Rafecas entendió que, por su rol en el área de inteligencia, Re diagramó el operativo. Sin embargo, la Cámara tuvo una postura bastante restrictiva: dijo que el juez lo había inferido por la lectura de reglamentos pero que no recabó evidencia. El tribunal incluso señaló que no se acreditó su presencia en la calle Corro. En general, los jefes de inteligencia son quienes establecen los blancos y se entiende que no es necesario que estén en el lugar porque su tarea estaba hecha con anterioridad.

Para la Cámara Federal, no fue el GADA 101 el que planificó la acción sobre la calle Corro. Para Bruglia, Bertuzzi y Llorens, el GADA únicamente fue un eslabón operativo. Con los integrantes del GADA también intervinieron los gendarmes, los efectivos de la Policía Federal y el área de inteligencia del Ejército. La Cámara señala que el operativo en sí no comenzó en la Capital Federal sino con la caída de María Magdalena Mainer en San Juan y su paso por el campo de concentración La Perla en Córdoba. Uno de los que participó activamente en la gestación de la acción represiva fue Ernesto “Nabo” Barreiro.

“La resolución confirma en lo sustancial la mayoría de los procesamientos y la verdad histórica que planteamos desde la querella”, le dijo a Página/12 Matía Aufieri, que representa a Patricia Walsh junto con Myriam Bregman. “Desde ya no coincidimos con el carácter secundario o prescindible que se le asigna a la participación de algunos imputados, más allá que seguimos peleando para que se avance en investigar el accionar de la Gendarmería y la Policía Federal que también participaron del ataque. Lo mismo que el ‘Nabo’ Barreiro y el Batallón 601 que hicieron la inteligencia previa a la masacre. Estas responsabilidades aún no están establecidas y son incluso señaladas por la propia Cámara”, completó.

Fuente:Pagina12