Que no la sequen
Entre incendios intencionales en el delta del Paraná y el humo asfixiante, la crisis socioambiental abre debates de este planeta. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué actores y qué está en juego en la relación Estado-naturaleza? ¿Qué modelo de producción y acumulación económica?
Las quemas intencionales e impunes de pastizales en la región del delta del río Paraná, que abarca en total una superficie de unos 18 mil kilómetros cuadrados a lo largo de tres provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, una zona de alto valor ecológico, social, biogeográfico y geoestratégico, vienen desde hace tiempo, con diferentes intensidades e impacto en el ecosistema.
La emergencia frente a lo que se denomina ecocidio o crimen ambiental se fue acentuando a comienzos del siglo XXI, en consonancia con políticas neoliberales que empezaban a crujir pero dejando instalada una fase más depredadora-rentística del capitalismo. Al menos por estos lares, en el 2001, la odisea no fue tanto la del espacio desconocido e infinito que imaginó el director de cine Stanley Kubrick en su futurista obra maestra de fines de la década del 60 sobre el destino de los seres humanos, sino más bien por la supervivencia en el mismo territorio, casi como en los orígenes del homo sapiens.
En el año 2000 empezó a verse en la llamada zona núcleo un notable crecimiento en la producción agrícola, con mayor cantidad de toneladas de granos, de sus derivados y de alimentos manufacturados, aunque mal distribuidos. Este proceso estuvo ligado a la introducción de un paquete agrotecnológico desde mediados de los 90. El sistema de siembra directa transformó la actividad, fue moldeando el mundo del agronegocio actual y generó una metamorfosis cultural entre el productor rural y su manera de relacionarse con la tierra.
El boom de los commodities del agro en los inicios del tercer milenio ocasionó, a la par, problemas ambientales y, como contracara, dio pie a la movilización ciudadana a favor de derechos que empezaron a verse vulnerados por el nuevo modelo de producción. En el caso de la provincia de Santa Fe, pueblos y ciudades intermedias iniciaron la campaña “paren de fumigarnos”, donde alertan sobre las consecuencias que trae el uso intensivo de agroquímicos como parte de aquel paquete agrotecnológico.
Desde 2007, 2008, justo cuando se dio la polarizadora batalla por la resolución 125 de retenciones móviles a la soja, hubo quemas en simultáneo en la región del delta. Y Rosario, epicentro de la protesta de la mesa de enlace en aquel momento, histórica capital de la agroindustria, con su Bolsa de Comercio y sus puertos, se llenaba de humo. Los incendios intencionales, emisores de dióxido de carbono, tuvieron un alarmante aumento durante la última década.
En las islas del delta se produce desde hace años un fenómeno conocido como “pampeanización”, es decir, un cambio en el uso del suelo relacionado más a las características de la llanura pampeana agropastoril. El Ministerio de Ambiente de la Nación recordó que las quemas persiguen el propósito de eliminar vegetación de nulo valor para la práctica de la ganadería intensiva pero esencial para el desenvolvimiento del humedal. En 2020, año en que estalló la pandemia, ocurrieron incendios de enormes proporciones, tanto en la zona del delta como a nivel país e incluso a escala global, sumando problemas de salud.
“Desde inicios de 2020 se registra la mayor y más extensa bajante histórica del río Paraná de las últimas décadas. Esto deriva en grandes superficies de humedales que se encuentran secos y con alta disponibilidad de biomasa y material combustible, lo que aumenta el peligro de ocurrencia de grandes incendios; desde enero del 2020 a la fecha se vieron afectadas cerca de 600 mil hectáreas”, se detalló en un reporte del Ministerio de Ambiente en base a información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Se calcula que en lo que va de 2022, se quemaron más de 250 mil hectáreas en el delta.
Los focos de fuego coinciden con campos donde hay actividades vinculadas al agronegocio o “desarrollos” inmobiliarios. Las llamas destruyen y envuelven de humo y cenizas contaminantes a Rosario, localidades aledañas y lo mismo en otras muchas ciudades asentadas a la vera del río Paraná, donde viven y trabajan millones de personas. En redes sociales circulan videos e imágenes con nombres y apellidos de empresarios, políticos y productores “responsables del desastre ecológico en el Litoral”.
Actores y roles
Como ocurre en cada uno de los tantos problemas ambientales desencadenados a lo largo y ancho del país, en el prolongado conflicto urbano-rural por la degradación socioambiental y sus graves consecuencias sanitarias y económicas, también políticas y culturales, que generan los incendios en los humedales, hay por lo menos tres actores claros que se destacan: la sociedad civil o los vecinos, el Estado y el sector económico-empresario-productivo, que puede llegar a involucrar a funcionarios políticos o judiciales que se acomodan a ambos lados del mostrador.
Por un lado, la comunidad o, más bien, parte de ella. La población que vive enfrente de la zona de islas ardidas que, autoconvocada u organizada en partidos políticos, asociaciones ambientalistas o movimientos sociales, protesta en la calle porque ve vulnerado el derecho humano a vivir en un ambiente sano donde pueda desarrollar con normalidad y bienestar sus actividades.
Denuncia el ecocidio y busca generar conciencia ambiental. Marca agenda, como ocurre con la ley de humedales. Son movidas que crecen al compás de la gravedad de los incendios, y son cada vez más populares, transversales, asamblearias. Algunos manifestantes son primerizos en la protesta pública. El reclamo ambiental acontece entre otras demandas, como la de mayor seguridad ciudadana, o por aumentos salariales o refuerzos en ayudas estatales para poder parar la olla, tan vital como respirar.
Otro actor es el Estado en sus tres niveles y con sus tres poderes que intenta regular y promover políticas y normativas en base al interés público y también privado, aunque frecuentemente termina corriendo detrás de los reclamos ciudadanos. Los poderes Ejecutivo y Judicial, muchas veces, no aplican normativas vigentes, como el artículo 41 de la Constitución: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) elaboró un informe donde analizó el impacto de los incendios intencionales: “La cuenca del Paraná y la zona del delta son uno de los ecosistemas más importantes para la salud ecológica de toda la región. En cada ciclo de quemas intencionales, que se suman a los desatados por el cambio climático, el gobierno tanto nacional como provinciales dejan al descubierto la falta de planificación y ordenamiento de la cuenca. La impunidad y la falta de fiscalización estatal del agronegocio y la construcción manejan el territorio de forma descontrolada, aun cuando las columnas de humo afectan con mayor incidencia a niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con problemas de salud”.
El informe del Ceso continúa: “En cada uno de estos ciclos de quema la reacción viene siendo la de la dilución de las responsabilidades y acciones, en acusaciones cruzadas entre jurisdicciones y el poder judicial. Los incendios descontrolados en la cuenca del Paraná continúan porque ningún ministerio, municipio, provincias, el Congreso y el Poder Judicial tiene por sí solo capacidad sobre el control territorial, y al mismo tiempo no coordinan ningún esfuerzo nacional para erradicar estas prácticas”.
¿Qué intereses?
Ricardo Gutiérrez es investigador del Conicet en la Universidad de San Martín (Unsam). Junto a su colega Isabella Alcañiz publicaron el libro La política distributiva de la protección ambiental en América Latina y el Caribe. En un artículo del Conicet, Gutiérrez sostuvo que la idea generalizada, sobre todo desde la perspectiva de la movilización social, es que los poderosos se benefician de la apropiación de los recursos naturales, que los sectores populares pagan los costos de la degradación ambiental y del cambio climático, y que el empresariado saca provecho de las protecciones estatales. “Las poblaciones afectadas a veces pueden construir coaliciones con capacidad para revertir decisiones estatales”, observó el docente universitario.
Según Gutiérrez, lo que está en juego son valores, intereses y estrategias de una variedad de actores sociales, económicos y estatales que tienen distintas formas de entender la relación Estado-naturaleza, poseen diferentes ideas sobre cómo resolver los problemas ambientales y buscan forjar alianzas (usualmente enfrentadas) que les permitan ver plasmadas sus ideas.
“La solución a los problemas ambientales nunca podrá ser exclusivamente científica o tecnológica. Los problemas ambientales son, ante todo, problemas sociales. Y la solución tendrá que ser política. Entender la confrontación de actores, valores e intereses que están en juego en cada caso es el punto de partida para combatir la degradación ambiental y su vínculo íntimo con la injusticia social”, destacó el investigador del Conicet.
En otra entrevista con la Agencia TSS (Tecnología Sur-Sur, la agencia de noticias de ciencia y tecnología creada por la Unsam), Gutiérrez dijo que la movilización social es importante pero que “con eso sólo no alcanza”. E insistió: “Si las personas que se movilizan no arman alianzas con gente dentro del Estado, no van a tener impacto. O sea, para poder tener impacto hay que poder revertir decisiones estatales, y ahí es cuando necesitan de esos aliados, para poder tener más chances de tener incidencia”.
Una ley no hace primavera
Frente a la emergencia ecológica, organizaciones, asambleas y movimientos ambientales y sociales de todo el país claman por una ley nacional que proteja los humedales, contra el fuerte lobby de empresas agroindustriales. Gracias a la creciente demanda de sectores importantes de la sociedad, el tema volvió a instalarse en la agenda del Congreso.
Sobre leyes ambientales, el informe del Ceso resaltó: “Aun una vez aprobadas en ambas cámaras, deben seguir caminos de años para poder ser reglamentadas, incorporadas a normativa local y fiscalizadas como corresponde, para poder tener resultados que reviertan los daños ecológicos y sociales acumulativos sobre el territorio”.
Y añadió: “Las políticas públicas efectivas de control y manejo del fuego son sistemas complejos que actúan de forma sinérgica: normativa ambiental, incentivos económicos, controles efectivos, la capacidad en el terreno, el financiamiento constante de los agentes de fiscalización y control, la capacitación a los agentes de justicia en el conocimiento ambiental en general y de incendios en particular, o los programas de educación y concientización comunitaria”.
“Adicción al dinero”
¿Cuál es el contexto actual en el que se da la problemática alrededor de los incendios en las islas del delta del Paraná? La zona núcleo agropecuaria atraviesa una de las peores sequías de las últimas décadas, con una crisis climática cada vez más evidente. Hay un sostenido avance del monocultivo de soja, con precios récord de los granos en el mercado internacional sobre todo a partir de la guerra Rusia-Ucrania. El denominado “dólar soja” fomenta el monocultivo. Hay más vacas en las islas, también, porque la cría de ganado es un negocio en expansión frente a un mundo que demanda alimentos.
En la trama de las quemas también hay disputas por el territorio, por el acceso a los alimentos que, con una inflación caníbal, se venden cada vez más caros, como la carne, casi un bien de lujo. Hay demandas por la soberanía sobre recursos naturales y estratégicos para el país, como la resistencia a la reprivatización de la vía fluvial Paraná-Paraguay o el reclamo para estatizar puertos del Gran Rosario. La economía está ceñida al acuerdo con el Fondo Monetario, con el interés de Estados Unidos sobre recursos nativos y su pelea geopolítica con China y Rusia.
Hay mayor desigualdad social. Y ahí entra en juego el modelo de acumulación económica. El dueño de la tierra de alto valor ecológico, como los humedales, sabe que transformar ese suelo en “productivo” mediante incendios intencionales le otorgará mayores ganancias económicas y no le importa el ambiente ni nada, ni su propia vida. Algo de esto dijo el presidente colombiano Gustavo Petro en su destacado discurso en Naciones Unidas, donde acusó al “poder mundial” de “declararle la guerra a la selva” por “adicción al dinero”, por la “compulsión ilimitada de tener”.
Fuente:ElEslabon
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