El Gobierno volvió a pedir “sensatez y flexibilidad” a las empresas y a los gremios
Sigue la negociación por el conflicto de los trabajadores del neumático
El gobierno nacional pidió “sensatez y flexibilidad” a las empresas productora de neumáticos y a los gremios del sector resolver el conflicto desatado en los últimos días y consideró que si el tema no se resolvió hasta a hora “no fue porque las empresas estén en una situación económica complicada, sino por otros factores”, que no detalló.
Por su parte, Javier Madanes Quintanilla, propietario de Fate, volvió a cargar las tintas sobre el SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino), al sostener que el reclamo no tiene solo una pata económica sino más bien un trasfondo “ideológico” sobre “cómo se maneja un proceso productivo”. “Esto es peligroso”, interpretó.
"El Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer"
La posición de la Casa Rosada sobre el conflicto que lleva cinco y que en los últimos días paralizó la producción de neumáticos en las principales plantas del país fue dada a conocer a horas de la 35º reunión que ambas partes mantendrán en el Ministerio de Trabajo.
“El Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer: sentar a las partes a una mesa”, dejó claro la portavoz para neutralizar las interpretaciones que, tras las declaraciones del ministro Sergio Massa, sugirieron que el Poder Ejecutivo tomó partido en favor de las empresas del sector.
La vocera no reiteró la advertencia de Massa de abrir las importaciones de neumáticos en caso de que el conflicto no se solucione y transmitió un mensaje a ambas partes: "Pedimos sensatez y flexibilidad a todos los sectores involucrados” para encontrar una salida “no solo la discusión salarial sino también en la cuestión sobre las condiciones laborales".
No obstante, sugirió que la falta de acuerdo entre los representantes de los gremios y de las compañías no están atadas solo una cuestión económica. “El conflicto no tiene falta de resolución porque las empresas estén en una situación económica complicada, sino por otros factores”, deslizó.
Las empresas apuntan contra el sindicato
Para Madanes Quintanilla, el dueño de Fate, quien junto con los representantes de Pirelli y Bridgestone, volverá a verse las caras con los gremios esta tarde, sostuvo que lo que se visibilizó en los últimos días “no es un conflicto de características salariales sino que tiene otras connotaciones”.
“Este gremio tiene una visión donde termina metiendo conceptos de tipo ideológico y poniendo el palo en la rueda de la actividad productiva de mil maneras distintas que me parecen desacertadas y que conllevan a consecuencias terribles”, advirtió.
Sin embargo, el reclamo de los trabajadores del sector es eminentemente salarial. Piden mejoras en las condiciones de pago a las horas trabajadas los fines de semana y un plus a la última paritaria que mejore el acuerdo vigente. Las empresas, por su parte, ofrecieron una suba del 38 por ciento.
“Las empresas siempre han estado dispuestas a presentar ofertas salariales que estén por encima de la evolución del índice inflacionario -aseguró el patrón durante una entrevista por Radio 10-. Pero el peligro de este conflicto se acrecienta porque lo que estamos discutiendo es cómo se maneja un proceso productico y cómo se generan improductividades. Si esto no se resuelve de una manera racional, va a arrastrar a problemas mayores.”
Madanes Quintanilla ratificó la “disposición absoluta” de los empresarios para de resolver este conflicto y cuestionó a la dirigencia del SUTNA por “emplear metodologías que no ayudan a la paz y a la economía en la argentina”.
“Tenemos que tener una negociación ordenada y comprometida, y entender que no podemos resignar competitividad eficiencia y racionalidad”, insistió
La procesaron por supuesto uso irregular de aviones oficiales
El juez Mariano Llorens propuso hacerle juicio político y detener a Cristina Kirchner
Junto con los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, Llorens confirmó un procesamiento contra la vicepresidenta que había dictado el juez Claudio Bonadio. Pero el presidente de la Cámara Federal fue por más: pidió avanzar contra CFK e hizo una arenga para investigar el "daño estructural generado" por los gobiernos kirchneristas.
Cuando llevaba la causa de los “cuadernos”, Bonadio usó determinadas declaraciones para armar una nueva causa contra CFK. En esa oportunidad decía que la expresidenta había usado los aviones presidenciales para trasladar diarios y muebles al sur del país. Por este hecho, CFK tuvo que declarar en la jornada maratónica que incluyó ocho indagatorias.
El juez la procesó por peculado y la Cámara Federal lo convalidó parcialmente al tiempo que rechazó anular todo lo actuado por Bonadio —porque había sido el mismo juez quien denunció a CFK y luego evaluó su conducta—. En mayo pasado, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal —con los votos de Alejandro Slokar y Carlos Mahiques— anuló la resolución de la Cámara y ordenó que se volvieran a analizar los planteos de la vicepresidenta.
Los tres integrantes de la Sala I —llegados todos al tribunal durante el macrismo— insistieron en confirmar el procesamiento de CFK. Sin embargo, dijeron que no correspondía procesarla por el envío de diarios o resúmenes que hacía la Secretaría de Prensa porque era parte de su tarea como presidenta. Solo sostuvieron el procesamiento por el supuesto envío de muebles o de ropa blanca.
A Oscar Parrilli, Bonadio lo había procesado en su calidad de secretario general de la Presidencia y porque, como tal, era su responsabilidad el presupuesto para la flota de aviones y el manejo de la Casa Militar. En su caso, la Cámara Federal le dictó falta de mérito y le ordenó al juez que tiene el caso que continúe con la pesquisa.
Lo singular del fallo fue el tono que empleó Llorens, que no omitió ningún tipo de “reproches” e hizo consideraciones sobre un “esquema de corrupción estatal”, bastante a tono con la acusación que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hicieron en el juicio de la obra pública en Santa Cruz, donde pidieron que se condene a CFK a doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Llorens no evitó involucrar a los hijos de la expresidenta en la resolución —que no son parte de la investigación—. “Tanto ella, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional”, escribió. Si bien dijo que el traslado de diarios no ameritaba un reproche penal, sí uno ético y se despachó con una serie de disquisiciones que derivaron en sugerirle al juez que tiene el expediente —Sebastián Casanello— que evalúe si CFK no puede obstaculizar la investigación y, por ende, no debe evaluarse su detención.
El camarista no se ató al mástil del expediente, sino que pidió ver otras causas e incluso mencionó hechos de “público conocimiento” a la hora de evaluar la conducta de CFK. “Tampoco puede desconocerse que una perspectiva integral y conjunta de todos esos expedientes pusieron en evidencia la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, instaurado entre 2003 y 2015 con distintas manifestaciones”, sostuvo sin especificar cuál fue la revisión integral y conjunta que menciona.
Llorens dijo que su voto pretendía ser una “orientación” para solucionar el “daño estructural generado” por hechos como los que se investigan en ese expediente. “Evidenciaron un quiebre permanente de la prudencia, la mesura y la austeridad como guías indiscutibles del comportamiento que deben asumir aquellos a quienes les es confiado el ejercicio de la función pública, y cuyos orígenes pueden reconocerse en nuestra gesta revolucionaria, reveladora de un enérgico repudio por la ambición”, escribió sin refrenarse. “Frente a ellos es nuestra obligación, la de los jueces, pronunciar esa verdad y revelar la real dimensión de los hechos que conocemos en el ejercicio de nuestro rol”, reclamó.
En Comodoro Py —que no suelen asombrarse por casi ningún fallo—, varios colegas de Llorens llamaban la atención sobre el tono incendiario. "Una resolución así no deja bien parado a nadie", evaluaba un magistrado que no puede ser encasillado por ningún tipo de simpatía con el Frente de Todos.
Antes de firmar esta resolución, Llorens rechazó unificar la investigación sobre Revolución Federal —el grupo que reclama “bala para el kirchnerismo” y lleva guillotinas y antorchas a sus protestas— con la del intento de asesinato a CFK. En julio, junto a sus dos colegas, sobreseyó a Macri considerando que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espió a los familiares de víctimas del ARA San Juan, pero que lo hizo porque estaba en juego la seguridad presidencial e interior. En diciembre del año pasado, había dicho que los espías macristas fueron cuentapropistas y que no hubo un plan sistemático de espionaje durante la gestión Cambiemos, rechazando ver los casos en su conjunto como pregona ahora con CFK.
A partir de los mensajes en el celular de Brenda Uliarte
Atentado a Cristina Kirchner: la pista del dinero y las líneas de investigación que se abren
Los abogados de Cristina Kirchner le pidieron a la jueza María Eugenia Capuchetti que profundice la investigación sobre la hipótesis de que Fernando Sabag, Brenda Uliarte y el resto del grupo que intervino hayan recibido dinero para matar a la vicepresidenta. La suspensión de la declaración de Joana Colman.
Los abogados de Cristina Kirchner le pidieron este miércoles a la jueza María Eugenia Capuchetti que profundice la investigación sobre la hipótesis de que Fernando Sabag, Brenda Uliarte y el resto del grupo que intervino aquel 1 de septiembre hayan recibido plata para matar a la vicepresidenta. Pero, además, en el celular de Uliarte se encontraron mensajes de una persona a la que tiene agendada como David y que le menciona “hago espionajes y se los paso a la embajada de estados unidos" (sic). Por los primeros indicios, David sería sólo un consumidor de prostitución que alardeaba con Uliarte. Pero, igual, amerita que se confirme en el expediente. La idea de que hubo un pago surge de varios chats que ya están en la causa. Por ejemplo, el 15 de agosto, medio mes antes de la tentativa de homicidio, Sabag escribió: “Yo quisiera hacerme el vendedor de copos y meterle un corchazo. Yo a ella la trato de bajar, pero a mi me importa la plata”. Y, como adelantó Página/12, hay un mensaje de Joa (Joanna Colman) en el que sostiene “sé que lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro año ponele que sale y sale re acomodado mal eh. A ver, como les vuelvo a repetir, uno por plata se vende”. Joana iba a ser citada como testigo este miércoles, pero los letrados de CFK se opusieron porque consideran que se la debe investigar como partícipe. La declaración fue suspendida.
Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, abogados de la expresidenta, estuvieron en el juzgado de Capuchetti al promediar la jornada y presentaron un escrito con una hipótesis que, en realidad, no es nueva. El texto se mantiene en reserva, pero la agencia Telam difundió algunos párrafos. Ya la propia CFK dijo que el grupo de los que vendían copos de nieve eran autores materiales, pero de ninguna manera son los que pusieron en marcha el plan. El escrito de los letrados enfatiza que hay que avanzar sobre la pista del dinero y también, por lo que surge de un diálogo, sobre la posibilidad -parece remota- de que haya una mano extranjera en el atentado.
Los elementos señalados por Aldazábal y Ubeira incluyen la siguiente secuencia:
* ”Yo quisiera hacerme vendedor de copos y meterle un corchazo”, menciona Sabag. Es una demostración más de que la cuestión de la venta de copos no era para ganar dinero, sino una pantalla para hacer inteligencia y perpetrar el ataque.
* En la misma conversación del 15 de agosto, Sabag dice: “Yo a ella la trato de bajar (refiriéndose a Uliarte), pero a mi me importa la plata, si nos compran o le dan un laburo, ya está salvada, bienvenido sea”. O sea, Sabag está diciendo que Uliarte está obsesionada con matar a CFK pero que él lo haría por dinero.
* Como ya publicó este diario, está el mensaje de Joa: “Sé que lo hizo por plata, por acomodo”. En ese chat, posterior al ataque, Joana tambien dice que, cuando salga en libertad, imagina que en cuatro años, va a estar salvado.
* Y hay un diálogo, que también consta en la causa, entre Uliarte y una persona agendada como David. También es posterior al ataque y poco antes de la detención de la chica. Ella pregunta. “¿Sos poli de la DEA? (por la agencia antidrogas de EE.UU.). “Hago espionajes y se lo paso a la embajada de Estados Unidos. Nada más”. En este chat, está claro que Uliarte ya sabía que el tal David venía alardeando sobre su vínculo con la delegación de Washington, pero en el juzgado -tras una averiguación- afirman que “es un (Marcelo) D’Alessio de cuarta categoría. Era básicamente un consumidor de prostitución”.
Reclamo de celeridad
Más allá de las hipótesis, los abogados de CFK parecen reclamar que se profundice la investigación. Es decir, que hay numerosas pistas, muchos informes, pero es necesario aclarar -cuando está por cumplirse un mes del ataque- cuáles son las hipótesis vigentes y cuáles deben ser descartadas.
Todo indica que el grupo o parte de sus integrantes estuvieron en la esquina de Uruguay y Juncal varios días antes del ataque. No se sabe exactamente quiénes hicieron ese trabajo de inteligencia. Está claro, por ejemplo, que el 28 de agosto, estuvieron Sabag, Uliarte y hablaban con otro individuo de gorro y barbijo. Ese sujeto no está identificado.
Como adelantó en su momento Página/12, se perdió el contenido del celular de Sabag. Por alguna razón se reseteó. El juzgado resolvió que la Gendarmería realice el peritaje, pero el Samsung no se tocó, porque suponen que un manoseo inadecuado podría complicar todavía más la obtención de los datos. El problema es que pasa el tiempo y no se le encuentra el camino de salida a esta evidencia decisiva.
Hay una cuestión que va en el sentido de la presentación de Ubeira y Aldazábal: un diálogo entre Sabag y Uliarte sobre el alquiler de un departamento en Recoleta, enfrente de donde vive CFK, con el objetivo de dispararle desde allí. En ese chat mencionan incluso que tenían que pagar la seña. Todo es inexplicable si se mira que ambos vivían en un monoambiente en San Martín, es decir que ese alquiler, aunque fuera temporario, no se condice para nada con el dinero que tenían. Nuevamente se plantea el financiamiento.
Los mensajes de Joa
En los mensajes del celular de Uliarte llaman la atención los de Joa, Joanna Colman, que parece tener autoridad y otro nivel de análisis. El mensaje en el que afirmó “sé que lo hizo por plata” motivó su convocatoria a declarar. La jueza la citó como testigo y los abogados de CFK le plantearon que, por los textos, hay que investigar su rol en el grupo y el atentado. Es que, además, Joa les va dando instrucciones y tiene un nivel de información superior sobre lo que declaró o no declaró Sabag tras ser detenidos. La jueza Capuchetti resolvió este miércoles suspender la declaración. Todavía no se conoce qué va a decidir la magistrada, pero el escrito de Aldazábal y Ubeira insiste en revaluar todas las pruebas: hay que avanzar en el análisis sobre la ubicación de cada uno en lo que fue el plan de matar a CFK.
Autores intelectuales
Por supuesto que el punto neurálgico es, como lo llamó CFK, la cuestión de los autores intelectuales. En ese terreno, hay varias posibilidades:
* Está claro que actuó un grupo de odiadores, marginales, neonazis, antisemitas, furibundos adversarios del peronismo y el kirchnerismo.
* No se vislumbra una gran estructura, algo que se percibe por el arma usada, antigua y en relativo mal estado. Además, por el nivel de vida que llevaban los protagonistas, incluyendo prostitución, venta de imágenes eróticas y otras actividades similares.
* Sin embargo, eso no quita para nada que alguien los haya influido. Por ejemplo, con el razonamiento de que “estos muchachos nos sirven, nos sirve que vayan a escrachar a Sergio Massa, a la Casa Rosada, a actores, a legisladores, al Instituto Patria”.
* En ese marco, podrían haberlos influido inyectándoles todavía más odio y sugiriéndoles aún mayor violencia. Y, además, aportándoles algún financiamiento.
* No aparecieron hasta ahora elementos que los vinculen nítidamente con Revolución Federal, pero existe un hecho objetivo: Uliarte estuvo en aquella marcha violenta de las antorchas. Además, hay una concordancia muy notoria en las consignas y hasta en las menciones que apuntaba a matar a CFK. Finalmente está el enigmático pago de 1.700.000 pesos que recibió Jonathan Morel en su carpintería, por parte del Grupo Caputo.
* En los tribunales de Comodoro Py, sin embargo, sigue primando la idea de investigar la tentativa de homicidio como si hubiera ocurrido contra cualquier persona. Al menos por ahora se le sacó al expediente y al procesamiento, el contenido político, desestabilizador, de ataque a las instituciones democráticas. A semejante enfoque se agregó la decisión del camarista Mariano Llorens de que el atentado y Revolución Federal se investiguen por separado.
Habrá que ver qué impacto tiene el escrito presentado por Ubeira y Aldazábal en el proceso judicial. No se pueden descartar nuevas detenciones y medidas para profundizar la investigación. El sábado se cumple un mes de esa imborrable imagen de Sabag apretando el gatillo a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner. Lo que hubo detrás, aún no se conoce.
Ya hay 25 colegios porteños tomados y denuncian persecución a las familias
Tomas de escuelas: El repudio a la persecución de estudiantes y familias
¿Ya fue a tu casa a la policía? Era la inédita pregunta que el miércoles circulaba por los grupos de familias de diferentes escuelas porteñas. Llamados a abogados, fiscalía, defensorías, presentaciones, se sucedían entre dudas, temores, advertencias, tras la respuesta que decidió dar el Gobierno porteño a los reclamos estudiantiles que dieron pie a las 25 tomas de colegios que se contabilizaban al cierre de esta edición. Lejos de abrir las demandadas instancias de diálogo, desde el Ministerio de Educación porteño la respuesta fue pasar al plano de la judicialización y el amedrentamiento. Se vieron patrulleros estacionados frente a las escuelas, se denunciaron camionetas sin patente y personal que se negaba a identificarse. Las familias recibieron acusaciones penales, apelando al Código Contravencional de la Ciudad, y aunque no es posible tener un número final, los abogados calculan "cientos" de notificaciones que llegaron a las familias entre la noche del martes y a lo largo del miércoles, en forma exprés: con la Policía de la Ciudad llegando en patrulleros, casa por casa. Se sumó a la inédita presentación civil hecha por el martes la ministra Soledad Acuña a través de la Procuradoría General, que calcula costas millonarias por día de toma de los hijos.
"Una locura jurídica", sintentizó Diego Morales, del Cels, el tenor del planteo. "Un escándalo persecutorio que está teniendo el efecto contrario al buscado", calificó María del Carmen Verdú, que con la Correpi está asumiendo algunas defensas. Desde la comunidad educativa denuncian una "estrategia de amedrentamiento y persecución", mientras se suceden abrazos como el que ayer se hizo, con gran concurrencia, en el Mariano Acosta, y el que se anuncia para hoy al mediodía en el Lengüitas.
Relatos policiales
Los padres y madres de diferentes escuelas relatan la nutrida presencia policial frente a las escuelas, durante las tomas, con oficiales requiriendo algo que denuncian como ilegal: datos personales a los menores. Tanto en el Acosta como en la Escuela de Teatro Niní Marshall, se reportaron también camionetas sin patente en la puertas de las escuelas y alrededor de la manzana. Al ser requerida la identificación por los padres en la Niní Marshall, se presentaron como "del Consejo de Menores", pero los ocupantes se negaron a identificarse.
A los chicos y chicas el personal policial les preguntaba, según pudo recabar Página/12, sus nombres y edades, nombres de directivos y docentes que estaban o habían estado junto a ellos en las tomas, motivos de la protesta, horario en que había comenzado. Bien asesorados, en todos los casos que documentó este diario los menores se negaron a dar esos datos, aunque relatan el temor que provocó el insisitente requerimiento policial en las puertas de los colegios.
La insistencia se trasladó luego a las casas de les chiques, para notificar a los padres que recaía sobre ellos una contravención.... por el hecho de ser padres. El inédito delivery de imputaciones comenzó el martes por noche y siguió durante el miércoles. Si, por ejemplo, iban por la noche y no los encontraban, pedían horarios, volvían a primera hora de la mañana siguiente, tocaban timbre a los vecinos para anunciar que la familia en cuestión estaba siendo notificada penalmente. "En mi caso sentí que fue a propósito. No sé si pensaron que me estaba escondiendo pero, como no me encontraron, tocaron todos los timbres del PH para avisarles a los vecinos que habían pasado por mi casa. Una especie de escrache vecinal", interpreta Martín, padre del Lengüitas.
"Me preguntaron si sabía lo que estaba haciendo mi hija, ¡qué tremendo!", cae en la cuenta Laura, madre del Liceo 5. "Yo les dije que por supuesto, que lo sabía y que la apoyaba. De alguna forma los estaba esperando porque en el grupo de padres ya varios habían contado que fueron. Pero no dejó de ser intimidante y amenazante, más con esa pregunta de arranque. Me puse re nerviosa, cuando se fueron me quedé temblando. Tal como me recomendaron, grabé todo lo que el oficial me leyó. Y enseguida me puse en contacto para ver si hacemos una respuesta colectiva o individual".
Las familias se fueron asesorando con el transcurso de las horas: recibir las comunicaciones, no negarse a firmar, no minimizarlas más allá de que no tengan un asidero jurídico que las sostenga a futuro, averiguar sobre el expediente con el número de causa, recurrir a la Defensoría General o a un abogado particular que los patrocine.
"Esperando. O desesperando", relata Martín Smud que están como familia en este mismo momento. Hizo un relato en este diario con el que cientos de famlias hoy se sienten identificadas: "La policía todavía no pasó por casa", lo tituló. Repasa la "desesperación", de las primeras horas. "Qué hacer, qué no hacer, cómo... Lo que están haciendo Larreta y Acuña es increíble pero uno tiene que asesorarse, creo que debo haber recibido 500 WhastApp por hora. Como grupo de familias del Lengüitas barajamos distintas posibilidades y en principio la idea es una presentación conjunta", cuenta.
Las denuncias y las demandas
Que las viandas que entrega el Gobierno porteño alcancen para todes y que se puedan comer (ver nota aparte). Que no se caigan los techos en las aulas, como muestran en fotos los estudiantes de la Niní Marshall, ni las persianas a la calle, como ocurrió recientemente en el Acosta. Que el presupuesto educativo de la ciudad más rica del país no disminuya año a año. Que las reformas no sean inconsultas. Que cuando se imponen "prácticas laborales" obligatorias y no remuneradas, eso no se traduzca en ir a lavar platos a un hotel, servir café o envolver sanguchitos, como contó Página/12 que está ocurriendo. Son algunas de las demandas de les estudiantes que, en todos estos días de conflicto instalado, y a pesar de que el tema de "las tomas" ha pasado a primer plano en la agenda informativa, han quedado llamativamente fuera de foco. La ministra Soledad Acuña no ha tenido ni siquiera que molestarse en negar los reclamos; simplemente, la atención estuvo puesta en la criminalización de las tomas.
A las familias se las notifica de una contravención que estarían protagonizando sus hijes: La número 60, que refiere a ocupar lugares públicos o privados sin autorización. "El sinsentido empieza en el hecho de que las escuelas no tienen derecho de admisión, y sigue por que los menores de 18 años no se les puede imputar una contravención. Y son sujetos de derecho, no mascotas por las que deben responder sus familiares", describe Morales.
En su mirada las familias son puestas en "una situación dilemática: o enfrentan una situación crítica como es un proceso penal --más allá de que no tenga asidero, el planteo es ese--, o deben desistir de un reclamo válido, en este caso, el que protagonizan sus hijos". "Todo esto es realmente una locura, la única intención de esta estrategia es generar un efecto inhibidor en los reclamos de niñas, niños y adolescentes", concluye.
La pregunta por cómo se obtuvieron los datos de los familiares, con direcciones actualizadas, aparece también. "Son datos que tiene el Ministerio, lo llamativo es que no se han equivocado, en todos los casos llegaron a familias cuyos hijes estaban en la toma. Sabemos que si de algo entiende la Ciudad, es de inteligencia, así que no nos sorprende", responde Verdú. "Si querían bajarle los decibeles a la cuestión, yo creo que están fallando. Si había algúna mamá o un papá que estaba pensando en desalentar la toma, con la indignación que esto provocó, pasó a apoyarlo".
Los siete temas que se debatieron en Olivos
La trastienda de la reunión entre Alberto Fernández y Pablo Moyano tras la amenaza de ruptura de la CGT
El líder de Canillitas, Omar Plaini, que participó del encuentro, contó los detalles de la reunión. Además, estuvieron presentes el secretario adjunto de SMATA, Mario "Paco" Manrique; y el titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey.
El presidente Alberto Fernández cenó este miércoles en la residencia de Olivos con el triunviro de la CGT y secretario general de Camioneros, Pablo Moyano. El encuentro se concretó en medio de sus rumores de salida por sus marcadas diferencias con el resto de los sectores de la Confederación. Junto a Moyano estuvieron presentes el titular del sindicato de Canillitas, Omar Plaini; el secretario adjunto de SMATA, Mario "Paco" Manrique; y el titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey.
El encuentro se pactó tras la amenaza de Moyano de abandonar la cúpula sindical. El líder de Camioneros marcó su disgusto de haber sido excluido de la cena que Fernández compartió el lunes con parte de los dirigentes de la "mesa chica" de la CGT. Consultado por AM750, el titular de Canillitas, Plaini, confirmó que la cena fue pactada entre el Presidente y el secretario general de la CGT con el objetivo de distender el vínculo, en medio de tensiones y rumores de salida de la central obrera.
Qué hablaron Pablo Moyano y Alberto Fernández
En el encuentro se conversaron, según explicó Plaini, siete temas centrales. El primero fue el reclamo por una ampliación del universo de beneficiarios del salario familiar. Además, los sindicalistas y el Presidente hablaron sobre los salarios y la inflación. Al respecto, pidieron por un bono o aumento de suma fija para “achicar la asimetría laboral”.
Por otra parte, solicitaron una actualización del salario mínimo, la actualización del piso del llamado impuesto a las ganancias y un nuevo aumento para las jubilaciones.
En líneas más generales, Moyano le pidió al Gobierno que use las herramientas del Estado para reforzar el control de precios. “Hay una exageración permanente de los formadores de precios”, comentó Plaini que le plantearon al Presidente.
Finalmente, se debatió el conflicto que atraviesa el sector del neumático. Sobre este tema, marcaron posición y se distanciaron de Massa: “No creemos que la solución sea abrir las importaciones”.
En cambio, cargaron tintas contra el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y aseguraron que es su cartera la que tuvo durante 35 días la posibilidad de resolver el conflicto y no lo hizo.
“Nos fuimos con la expectativa de abordar y resolver esos temas. Más allá de todo lo que hablamos, siempre está la expectativa sabiendo el contexto y la situación en la que estamos”, explicó Plaini sobre el resultado del encuentro.
Y dijo: “Insistimos en que el Gobierno tiene que poner en práctica sus herramientas, tiene que haber un Estado regulador para que el mercado no gane la partida”.
“Lo que vivimos entre 2015 y 2019 no lo podemos volver a vivir. Lo que escuchamos de la oposición, eso no trae nada bueno para el hombre y la mujer que trabaja”, finalizó.
29.09.2022 / En conferencia de prensa
El Gobierno confirmó que estudia implementar un bono para dos millones de personas
Tras conocerse ayer que bajó la pobreza pero subió la indigencia de la mano de la fuerte inflación de los alimentos, Gabriela Cerruti aseguró que se analiza la posibilidad lanzar un bono para las personas que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos.
"No hay un anuncio en los próximos días pero es un tema que está en evaluación y tratamiento", afirmó la funcionaria en su habitual conferencia de prensa, acerca de una medida que viene reclamando un sector del Frente de Todos y que pareció ser a lo que apuntó la vicepresidenta Cristina Kirchner anoche a través de Twitter luego de que se conociera el dato del INDEC.
El organismo estadístico difundió ayer que el índice de pobreza descendió respecto al cierre del 2021, que alcanzó el 37,3%. Pero la indigencia llegó al 8,8% en los primeros seis meses del 2022, una suba respecto a fines del 2021 que fue de 8,2%. En la medición internual, bajó frente al 10,7% del primer semestre del año pasado.
En ese contexto, Cerruti ratificó el "compromiso de todo el Gobierno para que los salarios crezcan" y remarcó la "necesidad imperiosa del fortalecimiento del poder adquisitivo" de los sueldos.
Afirmó asimismo que tanto el presidente Alberto Fernández como CFK y el ministro de Economía, Sergio Massa, coinciden en la mirada respecto de la evolución económica y la necesidad de mejorar el poder de compra de los argentinos, ya que pese a que la industria crece y el desempleo baja, los bolsillos siguen golpeados por la incesante inflación.
En rueda de prensa en Casa de Gobierno, la portavoz dijo que tanto Alberto como Cristina y Massa "hablan permanentemente de estos temas y todos acordamos con ese diagnóstico".
"El crecimiento del trabajo y el empleo lo están viendo, pero si estos números no van acompañados de una reducción de la inflación no terminan impactando en el poder adquisitivo de las familias. Eso es prioridad para el gobierno", aseveró la funcionaria en la rueda de prensa.
29.09.2022 / DIPUTADOS
Qué dice el proyecto para capacitar a funcionarios “contra el discurso de odio”
La iniciativa fue presentada por el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés y apunta a los tres poderes del Estado. Se trata de propiciar "lineamientos que incorporen dimensiones de sensibilización y de transmisión de conocimientos".
La iniciativa de Valdés apunta a capacitar a los tres poderes del Estado y, puntualmente al Ejecutivo a propiciar la capacitación de funcionarios del Estado contra el odio con "lineamientos que incorporen dimensiones de sensibilización y de transmisión de conocimientos".
"Fomentadores de odio hay en todos lados. Tenemos que capacitarnos contra el odio que se nos quiere imponer", sostuvo el diputado porteño.
La propuesta consta de nueve artículos en los que se dispone "la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la temática contra el odio, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación". Asimismo, busca garantizar "la participación de organizaciones civiles especializadas en la materia y de la sociedad civil" en el proceso de formación de los funcionarios públicos.
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