LESA HUMANIDAD
El juicio "La Noche del Mimeógrafo" continuó con el alegato de las defensas
Los representantes legales de los acusados de secuestrar y torturar a estudiantes que repartían volantes en 1976 en Concepción del Uruguay alegaron la "inocencia" de sus defendidos.
21-10-2022
Una nueva audiencia del tercer juicio de la causa conocida como "La Noche del Mimeógrafo" se desarrolló este viernes en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, donde se escucharon los alegatos de las defensas de los dos expolicías acusados de secuestrar y torturar a estudiantes que repartían volantes en 1976.
La audiencia comenzó pasadas las 9 con el alegato del abogado José Ostolaza, que representa al expolicía Jorge Alberto Rodríguez, alias "el Manchado".
El letrado alegó la "inocencia" de su defendido y argumentó que se "han citado fallos erróneamente" en la causa.
"Porque sea un juicio de lesa humanidad, los derechos constitucionales no ceden", dijo el abogado y sostuvo que "se acusa de un hecho gravísimo sin analizar los estándares probatorios en la materia" por lo cual adelantó que la defensa "pedirá la nulidad" de lo actuado en caso de que se condene a Rodríguez.
Por otra parte, alegó que "nadie reconoció" a su defendido, "por lo cual no se puede atribuir responsabilidad directa y tampoco a través de los indicios".
"No hubo rueda de reconocimiento", lanzó el letrado, sumó que "el apellido Rodríguez está vinculado también a otras personas que estuvieron en ese lugar" y dijo: "Quisiera que alguno de los señores fiscales o querellantes hubieran pedido una fotografía para constatar la participación de mi defendido".
Ostolaza también afirmó que Rodríguez "hasta el año 87 fue cabo, es decir que desde el 75 hasta el 87 fue agente" y se preguntó entonces "¿dónde estaba el premio que decían que daban en la lucha contra la subversión?".
"No tuvo ascenso, no realizó cursos, no tuvo ninguna felicitación", remarcó el letrado.
Como acusado figura también el expolicía retirado Luis Oscar Varela, alias "el Cordobés" quien participó de la audiencia de en forma virtual desde Córdoba, donde se encuentra en detención domiciliaria, y lo hizo por videoconferencia al igual que sus representantes legales.
También estuvieron presentes el abogado de la querella, Marcelo Boeykens, y los abogados de Varela, Marcos Juárez y Rodolfo Maccari, quienes alegaron del mismo modo, sobre la "inocencia" de su defendido, luego de que ayer la fiscalía pidió una pena de 10 años para los dos imputados, y la querella de 15.
El abogado de Rodríguez afirmó hoy que "la querella nunca se refirió a las pautas mesuradoras" de la pena, y se refirió a la "calidad de funcionario público, elementos que ya están contenidos en el tipo del artículo 44 bis, con lo cual no pueden servir para fundar una pena tan gravosa".
A su turno, Juárez, el abogado de Varela, dijo compartir con la querella y con la fiscalía que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles" pero "no se ha podido solventar la participación responsable que se le pretende adjudicar a mi defendido".
"La prueba presentada no alcanza para desvirtuar el principio constitucional del in dubio pro reo", alegó Juárez en referencia al principio jurídico de que en caso de duda, se favorecerá al imputado o acusado.
"Es imperativo absolver al acusado en caso de duda", insistió Juárez y afirmó que existe un análisis "parcial en la acusación porque no se tuvieron en cuenta factores fundamentales al momento de determinar la credibilidad de los testigos".
Al momento de las réplicas, la fiscalía no hizo uso de su derecho, en tanto, Boykens, por la querella, le respondió a Juárez, que en el testimonio de los testigos "todas las disposiciones existentes fueron cumplidas".
También remarcó que los reconocimientos de los imputados "no fueron por una prueba implantada y sugerida sino que fue un proceso donde los testigos fueron hablando entre ellos y lo dijeron" y que se trató de "una asociación ilícita".
El Tribunal a cargo del juicio está integrado por María Emilce Rojas, José María Escobar Cello y Mario José Gambatorta.
A la vez, Juan Carlos Romero, Carlos Zenit, José Pedro Peluffo, que pertenecían al centro de estudiantes de la UES en el Colegio Nacional Justo José de Urquiza, y Víctor Baldunciel, que había egresado recientemente de esa institución, también fueron detenidos ilegalmente.
Todos ellos tenían entre 17 y 19 años en aquel momento y fueron llevados al centro clandestino de detención que funcionó en la Delegación de la Policía Federal de la ciudad Concepción del Uruguay, donde fueron torturados durante dos semanas.
Al mismo tiempo, los integrantes de la juventud de políticas Darío Morend, que era referente de la Juventud Peronista (JP), Horacio Valente, simpatizante del Partido Auténtico, y Carlos Martínez Paiva, militante de izquierda, fueron torturados en el mismo lugar junto al maestro Mario Maffei, que compartía reuniones con el grupo Morend; Valente y Martínez Paiva fueron luego trasladados a la cárcel de Coronda, en Santa Fe, y recuperaron la libertad a fines de 1978, mientras que el resto quedó en "libertad vigilada".
Los hechos sucedidos fueron conocidos como "La Noche del Mimeógrafo" porque todos los detenidos fueron torturados para saber la ubicación del artefacto que se había utilizado para imprimir los volantes que denunciaban a la dictadura de Jorge Rafael Videla.
La audiencia comenzó pasadas las 9 con el alegato del abogado José Ostolaza, que representa al expolicía Jorge Alberto Rodríguez, alias "el Manchado".
El letrado alegó la "inocencia" de su defendido y argumentó que se "han citado fallos erróneamente" en la causa.
"Porque sea un juicio de lesa humanidad, los derechos constitucionales no ceden", dijo el abogado y sostuvo que "se acusa de un hecho gravísimo sin analizar los estándares probatorios en la materia" por lo cual adelantó que la defensa "pedirá la nulidad" de lo actuado en caso de que se condene a Rodríguez.
Por otra parte, alegó que "nadie reconoció" a su defendido, "por lo cual no se puede atribuir responsabilidad directa y tampoco a través de los indicios".
"No hubo rueda de reconocimiento", lanzó el letrado, sumó que "el apellido Rodríguez está vinculado también a otras personas que estuvieron en ese lugar" y dijo: "Quisiera que alguno de los señores fiscales o querellantes hubieran pedido una fotografía para constatar la participación de mi defendido".
Ostolaza también afirmó que Rodríguez "hasta el año 87 fue cabo, es decir que desde el 75 hasta el 87 fue agente" y se preguntó entonces "¿dónde estaba el premio que decían que daban en la lucha contra la subversión?".
"No tuvo ascenso, no realizó cursos, no tuvo ninguna felicitación", remarcó el letrado.
Como acusado figura también el expolicía retirado Luis Oscar Varela, alias "el Cordobés" quien participó de la audiencia de en forma virtual desde Córdoba, donde se encuentra en detención domiciliaria, y lo hizo por videoconferencia al igual que sus representantes legales.
También estuvieron presentes el abogado de la querella, Marcelo Boeykens, y los abogados de Varela, Marcos Juárez y Rodolfo Maccari, quienes alegaron del mismo modo, sobre la "inocencia" de su defendido, luego de que ayer la fiscalía pidió una pena de 10 años para los dos imputados, y la querella de 15.
El abogado de Rodríguez afirmó hoy que "la querella nunca se refirió a las pautas mesuradoras" de la pena, y se refirió a la "calidad de funcionario público, elementos que ya están contenidos en el tipo del artículo 44 bis, con lo cual no pueden servir para fundar una pena tan gravosa".
A su turno, Juárez, el abogado de Varela, dijo compartir con la querella y con la fiscalía que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles" pero "no se ha podido solventar la participación responsable que se le pretende adjudicar a mi defendido".
"La prueba presentada no alcanza para desvirtuar el principio constitucional del in dubio pro reo", alegó Juárez en referencia al principio jurídico de que en caso de duda, se favorecerá al imputado o acusado.
"Es imperativo absolver al acusado en caso de duda", insistió Juárez y afirmó que existe un análisis "parcial en la acusación porque no se tuvieron en cuenta factores fundamentales al momento de determinar la credibilidad de los testigos".
Al momento de las réplicas, la fiscalía no hizo uso de su derecho, en tanto, Boykens, por la querella, le respondió a Juárez, que en el testimonio de los testigos "todas las disposiciones existentes fueron cumplidas".
También remarcó que los reconocimientos de los imputados "no fueron por una prueba implantada y sugerida sino que fue un proceso donde los testigos fueron hablando entre ellos y lo dijeron" y que se trató de "una asociación ilícita".
El Tribunal a cargo del juicio está integrado por María Emilce Rojas, José María Escobar Cello y Mario José Gambatorta.
Los hechos
El 19 de julio de 1976 fueron secuestrados por un grupo de tareas César Román, Roque Edmundo Minatta y Juan Carlos Rodríguez, estudiantes secundarios la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, que militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).A la vez, Juan Carlos Romero, Carlos Zenit, José Pedro Peluffo, que pertenecían al centro de estudiantes de la UES en el Colegio Nacional Justo José de Urquiza, y Víctor Baldunciel, que había egresado recientemente de esa institución, también fueron detenidos ilegalmente.
Todos ellos tenían entre 17 y 19 años en aquel momento y fueron llevados al centro clandestino de detención que funcionó en la Delegación de la Policía Federal de la ciudad Concepción del Uruguay, donde fueron torturados durante dos semanas.
Al mismo tiempo, los integrantes de la juventud de políticas Darío Morend, que era referente de la Juventud Peronista (JP), Horacio Valente, simpatizante del Partido Auténtico, y Carlos Martínez Paiva, militante de izquierda, fueron torturados en el mismo lugar junto al maestro Mario Maffei, que compartía reuniones con el grupo Morend; Valente y Martínez Paiva fueron luego trasladados a la cárcel de Coronda, en Santa Fe, y recuperaron la libertad a fines de 1978, mientras que el resto quedó en "libertad vigilada".
Los hechos sucedidos fueron conocidos como "La Noche del Mimeógrafo" porque todos los detenidos fueron torturados para saber la ubicación del artefacto que se había utilizado para imprimir los volantes que denunciaban a la dictadura de Jorge Rafael Videla.
Fuente:Telam
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